GE.16-02026 (S) 040316 150316
Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 25º período de sesiones
2 a 13 de mayo de 2016
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos*
Hungría
* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/25/HUN/1
Asamblea General Distr. general 12 de febrero de 2016 Español
Original: inglés
Índice
Página
I. Metodología y proceso de consulta ... 3
II. Normativa y marco institucional nuevos establecidos desde el examen anterior ... 3
III. Alcance de las obligaciones internacionales y cooperación con los mecanismos de derechos humanos ... 3
IV. Compromisos voluntarios y promesas... 4
V. Protección y promoción de los derechos humanos: aplicación de las recomendaciones del EPU de 2011 ... 5
A. Medios de comunicación y libertad de expresión ... 5
B. Ratificaciones y cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos... 5
C. Infraestructura de derechos humanos, incluidas las instituciones nacionales de derechos humanos ... 6
D. Cooperación con la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos ... 7
E. Familias ... 7
F. La mujer y la igualdad de género ... 8
G. Los niños ... 10
H. Personas con discapacidad ... 11
I. Orientación sexual e identidad de género ... 12
J. Condiciones de reclusión, malos tratos, tortura, pena de muerte ... 13
K. Racismo, problemas relacionados con los romaníes y delitos motivados por prejuicios ... 14
L. Protección de las minorías ... 18
M. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo ... 19
N. Trata de personas ... 22
O. Desarrollo ... 23
I. Metodología y proceso de consulta
1. El segundo informe nacional de Hungría para el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (EPU), preparado sobre la base de las directrices generales aprobadas por el Consejo, fue coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio y aprobado por el Gobierno. Contiene la información más actual sobre la aplicación de las recomendaciones, recabada a partir de datos detallados facilitados por los ministerios competentes y las autoridades nacionales. Esta información fue complementada por el Grupo de Trabajo Interministerial de Derechos Humanos, establecido por el Gobierno a raíz del EPU de Hungría de 2011 (véase la sección V. 4.), e integrado, entre otros, por sus subgrupos temáticos, en los que participaron más de 50 organizaciones no gubernamentales (ONG) (anexo, punto 1). El proyecto de informe se presentó además a todos los miembros de la Mesa Redonda sobre Derechos Humanos, establecida por el Grupo de Trabajo, para que formulasen sus observaciones.
II. Normativa y marco institucional nuevos establecidos desde el examen anterior
2. Desde 2010 Hungría ha examinado los principales instrumentos y mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos y establecido una nueva reglamentación al respecto, con miras a consolidarlos. Como resultado de este proceso, se aprobaron una nueva constitución —la Ley Fundamental del país—, varias leyes capitales y otros instrumentos legislativos. Asimismo, los derechos humanos se han visto fortalecidos con estrategias nacionales relativas a numerosos ámbitos (como la igualdad social de hombres y mujeres, las personas de edad, los jóvenes, la protección del medio ambiente, la atención de salud y los romaníes) (94.28, 94.32, 94.33, 94.37).
La Ley Fundamental
3. Dados los cambios introducidos en la estructura organizativa del Estado y en la competencia de diversos órganos regidos por la Constitución, así como la finalización y consolidación de disposiciones sobre los derechos fundamentales y la adopción de normas detalladas sobre temas importantes, como la hacienda pública, se imponía la aprobación de una nueva Constitución. La anterior Constitución (aprobada en 1949 y modificada unas 50 veces desde la transición a la democracia en 1989) no preveía una estructura adecuada para esas notables transformaciones. En el punto 2 del anexo se detallan los elementos y modificaciones más importantes de la Ley Fundamental.
4. En el punto 2 del anexo figuran las leyes y medidas normativas relacionadas con la reforma penal integral, la justicia adaptada a las necesidades del niño, la prevención del delito, la protección de las víctimas, la lucha contra la violencia doméstica, la protección de las minorías, el empleo, la libertad de información, los solicitantes de asilo, los refugiados, los migrantes, la igualdad de oportunidades y las personas con discapacidad, la trata de seres humanos, la prevención del abandono escolar prematuro.
III. Alcance de las obligaciones internacionales y cooperación con los mecanismos de derechos humanos
5. Hungría está firmemente decidida a cumplir todas sus obligaciones internacionales por medio de su ordenamiento jurídico. La Ley Fundamental establece que la legislación
nacional se ajusta a las normas del derecho internacional generalmente reconocidas y las acepta. Otras fuentes del derecho internacional pasarán a formar parte del sistema jurídico de Hungría mediante su incorporación en las normas jurídicas internas. Por lo tanto, los tratados internacionales promulgados (y, por ende, las obligaciones de derechos humanos) forman parte de la legislación nacional y son directamente aplicables por los tribunales. Si una norma interna parece contravenir las obligaciones de derechos humanos de Hungría, los tribunales suspenden las actuaciones en curso y remiten la cuestión al Tribunal Constitucional que, en última instancia, puede anular la ley nacional incompatible (94.15).
Hungría es Estado parte en la gran mayoría de las convenciones internacionales y europeas de derechos humanos, así como en la mayoría de sus Protocolos. En cuanto a las ratificaciones desde el último EPU, véase la sección V. B.
6. Hungría ha sido una firme defensora del Consejo de Derechos Humanos desde la creación de este, del que fue miembro entre 2009 y 2012, y del que también ocupó la vicepresidencia en 2012. Hungría presenta su segunda candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el período 2017-2019. El país asigna suma importancia al examen periódico universal, en calidad de Estado tanto examinado como examinador y se esfuerza por que el eje central de cada examen sea la mejora de la situación de los derechos humanos sobre el terreno. Asimismo, promueve recomendaciones concretas, cuantificables y viables. Hungría es un aliado y colaborador asiduo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y asigna gran importancia a su independencia y eficacia. También contribuye anualmente al presupuesto del ACNUDH.
7. Hungría es país anfitrión de representaciones regionales y centros de servicios compartidos mundiales de diversos organismos especializados de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias internacionales activas en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado (ACNUR), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). Al proporcionar instalaciones y servicios a estas organizaciones, Hungría contribuye considerablemente a que su funcionamiento sea rentable y por consiguiente más eficaz.
