Asamblea General A

Distr.

GENERAL

A/HRC/WG.6/1/PHL/1 7 de marzo de 2008 ESPAÑOL

Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Primer período de sesiones

Ginebra, 7 a 18 de abril de 2008

INFORME NACIONAL PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 15 a) DEL ANEXO A LA RESOLUCIÓN 5/1

DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Filipinas

*

El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

GE.08-11414 (S) 270308 280308

Asamblea General

INFORME NACIONAL DE FILIPINAS PRESENTADO AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS PARA EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL

I. METODOLOGÍA

1. El informe nacional de Filipinas para el examen periódico universal (EPU) fue elaborado por el Gobierno de la República de Filipinas siguiendo las directrices generales sobre la preparación de la información para el EPU, y mediante un proceso consultivo y participativo en el que

intervinieron interlocutores muy diversos

.

2. El Comité Presidencial de Derechos Humanos, como órgano coordinador de diversos organismos en el ámbito de derechos humanos, puso en marcha los grupos de trabajo técnicos, organizó sesiones informativas y realizó trabajos preparatorios con los organismos

gubernamentales, entidades de la sociedad civil y órganos independientes interesados. El Comité agrupó las aportaciones de los grupos de trabajo técnicos y redactó el informe nacional de Filipinas, que fue editado y aprobado por los organismos rectores de los grupos de trabajo técnicos.

3. Todos los organismos designados en la Orden administrativa Nº 163

acordaron, por consenso, dirigir los grupos de trabajo técnicos correspondientes a cada uno de los tratados

internacionales de derechos humanos que el Estado había ratificado o a los que se había adherido

. Esos organismos rectores de los grupos de trabajo técnicos dirigieron la preparación de las

secciones del informe nacional correspondientes a sus respectivas esferas de competencia en estrecha consulta con interlocutores del Gobierno y de la sociedad civil. En la preparación de sus respectivas aportaciones, los grupos de trabajo técnicos tuvieron como orientación:

a) las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos; b) el ordenamiento jurídico interno y su aplicación; c) los objetivos de desarrollo del Milenio en relación con el Plan de desarrollo a mediano plazo de Filipinas; d) las observaciones finales de los órganos de tratados y los informes de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas; y e) los resultados de

consultas con diversas partes interesadas.

4. En el informe nacional de Filipinas se prestó atención a sectores vulnerables, como los niños, las mujeres, las personas de edad, los discapacitados, los pueblos indígenas y las personas que viven en la extrema pobreza, y a temas concretos, como el VIH/SIDA y los derechos humanos, las

preocupaciones en materia de seguridad y la educación sobre derechos humanos. También se trataron cuestiones multisectoriales pertinentes a los derechos humanos.

5. El presente informe cumple dos funciones: satisface el requisito de presentar información en el contexto del mecanismo del EPU y establece el marco del estudio de referencia del segundo Plan y Programa de Acción de derechos humanos de Filipinas, atendiendo a la Orden administrativa Nº 163.

II. ANTECEDENTES

6. Filipinas es un Estado democrático y republicano, con un modelo de gobierno constitucional, presidencial, representativo y responsable. Es un archipiélago situado en el Asia sudoriental, con un área de aproximadamente 300.000 km

e integrado por 7.107 islas que a menudo sufren el azote de tifones, terremotos y erupciones volcánicas. Filipinas es un país de diversas culturas, con una población multilingüe, multiétnica y geográficamente dispersa que en 2007 se estimaba

en 89 millones de habitantes. Económicamente Filipinas se ha calificado como un país en

desarrollo y de mediana renta.

7. El marco normativo nacional de protección de los derechos humanos está integrado por la Constitución, la legislación, las decisiones judiciales o jurisprudencia y las costumbres y prácticas tradicionales.

8. Filipinas es uno de los primeros Estados que ha ratificado los siete tratados internacionales básicos de derechos humanos

vigentes actualmente, así como otros instrumentos relacionados con los derechos humanos. El Estado ha iniciado un proceso de fortalecimiento de su mecanismo institucional, a través del Comité Presidencial de Derechos Humanos, para velar por el

cumplimiento de sus obligaciones en materia de presentación de informes a los órganos de tratados de las Naciones Unidas.

9. La adhesión a esos instrumentos y a la Declaración Universal de Derechos Humanos está consagrada en la Constitución de Filipinas de 1987, concretamente en el artículo XIII, sección 17.1, por el que se crea una Comisión de Derechos Humanos independiente

y encargada, entre otras cosas, de vigilar el cumplimiento por el Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos dimanantes de los tratados internacionales. Las disposiciones relativas al carácter, el mandato y las funciones de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas preceden a los Principios de París de 1991.

10. La Constitución es la ley suprema y básica del país, y establece el marco y los principios generales por los que se rige el Estado. Es el baremo en el que se basan y conforme al cual se evalúan los instrumentos jurídicos nacionales y las acciones y decisiones del Gobierno. Entre los elementos más destacados de la Constitución figuran la Carta de Derechos y los artículos relativos a los derechos humanos y la justicia social, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la

ciudadanía, el sufragio, la economía nacional y el patrimonio.

11. La Constitución dispone el establecimiento y la separación de los tres principales poderes del Estado, a saber, el Ejecutivo, la judicatura y el Congreso bicameral

. En ella se concretan los mandatos y las atribuciones de las principales instituciones encargadas de la promoción y protección de los derechos humanos.

12. En la Constitución se establece que el Congreso "dará la máxima prioridad a la aplicación de medidas para proteger y fortalecer el derecho de todos a la dignidad humana, reducir las

desigualdades sociales, económicas y políticas y eliminar las desigualdades culturales mediante una distribución equitativa de la riqueza y el poder político en el bien común" (art. XIII, sec. 1).

13. El compromiso renovado del Gobierno respecto de los derechos humanos se manifiesta también en la promulgación por la Presidenta, en diciembre de 2006, de la Orden administrativa Nº 163, por la que se ampliaron la composición y las funciones del Comité Presidencial de

Derechos Humanos, encargado de formular el Plan de Acción Nacional de derechos humanos y de coordinar las políticas y actividades del Ejecutivo en materia de derechos humanos.

14. Se han establecido oficinas de derechos humanos en las fuerzas armadas y la policía nacional de Filipinas, así como en la Oficina Nacional de Investigaciones. También se han creado en las comisarías y en puestos policiales de todo el país mecanismos de presentación de quejas y dependencias de protección de las mujeres y los niños.

15. El establecimiento de los centros de defensa de los derechos humanos de los barangay

en el

país es una importante iniciativa cuyo objeto es promover y proteger los derechos humanos a nivel

comunitario.

16. También se han creado consejos interinstitucionales para tratar diversas cuestiones de derechos humanos que causan preocupación. Son el Consejo Interinstitucional contra la Trata, el Consejo Interinstitucional sobre la Violencia contra Mujeres y Niños, el Consejo Interinstitucional sobre los Niños en Conflictos Armados y el Consejo de Bienestar del Niño y Justicia de Menores.

17. El régimen de justicia penal se basa en cinco pilares

, a saber, las fuerzas del orden

, el ministerio público

, el sistema judicial

, el sistema penitenciario y la comunidad

. Este régimen dispone de mecanismos jurídicos para la protección de la mujer, los menores, los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables.

18. El sistema de Katarungang Pambarangay (sistema de justicia de las aldeas) se creó con arreglo al Código de Administración Local de 1991 para facilitar la resolución de controversias entre los residentes en un mismo barangay (aldea). El Código institucionalizó el uso de sistemas alternativos de solución de diferencias

, y sigue siendo el principal mecanismo para la búsqueda de soluciones amistosas.

