GE.19-14078 (S)
Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 34º período de sesiones
4–15 de noviembre de 2019
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos*
El Salvador
* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/34/SLV/1
Asamblea General Distr. general 20 de agosto de 2019 Original: español
Índice
Página
I. Antecedentes y metodología para la preparación del informe ... 3
II. Seguimiento a las recomendaciones del Examen Periódico Universal ... 3
A. Ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos ... 3
B. Marco constitucional y legal ... 4
C. Cooperación con instituciones nacionales de derechos humanos ... 4
D. Derechos civiles, igualdad y no discriminación ... 5
E. Seguridad pública y administración de justicia ... 6
F. Derechos económicos, sociales y culturales ... 8
G. Derechos de las mujeres ... 11
H. Derechos de la niñez y la adolescencia ... 14
I. Personas privadas de libertad ... 15
J. Personas migrantes y refugiadas ... 16
K. Personas defensoras de derechos humanos ... 16
L. Personas con discapacidad ... 17
M. Pueblos indígenas ... 17
N. Reparación a víctimas del conflicto armado interno ... 18
O. Mecanismo de seguimiento al examen ... 18
P. Cooperación con mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unidas ... 18
I. Antecedentes y metodología para la preparación del informe
1. El 1 de junio de 2019, El Salvador comenzó una nueva gestión de Gobierno, guiada por los principios de modernización del Estado, eficiencia, eficacia, transparencia, democracia e inclusión. En el presente informe se comunican los progresos en derechos humanos desarrollados de julio de 2014 a la fecha, a partir de las recomendaciones del segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), presentado en 2014 y de los compromisos asumidos en forma voluntaria con la población. En su segundo EPU, El Salvador recibió 159 recomendaciones y expresó su posición final en los términos reflejados en la adición al informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU (A/HRC/28/5/Add.1).
2. Este informe es el resultado del trabajo interinstitucional coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE) con: Ministerio de la Defensa Nacional (MDN); Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP); Ministerio de Economía (MINEC); Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Ministerio de Vivienda (MV); Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS); Ministerio de Salud (MINSAL);
Ministerio de Hacienda (MH); Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT); Ministerio de Cultura (MICULTURA); Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN); Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Dirección General de Centros Penales (DGCP), Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC); Policía Nacional Civil (PNC); Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP); Fondo Social para la Vivienda (FSV), Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO); Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU); Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA); Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE); Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI); Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN); Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD); Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA); Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTE); Presidencia de la República, a través de sus Secretarías; Asamblea Legislativa (AL); Corte Suprema de Justicia (CSJ); Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE); Procuraduría General de la República (PGR);
Fiscalía General de la República (FGR); Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno (CNB);
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (CONABÚSQUEDA); Consejo Directivo del Registro de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Ocurridos en el Contexto del Conflicto Armado Interno (CODREVIDH); y Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos en el contexto de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños (CODREVEM).
3. El Estado también realizó consulta con sociedad civil e invitó a participar a organizaciones vinculadas al trabajo con población LGBTI, niñez, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres y víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado, entre otros. Se recibieron observaciones y comentarios de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
II. Seguimiento a las recomendaciones del Examen Periódico Universal
A. Ratificación de tratados (Recomendaciones 103.1–3; 105.1–23)
4. El Salvador ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2015) y levantó su reserva a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2016). La Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se encuentran en estudio de la Asamblea Legislativa para su potencial ratificación.
B. Marco constitucional, legal y político (Recomendaciones 105.24–25)
5. En la gestión gubernamental 2014–2019, El Salvador contó con el “Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019”, que orientó la construcción de las políticas públicas, planes y programas desde el Órgano Ejecutivo, así como la evaluación de su impacto.
6. Para la adecuación del marco jurídico interno a estándares internacionales de derechos humanos, se han aprobado las siguientes leyes: Ley de Acceso a la Información Pública (2011); Ley Especial contra la Trata de Personas (2014); Ley de Reparación del Daño Moral (2015); Ley de Cultura (2016); Ley Especial de Adopciones (2016); Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo (2017); Ley de Salud Mental (2017); Ley de Procedimientos Administrativos (2018); Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cuna para los Hijos de los Trabajadores (2018); Ley de Mejora Regulatoria (2018);
Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas (2019); Ley Especial de Migración y Extranjería (2019); y Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud (2019). Además, se han realizado reformas legales al Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Familia, Código de Trabajo, Ley contra la Violencia Intrafamiliar, Ley General de Educación; Ley de la Carrera Docente; Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia.
7. La legislación se complementa con las siguientes políticas públicas, planes de acción, programas y estrategias: Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia 2013-2023 (PNPNA); Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador;
Política Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas de El Salvador; Política Pública de Cultura 2014-2019; Política Nacional de Empleo Decente; Política Nacional de Salud 2015- 2019; Política de Equidad e Igualdad de Género y su Plan de Implementación 2016-2020 del MINEDUCYT; Política para la Igualdad y Equidad de Género en Salud; Política Nacional de Vivienda y Hábitat; Política Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos; Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia; Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo; Plan Nacional de Acción de la PNPNA 2014-2019; Plan de Acción Nacional para la Implementación de la Resolución 1325 “Mujeres, Paz y Seguridad” 2017-2022; Plan Nacional de Igualdad 2016- 2020; Plan de Acción de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Plan Estratégico Nacional para la Lactancia Materna 2016-2019; Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social (Plan Social); Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico; Plan de Acción Nacional para los Pueblos Indígenas de El Salvador; Plan El Salvador Seguro (PESS); Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento; Programa Nacional de Alfabetización (PNA); Programa de Modalidades Flexibles de Educación; Programa de Gestión Penitenciaria “Yo Cambio”; Programa de Empleo y Empleabilidad “Jóvenes con todo”; Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes; Estrategia de Prevención de Feminicidio y Violencia Sexual contra las Mujeres; y Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2018-2028.
