1. Reforma de la justicia
53. El Proyecto de reforma del sistema judicial de Jamaica, elaborado por el Gobierno con el apoyo del Colegio de Abogados del Canadá, tenía por objeto llevar a cabo una revisión exhaustiva del estado del sistema judicial y elaborar estrategias y mecanismos para facilitar su modernización. La revisión se llevó a cabo mediante consultas celebradas en toda la isla entre octubre de 2006 y julio de 2007. Los resultados del proceso se han tenido en cuenta en la compilación contenida en el informe del Grupo de Trabajo para la reforma del sistema judicial, cuyas recomendaciones se están poniendo en práctica. Se han iniciado o concluido las actividades relacionadas con:
a) El establecimiento de la División de Modernización de la Justicia en el Ministerio de Justicia para impulsar la aplicación del plan de modernización;
b) El establecimiento de los Servicios de Gestión de los Tribunales para facilitar un funcionamiento más eficaz del sistema judicial;
c) La modernización de la Fiscalía General;
d) La aplicación del sistema de gestión de causas penales (Sistema de gestión de la ejecución penal) que se pondrá en práctica en todos los tribunales;
e) La formulación de una política de justicia restitutiva;
f) El establecimiento de una División de Servicios Judiciales en el Ministerio de Justicia;
g) El aumento de la dotación de personal de la Secretaría del Tribunal Supremo;
h) El refuerzo de la dotación de personal del Departamento de Reforma Judicial;
y
i) La ampliación de los tribunales.
2. Salud
54. La esperanza de vida, que en 2007 era de 72 años, es comparable a la de los países de ingresos altos. Una esfera en la que se han hecho avances es la del tratamiento de la pandemia del VIH/SIDA. Si bien cabe aún mejorar la lucha contra la estigmatización y la discriminación, se ha mejorado el acceso a los medicamentos antirretrovirales, gracias a lo cual se han reducido significativamente la transmisión de madre a hijo y las muertes provocadas por el sida7. En consecuencia, Jamaica está bien encaminada para combatir el VIH/SIDA y detener y revertir la incidencia del paludismo y la tuberculosis (objetivo 6 de los ODM).
55. En el marco de la Política nacional sobre el VIH/SIDA y el Plan estratégico de lucha contra el VIH/SIDA, se están haciendo esfuerzos para fortalecer la respuesta nacional al VIH, poniendo en práctica estrategias para lograr el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo. Estas estrategias también incluyen:
7 National Report of Jamaica for the 2009 Annual Ministerial Review of the UN Economic and Social Council on Progress Towards the Achievement of the Internationally Agreed Development Goals, including the MDGs.
• Mejorar los servicios de prevención; aumentar el acceso al tratamiento de las personas que viven con el VIH; reducir la estigmatización y la discriminación mediante la sensibilización y la educación y la ampliación de los programas de pruebas de VIH; y prevenir la transmisión de madre a hijo; y
• Formular una política nacional sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo y diversas políticas sectoriales conexas.
56. Jamaica ocupa un lugar destacado entre los países en desarrollo en cuanto al estado de salud de su población, como resultado de una infraestructura de atención primaria de la salud bien desarrollada. Esto puede atribuirse en parte a la descentralización de la gestión de la prestación de servicios de salud establecida por la Ley de servicios nacionales de salud, de 1997. Esta ley derogó la Ley de servicios de salud hospitalarios (públicos), que reglamentaba el funcionamiento de los diversos hospitales controlados directamente por el Ministerio, y estableció el marco legal en virtud del cual la gestión de todos los servicios públicos de salud se repartió entre cuatro direcciones sanitarias regionales.
57. Como se señaló anteriormente, Jamaica se encuentra entre los países en desarrollo que han suprimido el cobro de tarifas a los usuarios de los establecimientos de salud pública por los servicios a los que acceden como pacientes públicos. Otro logro importante es el suministro de medicamentos subvencionados a través del Fondo Nacional de la Salud, establecido en 2003. El modelo creativo de recaudación de recursos utilizado por el Fondo, que percibe un impuesto especial sobre el tabaco, es considerado una práctica recomendable en la esfera del financiamiento de la salud8. También se considera una práctica óptima la introducción de nuevas categorías de trabajadores de la salud, como las de auxiliar de salud comunitario, enfermero, auxiliar de psiquiatría, asistente técnico de farmacia o de laboratorio, educador de pares, investigador de contactos y asistente social.
58. Aunque ya se suspendió, el Proyecto de atención hospitalaria para la mitigación del maltrato infantil, establecido por el Ministerio de Salud en colaboración con el UNICEF y ejecutado entre 2004 y 2008, se consideró un modelo de práctica óptima y ha sido el único de su tipo puesto en práctica en el Caribe de habla inglesa9. El proyecto tenía por objeto, entre otras cosas:
• Elaborar y poner en práctica un modelo de atención hospitalaria para detectar a las víctimas de la violencia y remitirlas a los servicios competentes;
• Mejorar las habilidades de crianza de los hijos y de resolución de conflictos; y
• Elaborar y poner en práctica un modelo de intervención en el entorno del niño (hogar, escuela, iglesia).
59. Aunque el proyecto debió suspenderse por falta de recursos humanos y financieros, fue satisfactorio en la consecución del objetivo de detectar a las víctimas de la violencia y remitirlas a los servicios competentes. Se ha previsto reactivarlo y reproducirlo en otros hospitales.
60. En el marco del Plan estratégico nacional para el desarrollo del niño en la primera infancia, la Comisión de la Primera Infancia y el Ministerio de Salud han venido colaborando para elaborar una libreta nacional de salud y desarrollo del niño. La libreta se utilizará para hacer un seguimiento del crecimiento y el desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta los 17 años, así como para ofrecer orientación preventiva a los padres y tutores.
8 Ibid.
9 Ibid.
3. Educación
61. El país ha realizado progresos en la reforma del sector de la educación. En 2009, el Gobierno puso en marcha una política de transición basada en las competencias que tiene por objeto garantizar que la transición entre la escuela primaria y la secundaria se base en las habilidades y competencias que puedan demostrar los estudiantes.
62. Los derechos humanos se consideran un aspecto importante de los planes de estudio y se abordan en consecuencia. Entre las cuestiones que se enseñan a los niños figuran los derechos del niño, los derechos y obligaciones de los empleadores y los empleados, y los derechos y libertades de los ciudadanos contemplados en la Constitución de Jamaica.
4. Reforma de la policía
63. En un esfuerzo por reducir los crecientes niveles de delincuencia y violencia y contrarrestar la menor confianza de la población en la policía, en 2008 el Gobierno de Jamaica emprendió la modernización de la infraestructura de las fuerzas del orden mediante una amplia revisión estratégica de la policía. Se examinaron las políticas, las operaciones y el desempeño de la policía y se hicieron recomendaciones encaminadas a establecer normas policiales acordes con las internacionalmente aceptadas. Para resolver las deficiencias existentes y transformar a la policía de Jamaica en un servicio policial moderno, un grupo especializado en revisión estratégica, integrado por expertos nacionales e internacionales, formuló un conjunto de recomendaciones en cinco esferas estratégicas generales:
• Transformar la cultura de la organización;
• Adoptar medidas enérgicas contra la corrupción;
• Establecer un sistema de rendición de cuentas;
• Establecer una dirección y un marco de gestión eficaces; y
• Garantizar un entorno de servicios profesional.
64. Se estableció en la policía de Jamaica el Equipo de aplicación de la revisión estratégica encargado de garantizar la aplicación de las recomendaciones y en el Ministerio de Seguridad Nacional un mecanismo de supervisión encargado de supervisar y evaluar los progresos logrados en la aplicación de los cambios y de comunicar dichos progresos a la población con el fin de mantener la transparencia durante todo el proceso de aplicación.
65. Hasta el momento se han llevado a cabo diversas actividades entre las que se destacan las siguientes:
• La organización y realización de varios talleres sobre el cambio cultural. Ya hay indicios de una mayor conciencia y aceptación del cambio entre los reclutas.
• La aplicación de políticas y estrategias de lucha contra la corrupción y de otras medidas para combatirla, como la creación de un Servicio de Lucha contra la Corrupción en la policía de Jamaica; la puesta en marcha de la línea telefónica 1800-CORRUPTOS en enero de 2009; la iniciativa de verificación de antecedentes de las fuerzas de seguridad para asegurar que sus dirigentes estén libres de corrupción; y la elaboración de la política sobre empleo secundario y conflictos de interés.
• La implantación del servicio policial comunitario en la policía de Jamaica; la elaboración de un manual de capacitación para el servicio policial comunitario y el despliegue de 183 personas para reforzar la policía comunitaria en 19 divisiones geográficas. En la actualidad hay 57 comunidades que cuentan con agentes y/o con patrullas de policía comunitaria que funcionan como primer contacto y enlace con la policía y los servicios asociados.
• La realización de mayores esfuerzos para mejorar los módulos de ética, derechos humanos y uso de la fuerza en los programas de capacitación, entre otras cosas con el fin de reducir el número de denuncias sobre excesos de la policía y restablecer el respeto de la población por los policías y su confianza en ellos.
• La elaboración de planes de vigilancia policial y el establecimiento de indicadores y metas. Actualmente se están llevando a cabo evaluaciones trimestrales.
5. Trata de seres humanos
66. En consonancia con su compromiso de proporcionar protección y apoyo a las víctimas de la trata de personas, en 2007 se aprobó la Ley de lucha contra la trata de personas (prevención, represión y sanción) con el fin de poner en práctica el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. En 2005 se creó el Grupo nacional de lucha contra la trata de personas, integrado por representantes de organismos públicos y ONG y encargado, entre otras cosas, de:
• Crear mayor conciencia sobre la trata de personas mediante actividades de sensibilización de la población;
• Facilitar la capacitación de los policías, los funcionarios de aduanas y de inmigración, el personal del poder judicial y los funcionarios diplomáticos y consulares;
• Recomendar enmiendas a las leyes principales que puedan contribuir a la prevención de la trata de personas y el enjuiciamiento de los responsables y mejorar las disposiciones para proteger a las víctimas; y
• Establecer protocolos de intervención para ayudar a las víctimas de la trata.
67. Para hacer cumplir la ley se creó la Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas en la División de Investigación de la Delincuencia Organizada de la Policía de Jamaica. La Dependencia también colabora con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el escrutinio de las solicitudes de permiso de trabajo y lleva a cabo investigaciones complementarias para reprimir cualquier incumplimiento de la autorización concedida.
6. Política de refugiados
68. En consonancia con sus obligaciones internacionales dimanantes del Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, en julio de 2009 el Gobierno de Jamaica elaboró una Política de refugiados. Esta Política establece los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado y la gestión del proceso de apelación, y tiene en cuenta el Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado, preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
69. En el marco de la Política se creó el Comité de Determinación de la Admisibilidad como Refugiado, que proporciona la base institucional para la evaluación y determinación de la condición de refugiado.