A. Ratificación de tratados (Recomendaciones 103.1–3; 105.1–23)
4. El Salvador ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2015) y levantó su reserva a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2016). La Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se encuentran en estudio de la Asamblea Legislativa para su potencial ratificación.
B. Marco constitucional, legal y político (Recomendaciones 105.24–25)
5. En la gestión gubernamental 2014–2019, El Salvador contó con el “Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019”, que orientó la construcción de las políticas públicas, planes y programas desde el Órgano Ejecutivo, así como la evaluación de su impacto.
6. Para la adecuación del marco jurídico interno a estándares internacionales de derechos humanos, se han aprobado las siguientes leyes: Ley de Acceso a la Información Pública (2011); Ley Especial contra la Trata de Personas (2014); Ley de Reparación del Daño Moral (2015); Ley de Cultura (2016); Ley Especial de Adopciones (2016); Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo (2017); Ley de Salud Mental (2017); Ley de Procedimientos Administrativos (2018); Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cuna para los Hijos de los Trabajadores (2018); Ley de Mejora Regulatoria (2018);
Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas (2019); Ley Especial de Migración y Extranjería (2019); y Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud (2019). Además, se han realizado reformas legales al Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Familia, Código de Trabajo, Ley contra la Violencia Intrafamiliar, Ley General de Educación; Ley de la Carrera Docente; Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia.
7. La legislación se complementa con las siguientes políticas públicas, planes de acción, programas y estrategias: Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia 2013-2023 (PNPNA); Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador;
Política Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas de El Salvador; Política Pública de Cultura 2014-2019; Política Nacional de Empleo Decente; Política Nacional de Salud 2015-2019; Política de Equidad e Igualdad de Género y su Plan de Implementación 2016-2020 del MINEDUCYT; Política para la Igualdad y Equidad de Género en Salud; Política Nacional de Vivienda y Hábitat; Política Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos; Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia; Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo; Plan Nacional de Acción de la PNPNA 2014-2019; Plan de Acción Nacional para la Implementación de la Resolución 1325 “Mujeres, Paz y Seguridad” 2017-2022; Plan Nacional de Igualdad 2016-2020; Plan de Acción de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Plan Estratégico Nacional para la Lactancia Materna 2016-2019; Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social (Plan Social); Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico; Plan de Acción Nacional para los Pueblos Indígenas de El Salvador; Plan El Salvador Seguro (PESS); Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento; Programa Nacional de Alfabetización (PNA); Programa de Modalidades Flexibles de Educación; Programa de Gestión Penitenciaria “Yo Cambio”; Programa de Empleo y Empleabilidad “Jóvenes con todo”; Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes; Estrategia de Prevención de Feminicidio y Violencia Sexual contra las Mujeres; y Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2018-2028.
C. Cooperación con instituciones nacionales de derechos humanos (Recomendaciones 103.4–7, 33 y 51; 105.30)
8. La PDDH de El Salvador posee un mandato constitucional, ejerce sus funciones a nivel nacional y cuenta con protección respecto de injerencias externas, derivada de su rango constitucional y del mismo proceso de elección de su titular que es realizado por la
Asamblea Legislativa. Su presupuesto de 9.1 millones de dólares en 2014, fue incrementado progresivamente a 10.2 millones de dólares en 2019.
9. En 2018 se creó la figura del Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, por Decreto Ejecutivo, a fin de cohesionar las acciones del Órgano Ejecutivo; coordinar con la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, las instituciones autónomas y los Gobiernos Municipales; y mantener un diálogo permanente con actores y sectores de la sociedad civil, para promover avances en derechos humanos, el cual finalizó su período el 31 de mayo de 2019.
D. Derechos civiles, igualdad y no discriminación (Recomendaciones 104.1, 15–16; 105.32–36)
10. En 2016 El Salvador retiró su reserva a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El delito de tortura se encuentra reconocido en la legislación nacional como un “Delito contra la humanidad”, por lo que se establece la imprescriptibilidad de su pena. Este marco nacional e internacional sobre la tortura es incluido en los programas formativos para aspirantes a agentes policiales que desarrolla la Academia Nacional de Seguridad Pública.
11. En 2010 se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 56 “Disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública por razones de identidad de género y/o de orientación sexual”, que se ha complementado con la aprobación de un Manual Autoformativo en Diversidad Sexual para personal de seguridad pública; con el desarrollo del Índice de Inclusión Institucional LGBTI para evaluar la implementación del citado Decreto; la creación del Programa “Apoyo a iniciativas productivas de personas LGBTI”; y el lanzamiento de la Política para la Atención a la Población LGBTI del MJSP en 2018.