C. Cooperación con instituciones nacionales de derechos humanos (Recomendaciones 103.4–7, 33 y 51; 105.30)
8. La PDDH de El Salvador posee un mandato constitucional, ejerce sus funciones a nivel nacional y cuenta con protección respecto de injerencias externas, derivada de su rango constitucional y del mismo proceso de elección de su titular que es realizado por la
Asamblea Legislativa. Su presupuesto de 9.1 millones de dólares en 2014, fue incrementado progresivamente a 10.2 millones de dólares en 2019.
9. En 2018 se creó la figura del Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, por Decreto Ejecutivo, a fin de cohesionar las acciones del Órgano Ejecutivo; coordinar con la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, las instituciones autónomas y los Gobiernos Municipales; y mantener un diálogo permanente con actores y sectores de la sociedad civil, para promover avances en derechos humanos, el cual finalizó su período el 31 de mayo de 2019.
D. Derechos civiles, igualdad y no discriminación (Recomendaciones 104.1, 15–16; 105.32–36)
10. En 2016 El Salvador retiró su reserva a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El delito de tortura se encuentra reconocido en la legislación nacional como un “Delito contra la humanidad”, por lo que se establece la imprescriptibilidad de su pena. Este marco nacional e internacional sobre la tortura es incluido en los programas formativos para aspirantes a agentes policiales que desarrolla la Academia Nacional de Seguridad Pública.
11. En 2010 se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 56 “Disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública por razones de identidad de género y/o de orientación sexual”, que se ha complementado con la aprobación de un Manual Autoformativo en Diversidad Sexual para personal de seguridad pública; con el desarrollo del Índice de Inclusión Institucional LGBTI para evaluar la implementación del citado Decreto; la creación del Programa “Apoyo a iniciativas productivas de personas LGBTI”; y el lanzamiento de la Política para la Atención a la Población LGBTI del MJSP en 2018.
12. En 2015 se incorporó como “agravante” en los delitos de Homicidio y Amenazas, la motivación de “odio a la identidad y expresión de género o la orientación sexual” y se estableció la imprescriptibilidad de la pena en los casos de persecución por motivos políticos, ideológicos, raciales, religiosos y por orientación sexual. Esta reforma se tradujo en acciones como: creación en la FGR de una Mesa para el seguimiento, emisión de lineamientos y recomendaciones con enfoque de derechos humanos, en casos en que las víctimas son personas LGBTI; designación de fiscales especializados a nivel nacional;
capacitación para sensibilizar al personal y reforzar conocimientos sobre crímenes de odio;
establecimiento de un espacio de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y población LGBTI; y formación de médicos y peritos forenses del IML, para la especialización en la investigación de crímenes de odio.
13. En relación al derecho a la identidad e identificación, el RNPN promueve una Política de Participación Ciudadana e implementa directrices específicas para la atención de población LGBTI, para la prevención de la discriminación de la población LGBTI y de población vulnerable en los servicios que presta.
14. El MINEDUCYT ha impulsado un estudio nacional sobre violencias de género y por orientación sexual, para la creación de un mecanismo que mejore la respuesta institucional.
Además, ha desarrollado la formación de 17,494 docentes y de asistentes técnicos de primera infancia en diferentes áreas curriculares, con el eje transversal de derechos humanos y ha ampliado progresivamente la cobertura educativa con énfasis en NNA en situación de desventaja y vulnerabilidad, como parte de la Política de Educación Inclusiva.
15. La ANSP ha incorporado en el plan de estudio del “Técnico en Ciencias Policiales”, la asignatura Derechos Humanos y el tema de la función policial y grupos en condición de vulnerabilidad. El Sistema Educativo de la Fuerza Armada establece la asignatura de
“Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario” en los cursos impartidos en los Centros de Enseñanza del Comando de Doctrina y Educación Militar.
16. Desde 2016 se ha realizado un programa permanente de difusión de los Lineamientos Técnicos para la Atención Integral en Salud de la Población LGBTI y en los establecimientos de primer nivel de salud se ha implementado el programa “Prevención de la discriminación por la diversidad sexual”. En ese mismo año, el MTPS lanzó el Plan de
Verificación de Derechos Laborales de Personas con VIH; implementó el Plan de Verificación de Brecha Salarial para el sector agropecuario; y creó la Unidad de Atención Preventiva a Grupos Prioritarios, que ha ejecutado planes de verificación de derechos laborales de personas con discapacidad, con VIH, y de trabajadores a domicilio; además, ha verificado el ejercicio del derecho a la lactancia materna, las brechas salariales entre hombres y mujeres; los derechos laborales de mujeres; las condiciones de contratación y permiso de trabajo de menores de edad; y la situación de trabajo infantil. El MTPS también ha otorgado personalidad jurídica a sindicatos de trabajadoras domésticas y a domicilio y ha instalado la mesa de Derechos Laborales con Personas y Organizaciones LGBTI. En cumplimiento de la Ley de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad, ha verificado el incremento de la contratación de personas con discapacidad en instituciones públicas.
17. El Salvador desarrolló el “Programa Ciudades Inclusivas”, para promover la accesibilidad universal en materia de obra pública y en el marco del cumplimiento de la Ley de Desarrollo y Protección Social, se cuenta con el Sub-Sistema de Protección Social Universal, que incluye programas de protección social no contributiva.
18. A partir de 2014 el INJUVE ejecutó acciones para fomentar y fortalecer la organización juvenil a nivel territorial, estableciendo 14 “Coordinadoras Departamentales”
que aglutinan a organizaciones juveniles en cada departamento del país y que son la base territorial del organismo de dirección establecido en la Ley General de Juventud y el Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ).
19. El Estado salvadoreño ha potenciado la participación de la sociedad civil en los Consejos y Juntas Directivas de los entes rectores en temas de relevancia nacional, que están integrados también por representantes de la sociedad civil organizada, en similares condiciones que los representantes estatales, tal es el caso del CONNA, CONAIPD, CONAIPAM, CONASAN, CONASAV, CONMIGRANTE, CODREVIDH, CODREVEM, CONAPEJ, CONAVIH, ISNA, ISRI, ISDEMU, INJUVE, entre otras.
