Asamblea General A

GE.09-

A

Asamblea General

A/HRC/WG.6/6/DOM/1 27 August 2009

Original: ESPAÑOL

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Sexto período de sesiones

Ginebra, 30 de noviembre-11 de diciembre 2009

INFORME NACIONAL PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 15 A) DEL ANEXO A LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS^* República Dominicana

* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

1. METODOLOGÍA Y PROCESO DE CONSULTA

1. República Dominicana considera el Informe Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos como un instrumento fundamental para dar seguimiento a la situación de esos derechos en el país. De ahí la transparencia del proceso de consulta que precedió su elaboración y la seriedad con que se asumen los compromisos que se hagan a partir del mismo.

2. La preparación del Informe se sustenta en un largo proceso de consultas, tales como la realización de una Cumbre Nacional¹ de las más diversas organizaciones de la sociedad civil del país; las discusiones que precedieron los trabajos de revisión de la Constitución de la República² en todo el territorio nacional; y la celebración de dos seminarios, uno nacional sobre los derechos del trabajador³, y otro internacional con el propósito de recabar la experiencia de otras

sociedades y países en materia de la regularización del trabajador migrante y sus dependientes.⁴ 3. El presente Informe integra todos esos aportes y los corona gracias al esfuerzo sistemático de los trabajos realizados a lo largo de más de cuatro años por la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos. Esta Comisión, bajo la coordinación de la Cancillería de la República, agrupa 15 instituciones gubernamentales y ONGs especializadas en derechos humanos.⁵ El proceso de elaboración del Informe culminó con un taller impartido en Santo Domingo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que permitió conocer lo inherente a la elaboración del referido Informe.⁶

4. Todas las iniciativas anteriores sustentaron un borrador de documento que fue sometido a la consideración del Gobierno, vía la Cancillería, para su debida aprobación. Aun cuando ese Informe integra puntos de vista y consideraciones de la sociedad civil,⁷ expone la posición oficial del Gobierno Dominicano en lo que respecta a su cumplimiento y a sus ejecutorias. No obstante, aun cuando es un informe oficial, no desconoce que se requiere del esfuerzo y la colaboración mancomunada de las autoridades y de la sociedad civil para mejorar el desempeño de la agenda nacional de los derechos humanos.

5. Teniendo en cuenta el formato de este Informe, resultó imposible incluir todo el material que lo soporta y se limita a aquellos temas que resultan más decisivos para el país en un contexto de progreso y de rendición de cuentas ante la comunidad nacional y la internacional.⁸

2. BASES JURÍDICAS E INSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

2.1 La Constitución de 2009, la evolución del derecho interno y la incorporación de los tratados de derechos humanos

6. República Dominicana es un Estado de derecho, democrático y representativo. Su territorio de 48,670.82 kilómetros cuadrados, con escasos recursos naturales, alberga una población de 9.2 millones de personas y acoge un estimado de 900,000 a 1.2 millones de inmigrantes indocumentados, mayoritariamente procedentes de la limítrofe República de Haití.

7. Como Estado de derecho, la voluntad popular está expresada en su Constitución. El texto en proceso de aprobación incluye derechos fundamentales: civiles y políticos⁹; dignidad

humana;¹⁰ igualdad y no discriminación;¹¹ personalidad;¹² comunicación física, intelectual y social;¹³ económicos, sociales y culturales;¹⁴ colectivos y del medio ambiente.¹⁵

8. Con ese amparo constitucional se pretende superar el récord dominicano de defensa de los derechos humanos, particularmente en asuntos tan cruciales como violación al derecho a la vida, golpizas y otros abusos cometidos contra sospechosos, detenidos y prisioneros; condiciones de las prisiones; arrestos y detención de sospechosos; corrupción; violencia y discriminación contra las mujeres; trabajo forzoso y prostitución infantil; discriminación a indocumentados y

protección de los derechos laborales fundamentales; trata de personas y tráfico de indocumentados.

9. Tras la caída del régimen dictatorial en 1961, el Estado Dominicano ha ratificado los principales convenios internacionales para la protección de los derechos humanos y ha dado inicio a un proceso intensivo de renovación legislativa y normativa sobre la cuestión.¹⁶ Ese esfuerzo democrático refleja las profundas transformaciones asumidas para incorporar el tema de los derechos humanos en la agenda nacional.

2.2 Base institucional para la promoción y protección de los derechos humanos

10. La consolidación de las instituciones democráticas desde 1961 ha requerido la creación de instrumentos de participación con miras a la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como para la creación de mecanismos que permitan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial exigir el cumplimiento de esos derechos.

11. La elaboración de instrumentos de participación social con el fin de supervisar y evaluar las políticas públicas en República Dominicana se amplió durante los últimos cinco años de manera significativa. Sólo el Gobierno central ha patrocinado, entre 2003 y 2008, 49 seminarios y conferencias internacionales sobre cuestiones sociales, económicas y culturales. Este creciente espacio para el diálogo social se reflejó también en el número de foros de participación

ciudadana y consejos nacionales y provinciales de derechos humanos.

12. Como parte de las iniciativas del Poder Ejecutivo, durante el período 2003-2008, destacan la institucionalización de las secretarías de Estado de la Mujer, de la Cultura y la de la Juventud, a partir de la promulgación de sus respectivas leyes constitutivas en 1999. También, la puesta en funcionamiento de un órgano consultivo para las principales políticas públicas de carácter socioeconómica: el Consejo Económico Social e Institucional¹⁷ y el Plan de Seguridad

Democrática para preservar la integridad y seguridad de cada ciudadano y ciudadana. De manera concomitante, a raíz de la Ley 498-06 que regula el Sistema Nacional de Planificación e

Inversión Pública, la Secretaría de Estado de Economía ha promovido un proceso de consulta para priorizar la inversión social en el país a mediano y largo plazo.

13. En el mismo ámbito del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República abrió las Fiscalías Barriales para facilitar a mujeres, a menores de edad y a la ciudadanía en general el amparo de sus derechos y el acceso a la justicia.¹⁸ La Secretaría de Estado de Trabajo capacitó a 222 inspectores para fiscalizar el cumplimiento del Código Laboral a nivel nacional.

14. La Dirección General de Migración comenzó a aplicar una política de tolerancia cero en todos aquellos casos en los que se verifica que sus inspectores maltratan y violan los derechos de

extranjeros ilegales. Tan sólo en 2008, canceló a 92 inspectores. Igualmente, documentó

(“carnetizar”) a obreros agrícolas haitianos –entre 16,000 y 20,000 de ellos en 2008–, con lo que quedaron autorizados a laborar legalmente en fincas dominicanas.

15. En el período 2003-2008, el Poder Legislativo aprobó la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, protegiendo así principalmente los derechos de las mujeres, de los niños y de los adolescentes. También, la Ley 136-03 relativa al Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. En igual tenor, la Ley 258-04 de Migración, cuyo reglamento de puesta en ejecución está siendo analizado para aprobación en estos momentos.¹⁹ Y ratificó, en 2006, los Protocolos de Palermo contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.²⁰

16. El Poder Judicial creó nuevos mecanismos para garantizar la protección de los derechos fundamentales y la conciliación de conflictos por medio de las Oficinas de Defensoría Pública y los Centros de Mediación de Conflictos, proyecto ejecutado con la colaboración de la Procuraduría General y la ONG Participación Ciudadana, así como otras organizaciones de la sociedad civil que apoyan por igual la iniciativa.²¹

17. Respecto a la debida documentación de nacionales y de extranjeros en el territorio nacional, la Junta Central Electoral inició en el año 2005 diversos procesos concurrentes, tales como la depuración y la automatización del Registro Civil para dotarlo de credibilidad y de funcionalidad;

la regularización de las declaraciones tardías; el registro de recién nacidos extranjeros en el Libro de Extranjería; y la debida documentación de dominicanos y de extranjeros con base en datos biométricos.

