Situación de los romaníes
51. La minoría étnica romaní constituye la minoría étnica más grande; cuenta con unas 750.000 personas, de los 10 millones de húngaros. Se calcula que de 500.000 a 600.000 romaníes viven en regiones desfavorecidas. Según la Ley Fundamental todo ciudadano húngaro perteneciente a una minoría nacional (entre ellas, la romaní) tiene derecho a expresarse libremente y a preservar su identidad. El Defensor del Pueblo presta especial atención a la protección de los derechos de las minorías nacionales. El Defensor del Pueblo Adjunto encargado de la protección de los derechos de las minorías nacionales informa
periódicamente sobre las observaciones relativas a la aplicación de esos derechos y señala a la atención del Defensor del Pueblo las amenazas de infracción de derechos que afectan a un grupo grande de personas físicas. El Defensor del Pueblo Adjunto puede proponer al Defensor del Pueblo el inicio de un procedimiento de oficio, participa en las investigaciones, y puede proponerle remitir el caso al Tribunal Constitucional (94.44).
La Unión Europea y la integración de los romaníes
52. En la Unión Europea viven unos 10 millones de romaníes, expuestos a la pobreza extrema, el desempleo, la discriminación y la segregación. Por ello, una de las esferas prioritarias de la Presidencia húngara de la Unión Europea en 2011 fue la aprobación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos hasta 2020. En virtud del Marco, se pedía a los Estados miembros que adoptaran estrategias nacionales de integración. Hungría fue el primer país en enviar a la Comisión Europea su Estrategia Nacional de Inclusión Social. El objetivo de la Estrategia y de su Plan de Acción es mejorar las condiciones sociales y de vida de las personas que viven en la pobreza extrema. Los dos grupos destinatarios especiales son los romaníes y los niños. Ambos documentos se refieren al bienestar infantil, la educación, el empleo, la salud, la vivienda, la inclusión, la sensibilización y la lucha contra la discriminación. En 2014, 80.000 romaníes se beneficiaron de los programas de educación y empleo.
53. El segundo Plan de Acción (2015-2017) adopta nuevas medidas para una amplia inclusión social, en particular en el mercado de trabajo. Se ha remodelado y ampliado el programa social de tierras, que es excepcional en la política social europea. Las posibilidades de empleo de las personas desfavorecidas, incluidos los romaníes, se ven reforzadas por el empleo de mujeres romaníes en combinación con la capacitación. Las prestaciones de subsistencia son un nuevo instrumento que reduce la tasa de abandono escolar. Otra esfera prioritaria es la mejora de las condiciones sociales y de vida de las personas que viven en la pobreza extrema. El programa “Mayores Oportunidades”
promueve el desarrollo social integrado y ofrece a las mujeres romaníes oportunidades de calificación y empleo asistido en los servicios sociales y de atención a la infancia (94.40, 94.48, 94.49, 94.102).
54. Desde 2013, los municipios que deseen obtener financiación nacional o de la Unión Europea tienen que adoptar un programa local de igualdad de oportunidades. Una red de tutores presta asistencia para la preparación de los programas. En la elaboración de estos planes, las administraciones locales —que tienen en cuenta, entre otras cosas, los aspectos de lucha contra la discriminación— preparan un análisis de la situación de los grupos sociales desfavorecidos en cuanto a servicios sociales, educación, empleo, salud y vivienda, y formulan un plan de acción conjunto para resolver los problemas detectados (94.47).
Empleo (94.51, 94.99, 94.106, 94.108)
55. Las disposiciones del nuevo Código del Trabajo establecen el principio de igualdad de trato y no discriminación por ningún motivo para reducir las situaciones desventajosas y apoyar la integración de los grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo. El Código prevé recursos adecuados y efectivos en caso de discriminación.
56. En 2014, se beneficiaron de los programas de empleo público 376.004 personas, unas 75.000 (20%) de las cuales, según se calcula, eran romaníes. El 12,6% de ellas había obtenido un empleo en el mercado de trabajo primario 180 días después de dejar el programa de empleo público. En 2015, el porcentaje aumentó al 13%. De 2012 a 2015, 175.317 trabajadores del sector público (entre ellos 38.567 romaníes) se inscribieron en el componente de formación del plan de empleo público, cuyo objetivo es mejorar las posibilidades de empleo de los participantes. Alrededor del 94% de los participantes finalizó la capacitación, adquiriendo competencias básicas en diversos oficios. Además, el
empleo de los romaníes se promueve mediante subsidios de capacitación y subvenciones que fomenten los proyectos de creación de empleo.
57. Las investigaciones han revelado que los responsables de las decisiones no prestaban la debida atención a los agentes económicos. En consecuencia, el Gobierno adoptó las medidas necesarias para organizar un Foro Económico de Inclusión Social, a fin de intercambiar buenas prácticas y experiencias, así como ofrecer más posibilidades de empleo en el sector privado a la población romaní.
