GE.20-14862 (S) 161120 171120
Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 37º período de sesiones
18 a 29 de enero de 2021
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos*
Rwanda
* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/37/RWA/1
Asamblea General Distr. general
9 de noviembre de 2020 Español
Original: inglés
Siglas
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados EPU Examen periódico universal
IECMS Sistema Electrónico Integrado de Tramitación de Causas MAJ Maison d’Accès à la Justice
NURC Comisión Nacional para la Unidad y la Reconciliación OIM Organización Internacional para las Migraciones
I. Introducción
1. Rwanda acoge con beneplácito el tercer Examen Periódico Universal (EPU) en el marco de su compromiso de proteger los derechos humanos y dar cuenta de la promoción universal de los derechos humanos en el país.
2. Desde el último examen, el Gobierno de Rwanda ha seguido impulsando iniciativas para velar por que todos los rwandeses disfruten de los derechos humanos fundamentales garantizados por la Constitución y otros instrumentos nacionales e internacionales aplicables de derechos humanos. Así pues, Rwanda sigue apoyando resueltamente el proceso del EPU.
II. Metodología y proceso de consulta
3. El tercer informe periódico universal de Rwanda es fruto de amplias consultas celebradas a lo largo de los cinco años transcurridos desde el segundo examen.
4. Tras el segundo examen, que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2015 y en el que Rwanda aceptó aplicar 50 recomendaciones, el Ministerio de Justicia, por conducto del equipo de tareas interinstitucional1, elaboró una hoja de ruta para dicha aplicación, que luego compartió con todas las instituciones competentes.
5. El proceso de redacción del informe, dirigido por el Ministerio de Justicia, corrió a cargo de un grupo de trabajo interinstitucional nacional para la presentación de informes a los órganos de tratados. Unas 60 entidades contribuyeron de manera fundamental al proceso, desde la fase de aplicación hasta la fase de presentación del informe: instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, entidades del sector privado, asociados para el desarrollo y organismos de las Naciones Unidas. En particular, el Gobierno de Rwanda recibió apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha sido esencial para organizar sesiones de fomento de la capacidad sobre el examen periódico universal y reuniones consultivas de las partes interesadas.
6. El presente informe complementa los informes periódicos presentados por Rwanda desde 2015 y se centra en las principales novedades ocurridas desde el segundo ciclo en 20152.
III. Marco general de protección y promoción de los derechos humanos
A. Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos
7. Rwanda sigue siendo parte en ocho tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y continúa cumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud de las convenciones y protocolos facultativos que ha ratificado.
8. Desde el último examen, Rwanda ha presentado sus informes nacionales relativos a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares. A nivel regional, ha presentado informes en el marco de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y su Protocolo Facultativo relativo a los Derechos de la Mujer en África; la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza.
B. Marco jurídico de protección y promoción de los derechos humanos
9. Durante el período que se examina, el pueblo de Rwanda celebró un referéndum y revisó su Constitución. La Constitución revisada dedica un capítulo entero (el capítulo IV) a los derechos humanos y las libertades. Promueve aún más el programa de derechos humanos de Rwanda, entre otras cosas al modificar las disposiciones sobre el uso de los idiomas oficiales, la jerarquía de las leyes, el mandato del Presidente de la República, las competencias para la interpretación auténtica de las leyes y las competencias legislativas del Senado.
10. Con la reforma de la Constitución también ha cambiado la autoridad competente para la interpretación auténtica de la ley: antes era el Parlamento y ha pasado a ser el Tribunal Supremo.
11. Durante el período que se examina, el Gobierno de Rwanda ha aprobado muchas otras leyes pertinentes para la protección de los derechos humanos3.
C. Marco institucional
12. En lo que respecta al marco institucional, el Gobierno de Rwanda sigue reforzando la capacidad de las instituciones existentes y creando otras nuevas cuando es necesario.
13. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue siendo uno de los principales agentes de la promoción y protección de los derechos humanos. La Ley núm. 61/2018, de 24 de agosto de 2018, por la que se modifica la Ley núm. 19/2013 sobre el Mandato, la Organización y el Funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 25 de marzo de 2013, ha ampliado el mandato de la Comisión para que actúe también como mecanismo nacional de prevención.
14. Otras comisiones, instituciones y comités, como el Organismo Nacional de Desarrollo Infantil, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio, la Oficina de Vigilancia de las Cuestiones de Género, la Junta de Gobernanza, la Comisión Parlamentaria de Unidad, Derechos Humanos y Lucha contra el Genocidio, la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Senado, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Juventud y el Consejo Nacional de la Mujer, siguen desempeñando un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en Rwanda. Las funciones específicas de algunas de estas instituciones se examinan más adelante en el informe.
15. El Gobierno de Rwanda ha establecido un Tribunal de Apelaciones en virtud de la Ley de Competencias de los Tribunales de 2018. El tribunal pasará a conocer de causas anteriormente juzgadas por el Tribunal Supremo, que se ocupará principalmente de las cuestiones de constitucionalidad.
16. Por último, cabe mencionar que el Tribunal Supremo es ahora competente para conocer de causas de interés público sometidas por personas no solo físicas, sino también jurídicas.
D. Logros, mejores prácticas y desafíos
1. Libertad de opinión y de expresión, libertad de prensa y libertad de asociación y de reunión pacífica (recomendaciones 133.1, 133.30 y 133.32)
17. Estas cuatro libertades están consagradas en la Constitución de Rwanda de 2003 revisada en 2015, en sus artículos 38, 39 y 40. La Constitución deja claro que no hace falta autorización previa para ejercer el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la libertad de reunión.
18. Desde el primer examen, el Gobierno de Rwanda ha puesto en marcha y realizado reformas, en particular para ampliar las libertades de los medios de comunicación, crear medios de comunicación centrados en el ciudadano, impulsar la industria de los medios de
19. Estas reformas han propiciado el crecimiento del sector de los medios de comunicación: el número de emisoras de radio ha aumentado de 23 en 2011 a 34 en 2019, mientras que el número de emisoras de televisión ha aumentado de 1 en 2011 a 12 en 2016 y a 19 en 20194. Los medios de comunicación impresos y digitales registrados han aumentado de 73 en 2016 a 161 en 20205.
