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Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

74. La Ley Fundamental consagra la garantía fundamental del respeto de los derechos humanos de los extranjeros, con independencia de su nacionalidad. Hungría ofrece una condición jurídica diferenciada y autónoma a los apátridas, los beneficiarios de protección internacional, las víctimas de la trata y los menores no acompañados (que no son beneficiarios de protección internacional). El respeto de los derechos humanos está garantizado en todas las etapas de la solicitud de asilo y del procedimiento de vigilancia de extranjeros. A las personas con necesidades especiales se les aplican normas especiales: los menores no acompañados están amparados por el marco del sistema profesional de

protección de la infancia, que atiende al principio primordial del interés superior del niño y promueve la adopción de medidas contra los malos tratos y la negligencia (95.28).

75. En 2015 Hungría enfrentó una presión sin precedentes en materia de migración y asilo. En comparación con 2014, el número de personas detenidas por cruzar ilegalmente las fronteras de Hungría, así como de solicitantes de asilo, aumentó en un 300%. El Gobierno asignó al respecto unos 65 millones de euros de recursos presupuestarios adicionales. A pesar de todos los esfuerzos, el 15 de septiembre de 2015 el Gobierno tuvo que declarar una “situación de crisis” debido a seis meses de migración masiva. Hungría, actuando en el marco permitido por el derecho internacional y de la Unión Europea, ha adoptado nuevas medidas para mejorar la protección de sus fronteras y la eficacia de su sistema de asilo, a fin de distinguir a los verdaderos refugiados de los migrantes económicos en gran escala (véase el punto 2 del anexo). Una modificación del nuevo Código Penal aumentó las sanciones contra los contrabandistas de personas y tipificó nuevos delitos en relación con los daños a la valla fronteriza y su cruce ilícito. Los nacionales de terceros países que sean detenidos son informados de sus derechos y obligaciones, incluido el derecho a solicitar protección internacional durante el procedimiento de vigilancia de extranjeros (95.27). Se ha seguido observando el principio de no devolución y respetando la dignidad de las personas, incluso en el procedimiento de asilo acelerado. En lo que se refiere a las solicitudes de asilo rechazadas y a otros migrantes ilegales, el fiscal vigila el procedimiento de expulsión, durante el cual se garantiza el cumplimiento de las normas de derechos humanos. En consonancia con la Directiva sobre Retorno de la Unión Europea, el derecho nacional prefiere el retorno voluntario, pero habida cuenta de que Hungría tiene fronteras externas, las expulsiones se realizan mediantes acuerdos de readmisión (94.111).

76. A raíz de las medidas legislativas y prácticas introducidas a partir del 15 de septiembre de 2015, las rutas de migración irregular se desviaron de Hungría. Entre el 15 de septiembre y el 27 de noviembre se presentaron 5.081 solicitudes en Hungría y solo 372 se rechazaron por inadmisibles. Entre el 15 de septiembre y el 6 de noviembre se presentaron 579 solicitudes en las zonas de tránsito y, en su gran mayoría (487), se resolvieron con arreglo a la normativa general (y no al procedimiento aplicado en la frontera), y los solicitantes fueron transferidos de las zonas de tránsito a los centros de acogida.

77. Desde 2014, los beneficiarios de protección internacional tienen la oportunidad de firmar un contrato con el organismo de asilo para recibir apoyo personalizado con el fin de facilitar su integración. En 2014 se firmaron 483 contratos de integración y en 2015 (al 25 de noviembre), 280. Además, los solicitantes de asilo tienen derecho a trabajar dentro del territorio de los centros de acogida durante nueve meses, contados a partir de la presentación de la solicitud de asilo. Pasado ese período tienen acceso al mercado de trabajo en virtud de las normas generales aplicables a los nacionales de terceros países (94.31, 95.28).

78. Hungría se esfuerza constantemente por mejorar las condiciones de vida de los refugiados y solicitantes de asilo. Durante el procedimiento de asilo se proporciona a los solicitantes de asilo alojamiento y atención sanitaria gratuitos. Los beneficiarios de protección internacional tienen derecho a educación, vivienda, atención de salud y apoyo social en pie de igualdad con los ciudadanos húngaros, y disponen de facilidades de acceso a la adquisición de la ciudadanía. Además, pueden firmar un contrato de integración que prevé prestaciones pecuniarias y servicios que facilitan su integración. Asimismo, reciben ayudas para el aprendizaje del idioma, educación, vivienda, salud y servicios sociales por conducto de las instituciones locales y las ONG. El Gobierno pone a su disposición diversos proyectos para la realización de esas actividades.

