Irlanda Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos Asamblea General A

Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 39º período de sesiones

1 a 12 de noviembre de 2021

Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos

Irlanda

* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.

Naciones Unidas A

Asamblea General

Original: inglés

I. Introducción

1. Irlanda está comprometida con la promoción y protección de los derechos humanos y se complace en participar en el segundo ciclo del examen periódico universal (EPU). Irlanda acoge el tercer EPU de su historial de derechos humanos como una oportunidad para reflexionar sobre lo que se ha logrado y sobre los retos a los que se enfrenta, y para informar sobre la evolución desde el diálogo interactivo celebrado en mayo de 2016¹. El EPU es un proceso muy beneficioso en el que los Estados pueden aprender unos de otros y ayudarse mutuamente en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

II. Metodología y proceso de consulta

2. Este informe complementa el informe provisional voluntario que se presentó en julio de 2020². Comprende contribuciones de los ministerios del Gobierno irlandés que ofrecen una visión general de los avances destacables desde el EPU de 2016 y el informe intermedio de 2020. En un anexo aparte se detalla la posición actual de Irlanda con respecto a las recomendaciones del EPU de 2016, mediante una clasificación simplificada en la que cada recomendación viene acompañada de la mención “apoyada” o “se toma nota”.

3. Para la elaboración de este informe, el Gobierno irlandés ha consultado a diversas organizaciones de la sociedad civil. El proceso de consulta se basó en una consulta pública en línea organizada por el Gobierno irlandés y celebrada el 5 de mayo de 2021, y en 17 comunicaciones escritas.

4. Para el Gobierno irlandés es prioritario que se escuchen las voces de los niños y los jóvenes. Por ello, se realizaron una serie de consultas con niños y jóvenes. En este sentido, se reclutaron 1.100 niños de entre 4 y 13 años en las escuelas primarias, y 46 jóvenes de entre 13 y 18 años en Comhairle nÓg (consejos de la juventud) seleccionados. Los niños y jóvenes que participaron representaban tanto a las zonas rurales como a las urbanas, y procedían de una gran variedad de entornos.

5. La percepción general emanada de las consultas fue de que, en general, en Irlanda se valoran los derechos de los jóvenes. Sin embargo, también se señaló que no todos los niños de Irlanda, como los que no tienen hogar, los que reciben prestaciones directas en el marco de una solicitud de asilo o los que necesitan cuidados especiales, pueden disfrutar de todos sus derechos. Se destacaron una serie de áreas que requieren mayor atención, como la falta de hogar y la necesidad de una mayor flexibilidad en el sistema educativo y una mayor igualdad en la prestación de la atención sanitaria, así como de garantizar que la voz del niño se escuche y se valore y que se actúe en consecuencia. Se adjunta al presente informe un resumen de las consultas celebradas con niños y jóvenes.

III. Marco institucional de protección de los derechos humanos

6. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda³ se estableció como un órgano independiente de derecho público el 1 de noviembre de 2014, con el objetivo de que fuera la institución nacional de derechos humanos e igualdad de Irlanda. Su objetivo es promover y proteger los derechos humanos y la igualdad en Irlanda y construir una cultura de respeto de los derechos humanos, igualdad y entendimiento intercultural en Irlanda. La Comisión obtuvo la calificación “A” del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

7. La Comisión tiene independencia presupuestaria e informa directamente al Parlamento. El Director de la Comisión ejerce las funciones de Oficial de Contabilidad y responde directamente ante la Comisión de Cuentas Públicas, que es el órgano parlamentario encargado de determinar la manera en que se gastan los fondos públicos. En 2014, la financiación de la Comisión aumentó un 45 %, hasta alcanzar los 6,299 millones de euros anuales. En 2021 esta cifra se incrementó aún más, hasta los 6,933 millones de euros anuales.

8. El artículo 42 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda de 2014 impone a los organismos públicos la obligación legal de tener en cuenta, en el desempeño de sus funciones, la necesidad de eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y proteger los derechos humanos de las personas a las que prestan servicios y del personal en el desempeño de su trabajo diario. Esto se conoce como el

“cumplimiento del deber jurídico en materia de igualdad y derechos humanos del sector público”.

9. El artículo 42 garantiza que la igualdad y los derechos humanos sean una prioridad para los organismos públicos en la ejecución de sus funciones. La Comisión tiene el mandato de orientar y alentar a los organismos públicos en el desarrollo de políticas y buenas prácticas en materia de derechos humanos e igualdad y ha elaborado orientaciones para apoyar el cumplimiento del artículo 42.

10. La Comisión de Relaciones Laborales⁴ se creó el 1 de octubre de 2015 como un organismo legal independiente al que se pueden presentar reclamaciones cuando una persona sufre discriminación en el empleo o en asuntos relacionados con el empleo. Sus principales servicios incluyen el control del cumplimiento de los derechos laborales; el suministro de información; la tramitación de las licencias de agencias de empleo; la protección de las licencias laborales de los jóvenes; y la prestación de servicios de mediación, conciliación, facilitación y asesoramiento. (Recomendaciones 135.33 y 136.8).

11. Irlanda ha ratificado los principales tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y se ha comprometido a continuar el proceso de adhesión o ratificación de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos pendientes. En el artículo 29.3 de la Constitución se afirma que “Irlanda acepta los principios generalmente reconocidos del derecho internacional como regla de conducta en sus relaciones con los demás Estados”. Esos principios incluyen el derecho de los derechos humanos en la medida en que forma parte del derecho internacional consuetudinario. Al igual que otros sistemas jurídicos de derecho anglosajón, el sistema jurídico irlandés es dualista. Esto significa que los términos de un acuerdo internacional no pasan a formar parte del derecho interno del Estado a menos que se incorporen expresamente mediante una ley del Oireachtas. Es importante señalar que Irlanda no se convierte en parte de los tratados hasta que no está en condiciones de cumplir con las obligaciones impuestas por el tratado en cuestión, incluida la modificación de la legislación nacional en caso necesario. A menudo, el Estado no podrá cumplir las obligaciones que asume en virtud de un acuerdo internacional sin adoptar previamente las medidas exigidas por el derecho interno, o de otro tipo, que le permitan hacerlo. Los pasos necesarios pueden incluir, por ejemplo, la promulgación de legislación primaria o secundaria, la aprobación de los términos del acuerdo por parte del Dáil Éireann cuando impliquen una carga para los fondos públicos, o la adopción de un acuerdo en forma simplificada (por ejemplo, puede ser necesario contratar o reorganizar personal para llevar a cabo los procesos administrativos requeridos en virtud de los términos del acuerdo).

IV. Promoción y protección de los derechos humanos:

evolución, logros y retos desde el segundo ciclo

A. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona

Lucha contra la violencia doméstica, sexual y de género

12. La Segunda Estrategia Nacional de Irlanda contra la Violencia Doméstica, Sexual y de Género 2016-2021⁵ es un documento dinámico que sustenta la dirección que tomará el Gobierno irlandés en colaboración con la sociedad civil para hacer frente a la violencia doméstica, sexual y de género. A finales de 2021 se habrá puesto en marcha una nueva estrategia, que se está elaborando en colaboración con la sociedad civil. Las medidas adoptadas en el marco de la Estrategia facilitaron la transposición de la Directiva sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (2012/29/UE⁶) en noviembre de 2017 y la ratificación por parte de Irlanda del Convenio de Estambul en 2019.

(Recomendaciones 135.71, 135.72, 135.73, 135.74, 135.75, 135.99 y 135.100).

