Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos A Asamblea General

Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 16º período de sesiones

Ginebra, 22 de abril a 3 de mayo de 2013

Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos

Colombia

* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas A

Asamblea General

Original: español

I. Metodología y proceso amplio de consulta

1. La elaboración del presente informe representa un esfuerzo continuado del Estado que inició a partir de la sustentación del informe del primer ciclo. En ese entonces, Colombia adquirió motu proprio un compromiso de seguimiento permanente que ha venido cumpliendo durante los últimos cuatro años¹.

2. Se han elaborado siete informes, disponibles para la consulta pública de los interesados². Como complemento, en 2009 y 2010 se enviaron dos comunicaciones a los Estados que intervinieron en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en las que se detalló el mecanismo de seguimiento³ y los resultados y acciones adoptadas por el Estado.

Asimismo, se elaboró un boletín sobre el balance de la implementación del EPU durante 2009.

3. En 2011, el EPU fue socializado en el nivel departamental para concientizar a las autoridades de su papel en el cumplimiento de las recomendaciones y compromisos⁴. Posteriormente, se realizó una consulta en los 32 departamentos⁵ para identificar desde la perspectiva local los logros, mejores prácticas, desafíos y limitaciones en DDHH, así como sus perspectivas del seguimiento al examen presentado en 2008 y los avances en la implementación de las recomendaciones y/o compromisos⁶.

4. Durante 2012, se adelantaron dos talleres con autoridades nacionales a los que fueron convocados todos los poderes de la administración pública y los órganos de control, con el objetivo de contar con la participación y articulación institucional para la elaboración del informe y su posterior sustentación.

5. Colombia cuenta con diversos espacios de participación y diálogo en DDHH con la sociedad civil. A modo de ejemplo se destacan los espacios propiciados por la Comisión Intersectorial de DDHH y DIH⁷ y la Mesa Nacional de Garantías⁸.

6. Adicionalmente, en los últimos dos años, Colombia ha desarrollado un proceso único en el mundo denominado “Conferencia Nacional de DDHH y DIH”⁹ que tiene su génesis en la Declaración Conjunta entre el Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, la Procuraduría General, la sociedad civil y la comunidad internacional, en la que se acordó acompañar y apoyar un proceso participativo¹⁰ de construcción e implementación de una política integral nacional, departamental y local de DDHH y DIH¹¹. Para el efecto, se han programado foros en cada uno de los departamentos del país¹² y en el Distrito Capital. A diciembre de 2012 se realizaron 25 foros¹³ en los que participaron más de 12.500 personas¹⁴ y en ese mes se desarrolló la Conferencia, que contó con la presencia de más de 2.000 personas. Este proceso continuará en 2013, siendo uno de los mayores retos la articulación entre el nivel nacional y el local.

7. Con ocasión del presente informe, el Grupo Permanente de Trabajo del EPU¹⁵ adelantó, con acompañamiento de la Oficina en Colombia de la OACNUDH, un espacio de diálogo con las principales plataformas de derechos humanos en el país¹⁶, no constitutivo de consulta. Una vez el informe sea presentado, el Estado manifiesta su voluntad de adelantar reuniones ulteriores con el fin de tener en cuenta sus consideraciones y observaciones para la sustentación del mismo.

II. Antecedentes, marco normativo e institucional

A. Contexto

8. Colombia es un Estado unitario, democrático, participativo y pluralista con separación de poderes que se rige por la Constitución Política de 1991. Está organizado administrativamente de manera descentralizada y con entidades territoriales autónomas, gobernadas por un mismo régimen constitucional y legal. Dicha descentralización garantiza que la administración se reparta entre las entidades territoriales y permite mayor capacidad de acción en las diferentes zonas del país.

9. Tanto el Presidente de la República, como los Gobernadores y Alcaldes son electos mediante voto popular. El actual Presidente, Juan Manuel Santos, fue elegido para gobernar entre 2010 y 2014.

10. Según la proyección del DANE¹⁷, la población actual estaría por el orden de las 46.375.061¹⁸ personas.

B. Marco normativo e institucional

11. Durante los últimos años, Colombia ha experimentado un cambio normativo e institucional dirigido a garantizar la plena vigencia de los DDHH y reforzar la eficiencia y coherencia de la organización y funcionamiento del Estado.¹⁹ La reforma institucional y normativa del Estado puede entenderse en dos grandes bloques, dirigidos por una parte, a garantizar los derechos humanos de toda la población y por otra, a garantizar los derechos de las víctimas con el objeto de alcanzar la reparación integral y la reconciliación y de esta manera sentar las bases para avanzar hacia la terminación del conflicto armado.

12. Bajo los principios del Buen Gobierno: eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas y teniendo como referente el PND 2010-2014 “Prosperidad para todos”, que es la base de todas las políticas gubernamentales, se hizo una revisión de los distintos sectores de la administración pública y se dio curso a la reforma²⁰ con miras a alcanzar los siguientes propósitos: (i) fortalecimiento de la inclusión social y la reconciliación, (ii) fortalecimiento de la política social del Estado, (iii) fortalecimiento institucional para sectores críticos para la competitividad del país y (iv) mayor eficiencia y eficacia.

13. Para fortalecer la respuesta articulada y coordinada del Estado en DDHH y DIH, se creó y organizó el Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH-SNDDHH y DIH-²¹, se modificó la Comisión Intersectorial de DDHH y DIH y se dispuso la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Información²². El SNDDHH y DIH está organizado en varios subsistemas²³. La Comisión Intersectorial, liderada por el Vicepresidente, e integrada por Ministros del Despacho, es la máxima instancia de definición, promoción, orientación, articulación, seguimiento y evaluación de la Política Pública Integral de DDHH y DIH – PPIDDHH-DIH–. Es igualmente la instancia que coordina la respuesta e impulso al cumplimiento de los compromisos internacionales en esas materias, así como la incorporación del enfoque de derechos y diferencial en las políticas sectoriales.

14. Asimismo, se creó el sector para la Inclusión Social y la Reconciliación, liderado por el DPS²⁴ e integrado por el ICBF, el CMH²⁵, la UARIV²⁶, la UCT²⁷ y la ANSPE²⁸, para formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención a grupos vulnerables, población con discapacidad y

la reintegración social y económica, así como la atención y reparación a las víctimas del conflicto.

15. La Ley 1448 de 2011 llamada "Ley de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y Restitución de Tierras”, en adelante Ley de Víctimas, junto con sus Decretos Reglamentarios con fuerza de ley²⁹ constituyen la apuesta más ambiciosa del Estado por atender y reparar a las víctimas de la violencia. La ley incluye, entre otros aspectos, medidas de no repetición con enfoque de género, poblacional y étnico³⁰ y sienta las bases para la implementación de la política pública para la atención y reparación integral bajo los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad. Asimismo, determina las instituciones encargadas de su implementación y crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas-SNARIV.

16. La reforma incluyó además, el fortalecimiento de las áreas y entidades a cargo de la protección de los derechos de las minorías³¹, y el fortalecimiento de las funciones de justicia³², protección social³³, seguridad³⁴, vivienda y ambiente³⁵, cultura, seguridad y protección a población en situaciones de riesgo extraordinario mediante la creación de la Unidad Nacional de Protección-UNP- y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas-CERREM-³⁶, así como aspectos culturales³⁷, entre otras importantes iniciativas³⁸.