IV. Compromisos voluntarios y promesas
8. Desde 2008, Hungría organiza anualmente el Foro de Derechos Humanos de Budapest, que ofrece la oportunidad de intercambiar opiniones sobre los derechos humanos y cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales en esta materia y de representantes de ONG, gobiernos y el mundo académico.
9. Hungría se compromete a:
• Desempeñar un papel activo en el Consejo de Derechos Humanos, en particular promoviendo los derechos de las minorías, los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos, así como la libertad de religión y de creencias y la independencia de los magistrados y abogados;
• Cooperar con los instrumentos y mecanismos del Consejo de Derechos Humanos, en particular manteniendo su invitación permanente a los relatores especiales (94.35);
• Garantizar que el Foro de Derechos Humanos de Budapest siga celebrándose anualmente, para crear conciencia y difundir el conocimiento sobre los derechos humanos universales y las libertades fundamentales.
V. Protección y promoción de los derechos humanos:
aplicación de las recomendaciones del EPU de 2011
10. Durante su primer EPU en mayo de 2011, Hungría recibió 148 recomendaciones, de las cuales aceptó 122 y rechazó 26. De conformidad con su compromiso voluntario, el Gobierno, en su informe de mitad de período1 presentó amplia información actualizada sobre el estado de la aplicación de las recomendaciones. Debido a las restricciones estrictas sobre el número de palabras, el presente informe es más conciso y se ha agrupado en torno a diez temas. Para facilitar la consulta, el número de la recomendación pertinente de 2011 figura entre paréntesis a lo largo del texto. El texto completo de las recomendaciones agrupadas figura en el anexo (punto 4).
A. Medios de comunicación y libertad de expresión
11. El Gobierno de Hungría está y seguirá estando dispuesto a dialogar con el fin de tratar de resolver las preocupaciones planteadas respecto de la nueva reglamentación sobre medios de comunicación. Por consiguiente, las observaciones y preguntas específicas relativas a disposiciones concretas de las leyes en la materia se examinaron a nivel ministerial y de expertos, en consulta con las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Comisión Europea y el Consejo de Europa (94.9). Como resultado de ese examen, la reglamentación sobre medios de comunicación se armonizó con los requisitos de las normas internacionales de derechos humanos: las normas actuales contienen exclusivamente las limitaciones del derecho a la libertad de expresión que están plenamente reconocidas por el derecho internacional (94.89, 95.6, 95.7, 95.8).
Por ejemplo, únicamente en casos excepcionales, y por decisión de un tribunal, se puede obligar a los periodistas a revelar la fuente de su información (94.90). Si el derecho a la libertad de expresión entra en conflicto con los derechos fundamentales de la persona, el organismo rector de los medios de comunicación (Dirección Nacional de Medios de Comunicación y de Información y Comunicaciones) y su Comisionado pueden adoptar medidas, pero solo si se vulnera el contenido esencial de la dignidad humana. Todas las decisiones de la Dirección Nacional de Medios de Comunicación y de Información y Comunicaciones pueden impugnarse ante los tribunales. La Dirección se creó como órgano independiente y autónomo, en conformidad con la nueva Ley Fundamental, e informa periódicamente (entre otras cosas sobre su papel regulador) al Parlamento, que no ejerce injerencia alguna en su funcionamiento cotidiano (95.21).
B. Ratificaciones y cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos
12. En 2012, en consonancia con sus promesas, Hungría se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (94.1, 94.2, 94.3, 94.4, 94.5, 95.1, 95.3). En el anexo (punto 5) figura la lista de las otras ratificaciones. Los ministerios competentes están examinando actualmente la adhesión a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (94.5, 94.6, 94.7, 95.1, 95.3). En relación con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Gobierno considera que los mecanismos de vigilancia existentes en el marco de diferentes organizaciones internacionales que se ocupan de los derechos contemplados en el Pacto (como la OIT, el CE y la Unión Europea) proporcionan un nivel adecuado de protección de los derechos sociales. En el marco de estos mecanismos Hungría cumple plenamente sus obligaciones en materia de presentación de informes (95.2). No se aceptaron las recomendaciones relativas a la Convención sobre los Trabajadores
Migratorios, ya que varias disposiciones de ese instrumento se rigen por la normativa de la Unión Europea, por lo que ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Hungría, es parte en ella (95.1, 96.1, 96.2, 96.3, 96.4, 96.5).
13. Hungría coopera plenamente con los procedimientos especiales del Consejo, y, en cumplimiento de su promesa (94.34, 94.35), mantiene la invitación permanente a los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de derechos humanos cursada en 2001. El Gobierno respondió positivamente a todas las solicitudes de los titulares de mandatos, y desde el último ciclo del EPU ha organizado cinco visitas y ha respondido a todas las cartas de transmisión de denuncia y otras comunicaciones (véase la lista en el punto 6 del anexo).
14. Hungría ha presentado puntualmente sus informes periódicos al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y al Comité de los Derechos del Niño, así como su examen al cabo de 20 años de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
El Gobierno, dentro de los límites de su capacidad, se esfuerza por evitar nuevos atrasos y dar respuesta a los cuestionarios de los titulares de mandatos del Consejo de Derechos Humanos (94.36).
C. Infraestructura de derechos humanos, incluidas las instituciones nacionales de derechos humanos
15. La Ley Fundamental implicó cambios importantes en la estructura y competencias del Tribunal Constitucional. Desde 2011, el Tribunal está compuesto por 15 miembros, en lugar de 11, que son elegidos por una mayoría de dos tercios de los votos de todos los diputados del Parlamento por un período de 12 años. Desde la entrada en vigor de la Ley Fundamental, la función más frecuente del Tribunal ha sido la de decidir sobre el denominado recurso de inconstitucionalidad, que puede presentarse al Tribunal principalmente cuando una decisión judicial viola un derecho de un peticionario, garantizado por la Ley Fundamental. El examen a posteriori de la conformidad de los textos legislativos con la Constitución puede ser iniciado por el Gobierno, una cuarta parte de todos los miembros del Parlamento, el Presidente del Tribunal Supremo (Kúria), el Fiscal General o el Comisionado Parlamentario de Derechos Civiles (en lo sucesivo, Defensor del Pueblo). Aunque la Ley Fundamental revocó la jurisprudencia del Tribunal relativa a las decisiones dictadas antes de la entrada en vigor de dicha Ley, el Tribunal, en su decisión 13/2013 dictaminó que: “en casos futuros el Tribunal Constitucional podrá utilizar los argumentos, principios jurídicos y correlaciones constitucionales elaboradas y formuladas en sus decisiones anteriores (…)”, lo que otorga garantías adecuadas para su desempeño apropiado.
