GE.18-18767 (S) 201118 221118
Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 32º período de sesiones
21 de enero a 1 de febrero de 2019
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos*
Vanuatu
* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/32/VUT/1
Asamblea General Distr. general
7 de noviembre de 2018 Español
Original: inglés
Introducción
1. Al Gobierno de la República de Vanuatu le complace haber participado en los ciclos primero y segundo del proceso del examen periódico universal (EPU). En total, el Gobierno ha recibido 259 recomendaciones formuladas por los Estados Miembros. Tras el segundo ciclo, el Ministerio de Justicia, como principal órgano encargado de los derechos humanos en Vanuatu, colaboró con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para elaborar y diseñar el Plan Nacional de Aplicación de las Recomendaciones del EPU (2014-2018), y nuestro país ha sido el primero del Pacífico en tomar esa medida1. El Plan determinó y puso de relieve la estrategia de aplicación de cada una de las recomendaciones formuladas. Haciendo propio el proceso del EPU, las recomendaciones se dividieron en esferas temáticas para su incorporación en las prioridades de desarrollo existentes a nivel nacional, como el Programa Prioritario de Acción del Gobierno de Vanuatu y el Marco Estratégico de Planificación a Largo Plazo y Acción a Corto Plazo, así como en diversos planes anuales e institucionales de los ministerios en relación con los derechos humanos en esferas tales como la reducción de la pobreza, la educación, la protección social, la salud, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que les siguieron.
2. Además, el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible 2016-2030 o el Plan para el Pueblo y su marco de seguimiento y evaluación establecen los compromisos del Gobierno respecto del ejercicio de los derechos humanos básicos en forma de metas y prioridades del desarrollo sostenible2.
3. De las 109 recomendaciones recibidas en el segundo ciclo, 95 fueron aceptadas y aprobadas por el Consejo de Ministros de Vanuatu; estas son las recomendaciones objeto del presente informe.
I. Metodología y proceso de elaboración del informe
A. Metodología de elaboración del informe
4. En el proceso de elaboración del informe, la CNDH utilizó la Matriz de Aplicación del EPU para asegurarse de que todas las recomendaciones quedaran recogidas en esferas temáticas que se transmitirían después a todas las partes interesadas competentes para que presentaran la información y los datos pertinentes sobre cada una de las esferas.
B. Proceso de elaboración del informe
5. Con el fin de completar el presente informe, la CNDH delegó su labor en dos subcomités, a saber, el Subcomité de Reunión de Datos y el Subcomité de Redacción. El Subcomité de Reunión de Datos se encargó de recoger los datos y la información y de verificarlos. El Subcomité de Redacción cotejó el proyecto recibido, compiló las observaciones formuladas y ultimó el informe. Se celebraron consultas sobre el contenido del informe en Espíritu Santo y Port Vila con objeto de recabar las opiniones de las partes interesadas del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales (ONG) a ese respecto.
Antes de que el informe se completara y presentara a la secretaría del EPU, se celebró una última consulta en Port Vila con las principales partes interesadas tanto del Gobierno como de la sociedad civil, financiada por el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos.
II. Evolución desde el examen anterior, antecedentes del Estado examinado y marco, en particular normativo e institucional, para la promoción y protección de los derechos humanos: Constitución, legislación, medidas de política general, jurisprudencia nacional, derechos
humanos, infraestructura con inclusión de las
instituciones nacionales de derechos humanos, y alcance de las obligaciones internacionales mencionadas en la
“base del examen” establecida en la resolución 5/1
A. Legislación nacional
6. La Constitución de Vanuatu de 1980 establece el marco jurídico para la gobernanza y el estado de derecho. Las amplias disposiciones de la Carta de Derechos promueven y protegen una serie derechos y deberes fundamentales para todas las personas en Vanuatu.
La Constitución también garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales al prever recursos legales ante el Tribunal Supremo en caso de violación de un derecho protegido3. El Tribunal Supremo puede promulgar órdenes, dictar mandamientos judiciales e impartir instrucciones, incluido el pago de indemnizaciones, según considere apropiado para hacer valer el derecho vulnerado.
7. Además, diversos instrumentos legislativos prevén y desarrollan medidas de protección de los derechos, en particular las leyes sobre la educación, la salud, los desplazamientos, la justicia, etc. En el período de 2014 a 2018, el Gobierno promulgó diversas leyes, incluidas las pertinentes a la protección de una serie de derechos humanos, entre las que cabe mencionar las siguientes:
• Ley núm. 13 de Derecho a la Información, de 2016, que da efecto al derecho a la libertad de expresión.
• Ley núm. 11 de Salud Pública (Modificación), de 2018, que establece las normas sanitarias.
• Ley núm. 9 de Educación, de 2014, que prevé la representación de las mujeres en el Consejo Consultivo de Educación y la eliminación de las desventajas educativas como resultado del género o el origen étnico de los niños.
• La Ley núm. 15 del Código Penal (Modificación), de 2016, que aumenta las penas impuestas por el delito de secuestro y el incesto con víctimas de hasta 16 años de edad inclusive.
• Ley núm. 33 de Ordenación Territorial, de 2013, que entró en vigor en 2014 y permite a las mujeres participar en los procesos de adopción de decisiones en entornos culturales (nakamal).
• Ley núm. 15 del Código Penal (Modificación), de 2016, que establece el delito de secuestro de personas menores de 18 años de edad.
• Ley núm. 32 de Gestión de los Recursos Hídricos (Modificación), de 2016, que establece las responsabilidades respecto de los recursos hídricos, los derechos consuetudinarios y los derechos de los ocupantes a los recursos hídricos.
• Ley núm. 31 de Abastecimiento de Agua (Modificación), de 2016, que establece las normas nacionales de calidad del agua potable y los planes de salubridad del agua potable.
B. Medidas y políticas nacionales
1. Derechos de la mujer e igualdad de género
8. El Departamento de Asuntos de la Mujer ha formulado las principales políticas en materia de género, teniendo debidamente en cuenta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre esas políticas cabe mencionar la Política Nacional de Igualdad de Género 2015-2019; la Política Nacional de Desarrollo Inclusivo de la Discapacidad 2018-2025; el Marco Estratégico Nacional de Protección en Línea de la Infancia de Vanuatu 2014-2021; la Política Nacional de Protección de la Infancia 2016-2026; y la Estrategia para el Sector de la Justicia y los Servicios Comunitarios 2018-2021.
