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Democracia, estado de derecho y derechos humanos

3. Namibia sigue avanzando por la vía de la democracia constitucional. La protección y promoción de los derechos humanos son tareas primordiales para cualquier democracia, y el Gobierno sigue diseñando mecanismos destinados a fortalecer el sistema democrático, el estado de derecho y los derechos humanos. El 27 de noviembre de 2019, Namibia celebró sus séptimas elecciones nacionales y presidenciales. El desarrollo de las elecciones fue descrito por observadores extranjeros fiables como en general libre, justo y reflejo de la voluntad popular. Siguiendo la tradición democrática, varios candidatos de la oposición impugnaron el resultado de las elecciones por medios constitucionales sin que se ejerciera intimidación alguna por parte del Estado. Eso reafirma la independencia e imparcialidad del poder judicial como árbitro fundamental de las disputas y los posibles conflictos. La democracia constitucional tiene sus raíces en la confianza en los sistemas, procesos e instituciones de un país, y Namibia mantiene un nivel aceptable a ese respecto.

4. El mantenimiento de la paz y la estabilidad sigue siendo una prioridad para el Gobierno. En 2016, Namibia se situó en el puesto 55 de 163 países del mundo en el índice de paz mundial. Ocupó el 8º lugar entre las 44 naciones del África Subsahariana y el 2º entre las 5 naciones que constituyen la Unión Aduanera de África Meridional. Namibia sigue siendo uno de los países africanos con una mejor gobernanza y se esfuerza por mejorar su clasificación en los ámbitos de los derechos humanos y la inclusión, la seguridad y el estado de derecho, y el desarrollo humano.

5. En los últimos cuatro años ha aumentado el número de muchachas y mujeres jóvenes graduadas en centros de enseñanza secundaria y superior, respectivamente. Es importante destacar que el país también ha experimentado un aumento del número de mujeres graduadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

6. Además, tras las elecciones nacionales y presidenciales de 2019, Namibia ha conseguido una paridad de género razonablemente estable en el Parlamento en comparación con 2015. Aunque la representación de la mujer en el cuerpo diplomático no ha alcanzado aún los niveles de paridad deseados, el Ministerio para la Igualdad de Género, la Erradicación de la Pobreza y el Bienestar Social sigue presionando para que esa representación siga aumentando.

Aplicación de las recomendaciones

Aceptación de las normas internacionales (recomendaciones 137.1, 137.2, 137.3, 137.4, 137.5, 137.6, 137.7, 137.8, 137.9, 137.10, 137.11, 137.12, 137.13, 137.14, 137.15, 137.16, 137.17, 137.18, 137.19, 137.20, 137.21, 137.22, 137.23, 137.24, 137.25, 137.26, 137.27, 137.28, 137.29, 137.30, 137.31, 137.32, 137.33, 137.34, 137.35, 137.36, 137.37, 137.38, 137.39, 137.40, 137.41, 137.42, 137.43, 137.44, 137.45, 137.46, 137.47, 137.48, 137.49 y 137.50)

7. Namibia acoge con agrado esas recomendaciones y mantiene consultas con las partes interesadas para determinar si esos convenios y protocolos son compatibles con el marco político, jurídico e institucional nacional. No obstante, es importante señalar que ya se han ratificado los siguientes instrumentos:

a) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones;

b) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

8. Además, Namibia sigue siendo parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, si bien está reconsiderando su permanencia teniendo en cuenta la coherencia con las disposiciones nacionales y otras dinámicas mundiales relativas a la labor y la importancia de esa institución.

Cooperación con los órganos de tratados, cooperación con los procedimientos especiales (recomendaciones 137.98, 137.99, 137.100, 137.101, 137.102, 137.103, 137.104, 137.105, 137.106 y 137.107)

9. Como miembro de la Unión Africana y de las Naciones Unidas, Namibia acoge con satisfacción las actividades de los procedimientos especiales designados por esas organizaciones y se mantiene a la espera de recibir sus solicitudes oficiales por los canales diplomáticos.

10. En cumplimiento de sus obligaciones para con diversos órganos de tratados de las Naciones Unidas, desde 2015 hasta la fecha Namibia ha presentado los siguientes informes:

a) Convención sobre los Derechos del Niño: informes periódicos 4º, 5º y 6º;

b) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: 6º informe periódico;

c) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: informe inicial;

d) Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial: informes periódicos 16º a 18º;

e) Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: 7º informe periódico;

f) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: 3er informe periódico.