16. La Ley Fundamental creó un sistema coherente y armónico de defensa de los derechos civiles, por medio del Defensor del Pueblo, fortaleciendo la estructura anterior, establecida en 1995. En este nuevo sistema, el Parlamento elige un solo Defensor del Pueblo dotado de la totalidad de los derechos y obligaciones necesarios para la protección efectiva de los derechos fundamentales. Los dos Defensores del Pueblo Adjuntos son responsables, respectivamente, de la protección de los intereses de las generaciones futuras y de las minorías nacionales que viven en Hungría. Son elegidos por un período de seis años con el voto de dos tercios de todos los diputados. El 29 de diciembre de 2014 la Oficina del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, concedió la acreditación de categoría
“A” a la Defensoría del Pueblo (94.17, 94.18, 94.19, 94.20, 94.21, 94.22, 94.23, 94.24, 94.25, 94.26, 94.27, 95.15).
17. Mediante la Ley sobre el Derecho a la Libre Determinación Informativa y a la Libertad de Información se creó el Organismo Nacional de Protección de Datos y Libertad de Información. El Organismo, en consonancia con las normas europeas e internacionales, está dotado de las facultades de un mediador y de un órgano administrativo (94.21).
18. La Ley de Igualdad de Trato es una ley general de lucha contra la discriminación que vela por la coherencia de las normas existentes. Se ajusta a las normas internacionales pertinentes y contiene disposiciones coherentes, amplias y detalladas contra la discriminación. Además de las disposiciones generales, la Ley prevé la imposición del cumplimiento de la igualdad de trato en ámbitos determinados y prohíbe la discriminación directa e indirecta. En la Ley se dispuso la creación del Organismo para la Igualdad de Trato que, en relación con las causas de los particulares, está facultado para intervenir de oficio o a petición de la parte agraviada. El Organismo también publica información general y organiza programas de investigación y capacitación para promover la igualdad de trato en todos los aspectos de la vida pública. Con la nueva reglamentación de 2012, pasó a ser autónomo, y solo el Parlamento puede reglamentar las cuestiones relativas a su organización, funcionamiento y reglamento. La situación financiera del Organismo se ha estabilizado (2010, 207 millones de forint2; 2011, 190 millones; 2012, 111 millones; 2013, 213 millones, 2014, 273 millones y 2015, 322 millones). Mediante su red de asesores en materia de igualdad de trato, el Organismo aplica un enfoque innovador en su objetivo de configurar las actitudes del ciudadano y promover el acceso a los servicios públicos (94.10, 94.49, 94.60, 95.16).
19. Hungría es uno de los pocos Estados de Europa donde pueden presentarse denuncias contra la policía ante un órgano independiente, elegido por el Parlamento. De conformidad con la Ley de Policía, las víctimas de malos tratos infligidos por la policía pueden acudir al Órgano Independiente de Denuncias contra la Policía, cuyos miembros son elegidos por el Parlamento por un período de seis años. Si la denuncia de la persona detenida se refiere a una agresión o a trato inhumano o humillante, el Director de la institución debe remitirla al Fiscal en un plazo de cinco días a partir de la presentación de la denuncia.
D. Cooperación con la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos
20. Como seguimiento al EPU de 2011, en 2012 el Gobierno de Hungría creó un Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de carácter interministerial al que se encomendó la misión de vigilar el respeto de los derechos humanos, consultar con los interesados que se dedican a cuestiones relacionadas con estos derechos, asesorar al Gobierno sobre la legislación en materia de derechos humanos y observar la aplicación de las recomendaciones recibidas por Hungría en el proceso del EPU. El Grupo de Trabajo dirige una Mesa Redonda de Derechos Humanos integrada por 11 subgrupos de trabajo temáticos en la que participan representantes de los ministerios, la Defensoría del Pueblo, el Organismo para la Igualdad de Trato, el Organismo Nacional de Protección de Datos y Libertad de Información y más de 54 ONG. Las propuestas y críticas de los miembros se presentan a nivel de ministros de Estado al Grupo de Trabajo para que se adopten medidas de seguimiento que pueden dar lugar a propuestas legislativas y a otras medidas del Gobierno (94.28, 94.32, 94.33, 94.37, 95.17, 95.18). Véase más información en el punto 1 del anexo.
E. Familias
21. Los datos del censo de 2011 indican que, de un total de 2.177 millones de familias de Hungría, 1.241 millones tienen niños. La situación económica de esas familias ha
mejorado gracias a que entre 2010 y 2016 se invirtió un total de 1,1 billones de forint en gastos extraordinarios de apoyo a la familia.
22. A fin de mejorar la seguridad social de las familias y aliviar la carga pecuniaria de la crianza de los hijos, el sistema de apoyo a las familias concede a las que tienen hijos una gran variedad de prestaciones, de conformidad con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. A partir de 2014 se ampliaron las prestaciones para el cuidado de los hijos paralelamente a una mayor desgravación fiscal de las familias. En el marco del programa de lucha contra la pobreza infantil, los denominados comedores sociales infantiles de verano tienen por objeto proporcionar a los niños desfavorecidos por una o múltiples causas al menos una comida caliente al día durante las vacaciones de verano. La suma invertida en los comedores para niños durante el verano aumentó de 2.640 millones de forint en 2014 a 3.000 millones en 2015. Pueden participar en el programa las administraciones locales que estén en condiciones de ofrecer a los niños una comida al día.
Los niños necesitados que asisten a parvularios, jardines de infancia y escuelas tienen derecho a prestaciones en especie consistentes en comida total o parcialmente gratuita en los comedores de esas instituciones, así como en libros de texto gratuitos. En 2015, la suma total de las prestaciones con cargo al presupuesto central para los comedores total y parcialmente gratuitos en parvularios, jardines de infancia y escuelas, así como para los comedores sociales de vacaciones de verano ascendió a 67.000 millones de forint (95.22).
