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 Asamblea General A/HRC/WG.6/26/ZWE/1

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GE.16-14530 (S) 020916 190916

Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 26º período de sesiones

31 de octubre a 11 de noviembre de 2016

Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos*

Zimbabwe

* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas A/HRC/WG.6/26/ZWE/1

Asamblea General Distr. general 22 de agosto de 2016 Español

Original: inglés

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I Metodología

1. La República de Zimbabwe fue examinada en el marco del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) en octubre de 2011. Tras el examen, Zimbabwe aceptó 130 de 177 recomendaciones sobre diversas cuestiones de derechos humanos que se formularon para su examen.

2. El Gobierno de Zimbabwe adoptó un enfoque participativo al preparar su informe para el segundo ciclo. Celebró tres talleres de consulta en 2015 a los efectos de recibir aportaciones de los interesados, que abarcaron seis de las diez provincias del país. A raíz de ello, el Gobierno elaboró un proyecto de informe que formó la base de nuevas consultas con los interesados. En 2016, se celebraron otros tres talleres de consulta que abarcaron ocho de las diez provincias del país. Posteriormente, el Gobierno completó el informe (véase el anexo B, Lista de interesados).

3. El informe está dividido en siete partes y se ajusta a las directrices proporcionadas por el Consejo de Derechos Humanos para el segundo ciclo. Hace referencia al informe de mitad de período presentado por el Gobierno en septiembre de 2014.

II. Evolución de la situación desde el examen anterior

4. Desde el examen anterior, el Gobierno ha hecho considerables avances hacia la aplicación de las recomendaciones del EPU. El Gobierno reunió a todos los interesados para examinar las recomendaciones y elaborar un plan de acción nacional para su puesta en práctica. El Gobierno y los interesados identificaron medidas sectoriales y el Plan de Acción Nacional para la Aplicación del EPU constituye la base sobre la cual se están llevando a la práctica. Se estableció un Comité Directivo Nacional para el EPU integrado por el Gobierno y representantes de otros interesados, incluidos organizaciones de la sociedad civil, comisiones independientes y sindicatos, así como el equipo de las Naciones Unidas en el país en calidad de órgano consultivo, para supervisar y vigilar la aplicación del Plan de Acción Nacional.

5. Como se indicó en el informe de mitad de período, Zimbabwe celebró un referendum en 2013 que se tradujo en la aprobación de una nueva Constitución, que incluye una declaración de derechos amplia. La Constitución fortaleció el marco institucional para la promoción y protección de los derechos humanos estableciendo nuevas instituciones, como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía Nacional, la Comisión de Género de Zimbabwe y la Comisión de la Paz y la Reconciliación Nacional, o fortaleciendo las existentes, como la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe, la Comisión de Medios de Difusión de Zimbabwe y la Comisión Electoral de Zimbabwe (véase la parte 12 de la Constitución). Posteriormente se inició el proceso para armonizar las leyes del país con la nueva Constitución e incorporar las obligaciones internacionales en el ordenamiento jurídico interno. Zimbabwe también celebró elecciones nacionales el mismo año en que se concluyó el Acuerdo Político Global.

6. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción exclusiva e inherente sobre todas las cuestiones constitucionales, incluidos los derechos humanos fundamentales. Desde su creación, el Tribunal Constitucional ha dictado varios fallos históricos sobre diversas cuestiones de derechos humanos, incluida la prohibición del matrimonio infantil y la ilegalidad de la ley sobre el delito de difamación y de la facultad del Fiscal General de suspender la libertad bajo fianza concedida a un acusado por los tribunales.

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A. Marco normativo e institucional para la protección de los derechos humanos

1. La Constitución

7. La ampliación de la Declaración de Derechos en la Constitución de 2013 incluye los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos ambientales y una ampliación de los derechos de la mujer, las personas con discapacidad y el niño.

8. La Constitución ha mejorado la realización de los derechos humanos mediante la ampliación de la legitimación procesal para obtener reparación por violaciones de los derechos humanos. De conformidad con el artículo 85, cualquier persona puede acudir a los tribunales alegando la vulneración de sus derechos o los derechos de cualquier otra persona, lo cual se confirmó en el caso Mudzuru y otro c. el Ministro de Justicia y Asuntos Legales y Parlamentarios y otros, CCZ12/2016.

2. Medidas legislativas

9. Desde el examen anterior, Zimbabwe ha promulgado varias leyes que promueven y protegen los derechos de los ciudadanos y ponen en práctica o fortalecen las instituciones creadas por la Constitución que contribuyen a la promoción y protección de los derechos humanos, como la Ley de la Comisión de Género de Zimbabwe [capítulo 10: 31], la Ley de la Fiscalía Nacional [capítulo 7: 20], la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe [capítulo 10: 30], la Ley de Enmienda de la Ley del Trabajo (que define los derechos fundamentales de los trabajadores de conformidad con las normas internacionales), el proyecto de enmienda de la Ley de Procedimiento Penal y Prueba en Materia Penal, y la Ley relativa a la Trata de Personas [capítulo 9: 25]. Otras leyes están en diversas etapas de promulgación como parte del proceso de armonización e incorporación en el ordenamiento jurídico interno.

3. Medidas judiciales

10. La Constitución garantiza la independencia del poder judicial y establece los principios rectores del poder judicial, que incluyen el reconocimiento de la función de los tribunales en la protección de los derechos humanos y el estado de derecho. Los tribunales están sujetos únicamente a la Constitución y la ley, que deben aplicar de manera imparcial, rápida y sin temores, favoritismos ni prejuicios. Para seguir consolidando dicha independencia, el poder judicial, por conducto del Consejo Superior de la Magistratura, ahora recibe una asignación directa de la Tesorería.

4. Políticas y medidas conexas

Política Nacional en materia de Género

11. La Política Nacional en materia de Género se ha revisado y armonizado con la Constitución y los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, incluidos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Protocolo de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) sobre el Género y el Desarrollo. También tiene en cuenta las recomendaciones del EPU. La Política promueve la igualdad de representación en todas las instituciones, los organismos públicos, las comisiones y los órganos electivos en todos los niveles. Al armonizar la legislación, el Gobierno incorpora el principio de igualdad de representación entre los géneros.

