1. Cooperación internacional y regional
Ratificar la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia (135.1)
22. Burkina Faso es parte en la Convención de las Naciones Unidas de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas desde el 1 de mayo de 2012 y, en virtud del decreto núm. 2017-0177/PRES/PM/MAEC-BE, de 5 de abril de 2017, también ratificó la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia.
Ratificar las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (135.2)
23. En un taller de interacción y cooperación entre los agentes estatales y no estatales organizado en agosto de 2015 se convino en la necesidad de que Burkina Faso ratificara las enmiendas de Kampala; el procedimiento de ratificación está en curso.
Armonizar la legislación penal con el artículo 5 de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño Africano (135.11)
24. La Ley núm. 015-2014/AN, de 13 de mayo de 2014, de Protección del Niño en Conflicto con la Ley o en Peligro prohíbe la aplicación de la pena de muerte a los niños.
Ratificar el Convenio núm. 189 de la Organización Internacional del Trabajo (135.103)
25. El 8 de diciembre de 2015 se aprobó un estudio sobre la situación de los niños en el trabajo doméstico20, sobre cuya base se formularon recomendaciones encaminadas a ratificar el Convenio núm. 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con ese fin, de conformidad con los principios de la OIT, se ha informado a los interlocutores sociales del Convenio y se han celebrado consultas al respecto con ellos. Prosiguen las consultas para su ratificación.
Reforzar la colaboración con los procedimientos especiales y los órganos creados en virtud de tratados (135.41 y 43)
26. Burkina Faso ha expresado su disposición a recibir a todos los procedimientos especiales que deseen realizar una visita y así lo soliciten. En este sentido, en 2017 se aceptó la solicitud de visita del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos
humanos. Burkina Faso recibió del 3 al 9 de diciembre de 2017 una misión del Subcomité para la Prevención de la Tortura.
27. Asimismo, se ha atendido y respondido a las solicitudes de información de los procedimientos especiales.
28. Además, con la excepción del informe al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el país está al día en la presentación de informes a los órganos de tratados21.
Aplicar las recomendaciones aceptadas (135.42)
29. Tras el segundo ciclo del EPU, Burkina Faso procedió a dar difusión a las recomendaciones22. Se elaboró un plan de acción para la aplicación de las recomendaciones del EPU, los órganos creados en virtud de tratados y los compromisos voluntarios.
30. El funcionamiento regular del comité de seguimiento de las recomendaciones del EPU ha permitido validar el informe sobre la marcha de los trabajos de 2014, el plan de seguimiento de los indicadores del plan de acción y el informe de mitad de período de 2015. La tasa de aplicación de las recomendaciones a finales de 2016 alcanzaba el 75%.
2. Sistema democrático, transparencia y lucha contra la impunidad
Investigar las denuncias de tortura y malos tratos y garantizar una rápida administración de la justicia (135.67 y 68)
31. Burkina Faso aprobó la Ley núm. 022-2014/AN de Prevención y Represión de la Tortura y Otras Prácticas Conexas, por la que se crea el Observatorio Nacional de Prevención de la Tortura. Se han emprendido reformas para la puesta en marcha del mecanismo23.
32. Se han emprendido procedimientos judiciales contra agentes de policía judicial por maltrato de personas en reclusión y se impusieron sanciones disciplinarias a los responsables, sin perjuicio de las actuaciones judiciales en curso24.
Mejorar las condiciones de detención y el derecho a un juicio imparcial de los reclusos y considerar la posibilidad de aplicar las Reglas para el Tratamiento de las Reclusas (135.68, 69, 70 y 72)
33. Burkina Faso aprobó la Ley núm. 10-2017/AN, de 10 de abril de 2017, del Sistema Penitenciario, de conformidad con las normas internacionales de protección de las personas privadas de libertad. Además, se está ejecutando un programa de normalización de las prisiones encaminado a aplicar el principio de separación de los reclusos por categoría.