23. A fin de promover la conciliación de la vida laboral y familiar, el Gobierno introdujo en 2014 un conjunto de medidas adicionales de prestaciones para el cuidado de los hijos, a fin de ayudar a las mujeres jóvenes en edad de procrear. Con objeto de ayudar a las madres que se reincorporan al mercado de trabajo, desde 2011 ha aumentado en un 20%
el número de plazas de guardería para niños menores de 3 años. Se han iniciado varios programas y proyectos destinados a eliminar estereotipos y actitudes profundamente arraigados, en particular en la esfera de “la mujer y la ciencia” (94.42).
24. Además de aumentar el apoyo a la vivienda, desde 2013 la reducción del costo de los servicios públicos en un 35% contribuye a que las personas que viven en la pobreza puedan criar a sus hijos. Las medidas encaminadas a rescatar la vivienda de las personas que contrajeron hipotecas en divisas también ayudan a lograr ese objetivo. A quienes participan en los programas de capacitación (personas que, en su mayoría, viven en la pobreza extrema) se les pagan prestaciones de subsistencia (en lugar de la asistencia social general). Se ha aumentado en un 15% la cuantía de la prestación en efectivo concedida a quienes cuidan a familiares que necesitan cuidados intensivos. Cuanto más grave es el estado de la persona necesitada de cuidados, mayor es la prestación. El 13% de los cuidadores que reciben en mayor cuantía prestaciones por proporcionar cuidados atienden a niños (principalmente con discapacidad). El Gobierno puso en marcha el sistema de Centros de Atención Infantil Buen Comienzo, destinados a garantizar las mejores oportunidades a los niños en la primera infancia (menores de 3 años de edad) que viven en condiciones de extrema pobreza, lo que ayuda a asegurar un sano desarrollo físico, intelectual, emocional y moral. A finales de 2015, funcionaban, en total, 112 Centros.
F. La mujer y la igualdad de género
25. En 2015 se estableció el Subcomité de la Dignidad de la Mujer como parte del Comité de Cultura del Parlamento que tiene como objetivos prioritarios la seguridad de la mujer y la lucha contra la violencia doméstica. El Subcomité apoya el trabajo gubernamental de preparación de la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica. La mejora del empleo y de la participación económica de la mujer figura entre los objetivos del Comité, de conformidad con los objetivos de la iniciativa Europa 2020. El Subcomité se
propone apoyar el adecuado reconocimiento del trabajo de la mujer, a fin de fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar y aumentar la participación de la mujer en la vida política y pública. El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos (sección V. D.) y su Grupo de Trabajo temático sobre la condición de la mujer también examinan con frecuencia las cuestiones relacionadas con la igualdad entre los géneros (94.41, 95.16).
26. Al igual que en la anterior Constitución, la nueva Ley Fundamental contiene una definición muy amplia de la discriminación que abarca todos los aspectos de cualquier forma de discriminación, entre ellos la promoción de la igualdad de trato y la igualdad entre mujeres y hombres. Dado que también proclama la protección de la mujer, toda iniciativa legal debe someterse a una evaluación de sus repercusiones de género. La Ley de Igualdad de Trato actualizada establece un marco para la lucha contra la discriminación y determina unos 20 de grupos de personas que deben ser protegidos, entre ellos las mujeres y en particular a las madres. Define el concepto de discriminación, establece que la discriminación indirecta es punible, e introduce la posibilidad de discriminación positiva para compensar desventajas (94.10, 94.30, 94.38, 94.39, 95.9, 95.10, 95.11).
27. La disposición de la Ley Fundamental sobre el derecho a la dignidad humana del feto no tenía por objeto modificar el acceso a un aborto legal y sin riesgos cuando se cumplen las condiciones exigidas por la ley. Cabe subrayar que esas condiciones eran las mismas que en la anterior Constitución en la que no figuraba la disposición referente al feto; por lo tanto, la Ley Fundamental no ha cambiado las circunstancias en que es posible pedir un aborto (95.14).
28. Los proveedores de servicios de difusión tienen la obligación de respetar la dignidad humana en el contenido que transmiten. Esta disposición permite al Consejo de Medios de Comunicación, dependiente de la Dirección Nacional de Medios de Comunicación y de Información y Comunicaciones, tomar medidas contra contenidos discriminatorios.
Numerosos decretos del Consejo se refieren al contenido de los medios de difusión, la incitación al odio, la discriminación, la clasificación de edades errónea, etc.
29. El 1 de julio de 2013 entró en vigor una disposición jurídica específica en relación con la violencia doméstica, en consonancia con las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Cuando el autor de un delito grave de violencia sexual sea un familiar (por ejemplo, cónyuge, hermanos, padres, tutores) de la víctima, la pena aumentará (de 2 a 8 y de 5 a 10 años); por consiguiente, en la violación marital hay un factor agravante. El Reglamento de 2009 sobre la Orden de Alejamiento se actualiza constantemente sobre la base de la jurisprudencia pertinente. A fin de proteger a las víctimas, desde la última modificación de este, los tribunales impiden el acercamiento físico de las partes en los locales del tribunal; las órdenes de alejamiento preventivas también son aplicables provisionalmente y su duración se ha duplicado (94.10, 94.11, 94.14, 94.66, 94.67, 95.12, 95.13, 95.20).20). Véase la información detallada en el punto 2.b del anexo.
30. A los agentes de policía se les imparte capacitación y entrenamiento continuos sobre el contexto psicológico de la violencia doméstica, así como conocimientos especializados sobre la forma de entrar en contacto con las víctimas y tomar declaraciones a los testigos.
Se garantiza a las víctimas el acceso a la justicia y a la atención integral en centros de crisis que ofrecen protección inmediata, en particular un alojamiento seguro y asistencia (de abogados, asistentes psicológicos y trabajadores sociales). El tema de la violencia doméstica se incluye en los programas escolares anuales de prevención.
