Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 19º período de sesiones
Ginebra, 28 de abril a 9 de mayo de 2014
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos∗
Etiopía
* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/19/ETH/1
Asamblea General Distr. general 30 de enero de 2014 Español
Original: inglés
Introducción
1. El Gobierno de Etiopía presentó su informe para el primer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en 2009 y ha venido aplicando las recomendaciones aceptadas.
Etiopía también ha presentado informes a los órganos creados en virtud de tratados.
Seguimiento y aplicación de las recomendaciones del EPU
2. El presente informe ofrece información actualizada sobre la aplicación de las recomendaciones aceptadas del EPU y los progresos realizados desde el último informe. En diciembre de 2010 se celebró un taller consultivo nacional, organizado conjuntamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, con asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficina Regional de África Oriental), que tenía por objeto aumentar la sensibilización y aplicar las recomendaciones aceptadas (recomendaciones 2, 96 y 98).
3. El Gobierno ha adoptado medidas para aplicar con éxito las recomendaciones del EPU, que incluyen nuevas medidas legislativas para seguir fortaleciendo las instituciones que desempeñan un papel central en la protección y la promoción de los derechos humanos. Una de esas medidas acertadas ha sido la aprobación por la Cámara de Representantes del Pueblo del Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos (recomendaciones 3 y 98).
Metodología seguida en la preparación del informe
4. El Comité Directivo Nacional de Derechos Humanos estableció un equipo compuesto por funcionarios de nivel medio, encargado de coordinar el proceso de presentación de informes y preparar el presente informe. El Gobierno mantuvo consultas con las partes interesadas para obtener información y solicitar observaciones y sugerencias, que se han utilizado en la preparación del informe. El equipo organizó un taller consultivo y un taller nacional de validación en el que participaron todas las partes pertinentes, incluidos órganos gubernamentales y grupos de la sociedad civil.
Garantía constitucional de los derechos humanos
5. La Constitución de la República Democrática Federal de Etiopía es el pilar de la protección de los derechos humanos y en ella se asienta el sistema democrático del país. La Constitución dispone en su artículo 9, párrafo 4 que los acuerdos internacionales ratificados por Etiopía forman parte integral de la legislación nacional, y en su artículo 13 dispone que todos los departamentos del Gobierno son responsables de respetar y velar por que se respeten los derechos y libertades fundamentales.
Legislación nacional
6. La Cámara de Representantes del Pueblo, órgano legislativo federal de Etiopía, aprobó leyes encaminadas a seguir fortaleciendo el sistema de derechos humanos del país (recomendaciones 9 y 11). Entre los actos legislativos federales más importantes figuran los siguientes:
• Proclamación Nº 652/2009 contra el terrorismo;
• Proclamación Nº 662/2009 sobre el código de conducta electoral para los partidos políticos;
• Proclamación Nº 676/2010 para ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
• Proclamación Nº 684/2010 sobre el establecimiento del Consejo Federal de Administración Judicial (en su forma enmendada);
• Proclamación Nº 690/2010 sobre el seguro sanitario social;
• Proclamación Nº 737/2012 para ratificar el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños;
• Proclamación Nº 760/2012 sobre el Registro de hechos del estado civil y la tarjeta nacional de identidad;
• Proclamación Nº 764/2012 para ratificar el acuerdo de financiación de la Asociación Internacional de Fomento para el proyecto de desarrollo empresarial de la mujer;
• Proclamación Nº 765/2012 para ratificar el acuerdo de financiación enmendado y reformado de la Asociación Internacional de Fomento para proporcionar financiación adicional al proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento urbano.
Políticas, estrategias y planes nacionales
7. Etiopía ha adoptado políticas y estrategias nacionales que sientan las bases para el desarrollo económico y la transformación política. El Gobierno está aplicando el Plan de Crecimiento y Transformación para 2010-2015, que establece una visión a medio plazo para transformar la nación en una economía de ingresos medianos en la que, gracias a la participación y la libre voluntad de la población, reinen el régimen democrático, la buena gobernanza y la justicia social al tiempo que el país se libera de la pobreza. El Plan aborda la justicia económica y social y cuestiones relativas a la buena gobernanza.
8. Etiopía ha experimentado un elevado crecimiento económico durante los últimos diez años consecutivos (2002/03-2012/13), con una tasa media de crecimiento anual del PIB del 10,9%. Hasta la fecha, la agricultura ha sido el motor de la economía etíope. Una de las orientaciones estratégicas establecidas en el Plan de Crecimiento y Transformación es asegurar la productividad de la agricultura de pequeñas explotaciones mediante la mejora de las prácticas agrícolas. El crecimiento anual medio de los sectores agrícola, industrial y de servicios fue de 9,3%, 12,2% y 12,4%, respectivamente. Etiopía se propone seguir ampliando el desarrollo de infraestructuras en la red de carreteras, el ferrocarril, la energía, las telecomunicaciones, el abastecimiento de agua potable y el desarrollo del riego, el desarrollo urbano y la construcción, con el fin de lograr el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar social. El Gobierno inició planes para lograr un crecimiento económico acelerado y sostenido; esos planes contribuyeron a la erradicación de la pobreza y al logro de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como la reducción de la mortalidad infantil, el acceso a las escuelas y la prestación de servicios de salud a la población. La estabilidad del entorno macroeconómico y un crecimiento con cifras de dos dígitos en el país han contribuido al avance de los derechos humanos en Etiopía.
Política de justicia penal
delincuencia encaminada a mejorar la investigación y la persecución de delitos y asegurar la eficiencia y la imparcialidad del proceso de justicia penal. Su objeto es asegurar el acceso a la justicia, procesos judiciales rápidos e imparciales y las debidas garantías procesales para los acusados, en especial de los grupos vulnerables y los menores infractores, lo que refuerza el respeto de los derechos y libertades individuales (recomendación 10).
Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos
10. El Gobierno de Etiopía adoptó el Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos para disponer de un mecanismo completo y estructural encaminado a promover el respeto, la protección y el disfrute de los derechos humanos y democráticos garantizados por la Constitución. Fue elaborado mediante reuniones consultivas y talleres para incrementar la participación de organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y la población en general en los que se examinó la situación de los derechos humanos en el país, se determinaron posibles problemas y se fijaron soluciones viables. El Plan de Acción aborda los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y los derechos de grupos vulnerables, así como el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho al desarrollo. Se ha establecido en el nivel ministerial un comité de coordinación de asuntos relativos al Plan de Acción compuesto por seis ministerios y la Comisión de Derechos Humanos, que tiene el cometido de liderar, supervisar y gestionar las secciones de vigilancia y evaluación establecidas en los niveles federal y regional (recomendaciones 3 y 97).