E. Seguridad pública y administración de justicia (Recomendaciones 104.2–6, 10 y 17; 105.28–29, 31, 37–40, 42–48)
20. El Salvador implementa una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos, con una estrategia que trasciende de la visión de represión y persecución del delito. En 2014 creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, integrado por instituciones del Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, instancias nacionales rectoras en temas de mujer, niñez, adolescencia y juventud, gobiernos locales, empresa privada, iglesias, medios de comunicación, partidos políticos, representantes de sociedad civil y la comunidad internacional, el cual fue responsable de la formulación del
“Plan El Salvador Seguro” (PESS).
21. El PESS consiguió entre sus resultados: la reducción de jóvenes que no estudian y no trabajan, de la deserción escolar y de los homicidios; aprobación de la Política de Persecución Penal de la FGR; presentación de la propuesta de Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia; instalación de 19 Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAV) e instalación de Unidades Especializadas de Atención a Víctimas en hospitales de la red pública; fortalecimiento del programa de víctimas y testigos; creación de 15 unidades de atención especializada a mujeres víctimas de la violencia en la PGR; construcción del Proyecto de Ley y de la Política Integral de Atención y Protección de Víctimas de la Violencia; desarrollo de ferias de acceso a la justicia y prevención de violencia en municipios priorizados por el PESS; y creación de emprendimientos en sectores priorizados.
22. Siempre en el marco del PESS, el INJUVE implementó un modelo de Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil, con énfasis en la organización comunitaria, para lo cual se conformaron 191 comités comunitarios juveniles y se desarrollaron actividades de prevención de la violencia en 56 municipios del país. Además, se mejoró la infraestructura penitenciaria, con la construcción del Centro de Desarrollo Infantil del Centro Penitenciario de Mujeres en Izalco; se amplió y fortaleció el Programa
de Gestión Penitenciaria “Yo Cambio” con la participación del sector privado en procesos de rehabilitación y reinserción; y se implementó la Universidad en Línea en cuatro centros penitenciarios.
23. La PNC ha ejecutado el Plan Escuelas Seguras y la filosofía de Policía Comunitaria, para reducir los índices de criminalidad en contra de estudiantes y población en general. En 2016 se creó la Secretaría de Responsabilidad Profesional, que agrupa a todas las unidades de contraloría policial, que verifican que el quehacer policial sea respetuoso de los derechos humanos. La Unidad de Derechos Humanos de la PNC trabaja en el diseño de “la Política de Derechos Humanos de la Policía Nacional Civil”, para transversalizar los derechos humanos de manera institucional. Además, la PNC cuenta con una División especializada para la atención de la niñez y la adolescencia.
24. A partir de junio de 2019, el Gobierno de El Salvador ejecuta el “Plan Control territorial”, que comprende municipios priorizados por sus altos índices de violencia y que tienen como objetivo la recuperación de territorios dominados por grupos delincuenciales, el combate a sus fuentes de financiamiento y la adopción de medidas de intervención específicas en centros penitenciarios. Este Plan también se enfoca en la reconstrucción del tejido social y comunitario, por lo que incluye acciones para evitar el ingreso de adolescentes y jóvenes a estructuras criminales, tales como programas de capacitación técnica en diversas áreas, becas universitarias y proyectos de generación de empleo;
además, comprende la ejecución de obra pública e introducción de servicios básicos en comunidades, por lo que existe una participación de las Carteras del Órgano Ejecutivo, bajo la articulación de la Dirección Nacional de Reconstrucción del Tejido Social del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. El Salvador refuerza los principios para la conducción de la Policía Nacional Civil que se definieron como parte de los Acuerdos de Paz, por lo que la Fuerza Armada de El Salvador, de acuerdo al mandato constitucional y por Decreto Ejecutivo, se encuentra excepcionalmente cumpliendo tareas de apoyo a la PNC. El 25 de julio de 2018, se efectuó el lanzamiento oficial del “Protocolo de Actuación Conjunta entre la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador para la Prevención, Combate al Delito y Lucha Contra la Corrupción, con Estricto Apego a la Ley y Respeto a los Derechos Humanos”.
25. Entre 2016 y 2018 funcionó el Mecanismo de Coordinación para el Fortalecimiento de los Controles Internos de las Instituciones de Seguridad, integrado por MRREE, MJSP, MDN y SEGOB, en el que participaron como invitados permanentes la PDDH, representantes de iglesias, de la Organización de Naciones Unidas y de la Unión Europea.
En abril de 2019, instituciones estatales y organizaciones de sociedad civil, apoyados por el ACNUR, presentaron a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para proteger y atender a las víctimas del desplazamiento forzado, en cumplimiento de una sentencia de amparo de la Sala de lo Constitucional.
26. El Salvador cuenta con la Mesa Intersectorial de Justicia Restaurativa, coordinada por la CSJ, que impulsa alianzas para la consolidación de la justicia y prácticas restaurativas, la formación de actores clave y la socialización de buenas prácticas en justicia restaurativa. En 2016 la Mesa elaboró un programa de prevención de la violencia, enfocada en acciones dirigidas NNA en situación de riesgo.
27. En cumplimiento de la LAIP, las instituciones públicas han diseñado e implementado portales de transparencia, han creado Unidades de Acceso a la Información Pública y mantienen una política de rendición de cuentas anual y permanente.
28. En 2017, la CSJ, el MJSP, la FGR, la PGR y el CNJ suscribieron el “Protocolo Interinstitucional para el Desarrollo de Audiencias y Diligencias Judiciales por medio de Video Conferencia” y se implementaron 38 salas de audiencia. Además, la CSJ cuenta con el Sistema de Notificación Electrónica y ha expandido el servicio nacional de Facilitadores Judiciales establecido en 2014, a 8 departamentos y 61 municipios, por el cual se forman líderes comunitarios en legislación y procedimientos judiciales y administrativos, para que sean un enlace entre la población y los operadores judiciales.
29. Para reducir los plazos de los procedimientos previos al juicio, la legislación penal común faculta que varios delitos leves se resuelvan en sede fiscal y se cuenta con equipos
de mediación en el área de Defensoría Pública de la PGR, que ayudan a reducir los procesos penales.
