GE.19-13723 (S)
Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 34º período de sesiones
4–15 de noviembre de 2019
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos*
Estado Plurinacional de Bolivia
* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/34/BOL/1
Asamblea General Distr. general 9 de agosto de 2019
Original: español
I. Introducción
1. El Estado Plurinacional de Bolivia (“Bolivia” o “Estado” o “Estado boliviano”), dando cumplimiento a los compromisos asumidos con el mecanismo del Examen Periódico Universal y aplicando las recomendaciones aceptadas con motivo de su segundo informe, presenta su tercer informe para el periodo 2014–2018 y el primer semestre de 2019.
II. Metodología y proceso de elaboración
2. El presente Informe fue realizado en el marco del Espacio de Coordinación Interinstitucional para la Elaboración, Presentación y Defensa de Informes del Estado Plurinacional de Bolivia, a la cabeza del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y con la colaboración de las instituciones públicas involucradas1, sometido a un proceso de revisión por éste y socializado con organizaciones sociales y de sociedad civil2.
III. Posicionamiento ante instancias internacionales
Instrumentos de derechos humanos ratificados (Rec. 113.1, 113.2, 113.3, 113.43, 114.1)
3. El Estado ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,4 Protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte,5 Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de la Haya,6 el “Protocolo de San Salvador”,7 la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza8 y las enmiendas de Kampala del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al Crimen de Agresión.9
Cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos (Rec. 114.2, 114.3, 114.4)
4. Bolivia es activa con los mecanismos, colaborando en la emisión de información para el cumplimiento de sus mandatos. Entre 2018 y el primer trimestre de 2019, Bolivia presentó: Informe Inicial al CED, 3º Informe al CMW, 3º Informe al CAT, 4º Informe al CCPR, 3º, 4º y 5º Informe al CESCR, 21º al 26º Informes al CERD y el 5º y 6º Informes al CRC. Asimismo, fue preparado el 7º Informe al CEDAW, encontrándose en plazo los 2º, 3º y 4º informes combinados al CRPD. Asimismo, fue presentado el Informe de Progreso en la Implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing +25.
5. En el marco de la comunicación realizada al Estado boliviano por el ACNUDH en 2017, se llevaron adelante acciones de coordinación y 3 reuniones con el ACNUDH regional para América del Sur, acordándose un plan de apoyo técnico para el país. En el periodo 2014-2018, Bolivia ha dado cumplimiento a la presentación de las Memorias anuales ante la Organización Internacional del Trabajo, también se presentaron los Informes al Primer y Segundo Agrupamiento de Derechos del Protocolo de San Salvador10 y fue preparado el informe para la Convención Americana sobre los Derechos de los Jóvenes. Entre el 6 y 15 de mayo de 2019, el Experto Independiente sobre Deuda Externa de Naciones Unidas visitó Bolivia.
IV. Indicadores de derechos humanos (Rec. 113.8, 113.9, 114.6 y Comp. 2)
6. Se continúa trabajando en la construcción y aplicación de indicadores en derechos humanos con enfoque de género, actualmente existen indicadores estructurales, de proceso y resultado para los derechos a una alimentación adecuada, educación, salud, trabajo,
vivienda, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, habiéndose desarrollado indicadores para 3 nuevos derechos: agua y saneamiento, vida libre de trata y tráfico y acceso a la justicia y juicio justo,11 desarrollados en coherencia con el Plan General de Desarrollo Económico y Social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
V. Espacio de coordinación interinstitucional para la
elaboración, presentación y defensa de informes de Estado (Rec. 113.6, Comp. 4)
7. El 2015, se creó el Espacio de Coordinación Interinstitucional para la Elaboración, Presentación y Defensa de Informes del Estado Plurinacional de Bolivia, conformado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Procuraduría General del Estado,12 en cumplimiento al compromiso voluntario asumido durante la defensa del segundo EPU.
8. El Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadística de Recomendaciones sobre Derechos Humanos en Bolivia (SIPLUS Bolivia)13 se vincula con los indicadores de DDHH, sistematiza las recomendaciones de derechos humanos y se constituye en una herramienta de búsqueda y seguimiento a las mismas, está disponible para consulta de instituciones públicas y sociedad civil en general.
VI. Objetivos de Desarrollo del Milenio (Rec. 114.5)
9. Desde 2017 está en funcionamiento el Comité Interinstitucional de las Metas de Desarrollo de Milenio como instancia técnica del seguimiento y monitoreo para el logro de los resultados del PDES 2016-2020, relacionados a los ODS.14
VII. Plan Multisectorial de Desarrollo Integral de Derechos Humanos (PMDIDH) (Rec. 113.7)
10. Se viene trabajando en el PMDIDH, que será un instrumento de gestión pública en materia de derechos humanos enmarcado en el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)15 y el Plan General de Desarrollo Económico y Social.
VIII. Agenda Patriótica 2025 (Rec. 113.10, Comp. 1)
11. La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025,16 constituye el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), contiene los 13 pilares para constituir la Bolivia Digna y Soberana, en ella se orienta el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES). En ese marco, están en ejecución Planes Sectoriales de Desarrollo Integral, Planes Territoriales de Desarrollo Integral, Planes Estratégicos Institucionales y Planes Multisectoriales de Desarrollo Integral que guardan directa relación con los indicadores de derechos humanos.
IX. Derechos civiles y políticos
A. Tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes (Rec. 113.5, 114.42 y 114.43)
12. En 2013 se creó el Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET)17 como el mecanismo nacional de prevención de Bolivia, de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Institución pública descentralizada, con recursos económicos del Tesoro
General de la Nación para su funcionamiento, asimismo, su Director General Ejecutivo es designado por el Presidente del Estado.