2. Educación
9. Con miras a promover y aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño, el Ministerio de Educación ha formulado las siguientes políticas que regulan la protección de la infancia, el derecho a la educación y cuestiones conexas: Política de Protección de la Infancia, de 2017; Política Revisada de Igualdad de Género en la Educación, de 2018;
Política de Bebidas Dulces, de 2014; Política Revisada de Atención y Educación de la Primera Infancia, de 2017; Política sobre Autoridades Educativas y Matrícula Escolar, de 2017; Declaración de Política de Gestión de la Información en el Sector de la Educación, de 2014; Estrategia Provisional del Sector de la Educación de Vanuatu 2017-2018; Política Abierta en el Marco del Sistema de Información sobre la Gestión Educativa (VEMIS), de 2017; Programa de Agua, Saneamiento e Higiene en las Escuelas – Llamamiento a la Acción para 2016; Proyecto de Análisis del Sector de la Educación y la Capacitación 2019-2030; Política de Enseñanza Postsecundaria y Terciaria.
3. Salud
10. El Ministerio de Salud ha elaborado, entre otros, los siguientes marcos y políticas clave en materia de salud para dar cumplimiento al derecho a la salud de conformidad con lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Estrategia del Sector de la Salud 2017-2020; Política y Plan Estratégico Nacional sobre Nutrición 2016-2020;
Política y Plan Estratégico Nacional sobre Enfermedades no Transmisibles 2016-2020; Ley de Control del Tabaco de 2008, en su forma modificada por la Ley Estatutaria (Ley de Disposiciones Diversas) núm. 6, de 2016; Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual 2017-2021; Política y Estrategia Nacional en favor de la Salud en las Islas 2018-2020; Directrices para una Alimentación Sana en las Escuelas de Vanuatu/Política Gudfala Kakae 2017-2030; Política y Estrategia de Aplicación de la Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y Adolescente 2017-2020; Proyecto de Estrategia de Salud Digital – Información para la Acción 2019-2021; Manual de capacitación integral en materia de violencia contra las mujeres, los niños y los grupos vulnerables y marginados, dirigida a los profesionales de la atención de la salud, y Guía para los participantes en esa esfera, de 2017.
4. Sistema penitenciario
11. Política sobre el Uso de la Fuerza; Política de Rehabilitación de 2017; Orden de Reglamentación núm. 197 sobre Políticas Médicas y Servicios Penitenciarios (Alejamiento Temporal), de 2017.
5. Cambio climático
12. La Política Nacional sobre Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres 2016-2030 establece un marco para que nuestras comunidades, el medio ambiente y la economía puedan sobrevivir a los efectos del cambio climático y los riesgos de desastres.
Esta política, que asegura la determinación, evaluación, reducción y gestión de los riesgos,
se formuló a raíz de una evaluación de la gobernanza del riesgo con el fin de analizar la capacidad y las necesidades de gobernanza del riesgo de desastres y del cambio climático por parte de Vanuatu en los planos nacional y local. La política se aplicará mediante seis principios clave, a saber: 1) la rendición de cuentas; 2) la sostenibilidad; 3) la equidad; 4) la importancia de la comunidad; 5) la colaboración; y 6) la innovación. El objetivo es que todos los organismos del Gobierno y partes interesadas no gubernamentales puedan aplicarla sin obstáculos. La política adopta un enfoque práctico, habida cuenta de los recursos, la exposición a los riesgos y la situación demográfica de Vanuatu, y su finalidad es fortalecer la capacidad existente a nivel nacional, provincial y de consejos de zona aprovechando la riqueza del patrimonio, los conocimientos tradicionales y las enseñanzas extraídas del amplio abanico de iniciativas sobre cambio climático y reducción del riesgo de desastres. El Gobierno de Vanuatu se ha comprometido a respetar las seis prioridades principales que se establecen en la Política sobre el Cambio Climático y la Reducción del Riesgo de Desastres 2016-2030 para dirigir sus esfuerzos en esa esfera.
13. Además, en 2012 Vanuatu estableció una Junta Consultiva Nacional sobre Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres. Por otra parte, en el Plan para el Pueblo:
Vanuatu 2030 se abordan las políticas relativas al cambio climático en el marco del pilar 2 sobre medio ambiente (Medio Ambiente Favorable al Crecimiento Económico Azul y Verde), con el fin de que la economía promueva el crecimiento y el desarrollo sostenibles mediante industrias de bajo impacto y tecnologías modernas que aseguren el bienestar de las generaciones futuras. El Gobierno también dispone de una Política Nacional de Desplazamientos para 2018.
C. Autoridades oficiales y organizaciones gubernamentales que se ocupan de los derechos humanos
14. El Gobierno en su conjunto desempeña funciones de protección y promoción de los derechos humanos, y sus principales ministerios e instituciones se encargan de vigilar la aplicación de los derechos humanos, con inclusión de la Oficina Jurídica del Estado; la Oficina del Primer Ministro; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Departamento de Servicios Penitenciarios; el Departamento de Asuntos de la Mujer; el Ministerio de Educación; el Departamento de Salud Pública; el Ministerio de Tierras y Recursos Naturales; el Ministerio del Cambio Climático; el Cuerpo de Policía de Vanuatu; el Ministerio de Justicia y Servicios Comunitarios; los órganos judiciales; la Fiscalía; el Ministerio de Infraestructuras y Servicios Públicos; el Ministerio del Interior; y la Oficina del Defensor del Pueblo.
III. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno: cumplimiento de las obligaciones
internacionales de derechos humanos mencionadas en la
“base del examen”, legislación nacional y compromisos voluntarios, actividades de las instituciones nacionales de derechos humanos, sensibilización pública acerca de los derechos humanos, cooperación con los mecanismos de derechos humanos
15. El Gobierno de Vanuatu considera que la promoción y protección de los derechos humanos es un aspecto importante de su labor de gobernanza. Reconoce el valor de los derechos humanos de las personas en Vanuatu y ha diseñado marcos, políticas y leyes que consagran la protección y promoción de los derechos humanos fundamentales.