Democracia y buena gobernanza
11. Se celebraron elecciones nacionales de conformidad con la ley para alentar la participación ciudadana en la adopción de decisiones, lo que también se realiza mediante la participación de asociaciones y particulares. Se han formado varios tipos de asociaciones que trabajan para proteger los intereses de los grupos a los que representan.
12. La Junta Electoral Nacional de Etiopía ha organizado elecciones libres e imparciales en territorios federales y de los estados. Desde su establecimiento, la Junta Electoral ha convocado cuatro elecciones a nivel nacional: elecciones parciales, elecciones locales y un referendum. Se celebraron elecciones para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes del Pueblo y los Consejos de Estado. Se establecieron 547 circunscripciones electorales y alrededor de 43.500 colegios electorales para celebrar elecciones en todo el país. La Cámara de Representantes del Pueblo facilita periódicamente foros y realiza llamamientos públicos a todas las partes interesadas para formular observaciones o debatir y hacer recomendaciones respecto de proyectos de ley propuestos para su adopción (recomendación 64).
13. El Gobierno lanzó un programa nacional sobre buena gobernanza que se centra en la gestión de los servicios públicos. El establecimiento del Ministerio de Administración Pública ha sido un hito importante en el fortalecimiento de la estructura de gobernanza.
Incumbe a este Ministerio la aplicación de la Carta del Ciudadano, que sirve como guía para lograr que los servicios prestados por los funcionarios públicos sean más transparentes, eficaces y eficientes, hacer que rindan cuentas a los ciudadanos y permitir que los ciudadanos conozcan sus derechos.
Marco institucional
Comisión de Derechos Humanos de Etiopía
14. La Comisión ha abierto delegaciones en los Estados regionales de Amhara, Oromia, Gambella, Somali, Tigray y la Región de las Nacionalidades y los Pueblos del Sur. La Comisión también ha traducido los instrumentos de derechos humanos a los idiomas amhárico, oromiffa, tigrigna, somalí y afar (recomendaciones 4, 5 y 8).
La Institución del Ombudsman
15. La Institución del Ombudsman ha hecho enormes contribuciones al fortalecimiento de la gobernanza, entre otras cosas investigando las denuncias de abuso de poder por el ejecutivo. También ha venido recibiendo un número creciente de denuncias administrativas de los ciudadanos, lo que indica la creciente confianza de estos en la Institución. Ha estado utilizando con éxito los medios de información para acrecentar la sensibilización del público (recomendación 5).
Comisión Federal de Ética y Lucha contra la Corrupción
16. La Comisión Federal de Ética y Lucha contra la Corrupción ha estado trabajando en la prevención, investigación y persecución de los delitos de corrupción. Por ejemplo, en el año 2009/10 recibió 2.915 avisos y denuncias; de ellas, solo 1.584 se encontraban bajo su jurisdicción y 405 están siendo investigadas. La tasa de condenas de la Comisión correspondiente al año 2009/10 se elevó al 96,6%. Siete de los nueve estados regionales también han establecido sus propias comisiones de lucha contra la corrupción.
Órganos judiciales
17. Los tribunales Supremo, superiores y de primera instancia en los niveles federal y regional, en sus respectivas funciones, siguieron defendiendo la imparcialidad y la independencia de los tribunales y actuando como base para la protección de los derechos humanos. Cuentan con la asistencia de consejos de administración judicial en los niveles federal y regional, establecidos en virtud de la Proclamación Nº 684/2010. Los consejos se ocupan del nombramiento de magistrados, elaboran y aplican códigos disciplinarios de conducta para magistrados, y deciden en materia de destinos, traslados, sueldos, prestaciones, promociones y prestaciones médicas de los jueces. Además, existen procedimientos de concesión de licencias para abogados y un código de conducta tanto para abogados como para fiscales que refuerzan aún más la administración de justicia (recomendación 11).
18. El Tribunal Federal Supremo estableció la Oficina de Proyectos en materia de justicia de menores con el objetivo de asegurar que las leyes y las prácticas del país sean conformes con la Constitución y con los instrumentos internacionales relativos a los derechos del niño que ha ratificado Etiopía. La Oficina contribuye además a la administración de la justicia de menores en el país. Las salas tanto civiles como penales de los tribunales federales y regionales introdujeron medios adaptados a los niños para los casos que afectan a niños en calidad de partes, víctimas o testigos. Se trata de entornos
que facilita la prestación de asistencia jurídica gratuita y servicios psicosociales mediante un sistema de derivación de casos. Desde que el centro comenzó sus operaciones en 2013, de él se han beneficiado 4.000 niños, de los cuales 2.607 recibieron asistencia jurídica en relación con casos civiles, 973 menores con casos penales obtuvieron asistencia jurídica para menores infractores y 532 recibieron servicios psicosociales (recomendación 12).
Organismo de Registro de Hechos del Estado Civil
19. Con la Proclamación sobre el registro de hechos del estado civil y la tarjeta nacional de identidad se ha creado un mecanismo para registrar los hechos del estado civil en el país y almacenar los datos debidamente. El Consejo de Ministros dictó la Norma Nº 278/2005 por la que se establece el Organismo de Registro de Hechos del Estado Civil, que rinde cuentas al Ministerio de Justicia. El Organismo ha iniciado sus trabajos recopilando datos sobre nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y declaraciones de ausencia que estaban dispersos en distintas instituciones. También trabaja con los gobiernos regionales con el fin de crear organismos análogos en todas las regiones que inscriban los hechos del estado civil de manera eficaz. Se ha creado un Consejo Nacional encargado de supervisar y coordinar las tareas del Organismo (recomendación 43).
Obligaciones y compromisos legales internacionales
20. Etiopía ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad el 7 de julio de 2010 (recomendación 1 pendiente; recomendación 11).
21. Etiopía ha presentado informes en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (recomendación 14).
Derechos civiles y políticos
Libertad de religión
22. En enero de 2010 los principales grupos religiosos de Etiopía establecieron un Consejo Interreligioso, con el fin de que las instituciones religiosas puedan promover su fe libremente sin infringir los derechos constitucionales de terceros, manteniendo al tiempo la tolerancia religiosa y promoviendo una cultura de paz mediante la participación religiosa.