34. Además, se organizan sesiones de sensibilización destinadas a jueces y personas en reclusión para promover y aplicar penas alternativas a la privación de libertad. Asimismo, muchos condenados disfrutan de la conmutación de su pena de cárcel por un régimen de semilibertad o de libertad condicional. Con vistas a mejorar las condiciones de reclusión, se construyeron una nueva cárcel en Koupéla y nuevos edificios en algunos establecimientos penitenciarios.
35. La Ley del Sistema Penitenciario prevé un régimen penitenciario flexible para las mujeres embarazadas, las mujeres con hijos pequeños y las mujeres acompañadas de sus hijos de conformidad con las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes. Asimismo, se proponen actividades de reintegración profesional a estas mujeres.
36. El asesoramiento de un abogado durante la investigación preliminar es una realidad desde el 1 de enero de 2015. La revisión en 2017 de las leyes que rigen el Tribunal Superior de Justicia y el Código de Justicia Militar ha permitido establecer el principio de la doble instancia para proteger mejor los derechos procesales. Además, el Gobierno ha establecido un Fondo de Asistencia Jurídica para permitir a las personas indigentes el acceso a los servicios de un auxiliar de justicia25.
Adoptar medidas para garantizar la independencia del poder judicial y del Consejo Superior de la Judicatura y mejorar el sistema de justicia de menores (135.107, 108, 110 y 111)
37. Para reforzar la independencia del poder judicial, se adoptaron las medidas siguientes:
• Se aprobó la Ley de Revisión de la Constitución26, que atribuye la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura al primer presidente del Tribunal de Casación en lugar de al Presidente de Burkina Faso.
• Se aprobaron la Ley del Estatuto de la Judicatura y la Ley de Organización, Composición, Atribuciones y Funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura, ambas de 25 de agosto de 2015, que refuerzan la independencia de la judicatura.
• En junio de 2017 se aprobaron las leyes por las que se modifican la Ley del Tribunal Superior de Justicia y la Ley del Código de Justicia Militar.
38. En virtud de esas leyes, el Ministro de Justicia ha dejado de ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura, los jueces son nombrados por su superior jerárquico inmediato, y no por el Ministro de Justicia, y los nombramientos para los cargos de presidente del tribunal o de fiscal están sujetos a concurso.
39. La promoción de la deontología y la ética profesional en el poder judicial se reflejó en el establecimiento por el Consejo Superior de la Judicatura de una comisión especial encargada de investigar las denuncias de faltas de conducta de los jueces y de una comisión de admisión de recursos contra las faltas de conducta de los jueces.
40. En lo que respecta a la justicia juvenil, el marco jurídico se ha fortalecido con la aprobación de la Ley de Represión de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía y la Ley de Protección del Niño en Conflicto con la Ley o en Peligro. Esta última prevé el nombramiento de jueces de menores con jurisdicción exclusiva para los casos de menores y establece la mediación penal para los menores en conflicto con la ley27.
3. Fortalecimiento de la legislación, las políticas, las estrategias y las iniciativas nacionales en la esfera de los derechos humanos
Intensificar los esfuerzos para que la CNDH pueda llevar a cabo sus actividades y sea conforme con los Principios de París (135.21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34)
41. La aprobación de la Ley de Establecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos28 ha permitido ajustar la institución a los Principios de París. Cabe señalar las novedades siguientes:
• La reducción del número de comisionados y la duración de sus mandatos29
• La incorporación de la perspectiva de género en la composición de los miembros y de la junta directiva
• El fortalecimiento de la autonomía financiera y administrativa y de la independencia de funcionamiento
• El reconocimiento del derecho de acceso sin restricciones a todos los lugares de privación de libertad
• La facultad de la institución para contratar a su propio personal
• La descentralización de los servicios en todo el país
42. Además, el Estado ha puesto a disposición de la Comisión personal de apoyo especializado en derechos humanos. La capacidad técnica de los comisionados se reforzó mediante cuatro sesiones de capacitación30 y un viaje de estudios a la CNDH del Togo.
