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Matriz de seguimiento a las recomendaciones derivadas de la segunda revisión de
México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal
Tema Tema
Específico
Recomendación Estatus (cumplida, en proceso,
no reporta avances)
Dependencias competentes
Acciones realizadas para dar cumplimiento
Armonización legislativa
12. Trabajar en pro de la rápida incorporación a la legislación federal y estatal de las disposiciones de los instrumentos
internacionales, incluido el Estatuto de Roma (Túnez);
En proceso Poder Legislativo PGR CJA-SRE
Entre 2010 y 2012, la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario de México elaboró un anteproyecto de reformas a la legislación penal federal para armonizarla con los crímenes contenidos en el Estatuto de Roma y otros instrumentos de derecho internacional humanitario de los que México es Parte.
Asimismo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) elaboró un proyecto de Código Nacional Penal en el año 2017, a fin de contar con un sistema de justicia penal homologado, con aplicación en todo el territorio. La iniciativa se encuentra dividida en tres libros, el tercero es el que establece los delitos y la responsabilidad penal internacional, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Roma. Dicho proyecto tiene la calidad de iniciativa. Ello debido a que es necesario contar primero con una reforma constitucional que determine la posibilidad del Congreso de la Unión para legislar en materia penal sustantiva única.
Para México, es indispensable y prioritario consolidar una legislación sin discriminación, que reconozca y proteja los derechos humanos de las mujeres concretando las reformas necesarias que garanticen su desarrollo en todos los ámbitos; en el periodo que corresponde de agosto de 2014 a diciembre de 2017, se registró un avance de 248 modificaciones en materia penal consistentes en reformar, adicionar o derogar preceptos discriminatorios.
16. Armonizar
plenamente su legislación nacional con las
obligaciones derivadas del Estatuto de Roma (Estonia);
2 13. Seguir armonizando
el sistema de justicia y la legislación penal del país con las reformas
constitucionales (Ucrania);
En proceso PGR CNS Poder Legislativo Poder Judicial
La Presidencia envió en 2017 al Congreso de la Unión, un primer paquete con ocho iniciativas de reforma constitucional, tres iniciativas de reforma legal y la propuesta de una nueva Ley General, así como un decreto administrativo, que forman parte de las reformas en materia de Justicia Cotidiana. Sus principales elementos son los siguientes:
1. Crear, a nivel constitucional, el Sistema Nacional de Impartición de Justicia, lo que permitirá una mayor articulación entre los Poderes Judiciales y los demás órganos del Estado Mexicano que imparten justicia.
2. Fortalecer la independencia de los poderes judiciales locales, así como sus órganos de administración, vigilancia y sanción. Se impulsa que los jueces y magistrados se nombren a partir de conocimientos y experiencia, para elevar la calidad de la justicia que imparten. Se busca que las autoridades privilegien la resolución del fondo de los conflictos, evitando que los formalismos o tecnicismos legales retrasen o nieguen la justicia a la población.
3. Crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para unificar en todo el país las reglas en esta materia. Para evitar la disparidad de derechos, y lograr que en todos las Entidades Federativas prevalezcan las mejores prácticas.
4. Se propone una Ley General de Justicia Itinerante, para que la Justicia llegue a todo México, sin importar que tan pequeña o de difícil acceso sea una comunidad, y que la justicia esté al servicio de los que más la necesitan.
Asimismo, se implementó el sistema de justicia penal acusatorio el 18 de junio de 2016, que implica un cambio radical de paradigma, al transitar de un sistema penal inquisitorio a un sistema oral acusatorio a nivel nacional, que permite proteger los derechos humanos de manera efectiva en todo el proceso.
14. Proseguir las reformas
constitucionales, con miras a elaborar una legislación penal
coherente a nivel federal (Eslovaquia);
104. Continuar la lucha contra la impunidad, especialmente en relación con la violencia contra las mujeres, los niños, los defensores de derechos humanos, los periodistas y todos los demás grupos
vulnerables
(Estonia)/Luchar contra la impunidad mediante la realización de
investigaciones
exhaustivas de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos (Francia);
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Se publicó en el Diario Oficial la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en junio de 2016.
La PGR impulsó el desarrollo de una “Guía Básica en materia de Derechos Humanos para el Desarrollo de Audiencias”, con el propósito de proporcionar a los Agentes del Ministerio Público Federal con los conocimientos básicos para el desarrollo de audiencias en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, con base en el respeto a los derechos humanos.
En 2015 y 2016, en la PGR se impartieron 186 sesiones de capacitación en materia de Derechos Humanos y Género, a los que asistió un total de 5,297 servidores públicos (39% hombres y 61%
de mujeres).
11. Proseguir sus actividades e iniciativas encaminadas a promulgar la legislación necesaria para proteger y promover los derechos humanos y garantizar el desarrollo económico y un mejor nivel de vida (Omán);
En proceso Poder Legislativo
Todas las dependencias de la APF
Se impulsó la armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres. En 2015, se realizó un análisis con perspectiva de género a la legislación penal, civil y laboral para identificar preceptos discriminatorios que vulneran los derechos humanos de las mujeres y las omisiones, en la legislación vigente, de derechos que no se encuentra contemplados. Los hallazgos se han compartido a los Gobiernos y Congresos locales para concretar las reformas correspondientes.
Por otra parte, el INMUJERES, por medio del Sistema Automatizado de Opiniones de la Administración Pública Federal (SAO), ha revisado y dictaminado de 2011 a la fecha más de 500 iniciativas a las que han sido incorporados el enfoque de género y derechos humanos de las mujeres.
De agosto de 2014 al 31 de marzo de 2017, los congresos locales de las entidades federativas reformaron, adicionaron o derogaron 330 normas para garantizar los derechos humanos de las mujeres 28. Adoptar las medidas
necesarias para aprobar o mejorar leyes
subsidiarias durante la armonización de las enmiendas
constitucionales y legislativas relacionadas con la promoción de los
4 derechos humanos
(Tailandia);
en sus códigos penales y 151 en sus códigos civiles y familiares, armonizándolos con el marco federal y con los instrumentos internacionales en esta materia.