20. El índice de satisfacción de los ciudadanos con el acceso a la información, medido por la Junta de Gobernanza, ha aumentado del 52 % en 2012 al 94 % en 20196.
21. En cuanto a los delitos de prensa, la nueva Ley de Delitos y Penas ha despenalizado todos los delitos de prensa, incluida la difamación7.
22. En 2012, la Junta de Gobernanza estableció el Barómetro de los Medios de Comunicación con el objetivo central de crear un marco general de desarrollo de los medios de comunicación para el seguimiento y la evaluación periódicas del estado de los medios de comunicación del país.
23. Las conclusiones del Barómetro indican un aumento del nivel general de desarrollo de los medios de comunicación, que fue del 60,3 % en 2013, del 69,6 % en 2016 y del 72,4 % en 2018.
24. Por otra parte, la Junta de Gobernanza ha realizado una evaluación del impacto de las reformas del sector de los medios de comunicación, que se publicó en junio de 20198. La evaluación ha puesto de manifiesto, a partir del examen de cinco indicadores, que la política de medios de comunicación y las diversas leyes promulgadas han mejorado el desempeño de los medios de comunicación del país y han repercutido en el desarrollo socioeconómico en un 80,1 %; la legislación de acceso a la información ha contribuido a promover la transparencia y la gobernanza responsable en un 77,2 %, y la autorregulación ha contribuido en un 78,2 % a la rendición de cuentas en el sector de los medios de comunicación9. Cabe señalar que la autorregulación de los medios de comunicación ha contribuido en un 87,1 % a promover la libertad de prensa y la libertad de expresión y en un 96 % a crear confianza entre los profesionales y los consumidores de los medios de comunicación. Sin embargo, el nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre la existencia y relevancia de la autorregulación sigue siendo bajo, ya que se sitúa en el 51,5 %10.
2. Instituciones nacionales de derechos humanos (recomendaciones 133.2 y 133.3) 25. Las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la promoción y la vigilancia de la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos en el país. La ley que determina el mandato, la organización y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce la independencia de la institución11. Entre las competencias que le atribuye cabe citar las de recibir, examinar e investigar denuncias de violaciones de los derechos humanos; examinar las violaciones de los derechos humanos cometidas en Rwanda por órganos del Estado, funcionarios públicos en abuso de sus atribuciones, asociaciones y particulares; y recibir y examinar testimonios sobre violaciones de los derechos humanos12.
26. La Comisión tiene competencias de policía judicial y, por lo tanto, puede citar a comparecer a cualquier persona cuando lo considere necesario para sus investigaciones. Las personas citadas están obligadas a comparecer y si no lo hacen pueden ser procesadas de acuerdo con la ley. Además, la Comisión está facultada para ejercer acciones ante los tribunales. También cuenta con un sistema de tramitación de denuncias.
27. Cabe señalar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos volvió a ser acreditada con la categoría “A” en 2018.
28. En lo que respecta a la Defensoría del Pueblo, la ley la faculta para solicitar al Presidente del Tribunal Supremo la revisión de algunas sentencias en caso de sospecha de injusticia13.
29. El personal de la Defensoría del Pueblo ha seguido recibiendo periódicamente capacitación sobre la forma de investigar los casos de injusticia y las violaciones de los derechos humanos.
3. Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos (recomendaciones 133.4 y 133.5) 30. El primer Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos del Gobierno de Rwanda fue aprobado por el Comité de Ministros en febrero de 2017. Tras su aprobación, los interesados elaboraron una hoja de ruta para su aplicación, que se difundió ampliamente. Su aplicación se extiende hasta diciembre de 2020. El informe de evaluación de la aplicación del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos está en proceso de elaboración y, una vez finalizado, fundamentará la segunda fase del Plan.
4. Reclusión, tortura, desaparición forzada, centros de tránsito y rehabilitación (recomendaciones 133.6, 133.17, 133.18, 133.26 y 133.27)
Mecanismo nacional de prevención
31. En la Ley de 2018 sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos se atribuyen a esta las funciones de mecanismo nacional de prevención. La Ley establece claramente su mandato de protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se ha añadido el artículo 6 bis a la Ley de 2013 sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para atribuirle competencias especiales en lo que respecta a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
32. Habida cuenta de las reformas necesarias para integrar el enfoque preventivo en la estructura existente, entre ellas la revisión de la estructura orgánica, el reglamento y los procedimientos internos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el fomento de la capacidad de su personal, se han organizado cursos de capacitación y seminarios a ese respecto14. Concretamente, se ha creado la estructura orgánica de un mecanismo nacional de prevención, se ha contratado personal, se ha establecido el plan operacional para los años 2020 y 2021, se han realizado visitas de control a lugares de reclusión (13 prisiones y centros de detención) y a centros de tránsito y psiquiátricos y se ha organizado la capacitación del personal de la Oficina de Investigación, la Policía Nacional, el Servicio Penitenciario y otras instituciones pertinentes del ámbito judicial.
Desaparición forzada (recomendaciones 133.17 y 133.18)
33. El derecho al debido proceso está consagrado en la Constitución. Se siguen llevando a cabo iniciativas de fomento de la capacidad de los principales interesados, a saber, investigadores, fiscales, abogados, auxiliares de justicia y jueces. El derecho procesal prevé el habeas corpus y, por lo tanto, los profesionales del derecho pueden invocarlo en caso necesario. Desde 2016, se ha invocado el habeas corpus en 125 causas15.
34. Se ha establecido un servicio en la Oficina de Investigación para recibir denuncias o informaciones sobre personas desaparecidas y atender a las personas que tengan sospechas de que una persona ha desaparecido. Entre enero de 2019 y septiembre de 2020 se ha denunciado la desaparición de 1.301 personas, 1.124 hombres y 177 mujeres. De esas 1.301 personas, se ha localizado a 1.010 y 291 no han sido localizadas todavía.