31. El nuevo Código del Trabajo (2012) consagra el principio de la igualdad de trato. El derecho a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y sin discriminación por motivos de sexo está expresamente previsto por el Código, junto con recursos adecuados y efectivos en caso de discriminación basada en los aspectos de género. En
Hungría, la diferencia salarial media de las pensiones es del 16%, mientras que en la Unión Europea de los 27 es del 40%. En realidad, no hay ninguna mujer entre los 9 ministros que conforman el Gobierno, pero el número de ministras de Estado (6) y secretarias de Estado adjuntas (19) es relativamente alto. El porcentaje de mujeres en puestos directivos de nivel medio en los ministerios es del 49% aproximadamente. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 fueron elegidas diputadas 4 mujeres (19%). En todas las alianzas para las elecciones parlamentarias de 2014 hubo mujeres entre los 5 candidatos principales. El porcentaje de mujeres que desempeñan cargos directivos es del 40% en Hungría, lo que sitúa al país en la vanguardia de la Unión Europea. Del mismo modo, en 2012 el 40% de los puestos directivos de la administración pública y de dirigentes de defensa y promoción de intereses eran mujeres. Según una publicación de la OCDE (2014), la proporción de magistradas en Hungría es de las más altas (94.42, 94.92, 94.98).
G. Los niños
32. Según el último censo (2011) en Hungría hay 2 millones de menores de 19 años de edad, 980.000 de ellos niñas y 1.020.000 niños. Desde 2005, el castigo corporal está totalmente prohibido (artículo 208 del Código Penal) en todos los entornos, incluido el hogar, por lo que el niño no podrá ser objeto de castigos corporales o emocionales, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes ni ser amenazado de serlo. También está prohibida la humillación en público. Con arreglo a la Ley de Educación Pública, debe protegerse al niño contra la violencia física y psicológica. En virtud de la Ley de la Familia, el niño tendrá derecho al respeto de su dignidad humana y a ser protegido contra el maltrato, la violencia física, sexual o psicológica y el descuido. En el curso de la ejecución de la Estrategia Nacional de Prevención de la Delincuencia 2013-2023 ha aumentado la severidad de la normativa (94.76, 94.78, 94.79).
33. En una modificación del nuevo Código Penal en 2014 se amplió el plazo de prescripción para determinados delitos contra los niños hasta después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad, a fin de que la víctima pueda darse cuenta de que ha sido objeto de un delito. Asimismo, no existe ningún tipo de prescripción para determinados delitos sexuales cuando se cometen contra un niño. La ley establece que, si un niño es víctima de un delito, tendrá derecho a recurrir a los servicios estatales de apoyo a las víctimas y reparación de daños. Únicamente las personas sin antecedentes penales pueden trabajar con niños. Los antecedentes penales contienen información concreta sobre todo delito relacionado con la infancia, incluida la inhabilitación profesional del infractor o la prohibición de ejercer (94.56).
34. La Oficina del Comisionado de Derechos Educativos contribuye a la promoción de los derechos relativos a la educación de los niños, los alumnos, los docentes y los padres.
Todo niño, progenitor, educador, investigador o docente, así como sus asociaciones, pueden presentar un recurso en casos individuales si consideran que se han vulnerado sus derechos o se amenaza directamente con vulnerarlos. El Centro de Servicios Profesionales Pedagógicos está en proceso de crear una red nacional de asesores profesionales para los docentes que incluye a expertos en resolución de conflictos escolares. Incluso antes de que el sistema esté en pleno funcionamiento, toda persona involucrada en un posible conflicto escolar puede acudir a los mediadores expertos del Centro. Esos mediadores también imparten cursos de capacitación para docentes. Se está avanzando en cuanto a la evaluación externa de las escuelas y el funcionamiento del sistema de alerta temprana para la prevención de la deserción escolar.
35. En 2014 el Gobierno lanzó el programa interactivo para niños “Internet No Olvida”, a fin de promover la utilización responsable de Internet, en particular la protección de los datos personales y la prevención del ciberacoso. El programa paralelo “Nuestros Niños en
la Red” informa a padres y maestros acerca de los peligros de Internet. A fin de aplicar eficazmente la normativa de protección de la infancia, la Dirección Nacional de Medios de Comunicación y de Información y Comunicaciones organizó en 2014 la mesa redonda “La Protección del Niño en Internet” que publica declaraciones y recomendaciones destinadas a promover la familiarización de los jóvenes con los medios de comunicación cibernéticos y garantizar la cultura del respeto de las normas por todos los proveedores de servicios de Internet. Estos y las bibliotecas públicas deben informar a sus usuarios sobre los programas informáticos gratuitos de filtrado para la protección de los niños y ponerlos a su disposición (94.56).
36. En el sistema de justicia juvenil es obligatoria la presencia de un abogado defensor.
En caso de que el acusado no tenga un abogado acreditado, las autoridades investigadoras, el fiscal o el tribunal designarán uno. De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, únicamente podrá aplicarse a un menor un castigo o una medida que suponga la privación de libertad cuando no haya otra forma de lograr el objetivo de la sanción o medida. No se le podrá aplicar la pena de prisión perpetua, ni tampoco la prisión de alta seguridad como grado más severo. Durante el cumplimiento de la pena de prisión, se separa a las niñas de los niños, y a los menores de los adultos, en instituciones correccionales especiales para menores (94.77, 94.87).
37. Como resultado de una serie de nuevos instrumentos legislativos aprobados en 2011, el Grupo de Trabajo para una Justicia Adaptada a las Necesidades del Niño, propuso varias medidas, como la creación, a partir de 2013 de salas para tomar declaraciones a los niños en las comisarías de policía. Asimismo, en 2015 se mejoró el sistema de agentes de libertad condicional para jóvenes delincuentes utilizando el método innovador de tutoría preventiva, en colaboración con el poder judicial y el sistema de protección de la infancia. El Programa de Justicia Adaptada a las Necesidades del Niño contribuye a que los niños conozcan sus derechos y obligaciones y comprendan los conceptos y procedimientos básicos utilizados en el sistema judicial (véase más información en la página 4 del anexo).
38. Con la modificación de la Ley de Protección de la Infancia del 1 de enero de 2014, el acogimiento por padres adoptivos del niño separado de su familia es una demostración clara del respeto del derecho del niño a ser criado en una familia. El número de niños que recibían servicios de protección de la infancia al 31 de diciembre de 2014 era de 20.135, de los cuales 12.832 (63,73%) estaban acogidos en familias de guarda.
