Marco jurídico
128. El Código Penal contempla los delitos de genocidio, crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, así como el delito de incitación pública a la violencia y al odio, y se impondrá una pena no superior a tres años de prisión a toda persona que apruebe, niegue o trivialice en público y de forma manifiesta los delitos de genocidio y agresión y los crímenes de guerra y lesa humanidad. También se castigará la tentativa de comisión de un delito penal, y estos delitos no prescribirán. La Ley de Aplicación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y de Enjuiciamiento de los Delitos Contemplados en el Derecho Internacional, las Leyes de Guerra y el Derecho Humanitario establece una lista exhaustiva de los tribunales competentes para llevar a cabo actuaciones penales por los delitos que contempla. Cuatro tribunales especializados (Osijek, Rijeka, Split y Zagreb) se ocupan de los casos relacionados con crímenes de guerra y contribuyen con sus conocimientos a la calidad de los juicios. La Fiscalía de la República de Croacia y el Ministerio del Interior también establecieron una especialidad similar, con departamentos y salas adjuntas en los cuatro tribunales especializados.
Procedimiento en los casos relacionados con crímenes de guerra
129. Se lleva a cabo de conformidad con las normas legislativas vigentes. La imparcialidad también está garantizada gracias a la especialización de los agentes de policía, los tribunales y los fiscales. A fin de asegurar la uniformidad de las actuaciones en estos casos, la Fiscalía de la República de Croacia proporcionó a los fiscales directrices sobre el establecimiento de las normas pertinentes, y se ha implementado la aplicación uniforme de esas normas en el enjuiciamiento de los crímenes de guerra137.
Mecanismo de protección de testigos
130. Se ha implementado de conformidad con las normas internacionales en todos los tribunales especializados en crímenes de guerra, y también en otros tribunales que tienen departamentos especiales para el apoyo a los testigos. La cuestión de la protección de los testigos se reforzó mediante la transposición de las directivas de la Unión Europea a la Ley de Procedimiento Penal.
Apoyo a las víctimas y los testigos
131. Se ha aprobado la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sistema de Apoyo a las Víctimas y los Testigos (2016-2020), y se ha aprobado un plan de acción destinado a mejorar sistemáticamente ese sistema de apoyo y a establecer nuevos servicios de apoyo.
En el seno del Ministerio de Justicia se ha creado el Servicio de Apoyo a las Víctimas y los Testigos, que ofrece formas de asistencia directa138. En siete tribunales de condado, incluidos los cuatro tribunales especializados en crímenes de guerra, se crearon departamentos de apoyo a las víctimas y los testigos139. El Ministerio de Justicia financia a las organizaciones de la sociedad civil que prestan apoyo en los condados donde no se han establecido esos departamentos. En 2014, la Fiscalía de la República de Croacia dictó instrucciones obligatorias a todos los fiscales del Estado en relación con el derecho de las víctimas de delitos penales a acceder a los servicios de apoyo a los testigos. (Véase el párrafo 26: Concepto de evaluación individual de una víctima.)
132. Se prevé que el proyecto denominado Redes de Apoyo y Cooperación para las Víctimas y los Testigos de Delitos, en el que participan 10 organizaciones de la sociedad civil de 13 condados (escolta a los tribunales, turnos de guardia en los mostradores de información de los tribunales, asesoramiento telefónico en días laborables), se implemente en el período 2018-2020.
133. El proyecto del Ministerio de Justicia denominado Mejora de la Calidad en la Judicatura mediante el Fomento de la Capacidad del Sistema de Libertad Vigilada y el Sistema de Apoyo a Víctimas y Testigos financiará las actividades encaminadas a mejorar las aptitudes y competencias de los funcionarios del sistema penitenciario y de libertad vigilada, así como el sistema de apoyo a las víctimas y los testigos (por un monto de 9.172.920 kunas croatas). El proyecto está cofinanciado gracias a los recursos del Fondo Social Europeo y el Programa Operacional de Recursos Humanos Eficaces (2014-2020).
Protección de los testigos
134. La Ley de Procedimiento Penal establece el concepto del testigo en situación de riesgo y el trato que se le debe dispensar (cuando es probable que al testificar o responder a una pregunta determinada pueda exponerse a sí mismo o a una persona próxima a un riesgo grave para la vida, la salud, la integridad física, la libertad o bienes por un valor considerable), y esos testigos podrán negarse a revelar información o responder a determinadas preguntas o testificar en general hasta que se le proporcione protección, es decir, un procedimiento especial para el interrogatorio y la participación en las actuaciones140. Asimismo, el tribunal y otros órganos estatales deben impedir todo abuso de los derechos de los participantes en el proceso, por lo que el tribunal emitirá una orden que deniegue a una parte, un abogado defensor, una parte perjudicada, un apoderado o un representante legal el derecho a realizar cualquier acto que conlleve un abuso evidente de un derecho previsto en la Ley.