19. Los diversos sistemas de justicia e instituciones de resolución de conflictos de los pueblos indígenas, que se basan en prácticas tradicionales y sirven de mecanismos alternativos de solución de diferencias, están reconocidos en la Ley de la República Nº 8371, también denominada Ley de derechos de los pueblos indígenas, de 1997.

20. El Decreto Presidencial Nº 1083 establece la codificación de las leyes personales musulmanas

y el reconocimiento del sistema de justicia de la sharia, basado en el derecho islámico, y reconociendo así la perspectiva de los filipinos musulmanes sobre lo que es justo y legítimo en las relaciones civiles. El ámbito penal sigue rigiéndose por el Código Penal revisado y otras leyes, y no por el régimen de la sharia.

21. Filipinas dispone de una sociedad civil robusta y que sabe hacerse oír, integrada por organizaciones no gubernamentales (ONG) relacionadas con diversas causas, sindicatos,

organizaciones religiosas, los medios de comunicación, el mundo académico y el sector privado.

Este colectivo desempeña un papel cada vez más activo en los derechos humanos a nivel nacional, tanto para contribuir a la rendición de cuentas como para colaborar en la prestación de servicios de apoyo. Existen en el país múltiples conductos por los que esas entidades pueden presentar

información, expresar sus opiniones e interactuar con sus representados, el Gobierno y la comunidad internacional.

22. El Congreso de Filipinas ha promulgado varias leyes de derechos humanos y relacionadas con los derechos humanos

. Entre estas leyes figuran las que defienden los derechos y el bienestar de los grupos desfavorecidos y vulnerables, como las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, los migrantes y los discapacitados.

III. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: LOGROS, PRÁCTICAS

ÓPTIMAS Y RETOS

Derechos económicos, sociales y culturales

23. La Constitución de Filipinas consagra el respeto de la protección, la promoción y el ejercicio

de los derechos humanos. La política declarada es que el Estado "reconoce la dignidad de toda

persona humana y garantiza el pleno respeto de los derechos humanos" (art. II, sec. 11).

El artículo XIII de la Constitución está dedicado íntegramente a la justicia social y los derechos humanos, y a la creación de un Consejo de Derechos Humanos independiente (véase supra).

24. El Estado tiene la política de promover la justicia social en todas las fases del desarrollo nacional (art. II, sec. 10) y de impulsar un orden social justo y dinámico que vele por la prosperidad y la independencia de la nación y consiga liberar a la población de la pobreza mediante políticas que presten servicios sociales adecuados, fomenten el pleno empleo, eleven el nivel de vida y mejoren la calidad de vida para todos (art. II, sec. 9).

25. Las disposiciones constitucionales promueven y protegen el papel de la mujer en la

construcción nacional y garantizan la igualdad fundamental ante la ley para todos; el derecho a la salud y a un medio ambiente equilibrado y sano; los derechos y el bienestar de los trabajadores; los derechos de las mujeres y los niños, los ancianos y las comunidades culturales indígenas, entre otros. En ellas se presta especial atención a la familia, las ONG, sectoriales y comunitarias, el desarrollo rural y la reforma agraria, las comunidades culturales indígenas y los derechos humanos, entre otras cosas.

26. Los esfuerzos del Gobierno de Filipinas en materia de derechos económicos, sociales y culturales están estrechamente vinculados a sus planes y programas para el logro de sus metas de los objetivos de desarrollo del Milenio. Instrumentos legislativos como el Código de Trabajo, la Ley del programa de reforma social y el Código de Familia, entre otros textos, complementados por planes, políticas y programas estratégicos como el Plan de desarrollo a mediano plazo y la

Estrategia de lucha contra la pobreza, han asegurado la aplicación de esas disposiciones constitucionales.

27. Las instituciones judiciales, administrativas y legislativas, al igual que órganos independientes como la Oficina del Ombudsman y la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, ofrecen

recursos efectivos. La Comisión ha entendido de asuntos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de su mandato de vigilar el cumplimiento por el Gobierno de sus obligaciones internacionales. En esferas como los derechos laborales, el acoso sexual y los desalojos, entre otras, existe una jurisprudencia bien desarrollada.

28. El marco de política global de paz del Gobierno tiene por objeto poner fin a los conflictos armados internos (especialmente en el sur del país) iniciados hace décadas, y enfrentar al mismo tiempo las causas fundamentales de la lucha armada y del descontento social mediante la protección y promoción de todos los derechos humanos. La Oficina del Asesor Presidencial sobre el Proceso de Paz supervisa la aplicación y la coordinación del amplio programa de paz del Gobierno, que incluye iniciativas para la rehabilitación y el desarrollo económico de las zonas afectadas por el conflicto, la potenciación de las comunidades y el establecimiento de programas de cooperación con ONG, grupos de la sociedad civil, el sector privado y otros sectores.

29. El respeto y la protección de los derechos humanos revisten una importancia decisiva para cimentar una paz justa y duradera. Así lo reconoce el Acuerdo General sobre el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

, que el Gobierno firmó con el Frente Democrático Nacional

. La Oficina del Asesor Presidencial, mediante el Grupo de conversaciones del Gobierno con el Partido Comunista de Filipinas, el Frente Democrático Nacional y el Nuevo Ejército del Pueblo, ha reforzado la labor de vigilancia de derechos humanos del Gobierno.

30. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 del PNUD, Filipinas se clasificó en el número 90 de

entre 177 países, situándose en la categoría del desarrollo humano medio. En esta categoría

(entre el 0,500 y el 0,799 del índice de desarrollo humano), Filipinas se encuentra entre los puestos más altos de la clasificación, con un valor del índice de desarrollo humano del 0,771. Las

tendencias del índice indican que Filipinas ha progresado de forma constante desde 1975. El país se acerca al umbral de los países con un alto desarrollo humano, y cruzar ese umbral es algo factible en un futuro no lejano.

31. Filipinas se clasifica en el puesto 77 de 177 países en función del índice de desarrollo relacionado con el género. La esperanza de vida es más elevada para las mujeres (73,3 años) que para los hombres (68,9 años), y las tasas de alfabetización de adultos son también más elevadas para la mujer (93,6) que para los hombres (91,6). Análogamente, la tasa bruta combinada de

matriculación es más alta para las mujeres (83) que para los hombres (79).

32. En relación con el índice de desigualdad en los ingresos o el gasto, el índice Gini

de Filipinas es de 44,5, una cifra respetable en comparación con las de otros países en desarrollo.

33. La Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo ha dedicado 10.000 millones de pesos a la

erradicación de la pobreza para 2008. El Gobierno ha iniciado una estrategia nacional, amplia e integrada de lucha contra la pobreza denominada Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan (Manos unidas contra la pobreza), que se centra en la reforma de la gestión de bienes, los servicios de desarrollo humano, el empleo y los medios de vida, la protección social y un gobierno participativo.

34. El Gobierno de Filipinas ha llevado a efecto ambiciosos programas y proyectos destinados a acelerar los esfuerzos de reducción de la pobreza en colaboración con asociados extranjeros. Entre los proyectos que cuentan con asistencia extranjera figuran el Fondo Social para la Paz y el

Desarrollo en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, el Proyecto para el desarrollo de las comunidades urbanas pobres, el Programa para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio y la reducción de la pobreza humana y el proyecto KALAHI (Hermandad) para la prestación global e integrada de servicios sociales.