H. Personas con discapacidad
39. En Hungría hay alrededor de medio millón de personas con discapacidad. La nueva Ley Fundamental prohíbe expresamente la discriminación por motivo de discapacidad. La garantía de la igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad quedó establecida en Hungría desde 1998 en una ley independiente. Con la revisión de esta Ley en 2013, la definición de persona con discapacidad responde mejor a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en virtud de ella se volvió obligatorio garantizar la accesibilidad de todos los servicios públicos, y se transformó la estructura del Consejo Nacional de la Discapacidad para dotarlo de más independencia. Sobre la base de la conciliación de una amplia gama de experiencias no gubernamentales y profesionales, recientemente se aprobó una estrategia de sustitución del internamiento de personas en instituciones, cuya aplicación se emprendió en paralelo con proyectos financiados por el Gobierno para esos efectos (38.700 millones de forint). Por otra parte, el nuevo Código Penal sanciona ciertos delitos con mayor severidad cuando han sido cometidos contra una persona con discapacidad.
40. Con la introducción del apoyo a la adopción de decisiones, ha aumentado el número de personas que han dejado de estar privadas del derecho de voto, que pasó de 1.333 en 2013 a 3.044 en 2015. Entre otras medidas adoptadas cabe mencionar la revisión del proceder de las autoridades judiciales y de tutela en relación con el apoyo ofrecido a esas personas para la adopción de decisiones y, sobre esta base, la puesta en marcha de los programas de formación propuestos por la Asociación Húngara de Personas con Discapacidad Intelectual, que participó en parte en el procedimiento de elaboración de dichos programas, dirigidos a jueces, médicos forenses, autoridades de tutela, profesionales que trabajan en instituciones sociales y de atención de salud, así como a los tutores encargados de la protección del niño. Se reestructuró el sistema de rehabilitación para el empleo, lo que ha dado lugar a un aumento considerable del número de personas con discapacidad que tienen empleo. En 2011 el número de personas con discapacidad que trabajaban en empleos asistidos ascendió a 42.000, y en 2014 a 76.000 (94.59, 94.91).
41. En la nueva Ley Fundamental se ha revisado el anterior sistema automático de limitación del derecho de voto de las personas bajo tutela (o, en algunos casos, su denegación). En la actualidad se requiere una decisión judicial para imponer cualquier restricción respecto de estos derechos a las personas bajo tutela. El juez está obligado por ley a tener en cuenta todas las circunstancias que considere pertinentes en la evaluación de la capacidad de la persona para ejercer el derecho de voto. Un cambio igualmente importante consiste en la evaluación de la capacidad de discernimiento durante cualquier procedimiento judicial, que tiene en cuenta las aptitudes en esferas concretas, en particular el ejercicio del derecho de voto (94.91).
42. En los últimos años se han realizado cambios importantes —algunos de ellos aún en curso— con objeto de fomentar el acceso de los niños con necesidades educativas especiales a una educación de calidad y prevenir la clasificación indebida como persona con discapacidad. Además, en 2013 se reformó todo el sistema de servicios pedagógicos especializados, incluidas las actividades del Comité de Diagnóstico de las Necesidades Educativas Especiales, lo que afectó a más de 300 instituciones de educación pública (período: 2012-2014, presupuesto: 2.300 millones de forint). El proceso de reforma tiene en cuenta las observaciones formuladas por las ONG, así como las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el marco de la nueva reglamentación, los servicios pedagógicos especializados y la red de docentes de educación especial itinerantes deben promover, mediante su orientación sobre perspectivas vocacionales, el adelanto satisfactorio de los niños con necesidades educativas especiales que participan en la educación inclusiva. En la actualidad, a más del 69% de los niños con discapacidad (58.000) que participan en el sistema de educación pública se les imparte una educación en un marco metodológico inclusivo. El número de alumnos con necesidades especiales de nivel secundario de formación vocacional aumentó entre 2004 y 2015, y, paralelamente, la proporción de los que recibían una educación (y formación) integrada alcanzó entre el 98% y el 99% en las escuelas de formación vocacional y en las escuelas secundarias de formación vocacional (94.97).
I. Orientación sexual e identidad de género
43. La Ley Fundamental garantiza la prohibición de la discriminación de todas las personas al enumerar las condiciones que dan derecho a protección, y al mismo tiempo introduce una categoría de “diversos”, lo que permite al legislador especificar nuevos motivos de protección. Estas condiciones de protección se indican con más detalle en la Ley de Igualdad de Trato, que contiene prácticamente todos los motivos y condiciones posibles, incluida la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (94.52). En el caso de que se haya infringido el principio de igualdad de trato, el Organismo
para la Igualdad de Trato entabla procedimientos judiciales. El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos, de carácter interministerial, administra 11 subgrupos de trabajo temáticos (con la participación de ONG), entre ellos el relativo a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (94.12, 94.30).
44. El artículo 216 del nuevo Código Penal sobre la violencia contra un miembro de la comunidad y el artículo 332 sobre la incitación contra una comunidad ponen el acento particularmente en la identidad sexual y orientación sexual de ciertos grupos de población (94.13, 94.52). En relación con el artículo 216, el nuevo Código Penal no exige que la conducta antisocial o de provocación contra una persona determinada sea demostrada:
bastará con que la motivación u objetivo racista se despliegue contra un objeto (por ejemplo, un automóvil estacionado en la calle). Si ese acto motivado por prejuicios tiene la capacidad de causar alarma en los miembros del grupo destinatario, el autor comete un delito (véase más información en el apartado sobre el discurso de odio: 94.53 y en el anexo, punto 7, sobre jurisprudencia).
J. Condiciones de reclusión, malos tratos, tortura, pena de muerte
45. La población penitenciaria de Hungría es de unas 18.000 personas. El hacinamiento varía considerablemente según la región y el tipo de institución. En la primera fase del programa de reconstrucción de prisiones, hasta diciembre de 2013, se crearon 1.058 nuevas plazas en las cárceles. Entre los años 2013 y 2015 se crearon 757 plazas, y en un futuro próximo deben hacerse efectivas otras 734. Para 2019 podrá ponerse fin por completo al hacinamiento gracias a otras 4.374 nuevas plazas (94.63, 94.64).