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12. El Gobierno ha introducido la presupuestación basada en el género en todos los niveles para garantizar la incorporación de la perspectiva de género.

Política nacional de los derechos del niño

13. Se está examinando el proyecto de política nacional de los derechos del niño, que tiene por objeto colocar al niño en el centro del desarrollo en todas las esferas de la vida y procura crear un mecanismo de coordinación mejor y un marco para ello.

Módulo de Asistencia para la Educación Básica

14. Este programa apoya la matriculación y retención de los niños desfavorecidos en la enseñanza primaria y secundaria y el 10% de su consignación total anual se destina a los estudiantes con discapacidad. El cuadro que figura a continuación indica el número de estudiantes que recibieron asistencia en el marco del programa en 2013-2015.

Niñas Niños Total

2013 218 254 219 930 438 184

2014 177 894 210 157 379 051

2015 86 869 96 529 183 398

Lucha contra la corrupción en la administración de justicia

15. En un esfuerzo por combatir la corrupción en el sistema de administración de justicia, se están poniendo en práctica varias iniciativas. Por ejemplo, en febrero de 2016, el Gobierno emprendió una campaña contra la corrupción denominada “Juntos contra la corrupción” en que los interesados, como el Consejo Superior de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, la Fiscalía Nacional, la Policía de la República de Zimbabwe, el Servicio de Prisiones y Correccional de Zimbabwe y la Comisión de Lucha contra la Corrupción, pronunciaron discursos contra la corrupción. La Comisión de Administración Pública, que se ocupa del empleo de todos los funcionarios públicos, ha declarado una política de tolerancia cero a la corrupción. El Gobierno también puso en marcha el Código Nacional sobre la Buena Gobernanza Institucional en un esfuerzo para luchar contra la corrupción en las entidades públicas.

5. Infraestructura nacional de derechos humanos, incluidas las instituciones nacionales de derechos humanos

16. Como se indica en el informe de mitad de período, la Constitución prevé comisiones independientes que apoyan la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia. La Ley de la Comisión de Género de Zimbabwe se promulgó en febrero de 2016, allanando el camino para la puesta en marcha de la Comisión, y actualmente se está examinando un proyecto de ley para poner en funcionamiento la Comisión de la Paz y la Reconciliación Nacional. La Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe, la Comisión Electoral de Zimbabwe y la Comisión de Medios de Difusión de Zimbabwe están en pleno funcionamiento.

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III. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno

A. Tratados internacionales de derechos humanos

17. Desde el examen anterior, el Gobierno ha ratificado los siguientes tratados de derechos humanos: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños; y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

18. Debido a la existencia de otras prioridades, como el proceso de elaboración de la Constitución y la armonización de las leyes con esta, el Gobierno aún sigue trabajando en la ratificación de los demás tratados de derechos humanos. De todos modos, la Constitución contiene disposiciones que abordan algunas de las cuestiones relacionadas con los tratados pendientes, como la concesión automática de la ciudadanía a todas las personas menores de 15 años, la prohibición absoluta de la tortura y el derecho a la seguridad personal (arts. 36, párrafo 3, 40, 52 y 53).

B. Incorporación de los tratados de derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno

19. La incorporación de los tratados de derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno está realizándose, como se indicó en el informe de mitad de período, con las siguientes novedades importantes:

a) El Gobierno ha establecido un grupo de tareas interministerial para la armonización que tiene el mandato de dirigir el proceso de ajuste de la legislación a la Constitución;

b) Todas las leyes se están revisando para armonizarlas con la Constitución;

c) El Gobierno ha establecido estructuras como el comité interministerial previsto en la Ley relativa a la Trata de Personas, promulgada en 2014;

d) El proyecto de ley de enmienda de las leyes generales, que modificará 125 leyes para ajustarlas a la Constitución, fue aprobado por el Parlamento;

e) El Gobierno está revisando la Ley de la Infancia a fin de armonizarla con la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño;

f) La Ley relativa a las Personas con Discapacidad se está examinando para armonizarla con la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

g) Otras leyes importantes se encuentran en distintas etapas de promulgación, como el proyecto de enmienda de la Ley de Procedimiento Penal y Prueba en Materia Penal, el proyecto de ley del tribunal constitucional y el proyecto de ley sobre la comisión de tierras.

C. Compromisos voluntarios

20. Zimbabwe cursó una invitación a la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien visitó el país en mayo de 2012.

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Zimbabwe seguirá cooperando con los titulares de mandatos especiales en el desempeño de sus funciones.

21. En 2013, el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño visitó el país para celebrar un taller de orientación para sus nuevos miembros y celebró consultas con el Gobierno y la sociedad civil sobre la realización de los derechos del niño.

En mayo de 2016, la Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de la Comisión Africana visitó el país y se reunió con los principales interesados.

D. Actividades de la institución nacional de derechos humanos

22. Durante el período que se examina, la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe llevó a cabo varias actividades para cumplir su mandato de conformidad con la Constitución. La Comisión realizó campañas de sensibilización durante las jornadas de puertas abiertas a las que se invitó a participar a los diferentes interesados. También ha conmemorado el Día de los Derechos Humanos desde 2014 y sigue recibiendo e investigando las denuncias de abusos contra los derechos humanos.

23. La Comisión ha llevado a cabo las siguientes misiones:

a) Visitas de inspección y seguimiento a varias prisiones para garantizar la observancia de los derechos humanos y el trato humano de los reclusos en relación con las normas nacionales e internacionales reconocidas sobre los derechos y el bienestar de los reclusos, con miras a formular recomendaciones al Parlamento y el Gobierno. Las visitas también tuvieron por objeto que los reclusos, los funcionarios penitenciarios y otros interesados pertinentes conocieran la Comisión como la organización encargada de promover y proteger los derechos de los presos en Zimbabwe.

b) En febrero de 2014, se declaró un estado de desastre nacional después de que fuertes lluvias e inundaciones hubieran arrasado hogares y animales en la zona de Tokwe-Mukosi. El Gobierno intervino y reubicó a los afectados en el sitio de reasentamiento Chingwizi, en el distrito de Mwenezi. La información sobre el desastre se difundió ampliamente y la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe reaccionó prontamente visitando el sitio de reasentamiento a fin de hacer el seguimiento de las denuncias recibidas de diversos sectores, entre ellos representantes de personas que habían sido trasladados al sitio. Las recomendaciones formuladas por la Comisión fueron aplicadas por el Gobierno.