30. En 2016 la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 fue declarada inconstitucional. La FGR emitió la “Política de Persecución Penal de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad ocurridos en el contexto del Conflicto Armado” y creó el
“Grupo de Fiscales para la Investigación de Delitos Cometidos en el Conflicto Armado”.
Además, la Sala de lo Constitucional ha procurado avances en los criterios jurisprudenciales referente a la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado, reconociendo al proceso de hábeas corpus como un mecanismo idóneo en estos casos.
31. El IML cuenta con un equipo multidisciplinario para la atención de familiares de las víctimas directas de la desaparición forzada y posee el programa informático para el procesamiento de información sobre personas desaparecidas y restos no identificados. En julio de 2019, la FGR creó la “Unidad Especializada para Casos de Personas Desaparecidas”, encargada de investigar las desapariciones ocurridas en la actualidad;
además, la Asamblea Legislativa tiene en estudio una propuesta de reforma al Código Penal, para elevar la pena de prisión del delito de “Desaparición forzada de personas”.
32. En la esfera de la justicia de transición, El Salvador creó el Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos en el contexto de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños (2017) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (2017).
F. Derechos económicos sociales y culturales (Recomendaciones 103.36–
40, 44, 52–55; 104.31–35; 105.26–27)
Salud
33. Con base en reportes sobre enfermedades sujetas a vigilancia obligatoria, durante el período julio 2014-mayo 2019, El Salvador presentó una reducción sostenida de la carga de enfermedad, que obedeció a la mejora en el acceso a la salud, al aumento de cobertura y al fortalecimiento del sistema público con una Estrategia de Atención Primaria de Salud que incorporó los Equipos Comunitarios de Salud Familiar, los hogares de espera materna, la apertura de espacios de participación, la intersectorialidad, el desarrollo de la organización comunitaria y el abordaje de la determinación social de la salud.
34. El presupuesto del MINSAL fue incrementado gradualmente de 586.3 millones de dólares en 2014 a 668.2 millones de dólares en 2019. Con esta dotación de recursos, ha desarrollado un trabajo en Redes Integrales e Integradas en Salud, por cada nivel de atención, conformada por 819 establecimientos de salud: 789 de primer nivel, 27 de segundo nivel y 3 de Tercer Nivel (1 hospital especializado para la mujer, 1 hospital especializado para la niñez y 1 hospital especializado para mujeres y hombres jóvenes y adultos). Además se equiparon hospitales, se incrementó el recurso humano y se crearon procesos de mejora continua de la calidad.
35. El MINSAL brinda servicios de atención directa de enfermedades agudas, crónicas no transmisibles y prevalentes de importancia epidemiológica; desarrolla vigilancia epidemiológica, atención directa a morbimortalidad materna, neonatal, infantil y adolescencia; y presta una atención especializada a población víctima de graves violaciones a los derechos humanos, a veteranos de guerra, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, población LGBTI, población TB-VIH y población migrante. En 2017 se lanzó el Modelo de Salud Urbana, para disminuir la exclusión social, proteger y restaurar el medio ambiente y promover el desarrollo humano. Se ha firmado un convenio entre el RNPN, el ISSS y el MINSAL para que el DUI sea la única exigencia de identificación a los usuarios de los servicios de salud.
Educación
36. El presupuesto para educación fue incrementado de 884.9 millones de dólares en 2014 a 997.2 millones de dólares en 2019. Además, El Salvador ha reducido
significativamente el índice de analfabetismo, asegurando la continuidad educativa desde un enfoque flexible, inclusivo, de equidad y calidad. Durante el período examinado, el MINEDUCYT desarrolló los siguientes programas: mejoramiento de infraestructura escolar; Programa de Alimentación Escolar para estudiantes de centros escolares públicos seleccionados; Programa Vaso de Leche dirigido a 3,246 centros educativos del país; y Programa Paquete Escolar, que ha entregado útiles escolares y uniformes a 5,127 centros educativos públicos a nivel nacional, para 1,175,275 estudiantes, desde parvularia hasta educación media.
Cultura
37. En 2016 se aprobó la Ley de Cultura para establecer el régimen jurídico que desarrolle, proteja y promueva la cultura; así como los principios, definiciones, institucionalidad y marco legal que fundamenta la política estatal. En 2018, la Secretaría de Cultura de la Presidencia fue transformada en Ministerio de Cultura, que promueve la cultura como un derecho y como factor de cohesión, identidad y transformación. A través de 159 Casas de la Cultura a nivel nacional, impulsa proyectos culturales y artísticos, y emprendimientos en industrias culturales. También ha sido la responsable de acciones para el rescate de la memoria histórica en El Salvador.
Obra pública, vivienda y desarrollo urbano
38. El Salvador ha mejorado progresivamente el acceso a vivienda, suelo urbanizable y hábitat. En 2015, se oficializó la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, cuyos objetivos son hacer efectivo el derecho a la vivienda, con énfasis en los sectores más vulnerables;
disminuir el déficit habitacional y aumentar la cobertura de acceso a energía eléctrica y agua potable. En seguimiento a esta política se ejecutaron los siguientes programas:
“Dotación de Viviendas para Familias en Zonas de Alto Riesgo y Afectadas por la Tormenta IDA”; “Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios FASE II”; “Mejoramiento Integral de Asentamientos Precarios Urbanos”; “Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios PACSES a nivel Nacional”; y “Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios en el Área Metropolitana de San Salvador”. En junio de 2019, se creó el Ministerio de Vivienda con la fusión del VMVDU y FONAVIPO.
39. Entre junio de 2014 y mayo de 2018, el FSV ha brindado 25,301 créditos para soluciones habitacionales, beneficiando a igual número de familias, por un monto de 455.86 millones de dólares, para lo cual implementó programas específicos para mujeres; para jóvenes entre 18 y 25 años; y para personas que no han alcanzado la suficiente capacidad de pago para obtener un financiamiento regular.