11. Namibia también ha comenzado a celebrar por todo el país reuniones consultivas con las partes interesadas para considerar la posibilidad de adherirse a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia como un importante imperativo en materia de derechos humanos.

Marco constitucional y legislativo (recomendaciones 137.56, 137.57, 137.58, 137.59, 137.60, 137.61, 137.62, 137.63, 137.64, 137.65, 137.66, 137.67, 137.68, 137.69, 137.70, 137.71, 137.72, 137.73, 137.74, 137.76 y 137.77)

12. La Constitución de Namibia es la ley suprema de la nación. Cuando promulga leyes, el Parlamento deriva su autoridad de la Constitución. En el capítulo 3 de la Constitución de Namibia se consagran los derechos y libertades fundamentales. Desde el último examen, Namibia ha aprobado una serie de políticas y leyes relacionadas con los derechos humanos y

ha creado instituciones en consonancia con ellas. A continuación se enumeran algunas de las intervenciones de carácter jurídico y de políticas y otras medidas adoptadas desde el último informe.

Intervenciones legislativas

Ley de Derogación de Leyes Obsoletas, 2018 (Ley núm. 21 de 2018)

13. En esa Ley se establece la derogación de determinadas leyes obsoletas, así como determinadas cuestiones conexas. El propósito era derogar 143 normas, ordenanzas, reglamentos y leyes que estaban desfasados o eran discriminatorios por motivos de sexo, raza, color, origen étnico, religión, credo o condición social o económica.

Ley de Prevención y Lucha contra las Actividades Terroristas y de Proliferación, 2014 (Ley núm. 4 de 2014)

14. En un esfuerzo por combatir todas las formas de terrorismo, y en consonancia con las obligaciones internacionales de Namibia (es decir, con la resolución 1540 de las Naciones Unidas), el Gobierno promulgó en 2014 la Ley de Prevención y Lucha contra las Actividades Terroristas y de Proliferación.

15. El propósito de esa Ley es tipificar los delitos de terrorismo y proliferación y otros delitos relacionados o asociados con actividades terroristas o de proliferación a fin de establecer normas de prevención y lucha contra esas actividades; adoptar medidas para dar efecto a los convenios internacionales, las resoluciones del Consejo de Seguridad, los instrumentos y las mejores prácticas relativos a la lucha contra las actividades terroristas y de proliferación; establecer medidas para prevenir y combatir la financiación de actividades terroristas y de proliferación; adoptar normas de investigación relativas a las actividades terroristas y de proliferación; establecer medidas para proscribir a las personas y organizaciones que realicen actividades terroristas y de proliferación; y tener en cuenta algunas otras cuestiones accesorias.

Ley de Lucha contra la Trata de Personas, 2018 (Ley núm. 1 de 2018)

16. El propósito de esa Ley es hacer efectivo el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;

tipificar como delito la trata de personas y las actividades conexas; proteger y prestar ayuda a las víctimas de la trata, en particular mujeres y niños; adoptar las medidas necesarias para la aplicación y administración coordinadas de dicha Ley; y tener en cuenta otras cuestiones accesorias.

Ley de Protección de los Denunciantes, 2017 (Ley núm. 10 de 2017)

17. En consonancia con las obligaciones internacionales de Namibia, el Gobierno aprobó en 2017 la Ley de Protección de los Denunciantes con el fin de ofrecer protección jurídica a esas personas. Se confía en que gracias a esa Ley se reduzcan los casos de corrupción y el Gobierno pueda mejorar la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos.

Ley de Protección de Testigos, 2017 (Ley núm. 11 de 2017)

18. En esa Ley se contempla la protección y asistencia a quienes hayan sido testigos de delitos y aporten su testimonio a las autoridades. Se prevé, además, la creación de un Programa y un Fondo de Protección del Comité Consultivo de Protección de Testigos, así como la adopción de medidas encaminadas a proteger a los testigos y a sus familiares. Esa Ley supondrá una gran ayuda para las autoridades a la hora de combatir los casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y otras violaciones de los derechos humanos.

Ley del Poder Judicial, 2015 (Ley núm. 11 de 2015)

19. El acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales más importantes entre los que se contemplan en los diversos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Para facilitar a la población el acceso a la justicia de manera rápida y oportuna, el

Gobierno promulgó en 2015 la Ley del Poder Judicial. Esa Ley tiene por objeto reforzar la independencia del poder judicial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78, párrafo 5, de la Constitución de Namibia; atender los asuntos administrativos y financieros de la Oficina de la Judicatura; y dar respuesta a otras cuestiones accesorias.