17. Para facilitar la transición del conflicto armado hacia una paz estable, se aprobó en el Congreso el denominado “Marco Jurídico para la Paz,” que autoriza la creación de mecanismos extrajudiciales de justicia transicional, el establecimiento de criterios de priorización y selección de casos y la suspensión de la ejecución de la sanción.

Adicionalmente, en septiembre de 2012, el Gobierno Nacional dio inicio a un proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC para lo cual se adoptó una hoja de ruta que define con precisión los términos de discusión para llegar a un acuerdo final que establezca la terminación del conflicto armado, lo cual constituye un enorme desafío para la Nación.

C. Interlocución con organismos internacionales

18. En el país tienen presencia 29 oficinas de organizaciones internacionales, incluyendo representaciones de Naciones Unidas³⁹, la OEA, el CICR, el Banco Mundial, entre otros, y 10 agencias de cooperación y/o de desarrollo.

19. Desde 2008, se han recibido 22 vistas de altos dirigentes o representantes de mecanismos del Sistema de Naciones Unidas y el SIDH⁴⁰, dentro de las cuales se destaca la visita del Secretario General de las Naciones Unidas en junio de 2011, en cuyo marco se sancionó la Ley de Víctimas; la visita de la Representante Especial sobre Violencia Sexual en Conflictos, Margot Wallstrom; de Directores Ejecutivos de Agencias de Naciones Unidas: Michelle Bachelet de ONU Mujeres y Babatunde Osotimehin de UNFPA; así como Alexander Aleinikoff, Director Adjunto de ACNUR y Anders Kompass, Director de Operaciones en Terreno de la OACNUDH.

20. Asimismo, el Magistrado y Presidente de la CPI, Sang-Hyun Song, suscribió con el Presidente de la República un Acuerdo entre Colombia y la CPI sobre la ejecución de las penas impuestas por la Corte. Colombia es el primer país de América y el séptimo del mundo en suscribir este tipo de instrumento.

21. Colombia se ha destacado como un país en progreso dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En diciembre de 2012, como resultado de la visita in loco de la CIDH, Colombia fue retirada del Capítulo IV de su Informe Anual.

III. Avances, prioridades y desafíos para la promoción y protección de los DDHH

A. Implementación del Plan Nacional de Desarrollo – PND – “Prosperidad para Todos” 2010–2014

22. El PND “Prosperidad para Todos” establece el derrotero en materia de DDHH y orienta el camino a la inclusión social y la reconciliación. El Capítulo V, titulado

“Consolidación de la Paz”, se refiere expresamente en su literal C, a la PPIDDHH-DIH y a la Justicia Transicional, con el propósito de garantizar el Estado de Derecho. La prevalencia del Estado de Derecho es la consolidación de la seguridad, la observancia plena de los DDHH, y el funcionamiento eficaz de la justicia, lo que supone generar acciones encaminadas a consolidar la paz, reducir la impunidad, sumado a la creación de estrategias en materia de cultura y ciudadanía en DDHH, el respeto de los derechos a la vida, la libertad e integridad personal, la lucha contra la discriminación y el respeto de las identidades.

B. Formulación de la política pública integral de DDHH y DIH

23. El compromiso del Estado por cumplir con el más alto estándar de garantía en DDHH se evidencia en los avances en la situación de DDHH en el país. Aunque persisten retos y desafíos, la voluntad del Gobierno en superarlos resulta patente. Como lo demuestra este informe, los planes y acciones adelantados tienen en cuenta las diferentes obligaciones, recomendaciones y/o compromisos internacionales, incluidos los adquiridos por Colombia en el marco del EPU.

24. La formulación de la PPIDDHH-DIH⁴¹ que constituye un reto nacional, ha tenido en cuenta el proceso anterior llevado a cabo en el marco del PNA y otras iniciativas que buscaban definir un marco de acción efectivo en materia de DDHH y DIH. Con la creación del SNDDHH y DIH y el proceso de la Conferencia Nacional de DDHH y DIH, la Política Pública se nutre y se formaliza desde el nivel local. Esta Política se refleja como una gran sombrilla que incorpora las obligaciones y compromisos internacionales del país, se nutre del diálogo constructivo con las organizaciones sociales y la comunidad internacional, así como del proceso de Justicia Transicional.

25. En el marco del SNDDHH y DIH⁴², se ha iniciado la articulación institucional de todas las entidades con competencia en DDHH y DIH lo que ha significado la interlocución entre 55 entidades del orden nacional, 5 programas presidenciales, 90 direcciones y/o dependencias y 8 altas consejerías.

C. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

Pobreza

26. El Estado ha trabajado en pos de robustecer la clase media y de obtener una sociedad más equitativa y justa, mejorando las capacidades y oportunidades de acceso a los distintos servicios sociales de la población pobre y en situación de pobreza extrema.

27. Colombia se comprometió voluntariamente a reducir el porcentaje de personas en pobreza⁴³ al 28.5% y el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema al 8,8 % para el 2015. Así, entre 2010 y 2011, la pobreza nacional se redujo del 37,2% al 34,1% y entre 2010 y 2011, la pobreza extrema nacional pasó de 12,3% a 10,6%. Los factores que explican la reducción son las políticas focalizadas y las estrategias integrales con un

enfoque diferencial, el crecimiento económico, y la redistribución del ingreso favoreciendo a los más pobres y las políticas focalizadas.

28. Frente al gran desafío que representa la reducción de la pobreza, la nueva Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema puso en marcha el Programa “Red Unidos”⁴⁴, estrategia de oferta de servicios sociales para población pobre y en situación de pobreza extrema. Por otro lado, se destaca el Programa “Más Familias en Acción”,⁴⁵ que consiste en la entrega condicionada y periódica de una transferencia monetaria para complementar el ingreso económico y mejorar la salud y educación de los menores de 18 años de las familias que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad. Durante 2011 se atendieron 2'210.412 familias, de las cuales 382.126 (17.3%) estaban en situación de desplazamiento y 69.485 (3.1%) familias indígenas.

Seguridad alimentaria

29. Se estableció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y se creó la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional⁴⁶ como máxima instancia de dirección y coordinación para la articulación de políticas y programas en la materia.

Adicionalmente, existe el programa “Red de Seguridad Alimentaria” -ReSA- cuyo objetivo es impulsar la generación de alimentos para el auto consumo. A junio de 2012, más de 2.490 familias fueron intervenidas con proyectos de seguridad alimentaria ReSA. En particular, 56.997 mujeres se han beneficiado los programas de superación, pues son ellas las que principalmente reciben las transferencias condicionadas.

Empleo y productividad

30. Se encuentra vigente el “Proyecto Alianzas Productivas” que busca la conformación de alianzas de desarrollo empresarial entre el sector privado y las comunidades rurales pobres para lograr mayores niveles de competitividad.

31. Se estima que en 2011, por medio de la “Ley del Primer Empleo”⁴⁷, se formalizaron 155.753 empresas y 395.266 jóvenes obtuvieron su primer empleo. Por su parte, el programa ‘Trabajemos Unidos’ logró que 15.208 personas contaran con un plan individual de trabajo que, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de capacidades individuales, incluyó la remisión de participantes a procesos de convalidación, formación en oficios, alfabetización y a certificación de competencias⁴⁸.

