Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 12º período de sesiones
Ginebra, 3 a 14 de octubre de 2011
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 15 a) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos*
República de Moldova
* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/12/MDA/1
Asamblea General Distr. general 19 de julio de 2011 Español
Original: inglés
I. Metodología y consulta
1. El informe de la República de Moldova para el Examen Periódico Universal (EPU) se elaboró con arreglo a las directrices establecidas en la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y las directrices generales para la preparación de la información en el marco del EPU (A/HRC/6/L.24).
2. El Informe de la República de Moldova fue elaborado por el Ministerio de Justicia, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores e Integración Europea, junto con las instituciones nacionales participantes en un grupo de trabajo especial sobre el EPU. En la elaboración del informe, aparte de las consultas interministeriales, se llevaron a cabo amplias consultas con organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y nacionales con el apoyo del equipo de las Naciones Unidas en el país. En la página http://www.justice.gov.md/ro/epdo/ se incluyó un aviso y un buzón especial para que se pudiese consultar la información pertinente sobre el EPU y presentar oficialmente sugerencias.
3. El informe fue aprobado por la Comisión Nacional encargada de los informes iniciales y periódicos sobre la aplicación de los convenios internacionales en los que la República de Moldova es parte1.
II. Marcos institucional y normativo para la promoción y protección de los derechos humanos
A. Marco normativo nacional en materia de derechos humanos
4. Después de proclamar su independencia y soberanía en 1991, la República de Moldova adoptó varias medidas importantes para reconocer los derechos humanos y garantizar la obligación del Estado de respetarlos. El marco normativo e institucional para la promoción y protección de los derechos humanos se mejora constantemente de acuerdo con las normas internacionales, las prioridades nacionales y las aspiraciones de integración europea2. Se presta especial atención a mejorar el sistema de aplicación de las normas jurídicas en la materia y a asegurar su eficacia.
5. El sistema nacional de derechos humanos se basa en la Constitución de la República de Moldova de 29 de julio de 19943, la legislación nacional4 y los instrumentos internacionales en los que la República de Moldova es parte. El título II de la Constitución,
"Derechos, libertades y deberes fundamentales", contiene disposiciones detalladas sobre los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales.
6. Así pues, la Constitución prevé restricciones en el ejercicio de algunos derechos y libertades5, que deben ser proporcionales a la situación que las determina y no pueden afectar a la existencia del derecho o libertad. La Constitución también consagra la primacía de las normas internacionales de derechos humanos sobre la legislación nacional y, concretamente, de conformidad con el artículo 4, garantiza que "los derechos humanos y las libertades se entenderán y aplicarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como con otros instrumentos y tratados aprobados por la República de Moldova, y en caso de conflicto entre los tratados de derechos humanos firmados por la República de Moldova y su propia legislación nacional, primarán las normas internacionales".
7. La República de Moldova ha ratificado prácticamente todos los principales tratados internacionales de derechos humanos, ha aceptado ampliamente las obligaciones que entrañan6 y presenta periódicamente informes nacionales sobre su aplicación.
8. Tras la elección de la República de Moldova7 como miembro Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se prorrogó la invitación permanente cursada a todos los titulares de mandatos en junio de 2010. Hasta la fecha, la República de Moldova ha sido visitada, en 2008, por el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
9. La República de Moldova ha ratificado los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros los relativos al trabajo forzoso y el trabajo infantil, así como los tratados internacionales de derecho humanitario.
10. Como Estado miembro del Consejo de Europa, la República de Moldova ha ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la mayoría de sus protocolos, en particular el Nº 6 y el Nº 13, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, así como otros instrumentos del Consejo de Europa en esta materia8. La República de Moldova fue el primer Estado en ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos.
B. Marco institucional para la promoción y protección de los derechos humanos
11. La Constitución de la República de Moldova establece el principio de separación de los tres poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— y una clara delimitación de sus funciones. El Estado y sus órganos, incluidos los tres niveles del sistema judicial, son responsables del cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Una vez agotados los recursos internos, quienes consideren que se han conculcado los derechos que les reconoce la Convención Europea de Derechos Humanos pueden recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
12. El Parlamento de la República de Moldova cuenta con una comisión permanente de derechos humanos y relaciones interétnicas. Entre sus objetivos principales destacan aspectos relacionados con los derechos humanos, como las minorías nacionales, la libertad de culto y la ciudadanía; la elaboración de reglamentación sobre la migración; la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; y la protección de las comunidades extranjeras, las víctimas de la represión política y los refugiados.
13. A nivel nacional, se crearon varios órganos e instituciones para proteger los derechos humanos, entre ellos:
• El Consejo de Coordinación de las Organizaciones Etnoculturales9. Se trata de un órgano público de asesoramiento de las ONG de las minorías nacionales dependiente de la Oficina de Relaciones Interétnicas. El objetivo principal de este organismo es asegurar un diálogo permanente entre el Gobierno y las comunidades étnicas.
• El Consejo Nacional de Participación. Creado por iniciativa del Gobierno10 como órgano consultivo para establecer y promover la asociación estratégica entre las autoridades públicas, la sociedad civil y el sector privado con el fin de fortalecer la democracia participativa.
• El Consejo Nacional para la Protección de los Derechos del Niño. Es un órgano gubernamental creado para orientar y supervisar a las autoridades de la administración central y local y a la sociedad civil para garantizar el respeto de los derechos del niño en la República de Moldova11.
• El Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Es un órgano consultivo del Gobierno cuyo cometido es coordinar las actividades de prevención y lucha contra la trata de personas y que coopera con las autoridades gubernamentales, las organizaciones internacionales, las ONG y otras instituciones. El Comité tiene una secretaría permanente cuyo objetivo es agilizar la coordinación y la supervisión de de las actividades de lucha contra la trata emprendidas por todos los agentes gubernamentales y no gubernamentales12.
• El Comité Gubernamental para la Igualdad de Género.
• El Consejo Gubernamental para los problemas de las personas con discapacidad.
• La Comisión Nacional para la Ejecución del Plan Nacional de Acción sobre los Derechos Humanos.