Ley de Concesión Especial de la Ciudadanía de Namibia (Segunda), 2015 (Ley núm. 6 de 2015)

20. En esa Ley se contempla la posibilidad de conceder la ciudadanía namibia a determinados descendientes de personas que abandonaron el país debido a la persecución del Gobierno colonial que lo controlaba antes de 1915, así como otras cuestiones accesorias.

Gracias a esa Ley, entre otras cosas, se reducen los casos de apatridia y se facilita la adquisición de la ciudadanía namibia a los no ciudadanos que así lo deseen.

Ley de Salud Pública y Ambiental, 2015 (Ley núm. 1 de 2015)

21. En esa Ley se establece el marco para la creación de un sistema estructurado y uniforme de salud pública y ambiental en Namibia. Abarca la notificación, prevención y lucha contra las enfermedades. La Ley ha permitido al Gobierno aplicar la normativa de salud pública necesaria para la lucha contra la COVID-19 tras la finalización del estado de emergencia.

Ley Nacional de Salud, 2015 (Ley núm. 2 de 2015)

22. El Gobierno reconoce y afirma el derecho a la salud de todos sus ciudadanos. Para hacerlo efectivo, el Gobierno promulgó en 2015 la Ley Nacional de Salud, en virtud de la cual se establece un marco para la creación de un sistema sanitario estructurado y uniforme en Namibia. Con esa Ley también se pretende consolidar los textos legislativos relativos a los centros y servicios sanitarios estatales, regular el funcionamiento de esos centros y servicios, y contemplar ayudas financieras para el tratamiento médico especial de los pacientes a cargo del Estado.

Ley de la Ventanilla Única en los Puestos de Control Fronterizos, 2017 (Ley núm. 8 de 2017)

23. Para que Namibia pueda intensificar la cooperación transfronteriza con los Estados vecinos, el Gobierno promulgó en 2017 la Ley de la Ventanilla Única en los Puestos de Control Fronterizos. En esa Ley se prevé la celebración de acuerdos con los Estados limítrofes sobre el establecimiento y la puesta en marcha de una ventanilla única en los puestos fronterizos, así como la cooperación en materia de prevención de actividades delictivas transfronterizas.

Ley de Asociación entre los Sectores Público y Privado, 2017 (Ley núm. 4 de 2017) 24. Esa Ley tiene por objeto proporcionar un marco legal para los proyectos de asociación entre los sectores público y privado; establecer el Comité de Asociación entre los Sectores Público y Privado; y regular los proyectos de asociación entre los sectores público y privado en las etapas de iniciación, preparación, contratación y conclusión de acuerdos de asociación entre los sectores público y privado, así como su ejecución.

Ley de Contratación Pública, 2015 (Ley núm. 15 de 2015)

25. Mediante esa Ley se pretende, entre otras cosas, garantizar que las mujeres puedan beneficiarse de los contratos del Estado y que el proceso de licitación sea equitativo y transparente. En el artículo 69 se contempla la posibilidad de otorgar un trato preferente a las empresas propiedad de mujeres que participen en las licitaciones públicas, y en el párrafo 3 del artículo 70 se exige que se dé preferencia a las mujeres, entre otros grupos de personas, incluidos los jóvenes, con el fin de promover y fomentar su empoderamiento, tal y como se establece en el artículo 23, párrafo 3, de la Constitución de Namibia.

Ley de Educación Básica, 2020 (Ley núm. 3 de 2020)

26. Su objetivo es proporcionar una enseñanza básica gratuita y obligatoria; garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad y un aprendizaje permanente a lo largo de la

vida; promover y proteger el derecho de los alumnos a la educación; establecer, acreditar, registrar, dirigir y gestionar las escuelas y albergues estatales y privados; y disponer la creación del Consejo Consultivo Nacional de Educación, los foros regionales de educación, la Junta Nacional de Exámenes, Evaluación y Certificación, el Servicio de Enseñanza y el Fondo para el Desarrollo de la Educación.

Políticas y planes nacionales de desarrollo

Política Nacional de Género y su Plan de Acción (2010-2020)

27. El objetivo de la Política Nacional de Género es orientar las medidas hacia la integración y la generalización de los aspectos relacionados con el género en el marco más amplio del desarrollo. La Política está concebida para orientar a las partes interesadas y a las instituciones a todos los niveles y para garantizar que en su planificación tengan en cuenta la perspectiva de género.