40. El MOPT ha ejecutado proyectos de construcción, ampliación y/o modernización de carreteras, caminos rurales, obras de protección, plazas y ciclo-rutas, lo que ha contribuido a mejorar el nivel de vida de la población y a la generación de empleo local. A través del Viceministerio de Transporte, ha desarrollado acciones para modernizar el sistema de transporte público y mejorar la movilidad de la población.
Medio ambiente sano y equilibrado
41. El Salvador cuenta con una Ley de Medio Ambiente, una Política Ambiental y un Plan Nacional de Cambio Climático. Para mejorar la gestión del riesgo, se han fortalecido los servicios del clima mediante el desarrollo de estudios, mapas y productos específicos y se ha cualificado el Centro de Monitoreo Integrado de Amenazas Naturales, lo que permite que el Sistema Nacional de Protección Civil cuente con información con fines de alerta temprana y reducción de riesgo.
42. En materia de saneamiento, en 2018 se amplió la existencia de rellenos sanitarios, adicionando 3 más, con una cobertura para 26 municipios del país y una capacidad de trabajo de 340 toneladas diarias de desechos. El Salvador cuenta con un inventario de sitios contaminados por plaguicidas o sustancias tóxicas y con un mapa de sitios identificados como abandonos o enterramiento de desechos plaguicidas. A la fecha se ha eliminado el 86.1 % de los desechos contaminantes en el país; además, en cumplimiento del Protocolo
de Montreal, a mayo de 2018 se había reducido en un 45% la producción y consumo de agotadores del ozono, con respecto al 2014.
43. La Gestión Integrada del Recurso Hídrico se ha fortalecido con los siguientes instrumentos: Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico; Política Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y su Plan de Acción; Sistema de Información Hídrica; Cálculo de Caudales Ecológicos; y las Recomendaciones para la Selección de Tratamientos de Depuración de Aguas Residuales Urbanas en la República de El Salvador.
Además, se dispone de un informe de calidad de agua de los sitios hidrográficos del país y se ampliaron las redes de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas. El Salvador cuenta con el Laboratorio de Calidad de Agua, que ha logrado su certificación de acreditación de calidad y con ocho sitios Ramsar sobre Humedales.
44. En 2017, 2018 y 2019 fueron impulsadas campañas nacionales de reforestación a nivel nacional. El Salvador también ha respondido con acciones articuladas entre el MARN y el MAG, frente a las afectaciones por plaga a los bosques de coníferas y se ha implementado el Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes. A finales de 2018, se registró un acumulado superior a las 126 mil hectáreas en proceso de restauración, con la participación de municipalidades, asociaciones locales, organizaciones no gubernamentales e instituciones de gobierno.
Trabajo y previsión social
45. El MTPS ha promovido la incorporación de regulaciones técnicas en los Reglamentos Internos de Trabajo de las empresas, para evitar la discriminación y garantizar la igualdad de contratación y el acceso al empleo y ha elaborado los instrumentos siguientes: Guía de atención a las personas con discapacidad relacionadas con la inspección de trabajo; Manual práctico para la asistencia a personas de la población LGBTI; Protocolo de atención a la población que denuncia acoso sexual y laboral en los lugares de trabajo;
Protocolo de actuación para inspección en casos de brechas salariales entre hombres y mujeres; y Guía de actuación en las diligencias sobre verificación de derechos laborales de personas trabajadoras a domicilio.
46. En 2017 entró en vigencia el aumento al salario mínimo, lo que significó un incremento en el poder adquisitivo de un aproximado de 237 mil personas, de acuerdo a un balance del Consejo Nacional de Salario Mínimo, de las cuales el 42% son mujeres.
Acceso al agua potable
47. ANDA es el principal operador de agua potable y saneamiento en El Salvador y brinda servicio al 95.6% de la población urbana a nivel nacional. A través de esta institución, El Salvador hace parte del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento, organismo regional del SICA y también ha participado en la elaboración de la “Ley Marco Regional referente al Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento”, que busca integrar a los marcos legislativos de los países miembros, el
“derecho humano al agua potable y saneamiento”. El Salvador cuenta con un Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que fue elaborado a partir del Catastro y Diagnóstico Nacional de Sistemas de Abastecimiento de Agua no Administrados por ANDA, realizado en 2015.
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
48. Durante la gestión gubernamental 2014–2019, El Salvador inició la implementación de la “Estrategia de Erradicación de la Pobreza”, en el marco del Sistema de Protección Social Universal, con intervenciones en zonas urbanas y rurales. Los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) en 2014, 2018 y 2019 reflejan una reducción de los hogares que se encuentran en pobreza a nivel nacional, del 31.8% en 2014, 29.2% en 2018 y 26.3% en 2019.
G. Derechos de las mujeres (Recomendaciones 103.8–17, 35, 41–42, 46;
104.11–14, 18–24; 105.49–62)
Abordaje integral de la violencia contra las mujeres
49. En 2016 se creó la Jurisdicción Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, que conoce de delitos establecidos en la LEIV; denuncias con base en la Ley de Violencia Intrafamiliar; seguimiento de medidas cautelares y de protección establecidas en la LEIV y la LIE; y delitos de discriminación laboral y atentados relativos al derecho de igualdad. En abril de 2015 se adicionó el artículo 16-A al Código Procesal Penal, que dispone la interpretación de dicho Código en armonía con la LEIV y la LIE.
50. El Órgano Judicial cuenta con Unidades de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Abuso Sexual y Maltrato Infantil; y con Unidades de Atención en Crisis de Abuso Sexual; todas estas Unidades especializadas hacen uso de las Cámaras Gesell para la toma de declaraciones o interrogatorios en los procesos judiciales.