16. Los organismos competentes y las partes interesadas pertinentes han dado cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La promulgación de la Ley de Derecho a la Información en 2017 es la novedad más reciente en la esfera de la realización de los derechos fundamentales, en particular por lo que respecta al derecho a la información.
IV. Medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones derivadas del EPU anterior
Ratificación de tratados y protocolos facultativos:
recomendaciones 3 a 13 y 2, 5 y 15
17. Vanuatu es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Corrupción y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y toma nota de las recomendaciones formuladas en favor de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Aunque Vanuatu considerará la posibilidad de ratificar esos tres tratados fundamentales, la Constitución y diversos marcos legislativos protegen varios de los derechos contemplados en dichos instrumentos. La Comisión de Derechos Humanos de Vanuatu tiene el mandato de asesorar al Gobierno en lo que respecta a la ratificación de los tratados fundamentales de derechos humanos. Problemas de recursos y de capacidad dificultan nuestras obligaciones como Estado parte en los tratados. La Comisión de Derechos Humanos de Vanuatu ha otorgado prioridad a la redacción de los informes iniciales del Estado parte sobre la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
18. Además, en agosto de 2018, funcionarios de Vanuatu completaron un taller sobre derechos humanos junto con la Oficina del ACNUDH para el Pacífico, y se comprometieron con la adhesión del país a la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Gobierno, por mediación del Ministerio de Justicia y Servicios Comunitarios y en el marco del programa de prioridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para 2018-2019, ultimará las consultas sobre los derechos establecidos en la Convención y sobre el instrumento propiamente dicho.
19. Asimismo, el Gobierno considerará la posibilidad de ratificar sus Protocolos Facultativos, de conformidad con las recomendaciones 2, 5 y 14, tras un examen cuidadoso y con arreglo al asesoramiento y las orientaciones pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos al Gobierno de Vanuatu.
Estatuto de Roma: recomendación 16
20. Las disposiciones vigentes de la Ley de Extradición cumplen los requisitos del Estatuto de Roma en lo relativo a la extradición de delincuentes. La Ley del Código Penal establece la jurisdicción internacional sobre los delincuentes que pueden ser ciudadanos de Vanuatu.
Mecanismos nacionales de derechos humanos: recomendaciones 17 a 20
21. Por mediación de su Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno está considerando la posibilidad de llevar a cabo un estudio preliminar sobre la viabilidad y durabilidad de un mecanismo nacional de derechos humanos. El Gobierno se mantendrá en contacto con organizaciones regionales clave en las que es parte, en particular la Comunidad del Pacífico, el Grupo Melanesio Punta de Lanza y el ACNUDH, con objeto de realizar ese estudio preliminar.
Oficina del Defensor del Pueblo: recomendación 21
22. El Gobierno ha reforzado la Oficina del Defensor del Pueblo mediante el aumento de su financiación. Se han preparado nuevas instrucciones para la redacción de las modificaciones de la Ley del Defensor del Pueblo. El Gobierno también ha desplegado esfuerzos considerables para hacer cumplir la Ley del Código de Deontología de las Autoridades Públicas promoviendo la toma de conciencia en ese sentido, concretamente mediante debates en la televisión y la radio nacionales, así como la presentación de la Ley a los consejos municipales con objeto de alentar las denuncias de infracciones de la Ley y otras prácticas administrativas inaceptables por parte de funcionarios y dirigentes públicos.
En 2016, 14 miembros del Parlamento fueron encarcelados por prácticas corruptas con arreglo a lo establecido en la Ley del Código Penal. También se les inhabilitó para asumir puestos de liderazgo durante diez años de conformidad con la Ley del Código de Deontología de las Autoridades Públicas4. Tanto la Oficina del Defensor del Pueblo como la policía participaron en las investigaciones de esos casos.
Derechos de la mujer: recomendaciones 22, 32 y 33
23. El Gobierno ha cumplido su compromiso de protección de los derechos de la mujer en el marco de estas recomendaciones y, en particular, ha aumentado los recursos y la plantilla, incluido el nombramiento de funcionarios provinciales y el aumento del presupuesto operacional, destinados al Departamento de Asuntos de la Mujer. En 2018, el Primer Ministro declaró inauguradas las nuevas dependencias del Departamento de Asuntos de la Mujer, recientemente renovado y modernizado. Además, el Plan de Actividades del Departamento de Asuntos de la Mujer para 2018 está operativo y se vincula a la Estrategia Sectorial del Ministerio de Justicia para 2018-2021 y al Plan de Desarrollo Estratégico Nacional global para 2016-2030. En el marco del Departamento de Asuntos de la Mujer y de la Estrategia Sectorial del Ministerio de Justicia, el Gobierno ha determinado y dotado de recursos suficientes las esferas prioritarias de interés con objeto de abordar en particular la reducción de la violencia doméstica y por razón de género; la promoción del liderazgo de las mujeres y su participación en pie de igualdad; el establecimiento de una base para la incorporación de la perspectiva de género; la mejora del desarrollo económico de la mujer y la promoción de su liderazgo y participación en pie de igualdad.
24. Además, la labor de promoción de los derechos de la mujer sigue siendo prioritaria para el Gobierno, y nuestros numerosos logros incluyen la aplicación en curso de la Política Nacional de Igualdad de Género para 2015-2019; la campaña anual denominada “16 Días de Activismo”, que funciona desde 2010 en asociación estratégica con las principales ONG a nivel nacional e internacional y ONU-Mujeres, y con el apoyo financiero del Programa de Derecho y Justicia y de World Vision Vanuatu. Además, el Departamento de Asuntos de la Mujer, en colaboración con la sociedad civil en su conjunto, ha hecho posible que se imparta formación a los jefes del Consejo Insular sobre violencia sexual y de género, entre otras cosas.
25. En una decisión de 2017, el Gobierno, por mediación del Consejo de Ministros, aprobó un presupuesto con perspectiva de género. Además, aprobó que las cuestiones de género y el empoderamiento de la mujer se incorporasen a la labor de cada ministerio. Por lo demás, la Política Nacional de Igualdad de Género establece como sus cuatro prioridades estratégicas la reducción de la violencia doméstica y de género; el aumento del empoderamiento económico de la mujer; la promoción del liderazgo de la mujer y su participación política en condiciones de igualdad; y el establecimiento de una base para la incorporación de la perspectiva de género. Asimismo, la contratación de mujeres en el sector público es una prioridad en el marco del actual Plan Nacional de Recursos Humanos.
