Tutela penal de los derechos humanos
Recomendaciones 94.6, 94.27, 94.33
85. Por mandato constitucional, el desarrollo legislativo en materia penal se ha ajustado al principio de progresividad, y en ese sentido, se ha avanzado en su incorporación en las leyes penales como la Ley de Reforma del Código Penal que incorporó la desaparición forzada de personas, y la Ley Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. El Proyecto de Reforma de Código Penal incorpora otros delitos por violación de los derechos humanos.
Derecho a la seguridad ciudadana
Recomendaciones y compromisos voluntarios 93.9, 94.1, 94.3, 94.6, 94.12, 94.13, 94.14, 94.28, 94.29, 94.30, 98-e, 98-i
86. En el campo de las políticas de seguridad ciudadana se puso en funcionamiento en 2012 la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”, como política pública integral, con enfoque preventivo y multiagencial en el control del delito, la convivencia solidaria, el desarrollo integral de la persona y de la comunidad. Para la reducción de la impunidad, en el Ministerio del área de la seguridad pública se creó el viceministerio de investigación criminal, y en el Ministerio Público también se crearon las unidades especiales de investigación para fortalecer la investigación criminal e incidir en la reducción de la impunidad. En otro ámbito del sistema de justicia se ha fortalecido la institución de la Defensa Pública para garantizar el acceso gratuito a la justicia.
87. Durante el primer semestre de 2013 se inició el Plan Especial Patria Segura, a través de un sistema de vigilancia, patrullaje y comunicación. Con el propósito de combatir la criminalidad se hizo un llamado a la participación de la sociedad civil en la lucha contra el delito, constituyéndose el “Movimiento por la Paz y la Vida”, con la idea de fortalecer espacios de encuentro y discusión como estrategia para consolidar una cultura de paz, a través de actividades culturales, deportivas y de promoción de la organización comunitaria.
88. Se puso en marcha el Sistema Integrado de Monitoreo a través de la instalación de 30.000 cámaras en todo el país y de salas de monitoreo conectadas con los distintos organismos de seguridad que actúan de manera coordinada (Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana)14. La inversión realizada fue de 1.060.000 USD.
89. En cuanto al control de armas se viene ejecutando desde el año 2011 una política sistemática que ha reportado avances positivos. Como primera acción se instaló una Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, con el objetivo de desarrollar investigaciones científicas, una consulta nacional y una campaña de sensibilización en la materia. Como resultado de ello, se aprobó la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, que tiene entre otros objetivos la restricción de permisos de porte de armas para civiles, así como la prohibición de comercializar armas de fuego por parte de empresas públicas y privadas destinadas a personas naturales15.
90. Se reguló la inutilización de armas de fuego resguardadas en las salas de evidencias de los órganos de seguridad ciudadana16 y se implementó un Plan de Desarme Voluntario, habiéndose recibido hasta mayo de 2016, 3.659 armas de fuego e inutilizado 44.450. Se creó el Servicio Nacional para el Desarme que realiza periódicamente actos de inutilización y destrucción de armas.
91. En los últimos cuatro años se han realizado 4.784 actividades de prevención del delito en las comunidades, beneficiando a 680.816 personas. Entre 2014 y 2015 se capacitaron 94.141 funcionarios de los Cuerpos de Seguridad. Se abordaron los Centros Educativos capacitando a un promedio de 128.000 niños y adolescentes. Durante el mismo período a fin de coadyuvar en la prevención de la ocurrencia de delitos contra la mujer y promover la convivencia pacífica, se realizaron diferentes estrategias formativas, que durante el año 2014, alcanzaron a un promedio de 133.000 integrantes de comunidades organizadas.
92. La formación deportiva también es implementada como herramienta para la prevención del delito en jóvenes, realizándose entre 2014 y 2015, 11.980 jornadas deportivas con 710.674 personas, principalmente jóvenes.
93. Mediante la reorganización del sistema de atención y prevención social en 2014 se instalaron los “Cuadrantes de Paz y Vida”17, que han impactado en la reducción de los niveles delictuales. En estos espacios se han desarrollado 3.632 planes de capacitación, beneficiando a 124.291 miembros de las comunidades.
94. Respecto al monitoreo de las funciones policiales se instaló el SIETPOL, que permite tener información oportuna y en tiempo real de todos los Cuerpos de Policía. Se han instalado 542 núcleos de policía comunal a nivel municipal y estadal y 16 Secretarías de Igualdad y Equidad de Género. Desde 2010 se incluyó en la estructura orgánica de los cuerpos de policías, la “Oficina de Atención a la Víctima”, que permite brindar de manera oportuna y eficaz asistencia a las víctimas de delitos y/o de abusos policiales en materia legal, médica, psicológica y social. Actualmente el 80% de los cuerpos de policía del país cuenta con dichas oficinas18.
95. En cuanto a la formación de los cuerpos de seguridad ciudadana hasta el año 2015, la UNES formó integralmente 8.254 funcionarios en el Curso Básico Policial; 5.841 Técnicos Superiores Universitarios y 1.165 Licenciados en Gestión Policial. Asimismo, se graduaron 392 profesionales en estudios de postgrado, especializaciones y maestrías de profundización policial. Actualmente, la tasa de encuadramiento policial es de 4 policías por cada 1.000 habitantes, acordes con los estándares ONU.
96. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería viene realizando desde 2013 un Plan Nacional de Adiestramiento con organizaciones e instituciones, con la OIM y ACNUR, para la capacitación sobre el régimen aplicable a refugiados en Venezuela, a fin de especializar a los servidores públicos en la materia.
97. En cuanto a la lucha contra la trata de seres humanos, Venezuela ha suscrito las principales convenciones y declaraciones internacionales en la materia, adecuando su legislación interna19. Ha desarrollado planes y proyectos para la lucha contra la trata de personas desde distintas perspectivas: planes integrales y también focalizados en mujeres, niños y adolescentes20. Desde el 2014 se ejecuta un Plan de Trabajo con ACNUR, para elaborar diagnósticos sobre la situación del delito en las fronteras.
98. Las acciones de prevención estuvieron dirigidas a las áreas de capacitación y encuentros de formación, promoción, difusión e información y campañas publicitarias; que han permitido que los servidores públicos puedan familiarizarse y sensibilizarse frente a las modalidades más frecuentes de la trata, sus distintas formas de abordaje, mejorando el tratamiento del tema en las instituciones. Desde el 2014 se promovió la creación de los Comités para la Lucha Contra los Delitos de Trata y Tráfico de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, como espacios de articulación interinstitucional para la lucha contra este delito.
99. La atención a las víctimas de trata se realiza mediante la dotación de insumos para cubrir sus necesidades básicas, atención psicológica y médica, capacitación ocupacional,
recreación y asistencia jurídica. En el caso de la población extranjera, se brinda apoyo mediante la repatriación a su país de origen, la tramitación de pasaportes, visas, refugio, o reasentamiento en un tercer país. Existen igualmente Casas de Acogida para mujeres, y cuando están involucrados niños o adolescentes, hay Programas de Abrigo en entidades de atención. Durante los años 2012 al 2015, se registraron 151 víctimas, otorgándose Medidas de Protección a 21, de las cuales 19 son mujeres, un adolescente y una niña.
Derecho de las personas privadas de libertad
Recomendaciones y compromisos voluntarios 93.5, 93.7, 93.10, 93.11, 93.12, 93.13, 93.14, 93.15, 94.1, 94.5, 94.6, 94.31, 94.32, 94.33, 94.35
100. Para fortalecer la política dirigida a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, en 2011 se creó Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, sustituyendo el anterior Consejo Superior Penitenciario. Se estableció un Nuevo Régimen Penitenciario, que regula la actividad diaria de los privados de libertad en los centros de reclusión, incentivando los espacios para el trabajo, el estudio y la recreación y se diseñó el
“Plan Estratégico Penitenciario de la Patria 2013-2019”. Todas estas medidas están acordes con las Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos de la ONU. Se han suscrito acuerdos entre diversos órganos del sistema de justicia (TSJ, Ministerio Público y Ministerio del Régimen Penitenciario) para reducir el retardo procesal, con el fortalecimiento de la Defensa Pública para mejorar la calidad de la defensa, en función de la tutela judicial efectiva.
101. Se creó el Fondo Nacional para Edificaciones como medida para la erradicación del hacinamiento, inaugurándose 26 obras que benefician aproximadamente a 37.286 privados de libertad adultos y adolescentes. Actualmente existen 39 establecimientos penitenciarios para hombre, 18 para mujeres y 32 Entidades de Atención al Adolescente.
102. Esto ha repercutido en el mejoramiento de las condiciones de detención e impactado positivamente en los niveles de convivencia al interior de las cárceles, y actualmente, del total de centros penitenciarios, un 90% de los recintos masculinos se encuentra bajo este Nuevo Régimen Penitenciario y 100% de los femeninos y de las entidades de atención al adolescente del país ya están incorporados, reduciéndose la violencia de forma exponencial.
Para mejorar la vigilancia y control de los establecimientos penitenciarios, se implementaron mecanismos tecnológicos de alto rendimiento con una inversión de 164.000.000 USD.
103. La formación para el trabajo se desarrolla a través del Plan Luisa Cáceres de Arismendi que cuenta con 43 Unidades de Producción Socialista en los 18 establecimientos penitenciarios femeninos, donde existen áreas de panadería, textil, agrícola, cerámica, herrería, carpintería, servicios generales, mantenimiento, jabones artesanales, guardería, serigrafía y peluquería.
104. Actualmente la formación de los custodios penitenciarios se desarrolla en la UNES, lo que garantiza la profesionalización del trabajo penitenciario mejorando de manera sustancial su formación y el trato hacia la población privada de libertad. Se cuenta con más de 2.500 custodios penitenciarios desplegados en todos los establecimientos penitenciarios del país.
Derecho a la igualdad y equidad de género
Recomendaciones 94.1, 94.6, 94.11, 94.16, 94.17, 94.21, 94.22, 94.23, 94.24, 94.25, 94.28, 94.51
105. El órgano rector de la política pública sobre la protección de los derechos de las mujeres es el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género creado en 2009. Además existen instancias que abordan temáticas específicas como el Sub Comité de Estadística de Género; la Coordinación de Mujeres Afrodescendientes; la Coordinación de Mujeres Indígenas dentro de ese Ministerio; la Comisión Nacional de Justicia de Género del Tribunal Supremo de Justicia; y el Consejo de Equidad e Igualdad de Género en los cuerpos de policía.
106. En cuanto a programas integrales en la materia, se diseñaron dos programas: el Plan
“Juana Ramírez La Avanzadora” 2009-2013 y el Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa” 2013-2019, que abordan distintos aspectos para lograr relaciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. Existen planes específicos, como el Plan Nacional de Defensoras Comunales, cuyo objetivo es transferir al poder popular organizado en los Comité de Igualdad y Equidad de Género, actividades de prevención en materia de violencia contra las mujeres y actividades de abordaje y acompañamiento de las víctimas de violencia, juramentándose hasta 2016 más de 23.000 mujeres como Defensoras Comunales.
107. En el marco de la protección contra la violencia de género, se puso en funcionamiento el servicio de atención telefónica gratuita para brindar orientación y realizar enlaces con los entes del Estado; atendiendo hasta 2016 a 24.133 personas. También se brindó albergue a mujeres y sus hijos que se encontraban en inminente peligro, atención psicológica y asistencia social. El acceso efectivo a la asistencia jurídica para las mujeres se realiza a través de la Defensoría de la Mujer que ha brindado hasta el presente 183.124 orientaciones y atenciones legales.
108. Se crearon 78 Tribunales Especializados en Protección a la Mujer y a la Igualdad de Género y 69 Fiscalías Especializadas en Defensa para la Mujer, integradas por 192 Fiscales a nivel nacional. En 2011, se creó la Dirección de Defensa de la Mujer y en 2013 la Coordinación Nacional para la Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales para garantizar la defensa y protección de los derechos que asisten a toda víctima y testigos de hechos punibles.
109. El Estado venezolano ha asumido la tarea de sensibilizar a los medios de comunicación sobre el enfoque de género y una programación respetuosa de los derechos de las mujeres. Con ese propósito, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha emitido recomendaciones ante la transgresión de las normas contenidas en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
110. Se han tomado acciones para eliminar las prácticas estereotípicas de imágenes de las mujeres en los medios de comunicación. Como medida concreta, la Sala Constitucional del TSJ ordenó eliminar toda imagen de carga o contenido sexual explícito o implícito o anuncios de estímulos de la actividad sexual que promuevan servicios comercialmente ligados a la explotación del sexo en los anuncios publicitarios en los medios impresos de libre acceso a niños y adolescentes21. A través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información se ha promovido la participación de las mujeres en todos los espacios de difusión y producción de contenidos, procurando la transmisión de mensajes para contrarrestar las imágenes sexistas, y se han desarrollado espacios de entretenimiento, que coadyuvan al autoreconocimiento de la mujer en sus roles y a la sensibilización de la sociedad en general22.
111. En cuanto al empoderamiento y la organización de las mujeres, hasta el 2014 se ha impulsado la creación de 2.033 Comités de Igualdad y Equidad de Género en los Consejos
Comunales; 12.652 Comités de Madres del Barrio; 841 Comités de Mujeres en Defensa de la Economía; 12.000 mujeres incorporadas al Movimiento de Mujeres por la Paz y la Vida;
y 13.000 Defensoras Comunales. Se creó el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Mujeres, integrado por representantes de las 24 entidades del país, como una instancia popular, deliberativa y de asesoría.