35. El Gobierno ha empezado a ejecutar los siguientes programas: 1) Servicios de microfinanzas y medios de vida; 2) Programa de la zona libre de pobreza; y 3) Programa Unlad Kabuhayan (logro progresivo del sustento) y el proyecto Ahon-Pamilyang Pinoy (liberemos a la familia de la pobreza).

También se puso en marcha el Plan acelerado de mitigación del hambre, con el fin de hacer frente a este problema, junto con los programas siguientes: Programa de asistencia al empleo

autónomo - Kaunlaran (progreso)

; Proyecto Tindahan Natin (nuestro mercado); Gulayan ng Masa (tienda de verduras); y el Programa terminal de alimentos de los barangay, así como los programas de obras públicas de emergencia y de trabajo por alimentos.

36. El Plan de Acción Nacional para la Nutrición 2005-2010 prevé intervenciones para mitigar el hambre y la malnutrición. A través de los comités locales de nutrición, el Consejo Nacional de Nutrición y otros organismos nacionales pueden coordinar la formulación de planes en el ámbito local y la aplicación de diversos programas de salud y nutrición, como Garantisadong Pambata (garantía para los niños), la Ley nacional de yodado de la sal y los programas de enriquecimiento de los alimentos, educación en materia de nutrición, suplementación de la alimentación y alimentos por asistencia a la escuela.

37. El Gobierno ha establecido un sistema de vigilancia en las comunidades para determinar de

forma más clara quiénes son los pobres, dónde viven y cuáles son sus necesidades. Se trata de un

sistema de control de la pobreza que utiliza la informática para generar indicadores locales básicos

de la pobreza a partir de la familia.

38. La población filipina ha gozado de mejor salud en los últimos 20 años, lo cual indica los progresos que se han logrado en la consecución de las metas de salud de los objetivos de

desarrollo del Milenio para 2015. Las tasas de mortalidad infantil en general y de mortalidad de los menores de 5 años descendieron, respectivamente, de 46 y 72 por 1.000 nacidos vivos en 1998 a 24 y 22 por 1.000 nacidos vivos en 2006.

39. La estrategia de educación del Gobierno se basa en el Programa de educación para

todos 2015, que es el marco general de la enseñanza básica. Las reformas propuestas en el ámbito del Programa de reforma del sector de la enseñanza básica del Departamento de Educación también se han perfeccionado; ejemplo de ello son la Iniciativa prioridad a las escuelas y la labor de

potenciación de las comunidades locales para mejorar la educación.

40. El Departamento de Educación ha incorporado la educación básica sobre derechos humanos en la enseñanza primaria y secundaria. Los valores y principios de derechos humanos se integran en los planes de estudios para promover la dignidad humana, el humanismo, la identidad nacional, la ética laboral y otros valores similares. La educación sobre derechos humanos se imparte de manera informal a los niños y adolescentes no escolarizados, así como a los adultos. También se destacan los derechos de las mujeres y los niños y su protección.

41. El Departamento de Trabajo y Empleo ha adoptado estrategias de promoción del empleo a nivel nacional y regional. En 2007, el crecimiento medio del empleo se aceleró en un 2,3%, con un declive proporcional de la tasa de desempleo del 6,3% en octubre de 2007.

42. Con el fin de alcanzar las metas establecidas en los objetivos de desarrollo del Milenio, el Gobierno de Filipinas, en colaboración con el sector privado, ofreció seguridad de tenencia o seguridad de alojamiento (vivienda y terreno, o vivienda o terreno únicamente) a 710.203 familias entre 2000 y 2006. El principal servicio de créditos para la vivienda del Gobierno ha liberalizado las condiciones, reducido los tipos de interés y ampliado los períodos de amortización.

43. Para reducir el número de familias filipinas con viviendas precarias, el Programa nacional de vivienda del Gobierno se centra en los siguientes aspectos: a) el reasentamiento;

b) el mejoramiento de los barrios marginales; c) el desarrollo de localidades y servicios;

d) la vivienda básica; e) el programa comunitario de hipotecas; y f) el programa de reforma de la gestión de bienes. El sector privado también ha ejecutado programas en materia de vivienda, como el Gawad Kalinga (brindar atención), una iniciativa de Couples for Christ, o los proyectos de vivienda de Habitat for Humanity.

44. El Gobierno de Filipinas puso en marcha el programa de salud FOURmula One como marco de ejecución de las reformas del sector sanitario a fin de lograr mejores resultados en el ámbito de la salud, crear un sistema sanitario con más capacidad de respuesta y favorecer una financiación equitativa de la sanidad. Los cuatro aspectos básicos del programa son los siguientes: a) una financiación más elevada, mejor administrada y más constante; b) la reglamentación para

garantizar la calidad y unos precios asequibles; c) la prestación de servicios para asegurar el acceso y la disponibilidad; y d) una gestión que permita mejorar los resultados.

45. Hasta la fecha, el Gobierno ha podido establecer 10.000 Botika ng Bayan (farmacias de bajo

costo) en todo el país mediante la concesión de subsidios. El Congreso de Filipinas examina

actualmente la aprobación de medidas legislativas adecuadas para hacer frente al costo creciente de

los medicamentos.

46. La Ley de control y prevención del SIDA de Filipinas (1998) ha sido citada por el ONUSIDA, y numerosos países la han utilizado como modelo al elaborar su legislación nacional de lucha contra el VIH. El Plan de mediano plazo para el SIDA de Filipinas reconoce el derecho de las personas que viven con el VIH a acceder globalmente a servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo, inclusive para luchar contra la estigmatización y discriminación conexas. Algunas empresas han establecido programas sobre el SIDA en el empleo.

47. El Departamento de Asistencia Social y Desarrollo y organizaciones de la sociedad civil mantienen hogares de reinserción, albergues y centros de atención social para mujeres y niños que han sido víctimas de algún delito o que están en conflicto con la ley.

48. Reconociendo a las personas con discapacidad como sector vulnerable y sensible en materia de derechos humanos al que debe prestarse especial atención, el Gobierno ha aprobado legislación e iniciativas a fin de crear un entorno inclusivo y basado en derechos para esas personas. De todas las leyes que han surgido para potenciar a los discapacitados, la más importante es la Carta Magna de las Personas Discapacitadas, una ley emblemática que estableció para este colectivo el derecho a la educación, al trabajo, a la salud y a los servicios auxiliares, así como a crear organizaciones, a votar y a ser elegido. La ley también promueve la aprobación de legislación basada en derechos.

49. En 2006, la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) y el Asia Pacific Center on Disability reconocieron los programas de alto impacto del país relativos al logro de un entorno favorable al discapacitado y a la accesibilidad de las

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para las personas con discapacidad entre las mejores prácticas de la región de Asia y el Pacífico. En 2003, Filipinas acogió, con la

colaboración del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, una conferencia en la que participaron 13 países y en la que se aprobaron dos documentos clave, a saber, la Declaración de Manila y las Recomendaciones para unas TIC accesibles.

50. La Presidenta decidió, en virtud de la Orden ejecutiva Nº 676, que el Consejo Nacional para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, principal organismo encargado de los discapacitados, pasara a depender de la Presidencia, con el objetivo de seguir fomentando los derechos de este colectivo. Antes, en abril de 2007, el Gobierno había aprobado la Ley de la República Nº 9442, de enmienda de la Carta Magna, en la que concedía a los discapacitados un descuento del 20% en los establecimientos públicos similar al que recibían las personas de edad, y añadía disposiciones para la protección de los discapacitados contra las burlas y el vilipendio.

51. La corrupción sigue siendo un grave motivo de preocupación. Por este motivo, la lucha contra la corrupción mediante una gestión pública óptima sigue siendo una de las cinco esferas prioritarias señaladas por la Presidenta de Filipinas como fundamento de su Administración.