13. En virtud de la Ley Contra la Violencia Doméstica de 2018⁷ se adoptaron las medidas siguientes: tipificación del delito de control coercitivo; mejora del acceso de las víctimas a las órdenes de restricción; prestación de un mayor apoyo a las víctimas en los procesos judiciales; establecimiento de factores agravantes para la imposición de penas y nuevas disposiciones relativas a los niños en el contexto de las órdenes de restricción por violencia doméstica. La Ley de 2018 también derogó las disposiciones de la Ley de Derecho de Familia de 1995⁸ y la Ley de Registro Civil de 2004⁹; como resultado de esas modificaciones, ya no es posible que una persona menor de 18 años se case en Irlanda. (Recomendaciones 135.101, 135.102, 136.38, 135.88, 135.89, 136.39, 136.41, 136.42 y 136.40).

Mejora de la legislación sobre delitos sexuales

14. La Ley de Derecho Penal (Delitos Sexuales) de 2017¹⁰, promulgada para mejorar y actualizar las leyes de lucha contra la explotación sexual y el abuso sexual de menores, tipificó nuevos delitos relacionados con la captación de niños con fines sexuales y otros delitos nuevos o reforzados para perseguir el material que muestre abusos sexuales de niños.

Mediante la Ley también se estableció una definición legal de consentimiento, se tipificó como delito el pago por servicios sexuales y se estableció un nuevo delito de exhibicionismo.

La Ley de Derecho Penal (Delitos Sexuales) (Enmendada)¹¹ de 2019 impuso penas más estrictas para los autores de delitos sexuales reincidentes e igualó la pena máxima por incesto para hombres y mujeres. Además, se ha elaborado el plan general de un nuevo proyecto de ley sobre delincuentes sexuales (modificado)¹² tras una revisión exhaustiva de la legislación y la práctica administrativa actuales. El proyecto de ley pretende mejorar los sistemas actuales de evaluación y gestión de la situación de los delincuentes sexuales condenados y servir de base legal para esos sistemas. (Recomendaciones 135.26 y 136.2). El Gobierno está aplicando un plan de acción detallado (Supporting a Victim’s Journey¹³) con medidas legislativas y de otro tipo para proteger mejor a las víctimas y a los testigos vulnerables en los casos de delitos sexuales.

Trata de personas

15. El Segundo Plan de Acción Nacional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en Irlanda, publicado en octubre de 2016¹⁴, recogía 65 acciones para combatir la trata y ayudar a las víctimas. (Recomendaciones 135.150 y 135.151). Se está elaborando un nuevo Plan de Acción. En julio de 2020 se creó un foro de partes interesadas en la lucha contra la trata de personas¹⁵ con organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, se ha obtenido el visto bueno del Gobierno para revisar el Mecanismo Nacional de Remisión. La Oficina Nacional de Servicios de Protección de la Garda¹⁶ (servicio de policía irlandés) ofrece asesoramiento, orientación y asistencia a los Gardaí (agentes de policía) que investigan una serie de cuestiones, como la trata de personas, la protección del niño y el apoyo a las víctimas.

(Recomendaciones 136.95 y 136.8).

Víctimas de delitos

16. Mediante la Ley de Justicia Penal (Víctimas de Delitos) de 2017¹⁷ se transpuso la Directiva 2012/29/UE de la Unión Europea, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. La Ley establece una serie de nuevos derechos legales para las víctimas de delitos, entre los que se incluyen una amplia información sobre el sistema de justicia penal y su papel dentro de él, el derecho a la información sobre el progreso de la investigación y cualquier trámite judicial, medidas especiales aplicables en la presentación de pruebas, el derecho a presentar una declaración de impacto de la víctima y el derecho legal a estar acompañado por un trabajador que preste asistencia durante el proceso penal. La Carta de las Víctimas¹⁸, en la nueva versión ampliada que se publicó en febrero de 2020, describe el sistema de justicia penal desde el punto de vista de la víctima de un delito, para que las víctimas puedan entender qué pueden esperar de su interacción con el sistema. (Recomendación 135.26).

Dificultades persistentes relativas a las personas que recibieron atención en instituciones

Lavanderías de la Magdalena

17. Tras la publicación de un informe del Defensor del Pueblo en 2017¹⁹, el Gobierno amplió el plan de pagos de sumas fijas y ayudas para las mujeres que fueron internadas y que trabajaron en las lavanderías de la Magdalena, a fin de incluir otras 14 instituciones conexas.

El plan sigue abierto; hasta la fecha, se han proporcionado 32,25 millones de euros a 807 mujeres. Las afectadas también tienen acceso a una serie de servicios de salud primarios y comunitarios de forma gratuita.

Hogares para madres y bebés y registros de nacimiento ilegales

18. El Gobierno irlandés ha tomado medidas para abordar casos históricos de cuestiones de derechos humanos. En febrero de 2015 se estableció mediante una orden gubernamental la Comisión de Investigación de los Hogares para Madres y Bebés y Determinados Asuntos Conexos, con miras a obtener un relato completo de lo sucedido a las mujeres y a los niños vulnerables que residieron en esos hogares entre 1922 y 1998. El informe de la Comisión se publicó el 12 de enero de 2021²⁰. Se puso a disposición de los supervivientes un servicio de asesoramiento inmediato que sigue funcionando y que opera también fuera del horario de oficina. En respuesta al informe de la Comisión, el Gobierno irlandés también aprobó la elaboración de un plan de acción que abarca 22 medidas específicas, entre ellas: acceso a la información personal; archivos y bases de datos; educación e investigación; conmemoración;

reconocimiento restaurativo; y entierros dignos. Se ha empezado a trabajar en la aplicación de estas medidas. El 13 de enero de 2021, el Estado ofreció una disculpa a los supervivientes de los hogares en nombre del Gobierno²¹. Esto constituyó la base de la acción restaurativa y fue el punto de partida del Plan de Acción Estratégico que se elaborará tras la publicación del informe de la Comisión y la respuesta del Gobierno. Una pieza central de la respuesta del Gobierno es el compromiso de desarrollar un plan de reconocimiento restaurativo. Se ha encargado a un grupo interdepartamental la elaboración de propuestas detalladas para este plan.

19. Otro elemento clave de la respuesta del Gobierno es proporcionar información sobre el nacimiento y los primeros años de vida, que incluya copias completas y sin omisiones de los certificados de nacimiento, a las personas que fueron adoptadas o que estuvieron internadas. En la actualidad, el acceso a esta información es muy limitado, y varios intentos legislativos para abordar esta cuestión en los últimos veinte años han fracasado. A fin de solucionar esta cuestión, el Ministro está elaborando un proyecto de ley sobre información y rastreo de nacimientos que:

• Proporcionará un acceso completo y sin omisiones a los certificados de nacimiento, la información sobre el nacimiento y los primeros años de vida, la información médica y otros aspectos conexos.

• Abarcará a las personas adoptadas, a las que fueron objeto de un registro de nacimiento ilegal y a las personas transferidas de centros a familias de acogida.

• Creará un registro oficial de preferencia de contacto.

• Establecerá un servicio de rastreo oficial.

20. En la actualidad, una Comisión Mixta del Oireachtas está llevando a cabo el examen legislativo previo del borrador del proyecto de ley y estudiando las propuestas al respecto. El informe de la Comisión servirá de base para el texto final del proyecto de ley, cuya publicación está prevista para el otoño de 2021.