135. La capacitación se lleva a cabo de forma continua141.
Cooperación regional
136. Habida cuenta de que la cooperación regional es uno de los elementos clave para el enjuiciamiento de los crímenes de guerra, Croacia ha emprendido actividades a fin de mejorar dicha cooperación. Prosigue la cooperación regional en los casos relacionados con los crímenes de guerra sobre la base de los acuerdos concertados entre las fiscalías de los países vecinos, mientras que las fiscalías de los condados continúan intercambiando datos necesarios para los juicios. Además, la Fiscalía de la República de Croacia continúa buscando en las bases de datos del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales con el fin de utilizar esos datos en los casos nacionales relacionados con los crímenes de guerra.
Violencia sexual
137. La Ley de Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual durante la agresión militar contra la República de Croacia en el transcurso del conflicto bélico142 también incluye a las víctimas de los campamentos y establecimientos penitenciarios ubicados en los países vecinos a los que se trasladó a personas desde el territorio de Croacia, y establece la obligación de notificar cualquier información sobre la violencia sexual en ese contexto. En el marco del Programa Nacional de Asistencia Psicosocial y Sanitaria a los Veteranos y las Víctimas de la Guerra de Croacia y la Segunda Guerra Mundial y a los Retornados de las Misiones de Mantenimiento de la Paz se han preparado actividades para la prestación de asistencia psicosocial y de otro tipo a las víctimas de la violencia sexual, con el fin de mejorar la calidad de vida y la resocialización de los beneficiarios y sus familiares. La asistencia se presta en el Centro Nacional de Psicotrauma, en tres centros regionales de psicotrauma y en centros de asistencia psicosocial que funcionan a nivel local143.
Educación cívica
138. Se imparte de forma obligatoria y sobre una base transversal en las escuelas primarias y secundarias, y como asignatura optativa en el 8º grado en 35 escuelas de
primaria. En las escuelas de secundaria se imparte la asignatura obligatoria de Política y Economía (dos clases a la semana durante un año), que trata los temas relacionados con los derechos humanos y la democracia144.
Personas desaparecidas – actividades
139. La Dirección de las Personas Detenidas y Desaparecidas, dependiente del Ministerio de Veteranos Croatas, reúne información sobre las personas desaparecidas, independientemente de su origen. El modelo croata para la búsqueda de personas desaparecidas ha mejorado continuamente, en particular mediante la introducción de nuevas tecnologías de búsqueda de tumbas ocultas (como los radares geológicos y los detectores biológicos, los perros rastreadores de cadáveres y los drones). Se encontraron fosas comunes del período 1991-1992, más de 1.300 tumbas individuales y 30 cementerios sanitarios de 1995, en los cuales se exhumaron 5.170 víctimas y se identificaron 4.297 personas. Siguen desaparecidas 1.872 personas, en su mayoría defensores croatas de los derechos humanos y civiles secuestrados por la fuerza en 1991-1992 (1.129 personas). El problema son los 873 restos humanos no identificados (enterrados dignamente en “lugares conmemorativos”) que fueron objeto de análisis forenses y de ADN tradicionales, pero no coincidían con las muestras de sangre tomadas de los familiares. Continúan las campañas de reunión de datos sobre personas desaparecidas y se alienta a los familiares a que proporcionen muestras de sangre, y se intenta mejorar la metodología de análisis e identificación de los restos humanos.
Cooperación bilateral
140. En 2017 se concertaron acuerdos con Bosnia y Herzegovina y Montenegro, se intercambiaron solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas y se determinaron métodos de cooperación. Sin embargo, los avances para determinar el paradero de las personas desaparecidas solo serán posibles si Serbia pone en marcha una cooperación plena sobre la base de las solicitudes de Croacia, que datan de 1995, con respecto a la información sobre las tumbas, el acceso a los archivos militares, la devolución de la documentación del Hospital de Vukovar y Borovo Commerce, así como otras fuentes pertinentes que son necesarias para determinar la suerte de esas personas. En 2018, Croacia tomó la iniciativa de mejorar el marco jurídico de cooperación con Serbia a fin de arrojar luz sobre el paradero de todas las personas desaparecidas.
Cooperación internacional
141. Croacia, en cooperación con la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, ha adoptado las siguientes medidas: i) lleva a cabo el Proyecto Conjunto de Identificación de ADN (525 casos resueltos); ii) se adhirió al acuerdo sobre el establecimiento de la base de datos de casos abiertos de personas desaparecidas a raíz del conflicto armado en la ex-Yugoslavia (2017); iii) suscribió el plan marco para dar respuesta al problema de las personas desaparecidas a causa del conflicto en el territorio de la ex-Yugoslavia (2018). Croacia también participa en el proyecto del PNUD denominado Fortalecimiento de la Cooperación Regional en el Enjuiciamiento de los Crímenes de Guerra y la Búsqueda de Personas Desaparecidas (2017-2019), cuyo objetivo principal es aumentar la eficiencia de la cooperación entre las fiscalías de los países surgidos en el territorio de la ex-Yugoslavia con respecto al enjuiciamiento de los crímenes de guerra y al fortalecimiento de la capacidad de búsqueda de personas desaparecidas. Con el fin de reunir información sobre las sepulturas en la guerra, en 2019 el Ministerio de Veteranos Croatas y el Comité Internacional de la Cruz Roja firmaron un memorando de entendimiento respecto de la transmisión y utilización de información y documentos sobre personas desaparecidas durante la guerra en la República de Croacia (1991-1995), obtenidos de archivos internacionales.
Notas
1 See the website: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx. When assessing the efforts and systematic activities of the Government for efficient implementation of UPR
recommendations, it is recommended to take MTR into account when examining this Report.
2 This shows the interest of the Committee on Human and National Minority Rights of the Croatian Parliament which carefully monitors and examines reports to UN Treaty Bodies and alternative reports of the civil society, which was especially expressed with regard to UPR follow-ups in the stage of preparation of reports and in the stage of implementation of recommendations.
3 The Protocol specifies the obligations of competent authorities involved in the identification and suppression of sexual violence and in the provision of help and protection to persons exposed to sexual violence and regulates the manner of their cooperation; the Protocol was printed in the Croatian and English language.
4 The project has been conducted systematically in cooperation with CSOs, through trainings of experts and campaigns aimed at raising awareness of consequences of violence on individuals and the community.
5 Within the framework of the project, prosecutors from the region regularly meet in order to improve the efficacy of their work and exchange information. In May 2019, the Regional Conference of War Crime Prosecutors was held in Belgrade.
6 It also strengthens the activities and unambiguously stipulates the competences, which is important for relations with neighbouring countries. The Act represents a continuation of the dedication of the state to resolve all cases of missing persons.
7 99.1–99.19, 99.22–99.23, 99.41, 99.64–99.66.
8 HRK 200,000.00 annually was provided for the implementation of the Convention in the first three years, and HRK 600,000.00 was provided for psychosocial treatment in criminal and misdemeanour proceedings, as well as additional HRK 400,000.00 for protective measure of mandatory psychosocial treatment and the security measure of mandatory psychosocial treatment. HRK 600,000.00 has been ensured for free legal aid in civil matters and for implementation of Article 57 of the Convention.
9 The Dublin Regulation No 604/2013, the Regulation on the establishment of “Eurodac” No 603/2013, the Qualification Directive No 2011/95/EU, the Directive on the asylum procedure No 2013/32, the Directive laying down standards for the reception of applicants for international protection No 2013/33, the Directive on temporary protection No 2001/55/EC.
10 See: document A/HRC/30/14/Add. 1.
11 Text covering the period 2007–2019 (IX–XIV reports) is in its final stages of preparation; discussions with CSOs were conducted.
12 See: document A/HRC/30/14/Add. 1.
13 99.24, 99.36–99.40, 99.42–45, 99.118, 99.122–5.123.
14 The Programme is being prepared by a special working group within OHRRNM that follows recommendations from the Expert Analytical Report on the implementation of the previous Programme, recommendations of the Ombudswoman and other special ombudswomen and recommendations of international organisations in the field of human rights.
15 In order to improve provision of primary healthcare services (healthcare centres and private medical practices operating as concessionaires) investments are made in equipment and infrastructure through the operative programme “Competitiveness and Cohesion 2014-2020” (85% EU; 15% counties). In undeveloped areas, HRK 186 million (ESF 85%; national co-funding 15%) were ensured for specialist offices of family/general medicine, paediatrics, gynaecology, radiology and emergency medicine.
16 99.55, 99.57, 99.73.