24. El sector de la justicia, la ley y el orden participa en la promoción del acceso a la justicia para todas las personas en Zimbabwe. Se está ejecutando un programa sobre la descongestión de las cárceles, en el que este sector promueve el uso de penas distintas de la reclusión.

E. Sensibilización pública respecto de los derechos humanos

25. El Gobierno reconoce la importancia de sensibilizar al público acerca de los derechos humanos. Por ejemplo, la formación y sensibilización en materia de derechos humanos ahora es un elemento básico de los planes de estudios de las fuerzas del orden.

26. El Gobierno, por conducto de su Comité Directivo Nacional para el EPU, está realizando campañas de sensibilización pública a gran escala acerca de los derechos humanos.

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27. Estas campañas se han llevado a cabo durante conmemoraciones anuales, como el Día Universal del Niño; el Día del Niño Africano; el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; el Día Internacional de la Mujer; y el Día de los Derechos Humanos. Las actividades de sensibilización también se realizan a nivel de base mediante la creación de la capacidad de los líderes comunitarios, los dirigentes religiosos y los coordinadores comunitarios, que continúan la labor de sensibilización en sus comunidades. La sensibilización acerca de los derechos del niño se realiza mediante la participación en distintas exposiciones, como la Feria Comercial Internacional de Zimbabwe y la Exposición Agrícola de Zimbabwe.

28. El Gobierno fomenta la sensibilización pública acerca de la Constitución en forma de reuniones de promoción en comunidades, programas de radio y ferias y exposiciones.

Con el apoyo de los asociados para el desarrollo, se ha distribuido más de 1 millón de ejemplares de la Constitución en diez idiomas reconocidos oficialmente por conducto de estructuras gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y organizaciones confesionales. El Gobierno también ha iniciado la distribución nacional de folletos simplificados sobre los derechos del niño. Seis de las diez provincias se han beneficiado de esta iniciativa.

29. El nuevo plan de estudios recientemente elaborado, que entrará en vigor en 2017, tiene como uno de sus objetivos preparar a los alumnos para la ciudadanía participativa y el desarrollo sostenible en relación con sus derechos, deberes y responsabilidades. Así pues, los derechos humanos y los derechos del niño se han incorporado en los planes de estudios de la enseñanza preescolar, primaria y secundaria.

30. El Gobierno ha realizado actividades de capacitación de grupos dirigidos por niños, como “jóvenes parlamentarios”, sobre las disposiciones de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño.

Más de 250 niños se beneficiaron de ello en 2015. La intención es que quienes reciben formación transmitan la información recibida en cascada a otros miembros de sus comunidades.

31. El Gobierno ha creado un entorno propicio para la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil sobre la sensibilización acerca de las cuestiones de derechos humanos. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Zimbabwe ha realizado jornadas de puertas abiertas en que miembros de la profesión letrada brindan asesoramiento jurídico gratuito a personas del público. En estas actividades participan diferentes interesados en el sector de la administración de justicia.

IV. Seguimiento dado al examen anterior

32. Como se indica en la parte B, como seguimiento del examen anterior, el Gobierno reunió a los interesados, incluidos organizaciones de la sociedad civil, el Parlamento, dirigentes tradicionales, entidades del mercado de trabajo y comisiones independientes, para presentar las recomendaciones aceptadas y elaborar el Plan de Acción Nacional para la aplicación de las recomendaciones. El Plan de Acción Nacional constituye la base sobre la cual el Gobierno ha venido aplicando las recomendaciones, y se espera que los ministerios y departamentos gubernamentales competentes integren las recomendaciones en sus planes estratégicos, políticas, programas y demás actividades. El Comité Directivo Nacional para el EPU, integrado por representantes del Gobierno y de otros interesados, ya enumerados, vigila y supervisa la puesta en práctica del Plan de Acción Nacional.

33. El Comité Directivo Nacional celebra reuniones trimestrales y reuniones de examen anuales para los interesados en el Plan de Acción Nacional. Facilitó la preparación del

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informe de mitad de período, que el Gobierno presentó al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2014.

V. Logros, desafíos y limitaciones relativos a la aplicación de las recomendaciones aceptadas

34. Desde el examen anterior, el Gobierno ha hecho importantes avances en la aplicación de las recomendaciones aceptadas.

A. Logros

1. Creación o fortalecimiento de instituciones independientes

35. Como se informó anteriormente, la Constitución ha establecido nuevas instituciones independientes, como la Comisión de Género de Zimbabwe y la Comisión de la Paz y la Reconciliación Nacional. La Comisión de Género ya está en funcionamiento. Se ha nombrado a los integrantes de la Comisión de la Paz y la Reconciliación Nacional. La Constitución prevé el fortalecimiento de las comisiones independientes que ya estaban en funcionamiento, como la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe, la Comisión Electoral de Zimbabwe y la Comisión de Medios de Difusión de Zimbabwe. De conformidad con la Ley del Presupuesto 2016, de 2015, ahora todas estas instituciones tienen autonomía financiera.

a) Administración de justicia

36. La Constitución ha reforzado la transparencia en el nombramiento de los jueces al incluir en el proceso de nombramiento la publicación de los puestos vacantes, la invitación al público para que presente candidaturas y entrevistas públicas.

37. El Consejo Superior de la Magistratura ha iniciado una campaña nacional de sensibilización acerca de los deberes y las responsabilidades del Consejo. Hasta la fecha, un total de 17.273 personas han asistido a sus reuniones públicas.