35. En lo que respecta a las causas de las desapariciones, las principales razones que se han determinado son la migración indocumentada de las zonas rurales a las urbanas; el cruce ilegal de fronteras para asentarse o pasar largos períodos en países vecinos; el impago de deudas; los conflictos matrimoniales y, en algunos casos, la adhesión a grupos rebeldes de países vecinos.
36. Cabe mencionar que, habida cuenta de la permeabilidad de las fronteras de Rwanda con los países vecinos y de los conflictos armados de las zonas vinculadas a la geopolítica de las regiones de los grandes lagos, hay personas que, habiendo sido declaradas por sus familias como desaparecidas, después de cierto tiempo han sido localizadas entre las fuerzas negativas de rwandeses que combaten en los bosques de un país vecino, a su regreso a Rwanda.
37. El Gobierno de Rwanda es consciente del problema, sigue vigilando la geopolítica de la región y continuará velando por que nadie sea víctima de desaparición forzada.
Condiciones de detención en los centros de tránsito y rehabilitación
38. En la actualidad, Rwanda cuenta con 13 establecimientos penitenciarios. Para el país sigue siendo prioritario reducir la población carcelaria y solucionar el hacinamiento de los centros de reclusión. A este respecto, se ha construido una nueva prisión en Nyarugenge y se han renovado y ampliado todas las prisiones existentes16. Se ha seguido aumentando el número de centros de detención policial y mejorando las condiciones de los existentes.
Entre 2015 y 2019 se construyeron 9 centros de detención policial y se renovaron 64. Las renovaciones se han centrado en el tamaño, la iluminación, la aireación, el acceso al agua, el saneamiento y algunos otros aspectos necesarios para mejorar los centros de detención.
39. Además de lo anterior, el Gobierno de Rwanda, mediante la Ley núm. 68/2018 de Delitos y Penas, de 30 de agosto de 2018, ha introducido la pena de servicio comunitario.
Esta pena podrá imponerse una vez que se apruebe el reglamento de aplicación correspondiente y permitirá a los condenados por delitos menos graves cumplir sus penas fuera de prisión.
40. En este sentido, el Gobierno de Rwanda ha introducido recientemente, por medio de legislación, el uso de la pulsera electrónica para vigilar a los sospechosos. Esto será fundamental para reducir el número de presos preventivos y se espera que contribuya enormemente a los esfuerzos ya desplegados por el Gobierno para reducir el hacinamiento en las cárceles.
41. Por otra parte, se han adoptado medidas jurídicas para poner en libertad condicional a los reclusos que reúnen los requisitos necesarios. Desde 2015, al menos 9.442 reclusos han sido puestos en libertad condicional y 110 han sido indultados.
42. La reclusión en régimen de aislamiento se eliminado de la Ley de Delitos y Penas de 2018 a fin de mejorar las condiciones de los reclusos17.
43. Asimismo, todos los centros de detención son inspeccionados periódicamente por instituciones públicas como la Fiscalía Nacional e instituciones independientes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Mecanismo Nacional de Prevención, que formulan recomendaciones a las instituciones pertinentes para velar por que mejoren las condiciones de reclusión.
5. Recomendaciones 133.10, 133.11, 133.12, 133.13, 133.14, 133.19, 133.24, 133.25, 133.33 y 133.38
Igualdad de género y empoderamiento de la mujer (recomendaciones 133.10, 133.11, 133.12, 133.13, 133.14 y 133.38)
44. Rwanda mantiene su máxima prioridad desde hace dos decenios de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. La Ley de las Personas y la Familia de 2016 atribuye a hombres y mujeres las mismas responsabilidades para dirigir el hogar. Ya no se considera que el esposo es el único cabeza de familia. En 2016, Rwanda aprobó una nueva ley para regular los regímenes matrimoniales, las donaciones y las sucesiones. La ley garantiza la igualdad de trato de los hijos en la sucesión18.
45. En lo que respecta a las políticas y programas, la Política Nacional de Género de 2010, que se está revisando, y su plan estratégico (2018-2022) proporcionan directrices generales sobre las políticas y programas sectoriales que deben integrar las cuestiones de género en sus respectivas planificación y programación políticas, sociales, culturales y económicas. Se ha incorporado la perspectiva de género en los 16 planes estratégicos sectoriales de la Estrategia Nacional de Transformación, y 11 sectores cuentan con estrategias de incorporación de la perspectiva de género.
46. Gracias a las campañas de divulgación de HeForShe, en la actualidad Rwanda ocupa el segundo lugar a nivel mundial con más de 206.623 inscripciones19 de hombres y mujeres comprometidos con la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
47. Rwanda ha adoptado diferentes mecanismos inspirados en soluciones locales, como Umugoroba w’Ababyeyi (foro vespertino para padres), que se ha utilizado como plataforma para promover la igualdad de género e iniciativas de empoderamiento de la mujer. Se han organizado diálogos y campañas de promoción y sensibilización sobre los derechos de la mujer y sobre la prevención de la violencia de género mediante la gobernanza y el bienestar familiar (como el Día de la Rendición de Cuentas sobre Cuestiones de Género). Además, otra importante iniciativa puesta en marcha para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el lugar de trabajo ha sido la introducción de un sello de certificación de igualdad de género para mejorar la rendición de cuentas en materia de género en el sector privado.
48. Se sigue haciendo frente a los estereotipos patriarcales tradicionales y a la desigualdad de género impartiendo educación pública en programas periódicos de entrevistas en radio y televisión sobre diferentes temas, entre ellos la financiación para la igualdad de género y el papel del Programa de Presupuestación con Perspectiva de Género, la trata de personas, los embarazos de adolescentes y otras cuestiones relacionadas con la violencia de género en general.