18. Como colofón al proceso de institucionalización de la vida nacional, el mejor aliado del Gobierno y de la sociedad dominicana ha sido y sigue siendo el incondicional ejercicio de la libertad de prensa y de expresión por todos los medios de comunicación social en todo el territorio nacional. No ha habido un solo caso de aparente intimidación o de flagrante agresión física, que no haya sido de inmediato investigado, esclarecido y sancionado en las instancias correspondientes. En igual sentido, la absoluta libertad con que las ONGs nacionales e internacionales cumplen sus objetivos en el territorio nacional.

2.3 Cooperación con los mecanismos internacionales para la protección de los derechos humanos

19. El compromiso dominicano con la reforma de las actividades de las Naciones Unidas en relación a los derechos humanos es incondicional y da a este tema una prioridad institucional compatible con la posición de la Carta de las Naciones Unidas.

20. República Dominicana responde positivamente las solicitudes de invitación relativas a la comprobación en el terreno de los procedimientos temáticos especiales y de los órganos creados en virtud de los tratados vigentes, muy particularmente cuando procuran por medio de la visita dar seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.²²

21. La Suprema Corte de Justicia estableció en 2003, por medio de la Resolución 1920, que el sistema constitucional dominicano está integrado por disposiciones de igual jerarquía que

emanan de dos fuentes normativas: la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional; y la internacional, compuesta por los pactos y las convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.²³

22. En el marco particular de la Organización de Estados Americanos, el país mantiene un diálogo fluido con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y contribuye a la consolidación institucional de sus entidades.²⁴

23. Por lo que respecta a otros compromisos internacionales, en el contexto del Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos - Centro América - República Dominicana, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) monitorea cada seis meses un conjunto de variables relativas a los derechos humanos y del medio ambiente en lo que se ha denominado el Libro Blanco.²⁵

3. LOGROS Y RETOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

24. Los importantes avances logrados desde que comenzara el proceso de democratización de la vida nacional, en la década de los años 60, ayudan a enfrentar cuanta violación persista a los derechos humanos. Son esas violaciones y deficiencias, las que se superan en la medida en que el país se institucionaliza, mejora su desempeño y adopta mejores prácticas en materia de derechos humanos. Esto acontece en medio de un marco de referencia estructural de pobreza y de

inmigración: De inmigración, porque en el territorio nacional cohabita junto a la población nacional una creciente inmigración de mano de obra no calificada –12 por ciento de la población dominicana– que busca mejores condiciones de vida.²⁶ Y de pobreza porque, a pesar de que se esfuerza cada día más por superar su récord en materia de derechos humanos, República Dominicana no es un paraíso de riquezas, con un 54.5 por ciento de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza de acuerdo a la CEPAL.²⁷

3.1 Derecho a la documentación del estado civil y de la nacionalidad

25. La persona que no cuente con la debida documentación en un Estado de derecho equivale, de hecho, a un muerto-civil. Puesto que al nacer tenemos el derecho a ser inscritos para que se nos reconozca una identidad que nos confiere la personalidad jurídica y por ende sus atributos –nombre, patrimonio, domicilio, nacionalidad, estado civil–, la Junta Central Electoral (JCE), responsable del Registro Civil, se esmera por documentar debidamente a toda persona, además de modernizar dicha institución y por hacerla más confiable y eficiente.

26. En abril de 2007, en atención a la Ley 258-04 de Migración, la JCE dictó la Resolución No. 02-2007 que pone en vigencia el Libro Registro del Nacimiento del Niño de Madre Extranjera no Residente en República Dominicana, conocido como Libro de Extranjería. Gracias a éste, todo menor de edad nacido en el país de padres extranjeros cuenta con la debida documentación oficial y por ende puede ser inscrito por sus progenitores en su delegación correspondiente.²⁸ 27. El Libro de Extranjería no aplica para un recién nacido o un menor de edad de

nacionalidad desconocida. En este caso, acogiendo el derecho a la nacionalidad de toda persona, República Dominicana le concede la nacionalidad dominicana de conformidad con la

Convención para Reducir los Casos de Apátrida adoptada por las Naciones Unidas en 1961.

28. Para eliminar la situación de indocumentado ascendiente a 600,000 nacionales sin acta de nacimiento y/o sin cédula de identidad personal que fueron detectados por el Gobierno Dominicano en 2004, la JCE suscribió un acuerdo interinstitucional con el Gabinete de Coordinación de la Política Social del Gobierno nacional para fortalecer y relanzar la Unidad de las Declaraciones Tardías. Del año 2004 al 2008, fueron registradas un total de 363,967 declaraciones tardías, de las cuales 81,680 pertenecen a mayores de 16 años y 282,287

corresponden a menores de 16 años de edad.²⁹ Adicionalmente, en agosto de 2007 se promulgó la Ley 218-07 por medio de la cual el Congreso Nacional estableció una Amnistía de tres años para las declaraciones tardías de los nacionales menores de 16 años de edad.

29. De manera concomitante, para facilitar el proceso de captura de los datos biométricos incluidos en los nuevos documentos de identificación personal, se elevó el número de Centros de Cedulación de 13 a 49, entre 2006 y 2008. Y para brindar a la ciudadanía obtener de forma rápida y digital la expedición de actas del estado civil han entrado en operación seis Centros de Servicios, en adición a las oficialías tradicionales, al finalizar el año 2008.

30. En tal contexto, dos malos entendidos merecen ser allanados. El primero concierne el alegato de que, al depurar y automatizar el Registro Civil³⁰, la JCE pretende privar –de manera arbitraria y por motivos ocultos– de la debida documentación a personas que disfrutaban de la misma, particularmente cuando se trata de nacionales haitianos y de sus descendientes. Pero la verdad es otra. Dado el gran número de actas y de expedientes incompletos, suplantados, adulterados y duplicados en el Registro Civil, la JCE emitió una instrucción que ordenó a sus funcionarios que se abstuviesen de emitir, firmar y copiar certificados de nacimiento a individuos cuyos padres fuesen extranjeros y que no se hubiese probado legalmente su documentación y residencia en la Cámara Administrativa de la JCE.

31. Es cierto que dicha medida administrativa ha dado como resultado indudables casos de cancelación de documentos de identidad y de nacimiento. Pero también es cierto que la legalidad no puede sucumbir en el pedestal del fraude y de la ilegalidad. El propósito único y exclusivo de la disposición ha sido detectar los fraudes cometidos en el Registro Civil: a julio 2008, la JCE reportó el descubrimiento de 2,416 cédulas de identidad personal “emitidas irregularmente”

a extranjeros, entre 1994 y 1997. De éstas, 72 (3 por ciento) fueron emitidas a inmigrantes haitianos, es decir, difícilmente pueda avalarse que se trata de una medida discriminatoria en perjuicio de nacionales haitianos, sino que su objetivo único es hacer confiable un instrumento esencial para conducir la vida social en cualquier Estado de derecho.³¹

32. El segundo malentendido incide en la comprensión relativa al Jus Solis en la Constitución dominicana. Se esgrime en contra del Estado dominicano que la decisión de no documentar como dominicanos a los hijos de haitianos que nacen en el país equivale a reducirlos

funcionalmente a la condición de apátridas. Pero en estas circunstancias no procede hablar de apátridas.