38. A fin de aumentar el acceso a la justicia, se han abierto 9 tribunales en seis provincias (véase el anexo C, nuevos tribunales) y se construirán otros 21 en todo el país antes de finales de 2016. El Tribunal Supremo organiza tribunales de circuito fuera de Harare, a fin de facilitar y acelerar el acceso. El Consejo Superior de la Magistratura ha descentralizado el Tribunal Superior.

39. A fin de mejorar el acceso a la justicia mediante la prestación de servicios jurídicos a los indigentes y las personas que viven en zonas remotas, el Gobierno ha descentralizado la provisión de asistencia jurídica a ocho de las diez provincias del país.

40. En mayo de 2013 el Gobierno puso en marcha el Programa de Renuncia Condicional a la Acusación, que tiene por objeto evitar que las causas de menores infractores se traten en el sistema formal de justicia penal en casos de delitos menores. El programa se ha aplicado con éxito en cinco provincias.

41. Como se indicó anteriormente en el informe de mitad de período, se ha capacitado a los jueces en actividad sobre el protocolo relativo a la gestión multisectorial del abuso sexual y la violencia.

42. Con arreglo a la Constitución, se creó la Fiscalía Nacional, una entidad independiente que ahora es responsable de los enjuiciamientos. Se eliminó esa función de la Fiscalía General, que se ocupaba de los enjuiciamientos anteriormente, a fin de garantizar la

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independencia y la eficiencia y eficacia operacional. Se ha adoptado un código de ética que orienta la conducta de los fiscales en el desempeño de sus funciones.

b) Recuperación y reconciliación nacionales

43. La Comisión de la Paz y la Reconciliación Nacional asumirá la responsabilidad por la paz y la reconciliación, una vez que entre en vigor la ley sobre su funcionamiento. En la actualidad, el Órgano para la Recuperación, Reconciliación e Integración Nacional cumple esa función. Se están realizando campañas de sensibilización sobre la consolidación de la paz, que incluyan cuestiones relativas a la prevención, gestión y solución de conflictos y a la transformación. Los interesados de la sociedad civil también han participado en los esfuerzos de recuperación nacional. Algunos asociados han trabajado con dirigentes tradicionales sobre su papel en la consolidación de la paz y el apoyo a la labor del Órgano.

2. Derechos económicos, sociales y culturales

44. El Gobierno puso en marcha el Programa para la Transformación Socioeconómica Sostenible de Zimbabwe (Zim-ASSET) para el período comprendido entre octubre de 2013 y diciembre de 2018, un modelo económico que tiene por objeto revitalizar la economía y lograr un desarrollo económico sostenible impulsado por la utilización sensata de los recursos humanos y naturales del país. Uno de los principales objetivos de Zim-ASSET es que el país obtenga los máximos beneficios de sus recursos naturales y empodere económicamente a la población, lo que a su vez debería contribuir al desarrollo socioeconómico y la mitigación de la pobreza. Esto mejorará la realización de los derechos socioeconómicos. Zim-ASSET se basa en los siguientes cuatro grupos estratégicos:

• Seguridad alimentaria y nutrición: el Gobierno está proporcionando insumos agrícolas y aperos de labranza a hogares desfavorecidos en el marco del programa de mecanización de los pequeños agricultores. Ocho proyectos de riego se han puesto en marcha en cada provincia por medio de asociaciones estratégicas. Estas iniciativas tienen por objeto garantizar la seguridad alimentaria.

• Servicios sociales y erradicación de la pobreza: el Gobierno ha creado varios fondos de empoderamiento económico, como el Fondo para Pequeñas y Medianas Empresas, el Fondo Nacional para la Juventud y el Fondo para el Desarrollo de la Mujer.

• Infraestructura y servicios públicos: el Gobierno está movilizando recursos para la rehabilitación de la infraestructura, por ejemplo, la ampliación de la generación de energía hidroeléctrica, viviendas para personas de bajos ingresos, agua y saneamiento y la ampliación de la red vial.

• Valor añadido y beneficio: el Gobierno ha establecido sistemas para alentar la utilización plena de todos los recursos para lograr el valor añadido y beneficio máximo.

a) Derecho al agua y el saneamiento

45. La Constitución establece el derecho al agua limpia, salubre y potable (véase el artículo 77 de la Constitución). Este derecho es justiciable, como se confirmó en el caso F. Mushoriwa c. la ciudad de Harare, HC4266/13.

46. La Política Nacional de Recursos Hídricos se puso en marcha en mayo de 2013 para orientar al Gobierno en la prestación de servicios adecuados de agua y saneamiento, y se está trabajando para evaluar las necesidades de las zonas urbanas y determinar la ubicación de pozos en las zonas rurales. Se han obtenido fondos para la rehabilitación de pozos en 33 distritos rurales de cinco provincias, así como para la renovación de las redes de

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alcantarillado y agua en las zonas urbanas. Hasta la fecha se han perforado 1.398 pozos y se han rehabilitado otros 10.006, que ya están en funcionamiento. Se está trabajando para rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua y el alcantarillado en 14 ciudades, lo cual tendrán efectos positivos en la distribución de agua potable y la red de alcantarillado.

Ya se ha completado la labor en cinco zonas urbanas.

b) Derecho a la vivienda

47. El Gobierno se ha fijado la meta de construir o proveer servicios públicos a 313.368 unidades de vivienda y terrenos antes de 2018, en el marco del programa Zim-ASSET.

Hasta la fecha, en total se han construido 19.123 viviendas y se ha suministrado servicios públicos a 30.052 terrenos residenciales. La Política Nacional de Vivienda, puesta en marcha en julio de 2013, exige a los promotores inmobiliarios que provean una infraestructura adecuada en materia de agua y saneamiento, así como caminos. También deben proporcionar infraestructura interna y externa. Se han creado la estrategia nacional de entrega de viviendas y las directrices de aplicación, y los interesados ya se han adherido a las directrices en sus operaciones.

c) Derecho a la educación

48. Zimbabwe es consciente de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ofrecer educación básica gratuita y obligatoria. Esto se suma al hecho de que la Constitución incluye el derecho a la educación básica financiada por el Estado. De conformidad con su artículo 75, todo ciudadano y residente permanente de Zimbabwe tiene derecho a una educación básica financiada por el Estado, incluida la educación básica para adultos. El Estado también está obligado a tomar medidas legislativas y de otro tipo razonables y progresivas para velar por la disponibilidad y accesibilidad de la educación superior.