13. El SEPRET atiende denuncias y patrocina casos de posibles torturas, capacita a servidoras y servidores públicos y sociedad civil, realiza visitas no planificadas a centros de custodia y emite recomendaciones a autoridades estatales.
B. Transparencia y lucha contra la corrupción (Rec. 114.44, 114.45)
14. Está vigente la Ley de las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción,18 se instituyó una Secretaría Técnica para el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción,19 aprobándose el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2017-2022.
15. Se cuenta con varios instrumentos para la aplicación de este Plan: el Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción; el Manual Metodológico de Participación y Control Social, aprobado con la participación de 230 representantes de organizaciones sociales, el Compendio de Diseño e Implementación de Políticas/Planes de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, aplicado por 60 gobiernos autónomos municipales, el Manual Técnico de contenidos para la evaluación y seguimiento de páginas web institucionales “Acceso a la Información”;20 el Manual Metodológico para la Rendición Pública de Cuentas;21 la Guía de Procesos de Contratación Pública a Nivel Municipal22 y el Manual Metodológico para el Control Social;23 también, se ejecuta el Programa Educativo Red de Jóvenes por la Transparencia.
16. Se promueven espacios anuales de participación y discusión de estos temas: el Encuentro Nacional de Control Social, el Encuentro Plurinacional de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el Encuentro de la Red de Jóvenes por la Transparencia, que aglutina a 76 redes nacionales de jóvenes voluntarios, y la Jornada de Ética para Servidoras y Servidores Públicos.
17. Entre 2014 y 2018 se tiene un total de 130 sentencias en procesos penales por delitos de corrupción y $us.40.709.807,00 de bienes recuperados en la lucha contra la corrupción.
C. Acceso a la justicia
Independencia judicial y buen funcionamiento del Órgano Judicial (Rec. 114.57, 114.60, 114.61, 114.62, 114.63, 114.64)
18. La Constitución Política del Estado (CPE) establece el principio de independencia y separación de los órganos estatales con la finalidad de evitar la concentración y uso excesivo de autoridad,24 para ello se ha establecido la autonomía presupuestaria del Órgano Judicial y la carrera judicial, por la cual juezas, jueces y vocales ingresan a través de concurso de méritos y examen de competencias. El Consejo de la Magistratura aprobó el Reglamento de la Carrera Judicial25 y el Manual del Subsistema de Ingreso a la Carrera Judicial – Modalidad de Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia,26 cuyas disposiciones se encuentran en línea con los estándares de meritocracia, transparencia, concurso público, igualdad y no discriminación.
19. Bolivia ha impulsado dos procesos electorales27 para la elección de altas autoridades del Órgano Judicial28 y Tribunal Constitucional Plurinacional por voto popular, sujetos a una modalidad de sufragio universal precedida de una preselección de postulantes elegidos por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proceso fue administrado por el Órgano Electoral Plurinacional.
Medidas adoptadas para mejorar el acceso a la justicia (Rec. 113.20, 113.21, 113.22, 113.24, 114.57, 114.58, 114.63, 114.65 y 114.128)
20. Desde 2012 han sido creados 143 juzgados y tribunales, lo que ha representado a su vez la creación de 1.740 ítems (entre personal judicial, conciliadores y apoyo judicial), con una inversión de Bs.98.376.361,95. En 2018 se crearon 22 Salas Constitucionales29 dentro de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia, conformadas cada una por
dos vocales especializados con dependencia funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional.
21. En junio de 2016, con amplia participación social, se realizó la “Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien” para construir un nuevo Sistema de Justicia Plural, eliminar la retardación de justicia y garantizar el acceso a una justicia pronta y oportuna. Se creó la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre,30 encargada de implementar la Estrategia para la Reforma del Sector Justicia, que busca iniciar la transformación del sistema de justicia a través de los ejes estratégicos: Desarrollo del nuevo marco normativo, Gestión del talento humano del sistema de justicia e Implementación de tecnologías de información y comunicación, infraestructura y modelo de gestión.
22. El Órgano Judicial implementa el Programa País: Ejercicio de Derechos y Acceso a la Justicia 2014-2018, la Conciliación en Sede Judicial 2013-2017, Modernización y Gestión de Causas Penales en Despachos Judiciales 2016-2017, Programa de Justicia Itinerante para la jurisdicción agroambiental, programas de socialización para la prevención y lucha contra la corrupción, el Sistema Informático Nacional de Transparencia y una línea gratuita para dar información y recibir denuncias.
23. La Escuela de Jueces del Estado y la Escuela de Fiscales del Estado desarrollan de forma sostenida y especializada procesos de educación y sensibilización dirigidos a servidoras y servidores públicos de ambas instituciones.
24. El “Plan Sectorial de Justicia Plural 2013-2025” fue ajustado a los resultados de la Cumbre de Justicia, aprobándose el nuevo Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Justicia y Transparencia 2016-2020.31
25. Después de un proceso de convocatoria pública y selección realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco del Reglamento de Selección y Designación del Fiscal General del Estado, el cual contempla criterios relativos a méritos, trayectoria y ética, en octubre de 2018, se posesionó al nuevo Fiscal General del Estado.
Derecho a la defensa, reducción en las dilaciones en la labor de investigación, detención preventiva (Rec. 113.23, 113.24, 113.25, 114.56, 114.59, 114.63, 114.66, 114.69)
26. La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal32 implementa procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales y reducir la retardación de justicia. El Órgano Judicial implementa el Plan Nacional de Descongestionamiento del Sistema Penal.