Educación (94.48, 94.50, 94.57, 94.93, 94.94, 94.95, 94.96, 94.106, 94.108, 94.110) 58. La Ley de Educación Pública y la Ley de Igualdad de Trato prohíben expresamente la segregación; toda medida discriminatoria adoptada por instituciones (escuelas) o sus administradores es nula y carece de valor. Desde 2013, deben integrarse medidas contra la discriminación en los planes de desarrollo educativo de todas las zonas escolares. La Estrategia Nacional de Educación Pública de 2014 contiene objetivos y medidas de igualdad e inclusión en la educación pública. La organización de “clases correctivas” para niños con dificultades de aprendizaje, que había anteriormente, ha dejado de ser posible. Ya no se puede segregar a los alumnos por problemas de adaptación, aprendizaje o conducta; la escolaridad obligatoria solo podrá efectuarse en el marco de la enseñanza ordinaria. Los presuntos casos de segregación son examinados por las oficinas del Gobierno y, de ser necesario, por los tribunales.
59. En 2013, a fin de asegurar la coherencia de la educación pública, el Estado asumió el mantenimiento de todas las escuelas públicas del que antes se encargaban los municipios.
La reglamentación de 2012 sobre admisión en las escuelas primarias de los distritos escolares se propone impedir que las escuelas segreguen a los alumnos. A efectos de impedir la segregación, la administración del Estado supervisa cada año la demarcación de los distritos escolares, verificando los datos sobre el número de alumnos desfavorecidos.
Gracias a mejoras importantes en las pruebas que determinan el nivel escolar, los niños con necesidades educativas especiales pueden acceder a una educación de calidad. Asimismo, se evita la clasificación injustificada de estos niños como niños con discapacidad de aprendizaje o intelectual (es decir, la clasificación y segregación injustificadas de los niños desfavorecidos en múltiples aspectos, entre ellos los romaníes). Gracias a mejoras constantes, el porcentaje de alumnos clasificados como alumnos con discapacidad intelectual leve disminuyó del 2% (año lectivo 2005/2006) al 1,4% (2015/2016). Sobre la base de una investigación de 2015 relativa al grado de separación de los alumnos socialmente desfavorecidos en las escuelas primarias, en 2016 se adoptarán medidas de eliminación de la segregación en el marco del Programa Operativo de Desarrollo de los Recursos Humanos 2014-2020. La Estrategia de Prevención del Abandono Escolar Prematuro, que promueve el acceso a una educación inclusiva de calidad para todos, ha permitido disminuir en 2014 la proporción de alumnos que abandonan prematuramente la escuela.
60. El Programa “En el Camino” y otros programas (anexo, punto 8) tienen por objeto reducir las tasas de abandono de los alumnos romaníes en situaciones de desventaja múltiples y reintegrar a los que ya han abandonado los estudios. Con el fin de mejorar los resultados escolares, en particular los de los niños de entornos socioeconómicos desfavorecidos, desde septiembre de 2015 la educación preescolar es obligatoria a partir de los 3 años.
61. En 2013 se estableció la Mesa Redonda contra la Segregación, en la que participan el Gobierno y partes interesadas de la sociedad civil, con objeto de determinar propuestas comunes para poner fin a la segregación y eliminar la segregación espontánea y deliberada.
La Mesa Redonda también examina métodos para reconocer, evaluar y prevenir la segregación en la educación.
62. La Policía ofrece becas (y posteriormente oportunidades de empleo) a estudiantes romaníes de secundaria y universidad en las instituciones de formación de los agentes del orden público (94.109).
Atención de la salud (94.100, 94.106, 94.108, 94.110)
63. En la Ley de Salud se establece que en la prestación de servicios de atención de la salud debe observarse el principio de igualdad e igualdad de oportunidades. Gracias a su red nacional de asesores, el nuevo Centro Nacional de Documentación y Derechos de los Pacientes tramita las denuncias de pacientes de todo el país. Las oficinas regionales de salud supervisan a los prestadores de servicios de atención de salud para garantizar que no haya discriminación.
64. El Gobierno dedica una atención especial a mejorar la salud de la población socialmente excluida, en particular los romaníes, incrementando su acceso a la atención de la salud e incentivando las conductas atentas al cuidado de la salud. Los principales instrumentos son los programas de salud pública, la red de visitadores sanitarios para la atención prenatal y perinatal y el Proyecto Piloto de Promoción de la Salud contra la Segregación. Entre 2011 y 2014, más de 190.000 romaníes se beneficiaron de pruebas de diagnóstico en centros de atención primaria de la salud.
Vivienda (94.106, 94.108, 94.110)
65. Según los estudios, hay el país unos 1.500 asentamientos en condiciones de subdesarrollo, habitados en su mayor parte por familias romaníes. Tras la aplicación del proyecto modelo en 8 localidades, en 2010 se dio comienzo a programas de urbanización de barrios marginales en 59 asentamientos subdesarrollados. La nueva Estrategia de Vivienda de los Asentamientos Segregados (2014-2020) fue elaborada junto con estos acertados programas, en los que participan trabajadores sociales, así como personal de los servicios sociales, comunitarios, educativos y de salud, y suponen la mejora de las condiciones de vivienda y empleo.