• La Comisión Gubernamental para la reintegración nacional, cuyo principal objetivo es coordinar las medidas adoptadas para la solución de los problemas planteados por el conflicto de Transnistria y facilitar su aplicación.
14. El Centro de Derechos Humanos de Moldova (CDHM u Ombudsman)13 es una institución nacional independiente de derechos humanos reconocida con la categoría B14 de acuerdo con los Principios de París. Contribuye a la protección de los derechos humanos mediante la prevención de su violación, el restablecimiento de los derechos de los ciudadanos, la mejora de la legislación en materia de protección de los derechos humanos y la educación jurídica de la ciudadanía. El Ombudsman está facultado para interponer ante el Tribunal Constitucional recursos de inconstitucionalidad de las leyes y las decisiones del Parlamento, los decretos presidenciales, y las decisiones y decretos del Gobierno, que no cumplan los principios generalmente aceptados o las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos.
15. La CDHM está constituida por cuatro defensores parlamentarios, que tienen los mismos derechos, de los que uno está especializado en la de protección de los derechos del niño (Defensor del Niño), asistidos por una plantilla de funcionarios públicos y cuenta con tres oficinas radicadas en Balti, Cahul y Comrat (Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia), que actúan como delegaciones territoriales de la institución.
16. En julio de 2007 el Parlamento de la República de Moldova reformó la Ley del Ombudsman para adecuarla a lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y creó en consecuencia el mecanismo nacional de prevención.
Posteriormente, se estableció en el seno de la CDHM un consejo asesor encargado directamente de la prevención de la tortura y otros castigos o tratos crueles o inhumanos y que desempeña funciones de vigilancia a ese respecto.
III. Protección y promoción de los derechos humanos en el plano nacional
17. La protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales son una de las prioridades del Estado, que se refleja en las políticas del Gobierno y en el programa-marco del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos de la República de Moldova. El primer plan abarcó el período 2004-200815 y se adoptó teniendo presente la
Declaración y Programa de Acción de Viena (1993). El plan prevé la ejecución de una política y una estrategia por las instituciones del Estado y la sociedad civil, con el fin de mejorar la situación de los derechos humanos mediante, entre otras cosas, la determinación y la formulación de las tareas prioritarias y las medidas para su aplicación, la determinación de los resultados previstos y los indicadores de evaluación.
18. El segundo plan (2011-2014) representa la continuidad de las políticas y presta especial atención a la adhesión a los instrumentos internacionales de derechos humanos; la adecuación de la legislación nacional a las normas internacionales; la garantía del libre acceso a la justicia; y el mejoramiento de los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos; la facilitación efectiva de la defensa de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales; el fortalecimiento de la protección de las minorías nacionales y los grupos étnicos, así como de las distintas categorías de la población necesitada, ya sea por su edad, dependencia social u otras circunstancias (menores de edad, presos y migrantes); y la mejora del nivel de formación profesional, moral y disciplinario de los ciudadanos en materia de derechos humanos.
19. La República de Moldova es un país en transición, con muchas reformas en marcha.
Las posibilidades de integración en la Unión Europea han creado un ambiente propicio para una modernización y una transformación positivas y se han conseguido importantes logros en la esfera de los derechos humanos. Se han hecho progresos en cuanto a la tipificación de los delitos y las leyes que regulan las reuniones pacíficas, el acceso a la asistencia jurídica, la violencia doméstica, la prevención y la lucha contra la trata de personas, la justicia juvenil y la asistencia social.
20. Sin embargo, todavía hay muchas dificultades, como demostraron los acontecimientos que tuvieron lugar tras las elecciones de abril de 2009, que pusieron a prueba las capacidades nacionales en materia de derechos humanos y obligó a adoptar un nuevo enfoque proactivo.
A. Igualdad de género
21. Lograr la igualdad de género es parte integrante del proceso de establecimiento de una verdadera democracia, consciente y sensible a la dimensión de género, que garantiza la participación de todos los miembros de la sociedad, tanto mujeres como hombres, en todas las esferas de la vida.
22. El marco jurídico, que constituye la base de las políticas y las iniciativas en el ámbito de la igualdad de género, se conforma sobre la base de los instrumentos temáticos internacionales, en particular la Plataforma y el Plan de Acción de Beijing (1995), la Declaración del Milenio (2000) y la Ley Nº 5-XVI, de 9 de febrero de 2006, sobre la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. En el marco de esta ley se elaboraron el Plan nacional de promoción de la igualdad de género en la sociedad para el período 2006-2009 y el Programa nacional para garantizar la igualdad de género en la República de Moldova para el período 2010-2015.
23. La Ley Nº 5-XVI dispuso la creación del mecanismo institucional para coordinar la aplicación del marco jurídico en esta materia, lo que dio lugar al establecimiento de la Comisión Gubernamental para la Igualdad de Género, de la División de Políticas en el Ministerio de Trabajo, Protección Social y la Familia para garantizar la igualdad de género y la prevención de la violencia, y de dependencias de género en los correspondientes ministerios.
24. En los últimos años se han registrado con regularidad algunas mejoras en la promoción de la igualdad de género, que se reflejan en el aumento del número de mujeres
en cargos de responsabilidad política y del sector público. En 2008, el cargo de primer ministro lo desempeñó una mujer y en 2010 la vicepresidencia del Parlamento también la ocupó una mujer. Se apoya y fortalece constantemente la tendencia del aumento del número de mujeres que participan en la vida política. En este sentido, sobresalen como principales factores los siguientes: la modificación y armonización de la legislación, el respeto de los compromisos internacionales, la implementación de políticas y programas para cambiar las actitudes en cuanto a los roles en función del género de las mujeres y los hombres en la sociedad y la familia, la eliminación de estereotipos de género y las barreras estructurales.