32. Igualmente, se crearon programas con enfoque diferencial para la población de especial protección constitucional, incluyendo “Jóvenes Rurales”⁴⁹; “Mujer Rural”;

“Mujeres Ahorradoras en Acción”⁵⁰, y “Programa de Oportunidades Rurales” para pequeños productores rurales, jóvenes, mujeres, indígenas y afrocolombianos⁵¹.

33. Se reguló la formalización y generación de empleo que incorpora un enfoque de género y los beneficios para quienes contraten a mujeres víctimas de la violencia⁵². Se trabaja también en la promoción del Teletrabajo⁵³ que beneficia a diferentes poblaciones específicas⁵⁴.

Vivienda digna

34. Se expidió la Ley de Vivienda de Interés Prioritario⁵⁵, en cuyo marco se planea la entrega de 100.000 viviendas gratuitas en diversas partes del país a la población priorizada⁵⁶. Igualmente, el Ministerio de Agricultura, para facilitar el acceso a la vivienda de interés social rural y la formalización de la propiedad rural, ha implementado programas estratégicos con enfoque diferencial, dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad⁵⁷. El Estado⁵⁸ también ha implementado programas dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda de interés social rural y la formalización de la propiedad rural.

35. En la actualidad se encuentra en trámite el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural⁵⁹. El desafío es fomentar el desarrollo rural integral con enfoque diferencial.

Educación⁶⁰

36. El Estado reglamentó⁶¹ la gratuidad educativa⁶² para todos los estudiantes de las instituciones estatales matriculados entre los grados de transición y undécimo. El Estado avanza en la implementación del Sistema de Información de Seguimiento a la Gratuidad, que permitirá hacer un monitoreo de los recursos asignados para la gratuidad educativa.

37. Asimismo, se trabaja en incrementar la cobertura en los diferentes niveles educativos. En 2011, Colombia alcanzó la universalidad en la cobertura de los niveles de básica primaria y secundaria y disminuyó la brecha en la cobertura urbano-rural⁶³. Adicionalmente, se dio prioridad a la asignación de recursos a las entidades territoriales con mayores rezagos educativos, mayor ruralidad y que atienden a mayor población vulnerable y diversa⁶⁴.

38. En 2011, con la creación de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia, se definieron los estándares de calidad⁶⁵ para la atención de niños y niñas en Centros de Desarrollo Infantil públicos y se atendieron 589.826 menores, lo que representa 24.300 menores más que en 2010. Además, se construyeron 72 Jardines, Hogares Múltiples y Centros de Desarrollo Infantil para atención de la primera infancia.

39. Para enfrentar el gran reto de bajar la tasa de analfabetismo de personas entre los 15 y 24 años al 1%, se ha promovido el Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos, cuyo objeto es apoyar el proceso de formación del joven y el adulto iletrado. Desde el 2005 a agosto de 2012 se alfabetizaron 212,716 jóvenes entre 15 y 24 años.

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - TIC

40. Para mejorar la calidad de vida de cada colombiano, el Estado promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masiva de las TIC. En el marco estratégico del “Plan Vive Digital”⁶⁶ se despliegan 85 iniciativas que pretenden desarrollar el ecosistema digital del país en dimensiones relacionadas con la infraestructura, servicios, aplicaciones o redes sociales y apropiación tecnológica.

Salud

41. Desde 2009, Colombia cumplió su compromiso de unificar el Plan Obligatorio de Salud –POS–⁶⁷ para los niños y niñas, beneficiando a 15.838.549 niños(as) y adolescentes en el país, entre 0 y 17 años de edad⁶⁸. En 2011 se igualó el Plan de Beneficios para la población mayor de 60 años. En julio de 2012 se unificaron los regímenes de salud, de tal forma que toda la población afiliada al Régimen Subsidiado cuenta con el mismo plan de beneficios del Régimen Contributivo. Más de 42,5 millones de personas afiliadas a ambos regímenes tienen el mismo plan de beneficios.

42. El Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS ha logrado mantener una cobertura cercana al 96%; esto se traduce en 2,3 millones de nuevos afiliados en Salud entre 2010 y 2012⁶⁹. Se estima que en 1993, la cobertura para los más pobres, era tan sólo del 4,3%, en 2003 alcanzó el 48%, mientras que en 2011 se acercó al 90%. Se requiere de un esfuerzo adicional en particular en los territorios de población dispersa, para llegar al 100%. Considerando los retos que persisten, Colombia implementó el Plan Cuatrienal de Salud e implementó una ley para fortalecer el Sistema⁷⁰.

43. Comprometido con la reducción de morbilidad materna, mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, el Estado creó la Comisión Intersectorial para la promoción y

garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, a partir de enero de 2012, se incluyó la Vigilancia Obligatoria de la Morbilidad Materna Extrema en el SIVIGILA⁷¹ del Instituto Nacional de Salud y se elaboró el Modelo de Vigilancia de Morbilidad Neonatal Extrema.

44. Se diseñó el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021⁷², y se implementó el modelo de gestión programática en VIH. Actualmente se trabaja en la aplicación del esquema de los

“Mil primeros días⁷³”.

Protección social

45. Para abordar las necesidades de la población de adultos mayores, que constituye el 10% de la población total, el Estado formuló la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007–2019, diseñó e implementó el “Programa de Protección Social al Adulto Mayor”⁷⁴; el “Programa Nacional de Formación para la Atención Integral de las Personas Mayores”; el “Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor – Juan Luis Londoño de la Cuesta”, así como el “Método Integral de Participación Social del Adulto Mayor”.

46. Con el fin de protegerlos contra el riesgo económico de la imposibilidad de generar ingresos, el Estado ha diseñado dos mecanismos principales, uno de tipo preventivo y otro de tipo asistencial. El primero se encuentra sustentado en el sistema pensional⁷⁵ y el segundo⁷⁶ dispuso que la ley puede determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión⁷⁷. 47. Adicionalmente, se lanzó el Programa “Colombia Mayor” para enfrentar el reto de proteger a las personas de la tercera edad que se encuentran desamparadas y no cuentan con una pensión o viven en la indigencia y/o en extrema pobreza⁷⁸. Este programa cuenta con 627.428 adultos mayores beneficiarios que cada dos meses reciben un subsidio para financiar sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

Cultura

48. El Estado ha aumentado sus recursos en materia de cultura⁷⁹. Adicionalmente se ha creado el Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”; ha cofinanciado iniciativas y proyectos de organizaciones y ONG sin ánimo de lucro; ha implementado el

“Programa Nacional de Estímulos” y ha prestado apoyo al “Programa Nacional de Concertación”. A través del premio Vida y Obra ha reconocido la labor de los creadores, investigadores y gestores culturales colombianos. Por último, se han adelantado esfuerzos para formalizar espectáculos públicos de las artes escénicas⁸⁰.

Medio ambiente

49. Trabajar por el Medio Ambiente garantiza el goce de otros derechos.⁸¹ Así se fortaleció la institucionalidad en la materia con la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– que busca ejecutar las actividades de licenciamiento, permisos y trámites ambientales de manera transparente y eficiente para lograr el equilibrio sostenible entre la protección del ambiente y el desarrollo del país. También se creó la Unidad Nacional de Fiscalías-UNF-, especializada en delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.