La protección de las víctimas de la incitación al odio y de los delitos motivados por prejuicios (94.8, 94.29, 94.45, 94.46, 94.58, 94.61, 94.62, 94.83)
66. La protección de las minorías también se garantiza en el nuevo Código Penal, que prevé la sanción de los delitos contra las minorías y otros grupos vulnerables. Además, el motivo o propósito racista se considera motivación malintencionada, con lo que se castiga con más severidad en casos de homicidio, lesiones, violación de la libertad personal, difamación, detención ilegal o insulto de un subordinado. Entre los servicios oficiales de apoyo a las víctimas figuran la facilitación de la protección de sus intereses y la concesión de ayuda económica inmediata. La asistencia jurídica puede ser gratuita, según la situación económica de la víctima. Se han fortalecido el nuevo Código Penal y otras normas en lo que respecta a la participación en organizaciones (paramilitares) disueltas, así como al uso de uniformes que imitan a los oficiales, para evitar la intimidación por esos grupos. En 2012, el Parlamento endureció sus normas relativas a la incitación al odio por los parlamentarios, imponiendo para esos casos medidas disciplinarias estrictas y la suspensión de la inmunidad (94.44, 94.107, 94.108). En aplicación de las nuevas normas, los tribunales ordenan con cada vez más frecuencia que los infractores visiten ciertos monumentos conmemorativos o lean determinados libros. Con la multiplicación de los delitos motivados por el odio a través de los medios sociales, está aumentando la aplicación de disposiciones para impedir el acceso a determinados datos electrónicos. La lista de las causas judiciales pertinentes figura en el anexo (punto 7).
67. La nueva Ley Fundamental dispone que la libertad de expresión no puede ejercerse con el propósito de atentar contra la dignidad de la nación, de un nacional húngaro o de
cualquier comunidad nacional, étnica, racial o religiosa, y que los particulares pueden entablar un proceso por incitación al odio. El personal de la dependencia de delitos de incitación al odio de la policía vigila los canales de comunicación extremistas, de conformidad con las normas de protección de datos. Si detecta una movilización contra grupos vulnerables, informa inmediatamente a las fuerzas de la policía territorial. Además, en 2012 la policía estableció una red de expertos en delitos motivados por prejuicios encargada de dar seguimiento, llevar un registro y ocuparse de los delitos y los procesos penales, evaluar los datos de las investigaciones y establecer una práctica jurídica integrada, además de procurar reducir el alto grado de demora en la tramitación de los casos. La red organiza cursos de capacitación con objeto de mejorar la eficiencia del proceso de investigación, y proporciona los conocimientos especializados para esas investigaciones (94.13, 94.53, 94.54, 94.55, 94.62, 94.81, 95.19).
68. El Gobierno promulgó una política de tolerancia cero hacia las actitudes antisemitas y contrarias a los romaníes. Estos incidentes han sido objeto de respuestas rápidas en forma de modificaciones legislativas y condenas oficiales por autoridades de alto nivel. El nuevo Código Penal castiga los delitos de negación pública de los crímenes del nacionalsocialismo o los regímenes comunistas (incluido el Holocausto) con penas de prisión de hasta tres años. El plan de estudios nacional de la enseñanza obligatoria contiene información sobre el Holocausto y la historia común judío-húngara. El Día de Conmemoración del Holocausto (16 de abril) se ha incluido entre las conmemoraciones de las escuelas de enseñanza secundaria. El Gobierno apoya el renacimiento cultural judío en Hungría y organiza actividades de rememoración del Holocausto, como la conmemoración del Año Raoul Wallenberg, en 2012 y la conmemoración del Año del Holocausto, en 2014.
Además, en 2015 Hungría ocupó la Presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (94.29, 94.47, 94.53, 94.54, 94.55).
Formación (94.82, 94.84, 94.85, 94.86)
69. Entre las pruebas de idoneidad realizadas durante el procedimiento de selección en las instituciones de formación de agentes del orden público figura el examen de aptitudes personales (como la tolerancia) necesarias para la profesión, y en el plan de estudios de estas se incluye la comunicación en entornos multiculturales. Periódicamente se organizan para el personal policial, en particular en las regiones con minorías étnicas, cursos sobre comunicación y gestión de conflictos, impartidos por psicólogos y especialistas en delitos motivados por prejuicios. También se organizan cursos para la policía sobre la forma de detectar los delitos motivados por el odio, y para la judicatura sobre las actuaciones judiciales en relación con esos delitos. El programa de formación en materia penal de los futuros profesionales de la policía está actualmente en proceso de homologación; incluirá conocimientos sobre el fenómeno de los delitos motivados por prejuicios, las características forenses de estos y los criterios penales aplicados al respecto. Desde 2014, los jueces están obligados a participar en cursos gratuitos y ordinarios organizados por la Academia Judicial de Hungría, entre ellos los relativos a los delitos motivados por prejuicios.