Reconciliación
21. Por lo que se refiere a las iniciativas en pro de la reconciliación, Somalia reconoce la importancia de subsanar las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante la guerra civil y establecer un mecanismo de reparación para los supervivientes. En este contexto, en febrero de 2019, el Presidente de Somalia reconoció públicamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno en la década de 1980 en las provincias del norte del país. Esto demuestra la determinación del Gobierno Federal de lograr una reconciliación genuina. Además, en marzo de 2019, el Gobierno Federal instauró el Marco de Reconciliación Nacional, elaborado mediante una serie de consultas organizadas en 2017 por el Ministerio del Interior, Asuntos Federales y Reconciliación que giraron en torno a la cuestión de la reconciliación nacional. El Marco de Reconciliación Nacional es una política estratégica que describe los requisitos para llevar adelante un proceso convincente de reconciliación nacional en Somalia. A través de este proceso, el Gobierno Federal velará por que realmente se rindan cuentas por los delitos más atroces. Además, está formulando una Ley de Amnistía para regular la concesión de amnistías.
Código Penal somalí
22. El Código Penal somalí, que durante los últimos cinco años ha sido objeto de un proceso de revisión, se aprobó por primera vez en virtud del Decreto Legislativo núm. 5, de 16 de diciembre de 1962, y entró en vigor el 2 de abril de 1964. El proceso de revisión dio lugar a un proyecto de Código Penal modificado. El objetivo de la reforma era incluir en el proyecto de Código Penal los principios fundamentales relativos a la protección de la libertad individual, consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una vez aprobado, el nuevo Código Penal estará en consonancia con las normas internacionales, protegerá los derechos fundamentales y contendrá disposiciones destinadas a combatir todas las formas de delito, especialmente los cometidos contra grupos vulnerables, como los niños, las minorías y los desplazados. Además, el actual Código Penal de Somalia estipula que, en los casos que se rijan por más de una ley penal, la ley especial prevalecerá sobre la general, y que, no obstante, el Código Penal se aplicará incluso en los casos que se rijan por otra ley especial, a menos que esta especifique lo contrario. Así pues, los proyectos de ley elaborados por el Ministerio de Asuntos de la Mujer y Promoción de los Derechos Humanos, como el proyecto de ley de delitos sexuales, el proyecto de ley sobre los derechos del niño, el proyecto de ley contra la mutilación genital femenina y el proyecto de ley de derechos de las personas con discapacidad, ofrecerán un nivel de protección jurídica (adicional) considerable por tratarse de leyes especiales que prevalecen sobre las disposiciones del Código Penal.
Delitos sexuales
23. En 2017 la Fiscalía General de Somalia creó una Dependencia contra la Violencia Sexual y de Género integrada por fiscales con formación específica, la mitad de los cuales son mujeres. La Fiscalía General está trabajando para ampliar la dependencia y establecer mejores sistemas para el seguimiento de los casos. Asimismo, combate la práctica tradicional de resolución extrajudicial de las causas penales entre la policía, los autores del delito y la familia de la víctima (a menudo representada por un anciano). Habida cuenta de las diferencias existentes entre los mecanismos de justicia tradicionales y el sistema de justicia oficial, se han organizado, tanto a nivel federal como en los estados miembros federados, actividades de sensibilización sobre los derechos de la mujer dirigidas a las autoridades tradicionales (los ancianos).
24. A fin de complementar las disposiciones del nuevo Código Penal, especialmente en lo que respecta a los delitos sexuales, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y Promoción de los Derechos Humanos ha elaborado, tras amplias consultas con las partes interesadas, un proyecto de ley de delitos sexuales, que tiene por objeto reprimir los delitos sexuales, mejorar el acceso de las víctimas de violencia sexual y de género a la justicia y asegurarse de que los autores no salgan impunes. Una vez concluida la redacción del nuevo Código Penal, el Ministerio lo examinará desde una perspectiva de derechos humanos. Se prevé que el proyecto del nuevo Código Penal estará listo en 2022.