Plan de Prosperidad Harambee

28. El Plan de Prosperidad Harambee (PPH) es un plan de acción específico con el que se pretende acelerar el desarrollo en esferas prioritarias claramente definidas y se sientan las bases para alcanzar la prosperidad en Namibia. El Plan no sustituye al objetivo a largo plazo de los planes nacionales de desarrollo (PND) y la Visión 2030, sino que lo complementa.

Con el PPH se introduce en el sistema de planificación de Namibia un elemento de flexibilidad que permitirá acelerar el desarrollo en las zonas donde el progreso es insuficiente.

También se incorporan nuevos objetivos y posibilidades de desarrollo que es preciso abordar.

Marco de la Política Nacional de Salud para el período 2010-2020

29. En el Marco se establece la orientación general para la salud y la actuación sanitaria en Namibia. El enfoque de la atención primaria de salud ha demostrado su valor como principio clave del sistema sanitario. Los valores de la prestación de servicios, la cobertura universal, el liderazgo y las políticas públicas quedan, por tanto, integrados en ese marco político.

Quinto Plan Nacional de Desarrollo (PND5)

30. El PND5 ocupa ese lugar dentro de la serie de siete planes nacionales de desarrollo en los que se esbozan los objetivos y aspiraciones de la visión a largo plazo de Namibia expresada en la Visión 2030. El PND5 se puso en marcha durante el ejercicio 2017/18 y estará vigente hasta el 2021/22. En él se toman como base de los éxitos y logros de los cuatro planes quinquenales anteriores. Se reconocen también los problemas experimentados durante la aplicación de los planes anteriores.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos (2015-2019)

31. La Oficina del Defensor del Pueblo recibió el mandato de aplicar el Plan durante el período mencionado y, a su término, formuló recomendaciones sobre las tareas más difíciles que el Gobierno aún debía abordar.

El Programa Nacional para la Infancia (2018-2022)

32. Al amparo de ese Programa, todos los niños con discapacidad tienen las mismas posibilidades de acceder a unos servicios de salud, educación, apoyo y rehabilitación reforzados y coordinados. Además, se pretende garantizar que todos los niños con discapacidad tengan acceso a las becas reservadas para ellos.

Instituciones y políticas (recomendaciones 137.78, 137.79, 137.80, 137.81, 137.82, 137.83, 137.84 y 137.85)

33. Durante el período que se examina, el Gobierno estableció una serie de instituciones y puso en marcha diversas políticas encaminadas a promover y proteger los derechos humanos en el país. A continuación se analizan el papel y las funciones de algunas de esas instituciones y políticas.

Ministerio para la Igualdad de Género, la Erradicación de la Pobreza y el Bienestar Social

34. Ese Ministerio se creó en 2020 con la responsabilidad de diseñar, coordinar, promover y aplicar medidas encaminadas al empoderamiento de niñas, niños y mujeres; la erradicación de la pobreza; y la ampliación de la protección y el bienestar social. Antes de 2020, esas funciones quedaban bajo la competencia del Ministerio para la Erradicación de la Pobreza y el Bienestar Social y del Ministerio para la Igualdad de Género y el Bienestar de la Infancia, respectivamente.

Ministerio para las Empresas Públicas

35. En 2015, el Gobierno creó ese Ministerio, al que confío la responsabilidad de gestionar las empresas públicas de Namibia. El mandato general del Ministerio es transformar las empresas públicas de Namibia para que se conviertan en artífices y catalizadores eficaces del desarrollo económico de la nación.

Organismo para la Propiedad Intelectual y Comercial (OPIC)

36. El OPIC se creó, como departamento centralizado para el registro de la propiedad industrial y comercial, en un esfuerzo por mejorar la prestación de servicios y garantizar la administración eficaz de los derechos de propiedad intelectual y comercial. El OPIC se ocupa de la administración y protección de la propiedad intelectual y comercial. En virtud del artículo 3 de la Ley del OPIC, 2016 (Ley núm. 8 de 2016), está dotado de personalidad jurídica propia y constituido como empresa pública según la Ley de Gobernanza de las Empresas Públicas, 2019 (Ley núm. 1 de 2019).