21. Tras el descubrimiento de pruebas de inscripciones ilegales de nacimientos en los archivos de una agencia de adopción, a principios de 2018 se encargó una revisión independiente de una muestra de expedientes de adopción y documentos conexos. El informe se publicó el 9 de marzo de 2021²². De acuerdo con las conclusiones, es poco probable que una revisión más exhaustiva de los registros proporcione información clara sobre la existencia de marcas, o de términos que sugieran la existencia de marcas, y el grado en que pueden estar vinculadas a inscripciones de nacimiento incorrectas. Tras la publicación del

informe, el Ministro de Infancia, Igualdad, Discapacidad, Integración y Juventud pidió al Relator Especial sobre la Protección de la Infancia que estudiara las complejidades y los retos tan importantes, incluidas las profundas cuestiones éticas, que se plantean en relación con las inscripciones ilegales de nacimientos, y que propusiera una línea de actuación adecuada. El Relator Especial debe presentar su informe antes del 31 de octubre de 2021.

22. Tras la publicación del informe de la Comisión de Investigación de los Hogares para Madres y Bebés, se creó un Grupo Interdepartamental de Trabajo, dirigido por el Ministerio de Infancia, Igualdad, Discapacidad, Integración y Juventud, para abordar la serie de problemas que se planteaban cuando los expedientes de la Cofradía de San Patricio confirmaban que el registro de nacimiento de una persona había sido ilegal. Estas cuestiones incluían el acceso a la información, el registro de nacimientos, los documentos oficiales de identidad y las cuestiones relativas a la herencia y los impuestos. El Grupo se encargó de elaborar un conjunto de propuestas integradas para los afectados por la inscripción ilegal de nacimientos a partir de los expedientes de la Cofradía, que se presentó al Ministro en la primavera de 2021. El Ministro tiene la intención de abordar las cuestiones relativas a herencias, el registro de nacimientos y la filiación reconocida en el proyecto de ley sobre información y rastreo de nacimientos, que se está elaborando actualmente, y está colaborando con las personas afectadas para garantizar que las propuestas respondan a sus necesidades.

23. La agencia de servicios de adopción Tusla comenzó a contactar con las personas que figuraban en los expedientes de la Cofradía de San Patricio en el verano de 2018. Este proceso aún no se ha completado, ya que se ha retrasado considerablemente por la pandemia de COVID-19. Según la última actualización proporcionada al Ministerio en agosto de 2020, se había contactado e informado a 111 personas. También se confirmó el fallecimiento de algunos de los afectados. Se considera importante que las personas adoptadas y las personas que fueron objeto de un registro de nacimiento ilegal tengan acceso a los certificados de nacimiento y a la información sobre los primeros años de vida, y el Ministro está trabajando para encontrar una solución a la divulgación de la información sobre los nacimientos. El Ministro está aprovechando el proyecto de ley sobre información y rastreo de nacimientos para abordar los problemas legales a los que se enfrentan las personas que fueron objeto de un registro de nacimiento ilegal.

24. La intención práctica de la legislación sobre información y rastreo, en lo que respecta a las personas cuyo registro de nacimiento fue ilegal, es la siguiente:

• Prestarles los mismos servicios que a las personas adoptadas.

• Proporcionar vías claras para que las personas que sospechan que su nacimiento puede haber sido registrado incorrectamente puedan hacer consultas al respecto.

• Proporcionar un mecanismo para acceder a la información sobre el nacimiento y los primeros años de vida relacionada con la inscripción ilegal de nacimientos, cuando dicha información esté disponible en archivos accesibles para el Estado.

• Proporcionar una vía clara para que un padre biológico que sospeche que el nacimiento de su hijo se registró de forma incorrecta pueda hacer averiguaciones ante los organismos estatales pertinentes, a fin de confirmar o descartar esa sospecha.

• Proporcionar servicios de apoyo similares a los disponibles para las personas adoptadas en lo que respecta al acceso a los servicios de rastreo y a la asistencia y el apoyo de los trabajadores sociales, según proceda.

• Garantizar que todos los organismos tengan la base legal necesaria para compartir información con el fin de lograr los propósitos mencionados anteriormente.

(Recomendación 136.51).

Acceso a la justicia

25. Desde el segundo ciclo se ha avanzado considerablemente en la mejora del acceso a la justicia.

Consejo del Poder Judicial

26. Mediante la creación de un Consejo del Poder Judicial²³ el 17 de diciembre de 2019 se formalizaron una serie de importantes funciones judiciales, en particular sobre la conducta de los jueces, entre ellas:

• Arreglos para la formación continua de los jueces.

• Creación de directrices para la imposición de penas.

• Creación de un código de conducta judicial e introducción de mecanismos de tramitación de denuncias.

Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos

27. La Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos²⁴ comenzó a operar de manera sustancial en octubre de 2019. La Autoridad regula las profesiones jurídicas y ha comenzado a recibir e investigar quejas relacionadas con los abogados y procuradores. Su objetivo es reforzar la confianza del público y los consumidores en la profesión jurídica, proporcionando orientación y buenas prácticas a los profesionales del derecho.

28. Otras reformas clave de la Ley de Regulación de los Servicios Jurídicos de 2015²⁵son la implantación de las sociedades de responsabilidad limitada, los nuevos requisitos de costas legales más favorables a los consumidores, la introducción de normas aplicables a la publicidad de servicios jurídicos de abogados y procuradores, y la creación de un nuevo e independiente Tribunal Disciplinario de los Profesionales del Derecho.

Revisión de la justicia civil

29. El informe derivado de la Revisión de la Administración de Justicia Civil en el Estado se publicó en diciembre de 2020²⁶. En él se formulan más de 90 recomendaciones para que el sistema de justicia civil sea más fácil y eficaz para los ciudadanos.

Tribunal de Apelación

30. El Tribunal de Apelación²⁷ se creó en octubre de 2014 tras la decisión del pueblo en un referéndum. Se ocupa de las apelaciones del Tribunal Superior en los casos civiles y de las apelaciones del Tribunal Penal de Circuito, el Tribunal Penal Central o el Tribunal Penal Especial en los casos penales.

Aumento de jueces

31. En 2015 se promulgó una ley para aumentar en dos el número de jueces del Tribunal Superior. En 2019, el número de jueces ordinarios del Tribunal de Apelación pasó de 9 a 15.

El Gobierno se ha comprometido a crear un grupo de trabajo para revisar el número y el tipo de jueces necesarios, con miras a garantizar el acceso a la justicia en todas las jurisdicciones judiciales en los próximos cinco años.

32. El proyecto de ley de procedimiento penal²⁸ para mejorar la eficacia de los juicios penales y los procedimientos judiciales, incluido el establecimiento de audiencias previas al juicio, ha sido publicado y se encuentra actualmente en el Oireachtas.

33. En 2020, el Servicio de Tribunales adoptó un ambicioso programa decenal de modernización²⁹ destinado a mejorar el acceso a la justicia mediante el despliegue de nuevas tecnologías y formas modernas de trabajo.

Proyecto de ley de tribunales de familia

34. En septiembre de 2020, el Gobierno aprobó la redacción de un proyecto de ley de tribunales de familia³⁰ que prevé la creación de un tribunal de familia de distrito, un tribunal de familia de circuito y un tribunal superior de familia como divisiones dentro de las estructuras judiciales existentes. Esto forma parte de un proceso continuo para mejorar la resolución de los problemas familiares que requieren una solución jurídica.