52. Se han empezado a implantar firmes medidas jurídicas, reglamentarias y punitivas de lucha contra la corrupción, a saber: 1) el fortalecimiento de las atribuciones de investigación y acusación de la Oficina del Ombudsman; 2) la actividad constante del Tribunal de lucha contra la corrupción de Filipinas, el Sandiganbayan

; y 3) la instalación de sistemas electrónicos de gestión de casos y de información. Las estrategias de lucha contra la corrupción de Filipinas también incluyen

controles del nivel de vida de los funcionarios públicos y la reforma de los sistemas de contratación pública, lo cual abre los proyectos gubernamentales al escrutinio público.

53. La descentralización del Gobierno también ha planteado problemas en cuanto a la división del

trabajo y el reparto de las competencias financieras entre el Gobierno central y las autoridades

locales. Cerca del 90% de las administraciones locales dependen del sistema de asignación de la

renta interna del Gobierno central. Las administraciones locales deberían tener la responsabilidad de desarrollar medios para atraer inversiones por su cuenta a fin de estimular el desarrollo.

54. Filipinas debe dedicar un gran porcentaje de su presupuesto al servicio de la deuda. A pesar de que el fuerte crecimiento económico, la expansión del comercio mediante la liberalización y la facilitación y la solidez de la moneda y de los elementos fundamentales de la economía y las finanzas han mejorado la situación presupuestaria del Gobierno, hacen falta mayores recursos para sostener las reformas socioeconómicas y gubernamentales.

55. Hacer frente al rápido crecimiento demográfico del país es importante para el avance económico en general y para las perspectivas de reducción de la pobreza. Las políticas del Gobierno en materia de población consisten en la promoción de una procreación responsable y el mejoramiento de los servicios de salud, en particular de salud reproductiva. El objetivo es reducir la tasa de crecimiento demográfico al 1,9% para 2010.

56. Se considera que la emigración ha causado simultáneamente una "fuga de cerebros" y problemas sociales. Dado el elevado número de filipinos que residen en el extranjero, estimado aproximadamente en el 10% de la población, esos problemas tienen graves consecuencias para la estabilidad y el desarrollo económico y social. Los programas del Gobierno se basan en un enfoque holístico del fenómeno de la emigración, que engloba el desarrollo, la protección de los derechos humanos, los servicios de salud y de familia, la adquisición de conocimientos y la reintegración socioeconómica.

57. El país trata de superar las consecuencias de decenios de conflictos internos que han dificultado la estabilidad, el desarrollo, la mitigación de la pobreza y la protección de todos los derechos humanos en las zonas de conflicto. Sin embargo, el Gobierno de Filipinas lleva a cabo una política de máximo respeto, protección y apoyo a los derechos humanos, como parte integrante del proceso nacional de paz y de todas las operaciones internas de seguridad y defensa.

58. Actualmente, el sector público sufre de una insuficiencia de recursos humanos, financiación, equipamiento -tanto de oficina como técnico- e iniciativas de fomento de la capacidad. Los salarios del sector público no pueden competir con los del sector privado, lo cual hace más difícil la tarea de atraer a profesionales formados al ministerio público o a los servicios judiciales, de investigación y de recursos humanos.

59. También subsisten dificultades para garantizar la sostenibilidad de determinados medios de vida y actividades de microempresas y vincularlos al mercado general en términos de

conocimientos, productos y servicios, crédito y tecnologías de la información, entre otras cosas.

60. Los programas y proyectos de asistencia social deben ser más específicos y han de diseñarse de forma estratégica para atender las necesidades de los pobres y de los grupos vulnerables, como las mujeres, los niños, las personas de edad, los discapacitados y los pueblos indígenas. Debe intensificarse la cooperación entre el Gobierno, la sociedad civil y los intermediarios locales.

61. Entre los desafíos que existen en el ámbito del empleo cabe señalar la necesidad de aumentar

la cobertura de la seguridad social; mejorar el cumplimiento de la legislación laboral mediante la

intensificación de la inspección del trabajo; e incrementar el grado de cumplimiento de las normas

de salud y seguridad en el empleo. También podrían fomentarse más todavía las organizaciones

colectivas, como los sindicatos y las asociaciones de trabajadores en los sectores público y privado,

así como la tasa de cobertura de la negociación colectiva.

62. Filipinas, que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico y en el área de actividad de los tifones, es un país propenso a los desastres naturales. Recursos que de otro modo se destinarían al desarrollo económico y a la infraestructura y los servicios públicos se desvían por la necesidad de responder a las catástrofes humanas provocadas por desastres naturales.

63. A pesar de estas dificultades, Filipinas ha logrado importantes avances para ofrecer a su población un mejor nivel de vida en un entorno de mayor libertad, en términos de desarrollo humano (medido por el índice de desarrollo humano del PNUD) y del alcance de los objetivos de desarrollo del Milenio.

64. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Filipinas ha realizado progresos en la superación de la disparidad entre los sexos, ya que se clasificó en el número 6 de 128 países en el Informe sobre la disparidad entre los sexos en el mundo

publicado por el Foro Económico Mundial. El índice en cuestión se elaboró midiendo cuatro categorías, a saber, la participación y la oportunidad económica, los logros académicos, la participación política y la salud y la supervivencia.

65. Por cuanto se refiere al índice de realización del potencial de la mujer

, Filipinas se clasifica en el puesto Nº 45 de 177 países. La proporción de los ingresos de la mujer respecto de los del hombre es del 0,61. Existen más trabajadoras profesionales y técnicas del sexo femenino (61% del total) que masculino. También ha aumentado el número de mujeres que ocupan escaños en el Congreso.

66. Filipinas tiene una larga tradición de inclusión participatoria y potenciación de la mujer, tanto en el sector público como en el privado. Las mujeres están bien representadas en los tres poderes del Estado (la Presidencia ha sido ocupada por dos mujeres) y también están presentes en la policía y las fuerzas armadas. Entre la legislación emblemática relativa a la mujer figuran la Ley sobre la mujer en el desarrollo y la creación de la nación, las leyes que fomentan una mayor participación de la mujer en la economía y las que tratan la cuestión de la violencia contra la mujer y los niños.

67. Durante 33 años, la Comisión Nacional sobre la Función de la Mujer Filipina ha velado por la elaboración y el fortalecimiento de los planes, políticas, estructuras y mecanismos destinados a favorecer la integración de las cuestiones de género en el Gobierno. El Plan marco sobre la mujer, que corresponde a un período del Plan para un desarrollo sensible a las cuestiones de

género, 1995-2025, con un plazo de 30 años, concede prioridad a la potenciación económica de la mujer, los derechos humanos de la mujer y una gestión pública sensible a las cuestiones de género.

La política presupuestaria sobre la mujer y el desarrollo requiere que por lo menos un 5% de los presupuestos locales estatales se destinen a programas y servicios para la mujer y a la igualdad entre los sexos.

68. A nivel local, 63 administraciones locales han promulgado códigos de género y desarrollo, y se han creado 1.650 consejos para la mujer o de género y desarrollo a nivel local. Ha mejorado la ejecución de los programas que tratan cuestiones relacionadas con el género, como la violencia contra la mujer y los servicios de salud de la mujer. Se han establecido centros regionales de información en materia de género en ocho regiones para prestar asistencia técnica.