Oficinas regionales del Defensor del Pueblo

37. En un esfuerzo por acercarse a la población, el Defensor del Pueblo ha abierto recientemente oficinas regionales en diversas ciudades del país, como Katima Mulilo (región de Zambeze), Otjiwarongo (región de Otjozondjupa) y Khorixas (región de Kunene). La Oficina del Defensor del Pueblo está al frente del proceso de modificación de la Ley del Defensor del Pueblo, 1990 (Ley núm. 7 de 1990) para adaptarla a los Principios de París relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. En octubre de 2018, la Oficina fue evaluada de nuevo con arreglo a los Principios de París y recibió la categoría “A”. La Oficina del Defensor del Pueblo cuenta ahora con un Defensor del Niño, nombrado en virtud de lo dispuesto en la Ley de Cuidado y Protección del Niño, 2015 (Ley núm. 3 de 2015).

Educación y capacitación en materia de derechos humanos (recomendación 137.118)

38. Se han incorporado asignaturas relacionadas con los derechos humanos en los planes de estudios de los centros de enseñanza primaria y secundaria. En el Plan Nacional de Estudios para la Educación Básica (2016) se contempla el aprendizaje de las ciencias sociales para comprender el desarrollo de la sociedad, los mecanismos de la globalización, la importancia de los derechos humanos y la democracia, y las cuestiones ambientales a través de las siguientes asignaturas: aprendizaje ambiental en preescolar, estudios ambientales en los grados 1º a 3º, estudios sociales en los grados 4º a 7º, educación religiosa y moral en preescolar y en los grados 1º a 9º, aptitudes para la vida en los grados 4º a 12º, geografía en los grados 8º a 12º, historia en los grados 8º a 12º y estudios del desarrollo en los grados 11º a 12º.

39. En las instituciones de enseñanza superior, tanto la Universidad de Namibia como la Universidad de Ciencia y Tecnología de Namibia, se imparten asignaturas y cursillos relacionados con los derechos humanos. El departamento de ciencias humanas de la Universidad de Ciencia y Tecnología ofrece asignaturas relacionadas con los derechos humanos, como derecho para gestores públicos, derecho laboral y derecho de los derechos humanos. La Facultad de Derecho de la Universidad de Namibia alberga el Centro de Documentación de Derechos Humanos, cuya función es divulgar al público información y material relacionados con los derechos humanos1.

40. La Oficina del Defensor del Pueblo sigue llevando a cabo campañas de concienciación y elaborando y distribuyendo material sobre derechos humanos en todos los rincones de la nación. La Oficina, en colaboración con la Universidad de Namibia, introdujo una asignatura denominada derecho del defensor del pueblo, que actualmente se imparte en el marco de la Diplomatura en Resolución Alternativa de Conflictos de la Facultad de Derecho. En 2018, la Facultad de Derecho organizó un programa en el que se ofrecía un certificado en materia de conducta y práctica parlamentaria para los miembros del Consejo Nacional. En el programa se incluyeron módulos como el derecho constitucional, el derecho consuetudinario y el papel del Parlamento en una democracia constitucional. El objetivo global del curso era dar a conocer a los miembros del Parlamento información relevante sobre el funcionamiento del Consejo Nacional y facilitarles la adquisición de las aptitudes necesarias para debatir cuestiones de interés para la comunidad. El Ministerio para la Igualdad de Género y el Bienestar de la Infancia organiza periódicamente seminarios sobre derechos humanos y actividades de formación para las autoridades tradicionales y el público en general sobre los derechos de las mujeres y los niños. Todo el personal del Ministerio de Defensa recibe

40. La Oficina del Defensor del Pueblo sigue llevando a cabo campañas de concienciación y elaborando y distribuyendo material sobre derechos humanos en todos los rincones de la nación. La Oficina, en colaboración con la Universidad de Namibia, introdujo una asignatura denominada derecho del defensor del pueblo, que actualmente se imparte en el marco de la Diplomatura en Resolución Alternativa de Conflictos de la Facultad de Derecho. En 2018, la Facultad de Derecho organizó un programa en el que se ofrecía un certificado en materia de conducta y práctica parlamentaria para los miembros del Consejo Nacional. En el programa se incluyeron módulos como el derecho constitucional, el derecho consuetudinario y el papel del Parlamento en una democracia constitucional. El objetivo global del curso era dar a conocer a los miembros del Parlamento información relevante sobre el funcionamiento del Consejo Nacional y facilitarles la adquisición de las aptitudes necesarias para debatir cuestiones de interés para la comunidad. El Ministerio para la Igualdad de Género y el Bienestar de la Infancia organiza periódicamente seminarios sobre derechos humanos y actividades de formación para las autoridades tradicionales y el público en general sobre los derechos de las mujeres y los niños. Todo el personal del Ministerio de Defensa recibe

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