En 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que reconoce a niñas, niños y adolescentes (NNA) como titulares de derechos, crea y regula el
“Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” y sienta las bases para la participación de los sectores privado y social en la materia.
Se reformó en 2014 la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, a fin de establecer competencias y mecanismos de coordinación, entre los tres órdenes de gobierno, para la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos en materia de trata de personas y la reparación del daño a las víctimas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva.
Asimismo, en 2014 se reformó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, misma que amplió el catálogo de motivos de discriminación, para incluir color de piel, cultura, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, identidad o filiación política, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales, homofobia, misoginia, segregación racial, discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. De 32 Leyes antidiscriminatorias en las Entidades Federativas, 27 cuentan con la prohibición expresa de género como motivo de discriminación.
En 2015 se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a los estados a crear organismos 33. Seguir esforzándose
por garantizar que todas las autoridades del país apliquen de manera efectiva el nuevo marco jurídico para que todos los ciudadanos puedan ejercer efectivamente sus derechos (Montenegro);
35. Seguir esforzándose por fortalecer y
promover los derechos humanos (Yemen);
38. Proseguir las
iniciativas en relación con las medidas adoptadas y la legislación aprobada para la aplicación efectiva de las nuevas disposiciones
constitucionales (Marruecos);
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autónomos que aseguren la máxima transparencia en el acceso a la información. Amplía el número de sujetos obligados a órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, y cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal terminó de implementarse en 2016. Dicha Reforma constitucional logró expedir legislaciones únicas y transformar el proceso penal tradicional en uno de corte acusatorio y oral, con base en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, igualdad de las partes, debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento.
Se aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal en el 2016, que regula la prisión preventiva, la ejecución de penas y las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.
Establece los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regula los medios para la reinserción social.
En 2017, a cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas (2013), y ante la necesidad de atender la demanda de las personas en situación de víctima de contar con un marco normativo óptimo para dar cumplimiento a las responsabilidades del Estado en la materia, se llevó a cabo una reforma cuyo objeto fue optimizar los mecanismos para asistir, atender y reparar de manera integral a las víctimas. Los aspectos principales atendidos por la reforma fueron: la eficacia en el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI); los Derechos de las personas en situación de desplazamiento interno de contar con políticas con enfoque diferencial; se incorpora la facultad de atracción considerando la magnitud del hecho victimizante; se
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amplían las instituciones que pueden otorgar la calidad de víctimas;
se reestructura la organización y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desaparece el pleno y se designa a un Comisionado Ejecutivo, se fortalece la participación de la sociedad civil a través de la creación de la Asamblea Consultiva y se fortalece la figura del asesor jurídico de las víctimas.
Se aprobó la Reforma Laboral en 2017, que transformó el sistema de justicia laboral para fortalecer su eficiencia y autonomía. Se crean los tribunales del Poder Judicial en materia laboral (anteriormente las juntas laborales dependían del Poder Ejecutivo) e instancias de conciliación obligatoria para la solución pacífica de las controversias laborales.
En 2017 se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, que establece la distribución de competencias y coordinación entre autoridades para prevenir, investigar y sancionar dichas conductas; homologa los delitos conforme a estándares internacionales, establece las medidas de atención y asistencia a víctimas del delito, la responsabilidad de diferentes autores por acción u omisión, incluidos superiores jerárquicos que conozcan o participen en esos delitos. Prevé la exclusión de toda prueba obtenida, directa o indirectamente, a través de tortura; crea fiscalías especializadas; garantiza el derecho de presentar peritajes independientes apegados al Protocolo de Estambul y la imprescriptibilidad de la acción penal.
En 2017 se aprobó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Dicha ley establece la distribución de competencias y la estrategia de coordinación entre autoridades para prevenir, investigar y sancionar dichas conductas, homologa el delito de desaparición
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forzada y desaparición por particulares; establece el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, así como un Consejo Ciudadano para la evaluación de la aplicación de la ley, la creación de Fiscalías especializadas y el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Derechos civiles y políticos.
Combate a la corrupción y la impunidad
106 Redoblar los
esfuerzos para combatir la impunidad y la corrupción en todo el país mediante la creación de una institución federal de lucha contra la
corrupción, con capacidad de enjuiciar;
así como mediante la asignación de recursos suficientes para investigar y enjuiciar los delitos contra las mujeres y los niños (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
En proceso SFP ASF PGR
Poder Judicial Poder
Legislativo
El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de combate a la corrupción. El objetivo de la reforma, es entre otros, dotar de atribuciones a diversas autoridades de todos los órdenes de gobierno para combatir la corrupción.
Establece la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) integrado por autoridades y ciudadanos. El SNA funge como la instancia coordinadora entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
Las disposiciones de la reforma constitucional se consolidaron mediante la expedición de un paquete de leyes generales y federales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, entre las cuáles se encuentra la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, como nuevas leyes;
además de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal.
107 Continuar e
intensificar sus esfuerzos para combatir la
corrupción en todos los niveles de la
administración pública (Chipre)/Seguir luchando contra la corrupción en todos los niveles (Cuba);
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El SNA cuenta con un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos, que aseguran la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de los objetivos del SNA.
De enero de 2017 a la fecha, la PGR coordinó 63 actividades académicas relacionadas al tema de combate a la corrupción, beneficiando a 1,152 Servidoras y Servidores Públicos de la institución.
Como parte de los planes y programas de estudio de los Cursos de Formación y Capacitación Inicial para Agentes de la Policía Federal Ministerial (generación 2017-II), el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, impartió la asignatura "Ámbito de responsabilidades del Agente de la Policía Federal Ministerial", en la cual se abordó el tema "Delitos por hechos de corrupción".
Asimismo, se impartió el "Taller de técnicas de traducción y terminología jurídica", dirigido a Aspirantes a Peritos (generación 2017), en el cual se abordó de manera específica el tema "Delitos por hechos de corrupción".
