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107. Hay varios obstáculos que frenan el impulso del Gobierno en la aplicación de sus compromisos internacionales. Se trata de:

a) Instituciones del Estado: Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Interministerial de Redacción de los Informes Iniciales y Periódicos:

insuficiencia de recursos financieros, materiales y humanos;

b) Cooperación con los mecanismos: retraso en la presentación de los informes; seguimiento de las recomendaciones de los órganos de tratados y procedimientos especiales;

c) Derechos civiles y políticos: administración de la justicia: vetustez de las infraestructuras, escasez de recursos financieros, materiales y humanos, lentitud de los procedimientos, carencias de las jurisdicciones especializadas;

d) Derechos económicos, sociales y culturales: pobreza, analfabetismo, precariedad de la vivienda y del empleo, falta de alojamientos sociales; paro; escasez de material técnico en lo tocante al número y a la cualificación del personal sanitario, de estructuras sanitarias, de formación y costo elevado de los medicamentos; cobertura insuficiente de agua potable; carencia de recursos financieros, materiales y humanos;

vetustez de las infraestructuras escolares; acceso limitado a la formación profesional;

e) Derechos de los grupos especiales: insuficiencia de las estructuras para huérfanos y niños vulnerables; tasas muy bajas de inscripción de los nacimientos, sobre todo en el medio rural; poca difusión de los textos legislativos y escasa disponibilidad de recursos; elevada tasa de analfabetismo; reducida tasa de representación de las mujeres en las instancias de adopción de decisiones; obstáculos socioculturales y peso de la tradición;

persistencia de la violencia contra la mujer, los niños y la explotación de las sirvientas; falta de atención a la salud reproductiva de la mujer con discapacidad en la formación del personal de salud; acceso limitado a la educación, inaccesibilidad de las infraestructuras y edificios públicos; dificultad de acceso al empleo de las personas discapacitadas;

f) Otros: secuelas de la suspensión de la ayuda internacional; insuficiencia y/o inexistencia de datos estadísticos; persistencia de las rivalidades políticas.

VI. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales

108. Prioridades:

• Integración sistemática de la dimensión de derechos humanos en los proyectos de lucha contra la pobreza;

• Elaboración y adopción de un plan de integración del enfoque basado en los derechos humanos;

• Incorporación de los derechos humanos y de la ciudadanía a los programas, planes escolares y profesionales y de las fuerzas de seguridad;

• Continuación de las actividades de educación y finalización del programa nacional de formación cívica y de educación en materia de derechos humanos;

• Refuerzo de la capacidad de las fuerzas del orden y de seguridad y de los funcionarios judiciales;

• Consolidación de la independencia de la justicia;

• Continuación de la divulgación de los textos nacionales y de los instrumentos internacionales de derechos humanos;

• Fortalecimiento de la capacidad operacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y demás instituciones y organizaciones de protección y defensa de los derechos humanos;

• Continuación del proceso de lucha contra la impunidad;

• Ejecución del plan de trabajo para 2011 del proyecto "Consolidación de la paz y promoción de los derechos humanos" firmado con el PNUD;

• Aplicación de la estrategia nacional de consolidación de la paz y promoción de los derechos humanos, con apoyo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el PNUD, y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África;

• Refuerzo del diálogo Estado-OSC con los organismos de las Naciones Unidas;

• Promoción de una política de protección social para todos;

• Implantación de un Comité de seguimiento del enfoque basado en los derechos humanos seleccionado en el Documento de estrategia de lucha contra la pobreza.

109. Iniciativas:

• Aceleración del proceso de adopción de los proyectos o anteproyectos de ley en curso;

• Consolidación del proceso de descentralización;

• Aplicación de la política nacional de equidad, igualdad y de género aprobada en enero de 2011;

• Aplicación de la política cultural aprobada en marzo de 2011;

• Aplicación de la Carta de alianza de los sectores público y privado en la enseñanza técnica;

• Sistematización de la educación en materia de VIH en la enseñanza técnica;

• Adopción del anteproyecto de ley relativo a las condiciones de concesión de asistencia letrada;

• Continuación del Programa nacional de promoción y protección de los derechos humanos y de la Estrategia nacional de consolidación de la democracia y de la paz para el desarrollo;

• Continuación de la Estrategia nacional de vivienda;

• Continuación del Programa Nacional de modernización de la justicia;

• Aplicación de la política nacional de ordenación territorial;

• Continuación del Programa de reforma de la administración pública;

• Continuación del Programa nacional de inversión en medioambiente y recursos naturales;

• Comienzo de los programas de transferencia monetaria, en calidad de instrumento principal en la esfera de la protección social.

110. Compromisos:

• Intensificar la lucha contra el analfabetismo;

• Seguir fomentando una buena gobernanza;

• Recuperar el retraso acumulado en la presentación de los informes a los órganos de tratados;

• Intensificar la sensibilización y la formación de las mujeres para asumir el liderazgo;

• Difundir las recomendaciones del EPU;

• Reforzar las capacidades en materia de seguimiento de las recomendaciones de los órganos de tratados y del EPU;

• Proseguir la armonización de la legislación con los instrumentos internacionales;

• Ratificar el segundo Protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos;

• Ratificar la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas;

• Reducir la tasa de desempleo;

• Adherirse a la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.

VII. Previsiones en materia de fortalecimiento de las capacidades y solicitudes de asistencia técnica

111. Se ruega encarecidamente a la comunidad internacional que preste una asistencia adecuada en las siguientes esferas:

• Formación y actualización de los conocimientos de los miembros de la Comisión Interministerial de redacción de los informes iniciales y periódicos;

• Mayor respaldo continuado al Ministerio de Derechos Humanos, Consolidación de la Democracia y Formación Cívica, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación;

• Ayuda a la implantación del Comité de seguimiento del enfoque basado en los derechos humanos y de la estructura de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación;

• Fortalecimiento de las capacidades en materia de acceso equitativo a la justicia;

• Aceleración de la redacción y presentación de los informes atrasados a los órganos de control de la OIT;

• Configuración de organizaciones de la sociedad civil;

• Respaldo a la armonización de la legislación nacional con los instrumentos internacionales;

• Apoyo a la difusión de los instrumentos internacionales de derechos humanos;

• Ayuda para la integración de la dimensión de derechos humanos en los programas escolares;

• Asistencia para el fortalecimiento de las capacidades de los representantes locales, los parlamentarios, las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, las autoridades descentralizadas y los jefes tradicionales;

• Intercambio de experiencias en la esfera de la política de protección social;

• Apoyo a la implantación de un programa similar al Programa de Ayuda Urgente al Sector Penitenciario (PAUSEP);

• Respaldo a las infraestructuras de las dos universidades.

VIII. Seguimiento del EPU

112. El Togo procederá a: 1) la obtención de los resultados del EPU; 2) presentar al Parlamento el informe final aprobado por el Consejo de Derechos Humanos; 3) la difusión de las recomendaciones del EPU; 4) la aplicación de las recomendaciones de común acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las OSC y los medios de comunicación.

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