49. Según el informe sobre el estado de la igualdad de género elaborado por la Oficina de Vigilancia de las Cuestiones de Género, las mujeres son las principales propietarias de tierras. Un 24,63 % de las tierras está en manos de mujeres, en comparación con el 14,27 % en el caso de los hombres. La mayor parte de los títulos de propiedad de las tierras están a nombre de parejas casadas (59,99 %). La propiedad de la tierra ha contribuido de manera fundamental al acceso de las mujeres a la financiación. Ha contribuido en un 38 % al acceso de las mujeres al crédito20.
Aumento de la participación de la mujer en la adopción de decisiones (recomendación 133.33)
50. La Constitución de la República de Rwanda revisada en 2015 establece una cuota mínima del 30 % para la representación de las mujeres en todos los puestos decisorios.
Muchas otras leyes también incorporan este principio. La representación de las mujeres a diversos niveles y en diferentes sectores ha influido en la elaboración y aplicación de políticas, leyes y programas que tienen en cuenta el género.
51. El empoderamiento y la participación de la mujer en la toma de decisiones se refleja principalmente en la proporción de mujeres en el Parlamento, los puestos ministeriales y otros cargos en diversas estructuras de gobierno en entidades tanto públicas como privadas y de la sociedad civil. La representación de las mujeres en el Comité de Ministros ha aumentado al 52 % en 2020, desde el 36,8 % en 2014. En la actual legislatura de 2018 a 2023, las mujeres ocupan el 61,2 % de la Cámara Baja y el 38 % del Senado. A nivel local, la participación de las mujeres en los puestos de liderazgo ha mejorado durante el período 2016-2018, pasando del 16,7 % al 30 % en las alcaldías de distrito y al 45,2 % en los consejos de distrito.
52. En el sector privado se observa una mejora de la representación de la mujer, y su actual tasa de participación en los órganos decisorios varía entre el 30 % en los puestos presidenciales y el 70 % en la vicepresidencia segunda de diversas cámaras de comercio del sector privado a nivel nacional. A nivel provincial, las mujeres representan el 20 % de las vicepresidencias primeras y el 60 % de las vicepresidencias segundas de los comités ejecutivos. Se seguirá tratando de reducir las diferencias salariales entre los géneros y de aumentar la representación de las mujeres en los puestos directivos.
53. A nivel local, las mujeres están bien representadas, como ilustran las siguientes tasas de participación en las principales estructuras administrativas: gobernación y alcaldía de la ciudad de Kigali (40 %), Oficina de Consejos de Distrito y Oficina de la ciudad de Kigali (55,9 %), Vicealcaldía/Asuntos Sociales (66,7 %) y Alcaldías de Distrito (26,7 %) en 201821.
54. Por otra parte, la tasa de participación de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz ha aumentado del 0,4 % al 3 % en los últimos seis años.
Lucha contra la violencia de género (recomendaciones 133.19, 133.24 y 133.25)
55. Rwanda ha establecido mecanismos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia de género. Cabe citar, entre otros, los siguientes:
• MAJ (Oficinas de Acceso a la Justicia) y Abunzi (Comités de Mediación) 22: proporcionan asistencia jurídica gratuita y cada distrito cuenta con una oficina especializada en violencia de género.
• Centros de atención integral Isange: ofrecen una respuesta integral a las víctimas de la violencia de género que incluye asesoramiento médico y psicosocial, espacios seguros o de acogida y asistencia jurídica, todo ello en el mismo lugar. Hasta la fecha se han establecido 44 centros Isange en todos los hospitales de distrito.
• Dependencias especializadas en género y violencia de género en la Fiscalía General, la Policía Nacional, la Oficina de Investigación, las Fuerzas de Defensa y el Servicio Penitenciario: responden diariamente a los casos de violencia de género con una línea telefónica gratuita para facilitar la denuncia y la respuesta rápida.
• Las aldeas cuentan con comités de policía de proximidad, de lucha contra la violencia de género y de protección de la infancia que facilitan la sensibilización, la recopilación de información y la coordinación de los servicios de lucha contra la violencia de género.
• Se está elaborando un sistema de gestión de la información sobre la violencia de género en el que se compilarán datos sobre la violencia de género que servirán de base para las estrategias futuras.
56. La Ley de 2018 de Competencias de los Tribunales creó en la jurisdicción intermedia una sala especial para menores y familias para, entre otras, conocer de los casos de violencia doméstica.
57. Los mecanismos comunitarios Umugoroba w’Ababyeyi (Foro Vespertino para Padres) e Inshuti z’Umuryango (Amigos de la Familia) y los clubes de lucha contra la violencia de género han contribuido a concienciar sobre la naturaleza de la violencia de género, sus consecuencias y las formas de eliminarla o reducirla.
58. Por último, la Oficina de Investigación, por conducto de su División sobre la Violencia de Género, sigue esforzándose por prestar a las comunidades servicios rápidos y accesibles centrados en las víctimas para responder a la violencia de género, entre otras cosas mediante la presencia de funcionarios de la Oficina en cada distrito.
6. Derecho a la educación (recomendaciones 133.36, 133.43 y 133.44)
59. Rwanda considera que la educación es una inversión importante para el crecimiento y el desarrollo del país. El Gobierno no ha dejado de aumentar el presupuesto asignado al sector de la educación. En los últimos seis años, el presupuesto asignado a la enseñanza preescolar y primaria ha aumentado del 27,8 % al 41,7 %. También cabe mencionar que el presupuesto asignado para el fomento de una educación de calidad ha aumentado del 15,8 % al 22 % en el mismo período. El presupuesto ha sido de 216.900 millones, 220.000 millones y 241.000 millones en los ejercicios 2015/16, 2016/17 y 2017/18, respectivamente. En 2018/19, el sector recibió 278.000 millones de francos rwandeses, lo que representa un aumento del 15,5 % respecto del año anterior. Más del 60 % del presupuesto de educación se destina a la enseñanza preescolar, primaria y secundaria. El Gobierno de Rwanda mantiene su compromiso de lograr una educación gratuita, universal y de calidad.