Combate a la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos y degradantes
19 Armonizar el marco jurídico contra la tortura con las normas
internacionales de derechos humanos y aplicar el Protocolo de Estambul en todos los estados federales. Las personas responsables de actos de tortura deben ser sancionadas como corresponde para prevenir la práctica de la
En proceso PGR CNS
Poder Judicial Poder
Legislativo
En 2015, la PGR promovió tres instrumentos para la investigación del delito de tortura:
•
•
El 5 de octubre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo A/085/15, que establece las Directrices que deben seguir los agentes del Ministerio Público de la Federación, los peritos en medicina y psicología y demás personal de la PGR, para los casos en que se presuma la comisión del delito de tortura.•
• El 27 de octubre de 2015, se publicó en el DOF el Acuerdo A/101/15 por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del9 tortura en el futuro
(Alemania);
Delito de Tortura, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la cual concentra los casos de investigación en materia de tortura, bajo un órgano especializado, optimizando el uso de recursos y promoviendo una actuación ministerial oportuna, sensible, eficiente y efectiva.
•
• El 19 de agosto de 2015, en la XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, fue aprobado el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, publicándose el 23 de septiembre del 2015 en el DOF.
Asimismo, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, las autoridades civiles cuentan con un marco para conocer sobre casos de presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar. En ese sentido, cualquier afectación a los derechos humanos cometida por un militar puede ser revisada o recurrida ante tribunales ordinarios a través de un juicio de amparo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Sin embargo, el cambio paradigmático se realizó en 2017 con la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, misma que establece la distribución de competencias y coordinación entre autoridades para prevenir, investigar y sancionar dichas conductas; homologa los delitos conforme a estándares internacionales, establece las medidas de atención y asistencia a víctimas del delito, la responsabilidad de diferentes autores por acción u omisión, incluidos superiores jerárquicos que conozcan o participen en esos delitos. Prevé la exclusión de toda prueba obtenida, directa o indirectamente, a través de tortura; crea fiscalías especializadas; garantiza el derecho 20 Hacer el seguimiento
de las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT), asegurando que la
definición de tortura en la legislación federal y estatal esté en plena consonancia con las normas internacionales y regionales, y previendo la inadmisibilidad en los procesos judiciales de las pruebas obtenidas bajo tortura (Hungría);
49 Aplicar las
recomendaciones de la Convención contra la Tortura, promover la aplicación del Protocolo de Estambul para determinar los casos de tortura y formar a expertos forenses;
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de presentar peritajes independientes apegados al Protocolo de Estambul y la imprescriptibilidad de la acción penal.
Con base en dicha ley, el 26 de enero de 2018, se publicó en el DOF el Acuerdo A/006/18 por el que se crea la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura y se establecen sus atribuciones como encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos señalados en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El 4 y 5 de diciembre de 2017, en el marco de la XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se aprobó la actualización del Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, conforme a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Asimismo, actualmente trabaja en la aprobación de los perfiles que deberán cubrir los servidores públicos de las Fiscalías Especializadas, así como en un Programa de Capacitación en la materia.
De acuerdo a la información identificada en el Sistema de Información de la Profesionalización (SIP), de enero de 2017 a la fecha se coordinó 1 Actividad Académica relacionadas al tema de PROTOCOLO DE ESTAMBUL, beneficiando a 16 Servidoras y Servidores Públicos de la institución
Con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura, en particular en lo referente a proporcionar una reparación integral a las víctimas del tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluida
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una indemnización justa y adecuada y una rehabilitación tan completa como sea posible, se informa que con corte al 31 de mayo de 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ha emitido 26 proyectos de dictamen en materia de reparación integral, a través de los se atendieron y repararon a 114 víctimas de tortura y desaparición forzada, de conformidad con las medidas establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Víctimas, entre las que destacan medidas de: i) restitución, ii) rehabilitación, iii) compensación, iv) satisfacción y v) no repetición, derivados hechos victimizantes relacionados con la tortura.
50 Asegurar que las investigaciones de presuntas torturas no sean realizadas por la misma autoridad acusada de cometer actos de tortura (Suecia);
En proceso PGR CNS
Poder Judicial
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional.
La investigación del delito de tortura se lleva a cabo por la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, creada el 26 de enero de 2018 mediante la publicación del acuerdo A/006/18 en el DOF. Se auxilia durante la investigación del Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, publicado en el DOF el 02 de febrero de 2018. En dicho Acuerdo se establece la autonomía técnica y de gestión de recursos económicos y humanos, en los artículos PRIMERO, así como SEXTO TRANSITORIO.
En casos de excepción, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura conocerá de asuntos del fuero común, ejerciendo Facultad de Atracción. Por otro lado, la PGR cuenta con una unidad específica para atender casos que involucren a servidores públicos de la institución, llamada Visitaduría General. La misma tiene preponderancia en la investigación de tortura respecto a la Fiscalía 51 Seguir asignando
prioridad a la aplicación de la legislación vigente para prevenir y sancionar la tortura, tanto a nivel federal como estatal (Portugal);
52 Seguir esforzándose por que se investiguen debidamente las denuncias de casos de tortura, las detenciones arbitrarias y las
desapariciones (Turquía);
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antes mencionada, cuando se cuente con indicios de algún tipo de involucramiento o encubrimiento, como lo dispone el Artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Con la finalidad de generar propuestas de política pública dirigidas a la sensibilización y concientización sobre la prohibición absoluta de la práctica de la tortura, la CEAV elaboró en 2016 el “Diagnóstico Nacional sobre la Percepción de la Población sobre la práctica de la Tortura”. Este diagnóstico atiende al mandato de la LGV que dispone la obligación de promover (…) “promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, y dispone recomendaciones de política pública específicas para autoridades de manera diferenciada.
Asimismo, con el objeto de contar con una herramienta útil para la debida investigación de los hechos victimizantes, la CEAV elaboró el
“Directorio de organismos que cuenten con peritos independientes a las instituciones de procuración de justicia que apliquen Protocolo de Estambul” (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes).