49. Se han adoptado medidas para garantizar que no se prive a ningún niño en edad escolar del derecho a la educación porque los padres o tutores no pagan la tasa escolar. Se aplica la política de no impedir a ningún niño la asistencia a la escuela por no pagar la tasa escolar. Además, el Gobierno mediante sus propios recursos y con la asistencia de los asociados para el desarrollo, proporciona financiación al Módulo de Asistencia para la Educación Básica a fin de atender a las necesidades de pago de la tasa escolar de niños de familias vulnerables.

50. El Fondo para el Desarrollo de la Educación, con la participación de representantes del Gobierno y asociados para el desarrollo, ha proporcionado recursos para el aprendizaje y mejorado la calidad de la educación de los niños en Zimbabwe. El Fondo también ha velado por la distribución de kits de ciencia a 2.424 escuelas secundarias, con miras a mejorar la calidad de la enseñanza de la ciencia.

51. Además de reducir la proporción de libros de texto escolares a 1:1 para las asignaturas básicas en los niveles primario y secundario, el Fondo también invirtió en la capacitación de directores de escuela para mejorar la administración de las escuelas y ha proporcionado asistencia técnica a fin de fortalecer la capacidad del Gobierno para supervisar los servicios educativos. Los asociados para el desarrollo están aplicando un sistema a plazo largo, las Becas para la Mejora Escolar, que se centra en inversiones más amplias en las escuelas para seguir mejorando la calidad de la enseñanza y garantizar que todos los niños de Zimbabwe tengan la oportunidad de alcanzar su potencial pleno.

Zimbabwe también se ha beneficiado de la Alianza Mundial para la Educación, que se centra en impulsar los resultados del aprendizaje mediante el desarrollo profesional permanente de los maestros, la mejora de la supervisión y gestión de los maestros, y el fortalecimiento de la planificación estratégica de las políticas basada en datos empíricos.

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52. En un esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, el Gobierno ha introducido el desarrollo del niño en la primera infancia con objeto de fortalecer las bases de la educación.

Esto se logra garantizando que los alumnos estén equipados con diversas competencias desde las etapas iniciales de la educación.

53. En relación con las cuestiones de la igualdad de género, el artículo 27, párrafo 2 de la Constitución establece que el Estado debe tomar medidas para garantizar que las niñas gocen de las mismas oportunidades educacionales que los niños en todos los niveles. Si bien los datos de 2014 del Sistema de Gestión de la Información sobre Educación muestran que la paridad de género se ha logrado en la enseñanza primaria y el ciclo inferior de la secundaria, la tasa de participación de las niñas en el nivel secundario superior aún es el 44%. Se alienta a las niñas a proceder al nivel secundario superior y más allá mediante intervenciones que abordan los problemas que causan el abandono escolar de las niñas.

54. A fin de facilitar el acceso a la educación para todos, el Gobierno ha elaborado la Política sobre la Educación No Formal, que ofrece oportunidades de educación a las personas que nunca tuvieron la posibilidad de asistir a la escuela, la abandonaron por un motivo u otro, o no aprovecharon al máximo las oportunidades mientras asistían a la escuela. La Política, que se puso en marcha en 2015, prevé que las escuelas primarias y secundarias del país ofrezcan educación no formal después de las horas lectivas normales.

55. El Gobierno sigue fortaleciendo el programa de alimentación escolar, que se adoptó como estrategia para lograr una matriculación, asistencia, retención y tasa de finalización de la escuela óptima con resultados de aprendizaje positivos para todos. Esto también contribuye a la situación nutricional y sanitaria necesaria para que los alumnos se desempeñen lo mejor posible durante su etapa escolar.

56. El programa de estudios se revisó en 2015 para culminar con un estudiante cuyo desarrollo haya sido completo y equilibrado y pueda responder fácilmente a las exigencias nacionales, regionales e internacionales.

d) Derecho a la salud

57. La Constitución dispone expresamente el derecho a la atención de la salud, además de otros derechos relacionados con la salud (artículos 29, 48, párrafo 3, 52 c), 57 c), 60 3), 73, párrafo 1 a), 76, 77, 81 f), 82 b) y 84 de la Constitución). Ello incluye el derecho de todas las personas que viven con enfermedades crónicas al acceso a servicios básicos de atención de la salud en relación con esa enfermedad y el requisito de que las instituciones sanitarias no nieguen a nadie tratamiento médico de emergencia.

58. La Ley de Salud Pública [capítulo 15: 09] dispone la protección de la salud pública, incluida la prevención y eliminación de las enfermedades infecciosas y de transmisión sexual, y la reglamentación del suministro de agua potable y alimentos y servicios mejorados de saneamiento, entre otras cosas. La Ley dispone la inmunización de los niños contra enfermedades que producen discapacidad, como la poliomielitis. Además, el Gobierno ejecuta programas para educar al público sobre la prevención de accidentes en el hogar que podrían causar discapacidad.

59. El Gobierno está recuperando centros de rehabilitación en los hospitales que administra y está capacitando a más técnicos en rehabilitación. También ha seguido desarrollando una red de servicios de rehabilitación en todo el país. Todos los hospitales centrales, provinciales y de distrito y algunos hospitales de misiones han construido instalaciones que ofrecen una amplia gama de servicios de rehabilitación, incluidos fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de la comunicación, audiología, servicios de prótesis y derivaciones para las cirugías correctivas que corresponda. Los niños que no pueden acceder a servicios institucionales reciben atención por conducto de los servicios de extensión o mediante la rehabilitación basada en la comunidad. Estos servicios son

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importantes para que los niños con deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación vivan de forma independiente, permanezcan en su hogar o su comunidad o regresen a estos, y participen en actividades educativas y sociales en general. Contribuyen a aumentar el potencial de los niños con discapacidad para disfrutar de las mismas oportunidades que los demás niños.