33. El derecho constitucional haitiano se rige por el Jus Sanguinis, y por consiguiente, el hijo de nacionales haitianos es haitiano –independientemente que nazca en Haití o en otra país.³² Por vía de consecuencia, cuando un descendiente de nacional haitiano nace en territorio dominicano no se está ante un apátrida. La certificación del Libro de Extranjería, lejos de privarlo de

nacionalidad, le garantiza la debida documentación para que sus padres puedan reclamar e inscribir su nombre y nacionalidad al momento de nacer.

34. De manera recíproca, en el ámbito del derecho constitucional dominicano, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 14 de diciembre de 2005 sustenta que, desde la Constitución de 1929, el Jus Solis por el que se rige el Estado dominicano sólo es extensivo a aquellos

inmigrantes cuyos padres no diplomáticos o en tránsito residan de manera legal en el país.³³A lo que conviene añadir que es discutible si el hijo de padres haitianos con residencia legal en suelo dominicano podría ser dominicano de origen pues, la Constitución de Haití no reconoce la doble nacionalidad.³⁴

3.2 Derecho a la igualdad racial y a la no discriminación

35. Como ex colonia americana de una nación europea, República Dominicana también heredó una cultura salida de la esclavitud y de políticas de Estado que permitían la discriminación racial, especialmente contra los africanos de raza negra y sus descendientes. La omisión durante mucho tiempo por sucesivos gobiernos dominicanos de corregir el daño provocado por dicha herencia parece haber sustentado situaciones de exclusión social y permitido la proliferación de

expresiones de racismo –no como políticas de Estado, sino a título individual–, entre miembros particulares de la población dominicana. En la actualidad, el Estado y el Gobierno Dominicano reconocen la injusticia de todo tipo de discriminación y, para superarla, siguen adoptando medidas que enfrenten con el rigor de la ley y de las mejores prácticas la discriminación y la xenofobia.

36. Ejemplo de lo anterior son las acciones afirmativas adoptadas como políticas públicas para reservar al menos un tercio de los puestos electivos a las mujeres³⁵, así como el acceso preferencial a los tribunales de justicia a todo aquél que por la razón que fuere se sienta discriminado o lesionado en sus derechos. También, la reforma del Código Penal en 1997 establece como infracción penal la discriminación y los atentados contra la persona.³⁶ 37. Todavía más, para garantizar a toda persona y sin discrimen el acceso a la justicia, en atención a los Principios IV y VII del Código de Trabajo, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana dispuso mediante sentencia la “inaplicabilidad” del Artículo 16 del Código Civil³⁷ por considerarlo discriminatorio. Reforzando dicha disposición, la Suprema Corte también dispuso que un trabajador extranjero indocumentado tiene derecho a accionar en justicia, tal y como ocurre de manera ordinaria, en reclamo de sus prestaciones laborales.

38. En consecuencia, República Dominicana sigue comprometida y reitera su compromiso de hacer uso con toda la fuerza de la ley y sin excepción de todos los mecanismos institucionales bajo su control para prevenir y evitar la ocurrencia de cualquier nuevo incidente de

discriminación racial por parte de particulares y para que los que ocurran sean debidamente sancionados en los tribunales de justicia.

3.3 Derechos a la seguridad pública, a la integridad personal y al debido proceso de la ley 39. República Dominicana, desde 1924, prescribió la pena de muerte. El derecho a la vida y a la integridad es inalienable e inherente a toda persona³⁸ e igualmente, en caso de conflicto, el tener acceso al debido proceso de ley. Los sucesivos gobiernos democráticos en el país han avanzado de manera satisfactoria: entre 2003 y 2008, no se tiene conocimiento de crímenes ni de desapariciones por motivos políticos. En otros aspectos, sin embargo, no se ha progresado al ritmo esperado: durante ese mismo lapso se produjeron reportes en el sentido de que particulares

y grupos de vecinos estuvieron envueltos en ejecuciones sumarias y que los organismos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas abusaron físicamente de detenidos e hicieron alarde de un excesivo uso de la fuerza.

40. En medio de esas luces y sombras, emergen dos realidades promisorias y una promesa.

La primera realidad promisoria surge con la indetenible institucionalización y credibilidad de los procesos de justicia.³⁹ Iniciando en 1997, una de las primeras acciones asumidas por las autoridades, en consulta con representantes de la sociedad dominicana, fue la selección independiente de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y, a seguidas, la toma de una serie de medidas encaminadas a la profesionalización del sistema judicial dominicano. La raíz de este proceso radica en la preservación de la independencia del Poder Judicial como poder estatal⁴⁰, lo cual redunda en mayor seguridad jurídica en el país.⁴¹ En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia ha dictado reglamentos, resoluciones y sentencias que van dirigidas a fortalecer el respeto a las garantías y la debida aplicación de la ley en los procesos judiciales.⁴²

41. Uno de los aspectos más importantes en este contexto de reformas e institucionalización es el nuevo modelo de sistema penitenciario. Este sistema eleva la dignidad del recluso, e implica el acondicionamiento físico del centro, lo que disminuye la superpoblación. Se ha ejecutado en los últimos cinco años un plan de remodelación, estableciendo 11 cárceles “modelos” y cinco

nuevos centros en construcción. La reinserción social de cada hombre y mujer que entra al nuevo modelo es superior al 97 por ciento, y la reincidencia es un 2.7 por ciento, lo que se refleja en mayores niveles de seguridad para la población. La Republica Dominicana, será reconocida por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el

Tratamiento del Delincuente, como la nación que mejores prácticas penitenciarias implementa.

42. La segunda realidad promisoria es la continua depuración y capacitación de todo el

personal que integra las fuerzas del orden y de la seguridad nacional, desde la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, hasta las Fuerzas Armadas y sus distintos cuerpos especializados. Los jefes de los distintos cuerpos han iniciado la investigación y depuración efectiva de sus miembros para evitar actos de complicidad y de corrupción, de tráfico de influencia, de ejecución de crímenes y delitos. Una vez comprobada una irregularidad, el inculpado es dado de baja de la institución y traducido a los tribunales ordinarios competentes.

43. La Policía Nacional, en agosto de 2007, anunció una política de tolerancia cero a la impunidad y a los abusos y violaciones de los derechos humanos. Bajo la nueva administración, la Unidad de Asuntos Internos investigó efectivamente cargos graves de agresión física,

amenazas de muerte, uso inapropiado de un arma de fuego, agresión verbal, atracos y robo.

A noviembre de 2008, 117 agentes cancelados del cuerpo policial se encuentran cumpliendo penas en las cárceles públicas y se han realizado 1,820 investigaciones que resultaron en 312 cancelaciones y 563 sanciones disciplinarias.⁴³

44. La formación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en materia de sus respectivas disciplinas y de los derechos humanos constituye otro esfuerzo notable del Gobierno Dominicano. Entre los avances de las Fuerzas Armadas en materia de derechos

humanos, debe citarse la creación del Instituto Militar de los Derechos Humanos, en el año 2000, hoy Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que ha capacitado y graduado 13,578 participantes entre militares y civiles.⁴⁴ A su vez, el Instituto de Dignidad Humana de la Policía Nacional ha proporcionado cursos y talleres de formación y de

entrenamiento a 37,000 oficiales y alistados policiales, así como a personas de la población en general.

45. Ambos esfuerzos, la reforma del sistema judicial dominicano y la depuración de las fuerzas del orden y de la seguridad nacional, contribuyen a contrarrestar las violaciones y a catapultar los derechos humanos y la integridad de cada persona en el territorio nacional.