Como parte de los planes y programas de estudio de los Cursos de Formación y Capacitación Inicial para Agentes de la Policía Federal Ministerial (generaciones 2014, 2015, 2016-I, 2016-II, 2016-III, 2017-I y 2017-II), en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, se impartió la asignatura "Derechos Humanos", en la cual se aborda de manera específica el "Protocolo de Estambul".
Asimismo, se impartieron las asignaturas "Medicina Forense"
(generaciones 2015, 2016-I, 2016-II y 2016-III) e "Inducción a los
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Derechos Humanos" (generación 2017), dirigidas a aspirantes a Peritos, en las cuales se aborda de manera específica el "Protocolo de Estambul".
53 Establecer un sistema para recibir e investigar las denuncias de torturas o malos tratos y
suspender de sus funciones a los
sospechosos de tortura, así como modificar su legislación y la definición de tortura en el ámbito estatal, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (Azerbaiyán);
En proceso PGR CNS
Poder Judicial CEAV
Con el propósito de brindar orientación y asesoría jurídica especializada a las personas víctimas la CEAV creó, al interior de la Asesoría Jurídica Federal, direcciones especializadas conforme a delitos y violaciones a derechos humanos específicas, una de ellas es la Dirección Especializada en Tortura, Ejecuciones Extrajudiciales y Condiciones Carcelarias.
Dicha instancia reporta que, al 31 de diciembre de 2017, la CEAV ha proporcionado atención a través de la representación de asesores jurídicos en 1,081 casos de tortura, y brinda atención multidisciplinaria a 189 casos de tortura, que incluye 398 víctimas directas y 258 víctimas indirectas. Asimismo, al 31 de mayo de 2018, el Registro Nacional de Víctimas registra 403 víctimas de tortura, lo cual implica el acceso a medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral.
En la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se aprobó en las XIV y XV Asambleas Plenarias Nacionales 44 protocolos de actuación derivados de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entre ellos se cuenta con el de “Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes a las Personas Privadas de la Libertad”, que describe las acciones para prevenir violaciones del derecho a la integridad personal y a las condiciones dignas y seguras de las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios, respetando, garantizando y promoviendo sus derechos humanos
Todos estos delitos pueden ser iniciados por las unidades sustantivas de la PGR, sin embargo, en atención a la especialidad de estos hechos delictivos se han creado unidades especializadas para atenderlos e implementar estrategias específicas. La investigación
14
del delito de tortura se lleva a cabo por la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, creada en enero de 2018. Se auxilia durante la investigación del Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, publicado en el DOF el 02 de febrero de 2018.
En el caso del delito de feminicidio, este puede ser atendidos por la FEVIMTRA, unidad que cuenta con un “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial, y Pericial con perspectiva de género para el delito de Feminicidio”, cuyo uso se recomienda en la investigación de muertes de mujeres en tanto se compruebe con evidencia científica la configuración de este delito.
Asimismo, con la nueva Ley General en materia de Tortura se fortaleció el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU en la materia, otorgándole mayores facultades y recursos para la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el país. En abril de 2018, se integró el Comité Técnico Ciudadano encargado de su seguimiento.
En 2017, se crearon cinco oficinas regionales de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. Esto ha robustecido las capacidades de vigilancia y supervisión, para asegurar que todos los integrantes de la corporación cumplan con los principios institucionales. Las oficinas regionales han permitido acercar e implementar procedimientos de inspección e investigación, así como la atención de quejas y denuncias (de integrantes y/o ciudadanos) que permitan detectar irregularidades o faltas en la aplicación de los procesos.
Desaparición forzada y desaparición
15 Agilizar las gestiones con las Comisiones Unidas de Justicia,
En proceso PGR CNS
Poder Judicial
En 2017, se promulgó la “Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas” (LGMDFP), que
15 por
particulares
Gobernación y Estudios Legislativos del Senado con miras a la pronta adopción de la reforma para armonizar la definición del delito de desaparición forzada con los estándares
establecidos por la Convención Internacional en la materia, de
conformidad con lo expuesto en el párrafo 86 del informe (Chile);
Poder Legislativo
establece herramientas y mecanismos para abordar de forma efectiva el tema de la desaparición forzada en México, incluyendo la creación de un Programa Nacional de Búsqueda y un Programa Nacional de Exhumaciones, al igual que la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses.
De igual forma, para la creación de protocolos y acciones de búsqueda la LGMDFP establece tomar en cuenta instrumentos de investigación, análisis de actores involucrados, estudios comparativos de modelos o prácticas exitosas, mapas de denuncias, victimización, incidencia delictiva, entre otros para abordar de forma efectiva dicho tema.
El 16 de febrero de 2018, se publicó el Acuerdo A/013/18 en el DOF, el cual crea la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y se establecen sus obligaciones.
El 22 de junio de 2018, se publicó Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, en el DOF, con el objetivo de establecer el procedimiento para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio del procedimiento; así como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los Familiares o personas legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por el Órgano Jurisdiccional competente, así como, reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida; brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la Persona Desaparecida, y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares.
La Fiscalía Especializada aplica el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito 54 Elaborar un protocolo
nacional para la búsqueda de personas cuya desaparición se haya denunciado e investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y garantizar que los responsables sean enjuiciados y las víctimas obtengan reparación (Irán (República Islámica del);
55 Adoptar medidas institucionales y jurídicas adecuadas para dar una respuesta eficaz al problema de las
desapariciones forzadas
16 y los homicidios
internacionales impunes (Uzbekistán);
de Desaparición Forzada (FEBDP), publicado el 15 de octubre de 2015, como apoyo para la investigación de este delito y el desarrollo de estrategias de búsqueda.
El Protocolo tiene como objetivo determinar las mejores prácticas de actuación para la investigación ministerial, pericial y policial de desapariciones forzadas, definiendo principios y procedimientos eficientes que se apegan a la normatividad nacional e internacional, así como a principios de atención a víctimas de desaparición forzada
En cumplimiento a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, referente a los perfiles que deberá cubrir los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas en la materia, se cuenta con el Proyecto de los perfiles de puesto de las tres ramas sustantivas (ministerial, policial y pericial), mismo que el 24 de enero del 2018, fue compartido con los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para su validación u observaciones.
