11. Durante el período que abarca el informe, el Gobierno de Malí ha seguido ejecutando proyectos y programas de desarrollo socioeconómico con miras a reforzar la promoción y protección de los derechos humanos, a saber3:
• El Programa de Acción del Gobierno (PAG 2013-2018);
• El Marco Estratégico para la Recuperación Económica y el Desarrollo Sostenible 2016-2018, el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí dimanante del Proceso de Argel de 2015, la Política Nacional de Promoción y Protección de la Infancia y su Plan de Acción Quinquenal 2015-2019, aprobados el 26 de febrero de 2014;
• La Política Nacional de Promoción de la Familia y su Plan de Acción 2016-2020, aprobados el 7 de octubre de 2015;
• La Política Nacional de Migración y su Plan de Acción, aprobados el 16 de julio de 2014;
• La Política Nacional de Promoción de la Economía Social Solidaria y su Plan de Acción 2014-2018, aprobados el 9 de octubre de 2014;
• La Política Nacional sobre el Cambio Climático, aprobada el 9 de octubre de 2014;
• La Política de Tenencia de Tierras Agrícolas de Malí, aprobada el 3 de diciembre de 2014;
• La Política Nacional de Respuesta Humanitaria, aprobada el 7 de enero de 2015;
• La Política Nacional de Empleo y su Plan de Acción 2015-2017, aprobados el 18 de marzo de 2015;
• El Programa de Fomento Sanitario y Social 2016-2018;
• La Política Nacional de Fomento del Sector Artesanal y su Plan de Acción 2014-2018 aprobados el 18 de marzo de 2015;
• La Política Nacional de Derechos Humanos y su Plan de Acción 2017-2021, aprobados el 16 de noviembre de 2016;
• La Política Nacional de Justicia de Transición y su Plan de Acción 2017-2021, aprobados el 22 de diciembre de 2016;
• El Programa de Desarrollo Institucional (segunda generación) y su Plan Operacional para el período 2017-2021, aprobados el 15 de marzo de 2017.
12. Además, el Gobierno está ejecutando el Programa Nacional de Lucha contra la Práctica de la Ablación, que cuenta con un presupuesto anual estimado de 120.000.000 francos CFA. Este presupuesto se complementa con las contribuciones de otros asociados técnicos y financieros4.
13. Por último, el Gobierno siguió aplicando el Plan de Acción 2015-2017 de Lucha contra la Trata de Personas bajo los auspicios del Comité Nacional de Coordinación de la Lucha contra la Trata de Personas y Prácticas Análogas5.
IV. Administración de justicia y derecho penal internacional
14. El Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para preservar los avances logrados en el ámbito de la justicia. En tal sentido, el 13 de noviembre de 2015 se aprobó el Programa Acelerado para el Fortalecimiento del Poder Judicial y la Aplicación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí. El Programa promueve la plena independencia del poder judicial y la lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos6.
15. El Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí dimanante del proceso de Argel prevé en su artículo 46 el establecimiento de una comisión de investigación internacional para esclarecer las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en todo el territorio de Malí. Se está preparando el texto legislativo por el que se crea dicha comisión7.
16. El Gobierno ha emprendido la construcción de la nueva sede del Tribunal Supremo, del Tribunal Administrativo de Mopti y de los Tribunales de Primera Instancia establecidos recientemente de San, Niono, Fana y Macina. Además, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la MINUSMA, se construyeron o rehabilitaron 18 tribunales en las regiones del norte del país y 20 viviendas para el uso de funcionarios8. 17. En el contexto de la prevención de represalias, violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en 2014 el Gobierno realizó dos estudios, sobre el sistema de justicia penal y sobre las actividades de formación y sensibilización sobre derechos humanos dirigidas a las fuerzas armadas y de seguridad, los jueces y otros agentes judiciales y comunitarios9.
18. El Gobierno está empeñado en enjuiciar a todos los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos mediante la detención y formulación de cargos contra algunos miembros del Comité Nacional para el Restablecimiento de la Democracia y la Restauración del Estado (CNRDRE), y la interposición de demandas contra los presuntos autores.