51. El ISDEMU ha formulado la Política Nacional para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y los siguientes lineamientos y mecanismos de promoción y protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: Lineamientos Municipales para la Igualdad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres Salvadoreñas; Manual sobre Lineamientos para la Identificación de Tipos y Modalidades de Violencia contra las Mujeres; Guía para la Lectura de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres con enfoque psico-social; Lineamientos para la Acreditación, Monitoreo y Evaluación de las Unidades Institucionales de Atención Especializada para las Mujeres;
Lineamientos para la acreditación y funcionamiento de Casas de Acogida; Protocolo de Atención Especializada para Mujeres que Enfrentan Violencia; Lineamientos de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Transversalización del Principio de Igualdad y No Discriminación en las Comunidades Educativas de El Salvador; y Protocolo de Actuación para el Abordaje de la Violencia Sexual en las Comunidades Educativas de El Salvador del MINEDUCYT. A través de la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS) del ISDEMU se persigue la institucionalización de una política de formación profesional para fortalecer las capacidades de las instituciones en el cumplimiento del marco normativo para la igualdad sustantiva. Además, el ISDEMU ha pautado el programa radial “Voz Mujer”, un espacio de difusión de los derechos de las mujeres.
52. El programa Ciudad Mujer, a través del Módulo de Atención a la Violencia de Género, brinda servicios integrados y especializados a mujeres víctimas de violencia y el MINSAL ha ejecutado el Plan de Prevención y Atención Integral a Todas las Formas de Violencia en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. En hospitales nacionales se crearon unidades hospitalarias de atención especializa a víctimas de violencia y desde la PGR se brinda el acompañamiento legal y psicosocial a las mujeres víctimas de violencia. La PNC ha creado el Protocolo para el Abordaje de la Violencia y Discriminación por Razones de Género contra las Mujeres y el MOPT ha elaborado el Protocolo de Actuación en casos de discriminación y violencia contra las mujeres.
53. En 2016, el ISDEMU puso en funcionamiento el Sistema Nacional de Atención, constituido por 88 Unidades Institucionales de Atención Especializada para Mujeres que Enfrentan Violencia a nivel nacional. Además, el MJSP estableció 19 OLAV en todo el territorio y a través de la Mesa Nacional de Atención a Víctimas ha trabajado el Protocolo General de Atención a Víctimas del Delito; y la Hoja de Ruta de Atención Integral a Víctimas de Movilidad Interna. La PNC desarrolló el Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, instaló 35 UNI-MUJERES en diferentes dependencias policiales a nivel nacional y ha realizado labores de prevención de la violencia contra las mujeres, impartiendo capacitaciones sobre la LEIV y LIE.
54. En 2017, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la disposición del Código de Trabajo que supeditaba la estabilidad laboral y seguridad social durante el embarazo, a un tiempo mínimo de seis meses laborados, derechos que ahora se ejercen sin esta condicionante.
55. El Gobierno de El Salvador incorporó en su marco programático para 2014–2019, acciones y metas para la reducción de la tasa de homicidios y feminicidios y se lanzó la Estrategia de Prevención del Feminicidio y la Violencia Sexual. En 2018, el ISDEMU, la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y la UTE suscribieron una carta de intenciones para la implementación del proyecto “Institucionalización de un Sistema de Información para el Análisis Cualitativo y Cuantitativo del Fenómeno de la Violencia Feminicida en El Salvador”.
56. La Asamblea Legislativa tiene en estudio el Anteproyecto de Ley Especial para la Atención, Protección y Reparación Integral a Víctimas de Delito y Violencia.
Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres
57. En el ámbito de la participación política, para el período 2018-2021, El Salvador cuenta con 26 diputadas y con 27 alcaldesas. En el período 2014-2019, 8 mujeres ocuparon cargos en el Gabinete de Gobierno, 3 Ministras y 5 Viceministras. La gestión gubernamental 2019-2024, promoverá la composición de un Gabinete paritario, con amplia participación de mujeres. Actualmente, los cargos de Procuradora General de la República y Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos son desempeñados por una mujer y también mujeres están a cargo de instancias rectoras de políticas públicas como ISDEMU, CONNA, ISNA e INJUVE.
58. En 2017, el MTPS, el MINEC y el ISDEMU, lanzaron el Programa “Gestión en Igualdad de Género (Sello IGUAL-ES)”, para fomentar buenas prácticas en la empresa privada e instituciones públicas. Además, suscribieron una carta de entendimiento para constituir la “Alianza para la igualdad de género en el ámbito laboral”.
59. El MTPS, el INSAFORP y el ISDEMU, con el apoyo de la OIT, realizaron campañas de difusión masiva dirigidas a generar iguales oportunidades y condiciones de trabajo para las mujeres, entre ellas: “Igual trabajo, igual salario”; “Empleo decente libre de violencia para las mujeres”; y “El trabajo, el estudio, la capacitación y las ocupaciones no tienen sexo, decídete a crecer”. Durante 2017, el MTPS realizó ferias de empleo exclusivas para mujeres y la DIGESTYC ejecutó el levantamiento de la Encuesta de Uso de Tiempo 2017, insumo para el cálculo de la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado en los Hogares.
60. En 2013, a partir de reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, se aprobó conceder licencia de paternidad por nacimiento o adopción con goce de sueldo, por 3 días y en 2015, se amplió a 4 meses la licencia por maternidad.
Medidas para eliminar la discriminación contra la mujer
61. El Salvador ha construido un Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS) y cuenta con un “Plan Nacional de Igualdad” (2016), que constituye la política nacional para los derechos de las mujeres. Además, se conformó el Comité Nacional para la Aplicación de la Resolución 1325 “Mujeres, Paz y Seguridad”, que en 2016 concluyó el Plan de Acción Nacional 2017-2022 para su implementación.
62. La PGR lanzó la campaña “No estás sola, DENUNCIA”, para promover la denuncia de diferentes tipos de discriminación. Además, creó el “Proceso de Atención ante Hechos de Discriminación”, que es aplicado en sus 15 Unidades de Atención Especializada para las Mujeres a nivel nacional.
63. El Programa Ciudad Mujer, a través de su Módulo de Autonomía Económica, invirtió un monto superior a tres millones de dólares en otorgamiento de créditos a mujeres;
creó el “Fondo Mujer” para mujeres vulneradas que viven en extrema pobreza y exclusión financiera; ha formado técnica y vocacionalmente a más de sesenta y cinco mil mujeres; ha realizado la colocación laboral de mujeres en los rubros de comercio, industria y servicios;
y ha establecido alianzas estratégicas de cooperación, nacional e internacional, para fortalecer proyectos de autonomía económica.