46. La promesa anunciada (ver, 40) concierne el difícil problema de la corrupción en la vida nacional. Sus raíces éticas, económicas e institucionales, ponen en entredicho de manera cotidiana el buen desenvolvimiento de la administración de la justicia, de la vida ciudadana, del orden público, de la gobernabilidad democrática, así como el combate a la pobreza. Los indicadores para el control de la corrupción considerados en el Índice de Gobernanzadel Banco Mundial⁴⁵ sitúan a República Dominicana entre los diez países de América más ineficaces en la lucha contra la corrupción durante 1996.⁴⁶ De ahí el desafío que enrostra la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, creada en 1996; la anunciada política de “tolerancia cero” a la corrupción en la administración pública, reiterada por el Poder Ejecutivo; el “Plan Estratégico República Dominicana Transparente, de Ética y Prevención de la Corrupción 2009-2012”; y los tribunales de la República.⁴⁷

3.4 Trata de personas y tráfico de indocumentados

47. La trata de personas –en todas sus formas: incluyendo la de mujeres, de menores de edad–, así como el tráfico de indocumentados, está constitucionalmente prohibida en República

Dominicana.⁴⁸ A pesar de ello, empero, se siguen reportando violaciones a la disposición constitucional y a las leyes positivas del país, motivo todo ello de alta preocupación para la sociedad dominicana y para sus autoridades.⁴⁹

48. Por vía de consecuencia, en octubre de 2007 el Gobierno Dominicano estableció la

Comisión Nacional contra el Tráfico y la Trata de Personas, con la responsabilidad de desarrollar una estrategia nacional para combatir la trata y mejorar la protección a las víctimas. La

Procuraduría General de la República, por medio de su Unidad Contra el Tráfico y Trata de Personas, coordinó la investigación y persecución de todos los casos de trata de personas.⁵⁰ Las unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Migración y la Procuraduría General se enfocan en la trata de personas, así como también lo hizo el Comité Interinstitucional para la Protección de la Mujer Migrante. A nivel internacional, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores desarrolló una red mundial de oficiales consulares entrenados para reconocer y asistir a las víctimas dominicanas del tráfico.⁵¹

49. La explotación sexual comercial de menores de edad aparece como variante particular del tráfico de personas. La Comisión Interinstitucional Contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial⁵², co-presidida por la Secretaría de Trabajo y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), con el apoyo de la OIT para la Eliminación del Trabajo Infantil, aúna esfuerzos con el Ministerio Público y la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, para combatir la explotación sexual de adolescentes en destinos turísticos como Boca Chica, Sosúa, y Las Terrenas.⁵³

50. En el contexto de tales esfuerzos, sin embargo, procede una aclaración: la entrada de niños, niñas y adolescentes procedentes de Haití al territorio dominicano no necesariamente es un caso

más de trata de menores de edad. UNICEF⁵⁴ aclaró ya en 2004 que, del estimado de 2,000 menores de edad haitianos que entran anualmente al país, la mayoría no llega como víctima del tráfico de humanos, pues vienen por motivos de reunificación familiar o debido a acuerdos particulares en razón de los cuales alguna persona se hará cargo de ellos en procura de mejorarles sus oportunidades y horizontes de vida.

51. Otra situación a la que las autoridades prestan atención es a la trata de niñas y de mujeres, particularmente cuando se practica con fines de explotación sexual. Las redes de traficantes de mujeres que operan en el país son denunciadas y perseguidas por la más variada asociación de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.⁵⁵ En ningún caso reportado se ha

permanecido indiferente ni complaciente frente a tal violación de los derechos humanos, tal y como evidencian a modo de ejemplo las drásticas medidas tomadas para enfrentar y detener el tráfico de mujeres hacia Sur y Centroamérica.

52. En otro orden de cosas, en la actualidad, los inmigrantes ilegales se integran de manera voluntaria al mercado laboral dominicano por iniciativa propia o familiar, más que inducidos, forzados o engañados por los denominados “buscones”.⁵⁶ Los estimados más fidedignos hablan de entre 900 mil y 1.2 millones de migrantes ilegales en República Dominicana, trabajadores mayoritariamente de nacionalidad haitiana. Ante ese fenómeno, conviene afirmar de manera categórica que el Gobierno Dominicano no propicia, no se beneficia y no permanece indiferente ante un flujo migratorio de consecuencias insospechadas.⁵⁷

53. Las autoridades han tomado una serie de medidas para contrarrestar y regular dicho flujo migratorio: promulgaron la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y la Ley 285-04 sobre Migración; el Decreto 575-07, de 2007, que estableció la Comisión

Nacional Contra el Tráfico y la Trata de Personas, el cual actualmente valida el Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (2009-2014). De 2004 a finales de 2008, más de 400 inspectores de migración y autoridades policiales, militares y civiles han sido suspendidos, cancelados y/o sometidos a la justicia por su participación en delitos de trata de personas y de tráfico de indocumentados.⁵⁸

54. Otra de las principales medidas tomadas para frenar el tráfico de indocumentados en la frontera dominico-haitiana fue la puesta en funcionamiento en 2006 de un cuerpo especialmente entrenado en materia de control fronterizo: el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CESFRONT. Con éste se procura resguardar el lado dominicano de la frontera, pero no ya por la sola presencia y mera fuerza militar, sino con la acción preventiva de una instancia

especialmente entrenada para preservar el orden y dar cumplimiento a la Ley de Migración y a los convenios internacionales en la materia.

55. Pocos asuntos han generado más críticas al país, en materia de trata de personas, que el ingreso de braceros a la industria azucarera. Hasta el año 1986, esos trabajadores temporeros entraban al país de manera legal, amparados por un convenio de contratación entre los estados de Haití y República Dominicana y luego de Haití y el Consejo Estatal del Azúcar dominicano.

Venían al corte de la caña durante el período de zafra y regresaban al final de ese período. Se trataba de una acción lícita y supervisada por organismos internacionales como la OPS/OMS y la OIT.

56. Al caducar esos acuerdos interestatales e institucionales, se impuso de hecho una nueva modalidad: la búsqueda de braceros temporeros por medio de intermediarios (“buscones”).

Éstos, a lo largo de los años 90, dotaron a la industria azucarera dominicana de braceros al inicio de cada zafra. Pero dicha modalidad ha quedado en desuso, además de que viene siendo

sistemáticamente enfrentada y sancionada por el Gobierno Dominicano. Entrada la década de 2000, no quedan vestigios del de los intermediarios en el sector azucarero.⁵⁹

3.5 Derechos de la mujer

57. La nación dominicana en su conjunto se esfuerza cada día más por hacer valer los derechos de la mujer, proporcionando así la indispensable igualdad ante la ley. En materia de derechos políticos, los principales logros alcanzados son que la Ley Electoral 12-2000 elevó a un 33 por ciento la cuota femenina para los puestos electivos y la 13-2000 estableció la alternabilidad de género en candidaturas tales como síndico/a y vice-síndico/a.⁶⁰

58. En el contexto de aquel esfuerzo, la violación sexual y la violencia de género e intrafamiliar siguen siendo una realidad sub reportada, pues las víctimas muchas veces no reportan los casos sujetos de infracción penal porque temen el estigma social o consideran que el sistema judicial no hará el reparo apropiado.⁶¹

59. Con el propósito de erradicar esa situación, el Gobierno Dominicano promocionó el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género como instrumento para la aplicación de políticas públicas que permite una intervención estatal con enfoque de género. Y para garantizar su seguimiento estableció, mediante el Decreto 974-01, las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo en todas las dependencias gubernamentales.⁶²

60. Las secretarías de trabajo y de la mujer ejecutan programas para garantizar que ésta disfrute de la misma condición legal que el hombre y resguardarla de todo tipo de violación a la ley intrafamiliar; se creó una procuradora para el seguimiento a nivel nacional y se han instalado en trece provincias unidades integrales de atención y prevención de la violencia de género

integradas por fiscales psicólogos, ginecólogos forenses, médicos legistas, paralegales y dotación policial preparados para el abordaje efectivo y sin revictimación de las mujeres agredidas.