Gracias a estas actividades, la institución ha podido desempeñar mejor sus funciones31.
Seguir aplicando medidas destinadas a promover la responsabilidad cívica y una ciudadanía responsable (135.22)
43. A este respecto se han llevado a cabo numerosas actividades, entre las que cabe mencionar las siguientes:
• La capacitación de 1.000 agentes de las fuerzas de defensa y de seguridad, de líderes de opinión, de miembros de partidos políticos y de actores económicos entre 2014 y 2016, gracias a la cual todos ellos tienen una mejor preparación en materia de civismo y responsabilidad ciudadana.
• La conmemoración del Día Internacional de la Paz32 y del Día Internacional de la Tolerancia33 y la revisión de la Estrategia Nacional de Promoción de una Cultura de Tolerancia y Paz en 2015.
• El establecimiento del Observatorio Nacional de Prevención y Gestión de los Conflictos Comunitarios con oficinas en las circunscripciones administrativas y las aldeas en 2015. Por un lado, estas medidas han contribuido a promover los valores de la coexistencia pacífica, la tolerancia y la no violencia entre la población y, por otro lado, han dotado al Estado de un mecanismo de gestión estructural de conflictos comunitarios.
• La celebración anual de la Semana Nacional de la Ciudadanía, durante la cual se organizan actividades de sensibilización, conferencias públicas sobre educación cívica y ciudadana y juegos sobre temas relativos a los derechos humanos.
Seguir aplicando el programa de educación en materia de derechos humanos e integrando la enseñanza de los derechos humanos en los planes de estudios (135.25, 36, 37, 38, 39, 40, 132 y 133)
44. Para dar cumplimiento a esta recomendación, se han llevado a cabo varias medidas, entre las que cabe mencionar las siguientes:
• La aplicación experimental de la Guía Pedagógica para la Enseñanza de los Derechos Humanos en las escuelas primarias piloto de las provincias de Houet y Kadiogo en 2013-2014
• La elaboración en 2015 de una unidad pedagógica para los profesores de las escuelas de formación de los docentes de enseñanza primaria que, desde el año escolar 2016-2017, comenzaron a impartir clases sobre derechos humanos a los estudiantes de magisterio
• La formación en derechos humanos de los estudiantes de pedagogía de la Escuela Normal Superior/Universidad Norbert Zongo de Koudougou desde el año escolar 2014-2015
• La integración de las cuestiones de derechos humanos en los planes de estudios nuevos y su aplicación experimental en la enseñanza básica
• La enseñanza del derecho internacional humanitario en todas las escuelas de formación militar
45. En 2016 se emprendió la revisión de la guía educativa de 2009 para incorporar las enseñanzas extraídas de su aplicación experimental y las cuestiones relacionadas con el civismo y la ciudadanía.
Continuar promoviendo la sociedad civil en el país (135.26) 46. Esta recomendación se ha aplicado mediante:
• La aprobación de la Ley de Libertad de Asociación34, que establece el contenido y el alcance de la libertad de asociación y permite a las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales expresarse plenamente.
• La aprobación de la Ley de Protección de los Derechos Defensores de los Derechos Humanos35, que establece un marco jurídico específico para que los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo libremente sus actividades.
• El establecimiento de marcos para la consulta y el diálogo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, regional y sectorial, encaminados, entre otras cosas, a aumentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de desarrollo y permitir la visibilidad y la difusión de la labor ciudadana de dichas organizaciones.
• El apoyo del Estado a las organizaciones de la sociedad civil mediante el fortalecimiento de su capacidad y el apoyo técnico y financiero.
Fortalecer el Ministerio de Promoción de la Mujer (135.35)
47. En 2016 el Ministerio de Promoción de la Mujer se descentralizó a nivel departamental mediante la fusión del departamento encargado de la mujer y el encargado de la acción social. Esta fusión ha permitido aunar los esfuerzos y los recursos para tener en cuenta las necesidades fundamentales específicas de las mujeres y las niñas.
48. Para mejorar el seguimiento de la aplicación de los compromisos y las recomendaciones para el adelanto de la mujer, los miembros de la Comisión Nacional para el Seguimiento de la Aplicación de los Compromisos de Burkina Faso en favor de la Mujer y el Comité para la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recibieron capacitación sobre las técnicas de preparación de los informes.
49. El establecimiento de un fondo de apoyo para la atención de las mujeres y las niñas víctimas de la violencia permite garantizar su cuidado. Asimismo, a fin de apoyar a las víctimas en los procedimientos judiciales, se ha creado un fondo de asistencia jurídica para esas mujeres y niñas.
50. En 2014 se creó un centro de atención y acogida de las víctimas de la violencia contra la mujer dotado de un personal integrado por profesionales de diferentes disciplinas, como juristas, psicólogos y agentes de policía, entre otros. En 2015, el centro acogió a 80 víctimas y, en 2016, a 110.
Seguir promoviendo la igualdad de género en las actividades socioeconómicas y poner en marcha campañas para promover la aplicación efectiva de la Ley del Régimen de Tenencia de la Tierra (135.47, 48, 50, 51, 53, 54, 56 y 59)
51. Para promover el empoderamiento económico de la mujer, en 2015 se aprobó la Estrategia Nacional de Promoción de la Capacidad Empresarial de la Mujer y su plan de acción.
52. Además, el Gobierno puso en marcha proyectos y programas de desarrollo, fondos nacionales de financiación, como el Fondo de Apoyo a las Actividades Remuneradas de la Mujer, el proyecto Emprender en Femenino y el Programa de Empoderamiento Económico de los Jóvenes y las Mujeres.
53. Como parte de las medidas sociales adoptadas por el Gobierno en marzo de 2014, se crearon una línea de crédito de 5.000 millones de francos de la Comunidad Financiera Africana (CFA) y una línea de garantía de 500 millones de francos CFA, que permitieron apoyar a aproximadamente 690 grupos y asociaciones de mujeres y a 478 solicitudes de mujeres para la creación o desarrollo de sus empresas.
54. Para promover el acceso de las mujeres a las tierras rurales y la igualdad de género, Burkina Faso procedió a:
• Establecer comisiones de tierras comunales que deben contar con representantes de organizaciones de mujeres
• Impartir capacitación a los consejeros municipales en actividades que deben contar con la participación de la mujer
• Poner en marcha proyectos, como el de Seguridad de la Tenencia de la Tierra para facilitar la adquisición de la propiedad de la tierra por la mujer
• Impartir formación en materia de género y tierras a adolescentes, mujeres jóvenes y otros actores clave de la cadena de ordenación de la tierra
• Celebrar reuniones de concienciación con propietarios de tierras y dirigentes comunitarios y religiosos para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra y a la tenencia de esta
55. En 2016, el 46% de las tierras acondicionadas por el Estado se otorgaron a mujeres.
Acelerar la labor dirigida a establecer un sistema de registro de nacimientos universal y gratuito (135.18, 19 y 20)
56. La inscripción de los nacimientos es gratuita en Burkina Faso. En el marco de la modernización del registro civil, en 2014 el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional del Registro Civil36, cuya aplicación ha contribuido a la creación entre 2014 y 2017 de 5.000 centros de inscripción secundarios nuevos para facilitar la inscripción de los nacimientos.
57. Para mejorar el funcionamiento de los servicios de registro civil, el Estado les concede subvenciones y apoyo material y logístico. Por ejemplo, en 2015, 10 provincias recibieron subvenciones para la inscripción de nacimientos y la expedición de 2 ejemplares del acta de nacimiento. Además, se dotó a 500 dependencias del registro civil de máquinas dactilográficas, se distribuyeron 100 computadoras entre oficinas del registro civil, y 351 oficinas del registro civil, 350 tribunales departamentales y de distrito y 35 misiones diplomáticas recibieron formularios e impresos.
58. Entre 2014 y 2016, se impartió formación en materia de gestión de los servicios de registro civil a 1.393 miembros de los tribunales departamentales y de distrito, oficiales y funcionarios del registro civil.
59. En el marco de la informatización del registro civil, el Gobierno adquirió en 2016 un programa informático nacional de procesamiento de datos del registro civil llamado
“CITOYEN”, cuyo objetivo es facilitar la interconexión de las provincias de todo el país, la digitalización y la centralización de las actas de registro civil.
60. Además, la inscripción de los nacimientos a través del teléfono móvil (proyecto EDEN) está en fase de prueba.
61. La tasa de inscripción de nacimientos aumentó del 70,6% en 2009 al 79,2% en 2015.
Revisar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el marco jurídico de promoción de la inversión (135.24)
62. El 26 de junio de 2015 se aprobó un nuevo Código de Minería que tiene en cuenta los derechos humanos. El artículo 7 del Código establece que el Estado debe tener en cuenta el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género en la realización de proyectos mineros, y el artículo 19, que debe establecer un sistema de prevención y, en su caso, la reparación de las violaciones de los derechos humanos de las comunidades afectadas por las actividades mineras. Asimismo, el Código establece la creación de fondos que contribuirán a la protección de los derechos de las comunidades afectadas, a saber:
• El Fondo Minero de Desarrollo Local
• El Fondo de Rehabilitación y Cierre de Minas
• El Fondo de Rehabilitación y Protección de los Yacimientos Mineros Artesanales y Lucha contra la Utilización de Productos Químicos Prohibidos
• El Fondo de Financiación de las Investigaciones Geológicas y Mineras y Apoyo a la Formación en Ciencias de la Tierra
63. Además, el Código exige a las empresas mineras la realización de una evaluación del impacto ambiental y social, incluido un plan de ordenación ambiental y social, antes del inicio de los trabajos. Asimismo, la Oficina Nacional de Evaluación Ambiental se encarga de la vigilancia ambiental.
Seguir dando prioridad a las políticas y programas destinados a erradicar la pobreza y el subdesarrollo y eliminar las disparidades regionales en el acceso al agua potable (135.116, 117, 118, 119, 124, 125 y 126)
64. En el marco de la Estrategia de Crecimiento Acelerado y Desarrollo Sostenible, el Gobierno ha puesto en marcha numerosos programas de desarrollo gracias a los cuales el índice de desarrollo humano ha pasado de 0,388 en 2013 a 0,402 en 2015. A partir de 2016, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social37 para 2016-2020, el nuevo marco de desarrollo, ha establecido como objetivo general la transformación estructural de la economía de Burkina Faso para lograr un crecimiento sólido, sostenible, resiliente e inclusivo que posibilite la creación de empleos decentes para todos y la mejora del bienestar social. En consonancia con ese plan, el 3 de agosto de 2017 el Gobierno puso en marcha un programa de emergencia para la región del Sahel de 415.000 millones de francos CFA para el período 2017-2020, encaminado, entre otras cosas, a mejorar el acceso a los servicios sociales básicos y aumentar la resiliencia de la población.
65. Puesto que el 80% de la población activa se dedica a la agricultura, el Gobierno concede anualmente subvenciones a los agricultores para aumentar su rendimiento. Entre 2013 y 2016, se distribuyeron entre estos 27.614 t de semillas mejoradas y más de 30 millones de esquejes de tubérculos. Estas medidas contribuyeron a aumentar la producción de cereales de 2014 entre un 14% y un 42%, según las estimaciones de los
65. Puesto que el 80% de la población activa se dedica a la agricultura, el Gobierno concede anualmente subvenciones a los agricultores para aumentar su rendimiento. Entre 2013 y 2016, se distribuyeron entre estos 27.614 t de semillas mejoradas y más de 30 millones de esquejes de tubérculos. Estas medidas contribuyeron a aumentar la producción de cereales de 2014 entre un 14% y un 42%, según las estimaciones de los