El 15 de febrero del 2018, fue aprobado el Programa de capacitación en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, por los integrantes de la Conferencias Nacional de Procuración de Justicia, a través de medios electrónicos.
Se cuenta con la versión final de los Perfiles de Puesto y funciones para los AMP, Policías y Peritos en la materia, así como con la versión final de los Lineamientos para la capacitación, evaluación, certificación y renovación, mismos que serán sometidos a votación a través de medios electrónicos con los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia del país para su aprobación.
56 Aplicar las recomendaciones pendientes que figuran en el informe de diciembre de 2011 del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Irlanda);
59 Redoblar sus esfuerzos en la lucha contra las desapariciones forzadas (Argentina)/Seguir adoptando medidas para abordar de forma efectiva el fenómeno de la
desaparición forzada (España);
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La PGR preside el Comité Nacional del Programa de Alerta AMBER México, y en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la FEVIMTRA, recae la coordinación nacional de su implementación y operatividad. Dicha alerta es un sistema de advertencia temprana para transmitir información, creado para coadyuvar en la búsqueda, la localización y la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes en riesgo de sufrir daño grave a su integridad personal por ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de libertad o cualquier otra circunstancia en que se presuma la comisión de un delito ocurrido en territorio nacional. Constituye un mecanismo nacional de coordinación y cooperación de los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, académico y otros que pudieran estar involucrados en el marco de sus competencias.
Resultados de Alerta Amber México del 01 de mayo 2012 a 31 de diciembre 2017:
• Total de Activaciones: 286 hombres y 648 mujeres, en total 934, y
• Localizaciones: 178 hombres y 432 mujeres, en total 610.
Se ha buscado y logrado el establecimiento de alianzas que han fortalecido la red de contribuciones e actividades de búsqueda; en el marco de la colaboración con los Estados Unidos de América, en las que se han desarrollado acciones que permiten la cooperación entre ambos países en casos de niñas, niños y adolescentes no- localizados que están en riesgo de sufrir un daño grave en su integridad.
Los trabajos se han realizado en coordinación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (DOJ, por sus siglas en inglés) a través de la Oficina Internacional para el Desarrollo de
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Sistemas de Procuración de Justicia (OPDAT, por sus siglas en inglés), y se ha dado un intercambio de experiencias entre los encargados de operar el Programa en cada país así como la identificación de rutas críticas de comunicación y actuación cuando es necesario activar una Alerta AMBER, o solicitar una colaboración al país vecino.
En ese sentido, la Coordinación Nacional del Programa Alerta AMBER México en Coordinación con OPDAT y con el National Criminal Justice Training Center at Fox Valley Technical College, ha llevado a cabo diversas capacitaciones en México y en los Estados Unidos de América con el objetivo de mejorar la operación de Alerta AMBER.
Por otra parte, en el marco de la Alerta Amber, se participa en la Alerta ALBA-Keneth, la cual constituye un mecanismo de búsqueda que se activa inmediatamente frente a las sustracciones y no localizaciones de niñas, niños y adolescentes en Guatemala, cuando exista la presunción de que podrían encontrarse en ese país.
Por otra parte, en 2017 se crearon cinco oficinas regionales de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. Esto ha robustecido las capacidades de vigilancia y supervisión, para asegurar que todos los integrantes de la corporación cumplan con los principios institucionales. L
as oficinas regionales han permitido acercar e implementar procedimientos de inspección e investigación, así como la atención de quejas y denuncias (de integrantes y/o ciudadanos) que permitan detectar irregularidades o faltas en la aplicación de los procesos.
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Asimismo, de enero de 2017 a la fecha se coordinaron 8 actividades académicas relacionadas al tema de desaparición forzada, beneficiando a 121 Servidoras y Servidores Públicos de la institución.
Como parte de los planes y programas de estudio de los Cursos de Formación y Capacitación Inicial para Agentes de la Policía Federal Ministerial (generación 2017-II), en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, se impartieron las asignaturas
"Derechos Humanos y la Actuación del APFM" y "Ámbito de responsabilidades del Agente de la Policía Federal Ministerial", en las cuales se abordó de manera específica el tema de la
"Desaparición Forzada". Asimismo, se impartieron las asignaturas
"Criminalística de campo" (generaciones 2016-II y 2016-III) y
"Arqueología Forense" (generaciones 2016-II, 2016-III y 2017), dirigidas a aspirantes a Peritos. En éstas se abordan de manera específica el tema de la "Desaparición Forzada".
En relación con el seguimiento al tema del denominado caso
“Guerra Sucia”, observado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, informa lo siguiente:
1) En mayo de 2017 el Comisionado Ejecutivo instruyó a las Unidades administrativas de la CEAV a brindar la atención requerida por las víctimas del período conocido como “Guerra Sucia”, integrar los expedientes requeridos para el acceso de las víctimas a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, elaborar insumos para el dictamen de las resoluciones de reparación integral a que hubiera lugar, así como dar cumplimiento puntual a las tareas encomendadas a la institución en el marco de lo contemplado en el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre
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Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México” de 6 de abril de 2017, así como en la Sentencia de dieciséis de mayo de 2017, dictada en autos del juicio de amparo 62/2016 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, (Asunto Atoyac de Álvarez, Guerrero “Guerra Sucia”);
2) Entre los meses de mayo de 2017 y abril de 2018 se llevaron a cabo 24 brigadas de atención e integración de expedientes de reparación en Atoyac de Álvarez y Acapulco, Guerrero, así como 5 en Ciudad de México y 4 en Culiacán, Sinaloa. De igual forma, se realizaron diversas solicitudes de atención a víctimas de los hechos materia de esta Resolución que, por razón de su más reciente domicilio, se hallaban más próximos a las Delegaciones de esta CEAV ubicadas en las ciudades de Cuernavaca, Morelos, Guadalajara, Jalisco, Mazatlán, Sinaloa y Tijuana, Baja California;
3) Desde agosto de 2017 a la fecha se ha notificado su número de folio de inscripción ante el Registro Nacional de Víctimas a 150 víctimas directas e indirectas de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Al menos el 65% de las víctimas indirectas a las que se integró expediente, son mujeres;
4) Entre octubre y diciembre de 2017 se realizaron 3 campañas de atención médica, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y del Estado de Guerrero, en la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez y en el poblado denominado El Quemado, dando especial atención a víctimas de entre 60 y 80 años;
5) Entre mayo de 2017 y abril de 2018 personal del área de atención psicológica de la CEAV realizó 10 talleres de atención psicosocial dirigidos a grupos de víctimas, 5 de los talleres han tenido lugar en la Sierra de Atoyac de Álvarez, Guerrero y otro en Acapulco, así como dos en la Ciudad de México y 2 en Culiacán, Sinaloa;
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6) Finalmente, cabe señalar que se solicitó información respecto a buenas prácticas aplicadas en procesos de justicia transicional, metodologías de reparación integral y resolución de casos emblemáticos a los gobiernos de países de la región con experiencias similares. Al respecto, esta Comisión Ejecutiva quiere agradecer de manera especial el apoyo brindado en ese sentido por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas de la República de Colombia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República de Argentina por los invaluables insumos que nos confió para emplear las más altas referencias de derecho internacional comparado y buenas prácticas compartidas.