69. La Comisión Nacional sobre la Función de la Mujer Filipina y la Oficina del Asesor

Presidencial sobre el Proceso de Paz han celebrado talleres conjuntos para entablar lazos de

cooperación entre los distintos interlocutores a fin de reconocer los problemas existentes y de

promover iniciativas en relación con el género y la paz. La Comisión organizó, junto con grupos de

la sociedad civil, un taller sobre la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas, relativa a la mujer, la paz y la seguridad, con miras a la formulación de un plan de acción nacional para su aplicación.

70. Habida cuenta de que está mejorando la situación de la mujer en la educación académica, se está prestando más atención a ampliar las oportunidades de trabajo de la mujer mediante programas de formación profesional y técnica y programas docentes no académicos que están ejecutando organismos gubernamentales y diversas ONG. En el último decenio, las mujeres filipinas han pasado a ser tan activas como los hombres en la realización de sus derechos económicos, y reciben asistencia en sus tareas de atención a los niños y otras responsabilidades familiares. Las mujeres ocupan todo tipo de cargos en el sector estructurado y no estructurado, en Filipinas y en el

extranjero. En el último decenio se ha asistido a un aumento del número de mujeres en la fuerza de trabajo; actualmente, trabaja el 49% del total de la población femenina, frente al 79% de los

hombres.

71. Hay casi tantas mujeres como hombres de nacionalidad filipina que trabajan en el extranjero.

También ha aumentado el porcentaje de mujeres que ocupan cargos de gestión y de autoridad en materia económica.

72. Los programas de crédito llegan a más de 1 millón de mujeres en zonas urbanas y rurales, en particular mujeres que trabajan en empresas pequeñas y medianas

. En marzo de 2007, la

Presidenta pidió a los organismos interesados que colaboraran con cooperativas y ONG para ofrecer a las mujeres un acceso más amplio a los fondos de microfinanzas, y pidió también a la Corporación Filipina de Crédito y Finanzas que facilitara el acceso a las microfinanzas para las mujeres en el sector público.

73. Se han aprobado leyes de referencia para eliminar los actos de violencia contra la mujer, como el acoso sexual, la violación, la trata y la violencia en el hogar

. La ejecución de programas del Estado y las ONG para la prevención de la violencia contra la mujer han beneficiado a un número considerable de mujeres supervivientes de este tipo de violencia. Se han elaborado normas para la actuación de funcionarios locales, policías, trabajadores sociales y sanitarios y fiscales en los casos de violencia contra la mujer.

74. El Tribunal Supremo ha creado un Comité de Sensibilización sobre las Cuestiones de Género en la judicatura. En apoyo a la Ley sobre la violencia contra las mujeres y sus hijos, el Tribunal pronunció su resolución sobre la violencia contra la mujer y sus hijos, que tiene por objeto proteger los derechos de la familia y de sus miembros, en particular las mujeres y los niños, contra la

violencia y las amenazas a su seguridad personal, y que facilita el trato y la supervisión de esos casos por parte de los tribunales.

75. El Consejo Interinstitucional contra la Trata supervisa la ejecución de los programas de prevención, protección, recuperación y reintegración. Siguen llevándose a cabo campañas de difusión de información, cumplimiento de las normas locales contra la trata de seres humanos y asistencia a las víctimas afectadas por la trata y a sus familiares.

76. La policía nacional y la Oficina Nacional de Investigaciones llevaron a cabo 25 operaciones

de rescate e investigaron 109 casos de trata en el período de 2003 a 2005. El Departamento de

Justicia examinó un total de 114 casos de trata en 2005, 60 en 2004 y 12 en 2003. Desde la

promulgación de la Ley de lucha contra la trata de personas en 2003 se ha condenado a diez

personas

.

77. Las políticas gubernamentales que promueven la salud reproductiva de la mujer están

destinadas a la promoción de una procreación responsable; la promoción de un período de espera de tres a cinco años entre nacimientos; el respeto de una elección fundada; y la promoción de unos servicios de salud que fomenten el "respeto a la vida". Esas políticas, así como los servicios de salud reproductiva, son competencia, en virtud del Código de Administración Local, de los

gobiernos locales. Hasta la fecha, 20 administraciones locales han promulgado códigos de la salud reproductiva.

78. Se están llevando a cabo programas para la seguridad del embarazo, la autosuficiencia en el uso de anticonceptivos y la colaboración con las ONG en la promoción de políticas, la

sensibilización de la población y la prestación de servicios

. Con el fin de reducir la mortalidad materna, el Departamento de Salud ofrece un conjunto integrado de servicios de salud de la mujer y de maternidad segura en centros sanitarios estratégicamente situados

. Este conjunto de servicios de atención a la madre y al recién nacido facilita el acceso de las mujeres a la atención obstétrica de urgencia.

79. Es imperativo establecer un marco jurídico para la promoción de la igualdad entre los sexos y los derechos de la mujer. Filipinas debe promulgar un marco jurídico global que integre la

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el

ordenamiento interno mediante la aprobación del proyecto de ley de la Carta Magna sobre la Mujer.

Con ello se pretende garantizar que la discriminación por motivos de sexo se combata en todos los sectores, incluso en lo que atañe a las mujeres indígenas y musulmanas, y en todas las esferas.

Además, la aprobación de la Carta Magna sobre la Mujer fortalecerá los mecanismos nacionales de promoción de la mujer y los dotará de la autoridad, el poder de decisión y los recursos humanos y financieros esenciales para su tarea de promoción eficaz de la igualdad entre los sexos.

El programa legislativo prioritario sobre la mujer debe recibir más atención en el Congreso.

La Comisión Nacional sobre la Función de la Mujer Filipina también colabora con organismos del Estado para elaborar y controlar indicadores relativos a la realización progresiva de los derechos de la mujer.

80. Otras deficiencias detectadas son la necesidad de que la ubicación de los servicios para las víctimas de la violencia contra las mujeres y sus hijos corresponda a la incidencia de casos de violencia por región o provincia, y la necesidad de una mayor sensibilidad hacia la mujer en las intervenciones judiciales y no judiciales. Deben atenderse las necesidades especiales de

rehabilitación y atención posterior al conflicto de las mujeres y los niños en situación vulnerable y en zonas de conflicto.

81. Si bien las mujeres son muy visibles en la fuerza de trabajo, resulta preocupante su predominancia en el sector no estructurado y en el empleo no remunerado. En el sector estructurado, las mujeres tienen trabajos mal pagados y precarios. Por este motivo, deben fomentarse los empleos y las oportunidades económicas con medidas de protección social.

82. Convención sobre los Derechos del Niño. Las consultas celebradas con niños pusieron de manifiesto la necesidad de que el Gobierno ampliara sus planes y programas para reforzar la protección de la infancia como grupo vulnerable.

83. En respuesta, el Consejo de Bienestar del Niño aprobó el Marco estratégico nacional para el

desarrollo de la infancia, denominado también "Plan 21", para el período 2000-2025. El Marco

tiene por objeto construir una sociedad sensible y atenta a las necesidades del niño, como promesa

del país a los niños filipinos en el siglo XXI. Se trata de una guía y hoja de ruta para elaborar

planes y programas para la infancia más centrados y atentos a las disposiciones, los principios y las

normas de la Convención sobre los Derechos del Niño. El actual plan de mediano plazo del Plan 21, denominado Plan de Acción Nacional para la infancia 2005-2010, adopta los objetivos pertinentes de desarrollo del Milenio y los de Un Mundo Apropiado para los Niños. El 18 de junio de 2007 se puso en marcha un programa global de protección de la infancia, elaborado a partir de los elementos de protección del niño del Plan de Acción Nacional.

84. De conformidad con las directrices formuladas por el Departamento del Interior y de Administración Local, se han organizado, activado y fortalecido para servir de mecanismos institucionales a fin de coordinar y supervisar la aplicación de la Convención los consejos locales para la protección de la infancia a nivel provincial, municipal, de las ciudades y los barangay.

En diciembre de 2006 habían organizado consejos locales, con diversos grados de

funcionamiento, 73 de las 81 provincias, 126 de las 132 ciudades, 1.365 de los 1.496 municipios y 40.994 de los 41.994 barangay.

85. El Gobierno de Filipinas protege a los niños de la participación en los conflictos armados.

Este fenómeno ha recibido especial atención del Consejo Interinstitucional sobre los Niños en Conflictos Armados, programa dirigido por la Oficina del Asesor Presidencial sobre el Proceso de Paz y el Consejo de Bienestar del Niño. Según los informes del Departamento de Asistencia Social y Desarrollo, el Departamento de Defensa Nacional, las fuerzas armadas y las ONG, entre 2001 y 2006 fueron desmovilizados y se reunieron con sus familias 174 de 186 niños.

En 2005-2006, 300 niños de edades comprendidas entre los 9 y los 17 años se beneficiaron del proyecto comunitario Sala'am del Departamento de Trabajo y Empleo, que comprendía enseñanza, formación profesional, empleo y asistencia para el sustento. El Departamento de Asistencia Social y Desarrollo también prestó servicios y realizó intervenciones para proteger y rehabilitar a niños víctimas directas o indirectas de conflictos armados. La Oficina del Asesor Presidencial sobre el Proceso de Paz supervisa el cumplimiento por los organismos interesados, incluidas las fuerzas armadas, de las directrices existentes acerca del trato de los niños en conflictos armados que han sido rescatados y que se han recuperado.

86. Debe fomentarse la capacidad institucional y técnica para garantizar el funcionamiento del Plan 21 y de su plan de mediano plazo, a saber, el Plan de Acción Nacional para la infancia. La red y el mecanismo a través de los cuales se llevará a efecto el Plan 21 requieren previsibilidad

operacional tanto a nivel nacional como local. El mecanismo también prevé fortalecer los mecanismos locales de protección de la infancia.

87. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Actualmente, Filipinas figura entre los principales países que generan inmigración. El número documentado de trabajadores filipinos en el extranjero superó la cifra de 1 millón en 2005, al registrarse en total 1.205.000 personas. La Dirección de Bienestar de los Trabajadores en el Extranjero prestó satisfactoriamente amplios servicios y programas a esos trabajadores y a sus familiares.

88. A fin de dotar a los trabajadores de una cobertura de seguridad social que cumpla los

requisitos establecidos en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

sobre el establecimiento de un régimen internacional para el mantenimiento de los derechos de seguridad social, el Gobierno de Filipinas ha concertado diversos acuerdos bilaterales en materia de seguridad social con Austria, Bélgica, el Canadá, Quebec, Francia, España, Suiza y el Reino Unido.

Actualmente se está negociando un acuerdo con la República de Corea. Los acuerdos bilaterales se

refieren a: a) la asistencia mutua en el ámbito de la seguridad social; b) la igualdad de trato a los

nacionales de ambos países; c) la exportación de las prestaciones de seguridad social; y d) la

acumulación de períodos de cotización en el país de acogida y en el régimen filipino.

89. El Gobierno de Filipinas emplea todos los medios y recursos posibles, en el plano jurídico y diplomático, para prestar asistencia a sus trabajadores migratorios o nacionales que se encuentran en situación difícil en el extranjero.

90. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La Comisión Nacional sobre los Pueblos Indígenas administra programas para los pueblos indígenas y las comunidades culturales indígenas en el país. Ha velado por la seguridad de la tenencia de tierras de los pueblos indígenas mediante la expedición de 57 títulos de dominios ancestrales que abarcan 1.116.260 ha de tierra, lo cual representa el 20% de los 6 millones de hectáreas proyectados de dominios ancestrales en todo el país. También ha expedido 172 títulos de tierras ancestrales, que abarcan una superficie de 4.838 ha, ha contribuido a la elaboración

de 21 planes de protección y desarrollo sostenible de los dominios ancestrales y participa en la formulación en curso de otros 73. La Comisión, en colaboración con la sociedad civil, ha constituido 66 órganos consultivos provinciales. También ha brindado asistencia a 86.340

beneficiarios de becas de estudios, ha prestado servicios jurídicos y ha realizado diversos proyectos socioeconómicos y culturales.

91. Los planes de protección y desarrollo sostenible de los dominios ancestrales se adhieren al enfoque basado en derechos de la gestión pública y el desarrollo; en este sentido, los pueblos indígenas son plenamente responsables de la formulación de sus planes, de conformidad con sus leyes, prácticas, tradiciones e instituciones consuetudinarias. Por otro lado, el Órgano Consultivo de los Pueblos Indígenas, un consejo de dirigentes indígenas, independiente y de múltiples niveles, actúa como representante colectivo de los pueblos indígenas y se encarga de defender sus intereses y aspiraciones en todos los ámbitos.

92. La Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas es la encargada de hacer frente a las dificultades que surgen en relación con los pueblos indígenas y las comunidades culturales indígenas, mediante la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Ley de derechos de los pueblos indígenas, las Normas y escritos, prácticas y procedimientos ante la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, las Directrices de la Comisión sobre el consentimiento, previo, libre e informado y los instrumentos jurídicos ordinarios en vigor.

93. Los pueblos indígenas tienen acceso legítimo a la gestión de los asuntos públicos, y también pueden ejercer sus derechos de autogobierno. En el Código de Administración Local de 1991 y en la Ley de derechos de los pueblos indígenas figuran disposiciones para tratar la situación de los pueblos indígenas en materia de gestión a fin de mejorar su desarrollo socioeconómico, velar por que dispongan de servicios educativos y de salud adecuados y garantizar su seguridad y bienestar físico.

94. En el artículo 22 de la Ley de derechos de los pueblos indígenas se dispone específicamente el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades culturales indígenas durante los conflictos armados. El nombramiento de dirigentes auténticos y reconocidos de los pueblos indígenas y el respeto de las estructuras de poder y de los mecanismos existentes de fomento de la paz antes y después de los conflictos armados y durante éstos, así como la participación activa de los pueblos indígenas en el Acuerdo Global de Paz con el Gobierno, han minimizado los efectos de los conflictos armados sobre los pueblos indígenas y las comunidades culturales indígenas.

95. Las principales dificultades a las que se enfrentan los pueblos indígenas y otros interlocutores

están relacionadas con sus capacidades institucionales y la sostenibilidad de sus instituciones y

dominios tradicionales y su bienestar cultural frente a la modernización que conlleva el desarrollo

económico.

96. Para superar esas dificultades hacen falta intervenciones clave, principalmente la integración de los conocimientos, sistemas y prácticas indígenas en el marco local y nacional de desarrollo; la utilización de los conocimientos, sistemas y prácticas vigentes y de las estructuras de gobierno de los pueblos indígenas en las intervenciones de las autoridades públicas; el fomento de la

sensibilidad cultural y de las intervenciones atentas y basadas en la visión de los pueblos indígenas y en una perspectiva mundial; y en un aumento de la información, la educación y la promoción de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

Derechos civiles y políticos

97. La Carta de Derechos contenida en el artículo III de la Constitución ocupa un lugar preponderante en la ley básica. Las garantías consignadas en la Carta de Derechos incluyen las debidas garantías procesales y la cláusula de igual protección, el derecho a no ser objeto de allanamientos y decomisos injustificados, el derecho a la libre expresión y al libre ejercicio de la religión, el derecho a no declarar contra sí mismo y el derecho al hábeas corpus. El ámbito y las limitaciones de estos derechos han sido determinados en gran medida por las decisiones del Tribunal Supremo, que también tiene competencia exclusiva, conforme a la sección 5.5 del artículo VIII de la Constitución, para promulgar normas de protección y cumplimiento de los derechos constitucionales.