79. Deben distinguirse claramente los distintos tipos de detención administrativa de los no ciudadanos que prevé la legislación húngara: la detención en el contexto de la

inmigración (internamiento de extranjeros con fines de vigilancia y detención previa a la expulsión) y la detención de solicitantes de asilo. La legislación de Hungría cumple con las normas internacionales y de la Unión Europea. Los beneficiarios de protección internacional tienen derecho a residir en Hungría, por lo tanto, no pueden ser objeto de detención administrativa.

80. El objetivo de la detención en el contexto de la inmigración es garantizar la aplicación de la orden de expulsión de migrantes en situación irregular, si no pueden aplicarse otras medidas menos coercitivas. El organismo de inmigración puede ordenar la detención por un máximo de 72 horas, detención que solo un tribunal puede prorrogar varias veces, por un máximo de 60 días. Puede ascender a un máximo de 6 meses (en el caso de una familia con menores, 30 días) y únicamente un tribunal puede prolongarla en casos excepcionales a 12 meses. De conformidad con el memorando tripartito concertado entre las fuerzas del orden, la Representación Regional del ACNUR y el Comité de Helsinki de Hungría, se garantiza el control civil de la detención en el contexto de la inmigración, en particular mediante visitas in situ.

81. Los centros de detención de inmigrantes se modernizan y renuevan constantemente;

las dos últimas renovaciones fueron las del albergue vigilado de Kiskunhalas, en julio de 2015, y el centro de detención de Győr, en octubre de 2015 (94.112, 94.113, 95.27). Desde 2011, los trabajadores sociales y comunitarios y el personal de las ONG colaboran con las autoridades para facilitar información y organizar programas dirigidos a los migrantes de los centros. También para 2016 se prevén propuestas de proyectos de esa índole.

82. En 2012, la policía —autoridad que aplica la detención en el contexto de la inmigración— concluyó un curso de formación para agentes del orden titulado “Garantías en materia de Derechos Humanos y Migración Internacional” (cofinanciado por el Fondo Europeo para el Retorno). En 2013, agentes de vigilancia de extranjeros participaron en los cursos de formación organizados por el ACNUR y la Fundación Cordelia sobre las necesidades especiales de las personas vulnerables, los conocimientos jurídicos y psicosociales necesarios y la utilización del cuestionario PROTECT. Se imparte formación continua intercultural y psico-táctica a todo el personal de los centros de detención, y como resultado de esta capacitación se han reducido considerablemente los conflictos derivados de las diferencias interculturales entre guardianes y detenidos.

83. El principal objetivo de la detención de solicitantes de asilo es garantizar la presencia de este en el procedimiento de asilo cuando se han agotado las demás medidas (lugar de residencia designado, fianza de asilo, presentación periódica ante el organismo encargado de los refugiados). El organismo encargado del asilo puede ordenar la detención por un máximo de 72 horas, que solo puede prorrogar un tribunal, varias veces, por un máximo de 60 días por vez y hasta un total de 6 meses. Solo excepcionalmente podrá detenerse a familias con niños, por un período máximo de 30 días, si la reclusión redunda en el interés superior del niño. Los solicitantes de asilo tienen derecho a circular libremente dentro del centro de acogida, cerrado y vigilado, de la Oficina de Inmigración y Nacionalidad. Ordenar la detención de solicitantes de asilo no es algo habitual en Hungría, sino más bien excepcional. En 2015, solo el 1,5% de los solicitantes de asilo fueron detenidos (en 2014, 4.849, y en 2015, menos de la mitad).

84. Las personas afectadas por órdenes de detención en el contexto de la inmigración y del asilo pueden impugnar las órdenes (gratuitamente) ante un tribunal, que debe decidir al respecto en un plazo de ocho días. Los detenidos tienen derecho a formular objeciones, quejas y declaraciones públicas y a presentar peticiones. Si se denuncian malos tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el fiscal debe investigar la denuncia dentro de un plazo de cinco días. Cuando se aplica la detención de un solicitante de asilo, este puede recurrir directamente al fiscal, al Defensor del Pueblo y a las ONG que operan sobre el terreno. La Fiscalía también tiene la posibilidad de examinar de oficio la legalidad de la

vulneración de la libertad de la persona. El Mecanismo Nacional de Prevención establecido con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura inició sus actividades en 2015 en la Oficina del Defensor del Pueblo, lo que refuerza aún más el control de los centros de detención (95.25, 95.26, 95.27).

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