7) Actualmente se desarrolla un proceso técnico de valoración de impacto a partir de expedientes integrados de la época para proceder a las reparaciones integrales que en su caso procedan.
Al 31 de mayo de 2018, el Registro Nacional de Víctimas, cuenta con un total de 995 personas registradas por ese hecho victimizante, 406 directas y 589 indirectas.
Por otra parte, se destaca que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se encuentra conformando la identidad digital de la persona desaparecida (iDig); para generar esta iDig se sigue un proceso de verificación, depuración y sistematización de los registros, que permite eliminar duplicados y que contiene toda la información asociada a la persona desaparecida, como huella dactilar, fotografía con calidad biométrica, perfil de ADN directo o de los familiares de la persona desaparecida, entre otros.
La iDig permite el cruce de información con bases de datos de personas privadas de su libertad y de restos sin identificar contenidos en plataforma México y tiene la intención de que se amplíe con otras bases de datos relevantes para la búsqueda,
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localización e identificación de la persona desaparecida. A la fecha la CNB cuenta con 13,021 fichas iDig de personas desaparecidas.
El Grupo de trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas recomendó garantizar la búsqueda inmediata, sin dilación y de oficio de las personas desaparecidas. En este sentido, la LGMDFP contempla la búsqueda inmediata de cualquier persona que se desconozca su paradero, al respecto la CNB ha implementado mecanismos temporales y transicionales para la atención de dichos casos, en los que ha coordinado acciones de búsqueda con fiscalías federal y locales para la búsqueda, al igual que canalizando dichos casos a la Policía Federal para su atención inmediata. Adicional a ello, la CNB se encuentra trabajando en el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo ha recomendado la cooperación con otros países, víctimas y sociedad civil para la prevención e investigación de las desapariciones de personas migrantes. En este sentido, la CNB ha participado en diversas reuniones con autoridades federales para la implementación del Mecanismo de Apoyo Exterior conforme lo establecido en la LGMDFP, de igual forma se ha mantenido comunicación con representantes de países de Honduras y El Salvador con la intención de llegar a acuerdos y soluciones más ágiles que permitan compartir información relevante para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, como lo serían huellas dactilares e información genética de sus familiares.
57 Realizar una
investigación a fondo y sistemática de todas las denuncias de
desapariciones forzadas, enjuiciar a los
En proceso PGR CJF CEAV
El 16 de febrero del 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo A/013/18 por el que se crea la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y se establecen sus atribuciones. La Fiscalía Especial es la nueva área investigadora en los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
23 responsables y garantizar
que todas las víctimas obtengan reparación, en particular las familias de las personas
desaparecidas (Suiza);
De enero de 2014 a marzo de 2016, se reportaron a la FEBPD 222 personas como desaparecidas por la comisión del delito de desaparición forzada, a la fecha se logró encontrar con vida a 17 y sin vida a 40.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el periodo comprendido entre 2015 y 31 de mayo de 2018, ha emitido 26 proyectos de dictamen en materia de reparación integral relacionados con este hecho victimizante, a través de los cuales se atendieron y repararon a 114 víctimas de tortura y desaparición forzada, del 2015 al 31 de mayo de 2018.
58 Crear una base de datos de migrantes desaparecidos, y
promover la cooperación de todas las autoridades para prevenir y sancionar los delitos contra este grupo (Noruega);
Cumplida PGR
Poder Judicial
El 21 de agosto del 2014, fue anunciado a los medios de comunicación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la creación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que tiene como objetivo poner a disposición de todos, los datos de personas no localizadas, desagregados por sexo, edad, nacionalidad, etnia, señas particulares, condición de discapacidad, así como por entidad federativa, fecha y lugar de la desaparición. La PGR envía la información correspondiente cada mes para ser añadida a los datos de desapariciones del fuero federal.
El 23 de marzo y 9 de abril de 2018 se sostuvieron reuniones con distintas autoridades para la para la implementación del Mecanismo de Apoyo Exterior conforme lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en las que se expuso la intención de la CNB de contar con la Identificación digital (iDig) de las personas migrantes desaparecidas, por lo que se sostendrán reuniones con autoridades de los países con más connacionales desaparecidos en México, como es el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador para lograr el intercambio de información que permita conformar dicha identidad. En este
24
sentido, se ha mantenido comunicación con representantes de países de Honduras y El Salvador con la intención de llegar a acuerdos y soluciones más ágiles que permitan compartir información relevante para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, como lo serían huellas dactilares e información genética de sus familiares.