Reforma de las instituciones de justicia
25. Además, otro impedimento importante para la protección de los derechos humanos ha sido la limitada capacidad institucional del poder judicial, que sigue afectando a la administración de la justicia y al acceso a ella. El Gobierno Federal, consciente de ese problema, ha ido reformando gradualmente las instituciones de la justicia formal y dado prioridad a fortalecer la capacidad de los funcionarios judiciales. En 2017 el Ministerio de Justicia puso en marcha un amplio programa nacional para formar a más de 350 funcionarios judiciales de toda Somalia, lo que contribuyó a aumentar su capacidad. Dichas actividades de formación, que estaban dirigidas a jueces, fiscales y secretarios judiciales, abarcaron esferas prioritarias como el liderazgo y la gestión de los tribunales, los procedimientos judiciales civiles, los procedimientos judiciales penales, los principios generales del derecho penal somalí, y los derechos de los acusados y las víctimas, y contribuyeron a mejorar la capacidad y los conocimientos de los participantes, lo que redundó en beneficio de su trabajo diario.
26. Gracias a las medidas que puso en marcha para reformar y reforzar el sistema de justicia, con las que se garantizó que los casos se clasificaran debidamente y se juzgaran en la jurisdicción adecuada, el Gobierno Federal consiguió reducir el número de causas penales de carácter civil que se enjuiciaban en tribunales militares. Además, el Gobierno inauguró un nuevo centro, el Complejo Penitenciario y Judicial de Mogadiscio, que lleva operativo desde principios de 2019. El complejo brinda alojamiento a jueces y fiscales y alberga las dependencias penitenciarias, y está dotado de los equipos adecuados para tramitar causas que requieren un alto nivel de seguridad.
Asistencia jurídica
27. El actual Código de Procedimiento Penal de Somalia establece, en su artículo 15, el derecho a la asistencia letrada gratuita. Además, el artículo 34, párrafo 4, de la Constitución provisional estipula que el Estado deberá proporcionar asistencia letrada gratuita a las personas que no dispongan de medios para obtenerla por sí mismas. El derecho a la asistencia jurídica consagrado en la Constitución también se aplica a todos los niños que, de otro modo,
“podrían sufrir una injusticia”, tal como se establece en el artículo 29, párrafo 5, de la Constitución provisional, y a todas las personas detenidas o privadas de libertad que no puedan costearse un abogado y que, en Somalia, son la mayoría. En este contexto, el Ministerio de Justicia ha formulado la Política Nacional de Asistencia Jurídica, aprobada por el Consejo de Ministros en junio de 2016. En ella se promueve un modelo mixto en el que
organizaciones de la sociedad civil, bufetes de abogados que trabajan a título gratuito y personal parajurídico prestan asistencia letrada. El objetivo de la Política Nacional de Asistencia Jurídica de Somalia es subsanar la falta de acceso a la justicia que afecta desde hace mucho tiempo a los más vulnerables y las desigualdades en materia de justicia que han persistido durante las últimas tres décadas y, al mismo tiempo, facilitar y fomentar la participación activa de los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil, en especial las que prestan asistencia jurídica. Además, el Ministerio de Justicia ha iniciado el proceso de aplicación de la Política Nacional de Asistencia Jurídica y ha comenzado a crear centros de asistencia letrada en todas las regiones de Somalia. Esto complementará otras estrategias, como los tribunales móviles que operan en distintos estados miembros federados, y está en consonancia con las prioridades en materia de reforma de la justicia establecidas por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024.
Lucha contra la piratería
28. El Ministerio de Justicia también elaboró un proyecto de ley nacional de lucha contra la piratería y los secuestros, en el que se tipifican los actos de piratería y secuestro cometidos por piratas somalíes y se garantizan el enjuiciamiento de estos casos y el derecho fundamental al debido proceso de los sospechosos de piratería. El proyecto de ley se preparó mediante una serie de consultas públicas inclusivas antes de remitirlo al Consejo de Ministros, que está previsto lo presente a mediados de 2021 para su debate, aprobación y posterior remisión al Parlamento.
Libertad de expresión
29. El Gobierno ha tomado medidas para mejorar progresivamente el marco jurídico relativo al derecho a la libertad de expresión. Entre los instrumentos legislativos que versan sobre la materia se encuentran la Ley Nacional de Comunicaciones (Ley núm. 5, de 2 de octubre de 2017) y la Ley por la que se modifica la Ley de Medios de Comunicación, de agosto de 2020. La Ley Nacional de Comunicaciones establece el marco normativo que regula el acceso a las comunicaciones postales, de voz y de banda ancha en el país sin vulnerar los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información ni el derecho a la privacidad. El Gobierno ha tomado en consideración las propuestas de mejora de la Ley Federal de Medios de Comunicación (Ley núm. 11, de 9 de enero de 2016), obtenidas a través de un intenso diálogo con periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la libertad de expresión. La modificación de la Ley de Medios de Comunicación fue el resultado de un proceso amplio y constructivo de consulta y promoción en el que participaron diversas partes interesadas. La Ley modificada prevé la creación de un Consejo de la Prensa encargado de establecer normas deontológicas y de tramitar y aplicar medidas disciplinarias. También prohíbe que los servicios públicos de radiotelevisión ejerzan monopolio mediático y establece un Centro de Comunicación Gubernamental para facilitar el acceso a información relacionada con el Gobierno.