19. El Gobierno ha intensificado las actividades de sensibilización para prevenir la violencia entre comunidades y desarmar a las milicias, en particular mediante la aplicación de la Estrategia y el Plan de Acción para la Reconciliación Nacional (2015-2018)10. 20. En el contexto de la reforma del sector de la seguridad, el Gobierno ha aprobado la Ley de Planificación de la Seguridad Interior a fin de combatir el narcotráfico y el contrabando en el norte del país11.
21. En la esfera de la lucha contra el terrorismo, Malí modificó el Código de Procedimiento Penal para establecer un centro especializado de lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacional organizada en el seno del Tribunal de Distrito del municipio VI de Bamako, y emprendió la revisión del Código Penal12.
22. El Gobierno se ha esforzado por reducir al mínimo las violaciones de los derechos humanos en la ejecución de actividades para restablecer el orden público en el país13. Además, se ha investigado y enjuiciado a los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones graves de los derechos humanos14.
23. Las autoridades judiciales y políticas, la CNDH y las organizaciones de defensa de los derechos humanos realizaron visitas periódicas a los lugares de detención en el contexto de la vigilancia de la aplicación de la legislación penal y las normas internacionales de detención15.
V. Estado de derecho, democracia y paz
24. En el marco del restablecimiento de la democracia y el estado de derecho, el Gobierno ha proseguido sus esfuerzos para fortalecer las instituciones democráticas y restituir el orden constitucional. Se han logrado progresos importantes, como la firma de un acuerdo previo a la elección presidencial y las conversaciones de paz inclusivas celebradas en Uagadugú en junio de 2013, la aprobación de la Ley núm. 2016-048, de 17 de octubre de 2016, sobre la legislación electoral, la organización de elecciones libres y limpias en 201316, la aprobación de la hoja de ruta de la transición, la revisión del estatuto de la oposición, que dio lugar a la aprobación de la Ley núm. 2015-007, de 4 de marzo de 2015, sobre el estatuto de la oposición política, el nombramiento del líder de la oposición, el establecimiento de un marco de concertación entre el Ministro de Administración Territorial y los presidentes de los partidos políticos17, la organización de reuniones sobre la región septentrional y la descentralización en 201318 y la Conferencia de Reconciliación Nacional en 2017.
25. En 2016, el Gobierno organizó las elecciones municipales y procedió al nombramiento y el establecimiento de autoridades provisionales en las regiones septentrionales en 2017.
26. El Gobierno ha seguido desplegando esfuerzos mediante el Programa Acelerado para el Fortalecimiento del Poder Judicial y la Aplicación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí, con miras a fortalecer el estado de derecho19.
27. Desde la perspectiva del fortalecimiento de la solidaridad entre todas las partes, la conclusión sin tropiezos de la transición política, el restablecimiento de la unidad nacional y la integridad territorial, a fin de que el pueblo de Malí pueda gozar de todos los derechos humanos, el Gobierno ha emprendido la movilización de todos los interesados en el proceso de paz que culminó en 2015 con la firma del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí dimanante del Proceso de Argel y el establecimiento del Comité de Seguimiento del Acuerdo20.
VI. Lucha contra la impunidad y justicia de transición
28. En la esfera de la lucha contra la impunidad, se han registrado importantes avances, como la iniciación del juicio de algunos miembros de la Junta Militar (CNRDRE), la condena por la Corte Penal Internacional (CPI) del Sr. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi por crímenes de guerra en el norte de Malí, y la condena por el Tribunal de lo Penal de Malí del Sr. Aliou Mahamane Touré, antiguo comisario islámico, por graves violaciones de los derechos humanos21.