Reforma de la policía

35. La Comisión sobre el Futuro de la Policía en Irlanda³¹, creada en 2017, se encargó de examinar exhaustivamente todos los aspectos de la actividad policial, incluidas las estructuras y los acuerdos de gestión para el desempeño más eficaz de las funciones que actualmente desempeña An Garda Síochána, el servicio policial irlandés.

36. En septiembre de 2018, la Comisión sobre el Futuro de la Policía en Irlanda publicó su informe, The Future of Policing in Ireland, en el que se hacía hincapié en entender la labor policial como algo que incluye no solo la prevención o detección de delitos, sino también la prevención de daños y la protección de las personas vulnerables.

37. El documento A Policing Service for the Future³², que se publicó en diciembre de 2018, es el marco en el que se están aplicando las recomendaciones de la Comisión sobre el Futuro de la Policía en Irlanda. La Comisión reconoce que los derechos humanos son el fundamento y la finalidad de la labor policial. La Garda Síochána creó una Dependencia de Derechos Humanos y ha publicado su nueva Estrategia de Derechos Humanos. El seguimiento de la aplicación de esta estrategia corresponde a un Comité Consultivo Estratégico de Derechos Humanos, del que forman parte las organizaciones no gubernamentales, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda y el Ministerio de Justicia.

38. Otras reformas incluyen la creación de una Unidad de Lucha contra la Corrupción y la publicación de la Declaración de la Estrategia de Igualdad, Diversidad e Inclusión y el Plan de Acción 2020-2021³³.

39. También se ha avanzado en la reforma legislativa. En abril de 2021 se publicó el Plan General del Proyecto de Ley de Policía, Seguridad y Protección de la Comunidad³⁴. Sus objetivos son mejorar el rendimiento y la responsabilidad de los servicios policiales y de seguridad del Estado, y apoyar a las comunidades de todo el Estado para que estén y se sientan seguras. En el proyecto de ley, entre otras cosas, se reconoce la prevención del daño a las personas (en particular a las que son vulnerables o están en riesgo) como un objetivo explícito de la Garda Síochána, se hace de la seguridad de las comunidades una responsabilidad de todo el Gobierno, se refuerza y consolida la supervisión externa independiente de la Garda Síochána, se mejora la gobernanza interna de la Garda Síochána y se mejora la supervisión independiente de la infraestructura de seguridad nacional del Estado. Teniendo en cuenta la importancia de los derechos humanos como fundamento y finalidad de la labor policial, el proyecto de ley reforzará, entre otras cosas, el objetivo de la Garda Síochána de proteger y reivindicar los derechos humanos de las personas y hará explícitas las responsabilidades del Comisario de la Garda y de la nueva junta de la Garda Síochána en esta materia.

40. Además, se ha publicado el Plan General del Proyecto de Ley sobre la Garda Síochána (Facultades). Entre otras cosas, el proyecto de ley pretende proporcionar una base legal clara y transparente relativa a las actuales facultades policiales de registro, arresto y detención, y dotar de una base legal a los derechos fundamentales y procesales de los sospechosos y acusados sujetos a esos poderes.

Reforma penal

Vaciado manual de las instalaciones de saneamiento

41. Se sigue avanzando significativamente en la eliminación de la práctica del vaciado manual de las instalaciones de saneamiento, que prácticamente ya ha desaparecido de las prisiones irlandesas. En la actualidad, cerca del 1 % de los presos no disponen de instalaciones de saneamiento en sus celdas. Se está trabajando en la sustitución completa de los alojamientos anticuados de un pequeño número de prisiones y en la mejora de otros centros penitenciarios. Cuando estas obras estén terminadas, se habrá eliminado por completo el vaciado manual de las instalaciones de saneamiento en todas las instalaciones penitenciarias. (Recomendación 135.122).

Cifras penitenciarias

42. En enero de 2015, el número de personas privadas de libertad era de 3.525. Esta cifra había aumentado de forma constante hasta marzo de 2020, cuando la tendencia terminó con el inicio de la pandemia de COVID-19. A pesar del aumento del número de presos en Irlanda en 2019, según las estadísticas penitenciarias anuales del Consejo de Europa, la tasa de encarcelamiento en 2019 era de 81,2 por cada 100.000. Esta tasa es considerablemente inferior a la media de los Estados miembros del Consejo de Europa, que es de 125,9.

(Recomendaciones 135.122 y 135.134).

Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

43. Irlanda ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2002. Irlanda es signataria del Protocolo Facultativo y se ha comprometido a ratificarlo antes de finales de 2021. (Recomendación 135.8).

Delito de odio

44. Tras una amplia consulta pública sobre la reforma de la Ley de Prohibición de la Incitación al Odio de 1989³⁵, se ha elaborado un proyecto de ley para abordar la incitación al odio y los delitos de odio, y en abril de 2021 se publicó el Plan General del Proyecto de Ley de Justicia Penal (Delitos de Odio) de 2021³⁶. El proyecto de ley contempla la tipificación de formas nuevas y agravadas de ciertos delitos penales existentes cuando dichos delitos estén motivados por prejuicios contra un rasgo protegido. Los delitos agravados generalmente conllevarán una pena mayor que la de un delito ordinario, y en el auto de cualquier condena por dichos delitos se indicará claramente que el delito estuvo motivado por prejuicios.

(Recomendaciones 135.115, 136.45, 135.116 y 135.117).

B. Derecho a la vivienda

Falta de hogar

45. El programa actual del Gobierno irlandés refleja su compromiso de reducir y prevenir la falta de hogar. Una muestra de ello es la asignación de 218 millones de euros del presupuesto de 2021 para el alojamiento de personas sin hogar y servicios relacionados.

Según los datos publicados a finales de mayo de 2021³⁷, el número total de personas que accedieron a un alojamiento de emergencia fue de 8.082. En los 12 meses anteriores, el número de personas sin hogar se había reducido en más de un 13 %.

46. En el programa de Gobierno se reconoce que muchas familias que se encuentran sin hogar tienen necesidades de apoyo adicionales, y se incluyen medidas específicas para atender esas necesidades, como la transición de las personas que duermen en la calle a un alojamiento sostenible, el enfoque en la construcción y adquisición de viviendas de un dormitorio, y la garantía de contar con financiación específica para ofrecer apoyo sanitario y de salud mental a las personas sin hogar con necesidades complejas. Se ha creado un Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre la Falta de Hogar³⁸, con organizaciones de la sociedad civil, para garantizar la aplicación de estas medidas. (Recomendaciones 135.132, 136.60, 136.61, 135.130, 135.131, 135.133 y 135.135).

Travellers y romaníes

47. Irlanda cuenta con un sólido marco jurídico que protege a todas las personas, incluidas las travellers y las romaníes, contra la discriminación racial y otras formas de discriminación.

48. De acuerdo con la Ley de Vivienda para la Comunidad Traveller³⁹ de 1998, las autoridades locales de Irlanda son responsables de evaluar las necesidades de alojamiento de la comunidad traveller. El Ministerio de Vivienda, Planificación y Gobierno Local tiene la responsabilidad de garantizar la existencia de estructuras y apoyos, incluido un marco nacional de política, legislación y financiación, para ayudar a las autoridades locales.

49. Existen varias opciones de alojamiento disponibles para las personas travellers, que incluyen viviendas de las autoridades locales, alojamientos específicos para travellers, viviendas privadas gestionadas por las autoridades locales u organizaciones voluntarias, viviendas privadas de alquiler y otros recursos propios.

50. La partida presupuestaria destinada en 2020 a la provisión de alojamiento específico para travellers fue de 14,5 millones de euros. Esta cifra se incrementó a 15,5 millones de euros para 2021. (Recomendación 135.147).

51. En julio de 2019 se publicó el informe de un grupo de examen por expertos creado en 2018 para revisar la Ley de Vivienda para la Comunidad Traveller de 1998. Sus recomendaciones abordan cuatro ámbitos clave: las prestaciones acordes a las necesidades, la planificación, la capacidad y los recursos, y la gobernanza. Se ha designado un director de programas para supervisar la aplicación de las recomendaciones.

C. Derechos del niño

52. La legislación y las políticas existentes siguen haciendo efectivos los derechos y las obligaciones de la Convención de los Derechos del Niño, instrumento que se tiene en cuenta cuando se elaboran nuevas leyes o políticas. La Ley Los Niños Ante Todo de 2015⁴⁰ forma parte de un conjunto de leyes de protección de la infancia que también incluye la Ley relativa a la Oficina Nacional de Investigación de Antecedentes (Niños y Personas Vulnerables) de 2012-2016⁴¹ y la Ley de Justicia Penal (Ocultación de Información sobre Delitos contra los Niños y las Personas Vulnerables) de 2012⁴². La Ley:

• Sensibiliza sobre el abuso y el abandono de los niños.

• Prevé la notificación obligatoria de casos relativos a la protección de la infancia por parte de determinados profesionales clave.

• Refuerza los mecanismos de protección infantil de las organizaciones que prestan servicios a los niños.

• Otorga una base legal al Grupo Interdepartamental de Aplicación de la Ley Los Niños Ante Todo para fomentar que los ministerios del Gobierno irlandés cumplan sus obligaciones en virtud de la Ley.

• Prevé la creación de un registro de incumplimiento por parte de los proveedores de servicios pertinentes que no entreguen una copia de su declaración de protección de la infancia al Organismo para la Infancia y la Familia cuando se les solicite.

• Prevé la supresión del argumento defensivo del castigo razonable en relación con los castigos corporales. (Recomendaciones 135.86, 135.26, 135.76 y 135.90).

53. Desde el 11 de diciembre de 2015, en Irlanda los niños gozan de la plena protección de la ley en materia de agresiones, independientemente de quién los agreda o en qué contexto.

(Recomendación 135.86). En el caso de los padres, o de las personas que actúan in loco parentis, el argumento defensivo del derecho anglosajón del “castigo razonable” fue abolido en virtud del artículo 28 de la Ley Los Niños Ante Todo de 2015. El uso de castigos corporales está prohibido en todos los centros de acogida y de cuidado de niños.

54. La Estrategia de Justicia Juvenil 2021-2027⁴³incluye la consideración de toda la gama de cuestiones relacionadas con los niños y jóvenes en riesgo de entrar en contacto con el sistema de justicia penal, incluida la intervención temprana y el trabajo preventivo, el apoyo a la familia y la desviación de la delincuencia, a través de los procesos y las instalaciones judiciales, la supervisión de los delincuentes, la detención y la reintegración y el apoyo después de la liberación. Mediante la Estrategia se proporcionará un marco para evitar que se produzcan conductas delictivas; se evitará que los niños y jóvenes adultos que cometen un delito sigan delinquiendo e interactuando con el sistema de justicia penal; y se mejorarán los procesos de justicia penal, la detención y las medidas posteriores a la detención para ofrecer un apoyo coherente que fomente el desistimiento de la delincuencia y promueva el desarrollo personal positivo de los jóvenes delincuentes.

55. El Programa de Prevención de la Delincuencia Juvenil de la Garda prevé la administración de amonestaciones por parte de la policía y, en su caso, la supervisión de un Oficial de Enlace para Menores de la Garda. Esta labor se ve complementada por una red de Proyectos de Prevención de la Delincuencia Juvenil de la Garda. Una prioridad clave en el marco de la nueva Estrategia de Justicia Juvenil será mejorar el apoyo que estos proyectos proporcionan a los niños y jóvenes en riesgo de participar en actividades delictivas. Los proyectos son iniciativas comunitarias de prevención de la delincuencia en las que intervienen varios organismos y que tratan de alejar de la delincuencia a los jóvenes que se han visto implicados en delitos o comportamientos antisociales, y de apoyar una labor preventiva más amplia en la comunidad y con las familias en situación de riesgo. Existen 105 Proyectos de Prevención de la Delincuencia Juvenil de la Garda en todo el Estado, que prestan apoyo a 4.000 jóvenes. Si bien la red actual de Proyectos de Prevención de la Delincuencia Juvenil de la Garda es amplia, la nueva Estrategia incluye el compromiso de garantizar una cobertura total en todo el país, y también dará prioridad a una serie de intervenciones especializadas centradas en las personas a las que es más difícil llegar a través de servicios más generales. (Recomendaciones 135.87 y 135.125).

D. Discapacidad

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

56. Irlanda está comprometida con la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad. Irlanda ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en marzo de 2018 como parte de su compromiso con el objetivo de que las personas con discapacidad disfruten de un acceso pleno e igualitario a los derechos humanos. Actualmente, Irlanda está finalizando su informe inicial en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la intención de presentarlo al Comité a finales de 2021. Durante la elaboración del informe se han llevado a cabo consultas exhaustivas con las partes interesadas, incluidas consultas directas a las personas con discapacidad y a los grupos que las representan.

57. El Gobierno irlandés también se ha comprometido a elaborar un plan nacional de aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; los trabajos en este sentido han comenzado recientemente. Como se indica en el programa de gobierno, el Gobierno tiene la intención de ratificar el Protocolo Facultativo⁴⁴ de la Convención una vez se haya completado el primer ciclo de presentación de informes. A finales de 2020 se creó una Red de Participación y Consulta⁴⁵ para ofrecer formación a la comunidad de personas con discapacidad, de modo que tanto ellas como las organizaciones que las representan puedan participar plenamente en la elaboración de políticas. Una de las primeras tareas de la Red fue incluir las voces de las personas con discapacidad en las consultas sobre el primer informe estatal de Irlanda en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Estrategias relativas a la discapacidad

58. Irlanda cuenta con dos estrategias nacionales sobre discapacidad que contribuyen a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Estrategia Nacional de Inclusión de la Discapacidad 2017-2021⁴⁶ es el marco clave de la política y la acción para abordar las necesidades de las personas con discapacidad. La Estrategia contiene 123 acciones, algunas de las cuales señalan y tratan de abordar específicamente las medidas legislativas que quedan por adoptar para dar pleno efecto a la Convención.

59. La Estrategia Integral de Empleo para Personas con Discapacidad (2015-2024)⁴⁷ es la principal iniciativa de políticas de empleo para personas con discapacidad en Irlanda. Se trata de un enfoque intergubernamental que reúne las medidas de los ministerios y organismos gubernamentales encaminadas a abordar las barreras y los desafíos al empleo de las personas con discapacidad. Sus prioridades estratégicas son desarrollar las habilidades, la capacidad y la independencia, tender puentes y ofrecer apoyos en materia de empleo, hacer que el trabajo

sea rentable, promover el mantenimiento del empleo y la reincorporación al trabajo, proporcionar apoyos coordinados y sin fisuras e involucrar a los empleadores.

Legislación sobre la capacidad

60. La Ley de Asistencia en la Adopción de Decisiones (Capacidad) de 2015⁴⁸ es una reforma fundamental de la legislación vigente sobre la capacidad, mediante la que se pasa de un enfoque de condición a un enfoque funcional flexible, por el que la capacidad se evalúa en función del asunto y el momento específicos. Mediante esta Ley se suprimió el sistema de tutela judicial para adultos, ya que entrañó la derogación de la Ley de Regulación de la Enajenación Mental (Irlanda) de 1871. Los adultos actualmente bajo tutela pasarán a estar sometidos a las nuevas disposiciones de apoyo a la toma de decisiones de forma escalonada durante tres años a partir de la fecha de inicio. Se espera que la Ley comience a aplicarse plenamente en junio de 2022. (Recomendaciones 135.40 y 135.65).

Ley de la Lengua de Señas Irlandesa

61. La Ley de la Lengua de Señas Irlandesa de 2017⁴⁹ se promulgó el 24 de diciembre de 2017 y se puso en marcha en 2020. La Ley reconoce la lengua de señas irlandesa como lengua autóctona del Estado y establece que “la comunidad de personas que utilizan la lengua de señas irlandesa tendrá derecho a utilizarla, desarrollarla y preservarla”. La Ley establece los requisitos y las obligaciones de los organismos públicos respecto a la prestación de servicios de lengua de señas irlandesa. Esto incluye la obligación general de todos los organismos públicos de proporcionar a los usuarios de la lengua de señas irlandesa un servicio de interpretación gratuito cuando se trate de ejercer o acceder a derechos y servicios legales, así como obligaciones específicas en materia de educación, vida cultural y procedimientos judiciales.

E. Los derechos de las personas con discapacidad

Coste de la discapacidad

62. Actualmente se está investigando el coste de la discapacidad. Se examinarán tres puntos principales: los fundamentos conceptuales del coste de la discapacidad; una estimación razonable del coste de la discapacidad en diversas circunstancias para las personas que viven en Irlanda; y las implicaciones para las políticas públicas y la prestación de servicios. La investigación proporcionará estimaciones cuantitativas del coste de la discapacidad utilizando varios enfoques, incluida una revisión de estudios internacionales, el análisis de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares y la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida y una interacción intensa de las partes interesadas con las organizaciones representativas de la discapacidad. Además, se ha realizado una encuesta entre más de 34.000 personas con discapacidad. La encuesta se diseñó en consulta con un amplio abanico de organismos representativos y su objetivo era dar la oportunidad a las personas con discapacidad de contribuir de manera directa a la investigación.

Entornos colectivos

63. El artículo 19 a)⁵⁰ de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad deben poder elegir dónde y con quién vivir. El Gobierno ha elaborado una estrategia (“Time to move on”)⁵¹ con la que se busca garantizar que las soluciones de vivienda, inclusive para las personas que abandonen entornos colectivos, se localicen en barrios normales de la comunidad e incluyan medidas de apoyo individualizadas diseñadas para satisfacer las necesidades y preferencias individuales.

A finales de 2020, quedaban menos de 1.900 personas en entornos colectivos; otra mayoría (6.500 personas) vivía en hogares funcionales comunitarios. Varios entornos colectivos han cerrado por completo, y muchos más han cerrado secciones específicas dentro de los centros.

Programa Capital de Discapacidad de la Dirección de Servicios de Salud

64. El Programa Capital de Discapacidad, puesto en marcha en 2016, prevé una asignación de 100 millones de euros a lo largo de varios años para la provisión de viviendas

como medida de apoyo a las personas que abandonan entornos colectivos. El objetivo es ofrecer a dichas personas la posibilidad de elegir dónde y con quién vivir y garantizar que la vivienda que se les ofrece satisface sus necesidades. Para ello se ha recurrido a la compra y la adaptación de viviendas, a nuevas construcciones y reformas a gran escala, así como a la inversión de fondos de capital en la mejora de las propiedades de alquiler privado a largo plazo y en proyectos de colaboración con las autoridades locales y el sector de la vivienda voluntaria.

F. Derecho a la educación

Admisión en las escuelas

65. La Ley de Educación (Admisión en las Escuelas) de 2018⁵² comenzó a aplicarse en 2020. Mediante la Ley se buscaba establecer una política de admisión en las cerca de 4.000 escuelas primarias y posprimarias de Irlanda que fuera más uniforme y equitativa y que tuviera más en cuenta las necesidades de los padres. El objetivo general es proporcionar un marco para la matriculación en las escuelas que esté diseñado con el fin de garantizar que todos los niños reciban un trato justo y que la forma en que las escuelas deciden sobre las solicitudes de admisión sea estructurada, justa y transparente.

66. Las disposiciones de la Ley tienen por objeto facilitar a los padres el acceso a las escuelas locales y la matriculación de sus hijos en una escuela que satisfaga sus necesidades.

La Ley exige que las escuelas sean justas y transparentes al decidir cómo asignan prioridad a los niños para su admisión en el centro. Los centros educativos deben aceptar a todos los solicitantes cuando tengan plazas y, si hay más solicitantes que plazas disponibles, se exigirán criterios de selección. La Ley establece que las escuelas deben declarar explícitamente en sus políticas de admisión que no discriminarán a un solicitante por una serie de motivos, entre ellos la discapacidad.

67. También está previsto prohibir el uso de la religión como criterio de selección en todas las admisiones de escuelas primarias reconocidas. Existen salvaguardias para que los niños de religiones minoritarias puedan asistir a una escuela en la que se imparta instrucción religiosa o un programa de educación religiosa acorde con sus creencias. Las escuelas deben incluir en su política de admisión detalles sobre los arreglos existentes para los estudiantes que no deseen asistir a clases de religión.

Proyecto de Ley de Educación (Carta de Estudiantes y Padres) de 2019

68. El Ministerio de Educación reconoce la necesidad de que se escuche la voz de los niños en relación con su educación. Un avance clave en este sentido es el Proyecto de Ley de Educación (Carta de Estudiantes y Padres) de 2019, que tiene como objetivo mejorar la forma en que las escuelas se relacionan con los estudiantes y sus padres. Los centros educativos deberán consultar a los estudiantes cuando elaboren o revisen las políticas y los planes escolares. Cada escuela deberá elaborar una carta de estudiantes y padres de acuerdo con las directrices nacionales.

Oferta educativa multiconfesional

69. El objetivo del Gobierno es contar con al menos 400 escuelas multiconfesionales o no confesionales en el sistema primario para 2030. El proceso de reconfiguración de las escuelas, que pretende transferir las escuelas existentes de sistemas confesionales a multiconfesionales en respuesta a las peticiones de las familias locales, tiene como objetivo acelerar la creación de escuelas multiconfesionales en todo el país.

70. En la última década se han abierto o reconfigurado 119 escuelas de nivel primario y posprimario, de las cuales 114 son multiconfesionales. En 2021 había 159 escuelas primarias multiconfesionales (el 6 % del total) y 359 escuelas posprimarias multiconfesionales o no confesionales (el 50 % del total).

71. El Ministerio está desarrollando una serie de enfoques diferentes habida cuenta del incremento de la población y de la creciente demanda de educación multiconfesional.

Educación en derechos humanos y ciudadanía

72. Las cuestiones de derechos humanos se abordan en todos los niveles del sistema educativo. En el nivel primario, los derechos humanos se incluyen en diversos contextos del programa de estudios. La asignatura del programa más importante en ese nivel es Educación Social, Personal y Sanitaria. Un tema esencial de esa asignatura obligatoria es “Formación ciudadana”, que se imparte desde la educación infantil hasta la conclusión de la educación primaria.

73. En el nivel posprimario el conocimiento de los derechos humanos puede incrementarse también en diversos contextos del programa de estudios. Lo más habitual es que forme parte de las asignaturas de Educación Social, Personal y Sanitaria, Historia, Geografía, Estudios Empresariales, y Educación Cívica, Social y Política. Las asignaturas de Educación Cívica, Social y Política y Educación Social, Personal y Sanitaria forman parte del plan de estudios básico en el primer ciclo de la enseñanza secundaria. Se estudian como parte del área de aprendizaje de bienestar.

74. En septiembre de 2021 las escuelas dispondrán de un nuevo curso breve de Educación Cívica, Social y Política que tiene por objeto informar, inspirar, empoderar y habilitar a los jóvenes para que participen como ciudadanos activos en la sociedad contemporánea en los planos local, nacional y mundial, sobre la base de una comprensión de los derechos humanos y las responsabilidades sociales. En 2016 se introdujo una nueva asignatura optativa para el ciclo superior, Política y Sociedad, cuyo objetivo es desarrollar la capacidad del alumno para desplegar una ciudadanía reflexiva y activa, sustentada en los conocimientos de las ciencias sociales y políticas.

Política de bienestar

75. La política de bienestar del Ministerio de Educación pretende promover la salud mental y el bienestar de todos los niños y jóvenes mediante la mitigación de los factores de riesgo y la promoción de los factores de protección en la comunidad escolar. Este enfoque, aplicable a todo el sistema educativo, implica que todos los miembros de la comunidad escolar participen en un proceso de autoevaluación colaborativo y reflexivo para mejorar las áreas de la vida escolar que afectan al bienestar, con una marcada perspectiva universal. Los centros escolares utilizan el proceso de autoevaluación escolar para realizar una revisión continua de la promoción del bienestar.

76. Una nueva área de aprendizaje en el ciclo inferior, denominada Bienestar, pone de relieve para los alumnos la cultura y la ética del centro y su compromiso con el bienestar.

También incluye oportunidades de aprendizaje para mejorar el bienestar físico, mental, emocional y social de los estudiantes, y les permite construir habilidades para la vida y desarrollar un fuerte sentido de conexión con su escuela y su comunidad.

77. Respecto a la educación de las personas con necesidades educativas especiales:

a) La política del Ministerio de Educación consiste en garantizar que todos los niños con necesidades educativas especiales puedan recibir una educación adecuada a sus necesidades. En la medida de lo posible, los niños con necesidades educativas especiales son incluidos en centros ordinarios con apoyo adicional.

b) El número de clases especiales, de docentes de educación especial y de asistentes de necesidades especiales se sitúa en niveles sin precedentes. El Ministerio dedicará aproximadamente 2.000 millones de euros, es decir, más del 20 % de su presupuesto total de educación en 2021, a la prestación de servicios adicionales para niños con necesidades educativas especiales.

c) Desde 2018, en el marco de un nuevo proyecto piloto del Modelo de Inclusión Escolar, se ha puesto a prueba un modelo de apoyo terapéutico adaptado mediante el que se proporciona terapia del habla y del lenguaje y terapia ocupacional dentro de los entornos educativos. El mantenimiento del proyecto piloto se aprobó en agosto de 2020, y el Consejo Nacional para la Educación Especial aprobó la contratación de hasta 31 terapeutas del habla y del lenguaje y terapeutas ocupacionales.

d) Además:

• El Plan de Transporte Escolar proporciona transporte escolar gratuito a los niños con discapacidad.

• La Subvención para Tecnologías de Apoyo permite a las escuelas adquirir equipos especializados recomendados por el Consejo Nacional para la Educación Especial.

• Maestros visitantes especialmente formados para trabajar con niños sordos o con audición reducida, o con niños ciegos o con deficiencia visual, pueden derivar a los niños para que se beneficien de ajustes.

• El Plan de Ajustes Razonables aplicable en los exámenes estatales facilita el acceso a los exámenes de certificación de los candidatos que tendrían ciertas dificultades debido a deficiencias físicas, visuales, auditivas o de aprendizaje.

Programa de Igualdad de Oportunidades en las Escuelas

78. El Programa de Igualdad de Oportunidades en las Escuelas⁵³ es la principal iniciativa de política del Ministerio de Educación y Formación Profesional para abordar las desventajas educativas en las escuelas. En el curso escolar 2020/21 participaban en el Programa 887 escuelas con un total de 185.000 alumnos, lo que representa aproximadamente el 20 % de la población escolar total.

79. El Programa prevé una serie de apoyos que incluyen puestos docentes adicionales, puestos de coordinador de enlace con la comunidad de enseñanza en el hogar, mayores subvenciones para las escuelas, financiación adicional para libros escolares, apoyos curriculares, acceso adicional a servicios de apoyo al bienestar y acceso al Programa de Comidas Escolares.

Igualdad de acceso para los grupos infrarrepresentados

80. La igualdad de acceso a la enseñanza superior es una prioridad para el Gobierno irlandés. El tercer Plan Nacional de Igualdad de Acceso a la Enseñanza Superior (2015-2021) establece la estrategia actual del Gobierno para abordar la infrarrepresentación en la educación superior de los grupos indicados en el Plan. Su objetivo es asegurar que el cuerpo estudiantil que inicia, cursa y completa la educación superior en todos los niveles refleje la diversidad y la mezcla social de la población de Irlanda. En el Plan se determinan los grupos destinatarios que actualmente están insuficientemente representados en la enseñanza superior, entre los que figuran los estudiantes de grupos socioeconómicos que tienen una baja participación en la enseñanza superior, los travellers irlandeses, los estudiantes con discapacidad, los estudiantes adultos recién matriculados, los estudiantes a tiempo parcial o con horario flexible, y los titulares de becas de estudios superiores. Además, el Plan fija objetivos respecto al aumento de la participación de estos grupos. (Recomendación 135.142).

81. En un informe sobre los progresos del Plan Nacional de Igualdad de Acceso⁵⁴ elaborado en 2018 se indicaron aumentos significativos en las tasas de participación desde la adopción del Plan, particularmente en el grupo objetivo de las personas con discapacidad. El objetivo de llegar a un 8 % hasta la finalización del Plan se había superado en la fase de examen de los progresos, de modo que se fijó un nuevo objetivo del 12 % para 2021. En 2019 la tasa de participación global aumentó hasta el 12,3 % y se superaron igualmente los objetivos respecto a las tres categorías de discapacidad. El proceso de consulta pública sobre el nuevo Plan Nacional 2022-2026 se cerró el 18 de junio de 2021. Está previsto que el nuevo Plan se publique a finales de 2021.

Inclusión

82. Irlanda está comprometida con el aumento de los niveles de inclusión mediante programas de educación y formación de alta calidad, más accesibles y flexibles, y apoyos adaptados a las necesidades detectadas de las personas. El fomento de la inclusión es uno de los tres pilares fundamentales en torno a los cuales se construye la Estrategia de Educación y Formación Continua 2020-2024. El organismo SOLAS, el Órgano de Consejos de Educación y Formación de Irlanda (ETBI) y los 16 Consejos de Educación y Formación han llevado a cabo una serie de acciones para contribuir al objetivo de fomentar la inclusión

mediante el desarrollo y la puesta en marcha de una serie de directrices de buenas prácticas para promover la inclusión.