26. Por lo que respecta al fortalecimiento de la participación política de las mujeres, la Ley núm. 5 por la que se modifica la Ley de Municipios, de 2015, estableció un sistema de cuotas para las mujeres que optan a escaños en las elecciones de los gobiernos locales, y actualmente hay seis mujeres en el Consejo Municipal de Port Vila y cinco mujeres en el Consejo Municipal de Luganville. En 2016, una funcionaria fue ascendida al cargo de Inspectora por primera vez en Vanuatu, y algunas altas funcionarias de la policía han sido
destinadas a operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Además, desde el período 2014-2018 todas las agentes de policía pueden acceder a funciones operacionales, y cada año desde 2014 dos agentes de policía asisten a cursos de capacitación en materia de igualdad de género, gestionados en colaboración con el Centro de Crisis de las Mujeres de Fiji. Por otra parte, la iniciativa Mercados para el Cambio se desarrolló mediante la cooperación conjunta entre el Gobierno, los consejos municipales y ONU-Mujeres. El objetivo principal de esta iniciativa es el empoderamiento económico de las mujeres que venden productos alimenticios en nuestros mercados locales.
Educación y sensibilización sobre los derechos humanos:
recomendaciones 23 a 25
27. En particular, el Gobierno ha mantenido su compromiso respecto de la incorporación de los derechos humanos en el sistema educativo y el programa de estudios, que ha pasado por diversas etapas como las campañas de sensibilización, el desarrollo de materiales de estudio y la capacitación profesional. El Plan de Desarrollo Estratégico Nacional establece el compromiso del Gobierno con un sistema de educación inclusiva, equitativa y de calidad, incluido el aprendizaje permanente para todas las personas, como guía de las políticas en esa esfera. Entre las iniciativas más destacadas figura la aplicación de políticas y programas clave como la Política sobre Igualdad de Género en la Educación;
el Programa de Atención y Educación en la Primera Infancia, que cuenta con 803 de estos centros en zonas rurales y 47 en zonas urbanas; la formación permanente impartida en 4 provincias en el marco del Programa de Reducción del Riesgo de Desastres; actividades de sensibilización en el marco de la Política de Educación Inclusiva, coordinadas en las 6 provincias de Vanuatu; la capacitación de los docentes sobre metodologías de enseñanza especializada en el Instituto de Educación de Docentes de Vanuatu, y la formación de docentes en la Escuela Técnica para Australia y el Pacífico en apoyo de la implementación de la educación inclusiva. Las prácticas inclusivas desarrolladas en tres escuelas objeto de estudios monográficos y en las escuelas modelo se reproducen en escuelas de todo el país en el marco del Programa de Apoyo a la Educación en Vanuatu. El Gobierno también ha tomado la iniciativa de facilitar becas a las personas con discapacidad.
28. Además, el Ministerio de Educación ha incorporado un nuevo programa de estudios centrado en la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, la equidad de género, la educación inclusiva, el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, el agua y el saneamiento, la comprensión de la labor de la judicatura, los derechos del niño, la educación sobre la vida en familia, la educación física y sobre la salud, etc. Otros progresos en esta esfera incluyen la elaboración de planes de estudios y el fomento de la capacidad. Además, se imparte capacitación profesional permanente sobre las cuestiones de género y la protección de la infancia a los funcionarios en los niveles central y provincial.
En el Ministerio de Educación y las oficinas provinciales de educación, se informa a los funcionarios de sus funciones y responsabilidades para responder a las cuestiones relativas a los derechos humanos. El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha mejorado el acceso al aprendizaje en colaboración con las iglesias.
Incorporación/capacitación en materia de derechos humanos a los funcionarios gubernamentales: recomendaciones 26 a 28 y 62
29. El Gobierno sigue invirtiendo en la capacitación de sus funcionarios sobre los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, también en colaboración con el ACNUDH, el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos, el Proyecto de Reinserción y de Apoyo a las Comunidades, y el Grupo Melanesio Punta de Lanza.
También se ha impartido formación sobre derechos humanos entre agentes de policía y funcionarios de prisiones, maestros, funcionarios de información y trabajadores sanitarios, con la asistencia de abogados, jueces, magistrados, estadísticos, coordinadores de las cuestiones de género y parlamentarios, en diversas esferas temáticas como los tratados de derechos humanos; la presentación de informes sobre derechos humanos; el EPU; la aplicación de los tratados, etc. En 2018, el Ministerio de Justicia coordinó la capacitación
de altos funcionarios gubernamentales con objeto de preparar un plan de acción nacional sobre derechos humanos. El Gobierno tiene previsto aumentar la capacitación en materia de derechos humanos entre sus funcionarios a través de sus asociaciones con las principales instituciones internacionales y regionales. Además, se ha comprometido a incorporar los principios de los derechos humanos, en particular la igualdad de género, la justicia, la equidad y la dignidad, en las políticas y los marcos que establezca.
30. Por otra parte, el Ministerio de Salud ha aprobado unas Directrices de Capacitación sobre la Violencia de Género y una Guía Completa para los Trabajadores Sanitarios. En colaboración con el Centro para la Mujer de Vanuatu, el Ministerio de Salud lleva a cabo actividades de capacitación dirigidas a los trabajadores sanitarios. Además, ha asignado un funcionario encargado de las cuestiones de género en el seno del Ministerio. El programa de formación de la policía incluye también la violencia sexual y de género y las cuestiones fundamentales en torno a las víctimas y los sospechosos. El ACNUDH, el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja han proporcionado formación sobre la Convención contra la Tortura y las normas mínimas de las Naciones Unidas sobre los lugares de detención.
El EPU y el Parlamento: recomendación 29
31. El Gobierno reconoce la importancia de la función del Parlamento en el proceso del EPU y ha facilitado una serie de actividades en relación con esta recomendación. Además, con el apoyo del ACNUDH, el Ministerio de Justicia publicó un Plan de Acción para Aplicar las Recomendaciones del EPU en 2014. Los miembros del Parlamento, incluido el Presidente, toman parte en los debates y consultas regionales sobre el EPU y la aplicación de las recomendaciones.