25. La legislación laboral se reformó en 201016 para adecuarla al artículo 26 de la Carta Social Europea (revisada) y se incorporó en el Código de Trabajo el concepto de acoso sexual, definido como toda forma de comportamiento físico, verbal o no verbal de naturaleza sexual que atente contra la dignidad de una persona o cree un ambiente desagradable, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Este concepto figura también en la Ley de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
26. Se adoptó a nivel nacional el concepto de elaboración de presupuestos con una perspectiva de género. Ese concepto se ha integrado en el sistema educativo de postgrado17. 27. De conformidad con la resolución 47/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de septiembre de 1993, el Día Internacional de la Familia se celebra anualmente en la República de Moldova y, desde 2009, se organiza anualmente el Festival de la Familia, cuyo mensaje principal es "La familia crea valores, los valores crean la familia". Los objetivos de estos actos son fortalecer los valores familiares, los roles de la familia y promover los valores familiares y su contribución a una sociedad sana, educada y próspera.
28. Las medidas mencionadas ponen de manifiesto que, por un lado, el Gobierno está llevando a cabo esfuerzos importantes para garantizar que ambos sexos puedan aprovechar las oportunidades para ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, y, por otro, que hay aspectos que exigen mejoras significativas. A pesar de estos logros, las autoridades son conscientes de la necesidad de intensificar los esfuerzos de aplicación, proporcionando recursos humanos y fondos a los programas relacionados con la igualdad de género, que también abarca el aspecto de la eliminación de los estereotipos de género.
B. Prevención y lucha contra la violencia doméstica y la violencia contra la mujer
29. La promulgación de la Ley Nº 45-XVI, de 1º de marzo de 2007, de prevención y lucha contra la violencia doméstica18 fue un paso importante para combatir la violencia. La ley contiene conceptos importantes sobre la violencia doméstica y sus formas, establece un marco institucional que detalla las responsabilidades de las autoridades competentes, y prevé la creación de centros y servicios de rehabilitación para las víctimas y los autores, un mecanismo para resolver los casos de violencia, que ofrece la posibilidad de presentar quejas y dictar órdenes de protección con asistencia a la víctima y la imposición al autor de medidas punitivas. Desde 2008, los órganos jurisdiccionales han dictado y aplicado 50 órdenes de protección.
30. El Ministerio de Trabajo, Protección Social y la Familia inició y dirigió la armonización de la legislación nacional en esta materia y preparó el proyecto de reglamento marco para la organización y funcionamiento de los centros de rehabilitación de las víctimas de la violencia doméstica19, así como la decisión del Gobierno sobre las normas mínimas de calidad de los servicios sociales para las víctimas de la violencia doméstica.
31. La decisión del Gobierno sobre la aprobación de un sistema automatizado de información, el Registro estatal de casos de violencia doméstica, es también un logro importante. Ese sistema permitirá recoger, almacenar y procesar datos sobre la violencia doméstica, y proporcionará a los particulares y a las autoridades públicas centrales y locales información sobre las instituciones y los servicios del sistema de protección de las víctimas de la violencia doméstica, sobre los servicios y programas para la rehabilitación de los autores, así como sobre los beneficiarios del sistema. A fin de iniciar el proceso de recopilación de datos se han preparado unos formularios estadísticos para que los especialistas de la policía, los servicios de salud y los servicios sociales consignen los casos de violencia doméstica. Este proceso se inició con carácter experimental en dos distritos:
Drochia y Cahul.
32. Se presta una especial atención a la capacitación del personal de los órganos de asuntos internos para que puedan aplicar correctamente las disposiciones de la Ley Nº 45-XVI y las instrucciones metodológicas sobre la prevención y la lucha contra la violencia doméstica20. Cabe mencionar que, con el fin de involucrar a equipos multidisciplinarios en la prevención y solución de casos de violencia doméstica, el Ministerio del Interior ha elaborado instrucciones comunes para el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, Protección Social y la Familia y el Ministerio de Salud.
33. A este respecto, la República de Moldova continúa aplicando las recomendaciones formuladas por el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), las Naciones Unidas y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. La República de Moldova apoya sistemáticamente la campaña "16 días de acción contra la violencia de género" de las Naciones Unidas y la campaña del Consejo de Europa para combatir la violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica. También se emprendieron una serie de campañas nacionales de información.
34. Junto a los logros conseguidos, también cabe destacar la falta de conciencia de la sociedad sobre el problema de la violencia doméstica como violación de los derechos humanos; el nivel insuficiente de capacitación de los especialistas en diversos campos relacionados con la identificación, el registro y la investigación de casos de violencia doméstica; la insuficiencia de recursos humanos calificados y de fondos para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica y trabajar con los autores de esos delitos; la falta de mecanismos para identificar, abordar y resolver los casos de acoso sexual; la falta de asistencia y protección a las víctimas; la falta de servicios de reintegración social de los autores; y las carencias del mecanismo de seguimiento y evaluación en el ámbito de la violencia doméstica.
C. Trata de seres humanos
35. La trata de seres humanos es un problema que afecta a la República de Moldova, al igual que a otros países europeos. La determinación de luchar contra este fenómeno se puso de manifiesto, entre otras cosas, con la ratificación de los instrumentos de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa y la aplicación de recomendaciones internacionales, como los principios y directrices recomendados por las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y trata de personas.
36. Desde el 6 de diciembre de 2010, la República de Moldova preside el Comité de las Partes del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos.
37. Para luchar contra este fenómeno, las autoridades, con el apoyo de sus asociados, ejecutan un programa integral de prevención y protección, basado en un enfoque de derechos humanos y en el marco normativo nacional, ajustado a las características y la
evolución del problema. En consecuencia, el Código Penal tipifica como delito la trata (de adultos y niños) y sus factores conexos (como la sustracción ilegal de menores del país y el trabajo forzoso)21. Además, la Ley Nº 241, de 20 de octubre de 2005 sobre la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y sus textos normativos subordinados contienen disposiciones que regulan esta cuestión22.
38. Para prevenir y combatir la trata de personas y proteger a las víctimas de este fenómeno, el Gobierno aprueba periódicamente, por un período de dos años, el correspondiente plan nacional para prevenir y combatir la trata de seres humanos.
39. En el plan de 2005 se creó en el Ministerio del Interior el Centro de Lucha contra la Trata de Personas, mientras que en la Fiscalía General se creó una unidad especial que actúa como mecanismo permanente de seguimiento de la actividad de los órganos de la Fiscalía en materia de prevención y lucha contra la trata de personas. En la actualidad se ejecuta el plan nacional para 2010-2011.