50. Colombia ha participado activamente en el Mecanismo de Desarrollo Limpio⁸² y cuenta con un portafolio de 182 proyectos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (77 nuevos desde agosto de 2010). Se formuló el marco conceptual para el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y se prohibió la importación de todo tipo de desechos peligrosos. Actualmente, Colombia cuenta con la Política Nacional de Educación

Ambiental⁸³ y la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Además, se viene implementando el “Programa de Integración y Cambio Climático” mediante el proyecto “Piloto Nacional de Adaptación al Cambio climático: Componente B, Alta Montaña” y se diseñó la Política para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

51. El diseño de estas y otras políticas de relevancia que buscan garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los DESCA, evidencian la voluntad y el compromiso en continuar trabajando en el cumplimiento de los compromisos internacionales.

D. Lucha contra la violencia y mantenimiento del orden público

Prevención contra la violencia

52. En un contexto de conflicto armado, con las complejidades y dificultades que ello conlleva, Colombia ha venido trabajando en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia, en el logro de la paz y en garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos para el pleno ejercicio de los DDHH.

53. En 2012, el Ministerio del Interior prestó asesoría y asistencia técnica a los 32 departamentos en gestión preventiva del riesgo de violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal, dentro de lo cual se encuentra el fortalecimiento de los espacios de prevención⁸⁵ y formulación y/o actualización de los planes integrales de prevención y protección.⁸⁶ En cuanto a estos últimos, se formularon y/o actualizaron 32, uno por cada departamento. Se han formulado planes como parte de la estrategia de prevención en los procesos de restitución de tierras⁸⁷, y 51 de 58 municipios de la estrategia de consolidación territorial tienen plan integral de Prevención y Protección.⁸⁸

Fortalecimiento de espacios de diálogo con la sociedad civil

54. Reconociendo la labor legítima de las organizaciones sociales como constructoras de democracia, se ha trabajado por fortalecer el diálogo y se ha impulsado la Mesa Nacional de Garantías. Además, se han realizado diversas sesiones temáticas. El Gobierno ha reconocido la labor de defensores, líderes sociales y comunales en distintas regiones del país⁸⁹ y propuestas que han sido presentadas en este espacio ya han sido materializadas en hechos concretos. A pesar de estos avances debe continuar el trabajo por seguir fortaleciendo y ampliando el diálogo con la sociedad civil, particularmente en las regiones.

Protección a personas en situación de riesgo

55. El Programa de Protección, único en el mundo, tuvo avances importantes producto de las discusiones adelantadas en la Mesa Nacional de Garantías. Fue asignado a una entidad independiente – la UNP y regula los principios y procesos de protección, incorporando el enfoque diferencial en las medidas y en la elaboración de los estudios de riesgo⁹⁰. A la fecha, la UNP protege a más de 10.000 personas.

Instrucción a FFMM

56. El Ministerio de Defensa Nacional-MDN ha desarrollado instrumentos tendientes a diseñar, desarrollar, evaluar y ajustar sus operativos y operaciones en pleno respeto de las normas internacionales en materia de DDHH y DIH⁹¹. Algunos esfuerzos dirigidos a la formación en DDHH y DIH al interior de la Fuerza Pública son: el Plan Estratégico del Sistema Educativo –PESE–, Modelo Único Pedagógico de DDDHH y DIH, Grupos de Entrenamiento por Escenarios Regionales y Análisis de Lecciones Aprendidas⁹².

Lucha contra las Bandas Criminales - BACRIM

57. La protección de la población civil⁹³ ha sido y continuará siendo una prioridad para el Gobierno Nacional, razón por la cual se han adoptado diversas estrategias de política pública y de adecuación institucional. El 2012 representó el año en el que mayor éxito se ha tenido en materia de protección al derecho a la vida, evidenciando el descenso más grande de muertes violentas en los últimos 40 años.

58. La lucha contra las BACRIM⁹⁴ constituye uno de los mayores retos para la Fuerza Pública. En respuesta a ello se ha avanzado en la definición de una Política Integral con el objetivo de desarticular estas estructuras para proteger a la población. La política posee un enfoque estratégico, integral y multidimensional, en el que los indicadores de éxito serán la desarticulación definitiva de las estructuras, la recuperación de la autoridad estatal en el territorio y la protección de la población.

59. La estrategia integral en contra de estas bandas incluye 8 líneas estratégicas dirigidas a: la caracterización de las BACRIM; consolidación y análisis de información necesaria para conocer su dinámica; judicialización; combate al fenómeno de la corrupción;

articulación de la estrategia con la Política Nacional de Consolidación Territorial –PNCT–;

diseño de una estrategia integral y unificada contra las finanzas de las BACRIM;

prevención de la reincidencia y el diseño de una estrategia proactiva de comunicaciones.

60. El Gobierno, a través de la Fuerza Pública ha logrado la reducción estructural del 29% de estos grupos y 5.175 capturas de sus integrantes. Asimismo, se ha logrado la disminución del 35% de los componentes armados de las BACRIM autodenominada “Los Rastrojos”, logrando 1.910 capturas de sus integrantes, incluyendo 9 cabecillas regionales⁹⁵. 61. Se creó la Unidad Nacional de Fiscalías-UNF- contra las BACRIM, que redefinió su estructura para organizar las investigaciones en función de los grupos de bandas identificadas, y no por delitos o por zonas del territorio nacional. Lo anterior conlleva aplicar una política criminal de Estado enfocada en acciones coordinadas a nivel interinstitucional⁹⁶ e internacional. Los resultados comparativos en la investigación de casos relacionados con las BACRIM muestran que a noviembre de 2008, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH-UNDDHH y DIH de la FGN tenía asignados 50 casos y 20 personas condenadas. Entre 2011 y 2012 la UNF contra las BACRIM tuvo un total de 181 casos asignados, con 1 caso en juicio y 7 sentencias condenatorias contra 9 personas.

Lucha contra los grupos armados ilegales

62. Las FFMM, en cumplimiento de su función constitucional, han incrementado sus operaciones contra los grupos armados ilegales al margen de la ley⁹⁷ para ejercer el control territorial, brindar seguridad, neutralizar las capacidades de estos grupos y desarticular sus centros de gravedad. En el periodo se han producido importantes resultados en relación con la desmovilización, rendición y sometimiento de los grupos armados ilegales, producto del efectivo diseño, ejecución, evaluación y ajuste periódico de estrategias como la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad y el Plan “Espada de Honor 2012- 2014”, entre otras⁹⁸.

63. El Ejército desarrolla operaciones para propender por la defensa de la soberanía nacional, la integridad del territorio y del orden constitucional. Asimismo, se encarga de hacer efectivo el cumplimiento de las políticas diseñadas por el Gobierno tales como:

Política de Seguridad Democrática (2002–2006), Política para la Consolidación de la Seguridad Democrática (2006–2010), y actualmente la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad.