60. En lo que respecta a la educación inclusiva, el Ministerio de Educación publicó la Orden Ministerial núm. 007/2016, de 1 de marzo de 2016, por la que se determinan las modalidades de trato especial de las personas con discapacidad en las escuelas, cuyos artículos 2 y 3 establecen la gratuidad de la enseñanza para los niños de las familias más pobres. Además, todos los niños reciben educación gratuita hasta la escuela secundaria y, al mismo tiempo, los niños de las familias más pobres reciben apoyo con otros gastos, como
61. En 2016 se revisó y puso en marcha el plan nacional de estudios por competencias para las escuelas preescolares, primarias y secundarias. Se han incorporado componentes de educación inclusiva, de manera que todos los docentes deben aprender cómo tratar a los alumnos con discapacidad. También se han establecido normas, se está preparando una guía de evaluación docente, se han terminado de redactar nuevos libros de texto, y muchos docentes y directores de escuela han recibido capacitación.
62. En enero de 2019, el Comité de Ministros aprobó la Política de Educación Inclusiva y Especial y su plan de aplicación. La Política proporciona el marco general para el desarrollo y la prestación de servicios educativos encaminados a eliminar las barreras, de origen intrínseco o extrínseco, que los alumnos con necesidades educativas especiales encuentran en la escuela.
63. Rwanda ha logrado un éxito importante en la provisión de acceso universal a la educación primaria, con una tasa neta de matriculación del 95,80 %23. El número de jardines de infancia ha aumentado de 2.757 en 2016 a 3.401 en 2019. En 2019 se matricularon 282.428 alumnos, en comparación con 185.666 en 201624. La proporción de alumnos por profesor en los jardines de infancia era de 31 a 1 en 2016, mientras que en 2019 ha sido de 36 a 1. En las escuelas primarias la proporción era de 58 a 1 en 2016 y de 57 a 1 en 2019. En las escuelas secundarias la proporción era de 19 a 1 en 2016, mientras que en 2019 fue de 24 a 125.
64. La proporción de escuelas primarias con electricidad, tanto de la red eléctrica como sin conexión a la red, ha aumentado significativamente del 52,4 % en 2016 al 75 % en 2019. El número de jardines de infancia con conexión a la red eléctrica ha aumentado del 13,1 % en 2016 al 40 % en 2019. En las escuelas primarias se ha duplicado, pasando del 30 % en 2016 al 60,8 % en 2019. En las escuelas secundarias ha aumentado del 46,1 % al 76,6 % en el mismo período. También se ha potenciado el uso de otras fuentes de suministro de electricidad, como la energía solar, los generadores y los sistemas de biogás26.
65. En lo que respecta al acceso al agua potable, en los jardines de infancia ha mejorado del 19,2 % en 2017 al 27,1 % en 2019. En las escuelas primarias ha aumentado del 45,5 % al 51,8 % en el mismo período y, en las escuelas secundarias, ese acceso era del 58,5 % y el 72,3 % en 2017 y 2019 respectivamente27.
66. En cuanto a la conectividad a Internet, las estadísticas muestran que, en 2016 y 2019, un 9,8 % y un 34,8 %, respectivamente, de las escuelas primarias tenían conexión a Internet. En las escuelas secundarias la conectividad se situó en el 35,4 % y el 61,1 % en el mismo período28. Además, la proporción de escuelas primarias y secundarias con conexión a Internet es del 30 % y el 52,9 % respectivamente29.
67. Se está tratando de seguir aumentando el número de aulas en todo el país. El número de aulas en los jardines de infancia ha aumentado de 4.427 en 2016 a 5.879 en 2019. En la escuela primaria, el número de aulas ha aumentado de 31.437 en 2016 a 34.468 en 2019. En las escuelas secundarias ese aumento ha sido de 16.797 en 2016 a 18.686 en 201930. 68. La eliminación de las disparidades de género en la educación ha sido una prioridad importante para el sector de la educación en Rwanda. En 2018, la paridad de género se había estabilizado, con una tasa de matriculación de niñas del 49,7 % y el 53,2 % en la enseñanza primaria y secundaria, respectivamente, y del 42,6 % en la enseñanza superior.
69. El Gobierno de Rwanda se ha comprometido a eliminar todo tipo de supuestos costos educativos ocultos del sistema escolar para garantizar a todos los niños un acceso a la educación sin trabas y en condiciones de igualdad.
7. Justicia (recomendaciones 133.7, 133.8, 133.9, 133.12, 133.28 y 133.29)
Prevención del genocidio y promoción de la unidad y la reconciliación nacionales (recomendaciones 133.7 y 133.8)
70. El Gobierno de Rwanda mantiene su programa de educación cívica sobre la prevención del genocidio. La Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio organiza cursos de capacitación, talleres y diálogos con miras a sensibilizar a la población sobre la prevención del genocidio y combatir su ideología.
71. Todos los años, Rwanda dedica una semana a conmemorar el genocidio de 1994 contra los tutsis. Los temas y lemas que se escogen para la conmemoración tienen por objeto reforzar la unidad y la reconciliación de los rwandeses en lugar de dividirlos.
72. Se ha promulgado una Ley de Enmienda (núm. 59/2018, de 22 de agosto de 2018) que castiga la ideología del genocidio y los delitos conexos.
73. La reintegración y rehabilitación de las personas condenadas por actos genocidio que han cumplido condena sigue siendo una de las prioridades de la Comisión Nacional para la Unidad y la Reconciliación (NURC), ya que, para alcanzar una paz sostenible, es fundamental lograr la reintegración social. En particular, durante el período que se examina, la NURC realizó en 2016 un estudio para evaluar la reintegración social de los antiguos genocidas y la forma en que la sociedad estaba preparada para recibirlos de nuevo en la comunidad.