Presentación de informes sobre los tratados de derechos humanos:
recomendación 30
32. Como resultado de la capacitación impartida por el ACNUDH sobre la redacción de informes y la creación de capacidad, la CNDH está redactando y ultimando los informes iniciales sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.
Discriminación contra la mujer: recomendaciones 34 a 36
33. El Artículo 5 de la Constitución prohíbe la discriminación por razón de género. Esta prohibición es aplicable a la totalidad de la administración pública, y el Gobierno prosigue sus esfuerzos para eliminar la discriminación contra las mujeres tanto de jure como de facto. Las medidas activas y progresivas adoptadas en este sentido incluyen la obligación de reflejar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno ha establecido su visión de Vanuatu como “Un país justo, educado, sano y próspero”, y sus políticas más importantes a nivel nacional impulsarán las prioridades de desarrollo hasta 2030. Además, el Consejo de Ministros aprobó la aplicación de la Política Nacional de Igualdad de Género 2015-2019, cuyo objetivo es hacer efectiva la igualdad de género en todos los sectores y niveles de la sociedad.
34. Además, en virtud de la Ley núm. 39 por la que se modifica la Ley de Ciudadanía (cap. 112), de 2013, ahora se reconoce la igualdad de género en relación con el derecho a adquirir la ciudadanía. Asimismo, la Ley núm. 15 por la que se modifica el Código Penal, de 2016, ha dado lugar a un aumento de las penas impuestas por la comisión de todos los delitos sexuales. Esto fue resultado de una consulta de múltiples partes interesadas, en particular la fiscalía, la Unidad de Protección de la Familia del Cuerpo de Policía de Vanuatu, el Centro para la Mujer de Vanuatu y el Departamento de Servicios Penitenciarios de Vanuatu. La decisión se adoptó a raíz de las recomendaciones formuladas por los órganos judiciales en el caso La Fiscalía c. AR (2015) VISC 31, que pusieron de relieve el bajo nivel de las penas impuestas por los delitos sexuales.
Pena de muerte: recomendación 37
35. El Gobierno no ha adoptado ninguna medida sobre la reintroducción de la pena de muerte ni tiene la intención de examinar esta cuestión.
Ley de Protección de la Familia: recomendaciones 38 a 42
36. El Gobierno prosigue sus esfuerzos encaminados a hacer frente a la violencia contra la mujer, tanto en el marco de la Ley de Protección de la Familia como en el de la Ley del Código Penal. En 2017, designó asesores reconocidos y personas autorizadas a fin de fortalecer la aplicación de la Ley de Protección de la Familia. Además, la labor permanente de sensibilización sobre la violencia sexual y de género prosigue mediante diversas iniciativas tales como la campaña “16 Días de Activismo”, así como la elaboración de directrices amplias para responder a la violencia contra las mujeres, los niños y los grupos marginados en Vanuatu. Asimismo, continúa la labor de capacitación en materia de violencia de género entre los instructores y los proveedores de servicios de salud en las provincias del país.
37. El Departamento de Asuntos de la Mujer lleva a cabo su campaña anual de sensibilización sobre la Ley de Protección de la Familia durante los 16 días de activismo.
Entre las actividades realizadas se incluyen visitas a las comunidades para concienciar acerca de la Ley, así como impartir capacitación a las personas autorizadas y los asesores reconocidos. En 2017, se imprimieron 1.000 carteles y se distribuyeron 400 camisetas y 19.000 pegatinas durante toda la campaña para concienciar y dar visibilidad a la lucha contra las prácticas culturales nocivas. También se imparte capacitación a los agentes de policía sobre la tramitación de los casos de violencia doméstica y los derechos humanos. En Port Vila y Espíritu Santo, más del 50% de los agentes de policía han recibido formación en materia de derechos humanos. En estas actividades de capacitación a cargo del ACNUDH y del Equipo Regional de Recursos sobre Derechos Humanos participan también los magistrados.
38. Por otra parte, los tribunales de Vanuatu siguen emitiendo órdenes de protección e imponiendo las penas previstas en virtud de la Ley de Protección de la Familia. En el caso Bong v Marangom [2017] VUSC 190, el Tribunal Supremo de Vanuatu sostuvo que la Ley de Protección de la Familia, de 2008, entró en vigor el 2 de marzo de 2009 con objeto de preservar y promover relaciones de armonía familiar y prevenir la violencia doméstica en todos los niveles de la sociedad. La Ley se basa en los valores tradicionales de Vanuatu y en los principios cristianos que consideran cualquier tipo de violencia doméstica como un comportamiento inaceptable. La Ley también prevé la protección jurídica efectiva de las víctimas de la violencia doméstica y el castigo de toda persona que cometa ese tipo de acciones.
39. La Ley de Protección de la Familia prevé medidas de protección y un marco jurídico para todas las mujeres, incluidas las mujeres de las zonas rurales. Gracias a la colaboración con las ONG de mujeres, las mujeres de las zonas rurales tienen acceso a los comités de lucha contra la violencia ejercida contra ellas, que dependen del Centro para la Mujer de Vanuatu. También se designa a personas autorizadas y asesores reconocidos en las zonas rurales para que proporcionen apoyo y acceso a la protección contra la violencia doméstica.
Las mujeres con discapacidad disponen asimismo de acceso a las órdenes de protección, los servicios de asesoramiento, la educación y sensibilización y el sistema de remisión.
Violencia contra las mujeres/violencia sexual y de género/desigualdad: recomendaciones 49 a 53 y 61
40. El Gobierno sigue abordando los problemas de la desigualdad y ha adoptado diversas medidas que se describen en los párrafos 22 a 25, 32, 33 y 36, respectivamente.
41. En 2017, el Gobierno modificó la Ley del Código Penal a raíz de una decisión aprobada por el Consejo de Ministros en 2016 para incrementar las penas impuestas por la comisión de delitos relacionados con el sexo y las agresiones. La Ley núm. 15 por la que se
modifica el Código Penal, de 2016, aumenta las penas por el delito de secuestro y el incesto con víctimas de edades inferiores a los 17 años, entre otros delitos. En el caso del secuestro, la pena impuesta se incrementa en 7 años, y en el del incesto se establece una pena de 15 años a la reclusión a perpetuidad.
