A. Derechos a la libertad de opinión y de expresión (recomendaciones 27 y 29)
52. El firme compromiso del Gobierno con la promoción y protección de la libertad de opinión y de expresión queda demostrado por el hecho de que más de 100 canales de los medios de comunicación y cientos de periódicos disfrutan de total libertad para difundir cuestiones políticas, sociales y de derechos humanos y dirigir el debate nacional sobre asuntos de importancia pública; cabe señalar también que en ocasiones han expresado opiniones de crítica contra el Gobierno y sus políticas.
53. En agosto de 2016 el Parlamento aprobó la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos con vistas a prevenir el delito cibernético y proteger los derechos de los ciudadanos a la libertad de opinión y de expresión. Todas las provincias han formulado la Ley del Derecho al Acceso a la Información. El Ministerio de Tecnología de la Información y Telecom han realizado esfuerzos concertados para ofrecer acceso a Internet, en especial a los habitantes de las zonas rurales. Se ha registrado un aumento del número de abonados a servicios de banda ancha en el Pakistán, que pasó de apenas 3 millones en 2014 a 42 millones en 2017.
B. Libertad de religión o de creencias (recomendaciones 27, 112, 125, 126 y 155)
54. La Constitución del Pakistán y otras leyes garantizan la libertad de religión o de creencias. El fallo de junio de 2014 del Tribunal Supremo reafirma que todos los ciudadanos del país tienen libertad para practicar su religión. Al respecto, los Tribunales contra el Terrorismo han dictado sentencia contra numerosos delincuentes implicados en delitos contra las minorías religiosas.
55. La Autoridad Reglamentaria de los Medios Electrónicos del Pakistán se cerciora de que ningún programa o anuncio publicitario contenga mensajes de discriminación por motivos religiosos o fomente la discriminación o el extremismo. En el contexto de su labor encaminada a asegurar el respeto de las religiones y el mantenimiento de la armonía en la sociedad, el Gobierno está adoptando medidas estrictas contra el discurso de odio, que da lugar a casos de acusaciones de blasfemia y discriminación por motivos religiosos. Por ejemplo, se está aplicando con buenos resultados la reciente iniciativa denominada Sistema de Sonido de Punjab (Ley Reguladora de 2015) destinada a eliminar los actos de instigación mediante el uso de altavoces. La Ley de Comités de Vigilancia de Punjab, de 2016, dispone la creación de comités de vigilancia en los distritos y las provincias, que tienen la obligación de denunciar toda actividad ilícita de incitación que se esté llevando a cabo o esté prevista. En Khyber Pakhtunkhwa, los jefes y cuerpos de policía han recibido instrucciones de ejercer tolerancia cero frente a los discursos de odio y el material de ese tipo. El número de informes finales de inspección se eleva a 126, y se ha detenido a 147 personas desde el 15 de diciembre de 2014. También se han adoptado medidas estrictas en varios distritos de Balochistán y Sindh.
56. El costo del mantenimiento y la conservación de los lugares de culto, santuarios, templos, iglesias, etc., corre a cargo del Gobierno. Para luchar contra las amenazas terroristas, el Gobierno ha mejorado la seguridad en torno a los lugares de culto de todas las comunidades. Por ejemplo, la policía de Punjab planifica y ejecuta sistemáticamente un despliegue de seguridad en instituciones religiosas. La Ley de Seguridad de Establecimientos Vulnerables de Punjab, de 2015, dispone que los comités asesores en materia de seguridad de los distritos determinen los establecimientos vulnerables en la provincia. Los lugares de culto y otros lugares religiosos están contemplados en esa Ley.
En Sindh los comités provinciales y de distrito han emprendido iniciativas similares. El gobierno de Sindh ha instalado cámaras de circuito cerrado en todos los mandires especialmente sensibles, con fines de protección. Además, los departamentos de interior de las provincias velan por la seguridad de las minorías en diferentes ocasiones, como los festivales de Holi, la Pascua, el Viernes Santo y la liturgia de los domingos.