60. El Gobierno puso en marcha una política de no cobrar tasas a los usuarios, la Orden de Tratamiento Médico Asistido, que apoya a los indigentes, los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y las personas de más de 65 años. El Gobierno ha logrado mantener la política de tasa de usuario libre con el apoyo del Fondo para el Desarrollo de la Salud, el Banco Mundial y otros asociados para el desarrollo. El Fondo para el Desarrollo de la Salud es un fondo mancomunado de donantes múltiples cuyo objetivo es ayudar al Gobierno a lograr los progresos previstos hacia el más alto nivel posible de salud y de calidad de vida para todos los zimbabuenses. El Gobierno también puso en marcha el Programa de Financiación Basada en los Resultados. Financiado por el Banco Mundial, el Fondo para el Desarrollo de la Salud y el Gobierno para tratar esas mismas cuestiones a nivel de la atención primaria.

61. Se han creado modalidades de financiación, como el Programa de Apoyo Integrado, la Iniciativa Salud 4+ y el Programa de Financiación Basada en los Resultados, a fin de ayudar a financiar las intervenciones de salud para la madre y el recién nacido. Dentro de esos marcos, algunas de las intervenciones realizadas en 2014 incluyeron la revitalización de las maternidades y la mejora de los sistemas de remisión de emergencia. El Gobierno está trabajando con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para ejecutar programas nacionales de inmunización dirigidos a las personas que residen en zonas de difícil acceso.

62. La disponibilidad de medicamentos esenciales en las instituciones a fines de 2013 fue del 66,6%. Con el apoyo de los asociados para el desarrollo, que está dirigido a las comunidades, el 87,2% de los centros de atención primaria de la salud tienen al menos el 80% de los medicamentos esenciales seleccionados. El Gobierno ha eliminado los aranceles aduaneros sobre todos los medicamentos y productos básicos contra la malaria importados y permite a las empresas farmacéuticas locales producir medicamentos antirretrovirales.

Con objeto de aliviar la escasez de médicos en el país, el Gobierno ha concertado acuerdos bilaterales para traer al país médicos y otros profesionales de la salud de países como Cuba.

63. El Gobierno está ampliando los servicios de terapia antirretroviral para reducir la morbilidad y la mortalidad debida al VIH y el sida mediante la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos; el tratamiento antirretroviral gratuito; la capacitación de consejeros primarios en pruebas rápidas de detección del VIH; el establecimiento de centros que ofrecen servicios de terapia antirretroviral; y la movilización y el empoderamiento de las comunidades para mejorar el acceso a la atención y el apoyo.

64. Véase el anexo D para más información estadística sobre la aplicación de las recomendaciones relativas al derecho a la salud.

e) Derecho a la tierra

65. El Gobierno ha comenzado a aplicar la Política Agrícola y de Mecanización, que proporciona equipo agrícola a los agricultores que fueron reasentados. También está trabajando para recapitalizar una institución estatal de financiación agrícola, así como para crear el Banco de Desarrollo Agrícola, que procurará otorgar préstamos a los agricultores.

Con ello se pretende mejorar la producción agrícola.

66. El Gobierno también ha empezado a expedir permisos de uso de la tierra para los pequeños agricultores (modelo A1) y está ultimando el documento de arrendamientos por 99 años a agricultores comerciales (modelo A2) con el sector bancario para que sean

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financiables. Un total de 221.472 hogares en todo el país se asentaron en virtud de los modelos A1 y A2, en una superficie total de 9,6 millones de hectáreas. Ello tiene por objeto alentar a los agricultores a utilizar plenamente las tierras que les asigna el Gobierno a fin de impulsar la producción agrícola.

67. El Gobierno está supervisando la utilización de las tierras agrícolas para velar por que la tierra se utilice de forma productiva.

3. Cooperación con organizaciones de la sociedad civil y otros interesados

a) Cooperación con organizaciones de la sociedad civil

68. El Gobierno está cooperando con organizaciones de la sociedad civil, entre otras cosas en la conmemoración de ocasiones importantes como el Día de los Derechos Humanos. En relación con el EPU, el Gobierno ha celebrado reuniones consultivas y de examen con los interesados para examinar los progresos en la aplicación de las recomendaciones del EPU. Las organizaciones de la sociedad civil forman parte del Comité Directivo Nacional para el EPU.

b) Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

69. Zimbabwe ha cooperado con los mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular los diversos órganos creados en virtud de tratados. Zimbabwe ha hecho buenos progresos en la esfera de la presentación de informes. Por ejemplo, se ha registrado un notable progreso en:

• Los informes periódicos sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (2012), la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (2015) y la Convención sobre los Derechos del Niño (2016) se presentaron a los órganos creados en virtud de tratados correspondientes. Se elaboró un plan de acción nacional para la aplicación de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y durante el transcurso de 2016 se elaborará el plan de acción pertinente para la aplicación de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y del Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño.

• Los informes periódicos sobre la aplicación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (incluido su Protocolo relativo a los derechos de la mujer); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se han compilado y se presentarán oportunamente.

c) Asistencia financiera, técnica y para la cooperación

70. El Gobierno ha recibido apoyo financiero y técnico del equipo de las Naciones Unidas en el país en virtud del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) de Zimbabwe. El Gobierno, en asociación con el equipo en el país, está aplicando el MANUD 2016-2020.

71. El equipo de las Naciones Unidas en el país, por conducto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha seguido proporcionando apoyo financiero y técnico para la promoción y protección de los derechos humanos. Además, la cooperación del PNUD también se ha centrado en la creación de capacidad del Comité Interministerial sobre Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el sector de la justicia, la ley y el orden, y el proceso del EPU.

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72. Zimbabwe ha recibido apoyo financiero y técnico de otros asociados para el desarrollo, como la Embajada de Noruega y la Unión Europea. El Gobierno ha seguido esforzándose para movilizar más apoyo.

4. Minería de diamantes

73. Zimbabwe ha recibido la aprobación del Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley y sigue cumpliendo sus requisitos mínimos. Esto se está logrando mediante la aplicación de las leyes y reglamentos que rigen la industria de los diamantes, que son conformes a las normas internacionales. A los efectos de la transparencia y la rendición de cuentas, el Gobierno ha fusionado empresas de minería de diamantes.