Trata de personas

64. Se adoptó la Estrategia Nacional Integral para la Lucha contra la Trata de Personas⁹⁹ y actualmente se trabaja en la formulación de la nueva Estrategia Nacional 2013-2018. En el 2011, se logró establecer la presencia total en el territorio de las instituciones a cargo de la implementación de dicha estrategia, lo cual contribuyó a la difusión de la campaña de prevención “Con la Trata de Personas No hay Trato”. Adicionalmente, se puso a disposición de la ciudadanía la Línea Gratuita Nacional contra la Trata de Personas, que funciona permanentemente.

65. El Ministerio del Interior, a través de su Dirección de Gobernabilidad Territorial, ha desarrollado diferentes proyectos orientados a enfrentar el desafío que aún persiste de fortalecer institucionalmente a las entidades territoriales en esta materia; es así como viene desarrollando la promoción para que Gobernadores y Alcaldes adopten las decisiones necesarias y se hagan mayores esfuerzos presupuestales para garantizar los derechos de dichas personas. Durante 2011 y 2012 se tomó acciones respecto a 57 presuntos casos de trata de personas.

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

66. Con fundamento en las recomendaciones proferidas por el Comité contra la Tortura, Colombia ha venido trabajando en el diseño de un Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, coordinado por el Ministerio de Justicia, en conjunto con las entidades competentes que conforman el Comité Interinstitucional de Prevención contra la Tortura.¹⁰⁰

Homicidio en persona protegida¹⁰¹

67. La Mesa Nacional de Garantías es un espacio creado de común acuerdo entre el Estado y la Sociedad Civil, que con el acompañamiento de la comunidad internacional, ha permitido a las organizaciones defensoras de DDHH, líderes sociales y comunales, ejercer sus labores plenamente¹⁰².

68. Las denuncias por homicidio en persona protegida han sido objeto de la más enérgica condena por parte del Estado y en ese sentido se han adoptado diversas medidas enfocadas a su prevención, investigación y judicialización, incluyendo la remisión de investigaciones inicialmente asumidas por la justicia castrense a la justicia ordinaria para su correspondiente investigación.

69. Como respuesta, las FFMM implementaron 15 medidas adoptadas por el MDN en el 2008,¹⁰³ de las cuales 7 están siendo monitoreadas por la OACNUDH en Colombia¹⁰⁴. Éstas han significado una reducción evidente de las denuncias o quejas por presuntos homicidios en persona protegida. Durante el 2012 no se recibió queja alguna por hechos de esta índole¹⁰⁵.

70. Se ha juzgado y sancionado a diferentes integrantes de las FFMM como coautores o cómplices, de acuerdo a su grado de responsabilidad en casos específicos, por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público¹⁰⁶. A 31 de agosto de 2012, la FGN tenía 1.727 casos de homicidio presuntamente atribuidos a agentes del Estado, de los cuales hay 1.948 personas acusadas, 108 casos en juicio y 458 sentencias condenatorias.

Desaparición forzada

71. El 11 de julio de 2012, Colombia ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas¹⁰⁷ y ha continuado sus esfuerzos en materia de prevención y juzgamiento mediante la interlocución con las ONG y

Organismos Multilaterales, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas¹⁰⁸.

72. Adicionalmente, se crearon las condiciones para establecer el Banco Nacional de Perfiles de ADN¹⁰⁹ para la búsqueda de desaparecidos y otras disposiciones relacionadas con el homenaje de las víctimas y sus familias¹¹⁰.

73. Los resultados comparativos en la investigación de casos de desaparición forzada muestran que a noviembre de 2008 la UNDDHH y DIH de la FGN tenía 202 casos asignados, 1 caso en juicio y 9 sentencias condenatorias, con 24 personas condenadas, mientras que a 31 de agosto de 2012 fueron 334 los casos asignados, con 22 en juicio y 195 sentencias condenatorias contra 182 personas¹¹¹.

Violencia sexual¹¹²

74. La FGN ha realizado acciones para la identificación de las investigaciones de casos de violencia sexual¹¹³, y hace el respectivo seguimiento para su avance mediante comités técnico-jurídicos, con el propósito de evaluar el progreso de las investigaciones, socializar buenas prácticas y experiencias e identificar los obstáculos y falencias que han incidido en su avance.

75. Se incluyó en la política pública de prevención del reclutamiento forzado¹¹⁴ el componente de prevención de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y se fortaleció la Comisión Intersectorial de prevención. Adicionalmente, la Fuerza Pública incorporó el tema de violencia sexual en diversos planes de formación, y desarrolló la Guía Pedagógica dirigida a docentes que dictan capacitaciones extracurriculares sobre violencia sexual en el marco de las confrontaciones armadas.

76. Los resultados comparativos en la investigación de casos de violencia sexual¹¹⁵ muestran que a noviembre de 2008 la UNDDHH y DIH tenía asignados 65 casos y 1 caso en juicio mientras que a 31 de agosto de 2012 tenía un total de 181 casos asignados, con 1 caso en juicio y 7 sentencias condenatorias contra 9 personas¹¹⁶.

Reclutamiento forzado

77. La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado avanza en el diseño del Observatorio de Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, que incorpora el seguimiento a las acciones de las instituciones concernidas¹¹⁷. Se han propiciado espacios de sensibilización contra el reclutamiento forzado¹¹⁸.

78. Una estrategia ha sido la “Propuesta de priorización municipal sobre los factores de riesgo a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en el país”, para adecuar las oferta institucional y ofrecer estrategias de prevención a los municipios del país que presentan determinados factores de riesgo¹¹⁹.

79. Los resultados comparativos en la investigación de casos sobre reclutamiento forzado muestran que a noviembre de 2008 la UNDDHH y DIH de la FGN tenía asignados 141 casos, 2 casos en juicio y 3 sentencias condenatorias con 13 personas condenadas mientras que a 31 de agosto de 2012 hubo un total de 238 casos asignados, con 6 casos en juicio y 50 sentencias condenatorias contra 48 personas¹²⁰. En esta perspectiva, debe destacarse la sentencia que sobre reclutamiento se dictó en el marco del proceso de Justicia y Paz contra alias “El Alemán”, comandante de las estructuras de autodefensas desmovilizadas en 2005 y 2006¹²¹.

Minas antipersonal, municiones sin explotar y educación en riesgo de minas

80. Según el PAICMA, la siembra de MAP y MUSE por grupos armados ilegales produjo 549 víctimas en 2011 y 262 en 2012, para un total de 10.001 víctimas desde 1990 a septiembre del 2012.

81. Teniendo en cuenta la necesidad de ofrecer una atención diferencial a las víctimas, se implementó la perspectiva de infancia y adolescencia en la educación en el riesgo de minas antipersonal. Además, se incorporó la asistencia integral a víctimas de MAP, MUSE y AEI en el Sistema Nacional de Discapacidad y se fortaleció la oferta de asistencia a nivel local. Se puso en marcha el Programa de Desminado Humanitario y se brindó asesoría al 93.26% de las víctimas de 2012¹²².

E. Lucha contra la impunidad y acceso a la justicia

82. Se ha impulsado la política de lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH con la participación de la FGN, PGN, Defensoría, Consejo Superior de la Judicatura e INPEC. Está orientada al fortalecimiento de la capacidad estatal en la investigación, juzgamiento y sanción. Asimismo, ha contribuido al fortalecimiento del recurso humano, operativo y al desarrollo de competencias investigativas en los operadores de justicia.