Violencia contra los niños: recomendaciones 54 y 55
42. Poner freno a la violencia contra los niños sigue siendo una prioridad del Gobierno, reflejada en la aprobación de la Política Nacional de Protección de la Infancia 2016-20265. La política se elaboró tras amplias consultas con las partes interesadas de todos los ministerios y departamentos gubernamentales, la sociedad civil y las ONG internacionales, incluidos los grupos de mujeres, el Consejo de Jefes Malvatumauri, el Centro Cultural, el grupo de trabajo encargado de la protección de la infancia a nivel nacional, y las administraciones provinciales. Las seis esferas estratégicas de aplicación de la política son las siguientes: fortalecimiento de los conocimientos y comprensión de la protección de la infancia entre la población en general; desarrollo y/o fortalecimiento de las estructuras organizativas que son necesarias a nivel nacional, provincial y comunitario para vigilar la aplicación y asegurar la rendición de cuentas respecto de la política en general;
intervenciones coordinadas, colaborativas, holísticas y multidisciplinarias por parte de órganos oficiales y oficiosos (Kastom, religiosos, comunitarios), a fin de asegurar la continuidad de la atención prestada a los niños vulnerables; desarrollo/fortalecimiento de las normas y directrices gubernamentales para la protección de la infancia y el trabajo con los niños; fortalecimiento del marco jurídico de protección de la infancia; fortalecimiento de la capacidad de las partes interesadas gubernamentales y los proveedores de servicios que participan en la labor de protección de la infancia y en la reducción del riesgo de desastres y la preparación para la respuesta en casos de emergencia, habida cuenta del muy elevado riesgo de abuso, explotación y daño que afrontan los niños durante las situaciones de desastre.
43. Asimismo, la Oficina de Protección de la Infancia y el Grupo de Trabajo de Protección de la Infancia respaldan el compromiso del Gobierno de abordar las cuestiones pertinentes en esa esfera. El Ministerio de Justicia, en colaboración con el UNICEF, está desarrollando dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley de protección de la infancia y el proyecto de ley de adopción. El proyecto de ley de adopción está en consonancia con el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, que Vanuatu prevé firmar una vez promulgada la ley.
44. Además, los tribunales de Vanuatu siguen dictando sentencias severas como elemento disuasorio de los actos de violencia contra los niños. La sentencia dictada por el Presidente del Tribunal Supremo en el caso La Fiscalía c. Jerry [2011] VUSC 51 rezaba como sigue: “Los delitos sexuales contra los niños son delitos graves, y toda persona que abuse sexualmente de los niños debe ir a prisión. La condena a prisión es necesaria en estos casos por muchas razones, en primer lugar para señalar la gravedad del delito, en segundo lugar para subrayar que la comunidad no aprueba ese tipo de delitos en la sociedad, en tercer lugar como advertencia a los demás miembros de la comunidad que intenten cometer esos mismos delitos contra los niños en el futuro, en cuarto lugar para castigar a los culpables por haber cometido delitos de esta gravedad, y en quinto lugar para proteger a los miembros más débiles y vulnerables de la comunidad, en particular los niños. [PP v. Scott
& Tula (2002) VUCA 29]. En PP v. Gideon [2002] VUCA 2, el Tribunal hace hincapié en la protección de los niños de esta manera”.
45. Un comité designado por el Presidente del Tribunal Supremo está elaborando un proyecto de ley sobre pruebas penales y civiles a fin de proteger los derechos de los niños en el marco de las actuaciones penales. Además, otorga a la fiscalía un abanico de opciones legales respecto de las solicitudes que pueden presentar los fiscales.
Poder judicial: recomendaciones 56, 57 y 60
46. El Gobierno ha reforzado su compromiso de asegurar la independencia del poder judicial mediante el aumento de los recursos destinados a los tribunales, así como la colaboración con el Ministerio de Justicia para resolver problemas y enfrentar desafíos. El poder judicial también ha adoptado medidas de respuesta para dar respuesta a cuestiones cruciales como el aumento del número de jueces y magistrados en los tribunales. Además, ha puesto en marcha un sistema automatizado de tramitación de los casos que permite hacer un seguimiento desde el registro hasta la conclusión. Los tribunales han elaborado indicadores para la reunión de datos con el fin de abordar las dificultades que se presenten, por ejemplo mediante un sistema de control de datos de calidad, la actualización del registro y la tramitación de los casos, el sistema de planificación, y el sistema de información sobre la gestión. En cada una de las sesiones de apelación se tramitan el 99%
de las causas presentadas. Asimismo, la judicatura ha obtenido presupuesto para resolver las causas acumuladas en 2019.
47. Además, por lo que respecta a la recomendación 60 cabe señalar que el principio de igualdad está consagrado en la Constitución de Vanuatu y en diversos marcos jurídicos, y se aplica tanto de jure como de facto. Por otra parte, ha habido un aumento en el presupuesto y los recursos (humanos y financieros) destinados a la Procuraduría Pública y la Fiscalía.
Convención contra la Tortura: recomendación 59
48. Aunque la tortura está prohibida en Vanuatu con arreglo a lo establecido en la Constitución, y la policía y la Oficina de Asuntos Penitenciarios no han registrado prácticamente ningún caso, el Gobierno considerará la posibilidad de revisar sus leyes para penalizar de forma adecuada este delito. No obstante, se han llevado a cabo varias actividades de capacitación sobre la Convención contra la Tortura dirigidas a la policía y el Departamento de Servicios Penitenciarios. Además, el Departamento ha elaborado una Política de Uso de la Fuerza en consonancia con las normas de derechos humanos, y ha examinado sus manuales operacionales y procedimientos normalizados para cumplir las normas mínimas de las Naciones Unidas sobre los lugares de detención.