64. Durante 2016 y 2017 el MTPS ha desarrollado planes de verificación sobre el cumplimiento de derechos de las mujeres en el ámbito laboral, relacionados al ejercicio de
sus derechos en general, al goce de asuetos, al respeto de la licencia post natal, al trabajo de nocturnidad; a la brecha salarial entre mujeres y hombres; y al pago de aguinaldo.
65. En 2015 se conformó la “Red de Mujeres Funcionarias para la Igualdad”, para impulsar políticas públicas y programas para la igualdad de género y cumplir con el mandato de la legislación de igualdad para la transversalización del enfoque de género en las instituciones. Diferentes instituciones públicas cuentan con una Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género, entre ellas la PNC, la ANSP, el MICULTURA, el MINEDUCYT, el MRREE, la PGR, la CSJ, el MJSP y el MOPT. La FAES, la ANSP, la CSJ, la PGR, la SIS y el MTPS han desarrollado procesos de formación y sensibilización para su personal, en materia de derechos de las mujeres, igualdad y no discriminación, enfoque género, derechos de grupos vulnerables y lenguaje incluyente.
Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
66. Desde 2012 El Salvador cuenta con la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; la Unidad de Atención Integral e Integrada en Salud Sexual y Reproductiva del MINSAL; y con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna Perinatal y Neonatal. Como resultado, la mortalidad materna perinatal y neonatal, muestra un significativo descenso.
67. En 2016 el MINSAL presentó a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva, el cual se encuentra en discusión a la fecha. Para asegurar el acceso a anticonceptivos se ha ejecutado la oferta gratuita en establecimientos de primer y segundo nivel; ampliación de cobertura en el área rural; consejerías; creación de lineamientos técnicos para la provisión de servicios de anticoncepción; incremento del DIU como método de anticoncepción de larga duración; inclusión al listado oficial de anticonceptivos del implante de etonorgestrel, como método anticonceptivo de larga duración; y aplicación de la anticoncepción de emergencia.
68. En 2017 se aprobó la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y en Adolescentes 2017-2027, que define tres ejes de intervención: prevención;
protección especial, acceso a la justicia y restitución de derechos; y gestión del conocimiento.
69. El Módulo de Salud Sexual y Reproductiva del Programa Ciudad Mujer cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales para la prestación de servicios especializados a mujeres y en 2016 se implementó la Consulta de Alto Riesgo Reproductivo para eliminar factores de riesgo para la vida de la mujer embarazada o la del hijo o hija por nacer.
Además, el Subprograma Ciudad Mujer Comunitaria, en coordinación con el MINSAL, ha brindado atención en salud sexual y reproductiva a mujeres de zonas rurales. Mediante el Programa Ciudad Mujer Joven se ha abordado la Estrategia de prevención del embarazo en adolescentes, desarrollando jornadas de educación en salud sexual reproductiva.
Fomento de la alfabetización en mujeres y niñas
70. El Salvador ha logrado la reducción del índice de analfabetismo con el Programa Nacional de Alfabetización, que ha atendido a más de treinta y seis mil jóvenes y adultos con sobreedad, dentro y fuera del Sistema Educativo Nacional; además, se ha asegurado la continuidad educativa bajo el Programa de Modalidades Flexibles de Educación:
semipresencial, acelerada y bachillerato virtual.
Despenalización del aborto
71. En 2016 fue presentada ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código Penal, en relación al aborto consentido y propio, para permitir que este no sea punible cuando las mujeres, las niñas y las adolescentes sean abusadas sexualmente; para salvar la vida de la mujer gestante y preservar su salud; y cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina.
72. En 2018 la CSJ concedió indulto a 2 mujeres condenadas por hechos relacionados a emergencias obstétricas y el MJSP, desde 2016 a la fecha, ha realizado 5 conmutaciones de penas a mujeres condenadas por homicidio agravado, relacionados a emergencias
obstétricas y cuenta con un Plan de Reintegración y Restitución para Mujeres Procesadas por el Delito de Homicidio Agravado por Razones Obstétricas.
H. Derechos de la niñez y la adolescencia (Recomendaciones 103.19–31, 43, 45, 47–50, 58–61; 104.7–9, 25–26; 105.41)
73. La Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia que orienta la actuación del Sistema Nacional de Protección Integral, está siendo implementada a través del Plan Nacional de Acción 2014-2019. El monitoreo de los indicadores del Plan, realizado en 2017, refleja los siguientes avances: ampliación en la cobertura de atención especializada a NNA con enfermedades crónicas; creación de salas para lactancia materna en la red de hospitales, unidades de salud y clínicas empresariales; coberturas en salud preventiva y comunitaria; instalación de casas de espera materna y excelente cobertura en las vacunas aplicadas a niñas y niños. Destaca además la ampliación de los servicios y emergencias para niñas y niños que ha realizado el ISSS.
74. El CONNA desarrolla una estrategia de difusión y promoción de derechos de la niñez y adolescencia en operadores del Sistema Nacional de Protección, actores nacionales y locales, familia y comunidades, que incluye procesos de sensibilización y formación sobre directrices y mecanismos de protección; además, ha emitido lineamientos para el funcionamiento coordinado del Sistema Nacional de Protección y ha establecido rutas de atención para la efectiva derivación de casos de amenazas o vulneración de derechos de NNA. El maltrato infantil constituye un delito en el Código Penal, por lo que el CONNA ha impulsado una estrategia comunicacional para su prevención, a través de la campaña
“Marcá mi vida” y la campaña “La protección comienza en el hogar”. Desde 2016 a la fecha, se transmite el programa radial “Hablá Conmigo”, que fomenta un cambio en los métodos de crianza basados en la disciplina positiva. En 2017, se reformó la LEPINA para prohibir cualquier forma de manifestación de violencia contra NNA dentro de los centros públicos y privados de educación. El ISNA, a través del programa “Atención a la Primera Infancia”, fortalece prácticas de crianza y educación sin violencia; y con la metodología
“También Soy Persona”, capacita a madres, padres, cuidadores y representantes de instituciones en diálogo emocional, comprensión de la conducta de NNA y herramientas para una adecuada interacción con NNA.