74. Se ha relocalizado a los aldeanos afectados por las actividades mineras y las empresas de minería de diamantes les han suministrado tierras y servicios, incluidos escuelas, clínicas y sistemas de abastecimiento de agua.

5. Medios de comunicación

75. La Constitución amplía el derecho a la libertad de expresión para incluir la libertad de los medios de comunicación. La radiodifusión y otros medios electrónicos de comunicación pueden establecerse libremente, con sujeción únicamente a los procedimientos de concesión de licencias que sean necesarias para regular las frecuencias de radio y otras formas de distribución de señales. Otros acontecimientos relativos a los medios de comunicación son la liberalización de las frecuencias, lo que ha dado lugar a la concesión de licencias para emisoras de radio comerciales nacionales y regionales. Por ejemplo, la Comisión de Medios de Difusión de Zimbabwe recientemente ha tramitado 21 solicitudes de emisoras comerciales de radio regionales y ha otorgado licencias a 8. La Comisión ha invitado a la presentación de solicitudes para la concesión de nuevas licencias de servicios de televisión. La inscripción de más medios de comunicación es un proceso permanente. Desde marzo de 2012, se han registrado 86 medios de comunicación y 128 publicaciones.

76. Con respecto a la revisión y consolidación de las leyes sobre los medios de comunicación, la Constitución reconoce la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, así como el acceso a la información en el marco de la Declaración de Derechos. El Gobierno inició una investigación del sector de la información y los medios de comunicación por conducto del Grupo de Investigación de Información y Medios de Comunicación. Sus conclusiones y recomendaciones servirán de base a los procesos legislativos y de política pertinentes.

77. Está en curso la modernización de la infraestructura de radiodifusión. Se ha emprendido la puesta en marcha del programa de digitalización con miras a pasar de sistemas analógicos a digitales en consonancia con los requisitos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

6. Elecciones

78. El referendum para aprobar la nueva Constitución se celebró con éxito en marzo de 2013 y fue seguido de elecciones armonizadas en julio de ese año. Las elecciones fueron respaldadas por varias misiones de observación de la Unión Africana y la SADC, entre otros. El Tribunal Constitucional también dictaminó que las elecciones habían sido libres y limpias.

79. En consonancia con la recomendación de que Zimbabwe continúe salvaguardando su soberanía, la Constitución dispone que Zimbabwe es una república unitaria, democrática y soberana, por lo cual incluye disposiciones sobre la celebración de elecciones periódicas, libres y justas compatibles con las normas regionales e internacionales. La Constitución

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estipula los principios del sistema electoral, lo cual incluye el requisito de que las elecciones deben ser pacíficas, libres y justas y realizarse sin violencia ni otras prácticas abusivas. En cuanto a la realización efectiva de las elecciones, la Constitución exige que la Comisión Electoral de Zimbabwe vele por que el método de votación utilizado sea simple, preciso, verificable, seguro y transparente. Actualmente la Comisión administra el padrón de votantes, lo que anteriormente era de competencia del Registro Civil, y ha empadronado a votantes en las circunscripciones en que se han llevado a cabo elecciones parciales. Ya entró en vigor la Ley de Enmienda de la Ley Electoral, que rige la administración de las elecciones.

80. Desde las elecciones generales de 2013, Zimbabwe ha celebrado elecciones parciales parlamentarias y de autoridades locales, pacíficas y de conformidad con la Constitución y las leyes electorales. Como parte de los esfuerzos para prevenir la violencia política y sancionar a los autores, se han designado tribunales para que se ocupen de los casos de violencia política durante las elecciones.

81. Se ha establecido un código de conducta voluntario para los partidos políticos, que se utilizó en las elecciones generales de 2013.

7. Derechos de la mujer

82. Se ha informado de la evolución relativa a los derechos de la mujer en el examen de mitad de período; a continuación se consignan los nuevos acontecimientos.

83. Se ha establecido un sistema de información sobre la violencia de género a fin de coordinar la recopilación de los datos pertinentes de distintos departamentos e instituciones para garantizar que las cuestiones relativas a la violencia de género se capten y documenten adecuadamente.

84. El Gobierno ha establecido un Comité Interministerial sobre la Violación y la Violencia Sexual para llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre las causas de la violación de menores y de mujeres de edad.

85. Zimbabwe también participa en la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género y ha ido más allá, prorrogándola después de la finalización del período de conmemoración.

86. El Marco Amplio de Empoderamiento Económico de la Mujer se está aplicando y ha dado lugar a un aumento de la participación de la mujer en sectores económicos como la agricultura y la minería. Se ha creado el Fondo para el Desarrollo de la Mujer y el Gobierno está trabajando para establecer un banco de mujeres a fin de mejorar el acceso a servicios financieros asequibles para mujeres y facilitar la inclusión financiera descentralizando el sistema bancario.

8. Derechos del niño

87. Como se mencionó en el párrafo 7, ahora los derechos del niño están consagrados en la Constitución (artículo 81).

88. En cuanto a la creación de un sistema de datos desglosados sobre la infancia, la Oficina de Coordinación de los Derechos del Niño está en vías de establecer una base de datos centralizada, en estrecha colaboración con el Organismo Nacional de Estadísticas de Zimbabwe.

89. El Gobierno, en colaboración con otros interesados, puso en marcha la Campaña de la Unión Africana para Eliminar el Matrimonio Infantil el 31 de julio de 2015. Esta iniciativa se vio reforzada el 20 de enero de 2016, cuando el Tribunal Constitucional dictó un fallo histórico por el cual prohibió el matrimonio infantil y eliminó el artículo 22,

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párrafo 1 de la Ley de Matrimonio [capítulo 5: 11], que incluía excepciones para el matrimonio de menores en determinadas circunstancias. Actualmente, el Gobierno está tomando medidas para modificar la Ley a fin de que se ajuste al fallo del Tribunal Constitucional.