El Consejo ha organizado varias conferencias con fines de sensibilización, incluidos un taller nacional y dos talleres regionales de carácter consultivo y de intercambio de experiencias, en el que participaron 870 dirigentes religiosos y organizaciones confesionales. Esos talleres se centraron en cuestiones relacionadas con prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina, el VIH y el sida, y la salud reproductiva de las madres y los jóvenes.
23. Los seguidores de las distintas confesiones también han ejercido libremente su derecho a crear instituciones de educación religiosa y a publicar y difundir libros, periódicos y revistas de tema religioso. Además, en estricta conformidad con el principio constitucional de la separación del Estado y la Iglesia, todas las instituciones religiosas pueden elegir a sus dirigentes de acuerdo con su reglamentación interna. Por otro lado, el Gobierno ha atendido los casos de agravio administrativo planteados por los seguidores de distintas confesiones y los ha resuelto pacíficamente. En 2010 el Ministerio de Asuntos Federales facilitó consultas entre dirigentes de las comunidades cristiana y musulmana para resolver un problema concreto en una localidad (recomendación 50).
Libertad de expresión y de reunión
24. La Constitución promueve la libertad en los medios de comunicación mediante la prohibición de la censura. La Proclamación sobre la libertad de los medios de comunicación de masas y el acceso a la información, que crea condiciones favorables para el desarrollo de medios de información de masas libres e independientes, dispone que los ciudadanos tienen derecho a crear y establecer servicios de medios de información de masas. La Proclamación dispone también que ninguna persona o entidad que posea una licencia de emisión de alcance nacional podrá ejercer el control sobre otra entidad que disponga de una licencia análoga en el mismo mercado u otro parcialmente coincidente.
Esta medida legislativa tiene por objeto asegurar la diversidad y la pluralidad de opiniones en la plataforma general de medios de comunicación (recomendaciones 61 y 62).
25. Convencido de que el país necesita diversificar su infraestructura de radio y televisión, el Gobierno asignó una importante partida presupuestaria para lanzar 12 nuevos canales de televisión con el fin de que los ciudadanos disfruten de la pluralidad de opiniones. El Gobierno también publicó normas y directrices relativas al funcionamiento de los medios de comunicación de masas. Entre ellas figuran directrices sobre los servicios de radio comercial, los servicios de radio comunitaria, la gestión de denuncias de los servicios de radio y televisión y el servicio de radio y televisión por suscripción. Se ha capacitado en relación con esas directrices a funcionarios federales de relaciones públicas, y se ha establecido un mecanismo sobre procedimientos de notificación para los medios. En los últimos 4 años, 8 medios públicos y 5 privados obtuvieron licencias de emisión; 16 diarios públicos y privados y 26 revistas también se sumaron al mercado de los medios de comunicación. Además se han puesto en marcha emisoras de radio comunitarias que producen programas en idiomas locales (recomendación 60).
26. El Gobierno ha establecido un equipo de tareas nacional, dirigido por la Institución del Ombudsman y compuesto por las oficinas gubernamentales pertinentes, encargado de supervisar la aplicación de la Proclamación Nº 590/2008 sobre la libertad de los medios de comunicación de masas y el acceso a la información, que garantiza a todas las personas el derecho a buscar, obtener y transmitir cualquier información en poder de los órganos públicos. Se han preparado varios proyectos de ley para dar aplicación a la proclamación, entre ellos la Proclamación sobre divulgación de información protegida, la Proclamación sobre protección de la información clasificada y la reglamentación para imponer tarifas al acceso a la información. La Institución del Ombudsman organizó cursos en los que participaron 4.399 personas, entre ellas funcionarios del Gobierno, funcionarios de relaciones públicas y periodistas. En cooperación con el Instituto de Investigación de Sistemas de Justicia se realizó una encuesta de referencia sobre el estado actual de la divulgación de información por el Gobierno (recomendación 61).
27. En febrero de 2009, el Gobierno de Etiopía publicó la Proclamación sobre sociedades y organizaciones sin ánimo de lucro, que tiene por objeto reforzar el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y mejorar su contribución al desarrollo socioeconómico del país. La Ley se aprobó tras un debate público en el que participaron ONG y otras partes interesadas. Se ha encomendado al Organismo de Organizaciones y Sociedades Civiles sin Ánimo de Lucro la tarea de inscribir y conceder licencias a esas organizaciones, supervisar la aplicación de la ley y poner en pie un marco transparente de rendición de cuentas. Desde que se aprobó la Proclamación, cada año solicitaron su inscripción un promedio de 332 ONG. Actualmente hay más de 3.000 ONG nacionales e internacionales que trabajan libremente en Etiopía. Los defensores de los derechos humanos han quedado registrados como sociedades civiles y se les ha concedido la protección jurídica necesaria. La Proclamación también proporciona un entorno jurídico y de trabajo favorable para las ONG (recomendaciones 51, 53, 54 y 55).
Derecho a no ser objeto de detención o arresto arbitrarios
28. Se ha establecido el marco legal necesario para garantizar a los ciudadanos el derecho a no ser objeto de detención arbitraria, tal y como dispone la Constitución. Nadie puede ser detenido si no existen cargos o un fallo condenatorio en su contra. La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía ofreció cursos de sensibilización a miembros de la policía y las fuerzas de defensa sobre la forma de prevenir la detención o el arresto arbitrarios. La Comisión y el Ministerio de Justicia ha supervisado cárceles y centros de detención, en su tarea de asegurar que los ciudadanos no sean detenidos por motivos políticos ni encarcelados de manera arbitraria (recomendaciones 58, 62 y 63).
Respeto de las debidas garantías procesales en la lucha contra el terrorismo
29. La Proclamación contra el terrorismo autoriza a la Cámara de Representantes del Pueblo, a solicitud del Gobierno, a prohibir o revocar la prohibición de un grupo como organización terrorista después de evaluar si representa una amenaza para la seguridad del país y de la población. No se prohibirá ninguna organización a menos que la Cámara llegue a una conclusión después de celebrar un debate y una votación en los que se tengan en cuenta la seguridad de la nación y la libertad de expresión y de reunión de los ciudadanos (recomendación 91).