Fortalecimien to del estado de derecho y seguridad ciudadana
36 Considerar la
posibilidad de intensificar sus esfuerzos para impartir educación sobre los derechos humanos a la clase dirigente y las organizaciones de México en su conjunto con objeto de lograr una adecuada difusión y aplicación de las medidas audaces anunciadas en su informe nacional
(Mauricio);
En proceso SEGOB PGR CNS SEMAR SEDENA CONAPRED CNDH INMUJERES CEAV
Poder Judicial Poder
legislativo
Durante 2016 y 2017, la Secretaría de Marina (SEMAR) suscribió convenios con CNDH, CICR y el Consejo de la Judicatura Federal para capacitar al personal naval en DDHH, Igualdad de Género, Uso de la Fuerza y Sistema de Justicia Penal. Asimismo, en colaboración con CNDH se diseñó, imprimió y difundió a cada miembro de la institución la “Cartilla de Derechos Humanos para el personal de la Secretaría de Marina”.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) cuenta con el sitio virtual Conéctate, el cual tiene el propósito de ampliar los servicios de sensibilización y formación sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 1° constitucional y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED).
25 99 Seguir aprobando la
legislación secundaria necesaria, en relación con la reforma constitucional, armonizándola a nivel estatal y federal, e impartir capacitación a los funcionarios
judiciales para garantizar su aplicación efectiva en ambos niveles (España);
La oferta en línea disponible en este sitio está constituida por 17 cursos auto instructivos a distancia mediante los cuales se realizan lecturas del curso y la resolución de cuestionarios de forma autodidacta. El objetivo es informar y sensibilizar al personal de la Administración Pública Federal (APF), Estatal y Municipal, así como integrantes de la sociedad civil y población en general en materia del derecho a la igualdad y no discriminación para identificar, prevenir y eliminar prácticas discriminatorias que puedan ocurrir en su entorno laboral, social y familiar.
Dentro la oferta en línea se encuentran los cursos Prevención de las violencias con enfoque antidiscriminatorio, en donde se han capacitado desde su primera apertura en 2014 y hasta 2018 a 10, 517 personas (6,804 mujeres y 3,713 hombres), el curso Migración y Xenofobia, que desde 2016 y hasta 2018 se ha capacitado a 3, 499 (2,106 mujeres y 1,393 hombres) y el curso El derecho a la igualdad y la no discriminación de la población afro mexicana, donde se han capacitado de 2015 a 2018 a 3, 837 personas (2, 163 mujeres y 1, 674 hombres), por mencionar algunos ejemplos ilustrativos.
El INMUJERES cuenta con una oferta de capacitación permanente en la que los temas de género y derechos humanos son transversales.
De 2014 a 2017 se capacitó a 62,417 personas (32806 mujeres y 29611 hombres) mediante cursos presenciales y en línea. La oferta de capacitación implementada en el periodo referido se compone de los siguientes cursos: Básico de género, Claves para la igualdad entre mujeres y hombres, Por una vida libre de violencia contra las mujeres, Cero Tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal, Discriminación por género en las organizaciones laborales, Presupuestos públicos: acciones para la 101. Fortalecer el estado
de derecho y la buena gobernanza, haciendo mayor hincapié en el desarrollo de la capacidad de los funcionarios públicos federales y locales para mejorar el cumplimiento de la ley así como la promoción y protección de los derechos humanos (Vietnam);
93 Adoptar medidas para garantizar la aplicación efectiva y oportuna de las reformas judiciales previstas en la
constitución y la profesionalización de la policía mediante la
26 capacitación integrada y
el aumento de la capacidad de quienes participan en la administración de justicia, incluidos jueces, fiscales, abogados, policías y encargados de investigaciones penales (Canadá)
igualdad de género, Política Nacional de Igualdad, Transformando las desigualdades de género, Los Mecanismos de Género:
Antecedentes, Alcances y Desafíos, Las Cuestiones de género: entre el clima laboral y la cultura institucional, Encontrando Nuevas expresiones a la masculinidad tradicional, Uso no sexista del lenguaje y Claves para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas.
Adicionalmente, en el tema de acceso a la justicia, el INMUJERES trabajó de manera conjunta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y ONU Mujeres para producir e impartir los cursos en línea: Derechos Humanos y Control de Convencionalidad y Fortalecimiento de la impartición de justicia con perspectiva de género e interculturalidad, los que se impartieron durante 2015 y 2016 y mediante los que se capacitó a 1324 personas (774 mujeres y 550 hombres) en el primer curso y 948 personas (589 mujeres y 359 hombres) en el segundo.
Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017, la Policía Federal realizó 2,055 actividades académicas, en las que participaron 64,058 elementos en cursos orientados al Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como 928 actividades académicas, con 67,891 participaciones de los elementos de la Policía Federal, en materia de Derechos Humanos, cuyas principales temáticas son derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades indígenas;
Introducción a los derechos humanos en la actuación policial;
Prevención y combate a la tortura; Uso de la fuerza y las armas de fuego en la actuación policial; Derechos humanos de las víctimas;
Derechos humanos de las personas en lugares de detención;
Derechos humanos y equidad de género; Derechos humanos, detención legal y uso legítimo de la fuerza; Diplomado para Mandos en Derechos Humanos; Derechos humanos y desaparición forzada 108 Seguir fortaleciendo
el estado de derecho para ofrecer un entorno seguro y estable a la población (Singapur);
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de personas; Derechos humanos de las personas migrantes y trata de personas; Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes;
Derechos humanos en el Sistema de Justicia Penal; entre otros.
El 31 de octubre de 2016, se creó la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Federal, que atiende asuntos vinculados a protección y defensa de los derechos humanos en el ámbito de competencia de la Policía Federal.
El 15 de junio de 2016 se creó la Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal de la Policía Federal, que atiende requerimientos ministeriales y judiciales relativos al Sistema de Justicia Penal.
En materia de administración de justicia penal, para finales del 2015 recibieron capacitación 134,176 funcionarios. Se brindó capacitación en línea a 47,762 funcionarios, académicos y abogados postulantes de todo el país, a través de la Plataforma Educativa de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el “Plan Especial de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Capacidades Policiales Básicas”, para formar a 333,865 policías locales, estatales y municipales, en el proceso penal acusatorio con base en los protocolos nacionales de Primer Respondiente, Policías con Capacidades para Procesar el lugar de Intervención y la Guía Nacional de Cadena de Custodia.