C. Promoción del diálogo interconfesional y la cooperación (recomendaciones 122, 123 y 125)
57. El Ministerio de Asuntos Religiosos se fusionó con el Ministerio de Armonía Interconfesional en 2013 y actualmente se denomina Ministerio de Asuntos Religiosos y Armonía Interconfesional. Esa medida no solo ha contribuido a enmarcar la cuestión de los musulmanes y otras minorías religiosas bajo un mismo arreglo institucional, sino que ha facilitado también la promoción del diálogo y la armonía interconfesionales al nivel de la comunidad. Actualmente se está elaborando una política nacional de armonía interconfesional para promover el diálogo y la cooperación entre religiones.
58. Con el fin de promover el diálogo interconfesional y la armonía cultural, se celebran oficialmente en el Pakistán diez festivales religiosos de grupos minoritarios. Los dirigentes políticos, los representantes públicos y los musulmanes participan en estos festivales religiosos, que reciben amplia cobertura en los medios de comunicación impresos y electrónicos. En esas ocasiones, el Presidente y/o el Primer Ministro organizan actividades especiales para cristianos e hindúes en sus respectivas residencias oficiales y transmiten mensajes especiales. Por ejemplo, el Presidente celebró una ceremonia en la Presidencia el 24 de diciembre de 2016, con motivo de la Navidad, que contó con la participación del Primer Ministro, el Ministro de Asuntos Religiosos y el Ministro de Derechos Humanos,
además de la comunidad cristiana. En vísperas de la Navidad de 2016, el Ministro de Ferrocarriles inauguró un Tren de Paz Navideño que recorrió todo el país. Ocasionalmente asisten también a ceremonias religiosas en iglesias, templos y gurdwaras. El Primer Ministro celebró el Divali en 2015 y el Holi en 2017 junto con la comunidad hindú.
59. Consciente de la necesidad imperiosa de promover el diálogo interconfesional en el ámbito comunitario, el Gobierno ha establecido 124 comités de distrito de armonía interconfesional en los que están representados los musulmanes y las minorías religiosas.
Se han organizado varias conferencias sobre la armonía interconfesional, como por ejemplo la Conferencia Nacional sobre el tema “Vivir juntos en la diversidad: diálogo interconfesional e intercultural”, que se celebró del 20 al 22 de febrero de 2013 y contó con la participación del Primer Ministro y el Presidente del Pakistán. Líderes religiosos musulmanes han establecido varias organizaciones que promueven el diálogo interconfesional. También hay organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de la promoción del diálogo y la armonía entre religiones.
D. Desapariciones forzadas (recomendaciones 20, 111, 114 y 115)
60. A fin de adoptar medidas eficaces para abordar la cuestión de las desapariciones forzadas, en abril de 2010 el Gobierno federal estableció la Comisión de Investigación de las Desapariciones Forzadas, que goza de amplias facultades, entre otras cosas para presentar una denuncia inicial cuando se encuentran pruebas de participación en la desaparición de una persona. La Comisión también tiene facultades para disponer la comparecencia de una persona que, según sospecha la Comisión, haya sido detenida ilegalmente por un organismo de inteligencia o encargado de hacer cumplir la ley.
61. La Comisión recibe casos de la Sala de Derechos Humanos del Tribunal Supremo, las organizaciones de la sociedad civil, la Dependencia Nacional de Gestión de Crisis del Ministerio del Interior, y directamente de los familiares de las personas desaparecidas. Por instrucción del Tribunal Supremo o por iniciativa propia, la Comisión puede registrar una denuncia inicial en la comisaría de policía en casos de personas desaparecidas. El secretario del interior de la provincia correspondiente debe formar equipos conjuntos de investigación integrados por representantes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y organismos de inteligencia. La Comisión celebra audiencias, según el caso, en Islamabad, Lahore, Karachi y Quetta para facilitar la asistencia de los familiares de personas presuntamente desaparecidas.
62. La Comisión está presidida por un juez jubilado del Tribunal Supremo y está integrada por dos miembros, el antiguo magistrado del Tribunal Supremo de Sindh y el Inspector General de Policía jubilado. Se han asignado a la Comisión los recursos financieros necesarios mediante una partida especial del Ministerio de Finanzas, así como personal. Desde octubre de 2014 funciona una suboficina en Karachi. Los ministerios competentes le han proporcionado recursos suficientes. Gracias a los recursos suministrados, la Comisión también organiza audiencias paralelas de casos en Islamabad, Lahore y Karachi.