30. El Gobierno se ha esforzado por sensibilizar a los ciudadanos respecto de los retos que supone el terrorismo, cumpliendo su cometido de garantizar tanto la seguridad de la nación como el derecho de reunión y expresión de los ciudadanos. Ha ampliado las campañas de educación sobre los principios de las debidas garantías procesales en el contexto del derecho penal y constitucional, por ejemplo, sobre la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, la garantía de ser enjuiciado en un plazo razonable, el derecho a ser enjuiciado por un tribunal competente, independiente e imparcial, y el derecho a recurrir contra una sentencia condenatoria. El Tribunal Supremo ha mantenido en repetidas ocasiones la importancia de esas garantías constitucionales (recomendación 91).
Relación con las organizaciones de la sociedad civil
31. El Primer Ministro y otros altos funcionarios del Gobierno han mantenido debates con organizaciones de la sociedad civil, incluidas asociaciones de jóvenes y mujeres y de la comunidad de empresarios, y han atendido sus peticiones. La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía ha estado colaborando con organizaciones de la sociedad civil en la
prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita, la promoción de los derechos humanos y la realización de estudios y publicaciones sobre cuestiones de derechos humanos, inclusive mediante un memorando de entendimiento firmado con la sociedad civil. La Comisión también ha estado prestando apoyo financiero a proyectos de universidades y organizaciones de la sociedad civil (recomendación 52).
Las elecciones de 2010
32. La Constitución y la Ley electoral enmendada, junto con otras normas electorales conexas, han proporcionado el marco jurídico para la celebración de elecciones auténticas, de conformidad con los compromisos internacionales de Etiopía. De acuerdo con la Constitución, la Junta Electoral Nacional está libre de toda influencia y está facultada para organizar elecciones libres e imparciales en los niveles federal y regional. La Ley electoral enmendada dispone que los miembros de la Junta serán fieles a la Constitución, no tendrán lazos con partidos políticos, serán profesionales competentes y realizarán sus actividades de forma acorde con su condición. Las elecciones de 2010 se caracterizaron primordialmente por la participación activa de todos los agentes políticos y por la creación de condiciones favorables para que todos los partidos políticos dieran a conocer sus alternativas a los ciudadanos libremente y en condiciones de igualdad.
33. Los cuatro partidos políticos principales elaboraron y respaldaron el Código de Conducta Electoral que fue mejorado y apoyado unánimemente por todos los partidos y por último promulgado en forma de Proclamación por la Cámara de Representantes del Pueblo (recomendación 64).
34. La Junta Electoral inscribió y concedió certificados a 79 organizaciones políticas.
De ellas, 23 son de ámbito nacional y las 56 restantes operan en los estados regionales. El Gobierno ha concedido acceso en condiciones de igualdad a espacios gratuitos en la radio y la televisión públicas y a columnas en los diarios a los partidos políticos participantes en las elecciones. Se ha concedido a todos los partidos políticos tiempo de emisión con arreglo a sus escaños en los órganos legislativos federales y regionales. Para asegurar las garantías constitucionales en materia de libertad de expresión y participación pública, la Junta ha establecido mecanismos para facilitar la divulgación de toda la información necesaria a los medios informativos por parte de los partidos políticos. También se ha permitido a los partidos organizar manifestaciones. De acuerdo con la Proclamación de inscripción de partidos políticos revisada, el Gobierno ha publicado y aplicado un reglamento sobre asistencia financiera a los partidos políticos (recomendación 59).
35. La Junta también adoptó medidas institucionales para asegurar elecciones libres e imparciales. Organizó cursillos y seminarios de aumento de la capacidad para votantes, oficiales electorales, observadores electorales, partidos políticos, los medios de información y funcionarios jurídicos y administrativos. La Junta acreditó a la Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Etiopía para asignar observadores electorales en los colegios electorales y ofreció formación a esos observadores. También se dio formación sobre el código de conducta y sobre normas cívicas y éticas y se realizaron actividades de educación del votante para asegurar la lealtad de los oficiales electorales y los votantes a la Constitución. Las elecciones nacionales de 2010 fueron libres e imparciales y cumplieron las normas nacionales e internacionales. Tuvieron una alta participación de los ciudadanos, en parte gracias a la labor de asociaciones y particulares en la observación de las elecciones (recomendaciones 64 y 65).
36. En virtud de la Proclamación se establecieron, como parte de la Junta, comités de atención de reclamaciones en los niveles regional, de circunscripción electoral y de colegio electoral. Cada comité está formado por tres miembros, a saber, el jefe de la oficina electoral correspondiente y dos observadores públicos. Los comités atienden reclamaciones relativas a la inscripción de votantes, la inscripción de candidatos, la votación, el recuento de votos y los resultados electorales. Las reclamaciones relacionadas con el proceso de votación deben presentarse en el colegio electoral ante el comité, que adoptará una decisión inmediata al respecto. Si el comité de un colegio electoral se negase a admitir una reclamación, el afectado podrá dirigirse al comité del nivel de circunscripción. Las decisiones adoptadas en este nivel podrán recurrirse ante la Junta, cuyas decisiones a su vez pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo Federal. En las elecciones generales de 2010 los partidos políticos presentaron en el marco de este mecanismo 129 reclamaciones que fueron resueltas por la Junta. Se ha capacitado a jueces, fiscales y agentes de la policía en relación con la Ley electoral, la ética de las elecciones y las directrices sobre la gestión de reclamaciones relacionadas con el proceso electoral (recomendación 66).
Derechos económicos, sociales y culturales
Panorama general
37. El Gobierno ha demostrado su compromiso con la erradicación de la pobreza y la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Etiopía mediante la aplicación de sus planes y el establecimiento de relaciones de asociación con las partes interesadas pertinentes. Se han adoptado nuevas leyes encaminadas a mejorar los derechos sociales, económicos y culturales de la población, entre ellas: la Proclamación sobre las pensiones de los funcionarios públicos, la Proclamación sobre las pensiones de los empleados de organizaciones privadas y la Proclamación sobre el seguro social de salud.
Estas Proclamaciones protegen los derechos de los funcionarios públicos y los empleados del sector privado a una prestación por jubilación o pensión y prestaciones conexas (recomendaciones 71 y 74).
38. Además, la Constitución consagra el derecho de la nación, las nacionalidades y los pueblos de Etiopía a hablar, escribir y desarrollar su propio idioma, y a expresar y desarrollar su cultura y preservar su historia. Se han realizado considerables esfuerzos para preservar el patrimonio y los lugares de importancia cultural en muchas partes del país. El Gobierno ha emprendido actividades para fortalecer el diálogo intercultural y religioso, promover el conocimiento del patrimonio y la divulgación de valores comunes con miras a contribuir al progreso social y la cohesión social. Ha estado aplicando políticas y marcos jurídicos para la protección del patrimonio natural y del patrimonio cultural tangible e intangible de Etiopía (recomendación 9).
39. El Gobierno ha diseñado varias estrategias para iniciar la reforma del sector público y de los procesos institucionales. El Gobierno federal prestó apoyo a administraciones regionales emergentes que requieren atención especial. Se organizaron cursos y seminarios de orientación para empleados públicos de los niveles federal y regional con el fin de aumentar su eficiencia y de que puedan responder a los desafíos. Entre 2008/09 y 2012/13 se matricularon 5.010 funcionarios públicos en la Universidad para la Administración Pública de Etiopía y en ella consiguieron certificados y diplomas de grado avanzado (recomendación 6).
40. El Gobierno está aplicando el Plan de Crecimiento y Transformación aprovechando programas anteriores de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza. En el sector
agrícola, se introdujeron cursos para agricultores y tecnologías de alto rendimiento y de base científica que han dado resultados alentadores. En 2010 se desplegó a 52.023 agentes de extensión agraria; 5,09 millones de hogares se beneficiaron de servicios de extensión agraria. En 2011 se beneficiaron del programa 9,04 millones de hogares. Participaron en el programa de protección de la producción 7.748.305 beneficiarios en 2011, y 1,8 millones de beneficiarios que habían logrado la autosuficiencia alimentaria completaron el programa de mejora de los activos de los hogares (recomendaciones 71 y 74).
41. La economía ha experimentado un crecimiento sostenido y de base amplia a lo largo del último decenio, lo que ha dado lugar a tendencias positivas que han reducido la pobreza en zonas tanto urbanas como rurales. La proporción de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza en Etiopía ha pasado del 38,7% en 2004/05 al 27,8% en 2011/12. El gasto destinado a la reducción de la pobreza pasó de 47.300 millones en 2009/10 a 87.600 millones en 2011/12, cifra que representa alrededor del 70,4% del gasto total del Gobierno.
El incremento en el gasto para el crecimiento orientado a los sectores pobres refleja el compromiso de Etiopía con la erradicación general de la pobreza. Los ingresos por habitante pasaron de 377 dólares en 2009/10 a 513 dólares en 2011/12. Los programas de desarrollo integrado y de desarrollo de microempresas y pequeñas empresas se han utilizado para combatir el desempleo en las ciudades y los centros urbanos. El Gobierno ha sido capaz de generar empleo para 2.681.367 solicitantes de empleo en 2010/11-2012/13.
De esa cifra, 1.556.821 son empleos permanentes y 1.124.546 empleos temporales. Los proyectos de gran escala emprendidos por el Gobierno crearon empleo para 1.283.254 personas. El 60,3% de la población urbana en 2010/11 era población activa, cifra que ha aumentado hasta el 62,5% en 2011/12. Las medidas adoptadas en las zonas urbanas han contribuido a reducir la tasa de desempleo urbano del 18% en 2010 al 17,5% en 2011, mientras que el desempleo juvenil pasó del 23,7% al 23,3% en el mismo período (recomendación 67).
42. Con el fin de aumentar su capacidad en las esferas de la educación, la infraestructura, la salud, la vivienda y la agricultura y de garantizar la seguridad alimentaria, el Gobierno solicitó asistencia técnica a organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales. A este respecto cabe encomiar la asistencia técnica proporcionada por instituciones financieras como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Árabe (recomendación 70).
43. Para conectar la capital con los estados regionales y diversas zonas administrativas, en los años 2010/11 y 2011/12 se construyó un total de 7.397 km de carreteras. Así, la red de carreteras federales y regionales pasó de 48.793 km en 2009/10 a 56.190 km en 2011/12.
Además, la red de carreteras transitables todo el año en el nivel de distrito (woreda) pasó de 845 km en 2010/11 a 10.219 km en 2011/12. El tiempo medio necesario para llegar a una carretera transitable en todas las condiciones climáticas pasó de 3,5 horas en 2010/11 a 2,9 horas en 2011/12.
44. De conformidad con el Plan de Crecimiento y Transformación, el Gobierno de Etiopía ha mantenido un importante nivel de cooperación con la comunidad internacional.
Actualmente están en marcha más de 73 proyectos de cooperación con instituciones financieras internacionales y regionales encaminados a reducir la pobreza; su valor se estima en más de 8.480 millones de dólares. El Gobierno prevé que este grado de cooperación con la comunidad internacional se mantendrá para afianzar sus esfuerzos por seguir reduciendo la pobreza (recomendación 75). También existen alianzas constructivas entre el Gobierno y ONG, organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, que proporcionan asistencia alimentaria y médica (recomendación 72).
Seguridad alimentaria
45. Etiopía ha puesto en marcha políticas y programas vitales para el sector agrícola. La integración de la prevención de desastres y las operaciones de preparación ha conseguido lograr la seguridad alimentaria para 76,2 millones de personas. La superficie que abarcan los principales cultivos ha pasado de 13,16 millones de hectáreas en 2009/10 a 13,69 millones de hectáreas en 2011/12. La producción de los principales cultivos ha pasado de 202,46 millones de quintales en 2009/10 a 232,44 millones de quintales en 2011/12. La productividad media de los principales cultivos pasó de 15,38 quintales por hectárea en 2009/10 a 17,0 quintales por hectárea en 2011/12. El Gobierno, en cooperación con otros asociados y partes interesadas, mejoró la producción agrícola y la seguridad alimentaria, lo que incluye la expansión de un programa de apoyo para la reducción de desastres ya existente. El programa quinquenal nacional amplio para la gestión del riesgo de desastres pretende reducir los riesgos y las repercusiones de los desastres mediante el establecimiento de un sistema completo e integrado de gestión del riesgo de desastres (recomendaciones 69 y 73).
Abastecimiento de agua potable y programas de conservación de la tierra y los recursos hídricos
46. Etiopía ha hecho considerables progresos en la integración del principio del desarrollo sostenible en las políticas y los programas de desarrollo del país. Para mejorar la ordenación de las tierras y los recursos hídricos del país, el Gobierno ha iniciado actividades de gestión de cuencas hidrográficas, protección ambiental y programas de rehabilitación encaminados a mejorar los recursos hídricos del país y protegerlos de la contaminación. Los agricultores también han pasado de manera voluntaria un promedio de 40 a 50 días trabajando en programas de conservación de la tierra y el agua en 2011/12, en aproximadamente 8,5 millones de hectáreas de tierras en todo el país (recomendación 69).
47. Para mejorar el acceso a agua potable, el Gobierno adoptó varias medidas para aumentar la cobertura nacional del abastecimiento de agua en el país, del 52,12%
en 2010/11 al 68,4% en 2012/13. Respecto del mismo período, la cobertura del abastecimiento de agua rural y urbano pasó del 48,85% al 66,5% y del 74,64% al 81,3%, respectivamente. Durante el período 2011-2013 se llevaron a cabo unos 50.750 proyectos de abastecimiento de agua en el medio rural y 128 en el medio urbano. Unas 9.409 escuelas y 4.565 centros de salud recibieron acceso al suministro de agua potable (recomendación 71).
Educación
48. El Gobierno ha concedido gran prioridad al derecho la educación y ha asignado al sector recursos cada vez más cuantiosos con miras a realizar ese derecho. La dirección estratégica primordial del sector de la educación es asegurar un acceso equitativo a educación de calidad en todos los niveles. La enseñanza primaria es gratuita para todos los ciudadanos y se encarece a todos los niños en edad escolar que asistan a la escuela. En 2011, se ofreció educación primaria en más de 25 idiomas locales. A principios de los años noventa, la tasa bruta de matriculación en la escuela primaria era de apenas el 32%. Para 2010/11 esa cifra había aumentado hasta el 96,4%. El número de alumnos matriculados en escuelas primarias pasó de 15,8 millones en 2009/10 a 16,7 millones en 2010/11 y después a 17 millones en 2011/12. Estos avances en materia de educación demuestran que un esfuerzo sostenido liderado por el Gobierno para reducir la pobreza y ampliar el sistema de enseñanza pública de manera equitativa, respaldado por recursos suficientes y una mejor
prestación de servicios, puede aumentar espectacularmente la tasa de matriculación escolar (recomendaciones 81, 83 y 86).
49. El Gobierno ha incrementado el acceso a la enseñanza secundaria, construyendo nuevos centros y dotándolos de los medios necesarios en zonas tanto urbanas como rurales.
El número de escuelas elementales pasó de 26.951 en 2009/10 a 29.482 en 2011/12, mientras que el número de escuelas secundarias pasó de 1.517 en 2010/11 a 1.711 en 2011/12 (recomendación 86). Además, el Gobierno introdujo la enseñanza profesional y técnica, que desempeña un papel fundamental en la producción y la atención de la demanda de conocimientos de nivel medio de los distintos sectores productivos y fomenta la expansión de las microempresas y las pequeñas empresas en el país. En 2009/10 y 2010/11, asistieron a programas de formación profesional 353.420 y 371.347 alumnos, respectivamente. La cifra de la participación de alumnos en la enseñanza superior pasó de 420.387 en 2009/10 a 491.871 en 2011/12, lo que supone un nuevo aumento de la participación en la enseñanza superior.
50. Para mejorar el grado de alfabetización de las niñas y las mujeres, el Gobierno ha estado ejecutando programas de enseñanza no formal y de adultos. En 2011/12 el número de participantes en el programa de educación funcional de adultos fue de 2,1 millones de personas (1,3 millones de hombres y 810.000 mujeres). Etiopía está observando progresos en cuanto a la disparidad de género en todos los niveles de su sistema educativo. Las disparidades en las escuelas primaria y secundaria ha seguido disminuyendo a lo largo de los años, llegando a 0,93 y 0,79, respectivamente en 2011. La paridad de género en el nivel terciario ha pasado de 0,22 en 1991 a 0,36 en 2010; es incluso más baja, 0,1, en el nivel de posgrado. El Gobierno ha puesto en marcha un programa de acción afirmativa y ha reducido los requisitos de ingreso para las mujeres en las instituciones de enseñanza superior en todos los campos de estudio. Se reserva una cuota del 30% para las niñas, lo que ha producido un aumento de su participación desde el 24% en 2002/03 hasta el 25,6%
en 2010/11. Además, el Gobierno ofreció cursos de orientación, preparación para la vida cotidiana y apoyo financiero a los estudiantes que lo necesitan. También se realizan actividades de acción afirmativa para alumnos con discapacidad y alumnos de regiones emergentes (recomendaciones 22, 24, 82 y 85).
51. Una de las prioridades fundamentales del programa de desarrollo del sector educativo es mejorar y asegurar la calidad y la eficiencia de la educación en todos los niveles. El Gobierno ya ha empezado a aplicar un conjunto estratégico de medidas para la mejora general de la calidad de la educación que abarca seis programas: formación de maestros, adaptación de los planes de estudios a las evaluaciones y los exámenes de los alumnos, ética, gestión y administración, tecnología de la información y las comunicaciones, y coordinación y vigilancia de las evaluaciones, con el fin de desarrollar el sistema educativo del país (recomendaciones 84 y 87).
Salud
52. Durante los dos últimos decenios se ha avanzado considerablemente en la mejora de la prestación de servicios de salud en Etiopía. En cuanto a la movilización de las comunidades para la prestación del conjunto de medidas de extensión sanitaria, las actividades se dirigieron primordialmente hacia los grupos de mujeres. Como parte de la iniciativa para asignar a dos agentes de extensión sanitaria por kebele rural, en 2011/12 se desplegó a un total de 34.604 agentes de extensión sanitaria en todo el país. Para ampliar la escala de aplicación del conjunto de medidas de extensión sanitaria, se creó un "ejército de
comportamiento a nivel local. La cobertura con servicios de atención primaria alcanzó el 96% en 2010/11. La cobertura con la vacuna pentavalente y de la inmunización completa del lactante han pasado del 82% en 2009/10 al 84,7% en 2010/11 y del 72,3% en 2009/10 al 74,5% en 2010/11, respectivamente (recomendación 77).
53. El Gobierno ideó varias estrategias, conjuntos de medidas y planes de acción que han ayudado a alcanzar los ODM relativos a la reducción de la tasa de mortalidad infantil y materna. La atención prenatal prestada a las madres ha pasado del 31% en 2009/10 al 97,4% en 2012/13. La cobertura con servicios posnatales para las madres también pasó del 34% en 2009/10 al 50,5% en 2012/13, y el porcentaje de partos asistidos por personal de salud capacitado aumentó desde el 15,7% en 2009/10 hasta el 23,1% en 2012/13. A finales de 2012, se distribuyeron 812 ambulancias en todas las regiones; además, el Gobierno ha asignado más de 681 millones de birr para adquirir y distribuir anticonceptivos y material médico (recomendación 76).
54. La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años en el país ha venido disminuyendo de manera sostenida desde 211 muertes por 1.000 nacidos vivos en 1990 hasta 88 por 1.000 nacidos vivos en 2010. La tasa de mortalidad de lactantes también ha disminuido desde 97 por 1.000 nacidos vivos en 2000/01 a 59 por 1.000 nacidos vivos en 2010/11. Para mejorar los servicios de salud infantil, también se han hecho esfuerzos importantes al aumentar la cobertura de la vacunación pentavalente y contra el sarampión (recomendación 76).
55. En 2009 el Gobierno emprendió reformas para hacer frente a la propagación de enfermedades de salud pública de carácter grave, las enfermedades con potencial epidémico y los desastres por cualquier causa en general, y estableció los denominados centros de gestión de emergencias de salud pública en los niveles federal, regional, de zona y de distrito. Esos centros ayudaron a controlar los brotes y la propagación de enfermedades graves en diversas partes del país (recomendación 77).
56. El Gobierno ha respaldado el Plan de desarrollo del sector sanitario IV que abarca el período comprendido entre 2010/11 y 2014/15 y se centra en la prevención y mitigación de problemas sanitarios como el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo, las enfermedades diarreicas y las enfermedades comunes en la infancia y entre las madres. Se ha observado una pronunciada expansión de servicios completos contra el VIH/SIDA mediante la descentralización y la organización de turnos de tareas. Actualmente existen 2.997, 1.901 y 867 centros de salud que prestan servicios de pruebas y asesoramiento sobre el VIH, prevención de la transmisión de la madre al hijo y tratamiento antirretrovírico, respectivamente. En 2009/10 y 2010/11, el número de dispensarios de salud era de 14.192 y 15.095, respectivamente, cifra que ha aumentado hasta 15.668 en 2011/12. Durante los dos primeros años del período que abarca el Plan de Crecimiento y Transformación se construyeron 1.476 puestos de salud (recomendación 78).
57. Se han hecho esfuerzos por hacer frente al reto del paludismo. En 2011/12 se distribuyó un total de 6,6 millones de mosquiteras y 957.100 kg de deltametrina, y se rociaron 4,4 millones de viviendas. El Gobierno se ha asociado a varios países y organizaciones internacionales en estas actividades. A este respecto, Etiopía y los Estados Unidos de América acordaron un marco de asociación a cinco años por conducto del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR) en el que se esboza un marco estratégico conjunto a cinco años de acuerdo con los objetivos del Plan de desarrollo del sector sanitario IV de Etiopía y el Plan estratégico encaminado intensificar la respuesta al VIH/SIDA en múltiples sectores en Etiopía 2010-2014 (recomendación 80).
58. El Gobierno ha mantenido una atención sostenida a la utilización de mecanismos financieros para mejorar el acceso a la atención sanitaria y la calidad de esta en el país
durante casi dos decenios. En particular, el Ministerio Federal de Salud ha elaborado y aplicado una estrategia amplia de financiación de la atención sanitaria que hace hincapié en la importancia de una sólida coordinación y armonización entre los asociados en el desarrollo y el Gobierno. En estrecha colaboración con los asociados en el desarrollo, el Ministerio Federal de Salud ha avanzado considerablemente en el logro del objetivo "Un plan, un presupuesto, un informe". En consecuencia, el fondo mancomunado para prioridades de los ODM ha pasado de 17 millones de dólares en 2009/10 a 110,7 millones de dólares en 2013/14 (recomendación 79).
Grupos que requieren protección especial
Mujeres
59. Se ha dado prioridad a la protección de las mujeres y los niños en los niveles tanto federal como de los estados regionales. Se han introducido estrategias para promover la incorporación de las cuestiones de género a todos los sectores. El Plan de Crecimiento y Transformación y el plan de desarrollo sectorial para las mujeres y los niños han incluido prioridades normativas para el empoderamiento económico de la mujer y su participación en el proceso político y de adopción de decisiones. Está centrado en la mejora del estado de salud de las mujeres; la protección de las mujeres y las niñas frente a actitudes discriminatorias, prácticas tradicionales nocivas y la violencia, y la mejora de la calidad de vida de las mujeres y las niñas mediante su intervención y participación activas en la protección y la gestión del medio ambiente. Todas las instituciones del Gobierno han revitalizado su estructura creando departamentos centrados en los asuntos de la mujer. El Gobierno ha establecido el Ministerio de la Mujer, el Niño y el Joven para dirigir las cuestiones relacionadas con la mujer en el nivel del Consejo de Ministros (recomendación 23).
Empoderamiento de la mujer
60. El Gobierno ha incorporado las cuestiones de género a distintas políticas nacionales:
salud, educación y formación, VIH/SIDA, población y otras políticas sectoriales. Además, la publicación del Plan Nacional de Acción en materia de género y desarrollo tiene por objeto combatir la discriminación y asegura que las cuestiones de género sean plenamente tenidas en cuenta e incorporadas en los planes anuales de todos los sectores (recomendaciones 19 y 23).
Empoderamiento económico
61. El Gobierno ha adoptado la Estrategia de crecimiento y transformación centrada en la mujer (2010/11-2014/15) y directrices para la inclusión nacional de las cuestiones de género con el fin de alentar y promover la participación de la mujer. Ha promovido el desarrollo de la iniciativa empresarial de la mujer proporcionando capacitación y facilitando acceso tanto al crédito como a los mercados. El Gobierno ha promovido un conjunto de medidas para el desarrollo y el cambio de la mujer y la microfinanciación para la creación de empleo. En 2010/11, más de 101 microempresas y pequeñas empresas propiedad de mujeres y gestionadas por mujeres se convirtieron en empresas medianas. Se facilitaron servicios de crédito y ahorro a más de medio millón de mujeres en 2010/11. Las mujeres tienen acceso a la propiedad de la tierra y a cooperativas de crédito. A finales del año 2010/11, 1.072.546 mujeres se habían beneficiado de microfinanciación para empresas;
Participación política
62. El grado de participación política de la mujer en Etiopía ha aumentado considerablemente. Las cifras correspondientes a las candidaturas de mujeres y de mujeres votantes en las elecciones de 2010 fueron 7% y 47,8%, respectivamente. Las mujeres ocupan actualmente el 19% de los puestos en el órgano ejecutivo en el nivel federal. El número de mujeres elegidas como miembros de la Cámara de Representantes del Pueblo entre los años 2000 y 2005 fue de 42 (7,7%). En los años 2005 a 2010, el número de escaños ocupados por mujeres aumentó significativamente, hasta 117 (22%) en la Cámara de Representantes del Pueblo y 21 (18,75%) en la Cámara de la Federación. Actualmente el número de diputadas en la Cámara de Representantes del Pueblo ha llegado al 27,9% y al 16,5% en el ejecutivo (recomendaciones 20 y 24).
Empoderamiento social
63. Se han establecido asociaciones centradas en las cuestiones que afectan la mujer, incluidos comités permanentes de asuntos de la mujer en la Cámara de Representantes del Pueblo, así como asociaciones análogas en los estados regionales, los distritos y los kebeles con el fin de mejorar la condición social de la mujer y de asegurar su participación en las estructuras de adopción de decisiones. Esas asociaciones tienen por objeto ayudar a las mujeres a afrontar retos cotidianos como la violencia doméstica o el uso de anticonceptivos, examinar con ellas esos retos y ofrecer capacitación para que resuelvan sus problemas por sí mismas (recomendación 20).
Medidas adoptadas para erradicar toda forma de violencia contra la mujer y el niño
64. Con el objeto de dar a conocer mejor las recomendaciones formuladas en el informe, el Gobierno difundió en todas las regiones información pertinente, incluida la auditoría nacional sobre género y el análisis de género, las directrices al respecto y la versión oficial de la auditoría de género (recomendaciones 19 y 26).
65. El Gobierno organizó campañas de sensibilización y movilización sobre los derechos sociales y políticos de la mujer y el análisis sobre la incorporación de cuestiones de género. Esas campañas se celebraron durante eventos nacionales centrados en el impacto social, económico, físico y psicológico de la violencia contra la mujer y la violencia de género. Los dirigentes religiosos también celebraron debates públicos para prevenir la violencia de género. Se realizó una evaluación nacional en todo el país para conocer el alcance de la violencia; sus resultados han ayudado a diseñar programas, estrategias y medidas apropiadas (recomendaciones 25, 29 y 30).
66. También se celebraron talleres de fomento de la capacidad para los órganos judiciales en relación con la violencia de género, con el fin de asegurar que se adopten medidas apropiadas. Se preparó un manual especial y se estableció un equipo especial para dar seguimiento a la investigación y persecución de delitos de violencia sexual. Además, en cada fiscalía se nombró a uno de cuatro fiscales como fiscal especial encargado exclusivamente de los casos relacionados con la violencia contra la mujer y la violencia de género (recomendación 34). Por otro lado, en 2012 se estableció en Addis Abeba un centro de asistencia para víctimas de la violencia sexual donde estas reciben un trío de servicios:
apoyo físico, psicológico y legal, así como servicios gratuitos. Basándose en este caso de referencia, está previsto abrir centros análogos en distintas partes del país donde se considere necesario (recomendación 31).
67. La estrategia nacional para eliminar las prácticas tradicionales nocivas se publicó en 2012 y se transmitió a los estados regionales y las administraciones municipales. Se ha creado un órgano nacional de coordinación, compuesto por oficinas gubernamentales, para
cooperar en la lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer. El Gobierno promulgó las directrices revisadas en materia de imposición de penas que contienen medidas específicas para apoyar los derechos de la mujer y poner freno a la violencia de género. El Gobierno colabora estrechamente con la Federación de Mujeres para asegurar que se adopten las medidas apropiadas contra los autores de actos de violencia de género (recomendaciones 44, 45 y 47).
68. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer, el Niño y el Joven, en colaboración con el UNICEF, estableció un centro para investigar y perseguir los casos de violencia contra niños en el juzgado de primera instancia en Addis Abeba. Ambos ministerios proporcionan asesoramiento psicológico y jurídico a las víctimas antes de que comparezcan ante el tribunal. Se están realizando proyectos de prevención y rehabilitación en las capitales regionales en colaboración con las Naciones Unidas y con ONG nacionales e internacionales para ofrecer asistencia y rehabilitación a las víctimas de violencia sexual y explotación infantil. El Gobierno ha establecido un Centro de Atención al Niño que presta servicios psiquiátricos y médicos a las víctimas de violencia sexual. Se han establecido secciones de protección infantil en Addis Abeba, Dire Dawa, Adama, Dessie, Awassa, Mekele y Gonder para combatir la violencia contra los niños (recomendación 31).
69. Se ha creado un órgano de coordinación nacional, constituido por órganos de administración judicial, para trabajar con la comunidad en relación con la violencia contra los niños, el régimen jurídico conexo y sus efectos. Se han adoptado distintas medidas para lograr que la investigación y persecución de los autores sea sumamente efectiva. En Addis Abeba, Adama y Awassa se han establecido salas especiales con condiciones propicias para las víctimas. Se han creado varias oficinas de justicia juvenil en los tribunales regionales y federales en las que se prestan asesoramiento jurídico gratuito y servicios psiquiátricos a las víctimas. Hay centros de justicia de menores y de rehabilitación en funcionamiento. Todas estas actividades contribuyeron a reducir la violencia contra los niños (recomendaciones 41 A), 44 y 45).
Medidas establecidas para erradicar las prácticas tradicionales nocivas
70. La mutilación genital femenina, el secuestro, el matrimonio precoz y otras prácticas tradicionales nocivas son punibles con arreglo al Código Penal. El Gobierno ha establecido un foro, formado por el Ministerio de Justicia, la policía y los tribunales, para tratar las prácticas tradicionales nocivas y la violencia sexual.
Mutilación genital femenina
71. La Cámara de Representantes del Pueblo ha asignado un presupuesto independiente para el Ministerio de la Mujer, el Niño y el Joven con el fin de combatir la mutilación genital femenina. Se ha adoptado una estrategia y plan de acción nacional para la eliminación de las prácticas tradicionales nocivas y la mutilación genital femenina y se ha transmitido a los estados regionales y las administraciones municipales (recomendaciones 27 y 32).
72. El Gobierno ha creado programas para difundir información y para que los estados regionales intercambien experiencias. También se han beneficiado de estas actividades los miembros de las fuerzas del orden y los jueces (recomendación 28).
73. El debate público y los medios de información han desempeñado un importante papel en la lucha contra las prácticas tradicionales nocivas, en particular la mutilación genital femenina. Varios programas de televisión y de radio se refirieron a los graves daños psicológicos, sociales y físicos que ocasiona la mutilación genital femenina. También ha