27. La Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños y Mujeres33 implementa mecanismos para agilizar la tramitación de las causas penales, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva reconociendo su carácter excepcional, entre otras innovaciones, crea las oficinas gestoras de procesos, instancias administrativas que darán soporte y apoyo técnico a la actividad jurisdiccional para optimizar la gestión judicial, promueve el uso de las tecnologías de la información y comunicación para afianzar la oralidad y garantizar la celeridad de las actuaciones procesales, la transparencia de los procesos penales y uniformar la información sobre el funcionamiento de la justicia penal.
28. La mencionada Ley entrará en plena vigencia el 30 de septiembre de 2019, todas las instancias involucradas están trabajando en los planes técnicos y presupuestarios para su efectiva implementación, la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia será la instancia encargada de evaluar y hacer seguimiento a su aplicación. Se prevé la creación de oficinas gestoras de procesos, juzgados, incremento de ítems y capacitación para la efectivización de esta Ley.
D. Memoria y verdad (Rec. 114.70 y 113.26)
29. Se creó la Comisión de la Verdad34 para esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual durante la época dictatorial
entre 1964 y 1982. La Estrategia de Trabajo Interinstitucional sobre Desapariciones Forzadas contempla 3 ejes: investigación de los hechos por desapariciones forzadas, localización de personas desaparecidas e identificación de restos mortales.
30. La Fiscalía General del Estado prioriza la investigación de delitos que impliquen violaciones de derechos humanos durante los regímenes inconstitucionales entre 1964 y 1982.35 El 2018, se suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión de la Verdad y la Fiscalía General del Estado y se elaboró el Proyecto de Implementación y Mejora para los Laboratorios de Antropología Forense del Instituto de Investigaciones Forenses.
E. Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación (Rec. 114.31, 114.32, 114.33, 114.34, 114.35, 114.36, 114.37, 114.38, 114.39, 114.126, 114.40, 114.67 y 114.85)
31. Está en pleno funcionamiento el Comité contra el Racismo y toda forma de Discriminación,36 que, en coordinación con otras entidades, implementó y evaluó la Política del Estado Plurinacional de Bolivia contra el Racismo y toda forma de Discriminación 2012-2015, con base en esa evaluación se construyó participativamente el Plan Multisectorial de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 2016-2020.37 32. Durante este periodo se realizaron procesos de capacitación y campañas de difusión a diversas poblaciones, entre ellas servidoras y servidores públicos de las fuerzas del orden y el sistema de justicia, también se conformaron Brigadas Juveniles Estudiantiles.
33. Se elaboró el Protocolo de Recepción, Procesamiento y Sanción de Casos de Racismo y Toda Forma de Discriminación. Ante posibles delitos que impliquen violencia y discriminación contra mujeres, pueblos indígenas o personas LGBTI, las Fiscalías Departamentales deben actuar de oficio y priorizar la resolución de estos procesos.38 Se conformaron Unidades de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación en instituciones del Órgano Ejecutivo, dentro de la estructura de la Policía Boliviana se creó la Dirección Nacional de Descolonización y Doctrina Institucional.
34. Se declaró Decenio del Pueblo Afroboliviano al periodo comprendido entre el año 2015 y 2024,39 el “Plan de Implementación del Decenio del Pueblo Afroboliviano 2016- 2024” fue incorporado al Plan Sectorial del Ministerio de Culturas y Turismo. Bolivia promovió ante la ONU la aprobación de la resolución40 que proclama el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas.
F. Derecho a la libertad de expresión, comunicación e información (Rec.
114.71, 114.72, 114.73 y 114.74)
35. La CPE garantiza a toda persona, incluidas las y los trabajadores de la prensa, el derecho a la libertad de expresión, a la comunicación y a la información, igualmente, establece la cláusula de conciencia.41 El Estado promueve un marco normativo eficaz en procura del ejercicio periodístico con seguridad, conforme a la vigencia de los derechos humanos, asimismo, a través de la estrategia “Dale Vida a tus Derechos”, promueve la difusión de información gubernamental de acceso universal, garantiza el libre ejercicio de la labor periodística, difunde y genera espacios de libre concurrencia y acceso a los medios de comunicación en los diferentes eventos de interés colectivo.
X. Derechos económicos, sociales y culturales
Inversión pública e inversión social (Rec. 114.12)
36. Desde 2006, Bolivia implementa el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), que permitió registrar importantes avances en las políticas sociales
reflejadas en un incremento del gasto público social y en un crecimiento económico sostenido.
37. La inversión estatal42 se incrementó hasta alcanzar $us.6.057 millones de ejecución en 2018, en el periodo 2014-2018, la inversión pública se incrementó de Bs.4.507 millones a Bs.4.856 millones. El año 2010, la inversión en el sector social alcanzaba a Bs.3.301.904, mientras que en 2018 ésta se incrementó a Bs.8.767.062.
Medidas adoptadas para reducir la pobreza (Rec. 113.12. 114.13, 114.14, 114.15, 114.16, 114.17, 114.18, 114.82, 114.113 y Comp. 3)
38. Bolivia ha tenido un crecimiento económico sostenido durante el periodo 2006- 2017, donde el promedio de crecimiento del PIB fue de 4,9%.
39. El año 2006 el 37,7% de la población en el país estaba en situación de pobreza extrema, lo que correspondía a 3.6 millones de personas, para el año 2018, la pobreza extrema se redujo a 15,2%, que equivale a aproximadamente a 1.7 millones de personas.43 Se estima que más de 1.6 millones de personas superaron esta condición.
40. Entre los años 2006 y 2018, la pobreza moderada en Bolivia se redujo de 59,9% a 34,6%; en 2006, las personas en situación de pobreza eran 5.8 millones, este valor se redujo a 3.9 millones para 2018.