98. Además de la Carta de Derechos, la Constitución contiene disposiciones sobre la ciudadanía, el derecho al sufragio, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la economía y el patrimonio nacionales. En la Constitución se ha prestado especial atención a la justicia social, la familia, la mujer, la juventud, el trabajo, el sector privado, las ONG comunitarias y sectoriales, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente equilibrado, el desarrollo rural y la reforma agraria, las comunidades culturales indígenas y los derechos humanos, entre otras cosas.

99. Para las quejas de violación de los derechos humanos se dispone de recursos efectivos

mediante procedimientos judiciales, administrativos y legislativos, que incluyen investigaciones de apoyo al proceso legislativo, procedimientos disciplinarios administrativos internos en los órganos del Ejecutivo, la policía y las fuerzas armadas. Los órganos independientes, como el Ombudsman y la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, también disponen de procedimientos alternativos para las quejas y el reconocimiento de derechos.

100. La Oficina del Ombudsman es un órgano independiente y financieramente autónomo creado por la Constitución como una defensoría del pueblo responsable de la investigación de casos de peculado y corrupción de funcionarios públicos y el enjuiciamiento de sus autores, incluido el personal uniformado.

101. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas es el órgano encargado de proteger, de forma

diligente y visible, los derechos humanos, en particular los derechos civiles y políticos. Celebra

audiencias públicas, realiza investigaciones y publica comunicados sobre casos específicos y

cuestiones nacionales, como la protección de los derechos humanos incluso en situaciones de

emergencia nacional. Presta asistencia a las víctimas, recomienda casos para enjuiciamiento y

vigila su progreso en el sistema de justicia penal. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas

también visita las cárceles para inspeccionar las condiciones de detención y el trato que reciben los

prisioneros. Estudia quejas específicas e incluso exámenes médicos, y sus informes se ponen a

disposición del público. La Presidenta Arroyo asignó 25 millones de pesos para aumentar el

presupuesto de la Comisión con el fin de asegurar el ejercicio independiente de su mandato en lo

tocante a las muertes de activistas y periodistas.

102. El Tribunal Supremo ha añadido en las Directrices sobre la selección y designación de magistrados ejecutivos y la definición de sus facultades, prerrogativas y deberes la visita a las cárceles como otra de las funciones de los magistrados ejecutivos.

103. Para las personas que no pueden pagar asesoramiento letrado, la Oficina de Servicios de Defensa Pública y Asistencia Letrada, que depende del Departamento de Justicia, presta una amplia gama de servicios jurídicos que incluyen la defensa. La acusación es responsabilidad del pilar del ministerio público, que está compuesto principalmente por dos organismos públicos nacionales, a saber, la Fiscalía del Estado, dependencia orgánica del Departamento de Justicia, y la Oficina del Ombudsman.

104. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En consonancia con su promoción del derecho a la vida, el Gobierno de Filipinas ha condenado todas las formas de dar muerte. Como testimonio de su firme compromiso con el valor y el carácter sagrado de la vida humana y

convencidos de que la defensa de la vida se fortalece con la eliminación del ejercicio de la autoridad judicial de quitar la vida, los filipinos abolieron la pena de muerte

y ratificaron el Segundo

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para corroborar este compromiso, Filipinas copatrocinó y participó en la elaboración de la resolución que exhorta a la aplicación de una moratoria de las ejecuciones, adoptada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2007.

105. El Gobierno de Filipinas ha adoptado medidas firmes para tratar el problema de las

ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Hacer frente a esta preocupación urgente mediante el enjuiciamiento de los autores y la prevención de esas muertes en el futuro sigue siendo una prioridad del Gobierno. Debido a la aplicación de un enfoque coordinado e interinstitucional que adquirió impulso en 2007, tanto el Gobierno como la sociedad civil concuerdan en señalar que se ha producido una importante reducción de incidentes en el último año. Según información de la policía, el número de muertes de activistas y periodistas disminuyó de manera espectacular

de 2006 a 2007.

106. En 2006, la Presidenta de Filipinas estableció una comisión independiente, la Comisión Melo, para que investigara las muertes de activistas y periodistas. Las recomendaciones de esta Comisión y otras medidas fueron aprobadas y aplicadas por el Ejecutivo y también por los poderes legislativo y judicial, en particular:

- El Equipo de Tareas Usig (Equipo de Tareas para el enjuiciamiento) se creó en la policía el 13 de mayo de 2006 para la investigación inmediata de las muertes inexplicadas. Como ya se ha señalado, la policía ha presentado ante los tribunales 80 casos de sospechosos en la muerte de 141 activistas políticos y periodistas.

- La Presidenta expidió la Orden administrativa Nº 181 para crear el Equipo de Tareas sobre ejecuciones extrajudiciales, que es un equipo especial de fiscales del Departamento de Justicia.

- Se expidió la Orden administrativa Nº 181 (julio de 2007) para mejorar la coordinación entre la Fiscalía del Estado y otros organismos gubernamentales pertinentes y llevar a feliz término la investigación de las muertes de políticos y periodistas y el enjuiciamiento de sus autores.

- En octubre de 2007, la Presidenta de Filipinas ordenó a la policía y a las fuerzas armadas

que tomaran medidas activas para impedir las violaciones de los derechos humanos por

funcionarios uniformados. Esto incluye directrices y capacitación destinadas a reiterar a todo el personal de la policía y las fuerzas armadas que el abuso de los derechos humanos no será tolerado.

- La Presidenta expidió la Orden administrativa Nº 211, que creó un Equipo de Tareas interinstitucional contra la violencia política, el Equipo de Tareas 211 (noviembre

de 2007), para mejorar la coordinación entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa Nacional, el Comité Presidencial de Derechos Humanos, los organismos de investigación y de seguridad nacional y la sociedad civil con el fin de encontrar soluciones expeditas contra este tipo de violencia

.

107. A efectos de reforzar el programa de protección de testigos y de crear un equipo de fiscales que se ocupen de esos casos, la Presidenta Arroyo ha declarado ante el Congreso que urge aprobar legislación para reforzar el programa de protección de testigos. Otra legislación que la Presidenta ha declarado urgente es la imposición de penas más severas para los autores de asesinatos por motivos políticos y para los miembros de la policía y las fuerzas armadas que cometan esos crímenes.

108. Como parte del proceso de paz, la Oficina del Asesor Presidencial para el Proceso de Paz convocó al Grupo de Trabajo Técnico Interinstitucional sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales para examinar las diferentes listas de casos elaboradas por grupos dentro y fuera del país. Este Grupo de Trabajo está compuesto por representantes designados por el Gobierno y por el Partido Comunista de Filipinas/Frente Democrático Nacional/Nuevo Ejército del Pueblo. La Oficina también presta ayuda humanitaria inmediata a las víctimas y las familias de las víctimas de violaciones de los derechos humanos como son las ejecuciones extrajudiciales.

109. Como expresión concreta de su voluntad de cooperar con el sistema internacional de derechos humanos, Filipinas invitó al Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, profesor Philip Alston, en febrero de 2007. El profesor Alston agradeció al Gobierno su colaboración en relación con este problema fundamental de derechos humanos cuando se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado año. También ha reconocido que el país ha adoptado un importante número de iniciativas desde su visita.