74. A partir de las conclusiones de la evaluación, se ha diseñado un programa conjunto para preparar a los reclusos que están terminando de cumplir sus penas de prisión. A este respecto, desde 2016 la NURC, en asociación con el Servicio Penitenciario y agentes no estatales, viene aplicando ese programa conjunto previo a la puesta en libertad, en cuyo marco se ha prestado asistencia a por lo menos 6.000 antiguos genocidas con programas de terapia social y se les ha ayudado a reunirse con las víctimas para mostrar arrepentimiento y reconciliarse. En este sentido, también se ha preparado a las comunidades para recibir a los genocidas que ya han cumplido condena, especialmente a sus familias y a las víctimas.
75. Se sigue aplicando el programa Ndi Umunyarwanda en todo el país para promover la unidad de los rwandeses. El programa sigue contribuyendo de manera importante a crear plataformas para que los rwandeses de todos los ámbitos entablen un diálogo con miras a construir una identidad nacional y fomentar una comunidad rwandesa basada en la confianza y la unidad. Ha resultado útil para reforzar la solidaridad del pueblo rwandés y defender sus valores morales y espirituales.
Acceso a la justicia (recomendaciones 133.9, 133.12, 133.28 y 133.29)
76. Desde 2010, el Gobierno de Rwanda ha establecido el Sector de la Justicia, la Reconciliación y el Orden Público, una estructura de coordinación que permite a las instituciones del sector trabajar juntas de manera eficaz para alcanzar objetivos comunes, sin comprometer su independencia operacional, jurídica o constitucional. Uno de sus objetivos específicos es asegurar el acceso universal a una justicia de calidad.
77. Desde diciembre de 2016, Rwanda ha introducido un Sistema Electrónico Integrado de Tramitación de Causas (IECMS), que ha mejorado el acceso a la justicia y la prestación de servicios en el ámbito judicial31. En la actualidad, el sistema cuenta con más de 110.882 usuarios activos y conecta a 194 comisarías/puestos de investigación, 59 fiscalías, 63 tribunales, 13 prisiones y auxiliares de justicia.
78. El Gobierno de Rwanda ha establecido, en agosto de 2020, un sistema electrónico para la ejecución de los autos judiciales y la realización de las subastas judiciales en línea.
Se espera que la plataforma electrónica reduzca los procesos de ejecución de los autos y disminuya las malas prácticas debidas a la interacción humana. Además, la plataforma permitirá a posibles licitadores extranjeros participar en las subastas. Será una solución a largo plazo para los problemas que plantea el cumplimiento de los autos de ejecución.
79. La prestación de servicios de asistencia letrada por conducto de la Maison d’Accès à
la Justice (MAJ) y los comités Abunzi (conciliadores) a nivel local han mejorado el acceso a una justicia universal, de calidad y asequible. El personal de las MAJ de los distritos facilita el acceso a la asistencia letrada a nivel de distrito y la descentralización de las actividades de divulgación a nivel administrativo para facilitar a la población, incluidos los grupos vulnerables, el acceso a una justicia de calidad y asequible. A nivel de la comunidad, existen comités Abunzi que facilitan mecanismos alternativos de solución de controversias y prestan servicios gratuitos a los beneficiarios con apoyo del Gobierno. Los ciudadanos se han mostrado muy satisfechos con los servicios de las MAJ y los Abunzi.
Esta satisfacción se sitúa en una media del 81,31 % en el caso de los Abunzi y del 82,23 % con las MAJ en el período comprendido entre 2016 y 201932.
80. El Ministerio de Justicia ha firmado un acuerdo con el Colegio de Abogados de Rwanda y le proporciona fondos cada año para que represente a los menores e indigentes en conflicto con la ley. Entre 2015 y junio de 2020 se ha asistido o representado en los tribunales a 8.183 menores y 10.343 indigentes mediante servicios de asistencia letrada33. 81. En junio de 2018, el Gobierno de Rwanda redujo las tasas judiciales en más de un 50 %. A tal efecto, se promulgó la Orden Ministerial núm. 133/MOJ/AG/18 relativa a las Tasas Judiciales en las Causas Civiles, Mercantiles, Sociales y Administrativas, que sustituyó a la Orden Ministerial núm. 002/08.11, de 11 de febrero de 2014, relativa a las Tasas Judiciales en las Causas Civiles, Mercantiles, Sociales y Administrativas. En los procedimientos en primera instancia se redujeron las tasas de 25.000 a 10.000 francos; en los procedimientos intermedios y mercantiles de 50.000 a 20.000 francos; y, en los procedimientos ante el Tribunal Superior y el Tribunal Mercantil Superior, de 75.000 a 40.000 francos. En 2018 se creó el Tribunal de Apelaciones, cuyas tasas ascienden a 50.000 francos. En el caso del Tribunal Supremo, la tasa de 100.000 francos vigente en 2014 se ha suprimido en virtud de la Orden Ministerial de 2018.
82. Por otra parte, en las comunidades las mujeres están desempeñando un papel destacado en las estructuras de gestión de conflictos y de justicia. Representan el 44,3 % de los mediadores comunitarios (Abunzi) y el 48 % del personal de las Casas de Justicia (MAJ). También contribuyen a prestar servicios jurídicos gratuitos a los ciudadanos, incluidas las víctimas de la violencia de género y de maltrato infantil34.
83. El Ministerio de Justicia ha aprobado un Plan Estratégico del Sector Judicial para los años 2018 a 2024 con objeto de mejorar el estado de derecho a fin de promover una gobernanza responsable y una cultura de paz para la reducción de la pobreza.
84. Rwanda sigue figurando entre las naciones que lideran la lucha contra la corrupción.
Se ha aprobado una nueva ley de lucha contra la corrupción en 2018, lo que representa el paso más agresivo de Rwanda para garantizar una buena gobernanza mediante la prevención y la lucha contra la corrupción.
85. El Ministerio de Justicia ha comenzado a garantizar la calidad de los contratos públicos firmados mediante un sistema electrónico de contratación pública. Este sistema (UMUCYO) garantiza el pleno cumplimiento de los contratos públicos, ya que no permite firmar en línea sin un dictamen jurídico y una autorización del Ministerio de Justicia.