40. El mecanismo efectivo de aplicación de las políticas sectoriales es el Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. En el marco de este mecanismo se creó una secretaría permanente para mejorar la coordinación y la realización de las actividades de lucha contra la trata emprendidas por todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales.
41. Se ha formulado la estrategia del sistema nacional de remisión para la asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, junto con el plan de acción para su aplicación en el período 2009-2011, a fin de organizar de manera óptima la protección y asistencia de esas víctimas y la aplicación de medidas preventivas, intensificando así los esfuerzos de todos los actores involucrados en la lucha contra este fenómeno en la República de Moldova.
42. La puesta en marcha de la estrategia supone la instauración de un régimen especial de cooperación, a través del cual los órganos públicos desempeñan sus cometidos de protección y promoción de los derechos humanos de las víctimas de la trata de seres humanos y coordinan sus esfuerzos estableciendo una alianza estratégica con la sociedad civil y otras entidades activas en esta esfera. La estrategia se basa en las prácticas comunes de organización de actividades en este ámbito de actuación, tomando como referencia las normas internacionales de lucha contra la trata de personas.
43. Otro aspecto del fortalecimiento institucional es la creación del Centro de asistencia y protección de las víctimas de la trata de personas. El Centro es el primer punto de contacto en la República de Moldova para los repatriados y proporciona acogida temporal y toda una serie servicios: médicos, psicológicos, sociales, jurídicos, educativos y recreativos.
44. Un aspecto innovador en la prevención de la trata es la prestación de asistencia a las posibles víctimas. Así pues, el conjunto de medidas de protección y asistencia social, psicológica y jurídica también está disponible para los beneficiarios que se adecuen al perfil social de posible víctima. Por lo tanto, la combinación de medidas de "prevención a través de la asistencia", y amplias campañas de sensibilización e información, junto con iniciativas bien estructuradas de identificación de las víctimas, es el modus operandi adecuado para la República de Moldova.
45. Como consecuencia de las medidas legislativas e institucionales adoptadas, así como de las actuaciones proactivas llevadas a cabo en los últimos años, la magnitud de la trata de seres humanos se ha reducido constantemente en la República de Moldova. Sin embargo, se deben redoblar los esfuerzos para que las autoridades competentes tengan la capacidad de reacción suficiente para prevenir y combatir la trata, en particular en el caso de personas que ocupan altos cargos públicos implicados en ese comercio. A tal fin es preciso, por lo que se refiere al marco jurídico, emprender una serie de actuaciones destinadas a fortalecer
y mejorar la eficacia del sistema de enjuiciamiento criminal, así como el marco de referencia, la colaboración y la comunicación entre departamentos y los distintos cuerpos de las fuerzas del orden. La finalidad de esas actuaciones es, por un lado, establecer un plan general de lucha contra la trata de personas y, en particular, neutralizar aún más a los funcionarios implicados en delitos relacionados directa o indirectamente con la trata.
D. Migración
46. El problema de la migración es un tema prioritario en la agenda nacional de la República de Moldova. Un tercio de los migrantes moldavos no permanentes viven el extranjero sin regularizar su situación. En este sentido, el Gobierno, en cooperación con asociados internacionales y nacionales, ha emprendido actuaciones para luchar contra la inmigración ilegal, promover la movilidad legal y maximizar los efectos positivos de la migración, que puede contribuir al desarrollo del país.
47. Las consecuencias negativas de la migración masiva son la fuga de mano de obra cualificada y el éxodo intelectual, que afecta tanto al sector público como al privado y provoca el abandono de los niños y el desmembramiento de las familias. En algunos casos, la migración ha desembocado en casos graves de explotación que normalmente se asimilan a casos de trata de seres humanos.
48. El marco jurídico nacional se centra en los aspectos jurídicos de la protección internacional y vela por los derechos e intereses de los refugiados y los migrantes, sus oportunidades de empleo, la libertad de circulación, el acceso a la justicia, el control de los procesos migratorios en las fronteras del Estado, las modalidades de residencia en el país de los ciudadanos extranjeros y apátridas, la prevención y la lucha contra la migración ilegal y la trata de seres humanos23.
49. La eficacia de la coordinación de las políticas y los programas de migración depende de la cooperación de las instituciones que se ocupan de esa materia. Después de la reforma institucional de la gestión de la migración y la transferencia de funciones y tareas, las autoridades e instituciones competentes en materia de migración son las siguientes:
• El Ministerio del Interior; la Oficina de Migración y Asilo es una subdirección del Ministerio del Interior, que coordina los asuntos de la entrada y la salida del territorio de Moldova, la lucha contra la estancia irregular de extranjeros, la repatriación de refugiados y la readmisión, así como la gestión de dos centros: un centro de alojamiento de solicitantes de asilo y un centro de acogida temporal para extranjeros;
• El Ministerio de Trabajo, Protección Social y la Familia, que trabaja en la formulación de las políticas migratoria y de protección y seguridad social de los migrantes, de reintegración de los migrantes y de migración laboral (especialmente la Agencia Nacional de Empleo);
• El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (uso de estas tecnologías en la gestión de los flujos migratorios y alberga el Registro de Población);
• El Servicio de Guardia de Fronteras (lucha contra la migración irregular y vela por la seguridad en la frontera);
• El Ministerio de Educación (cuestiones relacionadas con el reconocimiento de las cualificaciones de los migrantes que retornan y movilidad académica);
• El Ministerio de Salud (movilidad del personal sanitario y sistema de atención de salud de los migrantes);
• La Oficina Nacional de Estadísticas (recopilación de estadísticas sobre migración);
• El Ministerio de Asuntos Exteriores e Integración Europea (diáspora, migrantes en el extranjero y prestación de servicios consulares);
• La Oficina de Relaciones Interétnicas (diáspora);
• El Ministerio de Economía (asuntos relacionados con las remesas).