110. El poder judicial se ha unido al firme compromiso del poder ejecutivo para tratar esta cuestión. El Tribunal Supremo ha instruido a todos los tribunales que den prioridad a los casos de este tipo que aún están pendientes en los tribunales filipinos. Además, convocó a la Cumbre Consultiva Nacional sobre Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas, y las

recomendaciones formuladas en la Cumbre se tradujeron en proyectos de ley en el Congreso y en la promulgación de la Norma relativa al recurso de amparo

y la Norma relativa al recurso de

habeas data

. Desde la promulgación de la Norma relativa al recurso de amparo se han presentado 25 peticiones y se han dictado 20 recursos.

111. Las dos cámaras del Congreso también han incluido en sus respectivos programas legislativos proyectos de ley para seguir perfeccionando el procedimiento de tramitación de quejas contra los funcionarios públicos, incluidos los sospechosos de cometer actos que puedan constituir tortura o penas crueles, inhumanas o degradantes, o ejecuciones extrajudiciales.

112. La creación del Equipo de Tareas interinstitucional sobre los pilares de la justicia es un

mecanismo concreto que proporciona un foro para mejorar la coordinación entre pilares tanto a

nivel político como operativo.

113. Todos los pilares del sistema de justicia penal, junto con la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, promueven un régimen de justicia penal basado en derechos. Esto se lleva a cabo mediante intervenciones clave, como visitas y evaluación de las cárceles, investigaciones independientes para esclarecer hechos, promoción de los derechos humanos y educación en esa materia en coordinación con el Departamento de Educación.

114. Con el fin de dar más importancia a la formación, educación e información en materia de derechos humanos se expidió la Orden Presidencial Nº 258 a fin de institucionalizar la formación y capacitación en derechos humanos de las fuerzas del orden, policías, militares y funcionarios de los servicios penitenciarios.

115. Aunque el proceso de ratificación por Filipinas del Protocolo I a los Convenios de Ginebra de 1949 sigue su curso, ya se han incluido en los manuales y directrices de las fuerzas armadas medidas para aplicar las disposiciones de este Protocolo, especialmente las relativas a las normas de combate y de operaciones militares de carácter civil.

116. Las oficinas de derechos humanos de las fuerzas armadas y la policía nacional, además de continuar sus programas de educación y planificación en materia de derechos humanos, se encarga también, entre otras cosas, de recibir quejas oficiales sobre presuntas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y emprender las investigaciones pertinentes.

El responsable de derechos humanos de la Oficina Nacional de Investigaciones se encarga

principalmente de supervisar los casos de violaciones de los derechos humanos, recibir las quejas y los informes de inteligencia sobre casos de esta índole y coordinar con la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas.

117. Se ha incluido a todas las dependencias militares y de las fuerzas del orden en los programas de capacitación sobre derechos humanos que se realizan en estrecha colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas

. En los cursos de formación de la policía se ha incluido la prohibición de la tortura.

118. La Oficina del Ombudsman también está iniciando sus propios cursos y programas de sensibilización comunitaria sobre la corrupción.

119. Filipinas revocó hace algunos años la Ley de lucha contra la subversión y legalizó el Partido Comunista de Filipinas. Las organizaciones de todas las tendencias políticas y los grupos de

intereses sectoriales tienen la oportunidad de obtener una representación en el Congreso y participar en las elecciones generales mediante el sistema de listas de partidos. El BantayBayan (Observatorio Nacional), organización de la sociedad civil compuesta por antiguos miembros del movimiento de insurrección comunista, señaló durante las consultas celebradas para la elaboración del presente informe que eso era un avance fundamental con respecto al período previo a la Constitución de 1987.

120. El Gobierno de Filipinas, en su empeño por contrarrestar la amenaza del terrorismo, se aseguró de que la protección de los derechos de las personas garantizados por la Constitución no fueran conculcados. La Ley de seguridad humana, promulgada en 2007, prevé suficientes salvaguardias para proteger los derechos de la persona contra posibles abusos por parte de las fuerzas del orden.

121. El derecho al sufragio del pueblo filipino se ha ampliado a los trabajadores filipinos en el

extranjero y a otros filipinos que no residen en el país a fin de que puedan participar en las

elecciones con arreglo a la Ley Nº 9189 relativa al sufragio de los residentes en el extranjero,

de 2003. Para complementar esta ley el Congreso aprobó posteriormente la Ley de la doble nacionalidad.

122. En respuesta a las peticiones de entidades interesadas, el Gobierno también adoptará medidas para velar por que las personas con discapacidad tengan facilidades físicas y de otro tipo para acceder a los lugares de votación.

123. De conformidad con la Constitución, el Código de Trabajo de Filipinas ordena expresamente la protección de todas las actividades pacíficas concertadas, incluidas las huelgas

, que se lleven a cabo con sujeción a la ley

. Aunque en Filipinas se ha dado prioridad al ejercicio de los derechos humanos, la ley, que se ajusta a las normas internacionales, distingue entre el ejercicio legítimo de esos derechos y la violación patente de las leyes.

124. Protegidas por la Constitución, todas las confesiones religiosas se practican libre y

abiertamente en Filipinas. Para asegurar una paz duradera en la región de Mindanao, el Gobierno también ha fomentado activamente un entorno favorable para promover el diálogo interconfesional.

En el plano nacional: 1) ha promovido leyes que garanticen los derechos individuales a la libertad de religión y culto; y 2) ha promovido varios programas como el Plan Nacional de Paz, el

Programa de 16 puntos de lucha contra el terrorismo y, más recientemente, la Orden ejecutiva Nº 626 por la que se creó el Comité Nacional sobre la Cooperación Interconfesional. En el plano internacional, Filipinas está a la vanguardia de las iniciativas interconfesionales. Promueve el apoyo de una resolución sobre el fomento del diálogo interconfesional para la paz en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ha dirigido el Foro tripartito sobre la cooperación

interconfesional para la paz.

125. La Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión. En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo ha confirmado este derecho en casos importantes

relacionados con los artículos 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

126. La prensa filipina figura entre las más libres del mundo. El país cuenta con un sinnúmero de publicaciones, programas de radio y televisión y sitios web de noticias. Existen mecanismos de recurso

y queja a los que pueden acceder los medios, a fin de asegurar su libertad e independencia.

Mientras el Congreso estudia un proyecto de ley para la posible despenalización de la difamación, recientemente el Presidente del Tribunal Supremo exhortó a todos los tribunales a que impusieran multas en lugar de penas de prisión, como permite la ley, a las personas declaradas culpables de ese delito.

127. Existen cada vez más iniciativas en la sociedad civil para organizar a la comunidad en una fuerza poderosa y constructiva, tanto para exigir recursos judiciales adecuados como para contribuir a que se proporcionen dichos recursos con el fin de fortalecer los derechos humanos.

128. Los grupos de la sociedad civil prestan muy diversos servicios relacionados con los derechos humanos, como por ejemplo servicios jurídicos basados en la comunidad (mediante el sistema de justicia de los barangay, el Grupo de Asistencia Jurídica Gratuita (FLAG), el Círculo de Abogados Católicos y St.Thomas Moore and Associates, entre otros) y de policía comunitaria (mediante la Federación de ONG acreditadas por la policía en el marco de sus programas de policía comunitaria en ámbitos específicos tales como las drogas, la pornografía, la violencia contra la mujer, etc.).

La función de una comunidad organizada es ante todo prestar asistencia a la demanda de recursos

judiciales, justicia restaurativa, información y educación de la comunidad y solución de conflictos

por medios alternativos con base comunitaria.