83. Se avanza en una estrategia de formación especializada en DDHH y DIH dirigida a operadores de la rama judicial¹²⁴. Entre 2011 y 2012 se realizaron nueve capacitaciones en las que participaron cerca de 350 operadores.

84. Para fortalecer el rol investigativo de violaciones a DDHH y atención a víctimas se creó la Subunidad de Registro en la FGN, la Atención Integral y Orientación a Víctimas de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, perteneciente a la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, la UNF contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados y la UNF para los Desmovilizados.

85. Con el objetivo de emprender una adecuada y más efectiva gestión de la investigación de casos, la FGN adoptó la Directiva 0001 de 2012¹²⁵ que busca la creación de un nuevo sistema de investigación penal y la adopción y gestión progresiva de unos criterios de selección y priorización, y la Resolución 1810 de 2012 que crea la Unidad Nacional de Análisis y Contextos¹²⁶.

86. En el marco del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2011-2014¹²⁷ se busca fortalecer la calidad y la equidad de las actuaciones judiciales, mediante el mejoramiento continuo de la gestión gerencial y administrativa, la selección de funcionarios y empleados por concurso de méritos, la evaluación periódica de su desempeño, el incremento del nivel de profesionalización y actualización de los servidores, el acceso a la información jurisprudencial y normativa, el fortalecimiento de los estímulos¹²⁸. Adicionalmente, se estructuró una cultura judicial que incluye la perspectiva de género como instrumento indispensable para la materialización del derecho a la igualdad¹²⁹.

87. Se ha avanzado en materia de justicia con resultados comparativos en investigaciones en las que figuran como víctimas defensores(as) de DDHH. A noviembre de 2008 la UNDDHH y DIH de la FGN tenía asignados 35 casos, 7 en juicio y 8 sentencias condenatorias con 14 personas condenadas, mientras que a 31 de agosto de 2012, tenía 50 casos asignados, 2 en juicio y 36 sentencias condenatorias contra 49 personas¹³⁰.

88. Frente al tema de investigaciones por presuntos vínculos entre grupos armados ilegales, agentes del Estado o dirigentes políticos, la Corte Suprema de Justicia ha

la adopción de medidas de aseguramiento y apertura de diversas indagaciones en 2012, además de 7 sentencias condenatorias contra excongresistas y autoridades del orden territorial¹³¹. La Unidad Nacional de Justicia y Paz compulsó 2.540 copias por vínculos con grupos armados al margen de la ley, de las cuales 1.124 son políticos, 1.023 son miembros de la fuerza pública y 393 servidores públicos¹³².

Reparación integral de las víctimas del conflicto

89. La sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras¹³³ representa un avance en el reconocimiento del conflicto armado colombiano y de las víctimas que ha generado. Con la Ley se busca garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

90. Las principales acciones en el marco de esta nueva institucionalidad se resumen en la construcción de una metodología para elaborar planes de contingencia para todas las tipologías conocidas de hechos victimizantes; focalización de las zonas de intervención de los municipios más afectados por la violencia a través de un índice de riesgo de victimización –IRV–; implementación de mecanismos de atención y asistencia integral, eficientes y eficaces para las víctimas con enfoque diferencial; diseño de la Ruta de Reparación Individual (integral, diferencial y transformadora), diseño del programa de acompañamiento para la adecuada inversión de los recursos que reciben las víctimas a título de indemnización administrativa¹³⁴; creación del sistema de información integral, Registro Único de Víctimas –RUV–, para la trazabilidad de la víctima desde su declaración hasta la cesación de su vulnerabilidad y garantía de la participación efectiva de las víctimas¹³⁵, entre otras.

91. Durante 2012 se repararon a 153.013 víctimas. Del total de víctimas indemnizadas, 24.994 aceptaron voluntariamente un programa de acompañamiento que el Estado les ofrece para el logro de un mejor uso y destinación de la compensación económica. Por tratarse de una reparación integral, la oferta del Estado incluye rutas de acceso tanto individual como colectivas, tratamiento diferencial, programas de formación profesional, técnica o tecnológica, subsidios de vivienda o acceso preferencial a la educación pública.

En ese orden de ideas, la Unidad acompañó a 51.565 víctimas en la formulación de sus planes individuales de reparación.

92. En cumplimiento de la Ley, la Unidad de Víctimas respondió ante 1.108 emergencias humanitarias, 90 de ellas por desplazamientos masivos y realizó 795 misiones humanitarias, 528 de carácter preventivo. Víctimas por hechos diferentes al desplazamiento recibieron ayuda humanitaria por U$6.3 millones, en respuesta a 10.138 solicitudes.

93. En materia de tierras, la Ley contempla la adopción de medidas para su restitución jurídica y material o compensación a la población víctima del despojo y el abandono en el marco del conflicto¹³⁶. Asimismo, durante el 2012 se nombraron 14 jueces agrarios que están siendo capacitados. Se han recibido 14.200 solicitudes de restitución vinculadas a 1.085.782 hectáreas reportadas por los reclamantes¹³⁷. En diciembre de 2012 se realizó la primera restitución de tierras ordenada en una sentencia de Justicia y Paz, en el caso Mampuján.

F. Empresa y DDHH

94. Colombia ha negociado, suscrito y ratificado importantes Acuerdos Comerciales con terceros países en los últimos años. En el marco de estos Acuerdos, se han negociado clausulas específicas para promover el respeto, promoción y garantía de los Derechos Humanos.

95. Con el fin de abordar las operaciones empresariales con un enfoque en DDHH, se avanza en la consolidación de un Grupo de Trabajo dentro del SNDDHH y DIH que, por un lado identifique y consolide los insumos para la formulación del capítulo de Empresa y DDHH de la PPIDDHH-DIH, y por otro, identifique enlaces y oportunidades de mejora en la respuesta institucional y de debida diligencia de quejas, reclamos y denuncias, relacionadas con afectaciones a los DDHH, dadas directa o indirectamente por las actividades empresariales¹³⁸.

G. Igualdad y no discriminación

96. Colombia cuenta con un marco constitucional y legal que vela por la igualdad y no discriminación como pilar de la garantía de los derechos. A partir de diciembre de 2011, con la Ley Antidiscriminación¹³⁹, las personas que incurran en actos de discriminación por razón de etnia, nacionalidad, sexo y orientación sexual son objeto de sanciones penales y económicas¹⁴⁰.

97. En 2011, la FGN, hizo una apuesta para formular y desarrollar una política para garantizar el conocimiento y la aplicación del principio de igualdad y no discriminación por todos los funcionarios de la entidad. Dicha política debe ser adoptada en las decisiones judiciales y en el trato cotidiano a funcionarios y usuarios del sistema de justicia.¹⁴¹

Mujeres

98. Colombia reconoce el rol fundamental de la mujer¹⁴² y los desafíos que aún persisten en la garantía efectiva de sus derechos. En ese sentido, ha desarrollado acciones dirigidas a garantizar la igualdad de género y su empoderamiento. Se destacan la creación de los lineamientos para una Política Nacional de Equidad de Género para las Mujeres¹⁴³, cuyo lanzamiento en 2012 contó con la presencia de los Directores Ejecutivos de ONU Mujeres y UNFPA. La construcción de la Política es resultado de un proceso altamente participativo que se desarrolló con el apoyo y acompañamiento de redes y organizaciones nacionales de mujeres¹⁴⁴. En la actualidad, se está participando en la construcción de los CONPES de equidad de género y de mujer víctima del conflicto armado, y el “Plan Específico para la Atención y Reparación Integral de las Mujeres Víctimas del Desplazamiento Forzado y/o otros Delitos en Desarrollo del Conflicto Armado”. Se trabaja en la Comisión Intersectorial para la Erradicación de la Violencia con la Mujer y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso.