41. Se desarrollaron políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población, destacando una política salarial responsable para favorecer a los sectores tradicionalmente excluidos, incrementando de forma permanente los salarios de la población trabajadora. Se ejecuta el Plan Vida de Erradicación de la Extrema Pobreza, que entre sus estrategias plantea la inclusión, especialmente de los pueblos indígena originario campesinos, mujeres y jóvenes, el Plan Nacional de Empleo y políticas para impedir el incremento sostenido de los precios que conforman la canasta básica alimentaria.
42. Mediante la Plataforma de Registro Integrado de Programas Sociales del Estado y la Ficha Única de Caracterización Socioeconómica, será posible ejecutar programas focalizados en favor de la población. Además, se tiene previsto avanzar con el registro de programas sociales de agricultura familiar para fortalecer las políticas de protección social en el área rural.
Políticas sociales (Rec. 114.7, 114.8, 114.10, 114.11, 114.12, 114.16, 114.82, 114.113)
43. Una de las bases del MESCP es la redistribución de la riqueza. En este periodo, las políticas sociales estuvieron dirigidas a redistribuir los excedentes económicos a la población en mayor situación de vulnerabilidad y erradicar la pobreza extrema, para ello se destinaron crecientes recursos económicos a las áreas de educación, salud, protección social y vivienda.
44. Entre las políticas sociales más importantes se encuentran las transferencias condicionadas en efectivo (Bono Juancito Pinto,44 Bono Juana Azurduy45), el Programa Desnutrición Cero46 y la Renta Dignidad,47 los programas de alfabetización y postalfabetización, la atención gratuita de salud y atención domiciliaria a población en situación de vulnerabilidad, infraestructura y equipamiento sanitario en los diferentes niveles de atención, los programas de dotación de vivienda, dotación de agua potable, el incremento sostenido del salario mínimo nacional y la política de incremento salarial inversamente proporcional, los cuales contribuyeron a reducir la desigualdad de ingresos.
45. En 2018, la inversión en el sector social tuvo un crecimiento de 7,1%. A nivel nacional, la desigualdad de ingresos medida por el Índice de Gini, disminuyó de 0,49 en 2014 a 0,44 en 2018 (p). El siguiente cuadro muestra el número de personas beneficiadas con bonos sociales48 en el periodo 2014-2018.
Número de personas beneficiadas con el bono Juana Azurduy, bono Juancito Pinto y Renta Dignidad:
2014–2018
2014 2015 2016 2017 2018 (p)
Bono Juana Azurduy 234.377 186.044 228.802 230.644 221.996
Bono Juancito Pinto 2.132.393 2.152.969 2.156.464 2.171.532 2.221.635
Renta Dignidad 919.364 954.938 989.070 1.021.455 1.039.242
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros
(p) Preliminar
Familia como unidad fundamental de la estructura social (Rec. 113.11)
46. El Código de las Familias y del Proceso Familiar49 es el instrumento normativo que regula los derechos de las familias, las relaciones familiares y los derechos, deberes y obligaciones de sus integrantes. El Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA)50 y su Reglamento51 reconocen y garantizan el ejercicio del derecho a la familia.
47. La Ley de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes,52 reduce tiempos y trámites de adopción, y beneficiará al menos a 8.369 niñas y niños que se encuentran en 190 centros de acogida del país.
A. Derecho humano a la educación
Acceso a la educación (Rec. 113.45, 114.24, 114.25, 114.26, 114.86)
48. Durante el periodo 2010 - 2018 el gasto público ejecutado en educación ascendió de Bs.10.768.344.165 a Bs.23.881.159.701. Sólo el 11,44% de las y los estudiantes están matriculados en unidades educativas privadas, por decisión de sus padres y madres. De los 2.886.777(p) estudiantes matriculados en los niveles inicial, primario y secundario en la gestión 2018, el 48,7% son mujeres y el 51,3% hombres, avanzando con firmeza en la superación de la histórica desventaja que tenían las mujeres en el acceso oportuno a la educación. La tasa de abandono escolar se redujo de 3.42% en 2010 a 2.54% en 2018.
49. Desde 2014 se implementan los Programas Escuelas de Frontera,53 Escuelas de Ribera de Río,54 Escuelas Liberadoras55 y el Programa de Atención Modular Multigrado de Educación Secundaria Comunitaria, dirigido a estudiantes que no tienen posibilidades de continuar estudios por encontrarse en lugares alejados y de difícil acceso.56 A partir de 2017 se implementan los Centros de Apoyo Pedagógico Integral - Aulas Hospitalarias.57 Se instalaron 516 Telecentros Educativos Comunitarios.58
50. Entre 2014 y 2018, se crearon 15.000 ítems para el sector, en el periodo 2006-2018, el incremento de ítems fue de 1.030%. Para 2018, el sistema educativo cuenta con 143.607 maestras y maestros y 16.078 unidades educativas, 4.541 en el área urbana y 11.537 en el área rural.
51. En el periodo 2014-2018, el Bono Juancito Pinto59 se entregó a un promedio de 2 millones de estudiantes por año; sólo en 2018, se logró beneficiar a 2.221.368 de estudiantes de los niveles primario y secundario, llegando a 14.776 unidades educativas fiscales y de convenio a nivel nacional. Igualmente, cada año se entrega el Bono a la Excelencia en el bachillerato, consistente en Bs.1.000, para los dos mejores bachilleres (mujer y varón) de todas las unidades educativas del país, entre 2014 y 2018, 45.745 estudiantes han recibido el bono.