63. El Gobierno enjuicia a los autores de desapariciones forzadas. La Comisión ha recibido toda la cooperación posible de las partes interesadas, incluidos los departamentos del Gobierno federal y de los gobiernos provinciales, los servicios de inteligencia y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. De resultas de ello, la Comisión pudo resolver 2.416 casos entre marzo de 2011 y el 30 de noviembre de 2016, que permitieron establecer el paradero de 1.798 personas, que regresaron a sus hogares o estaban en cárceles o centros de rehabilitación o internamiento por cargos penales o de terrorismo, en tanto que los 618 casos restantes se cerraron debido a que no dieron lugar a procesamientos o bien, tras una investigación exhaustiva, resultaron no ser casos de desapariciones forzadas.
E. Administración de justicia (recomendaciones 109 y 116)
64. Se han introducido varias reformas judiciales mediante la Política Judicial Nacional de 2009, que contiene más de 300 medidas concretas para lograr mejoras cualitativas y
cuantitativas en la prestación de servicios de justicia que requieren una supervisión y una evaluación constantes para su aplicación eficaz y sostenible. Durante los últimos cinco años el Comité Nacional de Formulación de Políticas Judiciales se reunió más de 19 veces para examinar diversas cuestiones relacionadas con la administración de justicia y adoptó la importante decisión de mejorar la calidad de la prestación de servicios de justicia. Si bien se asignan recursos financieros razonables al poder judicial, se están realizando esfuerzos para aumentar las asignaciones presupuestarias. El proceso de llenar todos los puestos vacantes está en curso y gradualmente se está reduciendo la acumulación de casos pendientes de resolución.
65. El Gobierno ha establecido una dotación oficial conocida con el nombre de Fondo de Fomento del Acceso a la Justicia para superar las limitaciones presupuestarias a que hacen frente los sectores judicial y jurídico. La Comisión de Derecho y Justicia ha establecido comités distritales de empoderamiento jurídico, y entre julio de 2013 y junio de 2016 esos comités desembolsaron la suma de 21,2 millones de rupias en 106 distritos de todo el país. De esta suma, se han utilizado 5.140 millones de rupias para la prestación de asistencia jurídica gratuita a los litigantes necesitados y pobres. Por conducto de los Comités se han ultimado 591 casos en todo el país, incluidos 40 casos relativos a mujeres.
F. Lucha contra el terrorismo (recomendación 165)
66. Las iniciativas de lucha contra el terrorismo en el Pakistán están en conformidad con sus obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Los terroristas han asesinado a miles de civiles inocentes, privándolos de su derecho fundamental a la vida. La nación adoptó una decisión deliberada y colectiva y resolvió eliminar el terrorismo, particularmente tras la muerte de 150 niños en una escuela de Peshawar a consecuencia de un ataque terrorista en 2014. Se está aplicando una amplia estrategia, que supone la aplicación de medidas obligatorias para el cumplimiento de las leyes y la realización de operaciones con objetivos concretos en todo el país. A pesar de la intervención externa en el fomento del terrorismo en el Pakistán, las operaciones Zarb-e-Azd y Radd-ul-Fasaad siguen dando resultados alentadores.
67. En diciembre de 2014 se elaboró el Plan de Acción Nacional de Lucha contra el Terrorismo. Ocho de las 20 medidas previstas en el Plan de Acción Nacional se refieren al extremismo. Se han introducido medidas concretas, como la ley que prohíbe el discurso del odio, la vigilancia rigurosa de las organizaciones proscritas, la ley para impedir el uso indebido del espacio cibernético por terroristas y extremistas, y una reglamentación estricta en materia de prevención de la financiación del terrorismo.
68. La Autoridad Nacional de Lucha contra el Terrorismo se estableció en virtud de la Ley de 2013 por la que se establece dicha entidad, destinada a combatir la amenaza del terrorismo en el país. De conformidad con su Política Nacional de Seguridad Interior 2014-2018, el Gobierno procura mantener la estabilidad y un entorno seguro en la esfera de la ley y el orden. La Política prevé el pago de indemnización y la prestación de servicios de rehabilitación para las víctimas del terrorismo, especialmente las personas vulnerables.
También lleva a cabo una labor de creación de capacidad y modernización de todos los pilares del sistema de justicia penal.