90. Otras novedades jurídicas que benefician a los niños incluyen la reciente sentencia del Tribunal Superior de que los niños nacidos fuera del matrimonio tienen derecho a la herencia, igual que los hijos nacidos dentro del matrimonio, cuando el padre fallece intestado (Bhila c. Master of the High Court & Others, HH549/15).

91. El Fondo de Protección de la Infancia, un mecanismo de fondos mancomunados de transición de múltiples donantes, prestó apoyo a la aplicación de la segunda fase del Plan de Acción Nacional para Huérfanos y Otros Niños Vulnerables, 2011-2015. El Fondo aplica una teoría del cambio que pone de relieve el acceso de “los niños, las familias y las comunidades a mejores servicios preventivos y receptivos de protección del niño, reforzados por la resiliencia económica de los hogares y las comunidades en las zonas seleccionadas”. Lo que es más importante, el Fondo tiene como objetivo alcanzar una verdadera armonización de los diversos instrumentos de asistencia social en el marco del Programa de Transferencias en Efectivo Sociales Armonizadas y restablecer el sistema nacional de protección social de Zimbabwe en el Marco Nacional de Política de Protección Social (2015). Mediante las importantes inversiones realizadas en el marco del Fondo, la aplicación del Plan ha alcanzado los siguientes resultados importantes:

• Se realizaron pagos en efectivo bimensuales regulares en virtud del Programa de Transferencias en Efectivo Sociales Armonizadas a un número de beneficiarios que alcanzó los 55.509 hogares con deficiencia de alimentos y de trabajo en 19 distritos de todo el país. En el 83% de estos hogares había niños y el 62% estaba encabezado por mujeres y el 61% por personas de edad.

• El sistema de protección de la infancia se reforzó mediante la puesta en marcha de un sistema nacional de coordinación asistencial, complementado por la prestación de servicios de protección y de bienestar a unos 50.000 niños en 37 distritos del país.

• El considerable fortalecimiento de los sistemas de protección y bienestar del niño estuvo dirigido principalmente a la capacidad del Gobierno para reglamentar y facilitar la prestación de servicios a los niños.

9. Certificados de nacimiento

92. La Constitución establece que todos los niños, es decir, todos los niños y niñas menores de 18 años, tienen derecho a la emisión inmediata de un certificado de nacimiento (artículo 81, párrafo 1 c)). Esto se aplica a los niños nacidos en Zimbabwe o nacidos fuera de Zimbabwe pero que son ciudadanos de Zimbabwe por descendencia.

93. El registro de los nacimientos y las defunciones es obligatorio en Zimbabwe. El registro de los nacimientos es gratuito para los niños menores de 6 años.

94. Se han adoptado las siguientes medidas relativas al registro de los nacimientos:

• Hay oficinas de registro en las 10 provincias y los 72 distritos. El Gobierno abrió 206 suboficinas en los distritos para acercar los servicios de registro a las comunidades.

• Se establecieron oficinas de registro de nacimientos en todos los hospitales, a fin de facilitar la accesibilidad al registro para las madres que han dado a luz en los hospitales.

• Los hospitales y las clínicas que poseen instalaciones de maternidad emiten actas de confirmación de los nacimientos, que se utilizan para el registro de los nacimientos.

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• El Gobierno ha computadorizado la tramitación de todas los acontecimientos vitales de registro civil y ha pasado de comunicación analógica a digital para acelerar la tramitación de los acontecimientos vitales.

• En el caso de los niños nacidos fuera del matrimonio, el Gobierno ha suprimido el requisito anterior de que ambos padres se presenten para obtener el certificado de nacimiento y el pasaporte de su hijo.

10. Prohibición de la tortura

95. La Constitución dispone la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se están revisando las leyes pertinentes con miras a ajustarlas a la Constitución como parte del proceso de armonización en curso.

96. El programa de capacitación de la Policía y el Servicio de Prisiones y Correccional de Zimbabwe ahora contiene las cuestiones de derechos humanos y el estado de derecho, incluida la prohibición de la tortura. Desde enero de 2014, la Policía ha capacitado a más de 30.000 agentes en cuestiones de derechos humanos.

11. Condiciones en las cárceles

97. El Gobierno está revisando la Ley de Prisiones para dar efecto a diversas normas internacionales mínimas. Entre otros acontecimientos positivos figuran los siguientes:

• El Gobierno ha abierto las puertas a los asociados para el desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones confesionales, el sector privado y los particulares a fin de que colaboren en la mejora de las condiciones en las cárceles y las celdas de la policía. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Zimbabwe movilizó recursos para la renovación de las celdas de la policía en una de las comisarías suburbanas cuyas condiciones habían sido condenadas por el Tribunal Supremo. Muchas otras celdas de la policía fueron reacondicionadas tras el establecimiento de un comité para estudiar las condiciones en las cárceles y las celdas de la policía; sus recomendaciones sobre la mejora de las condiciones se están aplicando. El Gobierno también ha recibido asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja.

• El Gobierno ha aumentado su asignación presupuestaria al Servicio de Prisiones y Correccional de Zimbabwe. También promueve la autosuficiencia de las prisiones, por ejemplo mediante el aumento de la producción de alimentos en las granjas penitenciarias.

• Prosiguen los esfuerzos para descongestionar las prisiones. Estos incluyen el aumento de la imposición de penas no privativas de la libertad, como el trabajo comunitario, la renuncia condicional a la acusación y la concesión ocasional de amnistías a determinadas categorías de reclusos que están cumpliendo condena.

• Si bien la posición del Gobierno es que los hijos de madres que cumplen condena no acompañen a sus madres en prisión, hay ciertas situaciones en que ello es inevitable.

En el interés superior del niño, el Gobierno ha publicado una escala dietética para los hijos de madres que cumplen condena a fin de brindarles una mejor nutrición.

• La formación de los funcionarios de prisiones en derechos humanos es permanente y se ha elaborado un manual de capacitación.

• Las visitas a prisiones por miembros del Consejo Superior de la Magistratura (por ejemplo, magistrados y jueces) y la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe tienen lugar permanentemente (esta última ha elaborado una herramienta para este fin). Algunos asociados de la sociedad civil, como la Fundación de Recursos

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