Igualdad de género en la educación

83. La legislación sobre educación superior exige a las instituciones que promuevan el equilibrio de género entre los estudiantes y el personal, y a la Dirección de Educación Superior que promueva la igualdad de oportunidades. Si bien las instituciones de educación superior han participado en iniciativas dirigidas a abordar la desigualdad de género durante varios años, la revisión nacional de la Dirección de Educación Superior sobre la igualdad de género en las instituciones de educación superior irlandesas en 2016⁵⁵ destacó una amplia gama de cuestiones que contribuían al desequilibrio de género en el sector, en particular en los niveles superiores. La Dirección de Educación Superior supervisa el rendimiento de las instituciones de educación superior a través del proceso de diálogo estratégico, que incluye la igualdad de género como un punto clave de la prioridad estratégica 6: Gobernanza, Liderazgo y Excelencia Operativa. En 2017 se creó un grupo de trabajo para la igualdad de género con el fin de señalar medidas significativas que garantizaran un avance sostenido hacia la igualdad de género. Una de las recomendaciones del grupo de trabajo fue la creación de un centro de excelencia para la igualdad de género dependiente de la Dirección de Educación Superior, que se estableció en 2019.

Educación de los solicitantes de protección internacional

84. Los solicitantes de protección internacional que han obtenido permiso para trabajar pueden acceder a los programas de Educación y Formación Continua en las mismas condiciones que los nacionales irlandeses. En julio de 2020 se realizaron cambios en el Plan Piloto de Apoyo a los Solicitantes de Asilo que cursen estudios superiores para ampliar los criterios de acceso al plan y eliminar el requisito de haber pasado tres años en el sistema escolar irlandés y haber completado el Certificado de Estudios Secundarios. Estos cambios permiten que más personas inmersas en procesos de protección internacional tengan acceso a instituciones de tercer nivel.

85. Estos cambios están relacionados con el Plan de Apoyo al Estudio para los Solicitantes de Asilo. En agosto de 2020, el Ministro de Educación Superior y Continua, Investigación, Innovación y Ciencia confirmó que las normas del plan se flexibilizarían y que el plan pasaría a ser a largo plazo.

86. Ya no se aplica el requisito de que los solicitantes hayan cursado tres años en el sistema escolar irlandés y hayan obtenido el Certificado de Estudios Secundarios en Irlanda.

Se sigue exigiendo a los solicitantes que lleven tres años inmersos en un proceso de protección o de permiso de residencia.

87. Además, a partir del inicio del curso 2021/22, los solicitantes de protección internacional que tengan permiso para trabajar y quieran acceder a cursos de tercer nivel ya no tendrán que pagar las tasas internacionales de 3.600 euros.

G. Derecho a la salud

88. El sistema de salud pública irlandés ofrece a las personas de hogares de bajos ingresos y de grupos marginados cartillas del seguro médico (para las personas con pleno derecho a las prestaciones) y cartillas de consulta a un médico de cabecera (para las personas con derechos limitados). Las personas que reúnen todos los requisitos tienen derecho a una serie de servicios, y si un solicitante no reúne los requisitos para obtener una cartilla sanitaria por motivos económicos, la Dirección de Servicios de Salud evalúa automáticamente si reúne los requisitos para obtener una cartilla de consulta al médico de cabecera. Esta última permite al titular visitar a un médico de cabecera participante de forma gratuita. Tras la puesta en marcha en 2015 de la atención médica general gratuita para todos los niños menores de 6 años, el Gobierno aprobó la ampliación progresiva de dicho acceso a todos los niños de 12 años o menos. La ampliación prevista es una importante medida sanitaria que eliminará el obstáculo del coste potencialmente prohibitivo para acceder a la atención de los médicos de cabecera y mejorará la atención sanitaria de los niños. La fecha de inicio de la primera fase de la

ampliación, a todos los niños menores de 8 años, se mantiene en estudio debido a la pandemia de COVID-19. (Recomendación 136.63).

89. El Gobierno también ha tomado medidas específicas para atender las necesidades sanitarias del creciente número de usuarios de los servicios de salud de diversos orígenes étnicos, culturales y religiosos. La segunda Estrategia Nacional Intercultural de Salud 2018-2023 tiene como objetivo proporcionar un enfoque integrado para abordar las necesidades de estos usuarios de servicios. Los objetivos de la Estrategia incluyen la mejora de la accesibilidad de los servicios y la prestación de servicios de alta calidad y que tengan en cuenta los aspectos culturales. (Recomendaciones 135.40, 135.65, 135.137, 135.62 y 135.63).

Aborto

90. El 25 de mayo de 2018 se celebró un referéndum sobre el proyecto de ley de 36ª enmienda de la Constitución, de 2018, que pretendía suprimir el artículo 40.3.3 de la Constitución y sustituirlo por términos que confirmaran que el Parlamento pueda dictar leyes para regular la interrupción del embarazo. Dicha supresión fue confirmada en el referéndum y en diciembre de 2018 se aprobó y promulgó la Ley de Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) de 2018⁵⁶. El principal objetivo de la Ley es establecer las normas que rigen el acceso a la interrupción del embarazo en Irlanda. En virtud de ella se permite la interrupción del embarazo en caso de riesgo para la vida o de daño grave para la salud de la mujer embarazada; cuando exista una afección que pueda provocar la muerte del feto antes del nacimiento o en los 28 días siguientes; y sin restricciones hasta las 12 semanas de embarazo. Si bien es un delito poner fin intencionadamente a la vida de un feto, salvo con arreglo a lo dispuesto por la Ley, las disposiciones penales vigentes no se aplican a las mujeres que hayan puesto fin, o intentado poner fin, a su propio embarazo. La Ley prevé el acceso universal (gratuito) a los servicios de interrupción del embarazo para las personas que residen habitualmente en el Estado. Los servicios de interrupción del embarazo se pusieron en marcha el 1 de enero de 2019. (Recomendación 135.136).

H. Derecho a la vida familiar

91. Irlanda ha trabajado en la puesta en marcha de planes y ayudas para los padres y madres que trabajan, con el fin de facilitar la igualdad de género en las responsabilidades de cuidados, pero también para ayudar a los padres a asumir una mayor carga de cuidados en los cruciales primeros años de vida del niño.

Licencia parental

92. El Plan de Licencias y Prestaciones Parentales, que se estableció en noviembre de 2019, sigue la línea de la Directiva de la Unión Europea sobre la conciliación de la vida laboral y familiar y da derecho a los nuevos padres a dos semanas de licencia y prestaciones intransferibles. El Plan contribuye a la progresión profesional de las mujeres mediante la mejora de las condiciones para que puedan conciliar sus compromisos laborales y familiares.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Permisos Familiares y Disposiciones Diversas de 2021 en abril de 2021⁵⁷, el derecho se amplió de dos a cinco semanas. Con la puesta en marcha de un régimen intransferible se reconoce que la concesión de licencias y prestaciones parentales es más eficaz cuando se anima tanto a los padres como a las madres a ausentarse del trabajo para cuidar de sus hijos. El régimen aborda esta cuestión desde la perspectiva de la igualdad de género, el aumento de la participación de la mano de obra femenina y la protección de los derechos de los trabajadores. (Recomendación 136.35). Además, en virtud de la Ley de Licencia Parental (Enmienda) de 2019, el período de permiso parental se incrementó de 18 semanas a 26 semanas, aumento que se aplicará gradualmente a lo largo de dos años.

I. Igualdad de género

93. En enero de 2020 se reunió por primera vez una Asamblea Ciudadana sobre Igualdad de Género para estudiar la igualdad de género y formular recomendaciones al Gobierno sobre