3.6 Derechos de los niños, niñas y adolescentes

61. En el país, la Ley 136-03 hace énfasis en los mecanismos de coordinación intersectorial, planificación, supervisión, control, participación y exigibilidad ciudadana a través del Sistema Nacional de Protección de lo Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del cual el CONANI es el órgano rector. A su vez, el Código del Trabajo Dominicano y subsecuentes regulaciones de la Secretaría de Estado de Trabajo prohíben el empleo de menores de 14 años, imponen

restricciones al empleo a menores de 16 y protegen de las peores prácticas de trabajo infantil a los menores de 18.⁶³ A pesar de todo lo cual, aun cuando se registra una gradual disminución durante el período 2003-2008, las violaciones a aquellas normativas no dan tregua al esfuerzo de las autoridades y de distintas organizaciones de la sociedad dominicana.⁶⁴ El trabajo infantil se practica principalmente en el sector informal, no en el formal, en el ámbito de pequeños negocios, del trabajo doméstico y de la agricultura.⁶⁵

62. Para contrarrestar y reducir a cero esa mala práctica, el Comité Directivo Nacional de Lucha Contra el Trabajo Infantil, presidido por la Secretaría de Estado de Trabajo, cuenta con 31 comités municipales y 3 comités locales que a su vez constituyen redes de vigilancia y agrupan instituciones del sector gubernamental, empresarial, sindical y de la sociedad civil.⁶⁶ Dicho Comité ejecuta el Plan Estratégico Nacional para la erradicación de las peores formas de Trabajo Infantil 2006-2016 que ya ha logrado retirar y prevenir a 27,300 menores de edad de situaciones de riesgo y de explotación laboral; y a otros 5,574 con el programa de iniciativas educativas para erradicar el trabajo infantil.

63. Atendiendo recomendaciones del referido Comité, las autoridades han puesto en ejecución un programa adicional cuyo objetivo final es prevenir el trabajo infantil y su meta retirar

8,500 menores de edad de la explotación laboral.⁶⁷ Fruto de tal esfuerzo es la sensible disminución del número de niños, niñas y adolescentes expuestos y sometidos a las peores formas de trabajo infantil, pasando de 9.3 por ciento en 2004 a 6.4 por ciento en 2008. La misma Secretaría, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, continúa trabajando con el Programa de la OIT para la Eliminación del Trabajo Infantil.⁶⁸ Adicionalmente la Secretaría de Trabajo verifica de manera sistemática que no se empleen menores de edad.⁶⁹

64. Para reforzar la lucha contra el trabajo infantil, la Secretaría de Estado de Educación, por sí sola y/o en alianza con un conjunto de empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil, viene mejorando sus servicios para que todos los menores de edad estén en las aulas y no en las plazas de trabajo. Con ese propósito, en 2003, autorizó que los menores de edad indocumentados en edad escolar cursaran el Ciclo Básico⁷⁰ que, de por sí, es obligatorio: esta sola medida

favorece por igual a dominicanos y a extranjeros carentes de la debida documentación civil.

65. En adición a los esfuerzos propios de la Secretaría de Educación por aumentar la cobertura, evitar la deserción y mejorar la calidad de la enseñanza impartida, el Gabinete Social del

Gobierno Dominicano puso en práctica un programa de subsidios a familias necesitadas a cambio que sus hijos en edad escolar asistan a la escuela y se alejen de los lugares de trabajo.

Al año 2008, el programa “Subsidio Escolar” beneficiaba a más de 208,000 familias, siempre que sus hijos tengan una asistencia a clases superior al 85 por ciento.

66. Un conglomerado de empresas del sector privado e instituciones de la sociedad civil, en colaboración con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, ejecutan por su parte el

proyecto “Educando para combatir la explotación laboral infantil”, iniciativa que es administrada por una ONG dominicana, EDUCA.⁷¹ Tan sólo en los bateyes de uno de los centrales azucareros de la región de San Pedro de Macorís ya operan 14 “Espacios para Crecer” con la colaboración de Save The Children y otras ONGs locales como el Instituto Dominicano para el Desarrollo Integral.⁷²

67. Resulta tangible que, aun cuando no todo está al alcance del Gobierno Dominicano,⁷³ las autoridades no dejan de reivindicar con hechos incuestionables su compromiso con el bienestar y con los derechos de todos los menores de edad en el territorio nacional.⁷⁴

3.7 Derecho al trabajo

68. El Código Laboral Dominicano –Ley 16-92– contempla la libertad para organizarse en sindicatos, y todos los trabajadores, exceptuando los militares y los policías, son libres de

organizarse y de unirse al sindicato de su elección en zonas urbanas y rurales. Al día de hoy, el 8 por ciento de la fuerza laboral en el país está sindicalizada. El mismo Código establece un sistema de tribunales laborales para lidiar con las disputas.

69. El estudio más reciente hecho por la ONG Fundación para la Institucionalidad y Justicia demostró que el tiempo promedio de resolución de un caso es de 15.3 meses en los tribunales de primera instancia, y de 16.4 meses en los tribunales de apelación. La práctica indica, sin embargo, que la mediación no vinculante facilitada por la Secretaría de Estado de Trabajo (SET) ha sido el método más efectivo para resolver las disputas entre los trabajadores y los empleadores.

70. Varias ONGs reportaron durante el quinquenio 2003-2008 que la mayoría de trabajadores haitianos indocumentados que laboran en diversas industrias agrícolas y de la construcción no ejercieron sus derechos por temor a la cancelación o a la deportación. Esa no es toda la verdad.

Por cada caso reportado se encuentran decenas en contrario, como por ejemplo, el derecho que asistía y que ejercieron más de 500 trabajadores haitianos indocumentados que, empleados en un ingenio azucarero, demandaron a su empleador y ganaron, en primera instancia, el derecho a un contrato escrito y a beneficios laborales.⁷⁵

71. La SET ejerce la supervisión del sistema laboral por medio de 203 inspectores. En 2007, éstos realizaron casi 80,000 inspecciones y 85,000 en 2008.⁷⁶ De manera particular, durante esos mismos años se realizaron 55 visitas especiales de inspección en las regiones agrícolas de San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, San Cristóbal e Independencia. En ninguna de ellas las irregularidades laborales encontradas y/o reportadas quedaron impunes. Por añadidura, ni en esos eventos de supervisión ni en reportes particulares de ONGs locales e internacionales, quedaron sin investigar y/o sancionar denuncias de acoso e intimidación de parte de los empleadores al movimiento sindical organizado.

72. Un caso paradigmático durante aquellos años fue el de la Federación Dominicana de Trabajadores de Zonas Francas. Ésta comunicó que continuaban los incidentes de actividades anti-sindicales en la planta de TOS Dominicana en Bonao y fue entonces que la SET facilitó conversaciones entre los dueños de la planta y los empleados y, en agosto de 2008, las partes firmaron un acuerdo de negociación colectiva de tres años luego de casi un año de negociación.

Este caso ejemplar no significa que no existan discordias laborales en el país, sino que la SET se mantiene vigilante para hacer respetar el Código Laboral y los derechos de los trabajadores nacionales y extranjeros en todo el territorio nacional.