50. Dado el interés en ajustarse a las normas jurídicas de la Unión Europea (UE), la República de Moldova estableció en 2008 un acuerdo de cooperación en materia de movilidad que refleja las dimensiones del enfoque de migración global, en particular las cuestiones de la promoción de la migración legal, la lucha contra la migración ilegal, y la migración y el desarrollo. Entre los asociados figuran 15 Estados miembros de la UE, la Comisión Europea, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (FRONTEX) y la Fundación Europea de Formación. Los proyectos encuadrados en este acuerdo de cooperación entre la República de Moldova y la UE en el ámbito de la movilidad contemplan la creación de capacidades en gestión de la migración, la promoción del retorno de los migrantes moldavos y su reintegración en el país, el fortalecimiento de las relaciones con la diáspora, la inversión de las remesas, la gestión de las fronteras y la seguridad de los documentos, la concesión de la protección social a los migrantes, la cooperación en la lucha contra la migración irregular y la trata de personas.
51. A nivel nacional, se creó un comité de seguimiento de la aplicación de la Declaración conjunta UE-Moldova sobre el acuerdo de cooperación en materia de movilidad.
52. Las nuevas iniciativas emprendidas en el marco de este acuerdo de cooperación tienen por objeto atenuar las consecuencias de la migración en la esfera de la salud, crear el perfil de la migración y utilizarlo en la formulación de las políticas nacionales, proporcionar protección social a los migrantes y a sus familiares que se quedaron en el país de origen, firmar convenios de seguridad social y promover planes o proyectos de migración circular.
E. Derechos del niño
53. De acuerdo con la legislación vigente, el Estado y la familia están obligados a garantizar el crecimiento, el sustento, la educación y la protección del niño. El Consejo Nacional para la Protección de la Infancia es la institución encargada de formular y aplicar las políticas para la protección de los derechos de los niños y sus familias, así como de dirigir la coordinación intersectorial, tanto a nivel nacional como local. El establecimiento del Ombudsman para los Derechos del Niño también fue un paso importante para la promoción, protección y vigilancia de los derechos de los menores de edad.
54. Los casos de violación de los derechos del niño son en gran parte entendidos por las autoridades de tutela de cada distrito o ciudad. La ley prevé que los niños mayores de 14 años puedan recurrir directamente a esas instituciones cuando consideren que se han violado de sus derechos. Los niños también pueden interponer una denuncia directamente ante los tribunales.
55. Los progresos realizados en los últimos años permiten seguir realizando reformas integrales de los sistemas de atención y protección social del niño, que permiten, entre otras cosas, la existencia de servicios intersectoriales con participación comunitaria y la oficialización de la colaboración con las ONG.
56. La Ley sobre la condición jurídica de la adopción (2010) establece requisitos exhaustivos para la adopción nacional e internacional, cuyo cumplimiento puede ser
supervisado tanto por las autoridades y las instituciones responsables como por los adoptantes.
57. Las políticas sociales para la protección del niño se rigen por la Estrategia nacional de protección del niño y la familia (2003) y la Estrategia nacional y el Plan de Acción sobre la reforma del sistema de acogida de niños en instituciones para el período 2007-2012. En ellas se prioriza la aplicación de las modalidades de protección familiar y comunitaria de los niños en situaciones difíciles. El acogimiento institucional del niño es la última opción, sobre todo por las repercusiones negativas que afectan a su desarrollo psicosocial y a su integración social una vez fuera de la institución.
58. El éxodo de los adultos, aunque a primera vista sea beneficioso para la población, afecta a los niños que se quedan solos en casa. Ante esta situación, el Gobierno puso en marcha un plan nacional de acción para la protección de los niños privados del cuidado de sus padres (2010-2011).
59. El derecho del niño a la educación se hace efectivo de forma gratuita, respetando los principios de no discriminación y del interés superior del niño, y facilita un desarrollo libre y armonioso y la formación de una personalidad creativa. La Ley de educación establece la necesidad de la educación permanente y las singularidades psicofisiológicas de la edad, clasificando el sistema educativo en niveles y etapas24, así como en diferentes formas (especial y complementaria).
60. De conformidad con la Estrategia de consolidación de la educación para los años 2011-2015 y el Plan de acción consolidado del sector educativo para los años 2011-2015, el objetivo general de la educación es proporcionar a todos los niños a más tardar en 2015 el acceso a una educación básica de calidad.
61. En la actualidad, la asignatura de "educación cívica" es obligatoria y su finalidad es instruir a los moldavos acerca de la complejidad del mundo contemporáneo: la adquisición de los conocimientos sobre los derechos humanos y los deberes fundamentales y la adquisición de las aptitudes para aplicarlos en la vida cotidiana; la impartición de educación basada en los valores humanos democráticos y generales; la creación del sentido de responsabilidad social; y el desarrollo del sentido cívico.
62. En el contexto de los programas de actividades extracurriculares y la participación de niños en el proceso de toma de decisiones, los consejos infantiles locales, el Grupo de los Derechos del Niño, la capacitación inter pares en la prevención del VIH/SIDA y la promoción de una vida saludable representan modelos positivos de participación.
63. En la reforma del sistema de justicia juvenil se abordan todas las categorías de niños, como las víctimas menores de edad y los niños testigos de delitos. También se preparan los mecanismos primarios y secundarios para prevenir la comisión de delitos por los menores de edad y la reincidencia. Entre las medidas distintas de la privación de libertad figuran la mediación, la libertad condicional y los trabajos en favor de la comunidad. Estas son las únicas medidas que se consideran en casos de delitos menos graves y cuando no resulta necesaria la privación de libertad.
F. Derechos electorales
64. La legislación vigente reconoce los derechos electorales, en particular el Código Electoral, y toma como referencia las normas internacionales y las recomendaciones de la Comisión de Venecia y la Oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos. Por lo tanto, se reconoce a los ciudadanos de la República de Moldova el derecho al sufragio activo y pasivo. Recientemente, también se reconoció el derecho al sufragio a los condenados a penas de prisión mediante sentencia judicial firme.
65. Desde 2010 también se puede ejercer el derecho a votar en el extranjero, ya sea en las misiones diplomáticas y oficinas consulares o de otro modo. La reforma se aprobó en 2010 para mejorar el ejercicio del derecho al sufragio y debido a la gran cantidad de ciudadanos moldavos que residen fuera del país.