12. En 2015 se incorporó como “agravante” en los delitos de Homicidio y Amenazas, la motivación de “odio a la identidad y expresión de género o la orientación sexual” y se estableció la imprescriptibilidad de la pena en los casos de persecución por motivos políticos, ideológicos, raciales, religiosos y por orientación sexual. Esta reforma se tradujo en acciones como: creación en la FGR de una Mesa para el seguimiento, emisión de lineamientos y recomendaciones con enfoque de derechos humanos, en casos en que las víctimas son personas LGBTI; designación de fiscales especializados a nivel nacional;
capacitación para sensibilizar al personal y reforzar conocimientos sobre crímenes de odio;
establecimiento de un espacio de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y población LGBTI; y formación de médicos y peritos forenses del IML, para la especialización en la investigación de crímenes de odio.
13. En relación al derecho a la identidad e identificación, el RNPN promueve una Política de Participación Ciudadana e implementa directrices específicas para la atención de población LGBTI, para la prevención de la discriminación de la población LGBTI y de población vulnerable en los servicios que presta.
14. El MINEDUCYT ha impulsado un estudio nacional sobre violencias de género y por orientación sexual, para la creación de un mecanismo que mejore la respuesta institucional.
Además, ha desarrollado la formación de 17,494 docentes y de asistentes técnicos de primera infancia en diferentes áreas curriculares, con el eje transversal de derechos humanos y ha ampliado progresivamente la cobertura educativa con énfasis en NNA en situación de desventaja y vulnerabilidad, como parte de la Política de Educación Inclusiva.
15. La ANSP ha incorporado en el plan de estudio del “Técnico en Ciencias Policiales”, la asignatura Derechos Humanos y el tema de la función policial y grupos en condición de vulnerabilidad. El Sistema Educativo de la Fuerza Armada establece la asignatura de
“Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario” en los cursos impartidos en los Centros de Enseñanza del Comando de Doctrina y Educación Militar.
16. Desde 2016 se ha realizado un programa permanente de difusión de los Lineamientos Técnicos para la Atención Integral en Salud de la Población LGBTI y en los establecimientos de primer nivel de salud se ha implementado el programa “Prevención de la discriminación por la diversidad sexual”. En ese mismo año, el MTPS lanzó el Plan de
Verificación de Derechos Laborales de Personas con VIH; implementó el Plan de Verificación de Brecha Salarial para el sector agropecuario; y creó la Unidad de Atención Preventiva a Grupos Prioritarios, que ha ejecutado planes de verificación de derechos laborales de personas con discapacidad, con VIH, y de trabajadores a domicilio; además, ha verificado el ejercicio del derecho a la lactancia materna, las brechas salariales entre hombres y mujeres; los derechos laborales de mujeres; las condiciones de contratación y permiso de trabajo de menores de edad; y la situación de trabajo infantil. El MTPS también ha otorgado personalidad jurídica a sindicatos de trabajadoras domésticas y a domicilio y ha instalado la mesa de Derechos Laborales con Personas y Organizaciones LGBTI. En cumplimiento de la Ley de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad, ha verificado el incremento de la contratación de personas con discapacidad en instituciones públicas.
17. El Salvador desarrolló el “Programa Ciudades Inclusivas”, para promover la accesibilidad universal en materia de obra pública y en el marco del cumplimiento de la Ley de Desarrollo y Protección Social, se cuenta con el Sub-Sistema de Protección Social Universal, que incluye programas de protección social no contributiva.
18. A partir de 2014 el INJUVE ejecutó acciones para fomentar y fortalecer la organización juvenil a nivel territorial, estableciendo 14 “Coordinadoras Departamentales”
que aglutinan a organizaciones juveniles en cada departamento del país y que son la base territorial del organismo de dirección establecido en la Ley General de Juventud y el Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ).
19. El Estado salvadoreño ha potenciado la participación de la sociedad civil en los Consejos y Juntas Directivas de los entes rectores en temas de relevancia nacional, que están integrados también por representantes de la sociedad civil organizada, en similares condiciones que los representantes estatales, tal es el caso del CONNA, CONAIPD, CONAIPAM, CONASAN, CONASAV, CONMIGRANTE, CODREVIDH, CODREVEM, CONAPEJ, CONAVIH, ISNA, ISRI, ISDEMU, INJUVE, entre otras.
E. Seguridad pública y administración de justicia (Recomendaciones 104.2–6, 10 y 17; 105.28–29, 31, 37–40, 42–48)
20. El Salvador implementa una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos, con una estrategia que trasciende de la visión de represión y persecución del delito. En 2014 creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, integrado por instituciones del Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, instancias nacionales rectoras en temas de mujer, niñez, adolescencia y juventud, gobiernos locales, empresa privada, iglesias, medios de comunicación, partidos políticos, representantes de sociedad civil y la comunidad internacional, el cual fue responsable de la formulación del
“Plan El Salvador Seguro” (PESS).