73. En lo que concierne al derecho al trabajo, las políticas públicas del Gobierno Dominicano para la promoción y el cumplimiento de este derecho se basan en el concepto de “trabajo decente” formulada por la OIT en 2003. Para ponerlo en práctica, en 2006 y 2007 se realizaron diferentes actividades bajo la coordinación regional de la OIT para familiarizar con el referido concepto y establecer prioridades, estrategias y resultados previstos en consulta con las

organizaciones de trabajadores y empleadores. Las prioridades del Gobierno para hacer efectivo el derecho al trabajo son la generación de más y mejores empleos; la erradicación del trabajo forzoso y del trabajo infantil; y el fortalecimiento del diálogo social. Son esos los principales retos que actualmente encaran las autoridades nacionales.

74. En lo que va del primer decenio del nuevo siglo, durante la crisis financiera nacional de 2003 que costó un 24 por ciento del PIB dominicano, la tasa de desempleo absoluto llegó de

acuerdo a cifras oficiales a poco más del 24 por ciento de la población económicamente activa, descendiendo posteriormente a un 14 por ciento a finales de 2008.⁷⁷ Tan alto nivel de desempleo absoluto –aunado con el incremento porcentual del sector informal a un 54 por ciento de la actividad económica, según cifras de 2007, además de la continua llegada de inmigrantes indocumentados por la frontera terrestre con Haití–, constituyen el más agudo de los desafíos socioeconómicos que retan por igual a las autoridades y a la sociedad dominicana.

75. Una forma fundamental de combatir la pobreza más allá de la asistencia social es ejercer el derecho al trabajo. Los datos del Banco Central de la República Dominicana indican que, saliendo de la crisis financiera de 2003, desde agosto de 2004 hasta abril de 2007 se generaron 345,777 nuevos empleos y 59,141 de octubre de 2006 hasta abril de 2007.⁷⁸ Al año 2006, la tasa de empleo en hombres era de 62.3 por ciento y en las mujeres es de 31.9 por ciento.

3.8 Lucha contra la pobreza

76. Una de las características del modelo de desarrollo dominicano, de acuerdo a Informes de Desarrollo Humano del PNUD, es que no obstante el elevado crecimiento del PIB per capita por largos períodos, República Dominicana no ha logrado reducir la pobreza ni las desigualdades y exclusión social.⁷⁹ De acuerdo a la misma fuente, esto se debe a la elevada concentración del ingreso nacional y a la concepción de corte asistencialista que venía imperando en las políticas sociales. Como consecuencia, la mayoría de la población es altamente vulnerable, como se demostró en el hecho de que bastó un año de crisis bancaria dominicana en el año 2003 para que el número de pobres aumentara en 1.5 millones de personas.

77. No obstante, República Dominicana enfrenta ese mal desarrollando dentro de sus posibilidades financieras nuevas políticas unificadas de complementación de los ingresos y realizando inversiones en servicios universales de salud y de educación, con el propósito siempre de orientar el crecimiento económico hacia una inclusión social que disminuya progresivamente la extrema pobreza.⁸⁰

78. Con el propósito de mitigar el hambre y de socorrer a las familias en extrema pobreza, el Gobierno Dominicano dio inicio a mediados de 2004 al Programa Comer es Primero. Gracias a una concepción más integral, Comer es Primero es hoy día una de las iniciativas que operan como parte integral del Programa Solidaridad. Por medio de su tarjeta electrónica de débito, Solidaridad garantiza a ciudadanos en extrema pobreza la satisfacción de derechos relacionados con la educación, la salud, el transporte, la protección a los envejecientes y la seguridad

alimentaria y nutricional. Desde su inicio el último trimestre de 2004, hasta finales de 2008, el Gobierno Dominicano ha entregado por medio del Programa Solidaridad la suma de

$RD11,013.1 millones (± $EE.UU.324.8 millones)a 796,957 beneficiarios.⁸¹

79. Al comenzar el año 2009, la Tarjeta Solidaridad cubría un total de 461,580 hogares. Cada hogar recibe un subsidio de $RD700 (± $EE.UU.21)al mes para adquirir sus alimentos en el contexto del Programa Comer es Primero. Del mismo universo de hogares, 208,000 reciben

$RD150 (± $EE.UU.4.50) mensuales adicionales por cada hijo que esté en la escuela y mantenga una asistencia escolar superior al 85 por ciento.También, para proteger a las familias pobres y de clase media baja afectadas por causa del incremento de los precios de los combustibles

registrados a mediados del año 2008, subsidia cada mes 800,000 hogares con $RD228

(± $EE.UU.6.90), en el contexto del Programa Bono Gas, destinado a aliviarles la carga que para

ellos representa la compra del gas de cocinar y de gas para el transporte.⁸² Y de manera complementaria, Solidaridad también ha erogado, durante el período 2004-2008, la suma de

$RD473.1 millones (± $EE.UU.14.3 millones) a personas envejecientes, incluyendo sus medicamentos, y $RD137 millones (± $EE.UU.4.2 millones) como incentivo a la educación superior.

80. Por su lado, el Programa Progresando, de carácter socio-educativo y bajo la

responsabilidad del Despacho de la Primera Dama, beneficia a 300,000 familias en extrema pobreza y, para contrarrestar el déficit habitacional, el Instituto Nacional de la Vivienda ha entregado 228,789 facilidades habitacionales entre 2003 y 2008⁸³.

3.9 Derecho a la salud y a la seguridad social

81. República Dominicana concibe la salud como uno de los ejes fundamentales de los

derechos sociales y de ahí la relativa mejoría registrada en términos de inversión pública en este sector. La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) trabaja en aras de la descentralización de sus servicios y, entre los principales programas dirigidos a los sectores más vulnerables, se encuentran los siguientes: Materno Infantil, VIH/ Sida, Tuberculosis, Ampliado de Inmunizaciones (vacunaciones), campaña para detección oportuna de

enfermedades crónicas (cáncer) y políticas públicas destinadas a incentivar la lactancia materna, nutrición, facilitar el acceso a las consultas prenatales y a charlas para la planificación familiar.

En este contexto, el mayor reto sigue siendo la asignación suficiente de recursos para atender, construir y equipar la red hospitalaria nacional.

82. Luego de la aprobación de la Ley 87-01 de Seguridad Social, el sistema ha tenido avances notables. La cobertura del Seguro Familiar de Salud del Régimen Subsidiado, destinado a ciudadanos en situación de pobreza, ha pasado de 65,000 personas a mediados de 2004, a 1,224,643 personas en todo el territorio nacional. Estas personas reciben sin costo alguno en los hospitales públicos de todo el país, servicios médicos, tratamientos ambulatorios, intervenciones quirúrgicas y prestaciones por procedimientos de alto costo. Y el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo para empleadores y trabajadores públicos y privados, que apenas

comenzó en septiembre de 2007, a fines del año pasado, ya cubre 1,729,671 (51 por ciento de la meta) de asalariados y sus dependientes.

83. Ese tránsito de asistencialismo a ciudadanía repercutirá a la larga muy favorablemente en el desarrollo del sistema de salud. Por el momento, el balance es positivo. Esto no significa, sin embargo, que no queden obstáculos por superar: por ejemplo, la aparente debilidad de los

organismos reguladores y supervisores, que aún dejan abiertas posibilidades de evasión y elusión de responsabilidades.

84. Para dejar atrás recurrentes alegatos infundados, conviene subrayar que la población haitiana indocumentada en el país sí es beneficiaria de atención médica en el Sistema de Seguridad Social. Tan sólo el año pasado, SESPAS destinó $RD576 millones

(± $EE.UU.16 millones), equivalentes a más del 13 por ciento de su presupuesto, a atender la población haitiana que requirió servicios de salud en el país.⁸⁴

85. Cualquier trabajador, independientemente de género y de nacionalidad, e incluso aun sin cotizar, recibe asistencia médica en el contexto del Sistema de Seguridad Social. Por ello mismo,

a modo de ejemplo, si bien los bateyes azucareros son lugares emblemáticos de pobreza y de exclusión, en la región de San Pedro de Macorís los picadores y demás obreros habitantes en los bateyes de la única compañía azucarera que opera ahí dota de cobertura de salud bajo el Régimen de Salud Contributivo, mediante contrato con una proveedora de servicios de salud, a sus 900 picadores de caña y a sus dependientes; en adición, mantiene 14 centros de atención primaria para la misma población de dominicanos, de haitianos y de sus descendientes.