66. El Código Electoral dispone la creación de un centro de educación permanente en el ámbito electoral, cuyo objeto es capacitar a los funcionarios electorales, que es un factor básico en la organización de elecciones justas y la calidad del proceso electoral.
67. Desde 2009, los procesos electorales que han tenido lugar han sido dignos de crédito y han reafirmado el proceso democrático como parte de la transición política.
G. Eliminación de la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes
68. La República de Moldova es parte en los tratados más importantes de lucha contra la tortura, en particular el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales I y II, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
69. A nivel regional, la República de Moldova ha ratificado el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes, en virtud del cual el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) lleva a cabo visitas periódicas a la República de Moldova.
70. El marco jurídico prohíbe de manera oficial la tortura y otras formas de malos tratos.
Esa prohibición se enuncia en distintos niveles, empezando por la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Ejecución Penal y la Ley de policía, entre otros. Estos textos han sido modificados o adecuados a las recomendaciones, entre otros, del Comité contra la Tortura, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el CPT.
71. La prevención y la lucha contra la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes es el cometido de varias instituciones y mecanismos nacionales:
• La Fiscalía, que controla el cumplimiento de las leyes en los establecimientos de prisión preventiva y penitenciarios (supervisa los centros de detención policial y del Ministerio de Justicia) y, en su caso, inicia acciones en justicia. En 2010 se creó en la Fiscalía General una división de lucha contra la tortura.
• El Centro de Derechos Humanos, que examina las quejas, facilita documentación para las visitas, propone modificaciones legislativas y presenta informes y recomendaciones a las autoridades públicas.
• El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que realiza visitas periódicas a los centros de privación de libertad y aplica las recomendaciones institucionales en todas las prisiones.
• Visitas de organizaciones de la sociedad civil a los establecimientos penitenciarios.
• Reconocimiento de algunos derechos y garantías procesales a los reclusos.
72. En los últimos cuatro años, la reforma del sistema penitenciario ha perseguido los siguientes objetivos principales: mejorar el marco jurídico de la ejecución de las penas, mejorar las condiciones de reclusión de conformidad con las normas internacionales, la capacitación del personal penitenciario y la transparencia en los centros de privación de libertad y prevenir la tortura y los malos tratos.
73. A pesar de la tolerancia cero respecto de la tortura y de la instalación de sistemas de video para vigilar el cumplimiento del régimen penitenciario en las prisiones, además de la reciente iniciativa de instalar esos sistemas en todas las comisarías de policía, un obstáculo constante para eliminar ese fenómeno son las condiciones existentes de privación de libertad. En la actualidad, una de las necesidades urgentes en esta esfera y en la prevención de la tortura es la construcción de establecimientos penitenciarios. Si finalmente se construyen se podría abordar el problema de la transferencia al Ministerio de Justicia25 de la competencia sobre las instalaciones de prisión preventiva, que por el momento dependen del Ministerio del Interior. Además, la creación de un puesto de médico a tiempo completo en las instalaciones de detención temporal también sería una garantía procesal.
74. Los órganos competentes han puesto en marcha una serie de medidas en el contexto de la investigación de los sucesos acaecidos en abril de 2009. La Fiscalía General ha registrado y examinado 108 denuncias por presuntos casos de tortura o tratos inhumanos o degradantes cometidos por agentes de la policía. En 58 de esas denuncias se iniciaron acciones penales, 29 de ellas sobre la base del artículo 3091 (tortura) del Código Penal y 17 sobre la base del artículo 328.2. a) (abuso de poder o de autoridad) de ese mismo Código. Del total de instrucciones penales se concluyeron 27, en las que se formularon cargos contra 43 agentes de policía.
75. Los fiscales solicitaron la suspensión temporal de empleo de 14 funcionarios del Ministerio del Interior. En la actualidad, esta medida cautelar aún se aplica a 9 acusados, ya que los tribunales atendieron las reclamaciones de 5 policías acusados que impugnaron la suspensión temporal.
76. En cuanto a la rehabilitación de las víctimas de las manifestaciones de abril de 2009, el 15 de abril de 2010 se creó un comité especial encargado de identificar a los civiles y los agentes de policía heridos durante los hechos acaecidos el 7 de abril de 2009 a fin de coordinar y elaborar las medidas necesarias para ayudar a las víctimas mediante la concesión de indemnizaciones adecuadas.
77. Para evitar casos similares, se hace hincapié en la formación policial para operaciones especiales, como las medidas antidisturbios, atendiendo a las normas europeas a fin de evitar lesiones o pérdida de vidas humanas. En este contexto, se organizan cursos de formación para fortalecer la capacidad de la policía para controlar multitudes y disturbios evitando el uso desproporcionado de la fuerza, de acuerdo con las normas internacionales.
H. Libertad de reunión
78. La especial importancia de la libertad de reunión se pone de relieve en el artículo 40 de la Constitución, lo que le otorga el rango de derecho fundamental. La Ley Nº 26-XVI, de 22 de febrero de 2008, del ejercicio de la libertad de reunión fue calificada de progresista y liberal y se considera que es un buen ejemplo de reconocimiento de la libertad de reunión.
79. En 2007 se registraron casos de violación del derecho a la libertad de reunión y en 2008 se observó una dinámica positiva de respeto de este derecho, pero los casos calificados como problemáticos son más bien excepciones a la regla. Por ejemplo, si antes las autoridades públicas locales solían denegar las solicitudes del colectivo de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales para organizar el desfile del Día del Orgullo aduciendo motivos de ubicación, ahora las aceptan.
I. Libertad de expresión
80. Desde la proclamación de su independencia, la República de Moldova ha creado un marco jurídico específico para hacer efectiva la libertad de expresión y el acceso a la información26. En los últimos dos años se han realizado progresos reales en la mejora del marco jurídico en materia de libertad de expresión. En octubre de 2010 entró en vigor la Ley de libertad de expresión, que transpone a la legislación nacional la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este contexto, los periodistas y los medios de comunicación están exentos de responsabilidad por artículos supuestamente difamatorios publicados más de un año antes, por los juicios de valor o por criticar a personas de la vida pública, las autoridades o el Estado. En virtud de esta ley, el tribunal ya no puede secuestrar los bienes del editor ni sus cuentas bancarias para garantizar las demandas de indemnización por daños y perjuicios. Los ciudadanos también pueden criticar a las autoridades sin temor a ser procesados o sometidos a cualquier tipo de presión.
81. En febrero de 2011 entró en vigor la Ley de privatización. Esta ley sigue siendo un importante éxito de los órganos nacionales de comunicación. La ley exige que las autoridades públicas privaticen los periódicos financiados con fondos públicos, fomentando así la competencia leal entre los medios impresos.
82. En junio de 2010 se modificó la normativa sobre el seguimiento de las campañas electorales en los medios de comunicación a fin de que esos medios pudiesen trabajar sin restricciones. En la campaña de las últimas elecciones se observaron los compromisos contraídos con la OSCE y el Consejo de Europa.
83. En abril de 2011 entró en vigor un nuevo código de ética periodística, que había sido elaborado por el Consejo de la Prensa. El Consejo es una organización independiente de autorregulación de los órganos de comunicación moldavos. Es el guardián de la ética periodística, que rige la conducta y las actividades profesionales de los periodistas.
84. El Gobierno ha publicado en la web una página para promover iniciativas y servicios de administración electrónica en la República de Moldova. El Gobierno decidió también crear dependencias de información y comunicación con los medios de comunicación en 24 servicios de la Administración central. Con estas dos medidas el Gobierno trata de mejorar la transparencia de la gobernanza y facilitar el acceso de los medios de comunicación a estas instituciones.
85. En la actualidad, en el país hay 17 agencias de noticias, 50 emisoras de radio, 63 canales de televisión y cerca de 140 operadores de televisión por cable, así como 260 periódicos y revistas. La actividad de estos medios de comunicación de masas en 2010, junto con la aparición de nuevos medios de comunicación competitivos, ha eliminado progresivamente la existencia de un vacío en el mercado de los medios de comunicación y ha propiciado el pluralismo en el sector.
J. No discriminación
86. Los principios de no discriminación, universalidad e igualdad de derechos, enunciados en la Constitución, son esenciales y fundamentan todo el sistema de protección de los derechos humanos en la República de Moldova. El marco jurídico tiene disposiciones que prohíben la discriminación por motivos de raza, nacionalidad, etnia, idioma, religión, origen social, opinión política, sexo, afiliación política, condición económica o cualquier otro criterio que persiga restringir o suprimir el reconocimiento y el ejercicio, en pie de igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales o de los derechos reconocidos por la ley.
87. Con el fin de reforzar las normas existentes y crear un mecanismo real y viable para la aplicación de estas disposiciones se preparó el proyecto de ley sobre la prevención y la lucha contra la discriminación. El proyecto incluye, entre otras cosas, una lista indicativa de criterios discriminatorios, y establece un consejo para la prevención y la lucha contra la discriminación. Al mismo tiempo, tras la aprobación del marco jurídico en materia de lucha contra la discriminación, debe ratificarse el Protocolo Nº 12 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y formular la declaración prevista en el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Situación de las minorías en la República de Moldova
88. La República de Moldova es un Estado multiétnico (las minorías nacionales representan el 35,5% de la población), por lo que son continuos los esfuerzos para respetar la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las personas pertenecientes a las minorías nacionales, así como las medidas para crear condiciones adecuadas que les permitan expresar, preservar y desarrollar su identidad.
89. La legislación nacional reconoce el derecho a elegir el idioma de enseñanza y la formación en todos los niveles de la educación. El derecho de los ciudadanos a la educación en su lengua materna se garantiza por la creación del número necesario de centros educativos y clases y de las condiciones para su funcionamiento. La red de centros preuniversitarios en el país está integrada por 1.489 centros (de primaria y secundaria) de los que en 280 el idioma utilizado es el ruso y 82 son centros mixtos.
90. El sistema educativo tiene tres modelos para estudiar los idiomas minoritarios:
a) Los centros de primaria y secundaria de idioma ruso;
b) Los centros de idioma ruso en que se imparten cursos de ucranio, gagauzo, búlgaro, polaco, hebreo y alemán;
c) Los centros educativos experimentales, en los que se utilizan idiomas de las minorías: dos escuelas para el ucranio y un centro para el búlgaro.
91. Para lograr una integración lingüística más eficaz de las minorías nacionales, la Asociación Nacional de Formadores Europeos de Moldova, junto con la Oficina de Relaciones Interétnicas y con el apoyo del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales de la OSCE, ha puesto en marcha un proyecto a largo plazo de "formación lingüística de las minorías nacionales de la República de Moldova". El objetivo del proyecto, dirigido a funcionarios públicos, policías, médicos y abogados, es integrar desde un punto de vista sociolingüístico y profesional a los representantes de las minorías.
92. Con el fin de crear las condiciones necesarias para el desarrollo social y cultural de los romaníes, el Gobierno de la República de Moldova puso en marcha el Plan de Acción para apoyar a la población romaní de la República de Moldova para el período 2007-2010, que es la continuación del Plan de Acción para el período 2011-2015, lo que pone de relieve que se toman medidas para prever y lograr la integración social de los romaníes y su participación activa de la vida sociocultural del país.
93. El nuevo Plan de Acción se formuló con arreglo al que fue desarrollado bajo el marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos, la estrategia de la Oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos y el informe sobre la aplicación por los Estados miembros de la estrategia de la OSCE (2008), así como las recomendaciones del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas27. El documento especifica las prioridades para la institucionalización de los mediadores comunitarios, así como en materia de educación, empleo, salud, seguridad social, cultura, administración pública, orden público y desarrollo comunitario y vivienda.
94. La solución a los problemas que enfrenta la población romaní en el sistema educativo ha sido abordada con la facilitación del acceso a la enseñanza superior. En el período 2004-2009, por disposiciones especiales en el Reglamento de organización y fomento de la admisión, los niños romaníes se incluyeron en la categoría de los candidatos que pueden disfrutar de esa posibilidad. De conformidad con el reglamento de organización y fomento de la admisión a la enseñanza superior, se reserva para determinadas categorías el 15% del número total de plazas en cada especialidad o disciplina académica, de conformidad con el plan de inscripción que prevé la financiación con cargo al presupuesto de una serie de categorías, entre ellos los niños romaníes. La inscripción con arreglo a esta modalidad se efectúa a petición de los solicitantes.
95. El ente público de radiotelevisión "Teleradio-Moldova" tiene una cobertura nacional y emite programas de radio y televisión, tanto en el idioma del Estado como en los idiomas de los grupos étnicos que viven en el país. El objetivo de los programas es, entre otras cosas, reflejar la vida de los ciudadanos de las distintas etnias, apoyar la preservación de su identidad, mostrar las actividades culturales y promover la tolerancia.
96. Hay emisoras locales de televisión y radio con programas en los idiomas de las minorías nacionales28. No hay obstáculos reglamentarios para la publicación y difusión de periódicos y revistas en los idiomas minoritarios. Por lo general, son publicados por asociaciones públicas en idiomas como el ucraniano, el ruso, el gagauzo, el búlgaro, el hebreo y el polaco.
97. El acceso de las minorías a la información oficial está garantizado, ya que las leyes, las decisiones del Parlamento, los decretos del Presidente, las decisiones y decretos del Gobierno, las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, entre otros, se publican en el Boletín Oficial de la República de Moldova en la lengua del Estado y en ruso.
Protección de las personas con discapacidad
98. En 2010, la República de Moldova ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En este contexto y con el fin de poner en práctica la Carta Social Europea (revisada), la inclusión social de las personas con discapacidad es una de las prioridades de las autoridades públicas centrales y locales y de la sociedad civil. Por ello se redactó y aprobó la estrategia de inclusión social de las personas con discapacidad (2010-2013). La estrategia define la reforma de la política del Estado en esta materia e incluye directrices para las actividades en el ámbito de la armonización del sistema de protección social de las personas con discapacidad con arreglo a las normas de la UE y a las disposiciones de la Convención.
99. El Gobierno ha aprobado una serie de conceptos en materia de servicios sociales, como la "residencia protegida" y la "residencia comunitaria". Estos servicios permiten acoger en una residencia a adultos con discapacidad mental leve y plena capacidad jurídica que carezcan de vivienda o necesiten mejorar las condiciones de vida y de vivienda, e incluye una ayuda regular para que puedan llevar una vida independiente en la comunidad;
también proporcionan a las personas con discapacidad mental los medios de subsistencia indispensables y protección, atención y asistencia para que puedan mejorar su situación e integrarse en la comunidad.
100. Aunque se trata de un asunto al que se presta una atención especial, la inclusión social de los niños con discapacidad es difícil debido al acceso físico limitado a las guarderías, las escuelas, las instituciones de educación superior y otras instituciones públicas, lo que dificulta el derecho de estas personas a la formación y la participación en la vida sociocultural de la sociedad, perjudicando sus oportunidades de empleo y socialización.
Libertad de culto
101. Por el momento, el marco jurídico sobre la libertad de religión es satisfactorio. El procedimiento de inscripción de las iglesias y asociaciones religiosas y sus componentes se lleva a cabo con arreglo a la Ley Nº 125, de 11 de mayo de 2007.
102. En marzo de 2011 el Ministerio de Justicia fue el primero en registrar la Liga Islámica de la República de Moldova como asociación religiosa. Como resultado, el culto musulmán se incluyó en el registro nacional de iglesias y asociaciones religiosas y sus componentes como religión que se puede practicar oficialmente en el país.
103. A la vista de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de mayo de 2009 sobre el asunto Mashaev c. Moldova (Demanda Nº 6303/05), se reformó el Código de Infracciones Administrativas29, al entenderse que restringía el derecho a la libertad de conciencia y de religión de los creyentes de los cultos no oficializados. Para evitar la adopción de una norma contraria a la sentencia del asunto Mashaev c. Moldova, el artículo 54 del nuevo Código de Infracciones Administrativas30 dispone que será punible
"privar a una persona de la libertad de pertenecer o no a una religión determinada, de tener o no ciertas creencias, de cambiar de religión o de creencias, de profesar una religión o unas creencias, individual o conjuntamente, en público o en privado, mediante la enseñanza, las prácticas, el culto y la observancia de la religión".
K. Protección de los derechos humanos en la región de Transnistria de la República de Moldova
104. Los derechos humanos en la región de Transnistria de la República de Moldova son una de las prioridades de las autoridades moldavas. Los ministerios e instituciones competentes siguen de cerca la evolución en el campo de los derechos humanos en los distritos orientales y proporcionan, dentro de sus competencias y posibilidades, asistencia a las personas que han sufrido por las acciones del régimen de Tiraspol. La existencia del régimen secesionista establecido por medios inconstitucionales en los años noventa del siglo pasado en la región de Transnistria de la República de Moldova crea serios obstáculos y dificultades para la observancia de los derechos humanos en todo el país, en particular de los convenios internacionales en los que la República de Moldova es parte.
105. La creación de barreras a la libre circulación de personas y mercancías entre la región de Transnistria y el resto de la República de Moldova, la intimidación a los medios de comunicación independientes, la restricción del derecho de asociación y la discriminación de los rumanohablantes son algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos en esa región. Se han dado casos de tortura y tratos inhumanos en centros de detención, y se ha obstaculizado el acceso a la región de las organizaciones internacionales.
106. En 2010 aumentó el número de intimidaciones a los medios de comunicación y a la sociedad civil por las estructuras de orden público del régimen de Tiraspol. Las autoridades moldovas denunciaron ante la comunidad internacional la detención sin fundamento y la condena ilegal a largas penas de prisión por la Administración de Tiraspol de los ciudadanos Ernest Vardanean y Ilie Kazak y recabaron su apoyo para conseguir que se revoque el encarcelamiento ilegal. Tras los esfuerzos concertados realizados, Ernest Vardanean fue puesto en libertad el 5 de mayo de 2011.
107. La situación de las escuelas moldavas que utilizan el alfabeto latino como idioma de enseñanza sigue siendo un problema sin resolver. Los profesores de estas escuelas están bajo la presión permanente de la administración de Transnistria. Las escuelas moldavas que utilizan el alfabeto cirílico trabajan en condiciones difíciles y con pocos recursos, carecen