Política educativa-Educación en Derechos Humanos (Rec. 113.45, 114.23, 114.26, 114.27, 114.9)
52. Los derechos humanos son considerados la base, fines y parte de los objetivos de la educación en Bolivia.60 El abordaje de los derechos humanos en la curricula educativa se
realiza a través de perspectivas integrales desde la visión del Vivir Bien. Las políticas sociales educativas se articulan a través de los ejes temáticos: Derechos Humanos, Educación Integral en Sexualidad, Prevención de la violencia y Seguridad ciudadana.61 53. Bolivia ha consolidado una estructura normativa e institucional para promover la igualdad y erradicar la violencia de género y por orientación sexual.62
Alfabetización (Rec. 114.22, 114.28, 114.132)
54. El Programa Nacional de Post-Alfabetización “Yo Sí Puedo Seguir”, subdividido en dos componentes, el primero de alfabetización y el segundo de post-alfabetización, dirigido a personas mayores de 15 años, es impartido en diferentes idiomas y en todos los municipios del país.
55. Entre 2011 y 2018, el primer componente benefició a 214.640 personas, reduciéndose la tasa de analfabetismo a 2,4%, parámetro que permite seguir considerando al país libre de analfabetismo. En el segundo componente, entre 2011 y 2017, el número de personas graduadas de 6to. de primaria en el marco del programa de post-alfabetización llegó a 159.135.
B. Derecho humano a la salud
Políticas de salud (Rec. 114.19, 114.20, 114.30, 114.82, 114.86, 114.87, 114.113)
56. Entre 2006 y 2016 la inversión en salud se incrementó de 5,1% a 7,8% respecto al PIB, invirtiéndose sobre todo en infraestructura, equipamiento y atención a grupos en situación de vulnerabilidad. A 2018, se cuenta con 5.580 ítems en el sector y 3.925 establecimientos de salud en todo el país.
57. En cumplimiento al mandato constitucional de acceso a la salud sin exclusión63 y de acceso al seguro universal de salud,64 la Ley Nº 115265 modificó la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral,66 para ampliar la población beneficiaria que no se encuentra cubierta por la Seguridad Social de Corto Plazo, con atención gratuita de salud, en avance hacia un Sistema Único de Salud (SUS), universal y gratuito que incorpora a la medicina tradicional en el modelo de atención.
58. La Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural vigente desde 2008, que privilegia la promoción y prevención sin descuidar la reparación de la salud y respetando la medicina tradicional, a través del programa SAFCI - MI SALUD establecido en 2012, se encuentra presente en 312 municipios del país, fortaleciendo la atención en salud con una perspectiva integral e intercultural, cubriendo un total de 18.642.844 atenciones (50,4% en consulta y 49,6% durante la visita familiar), habiéndose realizado 2.701.725 visitas familiares de seguimiento, con más de 1 millón de familias con carpetas familiares y 527 especialistas formados con enfoque integral e intercultural. Además, se han habilitado 445 establecimientos de primer nivel de atención en áreas urbanas, como consultorios vecinales y 583 puestos de salud se han convertido en centros de salud con la presencia de un médico.
59. El Bono Juana Azurduy, con el objetivo de continuar disminuyendo los índices de mortalidad materna e infantil y los niveles de desnutrición crónica de niñas y niños menores de 2 años, en el periodo 2014–2018, benefició a 1.101.863 mujeres gestantes y niñas y niños. Se han constatado impactos importantes generados por este bono; el incremento en el número de visitas a controles integrales de salud, en la probabilidad de captura temprana de embarazo y el acceso a información de las mujeres gestantes.
60. En 2016 se realizó la Encuesta de Demografía y Salud. De acuerdo con sus resultados, la tasa de mortalidad en niñas y niños menores de 5 años es de 29 por cada 1.000 nacidos vivos, en 2008 esa cifra llegaba a 63, la desnutrición crónica en menores de 5 años disminuyó de 27,1% en 2008 a 16% en 2016 y en caso de niñas y niños menores de 2 años de 20,3% en 2008 a 15,2% en 2016.
61. Con el fin de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad neonatal, el Subsidio Universal Prenatal por la Vida67 beneficia a mujeres gestantes a partir del 5º mes de
embarazo que no cuenten con seguro social a corto plazo, entre 2015 y 2018(p), 325.986 mujeres recibieron este beneficio.
62. En 2017, Bolivia incorporó la administración gratuita de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Fue aprobado el Decreto Supremo (DS) Nº 8082 de 31 de octubre de 2018, para transferir 21 millones de bolivianos destinados a la atención de pacientes con cáncer por un año.
C. Derecho humano a una alimentación adecuada
63. El PDES 2016-2020, contempla como uno de sus pilares a la Soberanía Alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse para Vivir Bien e incorpora los lineamientos de la Política de Alimentación y Nutrición (PAN),68 nuevo instrumento que organiza los programas de seguridad alimentaria que se ejecutan por los Ministerios que conforman el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición. Se lleva adelante el Programa Multisectorial Desnutrición Cero 2016-2020 (PMDC 2016-2020) que profundiza las acciones iniciadas el 2007, y el Programa Multisectorial de Alimentación y Nutrición en el Curso de la Vida, que pretende consolidar y fortalecer lo avanzado por el PMDC 2016- 2020.
64. La Ley de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural69 fomenta la economía social comunitaria a través de la compra de alimentos de proveedores locales. La Ley de Promoción de Alimentación Saludable70 establece lineamientos y mecanismos para promover hábitos alimentarios saludables.
65. Está en ejecución el Plan del Sector Agropecuario y Rural con Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016-2018, para mejorar los niveles de disponibilidad, acceso y uso de alimentos de la población vulnerable a nivel nacional. Como mecanismos de recopilación de información para la toma de decisiones y generar políticas públicas en el ámbito agropecuario y productivo se tiene el Sistema de Alerta Temprana Agropecuario Plurinacional71 y el Observatorio Agroambiental y Productivo.72
66. Entre 2006 y 2018 se han saneado y titulado 76.7 millones de Ha. y emitido 1.080.640 títulos reconociendo la propiedad a pueblos y comunidades campesinas, indígenas y originarias, interculturales, afro bolivianas, sectores productivos de medianos propietarios, empresarios e instituciones del Estado.
D. Derecho humano al trabajo (Rec. 113.12, 114.24, 114.82 y 114.87)
67. Se mantuvo el incremento salarial por encima de la tasa de inflación y el aumento sostenido del salario mínimo nacional. Entre 2006 y 2018, éste tuvo un aumento promedio de 12,7%.
68. Entre 2005 y 2017, la tasa de desempleo se contrajo de 8,1% a 4,5%, siendo una de las tasas más bajas de la región.73 Mediante estimación de generación de empleo, producto de la inversión pública en todas las actividades económicas y privadas, se prevé la creación de 223.287 nuevos empleos en 2018.
69. Entre las gestiones 2016 y 2017, se atendieron 31.295 denuncias de trabajadoras/es por despidos injustificados, referentes al pago de beneficios sociales y reincorporación laboral. En el mismo periodo de tiempo, se han realizado 3.732 inspecciones laborales orientadas a verificar el cumplimiento de la normativa laboral.
Programa Mi Primer Empleo Digno
70. Entre 2012 y 2015, 1.367 jóvenes se beneficiaron, permitiéndoles incrementar el desarrollo de sus habilidades, mejorar sus condiciones de empleabilidad en el mercado de trabajo y encontrar un empleo digno, a más del 70% de las y los jóvenes que completaron la fase de pasantías se les ofreció un puesto de trabajo en la misma empresa. Mujeres jóvenes mayores de 19 años fueron las que mayoritariamente participaron del mismo.
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
71. Entre 2014 y 2018, el programa benefició a 17.716 personas, 54% de ellas mujeres.
E. Derecho humano a la vivienda
72. La política de vivienda, como instrumento de reducción del déficit habitacional, se orienta hacia la consolidación de soluciones habitacionales con un enfoque de convivencia comunitaria. Se ejecutan diversos programas con ese enfoque, entre ellos, el Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional (2016-2020) y los Programas de Vivienda Nueva y Mejoramiento, Refacción y Ampliación de Viviendas que priorizan a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
73. La Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) es la institución encargada de la dotación de soluciones habitacionales y hábitat, para ello, entre 2014 y 2018 fueron construidas, mejoradas, ampliadas y/o renovadas 95.990 soluciones habitacionales, alrededor del 23% de ellas destinadas a personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres.
74. Se otorgan créditos de vivienda social, para ello, la AEVIVIENDA otorga subsidios al costo del bien inmueble con un porcentaje a determinar en la evaluación social y la situación de vulnerabilidad de la familia solicitante, bajo esta modalidad, entre 2014 y 2018 se otorgaron 4.592 créditos que beneficiaron a 18.781 personas. Conforme a la Ley de Servicios Financieros74, 65.507 familias se beneficiaron de créditos para vivienda de interés social.
75. El DS N° 1955 de 2 de abril de 2014, impulsó la reubicación de familias en riesgo afectadas por eventos climatológicos adversos que afectaron varias regiones del país.
Acceso a servicios
76. A 2018 existen 939.747 conexiones de gas domiciliario y 2.9 millones de hogares cuentan con energía eléctrica, alcanzando una cobertura de 93% de la población. El 75% de localidades con población mayor o igual a 50 habitantes tiene acceso a telefonía, 46% a internet.
F. Derecho humano al agua (Rec. 113.13)
77. Entre las gestiones 2014 y 2018 se implementaron los Programas Mi Agua en sus versiones 3, 4 y 5 y Mi Riego. El 94% de la población urbana y el 67% de la población rural cuenta con acceso a fuentes mejoradas de agua, 60% de la población boliviana cuenta con servicios de saneamiento.
G. Derecho humano a un medio ambiente sano (Rec. 114.29, 114.125)
78. En coherencia con la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien,75 la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra es responsable de la formulación y ejecución de políticas, planes y proyectos relacionados con los procesos y dinámicas del cambio climático, en el marco de la Política y Plan Plurinacional de Cambio Climático para Vivir Bien con enfoque transversal e intersectorial.
79. Bolivia ha incursionado en la ejecución de proyectos con energías limpias utilizando fuentes naturales tales como el viento, agua, solar y geotérmica. En el periodo 2014-2018 se ha ejecutado la Evaluación Ambiental Estratégica de los Sistemas de Vida en distintas zonas del país, para realizar procesos articulados de planificación y gestión basados en la complementariedad de derechos de los seres humanos y de la Madre Tierra. También en este periodo, el Programa de Difusión en Medio Ambiente orienta las acciones estatales de educación ambiental.
XI. Derechos de población en situación de vulnerabilidad (Rec.
114.7)
A. Derechos humanos de las personas migrantes (Rec. 113.27, 114.41 y 114.78)
80. En 201676 y 201877 se concedió de manera excepcional la regularización migratoria de personas extranjeras que se encontraban en territorio boliviano en situación irregular. En 2017, se aprobaron el Plan de Registro Nacional de Extranjeros en Centros Penitenciarios78 y el Plan de Regularización Migratoria para Estudiantes Extranjeros de Educación Superior de Formación Profesional.79
81. La Tarjeta Andina Migratoria electrónica, vigente desde 2017, redujo el tiempo de espera en los aeropuertos y puestos de control migratorio, en beneficio de los usuarios nacionales y extranjeros. El Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) consolidó el Registro Único de Identificación en el Exterior a través de 5 oficinas, el Censo Carcelario realizado en 2019 permitió recoger información específica sobre personas migrantes privadas de libertad.