86. El derecho a la salud, en el contexto del sistema de seguridad social dominicano, es incluyente de una serie de iniciativas que benefician aspectos particulares como por ejemplo los programas preventivos y los curativos de SESPAS para la entrega gratuita de medicamentos a los pacientes de trasplantes renales, tuberculosis, VIH/SIDA, quimioterapias y diálisis. Por estos programas se erogan $RD1,500 millones (± $EE.UU.45.3 millones) cada año.

87. Conviene advertir en ese contexto los esfuerzos que realizan las autoridades de la SET por hacer prevalecer los derechos de la mujer y de los enfermos de VIH-SIDA, cada vez que de manera subrepticia se les imponen pruebas de embarazo y de VIH en los centros laborales.

Cuantas veces se excluya a mujeres embarazadas y se estigmatice a enfermos de VIH, esta situación no es tolerada sino combatida por las autoridades correspondientes bajo el amparo de la Ley 55-93 sobre el SIDA.⁸⁵

88. Además del seguro médico, el Sistema Dominicano de Seguridad Social comprende un plan de pensión. Este plan garantiza que todo trabajador dominicano pueda gozar al llegar a su vejez de una pensión, sin importar el lugar donde haya prestado sus servicios y, en caso de que no haya reunido los requisitos para obtener una pensión, que pueda ser beneficiario de una pensión de solidaridad. Los montos de estas pensiones no hacen distinción en función de género, raza o religión.

3.10 Derecho a la educación

89. En términos de verdadera transformación y auténtico progreso económico y social para superar la pobreza y acceder al futuro sostenible del país, tanto el Gobierno como la sociedad dominicana reconocen que sólo la educación está en condiciones de proveer los conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y éticos requeridos para producir grandes

transformaciones. El gran desafío de la educación dominicana es mejorar la calidad, ya que el país posee la segunda tasa de matrícula más alta de América Latina, con 91.1 por ciento para estudiantes entre 6 y 18 años de edad. Al 2005-2006, la tasa bruta de matrícula en el último año (obligatorio) de educación preescolar, ha sido de 83.7 por ciento, de un 104 por ciento para la educación primaria, y de 71 por ciento para educación secundaria.⁸⁶

90. De ahí que el Gobierno se haya comprometido –luego de haber propiciado en el transcurso de los años 2006-2007 la Consulta Nacional para la Excelencia de la Educación en República Dominicana y de haber elaborado el Plan Decenal para todos los niveles educativos del país– a ponerlo en ejecución para el período 2008-2018 para la educación preescolar, primaria,

secundaria, técnica y universitaria.⁸⁷ Ese empeño justifica que se haya aumentado el presupuesto del sector educación para 2009, en 4,090,000,000 (± $EE.UU.113.4) como forma de ir

alcanzando de manera gradual la meta de un 4 por ciento del PIB como inversión al sector educativo nacional.

91. Aquel presupuesto no incluye los recursos anuales invertidos en becas para estudiantes meritorios de grado y de postgrado en las más prestigiosas universidades de América, de Europa y de Asia: a finales de 2008, 2,500 estudiantes realizaban sus estudios universitarios, siendo la inversión promedio en ellos de $EE.UU.12,500 por estudiante. Tampoco incluye el referido presupuesto la serie de proyectos que el Gobierno ejecuta con fondos de cooperación

internacional o bilaterales,⁸⁸ ni el fondo nacional de becas que el Gobierno y las universidades dominicanas destinan para cubrir los costos de más de 4,000 universitarios haitianos que estudian en el país, gracias a esos fondos, becados como si fueran dominicanos.

92. Preocupa los menores indocumentados, nacionales o extranjeros, sin la debida identificación, en principio no debiera permitírseles asistir a centros escolares, y para no privarlos del derecho a la educación, desde el 2002, la Secretaría de Educación dispuso que los menores puedan cursar el nivel básico, hasta regularizar su situación. Existe un acuerdo desde el 2005, entre Secretaría Estado de Educación y la JCE. La primera identifica a niños/as y

adolescentes no declarados. La segunda, como responsable del Registro Civil, facilita el proceso, hasta dotar por sus padres de acta (certificado) nacimiento a cada estudiante. A partir del año escolar 2004/2005, se ha logrado dotar de este documento de identidad a miles de niños/as y adolescentes. Según fuentes de la Dirección General de Supervisión Escolar entre

septiembre/diciembre del año escolar 2008-2009, se identificaron 31,979 niños/as y adolescentes sin actas de nacimiento inscritos/as en centros educativos de las diferentes Direcciones

Regionales, dotándose de acta de nacimiento en el transcurso y al final del año escolar a 21,152 equivalente a 66.14 por ciento.

93. En resumidas cuentas, el compromiso con la educación es el compromiso con la juventud, y por tanto es una empresa nacional en aras de un mejor futuro ciudadano en el que las riquezas estén mejor distribuidas y la pobreza ceda el paso al bienestar social.

3.11 Derechos culturales

94. La nación dominicana es una sociedad multiracial y multicultural. Su esfuerzo es

garantizar el derecho de todos y de todas a participar en las actividades y el desarrollo cultural, en preservar y promover su patrimonio, tangible e intangible, producto de su historia llena de interacciones entre los más diversos grupos culturales: aborígenes, africanos, europeos, asiáticos y americanos. Estas características y condiciones han permitido un proceso de conformación de una política cultural que comenzó a organizarse a nivel estatal con la creación de la Secretaría de Estado de Cultura y la formulación de un conjunto de normativas⁸⁹ que han ido conformándose desde el siglo XIX.

95. El conjunto de programas en ejecución durante el período 2003-2008 van, desde el remosamiento de la infraestructura cultural, hasta la realización de las ferias de libro, los carnavales provinciales y nacionales, el relanzamiento de la educación artística, la creación del sistema de escuelas libres para la formación cultural en las comunidades, el programa de promoción al libro y la lectura, los festivales de teatro, danza, y los programas de murales en las provincias y municipios del país. Esos programas⁹⁰ buscan mejorar el alcance e impacto de la acción cultural, entendida ésta como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos, donde se incluyen las dimensiones de las expresiones populares y autóctonas, como es el caso de la

Hermandad del Santo Espíritu de los Congos de Villa Mella, reconocida por la UNESCO como patrimonio de cultura intangible de la humanidad.

96. En el marco de referencia de los derechos de la población, el gran reto del Gobierno y del pueblo dominicano y sus organizaciones sigue siendo construir una ciudadanía cultural,

democrática y diversa.

3.12 Grupos vulnerables

97. Ningún grupo social es más vulnerable a la inequitativa distribución de oportunidades y de riqueza en la nación dominicana que la población rural. Los esfuerzos realizados durante los últimos 40 años para promover los beneficios de la reforma agraria, así como del crédito

comercial vía el Banco Agrícola y de la asistencia técnica, han sido insuficientes para superar la concentración de pobreza en el campo dominicano.