99. En materia de protección, se creó un CERREM de mujeres en el que participan las organizaciones que conforman el movimiento social de mujeres en el país. Así mismo, se expidió el Protocolo específico con Enfoque de Género y de Derechos de las Mujeres¹⁴⁵, en el que se incorpora la perspectiva de género a la Protección de las Mujeres en Riesgo a cargo de la UNP.

Poblaciones indígenas

100. En noviembre de 2011 se protocolizó el “Programa de Garantía de Derechos de los Pueblos Indígenas,” que contiene los lineamientos de la Política Pública para estas comunidades, que ofrecen herramientas encaminadas a la atención integral, protección y garantía de los derechos de aquellos pueblos que se encuentran en peligro de desaparición física o cultural¹⁴⁶.

101. Se está validando la información del sistema de georeferenciación de resguardos indígenas con el fin de fortalecer el sistema de protección de territorios¹⁴⁷. En este sentido, ya se encuentran georeferenciados 246 resguardos. Actualmente, se está realizando la

caracterización de 900 resguardos para incorporarlos al sistema y existen 17 planes de salvaguarda indígena¹⁴⁸.

102. Los Decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas sobre poblaciones indígenas y afrodescendientes fueron objeto de consulta previa. Además, se ha venido diseñando el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades¹⁴⁹ que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo con especial énfasis en las mujeres¹⁵⁰.

Poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales

103. Para Colombia es fundamental reforzar la protección a aquellas poblaciones que requieren un mayor grado de atención¹⁵¹ y por ende implementa políticas que propendan a acciones afirmativas. Por ello, el PND 2010-2014, incluyó entre sus ejes estratégicos tres componentes específicos para los grupos étnicos, los cuales son: promover la igualdad de oportunidades de acceso de la población de los grupos étnicos a los beneficios del desarrollo con enfoque diferencial; protección de los derechos fundamentales de la población étnica; y fortalecimiento de las organizaciones y formas propias de gobierno.

104. Por su parte el Decreto 4679 de 2010 apoya la implementación de estrategias que permita avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de estas poblaciones. Para cumplir con su objetivo, el Programa Presidencial Afrocolombiano se organiza en los siguientes ejes estratégicos que en síntesis son: a). Formación de capital humano: para formar y forjar un nuevo liderazgo Afrocolombiano, Negro, Palenquero, Raizal, con una sólida formación académica. b). Desarrollo económico: para gestionar el desarrollo productivo en la población afrocolombiana. c). Rezago institucional: avanzar en la implementación de la oferta institucional del Estado para la población afrodescendiente. d).

Fortalecimiento institucional: para mejorar la oferta de gobernabilidad local.

Población en situación de desplazamiento

105. La Ley de Víctimas contempló por primera vez a favor de la población desplazada el acceso a medidas de reparación integral y previó la creación de 20 Direcciones Territoriales que brindan cobertura a todos los departamentos y regiones del país, con personal especializado para garantizar el acceso a las nuevas medidas de reparación integral¹⁵². 106. El Ejército Nacional desarrolla continuamente operaciones tendientes a conjurar las causas que generan los factores de inseguridad que ocasionan el desplazamiento forzado de comunidades enteras¹⁵³.

107. Con el objetivo de reforzar el pleno goce de los DDHH y apoyo a la población en situación de desplazamiento forzado, se creó una Mesa Técnica de Generación de Ingresos¹⁵⁴. También se creó un proceso de revisión de los sistemas de medición del goce efectivo de los derechos de la población víctima del conflicto armado¹⁵⁵.

108. En colaboración con las entidades territoriales, se ha venido gestionando la afiliación al SGSSS de la población en situación de desplazamiento, el “Programa Integrado de Gestión Territorial para la Promoción Social de las Poblaciones Prioritarias” y el Plan Integral para Mujeres en Situación de Desplazamiento Forzado como complemento al Plan Nacional de Atención y Reparación Integral¹⁵⁶.

109. Los resultados comparativos en la investigación de casos sobre desplazamiento forzado muestran que a noviembre de 2008, la UNDDHH y DIH de la FGN tenía asignados 162 casos, 5 en juicio y 7 sentencias condenatorias mientras que a 31 de agosto de 2012 , la UNF contra Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados tenía 13.892

investigaciones por el delito. Desde el momento de su creación, la UNF ha obtenido un total de 99 sentencias condenatorias así: 47 por el delito de desaparición forzada, 27 por el delito de desplazamiento forzado y 25 por otros delitos. Asimismo se ha realizado un continuo seguimiento a los casos de desplazamiento forzado con un enfoque diferencial, teniendo en cuenta por ejemplo los casos de mujeres líderes, comunidades indígenas y afrocolombianos¹⁵⁷.

Niños, niñas y adolescentes

110. La política del Estado en materia de infancia y adolescencia¹⁵⁸ está contemplada en los planes de desarrollo, siendo el más reciente PND, “Prosperidad para todos”. En el periodo, se diseñó e implementó la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre” que busca aunar los esfuerzos de los sectores público y privado, de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor del desarrollo de la primera infancia de Colombia.

111. La construcción e implementación de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre” representa un aumento de recursos que superan los $6 billones para el presente cuatrienio. Asimismo, se enfoca en 1,2 millones de infantes que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Adicionalmente, se creó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia¹⁵⁹.

112. La Política contra el Trabajo Infantil en Colombia se sintetiza en la “Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores formas de Trabajo Infantil 2008-2015” y proteger al joven trabajador. Por medio del trabajo interinstitucional se logró una política más ambiciosa y amplia, inscrita en el Sistema de Protección Social e integrada a la Estrategia contra la Pobreza Extrema y el Desplazamiento, “Red Unidos”.

Población LGBTI

113. Reconociendo la necesidad que desde el Estado se promuevan acciones que garanticen el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI¹⁶⁰. El Gobierno Nacional incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo¹⁶¹ la necesidad de desarrollar acciones para la construcción de una Política Pública para este sector social¹⁶², que constituye un reto para los próximos años.

114. Durante 2011, la Corte Constitucional profirió dos sentencias en las que se reconoce a las parejas del mismo sexo el derecho a la porción conyugal¹⁶³ y se exhorta al Congreso a legislar, antes del 20 de junio de 2013, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que las afecta¹⁶⁴.

115. Se realizó el Primer Encuentro Nacional LGBTI “Por el respeto de la Constitución”

en el cual se trabajó con las Entidades Territoriales en aras de conocer otras voces de la población en el territorio nacional. Asimismo, se suscribió un manifiesto de 109 organizaciones y activistas que asistieron, en el que se estipularon una serie de sugerencias y solicitudes del sector al Gobierno.