86. El Ministerio de Justicia se encarga de la recuperación de los fondos malversados en colaboración con la Oficina de Recaudación Tributaria, la Dirección General de Inmigración y Emigración, la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Identidad, la Asociación de Auxiliares Judiciales Profesionales, la Oficina de Gestión y Utilización de Tierras, la sección de TransUnion para la Región de África y Rwanda y las autoridades locales.
87. El Ministerio de Justicia también cuenta con una base de datos de condenados por corrupción y una dependencia que se encarga de recuperar los fondos malversados de los condenados. En los últimos cinco años se ha recuperado un total de 1.898.321.400 francos y 6.943 dólares de los Estados Unidos, y hay otros 1.972.428.679 francos y 29.904 dólares en proceso de recuperación.
8. Derechos del niño (recomendaciones 133.15, 133.16, 133.21, 133.22, 133.23, 133.37, 133.38, 133.39, 133.45 y 133.46)
Inscripción de los nacimientos (recomendaciones 133.15 y 133.16)
88. Se ha avanzado mucho en la inscripción de los nacimientos, en lo que respecta tanto al marco jurídico y normativo como a la creación de capacidad y la concienciación para aumentar la inscripción de los nacimientos en el país. La anterior Estrategia Nacional para el Desarrollo se centró en el establecimiento de un Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales y logró importantes éxitos en la puesta en marcha experimental de un registro en línea35. Todo ello, sumado al paso de la inscripción de los nacimientos en papel a la inscripción en línea, ha hecho aumentar la inscripción de los nacimientos del 56 % en 201536 al 89 % en 201937. Se ha capacitado al personal de las instituciones competentes para utilizar el sistema.
89. Por otra parte, el período de inscripción de los nacimientos se ha ampliado a 30 días en la nueva Ley núm. 32/2016 de las Personas y la Familia (art. 100). Es obligatorio expedir la partida de nacimiento tras la inscripción del nacimiento, obligación cuyo cumplimiento se supervisa en colaboración con el Ministerio de Gobierno Local.
90. Se han emprendido las reformas jurídicas necesarias para facilitar la inscripción y reducir el riesgo de no inscripción, de manera que, el 10 de agosto de 2020, Rwanda habilitó a los centros de salud para la inscripción de los nacimientos y las defunciones38. 91. Además, se ha establecido un sistema de inscripción de los niños nacidos en campamentos de refugiados, que se está aplicando plenamente en todos los campamentos de refugiados de Rwanda. Se han llevado a cabo amplias campañas de sensibilización sobre la inscripción de los nacimientos y se ha inscrito a niños gratuitamente. Esto también se está haciendo a través de campañas en los medios de comunicación, reuniones y talleres a todos los niveles.
Protección del niño y nivel de vida adecuado (recomendaciones 133.21, 133.22, 133.23, 133.37 y 133.38)
92. El Gobierno de Rwanda está decidido a proteger los derechos de los niños y los jóvenes frente a la violencia y la explotación sexuales y cualquier otra forma de malos tratos y descuido. Se han establecido sólidos marcos jurídicos, normativos e institucionales para seguir protegiendo los derechos de los niños y garantizando que los responsables de actos de violencia sexual y de trata de niños sean llevados ante la justicia y rindan cuentas de sus actos.
93. Rwanda también ha establecido mecanismos adaptados a los niños para recibir e investigar las denuncias y darles seguimiento. Existen líneas gratuitas para facilitar las denuncias de casos de violencia de género y malos tratos a los niños (3512 en la Policía Nacional, 3677 en la Fiscalía Nacional, 5798 en el Observatorio de Género, 2560 en el Ministerio de Género y Promoción de la Familia, 3545 en el Ministerio de Defensa, 3936 y 3736 en el Ministerio de Justicia, 199 en la Defensoría del Pueblo, 3430 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 3512 en la Oficina de Investigaciones).
94. Los mecanismos mencionados, junto con otras iniciativas destinadas a aplicar las leyes, se han traducido en un aumento de las denuncias, la investigación y el enjuiciamiento de los casos de violencia sexual y de género. En 2015, los tribunales se pronunciaron en un total de 814 casos, mientras que resolvieron 840, 830, 2.293, 2.537 y 3.009 en 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 y 2019/20, respectivamente.
95. Otra iniciativa para tratar de solucionar los problemas vinculados a la protección de los niños y prestar asistencia a los niños que viven en la calle ha sido la creación del Servicio Nacional de Rehabilitación mediante la Ley núm. 17/2017, de 28 de abril de 2017, con el mandato de erradicar todas las formas de comportamientos desviados inculcando comportamientos positivos, educando y promoviendo competencias profesionales.
96. Desde el establecimiento del Servicio Nacional de Rehabilitación en 2017, un total de 4.416 niños se han beneficiado del programa de rehabilitación psicosocial39, se han reunido con sus familias y han vuelto a las escuelas. En el marco de los programas de prevención, se ha retirado a 2.281 niños de la calle y se les ha reunido inmediatamente con sus familias sin pasar necesariamente por centros. Se realizan visitas periódicas a domicilio para velar por que los niños sigan en sus familias y reanuden sus estudios.
Niños con discapacidad (recomendaciones 133.45 y 133.46)
97. El Gobierno de Rwanda sigue contando con mecanismos para garantizar la igualdad de acceso de los niños con discapacidad a servicios sociales y de salud adecuados, así como a los edificios e instalaciones. Uno de ellos es la Constitución de la República de Rwanda revisada en 2015, que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad.
98. También se ha aprobado la Orden Ministerial núm. 007/2016, de 1 de marzo de 2016, por la que se determinan las modalidades de trato especial de las personas con discapacidad en las escuelas, a fin de mejorar los derechos de los niños con discapacidad.