B. Derechos humanos de las personas refugiadas
82. La Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) desarrolló el Programa de Inclusión Social, en el marco del cual, en 2015, se realizó el Primer Censo Nacional Demográfico de Población Refugiada y se inició un proceso de naturalización para la población refugiada en Bolivia;80 9 personas obtuvieron la nacionalidad boliviana bajo esta modalidad.
83. Entre 2016 y 2017, el Programa Fronteras Solidarias y Seguras posibilitó capacitación y campañas de difusión dirigidas a servidoras y servidores públicos involucrados con la temática.
C. Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas (Rec. 113.27, 114.48, 114.49, 114.50, 114.51, 114.52, 114.53, 114.54 y 114.55)
84. Conforme a la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas81 y su Reglamento82 está en funcionamiento el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, que implementa el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 2016-2020 con perspectiva integral,83 están en aplicación el Programa de Reinserción Laboral de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas 2018-2020, el Protocolo de Repatriación de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas de Nacionalidad Boliviana en el Exterior84, la Guía de Actuación Migratoria para la Detección Temprana de Situaciones de Trata y Tráfico de Personas y Mecanismos de Protección85 y el Manual de Investigaciones en Delitos de Trata y Tráfico de Personas86. Asimismo, se promovió la suscripción de Acuerdos Bilaterales con Perú,87 Argentina88 y Paraguay89 para la protección de víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos.
85. Se ejecutan estrategias integrales de prevención dirigidas a diversas poblaciones, con énfasis en niñas, niños, adolescentes, madres, padres y docentes de áreas urbana, rural y fronteras. En septiembre de 2018, se realizó la Convención Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas con la participación de las instituciones que son parte del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, representantes de los nueve Consejos Departamentales, organizaciones de la sociedad civil y ocho agencias de las Naciones Unidas, en ella se analizaron los avances y desafíos pendientes en la temática.
86. Han sido fortalecidos los controles migratorios a través de puestos de control integrado, realizándose operativos preventivos de control de fronteras, asimismo, se llevan adelante de forma permanente procesos de capacitación a personal de la Policía Fronteriza y la Dirección General de Migración.
87. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social realiza inspecciones móviles integrales a nivel nacional para identificar posibles casos de trata de personas con fines de explotación laboral.
D. Derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA
88. El Plan Estratégico Multisectorial 2013-2018 busca reducir la morbimortalidad por enfermedades asociadas al VIH. Se garantiza el acceso a la atención y tratamiento universal a la salud sexual de las personas que viven con VIH-SIDA.
89. El Programa Nacional ITS/VIH/SIDA-HV realizó estudios sobre la prevalencia de casos de VIH en los pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos.
E. Derechos humanos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género
90. Se promulgó la Ley de Identidad de Género90 que establece el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero, entre 2016 y 2018, 246 personas tramitaron y concluyeron este trámite.
91. El SEGIP aprobó el Reglamento de Identidad de Género91 que norma el procedimiento para la emisión de cédulas de identidad para personas transexuales y transgénero, en ese marco, entre 2016 y 2018, se otorgaron 242 cédulas de identidad. Se aprobó el Reglamento Interno para el cambio de nombre propio, datos de sexo e imagen en los documentos oficiales del Ministerio de Educación para personas transexuales y transgénero.
92. Se aprobó el DS N° 397892 que elimina la exclusión a personas homosexuales y bisexuales de ser donantes de sangre. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz aprobó la Ley Autonómica Municipal Nº 311,93 que promueve políticas públicas municipales destinadas al ejercicio pleno de los derechos humanos sin discriminación de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género.
93. La Escuela de Jueces del Estado incluye en sus cursos de capacitación en derechos humanos los derechos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género.
F. Derechos humanos de las mujeres (Rec. 114.46, 114.80, 114.82, 114.83, 114.84, 114.85, 114.86 y 114.113)
94. Se aprobó el Plan Multisectorial para el avance en la Despatriarcalización y el Derecho de las Mujeres a Vivir Bien 2016-202094 que contempla las áreas económica, productiva y laboral; educación, salud, violencia en razón de género, ciudadanía y participación política y fortalecimiento institucional. Está en ejecución el Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016-2020.95
95. De los resultados de las Elecciones Generales de 2014, el 50,7% de los miembros de la Cámara de Diputados son mujeres y 44,4% lo son en la Cámara de Senadores. En 2019, las mujeres ocupan el 53,8% de las diputaciones y el 47,2% de las senaturías.96 En el caso de las elecciones subnacionales de 2015, a nivel departamental se llegó a un 45,1 % de asambleístas electas y a nivel municipal a 50,7% concejalas.
96. Se emitieron 1.011.249 títulos de propiedad de la tierra a mujeres, 46% del total de títulos emitidos. Se incorpora la perspectiva de género en conflictos de posesión y propiedad de la tierra.
Lucha contra la violencia hacia las mujeres (Rec. 113.29, 114.79, 114.81, 114.83, 114.88, 114.89, 114.90, 114.91, 114.94, 114.95, 114.96, 114.97, 114.98, 114.99, 114.100, 114.101,114.102, 114.103,114.104, 114.105, 114.106, 114.107, 114.108 y 114.109) 97. La Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348),97 establece los lineamientos de asignación de recursos para su implementación98. El DS Nº 2610,99 dispone que del total de los recursos asignados a seguridad ciudadana por las entidades territoriales autónomas se destinará, como mínimo, el 5% para infraestructura, equipamiento, tecnología y fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) a través de la Policía.
98. Fue establecida una Comisión Interinstitucional100 conformada por siete ministerios101, para la implementación de la Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres.
99. Se conformó el Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia Hacia la Mujer y fue creado el Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización,102 encargado de monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas hacia la despatriarcalización a favor del ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y promover la erradicación de todo tipo de violencia y formas de discriminación contra la mujer. El 15 de julio de 2019, el mencionado Gabinete aprobó el Decálogo que declara prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.
100. Está vigente el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE-VGR), como el mecanismo que desarrolla el Modelo Boliviano de Actuación frente a la Violencia de Género, cuenta con instrumentos103 para el cumplimiento de la Ley 348. Las entidades territoriales autónomas cuentan con casas de acogida y refugios temporales para albergar a las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, con personal multidisciplinario capacitado y especializado.
101. Entre 2016 y 2018, se amplió el número de personal destinado a la FELCV, de 801 a 969, se cuenta con 92 oficinas de atención y 10 servicios desconcentrados. El DS N°
3834104 creó el Sistema de Registro y Alerta Inmediata “Adela Zamudio” y promueve la especialización y permanencia de servidoras y servidores públicos de la FELCV.
102. La FELCV elabora planes, programas y proyectos de prevención de la violencia hacia las mujeres y la familia e implementa el Formulario de Valoración de Riesgo, la Hoja de Recomendaciones para la Atención e Información que debe brindarse a las Mujeres en Situación de Violencia, Planes de Seguridad, buzones de sugerencia y el Sistema Informático Georeferenciado de Atención de Denuncias y Seguimiento de Casos, asimismo, aplica varios instrumentos para la atención integral en estos casos.
103. En 2016 se realizó la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia Contra las Mujeres105 que mide la evolución de la ocurrencia del fenómeno y brinda información estadística para el diseño y evaluación de las políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Se concluyó con la construcción de la Estrategia de Prevención de Violencia en Razón de Género y se cuenta con una caja de herramientas comunicacionales en prevención.
104. El SIPPASE106 logró construir conjuntamente con la Escuela de Jueces del Estado, Escuela de Fiscales del Estado, Universidad Policial y la FELCV una curricula sobre violencia en razón de género. También, se desarrollan cursos virtuales y presenciales dirigidos a servidoras y servidores públicos, ferias y talleres.
105. El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana centraliza la información relativa a la inseguridad y la violencia generando estadísticas para la elaboración de políticas públicas. Se realizaron campañas comunicacionales a través de spots televisivos y cuñas radiales en diferentes idiomas. Se creó la plataforma virtual:
www.348mujereslibresdeviolencia.com con apoyo del PNUD.
Acceso a la justicia de las víctimas en el marco de la Ley Nº 348 (Rec. 114.68, 114.83, 114.92, 114.93, 114.110 y 114.111)
106. El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), otorga patrocinio legal, asistencia social y psicológica a las personas de escasos recursos durante los actos iniciales y el proceso penal hasta la ejecución de la sentencia, promoviendo la reparación del daño y evitando fundamentalmente la revictimización.
107. El DS N° 3463107 garantiza la asistencia técnica, gratuita y especializada de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos de violencia, en el marco del interés superior del niño, en ámbitos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. El DS N° 3834 establece el modelo de atención integral en las Estaciones Policiales Integrales108 y las Direcciones Departamentales, en coordinación con todas las instituciones encargadas de la atención a la víctima de violencia.
108. El Ministerio Público cuenta con la Dirección Nacional de la Fiscalía para Víctimas de Atención Prioritaria que trabaja con directrices de investigación específicas para cada caso, protocolos, manuales y guías y que cuenta con oficinas en los 9 departamentos del país. Las mujeres en situación de violencia tienen flexibilización de sus horarios de trabajo para asistir a los actos procesales e informarse sobre el estado de su proceso.109
109. El Tribunal Supremo de Justicia aprobó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, está vigente la Política Institucional de Igualdad de Género del Órgano Judicial, que busca introducir los enfoques de género y derechos humanos. A partir de la vigencia de la Ley N° 348, fueron creados 31 tribunales y juzgados de violencia contra la mujer en los tribunales departamentales de justicia.
Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0206/2014 (Rec. 113.31, 114.76 y 114.112) 110. La Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 de 5 de febrero, eliminó el requisito de autorización judicial para acceder a un aborto legal cuando el embarazo es consecuencia de violación, estupro, incesto, rapto o cuando por el embarazo corra peligro la vida o la salud de la mujer, por lo que únicamente se debe presentar una copia de la denuncia efectuada para que el servicio de salud (público o privado) realice la interrupción legal del embarazo.
111. En ese marco, el Ministerio de Salud desarrolló el Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud que regula la prestación de los servicios de salud en la interrupción legal y segura del embarazo.
112. Respecto al aborto terapéutico, el sistema de salud en Bolivia cuenta con Normas y Protocolos Clínicos sobre el empleo del Misoprostol en Ginecología y Obstetricia para el personal de salud. Recientes proyectos legislativos han considerado esta temática.
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Rec. 113.30, 114.21, 114.77, 114.111) 113. En este periodo se incorporó en la curricula educativa la temática de salud sexual y reproductiva y sexualidad integral; se realizan procesos de sensibilización y capacitación para promover el ejercicio de roles compartidos en el ejercicio de la sexualidad, así como cursos de formación dirigidos a prestadoras y prestadores de servicios de salud, operadoras y operadores de justicia y docentes.
114. Las instancias encargadas de la ejecución del Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009-2015, incorporaron sus acciones en sus programaciones operativas anuales. Se promulgó la Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, que amplía la otorgación de prestaciones de salud sexual y reproductiva. Está en elaboración el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2018-2020 y el Ministerio de Salud emitió documentos técnico-normativos para garantizar la realización de estos derechos.
115. Como resultado de la dotación de cinco tipos de métodos anticonceptivos y a la capacitación a personal de salud sobre tecnología anticonceptiva, el uso de métodos anticonceptivos se ha incrementado en 10% desde 2008.
116. El 2018 fue declarado como Año de la Vigilancia de la Mortalidad Materna