46. Debido al número cada vez mayor de reclusas (actualmente entre 1.300 y 1.400) se necesitará mayor coordinación central para mantenerlas separadas de los reclusos en los establecimientos penitenciarios. Gracias al programa de reconstrucción de prisiones en Hungría occidental, en la actualidad los presos pueden cumplir su pena muy cerca de su lugar de residencia. Por otra parte, la ampliación del centro de prisión preventiva de Budapest, con 100 nuevas plazas, ha tenido un efecto positivo en la situación de las reclusas (tanto presas preventivas como condenadas). En lo relativo a las Reglas de Bangkok, en la prisión Kecskemét se construyó un pabellón para albergar a las presas madres junto con su hijo, y el Hospital Central del Servicio de Prisiones cuenta con una maternidad. A las reclusas embarazadas se las transfiere a este Hospital cuatro semanas antes del parto. Las reclusas pueden solicitar la interrupción o el retraso de la pena a causa del embarazo. También pueden recibir tratamiento en hospitales civiles, con sujeción a una supervisión adecuada y a la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Además, las mujeres embarazadas o con hijos lactantes no pueden ser objeto de reclusión en régimen de aislamiento. Las pruebas del VIH/SIDA se realizan voluntariamente, y los registros corporales los practica el personal del mismo género. El Servicio de Prisiones confiere especial atención a las visitas y las relaciones familiares. Las reclusas pueden llevar a cabo actividades de esparcimiento (preparación para la vida doméstica, ejercicios aeróbicos, etc.) y laborales (por ejemplo, costura) especiales. Las reclusas menores están separadas de las adultas (94.65).
47. El Servicio Penitenciario de Hungría, el Defensor del Pueblo, las organizaciones europeas y las Naciones Unidas, así como las ONG vigilan constantemente los avances en el trato de los reclusos. El servicio de la Fiscalía encargado de la supervisión jurídica de las instituciones penales también lleva a cabo controles aleatorios. Los reclusos pueden comunicarse sin supervisión con organizaciones de derechos humanos. Periódicamente se organizan para los funcionarios de prisiones programas de formación en gestión de conflictos y programas recreativos, así como capacitación sobre lo que debe ser la forma correcta de actuar. Por otra parte, se ha ampliado la variedad en materia de recompensas
que pueden concederse a los reclusos y formas de contacto permitidas (por ejemplo, consultas con los familiares e introducción de teléfonos móviles en la prisión). El 1 de enero de 2015 empezó a funcionar en la Defensoría del Pueblo el Departamento del Mecanismo Nacional de Prevención previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, reforzándose así el control de los agentes del orden. Incumbe al fiscal investigar los malos tratos infligidos por miembros de las fuerzas policiales, y en esos casos, las víctimas pueden acudir a la Junta Independiente de Denuncias contra la Policía (véase la sección V. C.). Las víctimas también tienen acceso a toda la gama de servicios estatales de apoyo a las víctimas: protección de sus intereses, apoyo emocional y, cuando se disponga de ello, psicológico, ayuda económica inmediata, asistencia jurídica, e indemnización por el Estado. Para más información, véase el punto 2 del anexo (94.80, 94.88).
48. Son varias las normas jurídicas que garantizan que la práctica de la pena de muerte está fundamental y rigurosamente prohibida en Hungría:
• Para el Tribunal Constitucional la prohibición de la pena de muerte se deriva de la naturaleza inviolable del derecho a la vida y la dignidad humana. Habida cuenta de que la nueva Ley Fundamental de Hungría establece el derecho inviolable a la vida y la dignidad humana, la mencionada decisión del Tribunal Constitucional sigue siendo válida.
• Hungría se adhirió al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus ocho protocolos en 1993. El artículo 1 del Protocolo núm. 6 prescribe la abolición de la pena de muerte.
• Hungría también es parte en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte.
49. Como Hungría es miembro de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, un instrumento jurídico de carácter vinculante para el país. La Carta de la Unión Europea establece la abolición de la pena de muerte en su artículo 2 (derecho a la vida): “Toda persona tiene derecho a la vida. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado” (95.4).
50. Todos los elementos de la tortura que figuran en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura están contemplados en el nuevo Código Penal: en el artículo 301, sobre el delito de agresión en las actuaciones oficiales, el artículo 302, sobre el delito de agresión en las actuaciones de una persona que desempeña funciones públicas, y en el artículo 303, sobre el delito de coacción para obtener una confesión. Estos delitos se sancionan, sea cual fuere su motivación o finalidad. De conformidad con el artículo 12 y el artículo 14 del nuevo Código Penal, también se castiga al instigador y a sus cómplices (95.5).
K. Racismo, problemas relacionados con los romaníes y delitos motivados por prejuicios
Situación de los romaníes
51. La minoría étnica romaní constituye la minoría étnica más grande; cuenta con unas 750.000 personas, de los 10 millones de húngaros. Se calcula que de 500.000 a 600.000 romaníes viven en regiones desfavorecidas. Según la Ley Fundamental todo ciudadano húngaro perteneciente a una minoría nacional (entre ellas, la romaní) tiene derecho a expresarse libremente y a preservar su identidad. El Defensor del Pueblo presta especial atención a la protección de los derechos de las minorías nacionales. El Defensor del Pueblo Adjunto encargado de la protección de los derechos de las minorías nacionales informa
periódicamente sobre las observaciones relativas a la aplicación de esos derechos y señala a la atención del Defensor del Pueblo las amenazas de infracción de derechos que afectan a un grupo grande de personas físicas. El Defensor del Pueblo Adjunto puede proponer al Defensor del Pueblo el inicio de un procedimiento de oficio, participa en las investigaciones, y puede proponerle remitir el caso al Tribunal Constitucional (94.44).
La Unión Europea y la integración de los romaníes
52. En la Unión Europea viven unos 10 millones de romaníes, expuestos a la pobreza extrema, el desempleo, la discriminación y la segregación. Por ello, una de las esferas prioritarias de la Presidencia húngara de la Unión Europea en 2011 fue la aprobación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos hasta 2020. En virtud del Marco, se pedía a los Estados miembros que adoptaran estrategias nacionales de integración. Hungría fue el primer país en enviar a la Comisión Europea su Estrategia Nacional de Inclusión Social. El objetivo de la Estrategia y de su Plan de Acción es mejorar las condiciones sociales y de vida de las personas que viven en la pobreza extrema. Los dos grupos destinatarios especiales son los romaníes y los niños. Ambos documentos se refieren al bienestar infantil, la educación, el empleo, la salud, la vivienda, la inclusión, la sensibilización y la lucha contra la discriminación. En 2014, 80.000 romaníes se beneficiaron de los programas de educación y empleo.