Asimismo, cuenta con el Protocolo de Actuación Policial en materia de Violencia de Género, tiene como objetivo dotar al Comisionado Nacional de Seguridad (sus Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados) así como a las demás instancias policiales del país, de los mecanismos y procedimientos
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técnico-metodológicos para que su actuación se efectúe en el marco de derechos humanos con eficiencia y profesionalismo en la detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia de género que se les presenten, al llevar a cabo sus atribuciones y funciones.
Se revisó y armonizó legislativamente el Protocolo de Actuación Policial en materia de Violencia de Género y su Manual de Implementación aprobado el 19 de abril de 2010. Igualmente, se elaboró el Protocolo de bolsillo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género en la CNS.
Como parte de los planes y programas de estudio de los Cursos de Formación y Capacitación Inicial para Agentes de la Policía Federal Ministerial (generaciones 2014, 2015, 2016-I, 2016-II, 2016-III, 2017-I y 2017-II), en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, se ha impartido la asignatura "Derechos Humanos".
Asimismo, se impartió la asignatura "Derechos Humanos", dirigida a Aspirantes a Peritos (generaciones 2015, 2016-I, 2016-II, 2016-III y 2017).
Por su cuenta, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) realizan capacitaciones sobre derechos humanos e igualdad de género, prevención de la violencia sexual, y hacia mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad, y donde se realizan operaciones de apoyo a la seguridad pública.
Con base en el Programa de Derechos Humanos de la SEDENA, se han realizado diversas capacitaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. De 2013 a 2018, se ha capacitado en dichos temas a un total de 1, 644,466 elementos militares.
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Asimismo, en el mismo periodo, se capacitó a un total de 1,764 elementos militares como pate del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la SEDENA.
La SEMAR en colaboración con SEGOB, CNDH, CICR y el Consejo de la Judicatura Federal, durante el período del 2013 al 2018, capacitó a un total de 14,153 elementos navales en temas de Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Uso de la Fuerza y Sistema de Justicia Penal.
Con base en la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de la SEMAR, durante el período del 2017 a 2018 se capacitó a 12,744 elementos navales, en los siguientes temas: “Igualdad de género- todos somos iguales”, “No violencia contra las mujeres”, “Nuevas masculinidades”, así como “Prevención del hostigamiento y acoso sexual”.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha fomentado la capacitación a servidores públicos encargados de atender a víctimas en los tres niveles de gobierno, esto con la finalidad de que tengan los conocimientos, capacidades y habilidades que les permita brindar una atención integral con un enfoque diferencial, especializado y de derechos humanos.
En el periodo comprendido del 9 de enero de 2014 al 30 de junio de 2018: 10,184 personas fueron capacitadas de forma directa en temáticas relacionadas con la Ley General de Víctimas (LGV), el Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV), el Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), derechos humanos, garantías de no repetición, reparación integral, sistema penal acusatorio y políticas públicas en materia de atención a víctimas y, 20,783
30
personas participaron en actividades académicas diversas, como:
conferencias, foros, mesas redondas, y seminarios, celebrados en 29 entidades federativas.
Por otro lado, de acuerdo a la información identificada en el Sistema de Información de la Profesionalización (SIP) de la PGR, de enero de 2013 a la fecha se coordinaron 449 actividades académicas relacionadas al tema de derechos humanos, en las que se capacitó a 3,730 agentes del Ministerio Público de la Federación de la institución.
92 Seguir intensificando los esfuerzos por reforzar las instituciones
judiciales (Kenia);
En proceso SCJN CJF
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, está comprometida con el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la garantía de los derechos humanos; así como, con la mejor y más protectora interpretación de la Constitución Federal. Es, una institución confiable e imparcial, que colabora de manera directa a la paz social.
El Consejo de la Judicatura Federal ha impartido los siguientes cursos, talleres, seminarios y actividades de sensibilización en materia de derechos humanos, para jueces, magistrados y funcionarios del poder judicial federal:
Cursos, talleres, diplomados y seminarios Asistentes En materia de Derechos Humanos en General 6518 En materia de Principio de No Discriminación y
Perspectiva de Género.
6227
Relativos a desaparición forzada, tortura y malos tratos, inhumanos o degradantes.
2621
En materia de derechos y justicia para niñas, niños y adolescentes.
2059
En materia del derecho al trabajo 314
En materia de migración 2774
En materia de pueblos indígenas 700 Actividades de sensibilización
31
Derechos Humanos en General 7375
Perspectiva de género y derechos de la mujer 7873 Desaparición forzada, tortura y malos tratos,
inhumanos o degradantes.
533
Pueblos indígenas 1197
Inclusión, discapacidad y no discriminación 1231
Derecho a la salud 138
Niñas, niños y adolescentes 3327
Migrantes 4056
Derecho al trabajo 3826
Capacitación administrativa en Derechos humanos y equidad de género
535
90 Asignar recursos suficientes a la Unidad de Vinculación
Ciudadana y ampliar su capacidad con objeto de hacer frente a los peligros de una fuerte presencia militar en las calles para combatir la delincuencia organizada (Sierra Leona);
En proceso SEDENA La SEDENA cuenta con la Unidad de Vinculación Ciudadana que, entre otras cosas, atiende a civiles afectados por la participación del personal militar en operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, así como desarrollar metodologías de alerta temprana para prevenir situaciones de afectación a la población civil por acciones de las fuerzas militares. El personal de la unidad está capacitado en derechos humanos.
Para la atención oportuna y eficaz a personas civiles que resultan afectadas por la participación del personal militar en operaciones se integran equipos de trabajo a fin de realizar los procedimientos para dar seguimiento puntual a las acciones encauzadas para la reparación del daño a las víctimas.
Se destaca que en 2017 se redujeron en 76.55% las quejas presentadas ante la CNDH en contra de la SEDENA en comparación con 2016.
91 Intensificar los esfuerzos en la lucha contra la droga a todos los niveles (Cuba);
En proceso CNS PGR SEGOB
El 21 de abril de 2016, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se reforma el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal
