Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Décimo período de sesiones
Ginebra, 24 de enero a 4 de febrero de 2011
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 15 a) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos
Australia
** El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/10/AUS/1
Asamblea General
Distr. general5 de noviembre de 2010 Español
Original: inglés
Lista de siglas
CAT Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CERD Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
CRC Convención sobre los Derechos del Niño
CRPD Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ICCPR Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
ICESCR Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ONG organizaciones no gubernamentales
I. Metodología y proceso de consulta
1. El Gobierno australiano está decidido a hacer de Australia un país más justo e inclusivo. Considera que toda persona tiene derecho al respeto y a la igualdad de oportunidades y debe poder participar plenamente en la vida económica, política y social de nuestra nación. Todos los australianos tienen la responsabilidad de respetar y proteger los derechos humanos y de velar por que nuestra adhesión a la igualdad de oportunidades se convierta en una realidad para todos. Una comunidad que respeta los derechos de todos los ciudadanos es más fuerte, más segura y más resistente a las dificultades.
2. Para la preparación del informe nacional fue sumamente útil la labor de la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos llevada a cabo en 2009. El Comité Consultivo viajó por toda Australia para recabar opiniones de la comunidad, para lo cual realizó más de 65 mesas redondas y audiencias públicas comunitarias en más de 50 localidades en zonas urbanas y rurales, incluidos los lugares remotos. El Comité Consultivo recibió 35.000 comunicaciones y encargó además la realización de una investigación mediante grupos de debate para determinar las actitudes de la comunidad hacia los derechos humanos y arrojar luz sobre las experiencias y opiniones de los grupos marginados y vulnerables. La Consulta generó un debate nacional sobre los derechos humanos en el que se ha inspirado y enmarcado el informe nacional.
3. Además, para la preparación del informe nacional el Gobierno de Australia celebró consultas amplias con la sociedad civil. A principios de 2010 la Comisión de Derechos Humanos de Australia organizó un taller en el que participaron instituciones nacionales de derechos humanos, funcionarios gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG) para debatir el Examen Periódico Universal (EPU). Los participantes que asistieron al taller propusieron al Gobierno que para elaborar el informe nacional que se presentaría en el EPU se tomara como base la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos.
4. En marzo de 2010 el Gobierno de Australia emprendió una consulta preliminar sobre el informe nacional invitando a las ONG y a la población en general a que presentaran sus opiniones iniciales sobre las cuestiones que deberían tratarse en el informe.
El EPU fue un tema destacado en la jornada inaugural del Foro Anual Conjunto de ONG sobre Derechos Humanos, organizado por el Fiscal General y el Ministro de Relaciones Exteriores en junio de 2010, al que asistieron representantes de 48 ONG, y también en el Foro de ONG organizado por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio en octubre de 2010.
5. En julio de 2010 se publicó en el sitio web de la Fiscalía General una versión preliminar del informe nacional a fin de recabar observaciones al respecto. También se invitó a los estados y territorios a formular sus observaciones. Las comunicaciones presentadas durante este proceso de consulta se utilizaron para actualizar y modificar el informe nacional en el marco de los preparativos para su presentación.
6. Reconociendo la importancia de celebrar consultas tras el primer EPU de Australia, el Gobierno tiene la intención de dedicar una parte del Foro Anual Conjunto de ONG sobre Derechos Humanos de 2011 a la realización de un debate acerca de dicho EPU, prestando especial atención al seguimiento de las recomendaciones formuladas en ese examen.
II. Marco normativo e institucional
7. Australia es una sociedad estable, democrática y culturalmente diversa. La población residente es de unos 22 millones de personas. De esta población, casi una cuarta parte nació
en el extranjero y, según las estimaciones, un 2,5% es indígena. El número total de niños menores de 14 años es de aproximadamente 4,1 millones.
A. Marco constitucional
8. Australia es una democracia constitucional con un sistema parlamentario de gobierno basado en el estado de derecho1. La Constitución de Australia, en vigor desde 1901, establece un sistema federal en el que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son compartidos o distribuidos entre las instituciones federales, 6 estados2 y 3 territorios autónomos3. En cada una de estas unidades políticas hay un parlamento elegido por el pueblo, un órgano ejecutivo responsable ante ese parlamento e integrado por el partido (o partidos) mayoritarios (a excepción de la Isla Norfolk, que actualmente no tiene una estructura de partidos) y un poder judicial independiente. El sistema federal de Australia presenta algunos problemas prácticos en la aplicación de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.
9. El Parlamento federal está integrado por dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, y la Reina (representada por el Gobernador General). Las leyes tienen que ser aprobadas por ambas Cámaras y sancionadas por el Gobernador General.
10. La Constitución australiana consagra la doctrina de la separación de poderes entre las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. La independencia del poder judicial es de gran importancia en Australia. Los jueces actúan con independencia del Gobierno en la interpretación y aplicación de la ley. El Tribunal Supremo es el más alto tribunal del sistema judicial de Australia y es el órgano de primera instancia en todos los asuntos dimanantes de la Constitución o relativos a su interpretación.
11. La Constitución contiene diversas garantías expresas de derechos e inmunidades, que sin embargo no se recogen en una carta de derechos independiente. Entre esas garantías figuran las siguientes: todo bien del Gobierno del Commonwealth deberá ser adquirido en condiciones justas (art. 51 (xxxi)); en todo proceso en que se acuse a alguien de haber cometido un delito contra cualquier ley del Commonwealth habrá un jurado (art. 80); el Gobierno del Commonwealth no promulgará ninguna ley para establecer una religión o interferir en la libertad religiosa (art. 116); y en ningún estado se someterá a los ciudadanos a cualquier tipo de discriminación a causa de su residencia en otro estado (art. 117).
12. El Tribunal Supremo también ha señalado que algunos derechos están implícitos en la Constitución. Ha sostenido que la Constitución se basa en un sistema de "democracia representativa" y que, dado que el debate y la comunicación libres sobre cuestiones políticas e instituciones de gobierno son esenciales en dicho sistema, toda ley que vulnere la libertad implícita de comunicación política carecerá de validez, a menos que sea necesaria para proteger algún otro interés público.
13. En diversos momentos se ha propuesto incluir expresamente en la Constitución algunos derechos, pero estas propuestas han sido rechazadas por los gobiernos federales de todas las tendencias políticas.
14. El Gobierno australiano está firmemente decidido a otorgar reconocimiento en la Constitución a los aborígenes y a los isleños del estrecho de Torres. Recientemente anunció su intención de establecer un grupo de expertos integrado por líderes indígenas, abogados constitucionalistas y representantes del Parlamento federal y de la comunidad. El grupo de expertos examinará la mejor manera de avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y hará propuestas sobre la modalidad de enmienda que podría proponerse a la población de Australia en un referendo para modificar la Constitución.
B. Marco jurídico
15. A nivel del Commonwealth existe en Australia una amplio marco legislativo contra la discriminación, que se describe en el párrafo 49.
16. La Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Australia de 19864 establece la Comisión, a la que confiere una amplia gama de funciones en relación con los diversos instrumentos internacionales que ha suscrito Australia o en los que es parte5.
17. De conformidad con el ordenamiento jurídico de Australia, el reconocimiento y la protección de muchos derechos y libertades fundamentales está consagrado en el common law. El common law ha desarrollado también principios de interpretación de las leyes que protegen los derechos humanos. El primer principio es que siempre que se interprete una ley los tribunales darán por sentado que, al aprobarla, la intención del Parlamento no era restringir los derechos humanos fundamentales. El segundo principio es que, en casos de ambigüedad, los tribunales darán por sentada la conformidad de la ley con las normas establecidas del derecho internacional, incluidas las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos. En la configuración del common law también desempeñan una función importante los principios de la normativa internacional de derechos humanos. Ejemplo de ello fue el histórico caso Mabo6, en que se reconoció la existencia de títulos de propiedad de los aborígenes.
18. Australia tiene un marco amplio para la revisión independiente de las decisiones administrativas. El fondo de muchas de las decisiones puede ser revisado por tribunales determinados, como el Tribunal Administrativo de Apelación. En la mayoría de las decisiones adoptadas en virtud de las leyes federales, la persona afectada puede esgrimir diversos motivos para solicitar una orden de revisión7. Por otra parte, la Constitución de Australia garantiza un amplio margen para la revisión judicial de las medidas gubernamentales.
19. El estado de Victoria y el Territorio de la Capital de Australia han introducido cartas de derechos sobre la base de un "modelo de diálogo". La Ley de derechos humanos de 2004 y la Ley de la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades de Victoria de 2006 protegen los derechos civiles y políticos y exigen a las autoridades públicas que actúen de manera coherente con esos derechos y den la debida consideración a los derechos siempre que deban adoptar decisiones administrativas. Todo proyecto de ley presentado al Parlamento debe ir acompañado de declaraciones de compatibilidad y, siempre que no sea posible interpretar una ley de manera coherente o compatible con los derechos humanos, los tribunales pueden hacerlo constar en una declaración. En junio de 2010, tras un proceso de consulta pública, el gobierno de Tasmania anunció su intención de introducir una carta de derechos.
20. En abril de 2010 el Gobierno australiano dio a conocer el Marco de Derechos Humanos de Australia, conjunto de medidas para promover y proteger los derechos humanos. En los párrafos 41 a 47 se proporcionan detalles del Marco.
C. Instituciones
1. Comisión de Derechos Humanos de Australia
21. La Comisión de Derechos Humanos de Australia es la institución nacional de derechos humanos. Es una autoridad de derecho público independiente que cumple los criterios establecidos en los Principios de París para las instituciones de derechos humanos y ha sido acreditada por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos como institución de categoría "A".
22. La Comisión es un órgano colegiado integrado por 1 Presidente y los 5 Comisionados siguientes: Comisionado para los Derechos Humanos, Comisionado contra la Discriminación por Discapacidad, Comisionado contra la Discriminación Racial, Comisionado contra la Discriminación Sexual y Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres. Actualmente el Comisionado contra la Discriminación Sexual se encarga igualmente de las cuestiones de discriminación por edad, pero en septiembre de 2010 el Gobierno promulgó una ley para establecer, como cargo aparte, un Comisionado contra la Discriminación por Edad.
23. El Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres es un cargo excepcional entre las instituciones nacionales de derechos humanos a nivel mundial, ya que es el único cargo de comisionado consagrado exclusivamente a las cuestiones indígenas y cuyos informes deben presentarse obligatoriamente al Parlamento.
24. La Comisión desempeña, entre otras funciones, la de realizar actividades de sensibilización sobre los derechos humanos y de educación de la población y está facultada para investigar y resolver denuncias presentadas por particulares por violación de sus derechos por motivos de raza, sexo, discapacidad o edad. También desempeña funciones más amplias de índole normativa y promocional como, por ejemplo, prestar asesoramiento al Gobierno de Australia en materia de derechos humanos; examinar el posible impacto nacional de los proyectos de tratados; revisar la legislación existente y propuesta para garantizar el cumplimiento de los principios de derechos humanos; y realizar investigaciones sobre temas de derechos humanos.
25. La Comisión también puede investigar las denuncias relativas a presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Australia o por alguna autoridad gubernamental (sobre la base de los derechos contemplados en los instrumentos enumerados en el párrafo 16), o a la discriminación en el ámbito del empleo por razones diversas, como la preferencia sexual, los antecedentes penales, la actividad sindical, la opinión política, la religión o el origen social.
26. Una de las facultades más importantes e innovadoras de la Comisión es la de llevar a cabo investigaciones públicas en materia de derechos humanos. La Comisión también puede intervenir en procesos judiciales relativos a derechos humanos y actuar en calidad de amicus curiae en asuntos judiciales sobre cuestiones de discriminación.
2. Comisiones de los estados y territorios
27. Cada uno de los estados, así como el Territorio del Norte y el Territorio de la Capital de Australia, tienen su propio órgano dedicado a la promoción de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación o la igualdad de oportunidades8. Conjuntamente con la Comisión, estos órganos constituyen el Consejo Australiano de Organismos de Derechos Humanos.
3. Comisiones parlamentarias
28. El Parlamento del Commonwealth tiene varias comisiones que examinan las leyes vigentes y los proyectos de ley propuestos. La Comisión Permanente del Senado de Examen de los Proyectos de Ley establece si los proyectos de ley presentados en el Senado y las leyes vigentes del Parlamento "vulneran indebidamente los derechos y las libertades personales"9. La Comisión Permanente del Senado de Reglamentos y Ordenanzas examina los reglamentos, las ordenanzas y otros instrumentos legislativos presentados en el Senado y se asegura de que no "vulneren indebidamente los derechos y las libertades personales"10. 29. La Comisión Mixta Permanente de Relaciones Exteriores, Defensa y Comercio, que tiene una Subcomisión de Derechos Humanos, examina cuestiones relativas a relaciones exteriores, defensa, comercio y derechos humanos e informa al respecto. La Comisión
Mixta Permanente de Tratados examina todas las medidas propuestas por el Gobierno de Australia en relación con tratados e informa al respecto antes de que se adopten medidas que sean vinculantes para Australia en virtud de las disposiciones del tratado en cuestión.
30. El Gobierno de Australia promulgó una ley para establecer una nueva Comisión Parlamentaria Mixta de Derechos Humanos, que examinará con mayor detenimiento la legislación para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que incumben a Australia en virtud de los siete tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que es parte (véase el párrafo 45).
31. Los parlamentos de los estados y territorios también han establecido comisiones de examen que consideran cuestiones relacionadas con los derechos. Existe una Comisión Permanente de Tratados integrada por altos funcionarios del Commonwealth y de los estados y territorios que se reúne periódicamente para determinar los tratados e instrumentos internacionales de importancia y pertinencia para los estados y territorios y someterlos a examen.
4. Ombudsman
32. La Oficina del Ombudsman del Commonwealth investiga las quejas sobre medidas administrativas de los departamentos y organismos del Gobierno del Commonwealth. El Ombudsman puede investigar cuestiones por iniciativa propia, y tiene además la responsabilidad de revisar los casos de inmigrantes detenidos durante largo tiempo. Los estados y territorios también han establecido su propio Ombudsman.
5. Comisionado de Protección de la Intimidad
33. La Oficina del Comisionado del Commonwealth de Protección de la Intimidad investiga las denuncias de particulares contra organismos gubernamentales del Commonwealth y del Territorio de la Capital de Australia y contra organizaciones del sector privado por intromisiones en la vida privada. La mayoría de los estados y territorios también tienen comisionados de protección de la intimidad.
6. Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia
34. En noviembre de 2009 el Gobierno de Australia anunció la creación de un órgano representativo nacional para los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres que será conocido como Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia. A través de su contribución a los procesos gubernamentales de fomento de la participación, formulación de políticas y revisión del desempeño de los programas, el órgano cumplirá una función esencial en la decisión firme del Gobierno de Australia de establecer una nueva relación con los pueblos indígenas y desarrollar una colaboración genuina. Tras 12 meses de consulta se llegó a un modelo, recomendado por el Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres y por un comité directivo indígena independiente. El Gobierno de Australia prevé que el órgano estará en pleno funcionamiento a principios de 2011.
D. Sociedad civil
35. Las ONG y los medios de comunicación contribuyen de manera importante a la promoción y protección de los derechos humanos en Australia. La comunidad de ONG actúa en todos los sectores de la sociedad, y hay muchos foros de consulta entre la sociedad civil y el Gobierno, a nivel tanto federal como estatal. Los medios de comunicación de
Australia gozan de un alto grado de libertad para informar sobre las cuestiones de derechos humanos.
36. Reconociendo el importante papel desempeñado por las ONG, en junio de 2010 el Gobierno de Australia celebró el primer Foro Anual Conjunto de ONG sobre Derechos Humanos, organizado por el Fiscal General y el Ministro de Relaciones Exteriores a fin de disponer de un mecanismo de consulta amplia para debatir las cuestiones de derechos humanos de ámbito nacional e internacional.
E. Obligaciones internacionales
37. Australia tiene una larga tradición de apoyo a los derechos humanos en todo el mundo y ha participado activamente en el desarrollo del sistema internacional de derechos humanos11.
38. Australia es parte en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD).
Australia ha hecho reservas a determinadas obligaciones impuestas por la CERD, el ICCPR, la CEDAW y la CRC, y las somete regularmente a revisión.
39. Australia es parte en los Protocolos Facultativos que establecen mecanismos de presentación de comunicaciones individuales en virtud del ICCPR, la CEDAW y la CRPD, y también ha aceptado los mecanismos de presentación de comunicaciones individuales en virtud de la CERD y la CAT. Asimismo es parte en el Protocolo Facultativo del ICCPR destinado a abolir la pena de muerte, el Protocolo facultativo de la CRC relativo a la participación de niños en conflictos armados y el Protocolo facultativo de la CRC relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. En 2009 Australia firmó el Protocolo Facultativo de la CAT y está avanzando hacia su ratificación.
40. Para que un tratado en que Australia es parte pueda aplicarse directamente en la legislación interna es necesario proceder a su aplicación legislativa. Antes de que Australia ratifique o acepte de otro modo obligarse por un tratado, la práctica del Gobierno australiano es cerciorarse de que se hayan adoptado todas las leyes necesarias para su aplicación.
III. Promoción y protección de los derechos humanos
A. Marco de derechos humanos de Australia
41. En el 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Fiscal General nombró un Comité independiente para realizar una Consulta Nacional sobre Derechos Humanos con el fin de recabar las opiniones de la comunidad sobre los derechos humanos en Australia. El Comité llevó a cabo la consulta sobre derechos humanos más amplia de la historia de Australia.
42. En respuesta al informe de la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos, publicado en septiembre de 2009, el Gobierno anunció el Marco de Derechos Humanos de Australia, conjunto de medidas para promover y proteger los derechos humanos, en
particular medidas para que el Parlamento y el ejecutivo tengan más en cuenta las consideraciones de derechos humanos cuando examinen la repercusión que las políticas y leyes pueden tener sobre los ciudadanos. El Marco no incluía una carta legal de derechos. A juicio del Gobierno, gracias a los mecanismos existentes, incluidos los principios bien establecidos de interpretación de las leyes, combinados con los nuevos requisitos, como la declaración de compatibilidad propuesta para todos los proyectos de ley, los tribunales contarán con las herramientas apropiadas para desempeñar su función en el contexto de la mayor atención prestada por el Parlamento a las consideraciones de derechos humanos.
43. El elemento fundamental del Marco es la adopción de diversas medidas para que la información sobre derechos humanos esté más fácilmente disponible en todas las comunidades australianas. De conformidad con este Marco, el Gobierno de Australia ha asignado fondos para que en los próximos cuatro años la Comisión de Derechos Humanos de Australia y las ONG desarrollen y ejecuten programas de educación y sensibilización sobre derechos humanos en todos los ámbitos de las comunidades, incluidas las escuelas primarias y secundarias. El Gobierno también está invirtiendo en un programa de educación y capacitación del sector público del Commonwealth, que incluye la elaboración de un conjunto de instrumentos y materiales de orientación sobre derechos humanos para formular las políticas del sector público y ejecutar los programas gubernamentales. Estas medidas obedecen a la recomendación del Comité encargado de la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos de que para mejorar y promover los derechos humanos en Australia se diera prioridad máxima a la educación.
44. El Gobierno de Australia ha promulgado una ley en virtud de la cual todo proyecto de ley que se presente al Parlamento debe ir acompañado de una declaración en la que se evalúe su compatibilidad con los siete tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que Australia es parte. Las declaraciones deben ponerse a disposición del público junto con otros materiales explicativos del proyecto de ley. Se actualizarán los Manuales de Legislación y del Gabinete de Gobierno para incluir en ellos directrices sobre la necesidad de cerciorarse de que las leyes y políticas que se elaboren sean coherentes con las obligaciones de derechos humanos de Australia.
45. El Gobierno de Australia también ha promulgado una ley por la que se establece una Comisión Parlamentaria Mixta de Derechos Humanos, que garantizará un examen más riguroso de las leyes en cuanto a su cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos que incumben a Australia en virtud de los siete tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que es parte. La ley confiere a la Comisión Mixta competencia para examinar las leyes vigentes y los proyectos de ley propuestos, y prevé también la posibilidad de que el Fiscal General solicite a la Comisión Mixta que lleve a cabo investigaciones más amplias en materia de derechos humanos.
46. Otro componente fundamental del Marco es la elaboración de leyes consolidadas y armonizadas del Commonwealth contra la discriminación (véase el párrafo 52).
47. Como parte del Marco, el Gobierno de Australia formulará un nuevo plan de acción nacional sobre derechos humanos en el que, en colaboración con los estados y territorios, esbozará las futuras actividades de promoción y protección de los derechos humanos.
B. Igualdad y no discriminación
48. Desde hace mucho tiempo la sociedad australiana valora la igualdad de oportunidades, el respeto mutuo, la tolerancia y la equidad. Toda persona debe poder participar en la comunidad australiana sin ser sometida a discriminación o acoso por motivos de raza, sexo, discapacidad o edad u otros motivos. Australia es consciente de que la interrelación entre las diversas formas de discriminación puede tener un efecto
exacerbante. A fin de proteger y promover la igualdad y la no discriminación en Australia se han puesto en marcha diversas medidas legislativas, políticas y programáticas.
49. La legislación del Commonwealth contra la discriminación está integrada principalmente por cuatro leyes. La Ley contra la discriminación racial de 1975 establece que es ilegal discriminar por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico y prohíbe el comportamiento ofensivo basado en el odio racial. La ley tiene por objeto aplicar las obligaciones dimanantes de la CERD. La ley contra la discriminación sexual de 1984 prohíbe el acoso sexual y establece que es ilegal discriminar por motivos de sexo, estado civil, embarazo o posibilidad de embarazo y, en relación con la terminación del empleo, responsabilidades familiares. La ley tiene por objeto aplicar las obligaciones dimanantes de la CEDAW y de algunos aspectos del Convenio Nº 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Ley contra la discriminación por discapacidad de 1992 establece que es ilegal discriminar a las personas con discapacidad. La Ley contra la discriminación por edad de 2004 establece que es ilegal discriminar a las personas por razones de edad. Además, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Australia faculta a esta Comisión para investigar y resolver denuncias de discriminación en el empleo por motivos de preferencia sexual, antecedentes penales, actividad sindical, opinión política, religión u origen social, en cumplimiento de las obligaciones dimanantes del Convenio Nº 111 de la OIT.
50. En septiembre de 2010 el Gobierno australiano promulgó una ley para fortalecer la Ley contra la discriminación sexual mediante disposiciones encaminadas, en particular, a proteger contra la discriminación por motivos de responsabilidades familiares de hombres y mujeres en todos los ámbitos del empleo; proporcionar una mayor protección contra el acoso sexual; garantizar que la protección contra la discriminación sexual se aplique por igual a hombres y mujeres; y establecer la lactancia materna como otro de los motivos ilícitos de discriminación.
51. Es posible presentar denuncias sobre discriminación en relación con esferas muy diversas de la vida pública. La aplicación de las leyes contra la discriminación se extiende a los individuos y organizaciones del sector no gubernamental (sector privado).
52. Actualmente el Gobierno de Australia está armonizando y consolidando las leyes del Commonwealth contra la discriminación, suprimiendo la superposición innecesaria de disposiciones reglamentarias, subsanando las contradicciones entre las leyes y trabajando para que el sistema sea más fácil de usar. La consolidación de la legislación constituye una oportunidad para examinar las deficiencias a nivel federal y revisar el proceso de tramitación de las denuncias y el papel y las funciones conexas de la Comisión de Derechos Humanos de Australia. En el marco de su labor de revisión y consolidación de las leyes federales contra la discriminación, el Gobierno australiano está firmemente decidido a promulgar leyes para proteger a las personas contra la discriminación por motivos de orientación sexual o condición de género.
53. Además de las leyes mencionadas, la Ley de relaciones laborales justas de 2009 prohíbe a los empleadores tomar medidas perjudiciales contra un empleado o futuro empleado por motivos discriminatorios diversos. El Ombudsman para las relaciones laborales justas puede ayudar a las personas investigando las presuntas infracciones de la Ley de relaciones laborales justas.
1. Indígenas australianos
54. Australia valora la rica contribución que los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres siguen aportando a su desarrollo y a su particular identidad como nación.
Los pueblos indígenas en Australia son los orgullosos custodios de las culturas más antiguas de la historia humana que todavía perviven.
55. En febrero de 2008 el Gobierno australiano presentó una histórica disculpa oficial a los pueblos indígenas de Australia y, en particular, a las "generaciones robadas" de niños que fueron separados de sus familias. En dicha disculpa se reconoció que las leyes y políticas de parlamentos y gobiernos sucesivos causaron dolor, sufrimiento y pérdidas profundos a los Primeros Pueblos de Australia. Tras la disculpa, el Gobierno adquirió un importante compromiso de invertir en vivienda, salud, desarrollo en la primera infancia, educación y prestación de servicios en las zonas aisladas con el fin de promover los derechos sociales y económicos fundamentales de los pueblos indígenas.
56. El Gobierno de Australia apoyó la creación de una fundación en pro de la curación destinada a patrocinar las iniciativas comunitarias de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres encaminadas a curar las heridas del pasado, prestando especial atención a las "generaciones robadas".
57. Muchos pueblos indígenas de Australia enfrentan desventajas importantes. Los pueblos indígenas tienen condiciones más insatisfactorias que otros australianos en materia de educación, empleo, ingresos y acceso a la propiedad. También experimentan tasas más altas de violencia en la familia, maltrato infantil y representación en la población de las cárceles e instituciones de protección del niño. Los servicios de salud, educación y atención a la comunidad que se proporcionaban en el pasado a muchos pueblos indígenas en las zonas regionales y urbanas eran insuficientes. La diferencia entre indígenas y no indígenas en cuanto a esperanza de vida al nacer se calcula actualmente en 11,5 años para los varones y 9,7 años para las mujeres. La tasa de mortalidad de lactantes en los indígenas es el doble que en los no indígenas. Estas estadísticas presentan retos importantes.
58. El Consejo de Gobiernos Australianos ha convenido en mantener relaciones de colaboración entre todos los niveles de gobierno para reducir las diferencias en cuanto a oportunidades y condiciones de vida entre los australianos indígenas y los no indígenas.
Para que este programa funcione, se han establecido seis metas específicas claras, a saber:
reducir significativamente las diferencias en cuanto a esperanza de vida en el plazo de una generación; reducir a la mitad la diferencia entre indígenas y no indígenas en cuanto a tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años para 2018; asegurar el acceso a la enseñanza preescolar para los niños indígenas de 4 años de edad en las comunidades aisladas para 2013; reducir a la mitad la diferencia entre niños indígenas y no indígenas en cuanto a lectura, escritura y aritmética para 2018; reducir a la mitad la diferencia entre los estudiantes indígenas y no indígenas del curso escolar 12º o de un nivel equivalente para 2020; y reducir a la mitad la diferencia entre australianos indígenas y no indígenas en cuanto a tasas de empleo para 2018.
59. En abril de 2009 Australia dio su apoyo a la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas (véase el párrafo 145) reafirmando el derecho de los pueblos indígenas de Australia a todos los derechos humanos y libertades fundamentales. El Gobierno ha adoptado posteriormente diversas medidas para establecer una nueva relación con los pueblos indígenas, entre ellas la creación del Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia (véase el párrafo 34).
60. El Gobierno australiano reconoce que las altas tasas actuales de violencia y victimización en la familia entre las mujeres indígenas siguen siendo un problema importante de derechos humanos. Además de proporcionar financiación para las respuestas de la comunidad a la violencia en la familia, el Gobierno de Australia ha apoyado la creación de una nueva Alianza Nacional de Mujeres Aborígenes y del Estrecho de Torres a fin de que las mujeres indígenas puedan presentar sus problemas y proponer sus propias soluciones (véase también el párrafo 106, en que se examina el Plan Nacional de Australia para reducir la violencia contra la mujer y sus hijos).
61. Los hombres, las mujeres y los jóvenes indígenas australianos tienen más probabilidades de entrar en el sistema de justicia penal a edad más temprana que los australianos no indígenas, y son encarcelados en mayor proporción que estos. Los presos indígenas tienen más probabilidades de haber estado anteriormente en prisión que los australianos no indígenas. En noviembre de 2009 los Gobiernos del Commonwealth y de los estados y territorios aprobaron un Marco Nacional de Legislación y Justicia Indígenas para tratar las cuestiones de legislación y justicia indígenas. El Marco constituye el primer planteamiento acordado a nivel nacional sobre dichas esferas. Procurará, entre otras cosas, prevenir las muertes durante la privación de libertad, reducir entre los indígenas la representación excesiva en las cárceles y la reincidencia y proporcionar a las comunidades indígenas una justicia plena y equitativa.
62. La Respuesta de Emergencia para el Territorio del Norte es un conjunto de medidas destinadas a proteger a los niños, garantizar la seguridad de las comunidades y construir un futuro mejor para quienes viven en las comunidades indígenas y los campamentos urbanos en el Territorio del Norte. La Respuesta de Emergencia fue anunciada en junio de 2007 por el Gobierno de Australia de ese entonces en respuesta a un informe independiente que había llamado la atención de la nación sobre las pruebas del maltrato infantil imperante en algunas de las comunidades indígenas del Territorio del Norte. Entre las medidas adoptadas cabe mencionar la realización de controles policiales adicionales, los exámenes de reconocimiento de la salud infantil, las reparaciones de la infraestructura comunitaria, las restricciones al alcohol y a la pornografía y la gestión de los ingresos. En la legislación mediante la cual se aprobaron estas medidas se señaló que se trataba de medidas especiales cuyo propósito se enmarcaba en la Ley contra la discriminación racial de 1975 y estaban excluidas de la aplicación de la parte II de dicha ley (que prohíbe la discriminación racial).
63. El actual Gobierno de Australia emprendió en junio de 2008 un examen exhaustivo e independiente de las medidas de la Respuesta de Emergencia, que entrañó amplias consultas con los afectados por las medidas y arrojó las siguientes recomendaciones generales:
• Que el Gobierno federal y el gobierno del Territorio del Norte reconozcan como asunto de importancia nacional la persistente necesidad de enfrentar con urgencia el nivel inaceptablemente alto de desventaja y trastorno social que experimentan los aborígenes australianos que viven en las comunidades aisladas en todo el Territorio del Norte;
• Que al hacer frente a estas necesidades ambos gobiernos reconozcan que debe establecerse una nueva relación con los pueblos indígenas sobre la base de consultas, compromisos y colaboración verdaderos; y
• Que las medidas gubernamentales que afecten a las comunidades indígenas respeten las obligaciones de Australia en materia de derechos humanos y se ajusten a la Ley contra la discriminación racial de 1975.
64. El Gobierno australiano aceptó las recomendaciones generales del examen y comenzó a adoptar medidas para ponerlas en práctica. En junio de 2010 el Parlamento aprobó una ley para restablecer la Ley contra la discriminación racial de 1975 en lo referente a la Respuesta de Emergencia y hacer las enmiendas necesarias a las leyes relativas a dicha Respuesta.
65. El Gobierno de Australia reconoce la importancia que tiene la cultura en la reconciliación entre los australianos indígenas y no indígenas. El Gobierno de Australia apoya la repatriación sin condiciones de todos los restos humanos de indígenas australianos de las colecciones en el extranjero a sus tierras tradicionales o comunidades de origen.
66. La importancia de la tierra para los pueblos indígenas ha sido reconocida oficialmente en la legislación australiana12. En 1993, tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso Mabo, se promulgó la Ley de títulos de propiedad de los aborígenes de 1993, por la que se establece un marco legislativo para el reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra de los aborígenes, dimanantes de las leyes y costumbres tradicionales.
67. El Gobierno australiano designó a Megan Davis, indígena especialista en derechos humanos y defensora de los derechos de la mujer, para desempeñarse como experta independiente en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La Sra. Davis es la primera mujer indígena de Australia en haber sido elegida a un foro de las Naciones Unidas.
2. Igualdad entre los géneros
68. El Gobierno australiano es consciente de que las mujeres y los hombres deben desempeñar funciones equiparables en todos los aspectos de la sociedad, y está firmemente decidido a promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y hacer realidad la igualdad entre los géneros, a nivel tanto nacional como internacional.
69. La Ley contra la discriminación sexual de 1984 prohíbe el acoso sexual y establece que es ilegal discriminar por motivos de sexo, estado civil, embarazo o posibilidad de embarazo y, en relación con la terminación del empleo, responsabilidades familiares, como se señala en el párrafo 49.
70. Australia reconoce la importancia de fortalecer el liderazgo de las mujeres, en particular en los parlamentos nacionales, para promover la igualdad entre los géneros.
Australia cuenta con un marco de medidas legislativas y de política para reconocer la igualdad entre hombres y mujeres y aumentar la participación de la mujer en posiciones directivas en todos los sectores de la sociedad australiana.
71. En los últimos años se ha avanzado considerablemente en Australia en cuanto a la participación política de las mujeres. En 2010 aproximadamente el 30% de todos los parlamentarios del Commonwealth son mujeres13. Hay 6 mujeres ministras, entre ellas la Primera Ministra, primera mujer que ocupa ese cargo, 6 Secretarias Parlamentarias y 1 Jefa Adjunta de la oposición. Una mujer ocupa el cargo de Gobernador General. Tres de los 7 miembros actuales del Tribunal Supremo de Australia son mujeres. A nivel de los estados hay 2 primeras ministras y 2 gobernadoras.
72. El Gobierno australiano reconoce que es necesario hacer esfuerzos adicionales para fomentar una mayor participación de la mujer en los niveles más altos del sector empresarial y continúa aplicando diversas iniciativas para apoyar el aumento de la representación de las mujeres en las juntas directivas del sector público.
73. El mejoramiento de los resultados económicos de la mujer es fundamental para la igualdad entre los géneros. En Australia los ingresos de las mujeres siguen siendo, en promedio, inferiores a los de los hombres. Un factor importante que repercute en la seguridad económica de las mujeres es que estas siguen teniendo la responsabilidad principal de la prestación de cuidados a otros y de las tareas domésticas sin remuneración.
Para mejorar la seguridad económica de las mujeres son fundamentales las medidas que faciliten una mayor equidad en la remuneración recibida, aumenten la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y fomenten una distribución más equilibrada entre mujeres y hombres de las responsabilidades del cuidado de otros y de las tareas domésticas.
74. En los últimos años el Gobierno de Australia ha adoptado diversas medidas de esa índole. La Ley de relaciones laborales justas de 2009 incluye disposiciones mejoradas sobre igualdad de remuneración que contribuyen a garantizar salarios más equitativos. Las nuevas Normas Nacionales de Empleo permiten una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo, al
conferir a los padres el derecho de solicitar condiciones laborales flexibles al reintegrarse al trabajo después del nacimiento de un hijo, y duplican efectivamente la licencia parental no remunerada de que disponen las familias.
75. Otra iniciativa importante es la introducción por primera vez en Australia del sistema integral de licencia de paternidad remunerada, a partir de enero de 2011. Este sistema será fundamental para dar a los padres más posibilidades de encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y familiares, al tiempo que contribuirá a que las mujeres mantengan su vinculación con la fuerza de trabajo.
76. En marzo de 2009 la Comisión de Derechos Humanos de Australia publicó el documento final de su proyecto sobre diversidad de sexo y género. El Gobierno de Australia está firmemente decidido a considerar las cuestiones destacadas en este documento, entre ellas los requisitos actuales para la inscripción del sexo y el género en los documentos y registros del Gobierno federal.
3. Personas con discapacidad
77. Las personas con discapacidad son miembros muy apreciados de las comunidades y los lugares de trabajo de Australia y aportan contribuciones positivas a la sociedad. Ahora bien, las personas con discapacidad deben hacer frente a diversos obstáculos para disfrutar de sus derechos en las mismas condiciones que los demás. Australia está en el proceso de elaborar un marco de políticas integral encaminado a introducir cambios en todos los servicios y programas generales para que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que los demás australianos.
78. La Ley contra la discriminación por discapacidad de 1992 prohíbe la discriminación de la persona por motivos de discapacidad en muchas esferas de la vida pública, como se señala en el párrafo 49.
79. Una novedad reciente en este terreno es la presentación en el Parlamento de las Normas sobre discapacidad de 2010 (edificios y acceso a locales) en marzo de 2010. En el documento se establecen normas nacionales mínimas en relación con las condiciones de accesibilidad, a fin de garantizar a las personas con discapacidad un acceso y una utilización de los edificios en condiciones dignas.
80. El Gobierno de Australia, junto con los gobiernos de los estados, territorios y municipios, ha preparado un proyecto de Estrategia Nacional sobre la Discapacidad para proporcionar un marco nacional en el que se inscriban las futuras reformas de los sistemas para el común de la población y los servicios en el ámbito de la discapacidad con el fin de obtener mejores resultados para las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores. El proyecto de Estrategia se ha elaborado en consulta con la comunidad, los principales organismos y organizaciones de las personas con discapacidad, las organizaciones de cuidadores, los empleadores y los expertos en la materia de Australia. La Estrategia será un mecanismo importante para garantizar que los principios que sustentan la CRPD se integren en las políticas y los programas que afectan a las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores.
81. Los cuidadores informales proporcionan apoyo y asistencia a las personas con discapacidad para que puedan vivir en su hogar y permanezcan en contacto con su comunidad. El Gobierno de Australia dará preeminencia a las necesidades de los cuidadores en la política gubernamental mediante la elaboración de un Marco Nacional de Reconocimiento de los Cuidadores, que incluye la aprobación de leyes del Commonwealth sobre el reconocimiento del cuidador y una Estrategia Nacional del Cuidador.
82. En 2008, el programa de asistencia de Australia elaboró una estrategia con atención a la discapacidad llamada Desarrollo para todos: hacia un programa de asistencia de Australia que incluya la atención a la discapacidad, 2009-2014. La estrategia establece las directrices del programa de asistencia de Australia para el desarrollo, que incluye a las personas con discapacidad de los países en desarrollo y deliberadamente les presta una atención especial y se asegura de que se beneficien de la cooperación internacional en igualdad de condiciones que los demás. La estrategia se basa en la CRPD y contribuye al cumplimiento de las obligaciones que incumben a Australia en virtud de su artículo 32 y de los compromisos establecidos en el Marco Nacional de Derechos Humanos de procurar el diálogo con la comunidad internacional para mejorar la protección y promoción de los derechos humanos en nuestra región y en todo el mundo.
83. El Gobierno de Australia designó a Ron McCallum, importante estudioso australiano del derecho, para que actuara en calidad de Experto independiente en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2008 el Sr. McCallum fue elegido miembro del Comité por un período de dos años y designado Presidente en 2010.
Recientemente, el Sr. McCallum fue reelegido miembro del Comité por un mandato de cuatro años.
4. Niños
84. Australia es consciente de que los niños y los jóvenes tienen intereses y vulnerabilidades particulares que requieren una protección especial. El Commonwealth y los estados y territorios cuentan con una amplia gama de leyes de protección de los niños, que tratan cuestiones como la tutela, la protección de la infancia, la adopción y los menores infractores.
85. Australia está firmemente decidida a combatir la violencia contra los niños y mejorar los resultados a ese respecto. En abril de 2009 el Gobierno australiano aprobó un Marco Nacional de Protección de los Niños de Australia que tiene por objeto garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y jóvenes de Australia y reducir con el tiempo, de forma sustancial y sostenida, el maltrato y el descuido infantiles en el país. En la elaboración del Marco se celebraron consultas amplias y se contó con una estrecha colaboración entre los gobiernos y el sector no gubernamental. El Marco, que se hará operativo mediante una serie de planes de ejecución trienales, servirá para encontrar posibilidades de satisfacer las necesidades específicas de los niños indígenas y de otros niños vulnerables.
86. Los derechos de los niños desempeñan un papel importante en el desarrollo y la aplicación de las leyes sobre la familia. En 2006 el Gobierno australiano introdujo una serie de cambios en el sistema de legislación sobre la familia, entre los que cabe mencionar las enmiendas de la Ley del derecho de familia de 1975 y los cambios en el sistema de servicios de fortalecimiento de las relaciones familiares. El objetivo de las reformas era lograr un cambio generacional en el derecho de familia y un cambio cultural en la gestión de la separación de los padres, procurando evitar los litigios y promover la cooperación en la crianza de los hijos. En enero de 2010 el Gobierno de Australia publicó una evaluación del impacto de los cambios introducidos en 2006 en la Ley del derecho de familia, elaborada por el Instituto Australiano de Estudios de la Familia, en la que se examinan las repercusiones de las enmiendas de la legislación y de los nuevos servicios establecidos en el marco de las reformas.
87. El Consejo de Gobiernos Australianos ha establecido que el desarrollo, la atención y la educación de la primera infancia constituyen una esfera fundamental de las reformas en el plano nacional. Mediante una Estrategia Nacional de Desarrollo en la Primera Infancia de amplio alcance y una serie de acuerdos de asociación nacionales, el Consejo ha emprendido diversas reformas que incluyen, entre otras cosas, el acceso universal a la
educación de la primera infancia, la prestación de servicios integrados a los niños y las familias de los indígenas australianos y un nuevo Marco Nacional de Calidad para la educación y el cuidado en la primera infancia y el cuidado de los niños en edad escolar.
88. En noviembre de 2009 el Gobierno de Australia presentó una disculpa oficial a los niños migrantes que llegaron al país en el marco de los planes históricos de migración infantil y que a menudo fueron posteriormente internados en hogares y orfanatos. En esta disculpa se reconoció que muchos de los niños internados en las instituciones, entre ellos los que habían llegado como migrantes, así como sus familias y la comunidad en general, sufrieron a causa de un sistema que no atendía ni protegía adecuadamente a los niños confiados a su cuidado.
5. Orientación sexual
89. En Australia toda persona tiene derecho al respeto, la dignidad y la oportunidad de participar en la sociedad y recibir la protección de la ley independientemente de su sexualidad. La actividad homosexual ha sido despenalizada en todos los estados y territorios de Australia. Las políticas recientes se centran en garantizar a las parejas del mismo sexo y a sus familias el reconocimiento y los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales de hecho.
90. Como parte de su revisión y consolidación de las leyes federales contra la discriminación, el Gobierno australiano está firmemente decidido a introducir leyes para proteger a las personas contra la discriminación por motivos de orientación sexual.
91. En 2009 se introdujeron amplias reformas legislativas para que las parejas del mismo sexo y sus hijos fueran reconocidos por la legislación del Commonwealth. Las reformas afectaron a 85 leyes del Commonwealth, en que se eliminó la discriminación contra las parejas del mismo sexo y sus hijos en una gran diversidad de ámbitos, como, por ejemplo, la seguridad social, la fiscalidad, la atención de la salud, los asuntos de los veteranos, la indemnización por accidentes de trabajo, la asistencia educativa, la jubilación, el derecho de familia y la manutención de los hijos.
92. Para el reconocimiento de las relaciones, el Gobierno de Australia apoya un marco coherente a nivel nacional basado en los estados. Varios estados y territorios han establecido sistemas que permiten a las parejas del mismo sexo y a las parejas heterosexuales de hecho registrar oficialmente sus relaciones.
6. Discriminación por edad
93. Australia está firmemente decidida a garantizar que no se impida a sus ciudadanos contribuir a la sociedad en que viven por motivos de edad. La Ley contra la discriminación por edad de 2004 prohíbe la discriminación en muchos ámbitos de la vida pública, como se señala en el párrafo 49.
94. En 2009 se enmendó la Ley contra la discriminación por edad para suprimir la denominada prueba de la "razón dominante", que establecía que, para que pudiera aplicarse la ley, la razón dominante subyacente a la presunta conducta discriminatoria debía haber sido la edad de la persona. Esta supresión fortaleció la protección contra la discriminación por edad y armonizó la ley en cuestión con otras leyes del Commonwealth de lucha contra la discriminación.
95. El Gobierno de Australia se ha comprometido a aportar fondos para financiar en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Australia la labor específica de un Comisionado contra la Discriminación por Edad. En septiembre de 2010 el Gobierno australiano introdujo una ley en virtud de la cual estableció el nuevo cargo de Comisionado.
El Comisionado contra la Discriminación por Edad trabajará en favor de las personas que
experimenten ese tipo de discriminación y ayudará a eliminar los estereotipos que contribuyen a la discriminación por edad en la comunidad y el lugar de trabajo.
7. Multiculturalismo y lucha contra el racismo
96. Australia se esfuerza por ser una sociedad tolerante e inclusiva integrada por personas de muchos orígenes culturales, lingüísticos y religiosos diferentes. La diversidad cultural es una característica definitoria de nuestra identidad nacional. De la población estimada de Australia de 22 millones de residentes, casi 1 de cada 4 nació en el extranjero14. El Gobierno aporta fondos para apoyar la enseñanza de lenguas extranjeras en la mayoría de las escuelas y universidades ordinarias australianas, así como en las escuelas de las comunidades étnicas.
97. El Gobierno australiano está firmemente decidido a garantizar que todos los australianos tengan la oportunidad de ser miembros activos de nuestra sociedad, dotados de los mismos derechos y de la libertad de mantener sus tradiciones culturales, con sujeción a la legislación australiana. En 2008 se estableció el Consejo Consultivo Multicultural de Australia. En abril de 2010 el Consejo ofreció al Gobierno nacional asesoramiento sobre la política de diversidad cultural, que el Gobierno está aplicando en la actualidad.
98. En el marco del Programa de Diversidad y Cohesión Social del Gobierno se realizan proyectos para paliar la intolerancia cultural, racial y religiosa promoviendo el respeto, la justicia y el sentido de pertenencia para todos. Del mismo modo, a través de la red de oficiales de enlace comunitarios, el Gobierno mantiene contactos con una gran diversidad de organizaciones y personas de las comunidades étnicas en toda Australia para proporcionar asesoramiento sobre cuestiones relativas a las relaciones de la comunidad, difundir información sobre los servicios y programas del Gobierno y escuchar directamente a los grupos de la comunidad migrante.
99. De conformidad con la Ley contra la discriminación racial de 1975, la discriminación contra una persona por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico es ilegal. El comportamiento ofensivo basado en el odio racial (difamación) es también ilegal. Además, en el marco de la Ley del Código Penal del Commonwealth de 1995, es delito incitar a la violencia contra un grupo por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política. La Comisión de Derechos Humanos de Australia está facultada para investigar y resolver mediante conciliación las denuncias de discriminación racial.
100. Se ha expresado inquietud acerca de la seguridad de los estudiantes indios en Australia. En comparación con otros países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la tasa de agresión en Australia es inferior a la media. Al igual que en otros países, algunas de las agresiones cometidas en Australia tienen motivos raciales.
Todos los gobiernos australianos toman muy en serio las agresiones contra los indios del país. El Primer Ministro y otros ministros de Australia han condenado las agresiones contra los indios, así como cualquier agresión por motivos raciales. Los estados y territorios de Australia han tomado medidas enérgicas de aplicación de la ley en virtud de las cuales los infractores son enjuiciados con vigor y sometidos a la acción de la justicia. El Gobierno de Australia reconoce la necesidad de contar con datos fiables, por lo que ha encargado al Instituto Australiano de Criminología que lleve a cabo un estudio sobre los delitos cometidos contra los estudiantes internacionales.
C. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona
1. Abolición de la pena de muerte y prohibición de la tortura
101. El Gobierno del Commonwealth abolió la pena de muerte en Australia, incluidos los territorios, en 1973. En 1985 todos los estados habían abolido ya la pena de muerte. En marzo de 2010, el Parlamento del Commonwealth aprobó una ley para garantizar que no se volviera a instituir la pena de muerte en ninguna parte de Australia. Además, se enmendó la Ley del Código Penal de 1995 para incluir expresamente el delito de tortura al nivel del Commonwealth. Con ello se pretende cumplir mejor las obligaciones que incumben a Australia en virtud de la CAT de prohibir todos los actos de tortura, dondequiera que se produzcan.
102. En diciembre de 2009, el Gobierno de Australia anunció una nueva política rectora de la cooperación en materia de aplicación de la ley con los países que apliquen la pena de muerte. Las nuevas directrices exigen a la Policía Federal Australiana que, antes de proporcionar asistencia interpolicial en asuntos que puedan acarrear una pena de muerte, tenga en cuenta diversos factores previamente establecidos. Además, dicha asistencia debe contar con la aprobación ministerial en cualquier caso en que una persona haya sido aprehendida, detenida, acusada o condenada en relación con un delito que entrañe la pena de muerte.
2. Lucha contra la violencia
103. La violencia contra las mujeres es inaceptable y entraña importantes costos personales, sociales y económicos para todos en la comunidad australiana15. Las mujeres aborígenes y las isleñas del estrecho de Torres registran niveles más altos de violencia física a lo largo de su vida que el resto de las mujeres australianas y son mucho más propensas a ser objeto de lesiones y violencia sexual. Según investigaciones realizadas, las mujeres con discapacidad tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia sexual o de actos de violencia cometidos por su pareja, de mayor gravedad y durante un período de tiempo más largo que las mujeres sin discapacidad.
104. La violación, incluida la violación conyugal, y la agresión sexual son delitos en todos los estados y territorios. La legislación en vigor en todos los estados y territorios faculta a los tribunales para dictar órdenes de alejamiento por actos temidos de violencia para proteger a las víctimas de la violencia doméstica o a las personas que corran el riesgo de convertirse en víctimas.
105. Uno de los objetivos de la Ley del derecho de familia de 1975 es garantizar la salvaguardia del interés superior del niño mediante la protección de los niños contra cualquier daño físico o psicológico por haber estado sujetos o expuestos al maltrato, el descuido o la violencia en la familia. De conformidad con la Ley del derecho de familia, cuando un tribunal tenga que decidir si debe dictar una orden determinada respecto de los progenitores de un niño la consideración primordial que debe tener en cuenta es el interés superior del niño. La Comisión de Reforma Legislativa de Australia recientemente completó una investigación sobre la interacción entre la Ley del derecho de familia y las leyes de violencia doméstica de los estados y territorios, cuyos resultados se presentarán en el Parlamento a finales de noviembre de 2010.
106. El Gobierno de Australia ha adoptado medidas importantes para reducir la violencia contra las mujeres y sus hijos. El Gobierno de Australia está colaborando con los gobiernos de los estados y territorios para elaborar una estrategia nacional en que se apliquen las mejores prácticas en materia de legislación, prevención, aplicación de la ley, servicios e investigación con el fin de reducir la violencia contra la mujer. El Plan Nacional para reducir la violencia contra las mujeres y sus hijos estará integrado por una serie de cuatro
planes de acción trienales destinados a coordinar los esfuerzos para reducir la violencia contra las mujeres y sus hijos. Gracias al Plan Nacional, todos los niveles del Gobierno y la comunidad podrán apoyar mejor a las víctimas de la violencia, fortalecer y racionalizar la legislación sobre violencia doméstica y agresión sexual y reducir la violencia en las generaciones futuras.
3. Trata de personas
107. Australia es un país de destino de víctimas de la trata pero, a causa del control de fronteras y el aislamiento geográfico del país, su número sigue siendo bajo. Sea como fuere, Australia se ha dotado de un marco legislativo y normativo de lucha contra la trata en todas sus formas y vela por que su estrategia en la materia siga siendo acertada y responda a las tendencias y los problemas que vayan surgiendo.
108. La trata de personas (incluida la de niños) y los delitos conexos (por ejemplo, la servidumbre sexual, la esclavitud, la contratación engañosa y la servidumbre por deudas) están tipificados como delitos en la Ley del Código Penal de 1995. Hasta la fecha, nueve personas han sido condenadas por delitos relacionados con la trata de personas16.
109. La estrategia del Gobierno de Australia para combatir la trata de personas incluye medidas relativas a todo el ciclo de la trata, desde la captación hasta la reintegración, y da la misma importancia a la prevención, la detección e investigación, el enjuiciamiento y el apoyo a las víctimas, que son aspectos esenciales del problema.
110. Australia ratificó el Protocolo sobre la trata que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y, junto con Indonesia, copreside el Proceso de Bali sobre el contrabando y la trata de personas y la delincuencia transnacional conexa17. A fin de enfrentar y prevenir mejor la trata, el Gobierno de Australia también participa activamente en foros internacionales como la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas y la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
4. Derechos humanos y medidas de lucha contra el terrorismo
111. Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y los atentados de Bali de 2002, Australia fortaleció las medidas de lucha contra el terrorismo para cumplir con las obligaciones internacionales en la materia y proteger a los australianos. Se ha expresado inquietud en relación con el grado en que esas medidas respetan las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por Australia en los diálogos internacionales y nacionales.
112. El Gobierno de Australia está firmemente decidido a garantizar que sus leyes y poderes en el ámbito de la seguridad nacional contengan salvaguardias adecuadas y exijan responsabilidades en su aplicación. Tras una amplia consulta pública sobre la revisión de la legislación de seguridad nacional, en septiembre de 2010 el Gobierno de Australia presentó un proyecto de ley de enmienda de la legislación de seguridad nacional, que pondrá en práctica las recomendaciones de varias comisiones parlamentarias bipartitas y comisiones independientes encargadas de revisar la legislación australiana sobre seguridad nacional y lucha contra el terrorismo
113. En septiembre de 2010 el Gobierno de Australia también presentó el proyecto de ley relativo a la Comisión Parlamentaria Mixta sobre Aplicación de la Ley, encaminado a establecer dicha Comisión Parlamentaria, que reemplazaría a la actual Comisión Parlamentaria Mixta encargada de investigar la labor de la Comisión Penal de Australia y ampliaría sus funciones para incluir también la de supervisión general de la Policía Federal de Australia.
114. Las obligaciones de derechos humanos también se tendrán en cuenta en el marco de una nueva revisión de las leyes contra el terrorismo que, según se prevé, comenzará a realizarse en diciembre de 2010.
115. En marzo de 2010, el Parlamento de Australia aprobó una ley por la que estableció un nuevo Observador Independiente de la Legislación de Seguridad Nacional, encargado de revisar el funcionamiento y la eficacia de la legislación sobre lucha contra el terrorismo y seguridad nacional. El Observador también ayudará a verificar que la legislación sea compatible con las obligaciones internacionales de Australia, en particular en materia de derechos humanos y lucha contra el terrorismo y seguridad, y contenga salvaguardias para la protección de los derechos de las personas.
D. Libertad de religión y de creencias
116. En Australia existe una gran diversidad de religiones, unidas por la tolerancia, el respeto mutuo y un compromiso con las tradiciones democráticas18. Los australianos son libres de elegir su religión y pueden expresar y practicar su religión y sus creencias, sin intimidación ni interferencias. Australia condena la discriminación religiosa y está decidida a proteger el derecho de toda persona a practicar su religión sin intimidación ni acoso, siempre que esas prácticas se inscriban en el marco de la legislación australiana.
117. El Gobierno de Australia tiene la firme voluntad de aumentar la inclusión social y luchar contra la discriminación y la intolerancia hacia los musulmanes del país. La iniciativa "Alianzas comunitarias para el programa de derechos humanos – Trabajar con y para las comunidades musulmanas", a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, se basa en un marco de inclusión social y diálogo con la comunidad. La iniciativa tiene por objeto desarrollar una mayor conciencia y comprensión de las cuestiones de derechos humanos, luchar contra los estereotipos y aumentar entre los musulmanes australianos el sentido de inclusión social y participación en la vida social, económica, cultural y política del país.
E. Administración de la justicia
118. El Gobierno australiano reconoce que el acceso a la justicia es un elemento esencial del estado de derecho y, por lo tanto, de la democracia. Gracias a las instituciones de justicia, las personas pueden proteger sus derechos contra su vulneración por otras personas o por órganos de la sociedad, y las partes pueden entablar acciones judiciales contra el Gobierno para limitar el poder ejecutivo y garantizar la rendición de cuentas del Gobierno.
Si las personas no pueden acceder a estas instituciones para proteger sus derechos, el respeto del estado de derecho se ve disminuido.
119. Para coordinar mejor la reforma del sistema de justicia a nivel nacional, todos los fiscales de los estados y territorios han aprobado el Marco de Acceso a la Justicia del Gobierno australiano, que consta de cinco principios fundamentales, a saber, accesibilidad, idoneidad, equidad, eficiencia y eficacia, y de una metodología para trasladar a la práctica dichos principios. El Marco tiene por objeto orientar las decisiones futuras sobre el sistema de justicia civil federal, y presta especial atención a la superación de los obstáculos a la justicia.
120. Australia cuenta con un sistema de asistencia jurídica financiada con fondos públicos para las personas que de otro modo no pueden costearse los servicios de un abogado. En el marco del Acuerdo nacional de asociación sobre servicios de asistencia jurídica, que entró en vigor en julio de 2010, el Gobierno de Australia, en asociación con los gobiernos estatales y territoriales, financia las comisiones de asistencia letrada en cada
estado y territorio para que presten dicha asistencia a las personas desfavorecidas. El Gobierno de Australia también financia 138 centros jurídicos comunitarios y diversos servicios jurídicos para los indígenas de todo el país.
121. Varios estados y territorios han establecido tribunales especializados para contribuir a mejorar los resultados en materia de justicia. Los tribunales especializados en las cuestiones indígenas tienen por objeto hacer que los procesos judiciales sean más idóneos en términos culturales y permitan un intercambio de información más flexible sobre los acusados y sus casos. Los tribunales encargados de causas de violencia en la familia se centran en la seguridad de las víctimas y se proponen enfrentar los motivos de la conducta violenta de los infractores. Los tribunales que juzgan a los usuarios de las drogas ilícitas procuran enviarlos a programas de tratamiento de la adicción en lugar de a la cárcel.
F. Derecho al trabajo
122. Los esfuerzos para garantizar el derecho al trabajo y las condiciones de trabajo justas han desempeñado un papel importante en la historia de Australia. Hoy en día, el sistema nacional de relaciones laborales, establecido en virtud de la Ley de relaciones laborales justas de 2009, incluye a la mayor parte de los empleadores y empleados de Australia. La ley establece un conjunto de diez normas nacionales de empleo mínimas (relativas, entre otras cosas, a los derechos a vacaciones anuales y a un número máximo de horas de trabajo semanales); condiciones de remuneración modernas aplicadas en el plano nacional a sectores u oficios determinados; sueldos mínimos nacionales; un marco para la negociación de buena fe en las empresas; y protección contra los despidos injustos.
123. La ley también establece el organismo nacional independiente Relaciones Laborales Justas en Australia, que desempeña diversas funciones como, por ejemplo, proporcionar una red de protección mediante el establecimiento de condiciones y sueldos mínimos legales; revisar y elaborar las órdenes sobre sueldo mínimo nacional; supervisar el marco de negociación y celebración de acuerdos; y resolver los conflictos laborales mediante la conciliación, la mediación y el arbitraje. Además, el Ombudsman para las relaciones laborales justas promueve, vigila, investiga y hace cumplir la ley y los instrumentos sobre relaciones laborales justas y los derechos contractuales relativos a la red de seguridad. Las denuncias sobre discriminación y acoso laborales también pueden presentarse a la Comisión de Derechos Humanos de Australia o a los organismos de derechos humanos y lucha contra la discriminación de cada estado y territorio.
G. Derecho a la seguridad social
124. Australia ha desarrollado un sistema integral de seguridad social para ayudar a los necesitados. Diversas leyes del Commonwealth19 establecen los pagos y otros beneficios de seguridad social disponibles. De conformidad con estas leyes, Centrelink, organismo de derecho público del gobierno australiano, proporciona diversos pagos y servicios a los australianos, incluidos los jubilados, los desempleados, las familias, los cuidadores, los padres, las personas con discapacidad, los estudiantes y los pueblos indígenas.
H. Derecho a la salud
125. Australia ha tenido desde 1984 un sistema de salud pública universal, Medicare, que garantiza a todos los residentes permanentes de Australia el acceso a una amplia gama de servicios de salud de calidad, incluida la atención hospitalaria, que se suministran gratuitamente en los centros de atención o están sujetos a descuentos sustanciales del