17 In accordance with the Plan, training of employers and representatives of employees has been conducted about the Anti-discrimination Act and the Act on Gender Equality aimed at raising awareness on the responsibility of the employer for creating a working environment without discrimination and for the protection of the dignity of employees.
18 99.33–99.34, 99.76, 99.106, 99.102–99.103.
19 In 2006, the SAORC issued a binding instruction on the procedure and records (later amended) which prescribes how to proceed in cases of hate crime, how to draft its factual and legal description and stressing the importance of its more severe penalisation.
20 It is committed by whoever in print, through radio, television, computer system or network, at a public gathering or in some other way publicly incites to or makes available to the public tracts, pictures or other material instigating violence or hatred directed against a group of persons or a member of such a group on account of their race, religion, national or ethnic origin, language, descent, colour, gender, sexual orientation, gender identity, disability or any other characteristics, for which he shall be punished by imprisonment not exceeding three years. The same punishment will be inflicted on whoever publicly approves of, denies or grossly trivialises the crimes of genocide, crimes of aggression, crimes against humanity or war crimes, directed against a group of persons or a member of such a group on account of their race, religion, national or ethnic origin, descent or colour, in a manner likely to incite to violence or hatred against such a group or a member of such a group.
21 A statement obtained contrary to the prohibition may not be used as evidence in proceedings. Fair
procedure is guaranteed, the defendant is entitled to have any charge against him decided on in accordance with the law, in a fair and public hearing held within a reasonable time, by an independent and impartial court established by law.
22 In 2018, a round table was organised on reporting these crimes and an expert discussion was conducted on reasons for non-reporting and on incentive measures. In 2018, the International Human Rights Day and the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights were marked under the topic “Hate speech in public spaces”. The MI, in cooperation with competent authorities, LRSGU, the academic and scientific community, CSOs, media, educational institutions and artists carries out the prevention programme “Together against hate speech”.
The topics of racism, xenophobia and hate speech form a part of the continuing education of the Education and Teacher Training Agency, and of programmes for professional training of nursery-school teachers, professional teaching assistants, teachers and headmasters. These topics are priority ones for grants to CSOs projects in the field of out-of-institutional upbringing and education of children and youth. Special attention is dedicated to activities related to the Paris Declaration and media literacy aimed at preventing radicalisation.
23 99.31, 99.78–99.80, 99.88, 99.94.
24 A public official or other person who at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity inflicts on another severe pain or suffering, whether physical or mental, for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, shall be punished by imprisonment from one to ten years.
25 Punishable procedures subjecting the prisoner to any form of torture, abuse or humiliation and medical or scientific experiments are forbidden. The victim has the right to compensation for damages, and victims of intentional criminal offences have the right to monetary compensation from the state budget under the Act on Monetary Compensation for Victims of Criminal Offences.
26 Article 66, paragraph 1 of the Juvenile Courts Act: “When, pursuant to the CPA, requirements are met for imposing investigative imprisonment towards a minor, investigative imprisonment shall be applied only as a measure of last resort, in proportion to the seriousness of the offence and the expected sanction, its length shall be minimal and it shall be ordered only if its purpose cannot be achieved by the application of precautionary measures, measures of temporary accommodation or home detention. Execution of investigative imprisonment shall be monitored by specialised juvenile judges”.
27 The guardian has the duty to obtain from the family doctor the opinion on the ward's state of health, based on the opinion of a medical specialist, and submit a report on his/her work and on the condition of the ward’s property. The social welfare centre must, every three years, assess whether the ward still needs to be protected by guardianship, and make a report to that effect.
28 The social welfare centre must, at least once a year, reassess the facts that were decisive for rendering a decision on granting this right and, if the circumstances have changed, issue a new decision.
Continuous work is being done on the transformation of social welfare homes and
deinstitutionalisation, or replacing institutional accommodation and care with community-based care.
29 99.20–99.21, 99.25, 99.27, 99.30, 99.50–99.52, 99.58, 99.61, 99.82, 99.84, 99.86, 99.93, 99.96, 99.108–99.109.
30 If a party, defence counsel, injured party, proxy or statutory representative by any of his acts evidently abuses a right provided for in the CPS, the court shall issue an order denying him the right to that act. The Act prescribes effective conduct of an investigation, deadlines for its completion and the possibility of extending them, and the control mechanism within the state attorney's office conducting the investigation.
31 The right to access services providing support to victims of domestic violence, the right to efficient psychological and other professional assistance of an organisation or institution providing assistance
31 The right to access services providing support to victims of domestic violence, the right to efficient psychological and other professional assistance of an organisation or institution providing assistance