99. Además, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, en colaboración con la Autoridad de la Vivienda de Rwanda, ha comenzado a realizar una auditoría de accesibilidad en los edificios públicos y privados de todo el país que ofrecen servicios públicos (oficinas públicas, escuelas, mercados y hospitales, entre otros). Entre 2015 y 2017 se han llevado a cabo auditorías en un total de cinco ciudades secundarias y 150 oficinas de instituciones públicas, distritos y sectores. Las instituciones auditadas recibieron recomendaciones sobre la manera de atender a las personas con discapacidad.
100. Los planes de seguro médico de Rwanda prestan especial atención a los niños con discapacidad. La nueva ley del seguro médico dispone que, a diferencia de lo que sucede con los otros niños, los niños con discapacidades que les impidan ganarse la vida seguirán estando asegurados aun después de cumplir los 25 años.
101. El Ministerio de Salud, en colaboración con el Ministerio de Gobierno Local por conducto del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, ha clasificado a 154.236 personas con discapacidad según sus grados de discapacidad y les ha proporcionado tarjetas de discapacidad. Ese ejercicio ha permitido proporcionar prestaciones, como apoyo directo a las personas con discapacidad de las categorías 1 y 2 en cuyo hogar haya al menos una persona con derecho a trabajar en obras públicas.
102. En la actualidad hay unos 15 centros de fabricación de prótesis que han firmado memorandos de entendimiento con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.
Para facilitar el acceso a los dispositivos ortoprotésicos, el Ministerio de Salud, después de un proceso de consultas con representantes de compañías de seguros médicos, la asociación de técnicos ortopedistas y talleres de rehabilitación, ha revisado los aranceles aplicables a esos dispositivos con el objeto de favorecer a las personas con discapacidad.
103. El Gobierno de Rwanda ha establecido dos centros especializados y de referencia para ofrecer servicios de atención de la salud y ayudas técnicas a los niños con discapacidad: Rilima y HVP Gatagara. Los servicios que se prestan en ellos están cubiertos por el seguro de salud comunitario. Además, dos de los principales hospitales del país, el Hospital Universitario de Kigali y el Hospital Universitario de Butare, proporcionan órtesis y prótesis a las personas con discapacidad en el marco del seguro de salud comunitario (mutuelle de santé).
104. Hay actualmente una estrategia nacional de educación inclusiva y un comité nacional de educación inclusiva dentro de la Universidad de Rwanda. Desde que se puso en marcha la estrategia, el número de personas con discapacidad que tienen acceso a la educación ha aumentado de 25.561 en 2015, en todos los niveles de la enseñanza, a 104.596 en 201940.
9. Trata (recomendaciones 133.19, 133.20 y 133.21)
Trata de niños (recomendaciones 133.20 y 133.21)
105. El Gobierno de Rwanda sigue esforzándose por combatir y prevenir la trata de personas. Se han establecido sólidos marcos jurídicos, normativos e institucionales para seguir protegiendo los derechos de los niños y garantizando que los responsables de actos de violencia sexual y de trata de niños sean llevados ante la justicia y rindan cuentas de sus actos.
106. En 2018, Never Again Rwanda, en colaboración con el Ministerio de Justicia y con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), llevó a cabo una investigación nacional conjunta sobre la trata de personas en Rwanda y sus causas, efectos y repercusiones41, que puso de manifiesto que Rwanda se utilizaba más como lugar de tránsito que de origen, y que la mayoría de las víctimas eran jóvenes, mujeres y niñas.
107. Las conclusiones de la investigación sirvieron de base para la elaboración del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se encuentra en la fase de aprobación por el Comité de Ministros.
108. Se ha aprobado la Ley núm. 51/2018 de Prevención, Represión y Sanción de la Trata de Personas y la Explotación de Terceros, de 13 de agosto de 2018, que en su artículo 12 prevé específicamente la prestación de asistencia especial a los niños víctimas.
109. Rwanda también ha establecido mecanismos adaptados a los niños para recibir e investigar las denuncias y darles seguimiento. Uno de ellos es un teléfono de asistencia de tres dígitos, el 166, para niños establecido por la Policía Nacional.
110. Rwanda ha mejorado su capacidad para juzgar los casos de trata de personas mediante la promulgación de la ley contra la trata de personas, en la que se contempla la posibilidad de impartir formación al respecto a los miembros del sistema judicial.
111. Entre 2018 y 2019 se capacitó a unos 100 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como investigadores, fiscales y agentes de inmigración, en técnicas de investigación y enjuiciamiento de la trata de personas gracias al apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y a los conocimientos especializados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la OIM.
112. Los mecanismos mencionados, junto con otras iniciativas destinadas a aplicar las leyes, se han traducido en un aumento de las denuncias, la investigación y el enjuiciamiento de los casos de violencia sexual y de género y de trata. Entre 2017 y 2018, la Dirección General de Inmigración y Emigración registró 311 casos, algunos de ellos con varias víctimas.
113. En ese período se juzgaron 85 casos de trata de personas. La tasa de condenas en los casos enjuiciados aumentó del 12,5 % en 2016 al 41,7 % en 2017 y el 53,3 % en 2018.
En 2019/20, la Fiscalía registró 29 casos de trata de personas, de los cuales se enjuiciaron 16. Cabe señalar que ha disminuido la tasa de absoluciones. El aumento de las tasas de condenas y de identificación de casos podría deberse a la concienciación de la comunidad y a que los funcionarios han mejorado su gestión de los casos de trata de personas.
10. Trabajo, pobreza y desarrollo (recomendaciones 133.34, 133.35, 133.49 y 133.50)
Acceso a Internet (recomendación 133.34)
114. En febrero de 2017, el Gobierno de Rwanda estableció la Autoridad para la Sociedad de la Información42.
115. En noviembre de 2017, el Gobierno aprobó un Plan Estratégico Septenal para el Sector de las TIC. El Plan Estratégico muestra que el país ha registrado un enorme aumento del uso de Internet en los últimos siete años. En 2011, la penetración de Internet era del 7 %, y aumentó al 39,76 % en mayo de 2017. En marzo de 2020, la penetración de Internet era del 62,9 %43.