53. El segundo Plan de Acción (2015-2017) adopta nuevas medidas para una amplia inclusión social, en particular en el mercado de trabajo. Se ha remodelado y ampliado el programa social de tierras, que es excepcional en la política social europea. Las posibilidades de empleo de las personas desfavorecidas, incluidos los romaníes, se ven reforzadas por el empleo de mujeres romaníes en combinación con la capacitación. Las prestaciones de subsistencia son un nuevo instrumento que reduce la tasa de abandono escolar. Otra esfera prioritaria es la mejora de las condiciones sociales y de vida de las personas que viven en la pobreza extrema. El programa “Mayores Oportunidades”
promueve el desarrollo social integrado y ofrece a las mujeres romaníes oportunidades de calificación y empleo asistido en los servicios sociales y de atención a la infancia (94.40, 94.48, 94.49, 94.102).
54. Desde 2013, los municipios que deseen obtener financiación nacional o de la Unión Europea tienen que adoptar un programa local de igualdad de oportunidades. Una red de tutores presta asistencia para la preparación de los programas. En la elaboración de estos planes, las administraciones locales —que tienen en cuenta, entre otras cosas, los aspectos de lucha contra la discriminación— preparan un análisis de la situación de los grupos sociales desfavorecidos en cuanto a servicios sociales, educación, empleo, salud y vivienda, y formulan un plan de acción conjunto para resolver los problemas detectados (94.47).
Empleo (94.51, 94.99, 94.106, 94.108)
55. Las disposiciones del nuevo Código del Trabajo establecen el principio de igualdad de trato y no discriminación por ningún motivo para reducir las situaciones desventajosas y apoyar la integración de los grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo. El Código prevé recursos adecuados y efectivos en caso de discriminación.
56. En 2014, se beneficiaron de los programas de empleo público 376.004 personas, unas 75.000 (20%) de las cuales, según se calcula, eran romaníes. El 12,6% de ellas había obtenido un empleo en el mercado de trabajo primario 180 días después de dejar el programa de empleo público. En 2015, el porcentaje aumentó al 13%. De 2012 a 2015, 175.317 trabajadores del sector público (entre ellos 38.567 romaníes) se inscribieron en el componente de formación del plan de empleo público, cuyo objetivo es mejorar las posibilidades de empleo de los participantes. Alrededor del 94% de los participantes finalizó la capacitación, adquiriendo competencias básicas en diversos oficios. Además, el
empleo de los romaníes se promueve mediante subsidios de capacitación y subvenciones que fomenten los proyectos de creación de empleo.
57. Las investigaciones han revelado que los responsables de las decisiones no prestaban la debida atención a los agentes económicos. En consecuencia, el Gobierno adoptó las medidas necesarias para organizar un Foro Económico de Inclusión Social, a fin de intercambiar buenas prácticas y experiencias, así como ofrecer más posibilidades de empleo en el sector privado a la población romaní.
Educación (94.48, 94.50, 94.57, 94.93, 94.94, 94.95, 94.96, 94.106, 94.108, 94.110) 58. La Ley de Educación Pública y la Ley de Igualdad de Trato prohíben expresamente la segregación; toda medida discriminatoria adoptada por instituciones (escuelas) o sus administradores es nula y carece de valor. Desde 2013, deben integrarse medidas contra la discriminación en los planes de desarrollo educativo de todas las zonas escolares. La Estrategia Nacional de Educación Pública de 2014 contiene objetivos y medidas de igualdad e inclusión en la educación pública. La organización de “clases correctivas” para niños con dificultades de aprendizaje, que había anteriormente, ha dejado de ser posible. Ya no se puede segregar a los alumnos por problemas de adaptación, aprendizaje o conducta; la escolaridad obligatoria solo podrá efectuarse en el marco de la enseñanza ordinaria. Los presuntos casos de segregación son examinados por las oficinas del Gobierno y, de ser necesario, por los tribunales.
59. En 2013, a fin de asegurar la coherencia de la educación pública, el Estado asumió el mantenimiento de todas las escuelas públicas del que antes se encargaban los municipios.
La reglamentación de 2012 sobre admisión en las escuelas primarias de los distritos escolares se propone impedir que las escuelas segreguen a los alumnos. A efectos de impedir la segregación, la administración del Estado supervisa cada año la demarcación de los distritos escolares, verificando los datos sobre el número de alumnos desfavorecidos.
Gracias a mejoras importantes en las pruebas que determinan el nivel escolar, los niños con necesidades educativas especiales pueden acceder a una educación de calidad. Asimismo, se evita la clasificación injustificada de estos niños como niños con discapacidad de aprendizaje o intelectual (es decir, la clasificación y segregación injustificadas de los niños desfavorecidos en múltiples aspectos, entre ellos los romaníes). Gracias a mejoras constantes, el porcentaje de alumnos clasificados como alumnos con discapacidad intelectual leve disminuyó del 2% (año lectivo 2005/2006) al 1,4% (2015/2016). Sobre la base de una investigación de 2015 relativa al grado de separación de los alumnos socialmente desfavorecidos en las escuelas primarias, en 2016 se adoptarán medidas de eliminación de la segregación en el marco del Programa Operativo de Desarrollo de los Recursos Humanos 2014-2020. La Estrategia de Prevención del Abandono Escolar Prematuro, que promueve el acceso a una educación inclusiva de calidad para todos, ha permitido disminuir en 2014 la proporción de alumnos que abandonan prematuramente la escuela.
60. El Programa “En el Camino” y otros programas (anexo, punto 8) tienen por objeto reducir las tasas de abandono de los alumnos romaníes en situaciones de desventaja múltiples y reintegrar a los que ya han abandonado los estudios. Con el fin de mejorar los resultados escolares, en particular los de los niños de entornos socioeconómicos desfavorecidos, desde septiembre de 2015 la educación preescolar es obligatoria a partir de los 3 años.
61. En 2013 se estableció la Mesa Redonda contra la Segregación, en la que participan el Gobierno y partes interesadas de la sociedad civil, con objeto de determinar propuestas comunes para poner fin a la segregación y eliminar la segregación espontánea y deliberada.
La Mesa Redonda también examina métodos para reconocer, evaluar y prevenir la segregación en la educación.