Derechos de los detenidos: recomendación 63
49. El Ministerio de Justicia y Servicios Comunitarios ha completado una reforma importante sobre la amplias modificaciones introducidas en la Ley de Establecimientos Penitenciarios. Las modificaciones tenían por objeto responder a las deficiencias existentes y facilitar la coherencia y la armonización de esa Ley con la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, fortalecen las funciones administrativas del Departamento de Servicios Penitenciarios y dan efecto a los derechos de los detenidos, y establecen con claridad los derechos y privilegios de los detenidos, en particular mediante la eliminación de las disposiciones discriminatorias respecto de las personas con discapacidad. Asimismo, en 2018 Vanuatu recibió la visita dos equipos de inspección externa del ACNUDH y el Comité Internacional de la Cruz Roja para completar las inspecciones de los centros penitenciarios y entrevistar a los detenidos en Port Vila y Espíritu Santo. Se ha reservado un espacio en el nuevo centro penitenciario de Espíritu Santo para la construcción de un centro de menores.
Justicia juvenil: recomendaciones 64 a 69
50. Aunque en la actualidad no hay una legislación específica sobre menores, los tribunales han tenido en cuenta la justicia juvenil al requerir que el Servicio de Libertad Vigilada, dependiente del Departamento de Establecimientos Penitenciarios, les presente informes previos a las sentencias. Estos informes proporcionan orientaciones a los tribunales o a los jueces para que adopten sus decisiones en relación con la imposición de penas. Los tribunales ejercen facultades discrecionales al imponer penas a los menores de
edad, que pueden consistir en trabajo comunitario bajo supervisión, de un mínimo de seis meses a un máximo dos años, o condenas condicionales también bajo supervisión. Estas condenas de carácter comunitario, sustitutivas del encarcelamiento, se imponen con el fin de rehabilitar a los jóvenes infractores. El apoyo a las víctimas es una de las iniciativas del Ministerio de Justicia y Servicios Comunitarios, e incluirá el nombramiento de un oficial de apoyo a las víctimas de delitos, encargado de supervisar la ayuda que se les brinda.
51. Actualmente, la Comisión de Derecho de Vanuatu tiene ante sí un proyecto de ley de menores. Una vez promulgada la ley, se implementará un plan de trabajo sobre programas específicos para los menores y otras directrices necesarias a fin de hacer frente al problema de los jóvenes infractores. El Departamento de Establecimientos Penitenciarios elaborará un módulo de sensibilización sobre rehabilitación de menores para los agentes de libertad vigilada, que podrán utilizar cuando traten con jóvenes infractores que cumplan condenas en la comunidad en 2019.
Convención contra la Corrupción: recomendaciones 70 y 71
52. La Estrategia Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Gobierno de Vanuatu se basa en el Plan para el Pueblo: Vanuatu 2030, así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y proporciona el marco para hacer efectivo el compromiso del Gobierno de eliminar la corrupción. La Estrategia Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción tiene por objeto fortalecer las bases de la sociedad de Vanuatu, aumentar la eficiencia y la eficacia del sector público, fomentar la confianza en las instituciones públicas, y contribuir a allanar el camino hacia el desarrollo económico sostenible y la igualdad de oportunidades para todas las personas de Vanuatu.
53. El primer examen sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción por parte de Vanuatu se llevó a cabo en 2014 (concretamente en relación con los artículos 15 a 42 del capítulo 3, “Penalización y aplicación de la ley”, y los artículos 44 a 50 del capítulo 4, “Cooperación internacional”). Después de ese examen, en septiembre de 2014, el Gobierno, en colaboración con la UNODC y el PNUD y en el marco del Proyecto de Lucha contra la Corrupción en la Región del Pacífico, celebró un seminario para dar a conocer las conclusiones del proceso de examen de la Convención y examinar la forma en que esas conclusiones podían incorporarse a los esfuerzos de lucha contra la corrupción desplegados a nivel nacional. Se determinaron cinco esferas prioritarias de acción, incluido el establecimiento de un comité nacional o equipo de tareas integrado por representantes del Gobierno, la sociedad civil y el sector privado, con el fin de proporcionar el impulso y la supervisión que se necesitan para lograr progresos ininterrumpidos de manera coordinada y coherente.
54. En virtud de la Orden contra la corrupción de 5 de noviembre de 2016, Vanuatu estableció un Comité Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, cuya función principal consiste en velar por la aplicación de los objetivos prioritarios definidos en la Convención contra la Corrupción. El Comité tiene el mandato de asumir un papel de liderazgo en la promoción de cambios y el establecimiento de vínculos con los organismos de apoyo y las ONG a fin de luchar contra la corrupción en Vanuatu. El Comité está integrado por representantes de todos los sectores gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, con objeto de permitir que un amplio abanico de partes interesadas realicen sus contribuciones y vigilen la aplicación de la Estrategia Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2022.
Registro de los nacimientos: recomendaciones 72 y 73
55. Vanuatu puso en marcha el examen de la Ley de Registro Civil en agosto de 2018, y su modificación se someterá al examen del Parlamento. Además, el Registro Civil ha vuelto a introducir el registro móvil de los nacimientos en Vanuatu. El proceso de registro se lleva a cabo en el marco del sistema de base de datos de registro VIZ, que se carga en los portátiles para permitir el registro móvil. El personal ha recibido capacitación sobre la
utilización de este sistema, que ha resultado muy eficaz para recoger información sobre el registro de estadísticas vitales en Vanuatu con el apoyo del UNICEF.
56. Además, el Gobierno aprobó la Política de Registro Civil y Estadísticas Vitales 2017 y la Política Nacional de Identificación del Departamento de Registro Civil, que allanarán el camino hacia la elaboración de un proyecto de ley de identificación nacional en 2019.
57. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación firmaron un memorando de entendimiento para la instalación de un sistema de base de datos de registro VIZ en todas las oficinas provinciales de educación, y se impartió capacitación para aumentar la cobertura del registro de los niños no inscritos inmediatamente después del nacimiento.
También ha habido un incremento de los certificados de nacimiento a raíz del aumento de las inscripciones.