30. El Gobierno Federal está determinado a hacer frente a las agresiones perpetradas por terroristas u otros grupos delictivos contra periodistas y otros defensores de los derechos humanos, y considera que esos actos son un problema grave que se debe combatir. Con tal fin, el Ministerio de Información de Somalia ha entablado contactos con la Fiscalía General para establecer un marco de cooperación en relación con los defensores de los derechos humanos y los periodistas privados de libertad, que permitirá actuar con rapidez cuando un periodista sea detenido (arbitrariamente) a causa de su labor. Además, el Ministerio de Información tiene previsto formular una política para hacer frente a las agresiones y detenciones arbitrarias de que son objeto los periodistas. Algunos estados miembros federados han manifestado su determinación de aplicar el artículo 20 de la Constitución provisional somalí, que protege el derecho a la libertad de expresión. El Gobierno lleva a cabo gestiones para detectar mejor las vulneraciones y promover la denuncia de esos actos, para lo cual, entre otras cosas, desde junio de 2018 imparte formación a los periodistas sobre cómo informar acerca de cuestiones de derechos humanos.
Comisión Nacional de Derechos Humanos
31. En junio de 2016 se aprobó la Ley por la que se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Ministerio de Asuntos de la Mujer y Promoción de los Derechos Humanos lideró un amplio proceso de selección, de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley, que concluyó en diciembre de 2017 con la selección de nueve candidatos a ocupar el puesto de comisionado, los cuales se propusieron al Consejo de Ministros para su examen.
Como parte de los preparativos para poner en funcionamiento la Comisión, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y Promoción de los Derechos Humanos, con la ayuda de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), incluyó la prestación de apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Programa Conjunto de Derechos Humanos de Somalia, que empezó a ejecutarse en 2018.
Programa Conjunto de Derechos Humanos de Somalia
32. El Programa Conjunto de Derechos Humanos, un programa de derechos humanos dotado de 6 millones de dólares, ha tenido unos resultados considerables y cuenta con un presupuesto sustancioso para aplicar las diferentes prioridades de Somalia en materia de derechos humanos y avanzar en esa esfera. El principal objetivo del programa es reforzar el marco de promoción y protección de los derechos humanos a través del cumplimiento de los compromisos relativos a dichos derechos contraídos por Somalia, la aplicación de las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el examen periódico universal y la implementación de la Hoja de Ruta en materia de Derechos Humanos y del Plan de Acción sobre los Niños y los Conflictos Armados, velando por que los derechos humanos ocupen un lugar central en la estructura de seguridad. Además, el programa contempla el fomento de la capacidad en materia de derechos humanos de los funcionarios, los trabajadores del sector de la justicia y las personas que trabajen en el ámbito de los derechos humanos en general en todo el país. Puesto que la primera fase del programa concluirá en el primer trimestre de 2021, se ha diseñado ya una segunda fase que se prevé que comenzará en abril de 2021. Esta se basará en los logros obtenidos hasta el momento y consolidará los avances alcanzados en la promoción de los derechos humanos en Somalia.
Cooperación entre el Gobierno Federal de Somalia y los estados miembros federados
33. El Gobierno Federal de Somalia, en estrecha colaboración con los estados miembros federados, ha establecido numerosas plataformas para fomentar y facilitar el diálogo sobre un amplio abanico de temas relacionados con el desarrollo y la seguridad, la cooperación entre los estados miembros federados, el proceso de federalización y la integración militar de los ejércitos regionales que se encuentran bajo el mando de los estados miembros federados.
Además, en el ámbito de la educación, se ha puesto en marcha una política más cohesionada para reforzar la calidad de la enseñanza en todo el país por igual. El Gobierno Federal y los estados miembros federados han iniciado conversaciones con la AMISOM para examinar la manera de colaborar en el ámbito de la protección de los derechos humanos, tanto de un modo general como durante las operaciones militares.