21. El PESS consiguió entre sus resultados: la reducción de jóvenes que no estudian y no trabajan, de la deserción escolar y de los homicidios; aprobación de la Política de Persecución Penal de la FGR; presentación de la propuesta de Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia; instalación de 19 Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAV) e instalación de Unidades Especializadas de Atención a Víctimas en hospitales de la red pública; fortalecimiento del programa de víctimas y testigos; creación de 15 unidades de atención especializada a mujeres víctimas de la violencia en la PGR; construcción del Proyecto de Ley y de la Política Integral de Atención y Protección de Víctimas de la Violencia; desarrollo de ferias de acceso a la justicia y prevención de violencia en municipios priorizados por el PESS; y creación de emprendimientos en sectores priorizados.
22. Siempre en el marco del PESS, el INJUVE implementó un modelo de Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil, con énfasis en la organización comunitaria, para lo cual se conformaron 191 comités comunitarios juveniles y se desarrollaron actividades de prevención de la violencia en 56 municipios del país. Además, se mejoró la infraestructura penitenciaria, con la construcción del Centro de Desarrollo Infantil del Centro Penitenciario de Mujeres en Izalco; se amplió y fortaleció el Programa
de Gestión Penitenciaria “Yo Cambio” con la participación del sector privado en procesos de rehabilitación y reinserción; y se implementó la Universidad en Línea en cuatro centros penitenciarios.
23. La PNC ha ejecutado el Plan Escuelas Seguras y la filosofía de Policía Comunitaria, para reducir los índices de criminalidad en contra de estudiantes y población en general. En 2016 se creó la Secretaría de Responsabilidad Profesional, que agrupa a todas las unidades de contraloría policial, que verifican que el quehacer policial sea respetuoso de los derechos humanos. La Unidad de Derechos Humanos de la PNC trabaja en el diseño de “la Política de Derechos Humanos de la Policía Nacional Civil”, para transversalizar los derechos humanos de manera institucional. Además, la PNC cuenta con una División especializada para la atención de la niñez y la adolescencia.
24. A partir de junio de 2019, el Gobierno de El Salvador ejecuta el “Plan Control territorial”, que comprende municipios priorizados por sus altos índices de violencia y que tienen como objetivo la recuperación de territorios dominados por grupos delincuenciales, el combate a sus fuentes de financiamiento y la adopción de medidas de intervención específicas en centros penitenciarios. Este Plan también se enfoca en la reconstrucción del tejido social y comunitario, por lo que incluye acciones para evitar el ingreso de adolescentes y jóvenes a estructuras criminales, tales como programas de capacitación técnica en diversas áreas, becas universitarias y proyectos de generación de empleo;
además, comprende la ejecución de obra pública e introducción de servicios básicos en comunidades, por lo que existe una participación de las Carteras del Órgano Ejecutivo, bajo la articulación de la Dirección Nacional de Reconstrucción del Tejido Social del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. El Salvador refuerza los principios para la conducción de la Policía Nacional Civil que se definieron como parte de los Acuerdos de Paz, por lo que la Fuerza Armada de El Salvador, de acuerdo al mandato constitucional y por Decreto Ejecutivo, se encuentra excepcionalmente cumpliendo tareas de apoyo a la PNC. El 25 de julio de 2018, se efectuó el lanzamiento oficial del “Protocolo de Actuación Conjunta entre la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador para la Prevención, Combate al Delito y Lucha Contra la Corrupción, con Estricto Apego a la Ley y Respeto a los Derechos Humanos”.
25. Entre 2016 y 2018 funcionó el Mecanismo de Coordinación para el Fortalecimiento de los Controles Internos de las Instituciones de Seguridad, integrado por MRREE, MJSP, MDN y SEGOB, en el que participaron como invitados permanentes la PDDH, representantes de iglesias, de la Organización de Naciones Unidas y de la Unión Europea.
En abril de 2019, instituciones estatales y organizaciones de sociedad civil, apoyados por el ACNUR, presentaron a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para proteger y atender a las víctimas del desplazamiento forzado, en cumplimiento de una sentencia de amparo de la Sala de lo Constitucional.
26. El Salvador cuenta con la Mesa Intersectorial de Justicia Restaurativa, coordinada por la CSJ, que impulsa alianzas para la consolidación de la justicia y prácticas restaurativas, la formación de actores clave y la socialización de buenas prácticas en justicia restaurativa. En 2016 la Mesa elaboró un programa de prevención de la violencia, enfocada en acciones dirigidas NNA en situación de riesgo.
27. En cumplimiento de la LAIP, las instituciones públicas han diseñado e implementado portales de transparencia, han creado Unidades de Acceso a la Información Pública y mantienen una política de rendición de cuentas anual y permanente.