Derecho a la información: recomendaciones 74 y 75
58. La Ley núm. 13 de Derecho a la Información, de 2016, entró en vigor tras su aprobación unánime por el Parlamento el 24 de noviembre de ese mismo año. La Ley da efecto al derecho a la libertad de expresión con arreglo al párrafo 5 1) g) de la Constitución de la República de Vanuatu, y establece el acceso a la información en poder de los organismos gubernamentales, las entidades públicas y las entidades privadas pertinentes, con sujeción a las excepciones previstas. También establece mecanismos voluntarios y obligatorios para otorgar a las personas el derecho de acceso a la información, y promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo nacional mediante el empoderamiento y la educación de la población a fin de que comprendan y ejerzan su derecho a la información, y para que aumente la participación pública en la gobernanza. La Ley también establece los procedimientos para que una persona pueda modificar su información personal en manos de un organismo público. Asimismo, incluye una disposición sobre la protección de los denunciantes y prevé diversos delitos y penas por incumplimiento de sus disposiciones. Además de las disposiciones de la Ley, se han establecido algunos mecanismos para facilitar la coordinación y gestión eficaces de su aplicación, como el nombramiento del Comité Directivo del Derecho a la Información, el Comité de Registros Nacionales y Gestión de la Información, el Plan de Aplicación Nacional del Derecho a la Información y la Política Nacional de Gestión de Archivos.
Agua y saneamiento: recomendaciones 76 a 78
59. En colaboración con el Ministerio de Salud, el Gobierno ha puesto en marcha diversos proyectos integrales sobre agua limpia y saneamiento, y ha asumido un papel de liderazgo en la supervisión de estos proyectos. Algunas de las estrategias elaboradas y aplicadas incluyen el desarrollo de materiales en la esfera del agua, el saneamiento y la higiene; la elaboración de una Política de Saneamiento e Higiene; el fortalecimiento del Comité Directivo de la Escuela Nacional de Promoción de la Salud; el examen de la Política de Atención Primaria de la Salud y la Políticas de las Islas Sanas, con especial atención a los entornos de las escuelas, los hospitales, los mercados y las aldeas. Además, el Gobierno ha difundido un paquete de medidas de información, educación y comunicación para la promoción de unas islas sanas entre las seis oficinas provinciales de educación de Vanuatu, ha llevado a cabo una labor de promoción de la salud en las escuelas y ha impartido talleres para los directores de escuela. Por otra parte, se están llevando a cabo programas de salud bucodental mediante un suministro regular de kits de salud bucodental (cepillo de dientes, pasta y jabón), así como programas de eliminación de parásitos y del pian en las escuelas. Un total de 453 escuelas primarias han recibido periódicamente estos kits, que ascendieron a un total de 52.856 durante el período 2017-2018.
60. Además, el Gobierno ha aprobado una norma nacional de calidad del agua potable, ha elaborado un proyecto multisectorial de agua, saneamiento e higiene en el marco del Plan Nacional de Mejora de las Escuelas en colaboración con el UNICEF y los asociados en esa esfera, ha introducido las pruebas H25 en las aldeas Malemaat, Mele y Lelepa en el
marco de los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de la ONG Live and Learn, ha mejorado el saneamiento en las escuelas de las provincias de Penama y Sanma, y ha construido incineradoras en los hospitales de Vanuatu para la eliminación segura de los desechos clínicos.
61. El Gobierno también modificó las disposiciones sobre saneamiento de la Ley de Salud Pública (Parte 8 – Saneamiento) en julio de 2018 con objeto de abordar y fortalecer sus proyectos de saneamiento en todo el país.
Derecho a la salud: recomendaciones 79 a 84
62. El acceso a los servicios básicos de salud, especialmente en las zonas rurales, sigue siendo una de las principales prioridades del Gobierno. El Ministerio de Salud ha invertido en la formación de personal médico y de enfermería sobre diversas cuestiones de derechos humanos y salud. Además, ha respaldado las políticas y los marcos clave para la regulación del sector de la salud y los servicios sanitarios en Vanuatu, como se menciona en el párrafo 10 del presente informe. El Gobierno también ha aumentado las asignaciones presupuestarias destinadas al Ministerio de Salud.
63. Asimismo, a fin de abordar el problema del VIH/sida y sus efectos en las mujeres y los niños y la transmisión maternoinfantil, el Gobierno ha elaborado y aprobado el Plan Estratégico Nacional sobre VIH/ETS 2017-2021. Por otra parte, el Ministerio de Salud está ultimando la Política de Demarcación, cuya finalidad es abordar las capacidades en materia de instalaciones y recursos humanos. Con el apoyo de las subvenciones del Fondo Mundial, el Ministerio de Salud ha podido ejecutar programas nacionales de lucha contra la tuberculosis y el paludismo.
Derecho a la educación: recomendaciones 86 a 98
64. El Plan Nacional de Desarrollo Sectorial de Vanuatu establece que todos los niños, independientemente de su género, ubicación, necesidades educativas o circunstancias vitales deben tener acceso al sistema de enseñanza. El Gobierno ha ampliado el alcance de su labor encaminada a asegurar el acceso a la educación mediante un subsidio escolar.
65. La Política de Educación Primaria Universal establece la enseñanza gratuita y el derecho de acceso a la educación para las clases de primero a sexto grado. Además, con objeto de afrontar el problema del analfabetismo, el Ministerio de Educación elaboró una política de idiomas y revisó sus planes de estudios para incluir la lengua vernácula como idioma de instrucción en los primeros cursos. Por otra parte, en noviembre de 2017, la secretaría de la Alianza Mundial para la Educación aprobó una subvención para Vanuatu con el fin de realizar un amplio análisis del sector educativo y elaborar una Estrategia del Sector de la Educación y Formación con base empírica. La subvención destinada al desarrollo del plan del sector educativo tiene por finalidad fortalecer los conocimientos necesarios para el desarrollo de un plan más equitativo y eficaz y fomentar la capacidad del personal del Ministerio de Educación y Formación. El análisis también orientará la elaboración de una nueva Estrategia del Sector de la Educación y Formación en Vanuatu para 2019-2030.
66. En consonancia con el proyecto de saneamiento, el equipo de salud maternoinfantil o la enfermería de la zona sanitaria en cuestión realizan al menos una visita a todas las escuelas primarias del país para evaluar su situación en materia de salud.
Derechos de las personas con discapacidad: recomendaciones 99 a 104
67. La Política Nacional de Desarrollo Inclusivo de la Discapacidad 2018-20256 complementa el compromiso del Gobierno respecto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se elaboró tras la celebración de consultas con las partes interesadas a nivel nacional y provincial entre septiembre de 2015 y