112. Desde finales del 2013 se han conformado 841 Comités de Mujeres en la Defensa de la Economía, para fomentar la contraloría social y garantizar el acceso a bienes y servicios a precios justos y los Consejos de Equidad e Igualdad de Género como instancia existente en los entes del Estado con la finalidad de transverzalizar el enfoque de género en las políticas públicas de las instituciones del Estado. Destaca la creación de la Unión Nacional de Mujeres UNAMUJER como instancia de articulación de los distintos movimientos y liderazgos femeninos. Hasta la fecha se han registrado más de 1.800.000 mujeres en la plataforma unitaria.
Derecho de los pueblos indígenas
Recomendaciones y compromisos voluntarios 94.1, 94.6, 94.11, 94.15, 94.65, 94,66, 94.67, 94,68 y 98-h
113. Con la creación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se dio concreción a la organización para el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia indígena. Se eligieron 1.569 voceros, quienes a su vez escogieron a sus representantes ante esa instancia23. Igualmente, desde el año 2007 hasta 2015, los Consejos Comunales Indígenas han beneficiado a 307.168 personas y 57.956 familias, a través del financiamiento de 1.469 diferentes proyectos sociales, de electrificación, agua potable, infraestructura y socioproductivos.
114. En cuanto al derecho a la salud, resaltan el Plan de Salud Yanomami que atendió entre 2012 y 2014, a 6.174 pacientes indígenas por distintas patologías. Con el Plan de Salud Apure se atendieron entre 2012 y 2014, 8.311 pacientes de distintos pueblos indígenas. A todo ello se le suma la atención a través de los Servicios de Atención y Orientación al Indígena en la Red Hospitalaria desplegada en todos los estados. Asimismo, el derecho a la educación se ha garantizado respetando la cultura de los pueblos indígenas, reafirmándose sus derechos colectivos en aspectos como identidad étnica, cultura propia, idioma y sus conocimientos tradicionales.
115. Para el mejoramiento del derecho al acceso a la justicia, la Defensa Pública cuenta con defensores públicos con competencias penales y no penales en materia indígena.
116. En 2014, en el marco de la Ley de Idiomas Indígenas se creó el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas que busca rescatar y revitalizar todas las lenguas originarias. Durante 2009 a 2014, se registraron en el entorno geográfico de los pueblos indígenas 1.785 instituciones de educación intercultural bilingüe, en las cuales se imparte Educación Inicial, Primaria, Media y Media-Técnica, con una matrícula para el año escolar 2014 de 68.580 indígenas. También se complementa la contextualización de los textos escolares en idioma Wuayuunaiki, Pemón y Yekuana. Se han fortalecido los proyectos de formación de maestros interculturales y bilingües, y los Proyectos Educativos fuera del aula para la protección y rescate de los idiomas indígenas.
117. Entre los años 2012 a 2015 se construyeron 1.704 viviendas dignas, acordes a la cultura propia de los pueblos indígenas, beneficiando a 9.031 personas.
118. Desde la creación de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en el año 2001, se ha venido desarrollando la política de demarcación y de entrega de tierras con sus correspondientes títulos de
propiedad colectiva a los pueblos indígenas. Hasta la fecha se han entregado 102 títulos colectivos de tierras, para un total de 3.280.298,72 hectáreas, en las que habita una población aproximada de 101.498 personas, agrupadas en 25.600 familias, distribuidas en 683 comunidades indígenas.
119. Por último, en 2011 el INE realizó el Censo Nacional de población y vivienda donde estuvo representada la población indígena. Así, la población indígena es de 724.592 personas, lo que representa el 2,8% de la población total del país. Se registró que 474.219 indígenas saben leer y escribir.
Protección a asilados y refugiados
Recomendación 94.69
120. La Ley Orgánica sobre Refugiados y Refugiadas, Asilados y Asiladas (2001) establece los criterios y condiciones para otorgar el estatus de protección a estas personas, y para la cooperación entre ACNUR y la Comisión Nacional para los Refugiados. Venezuela es un país que históricamente ha sido nación de acogida de millones de colombianos afectados por el conflicto armado. Según “ACNUR Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado 2014”, Venezuela es el segundo lugar de acogida en América, reconociendo asimismo que la reducción del 5% de refugiados en toda América se debió principalmente a la política venezolana de otorgar ciudadanía a miles de colombianos desplazados.