75. En 2016 El Salvador asumió ser país pionero de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la Niñez y la Adolescencia, que fue lanzada públicamente en 2018 y en cuyo marco el CONNA y representantes de organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez, firmaron una Carta de Entendimiento para la construcción de una Hoja de Ruta para poner fin a todo tipo de violencia contra la niñez y adolescencia.
76. En 2016 se instaló el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, conformado por NNA, que representa a la niñez y a la adolescencia de los 14 departamentos del país y que promueve el ejercicio del derecho de participación. El ISNA cuenta con la Escuela de Formación en Derechos de Niñez y Adolescencia, que imparte cursos básicos sobre la LEPINA a servidores públicos y población en general. Además, implementa los programas
“Cambia tu vida”, dirigido a promover el desarrollo de NNA víctimas de violencia sexual;
“Agentes Multiplicadores Voluntarios”, para potenciar la capacidad de liderazgo participativo de adolescentes; “Colectivos de Participación” para fomentar en adolescentes el ejercicio de la ciudadanía a través del fortalecimiento de las habilidades para la vida; y
“Ciudad de la niñez y adolescencia”, que promueve el empoderamiento de NNA sobre sus derechos. También creó el Plan de Atención para la Protección de la Niñez y Adolescencia a Nivel Comunitario, que comprende atenciones integradas en diversas áreas y la protección especial de niñas, niños y adolescentes que enfrentan situación de violencia.
77. La PGR, a través de sus áreas especializadas en niñez y adolescencia, desarrolla el programa “Conoce tus Derechos”, dirigido a estudiantes; y desde la Unidad Preventiva Psicosocial, brinda charlas a estudiantes sobre la LEPINA, prevención del embarazo adolescente, acoso y abuso sexual, trata de personas, violencia intrafamiliar, y autoestima; y realiza ferias de derechos para NNA en situación de calle.
78. En 2017 El Salvador reformó el Código de Familia y eliminó totalmente el matrimonio infantil; además, se presentó la “Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes” 2017-2027 y en 2018 se aprobó la
“Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2018-2028”, para garantizar las oportunidades para el desarrollo integral de niñas y niños desde la gestación hasta los nueve años.
79. El MINSAL ha brindado atención integral en salud a NNA, teniendo en cuenta la aplicación de los Lineamientos Técnicos de Atención Integral a Todas las Formas de Violencia y el PESS. También ha implementado el programa “Intervención en salud mental en la infancia y adolescencia ante el fracaso escolar”. Las Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno ha sido la estrategia pedagógica utilizada por el MINEDUCYT para prevenir el abandono escolar.
80. La Constitución de la República, el Código de Trabajo y la LEPINA establecen garantías de protección para menores de dieciocho años frente al empleo, como la limitación de edad para el trabajo y de horas laborales; y la prohibición de realizar labores insalubres o peligrosas. Además, el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil propuso la creación del Acuerdo Ministerial relativo al “Listado de actividades y trabajos peligrosos en los que no podrán ocuparse niños, niñas y adolescentes” (2011) y construyó el “Protocolo Interinstitucional para el Retiro y Prevención de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Trabajo Infantil”.
81. La Ley Especial contra la Trata Personas establece la “explotación humana” como una modalidad del delito de trata de personas, sancionado con prisión de 16 a 20 años, cuando la víctima sea NNA, persona adulta mayor o persona con discapacidad. Se establecen como formas de explotación humana la servidumbre, la explotación sexual, el trabajo forzado y la mendicidad forzada, entre otras. En 2015 se creó la “Programación Operativa 2015-2017”, como un instrumento gerencial para la gestión de la “Hoja de Ruta para hacer de El Salvador un país libre de trabajo infantil y sus peores formas”.
82. El Salvador cuenta con 5,184 centros educativos públicos, que brindan atención educativa en 196 municipios y se garantiza el acceso a adolescentes y mujeres embarazadas. Además, cuenta con 166 secciones de Educación Acelerada para la atención de estudiantes con sobre edad y en riesgo de abandono escolar e incorpora el elemento accesibilidad en la mejora o construcción de centros educativos. Se ha aumentado en un 30% la matrícula escolar de niños y niñas de primero a sexto grado y la promoción de estudiantes de primer y segundo ciclo, para que retornen al Sistema Educativo en cualquiera de sus modalidades.
83. Se implementó el Programa “Jóvenes con Todo”, para mejorar las condiciones de empleabilidad para la inserción laboral y productiva de jóvenes en situación de vulnerabilidad por la violencia social. De abril de 2016 a mayo de 2018, el MINEDUCYT ingresó al sistema de modalidad flexible a 1,412 jóvenes de 15 a 29 años, que fueron derivados desde el programa “Jóvenes con Todo”.
I. Personas privadas de libertad (Recomendación 103.18)
84. El Salvador ha impulsado una reingeniería del Sistema Penitenciario que ha tenido como prioridad la rehabilitación y reinserción efectivas de las personas privadas de libertad, por lo que ha implementado el modelo de gestión penitenciaria “Yo Cambio”, que propicia la participación de los internos en los ámbitos laboral, cultural, deportivo, atención sanitaria, el involucramiento de la seguridad, la transferencia de conocimientos y la intervención de la familia y la comunidad. Además, se han instalado Granjas Penitenciarias para enfrentar el hacinamiento carcelario y se han instalado “cocinas escuelas” en varios centros penitenciarios, para la preparación de alimentos para la población interna. Se cuenta con el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE), que registra y caracteriza a las personas privadas de libertad, incluyendo datos sobre su situación jurídica, cómputo de la pena y desarrollo de programas y se realiza una clasificación según su peligrosidad, para su ubicación y tratamiento penitenciario personalizado.