98. La expresión de esa situación extrema se refleja en dos indicadores coincidentes: pérdida de relevancia del sector agrícola e inseguridad alimentaria en el país.⁹¹ A nivel macroeconómico, la participación del sector agropecuario ha pasado de 12 por ciento del PIB, en la década de los 90, a tan sólo un 8 por ciento a mediados de la década en curso y su producción para exportación pasó de 21 por ciento, en 1996, a 15 por ciento en 2007. Y a nivel de seguridad alimentaria, ni siquiera la segunda meta del primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio: a saber, reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre en el país, pasando de 27 por ciento en el 1990-1992 a 13.5 por ciento, será alcanzado pues la proyección es tan sólo de 21.7 por ciento.⁹²

99. No obstante, las estadísticas no revelan la seriedad del esfuerzo nacional por superar dicha situación. Existen programas exitosos en ejecución, como el del Desayuno Escolar que al

finalizar el año 2008 llegaba a 1.6 millones de escolares del sistema público, indistintamente de si el estudiante es o no dominicano. La Secretaría de Estado de Educación invierte en este programa $RD17 millones diarios (± $EE.UU.501,327/día), proporcionando así entre un 20 y un 25 por ciento de la energía que necesitan diariamente los menores de edad para desarrollarse física e intelectualmente.⁹³

3.13 Derechos del migrante

100. República Dominicana es uno de los países que realiza mayores sacrificios por proteger y garantizar los derechos del migrante, en su doble condición de Estado emisor y receptor. En su Constitución y en sus leyes no hay qué contradiga esos derechos y por eso estudia en la

actualidad la adhesión a la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares.

101. Esto es tanto más cierto cuando se pondera el doble proceso al que se enfrenta la nación dominicana; a saber, por un lado el paso de una sociedad eminentemente rural (80 por ciento en 1960), cuando escasamente tenía 4 millones de habitantes, a una urbana (75 por ciento) en la década de 2000, con 9.2 millones de habitantes. En ese contexto, los servicios públicos se muestran insuficientes e incapaces de proveer cobertura y calidad de los mismos a la población.

Del otro lado, segundo reto, la realidad demográfica da pie a un proceso de emigración de aproximadamente 1.5 millones de dominicanos, que a su vez se ha visto equilibrado por la

inmigración de mano de obra no calificada proveniente principalmente aunque no exclusivamente de Haití.

102. En contra de República Dominicana se alega que debería tener la posibilidad de absorber la mano de obra haitiana, además de garantizarle una estadía digna, por lo menos decente, poniendo a su disposición los beneficios de una vivienda, de un sistema de salud, de educación, de

transporte, de pensión y mejores niveles salariales. Pero resulta que el país no está en capacidad de ofrecer de manera satisfactoria uno solo de esos beneficios: no puede ofrecérselos de manera adecuada ni siquiera a los dominicanos.⁹⁴ No se trata de voluntad de excluir por excluir, de violar derechos por violarlos, sino incapacidad económica para repartir lo que no existe, en tanto que país en vías de desarrollo, con un 54.5 por ciento de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza.⁹⁵

103. A pesar de esas limitaciones, República Dominicana no es defensora y no practica ni propicia ninguna forma de violación sistemática de los derechos humanos en su territorio. Todo extranjero que reside legal o ilegalmente en territorio nacional:

i) Ingresa de manera voluntaria, no de manera forzada y puede, si así lo decide, abandonar el territorio nacional.

ii) Si labora, recibe siempre un salario establecido de común acuerdo y conforme a la normativa vigente.

iii) Las remuneraciones son equivalentes por tipo de labor, independientemente de la raza, el género o de la nacionalidad de quien realiza la labor.

iv) Se le garantiza la libertad sindical y de asociación.

v) Recibe igual trato en lo que concierne a sus prestaciones laborales establecidas por ley, de conformidad con el Código Laboral.

vi) Puede y de hecho hace valer sus derechos laborales en la SET.

vii) Se le garantiza y provee acceso a los tribunales nacionales y también así a los medios de comunicación social y en foros institucionales y eclesiales, nacionales e

internacionales, sin por ello ser objeto de sanciones ni represiones.

viii) Tiene libre acceso a, y cuenta con el respaldo y protección de diversos servicios eclesiales, múltiples ONGs e instituciones bilaterales, así como de los medios de comunicación nacionales e internacionales.

ix) Disfruta de libertad para circular por todo el territorio nacional e, igualmente, de libre movilidad de un sector a otro de la economía y de una a otra empresa o lugar de trabajo.

x) Comparte igual cantidad y calidad de servicios que los nacionales, pues en ningún momento se le sitúa o se le obliga a residir en sitios exclusivos para ellos, segregados o aislados del resto de la población dominicana.

xi) Diferenciado exclusivamente en función de su situación económica, posee igual acceso a las oportunidades y a los servicios existentes en el país.

xii) Los que llegan temporalmente de último, sin calificaciones laborales y por la vía ilegal, no necesariamente acceden de inmediato a las mejores opciones y condiciones de vida disponibles y por eso permanecen en los estratos menos favorecidos de la sociedad; pero no por ello deja de registrarse, cada vez con más frecuencia, la promoción social en ambientes comerciales, académicos, empresariales y políticos.

xiii) La vida cotidiana no transcurre no en un espacio segregado sino en uno en el que interactúan de manera fluida con los miembros de distintos grupos, en campos o en poblaciones urbanas.

104. Por consiguiente, ocurrirán cuestionables exclusiones por motivos económicos, pero no por efecto de nacionalidades ni del color de la piel.⁹⁶ En este punto República Dominicana quiere ser enfática: está opuesta de manera firme y decisiva a cualquier tipo de componenda y de abuso en detrimento de los trabajadores migrantes, particularmente los ilegales.⁹⁷ En la medida en que los inmigrantes haitianos laboran en todos los sectores de la economía nacional, las autoridades tienen el reto de reglamentar y administrar los flujos migratorios para que los trabajadores migrantes sean legales, para que no sobrepasen las necesidades o demandas de mano de obra, para que sus aportes sean positivos y, también, para que no se conviertan en un factor de competencia empresarial desleal ni una carga social insostenible.⁹⁸

105. Un tema sensible en este contexto es el alegato de los abusos y excesos que cometen las autoridades de Migración en contra de nacionales haitianos cada vez que se procede a

repatriarlos violando sus derechos. A este particular conviene reiterar, y sobre todo verificar en la práctica, que la Dirección General de Migración ha circunscrito la repatriación de haitianos ilegales en el país a los términos consignados en el Protocolo firmado a ese efecto entre Haití y República Dominicana en 1999.⁹⁹

106. Otros dos temas recurrentes que conciernen la vulnerabilidad de la población haitiana en el país son el de la salud y el de la educación. En el ámbito de la salud, se denuncia ante la opinión pública nacional e internacional que la población haitiana no recibe servicios de salud, por su condición de indocumentada u otra. El desmentido a esos alegatos se encuentra en el 23 por ciento del presupuesto regular de la SESPAS del que son beneficiarios por los servicios de salud requeridos en lo que va de década¹⁰⁰ y en los permisos excepcionales que se otorgan a menores en edad escolar y las facilidades dadas a los universitarios haitianos en el país.¹⁰¹

4. DOS RETOS MAYORES Y UN COMPROMISO FORMAL 107. La transición democrática de República Dominicana está en su etapa de

institucionalización de todos sus procesos ciudadanos. Esto implica dos retos principales¹⁰²: primero, brindar a todos por igual, más allá de diferencias económicas, igualdad de

oportunidades y de servicios, en zonas urbanas, rurales y semi-urbanas, indistintamente de género, nacionalidad, raza, edad u otras variables. Y segundo, detener y regular el flujo de

trabajadores inmigrantes indocumentados que sigue llegando al país, de modo a asumir e integrar el peso socioeconómico, institucional y cultural que impone a la nación dominicana una

inmigración que ya representa el 12 por ciento de la población.