28. En 2017, la CSJ, el MJSP, la FGR, la PGR y el CNJ suscribieron el “Protocolo Interinstitucional para el Desarrollo de Audiencias y Diligencias Judiciales por medio de Video Conferencia” y se implementaron 38 salas de audiencia. Además, la CSJ cuenta con el Sistema de Notificación Electrónica y ha expandido el servicio nacional de Facilitadores Judiciales establecido en 2014, a 8 departamentos y 61 municipios, por el cual se forman líderes comunitarios en legislación y procedimientos judiciales y administrativos, para que sean un enlace entre la población y los operadores judiciales.
29. Para reducir los plazos de los procedimientos previos al juicio, la legislación penal común faculta que varios delitos leves se resuelvan en sede fiscal y se cuenta con equipos
de mediación en el área de Defensoría Pública de la PGR, que ayudan a reducir los procesos penales.
30. En 2016 la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 fue declarada inconstitucional. La FGR emitió la “Política de Persecución Penal de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad ocurridos en el contexto del Conflicto Armado” y creó el
“Grupo de Fiscales para la Investigación de Delitos Cometidos en el Conflicto Armado”.
Además, la Sala de lo Constitucional ha procurado avances en los criterios jurisprudenciales referente a la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado, reconociendo al proceso de hábeas corpus como un mecanismo idóneo en estos casos.
31. El IML cuenta con un equipo multidisciplinario para la atención de familiares de las víctimas directas de la desaparición forzada y posee el programa informático para el procesamiento de información sobre personas desaparecidas y restos no identificados. En julio de 2019, la FGR creó la “Unidad Especializada para Casos de Personas Desaparecidas”, encargada de investigar las desapariciones ocurridas en la actualidad;
además, la Asamblea Legislativa tiene en estudio una propuesta de reforma al Código Penal, para elevar la pena de prisión del delito de “Desaparición forzada de personas”.
32. En la esfera de la justicia de transición, El Salvador creó el Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos en el contexto de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños (2017) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (2017).
F. Derechos económicos sociales y culturales (Recomendaciones 103.36–
40, 44, 52–55; 104.31–35; 105.26–27)
Salud
33. Con base en reportes sobre enfermedades sujetas a vigilancia obligatoria, durante el período julio 2014-mayo 2019, El Salvador presentó una reducción sostenida de la carga de enfermedad, que obedeció a la mejora en el acceso a la salud, al aumento de cobertura y al fortalecimiento del sistema público con una Estrategia de Atención Primaria de Salud que incorporó los Equipos Comunitarios de Salud Familiar, los hogares de espera materna, la apertura de espacios de participación, la intersectorialidad, el desarrollo de la organización comunitaria y el abordaje de la determinación social de la salud.
34. El presupuesto del MINSAL fue incrementado gradualmente de 586.3 millones de dólares en 2014 a 668.2 millones de dólares en 2019. Con esta dotación de recursos, ha desarrollado un trabajo en Redes Integrales e Integradas en Salud, por cada nivel de atención, conformada por 819 establecimientos de salud: 789 de primer nivel, 27 de segundo nivel y 3 de Tercer Nivel (1 hospital especializado para la mujer, 1 hospital especializado para la niñez y 1 hospital especializado para mujeres y hombres jóvenes y adultos). Además se equiparon hospitales, se incrementó el recurso humano y se crearon procesos de mejora continua de la calidad.
35. El MINSAL brinda servicios de atención directa de enfermedades agudas, crónicas no transmisibles y prevalentes de importancia epidemiológica; desarrolla vigilancia epidemiológica, atención directa a morbimortalidad materna, neonatal, infantil y adolescencia; y presta una atención especializada a población víctima de graves violaciones a los derechos humanos, a veteranos de guerra, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, población LGBTI, población TB-VIH y población migrante. En 2017 se lanzó el Modelo de Salud Urbana, para disminuir la exclusión social, proteger y restaurar el medio ambiente y promover el desarrollo humano. Se ha firmado un convenio entre el RNPN, el ISSS y el MINSAL para que el DUI sea la única exigencia de identificación a los usuarios de los servicios de salud.
Educación
36. El presupuesto para educación fue incrementado de 884.9 millones de dólares en 2014 a 997.2 millones de dólares en 2019. Además, El Salvador ha reducido
significativamente el índice de analfabetismo, asegurando la continuidad educativa desde un enfoque flexible, inclusivo, de equidad y calidad. Durante el período examinado, el MINEDUCYT desarrolló los siguientes programas: mejoramiento de infraestructura escolar; Programa de Alimentación Escolar para estudiantes de centros escolares públicos
significativamente el índice de analfabetismo, asegurando la continuidad educativa desde un enfoque flexible, inclusivo, de equidad y calidad. Durante el período examinado, el MINEDUCYT desarrolló los siguientes programas: mejoramiento de infraestructura escolar; Programa de Alimentación Escolar para estudiantes de centros escolares públicos