29. En vista del recrudecimiento de las violaciones de los derechos humanos, cuyas principales víctimas fueron las mujeres y los niños, el Gobierno se ha comprometido con la vía de la justicia de transición. En este contexto, el Gobierno ha adoptado varias iniciativas, en particular la celebración en junio de 2013 de un simposio nacional sobre la justicia de transición; la aprobación de la Ley núm. 2014-001, de 7 de abril de 2014, por la que se ratifica la Disposición Legislativa núm. 2014-003/P-RM, de 15 de enero de 2014, relativa al establecimiento de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación; la elaboración y aprobación de leyes y reglamentos relativos a la Comisión de Investigación Internacional prevista en el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí dimanante del Proceso de Argel; la adopción de una política nacional de justicia de transición por el Consejo de Ministros, el 22 de diciembre de 2016; la aprobación del Decreto núm. 2015-0858/P-RM, el 31 de diciembre de 2015, por el que se establecen las modalidades de aplicación de la Ley núm. 2012-025, de 12 de julio de 2012, sobre la indemnización de las víctimas de la rebelión de 17 de enero de 2012 y del movimiento insurreccional de 22 de marzo de 201222.
30. El documento de política nacional sobre la justicia de transición aprobado por el Gobierno el 22 de diciembre de 2016 contiene las medidas necesarias para garantizar la no repetición de las violaciones de los derechos humanos, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación de las víctimas y sus familiares23. El 4 de enero de 2017 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre la protección de los defensores de los derechos humanos.
31. La Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación sigue cooperando estrechamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), las organizaciones internacionales y las organizaciones de defensa de los derechos humanos a fin de responder a los desafíos de la justicia de transición frente a las violaciones de los derechos humanos que se produjeron antes de la crisis actual y durante esta24.
32. El Gobierno cuenta con la asistencia técnica de la MINUSMA, el ACNUDH y la CPI en apoyo de sus iniciativas para investigar y enjuiciar los crímenes internacionales comprendidos en su jurisdicción, en particular los cometidos en el norte y centro del país desde enero de 201225.
VII. Lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional
33. El Gobierno sigue combatiendo el terrorismo en todas sus formas mediante la reforma del sector de la seguridad, la Ley de Orientación y Programación Militar y la Ley Marco de Seguridad Interior, la intensificación de la capacitación y la dotación de equipo a las fuerzas armadas, mediante el establecimiento de un centro especializado, y de unidades especializadas en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, el fortalecimiento de la colaboración entre las Fuerzas Armadas de Malí (FAMA), la MINUSMA, la Operación Barkhane y el Grupo de los Cinco del Sahel.
34. A ello se suma la aprobación del Decreto Interministerial núm. 2013-1338/MSIPC-MDAC-SG, de 9 de abril de 2013, relativo al establecimiento de un centro de gestión de ataques terroristas en el distrito de Bamako y sus alrededores y del Decreto núm. 2015-0230/PRM, de 2 de abril de 2015, sobre las modalidades de aplicación de la congelación administrativa de fondos y otros recursos financieros de los terroristas, las personas que financian el terrorismo y las organizaciones terroristas, y la aprobación de una estrategia para combatir el extremismo religioso26.
VIII. Institución nacional de promoción y protección de los derechos humanos
35. La CNDH es la institución nacional de promoción y protección de los derechos humanos en Malí. La Comisión también es el mecanismo nacional de prevención de la tortura.
36. Se estableció de conformidad con las normas internacionales, en particular los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), mediante la aprobación de la Ley núm. 2016-036, de 7 julio de 2016. Las principales innovaciones de la nueva Ley son la constitución de la CNDH como autoridad administrativa independiente, la reducción del número de sus miembros de 41 a 9, todos de carácter permanente y dotados de inmunidad, el fortalecimiento de la independencia, la autonomía en la gestión de los recursos asignados y la creación de representaciones regionales de la Comisión. Esta también está facultada para recibir denuncias de personas que consideran haber sido víctimas de violaciones de los derechos humanos.
37. La nueva Ley allana el camino para la acreditación de la CNDH de Malí en la categoría “A”, lo que le otorga derecho de voto en las reuniones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y le permite un mejor desempeño de sus funciones27.