116. En noviembre de 2012, se suscribió un acuerdo de voluntades¹⁶⁵ con el fin de impulsar y fortalecer acciones afirmativas que permitan mitigar la vulneración de los DDHH de la población LGBTI.

Miembros de organizaciones sindicales

117. Colombia ha mantenido su compromiso frente al sindicalismo y en este marco ha continuado con las políticas de protección, lucha contra la impunidad, garantías a libertad sindical. En 2011 se amplió el alcance de la protección brindada a activistas sindicales a personas que se encuentren en gestiones para crear un sindicato y a ex sindicalistas que

continúen amenazados por su labor sindical. A su vez, el presupuesto destinado para la protección de los sindicalistas ha venido creciendo de manera significativa¹⁶⁶. En la actualidad, la UNP destina aproximadamente el 25% de su presupuesto en su protección.

118. Durante 2010, 1.040 sindicalistas fueron beneficiarios de medidas de protección, en 2011, 1.186 y en 2012 aproximadamente 1.300 personas, lo que constituye el 12,4% del total de la población protegida del programa¹⁶⁷. La UNP sostiene relaciones de seguimiento a medidas de protección con la gran mayoría de los Sindicatos, por medio de sus representantes en el CERREM de Sindicalistas. De igual forma se sostienen reuniones periódicas con los principales sindicatos dentro de los cuales se encuentra la Unión Sindical Obrera, SINALTRAINAL, entre otros.

119. Asimismo, la UNP participa en la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos de los trabajadores: espacio liderado por el Ministerio del Trabajo, en donde se busca, con la participación de diferentes instituciones con competencias en la atención a trabajadores, llegar a acuerdos que permitan una mayor garantía en las labores sindicales.

120. Reconociendo el desafío que ello implica, se ha experimentado una disminución de la violencia contra sindicalistas: En el 2008 presentaron 38 casos en contra de esta población, mientras que en 2011 se tuvieron 30 casos. Se han proferido 473 sentencias condenatorias y se tiene un registro de 595 personas condenadas. El registro con corte a 30 de abril de 2012, refleja una estadística de investigaciones por homicidios a sindicalistas de 1.504 casos asignados especialmente, de los cuales, 611 se encuentran en investigación preliminar o indagación y 326 casos en estado de instrucción o investigación.

Adicionalmente, la Comisión Interinstitucional de DDHH sirve como un espacio de diálogo para hacer seguimiento a las investigaciones de violencia a sindicalistas.

Personas privadas de la libertad

121. El Estado trabaja por la garantía de los derechos de los privados de la libertad y en la solución del fenómeno de sobrepoblación que afrontan los centros de reclusión. Al respecto, se han definido una serie de acciones y estrategias para implementar a corto, mediano y largo plazo¹⁶⁸. También se ha avanzado en el fortalecimiento de la Política de Derechos Humanos a través de la elaboración de normativas e instrucciones y la generación de mecanismos de participación e interlocución entre la administración y los privados de la libertad¹⁶⁹.

122. Entre 2010 y 2011 se construyeron 10 centros penitenciarios y se conformó un Comité Asesor para diseñar e implementar un conjunto de estrategias, programas y proyectos para readecuar y reubicar algunos de los centros de reclusión existentes y crear 26.000 nuevos cupos penitenciarios a nivel nacional para aliviar la condición de sobrepoblación¹⁷⁰.

123. Durante el periodo se trabajó para mejorar la atención en salud en beneficio de los internos recluidos en los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC. Igualmente, se ha avanzado en el respeto de los derechos de la población LGTBI, la comunidad indígena y afrocolombiana recluida en los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país, a través de procesos de sensibilización y capacitación que buscan el reconocimiento por la diversidad.

Personas en condición de discapacidad

124. El censo de 2005 reportó 2.624.898 personas con limitaciones permanentes, lo que representa una prevalencia de discapacidad del 6,3% de la población total¹⁷¹. Como parte del compromiso, el Estado ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y para cumplir con sus disposiciones creó una nueva normativa¹⁷² y el Sistema Nacional de Discapacidad.

125. Se destaca la construcción del Plan de Acción en Discapacidad 2012 – 2018; así como la conformación del Consejo Nacional de Discapacidad –CND–, y la creación de comités departamentales, distritales, municipales y locales de discapacidad. También se resalta la implementación en línea (Virtual) del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad a nivel Nacional; el diseño e implementación de la estrategia “Encuentros Nación Territorio” para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Discapacidad; la socialización de buenas prácticas en inclusión social y difusión de las orientaciones prácticas en rehabilitación visual y amputación traumática, con énfasis en víctimas de MAP y MUSE. Asimismo, se publicó la directriz y cartilla de enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas en situación de desplazamiento con discapacidad; se diseñó e implementó el Observatorio Nacional de Discapacidad y se lanzó la estrategia “Colombia Inclusiva”.

126. Cabe resaltar que Colombia lideró el proceso de formulación de la Política Andina de Prevención de la Discapacidad, Atención y Rehabilitación Integral de las personas con Discapacidad¹⁷³.

Relacionamiento con Fuerza Pública

127. La Fuerza Pública ha desarrollado diversas estrategias de atención, entre las cuales, se destacan: la creación de oficinas de Atención al Ciudadano y Asuntos Indígenas;

generación de protocolos de relacionamiento; y, actualmente, se cuenta con 146 oficiales de enlace en las tres Fuerzas Militares. Se han realizado campañas de prevención del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales. Se han emitido instrucciones precisas dirigidas a no involucrar a NNA en operaciones logísticas o de inteligencia, así como sobre el manejo y trato adecuado y eficaz de los NNA desvinculados y/o recuperados de los grupos armados ilegales. Se busca fortalecer el desarrollo de las estrategias de Atención a Grupos Especiales y se está formulando una política para Pueblos Indígenas, concertada con las comunidades indígenas.

IV. Seguimiento a las recomendaciones y/o compromisos

voluntarios adquiridos por Colombia en el marco del primer ciclo del EPU

128. Colombia estableció un mecanismo de seguimiento¹⁷⁴, que comporta una matriz en la que los compromisos voluntarios y las recomendaciones aceptadas asumidos por Colombia están divididos en siete capítulos, y 17 temas¹⁷⁵. A la fecha, se han elaborado 7 informes de seguimiento. El séptimo se anexa al presente documento con el fin de dar a conocer el mecanismo, así como los últimos avances en el cumplimiento e implementación de cada una de las recomendaciones y/o compromisos voluntarios.

129. Las políticas del Estado y su convicción en el respeto y garantía de los DDHH han permitido que 49 recomendaciones y/o compromisos voluntarios estén cumplidas a cabalidad. Los 84 compromisos restantes, se encuentran en proceso de cumplimiento¹⁷⁶. 130. Las temáticas frente a las cuales existe mayor grado de cumplimiento están relacionadas con la interlocución, consulta y diálogo transparente y constructivo con organismos internacionales; poblaciones vulnerables y organizaciones de la sociedad civil¹⁷⁷; política de reparación a víctimas¹⁷⁸; avances en investigación de violaciones a derechos humanos¹⁷⁹; atención a estándares en materia de DDHH¹⁸⁰; desaparición forzada¹⁸¹; MAP-MUSE¹⁸²; fortalecimiento del enfoque diferencial¹⁸³; legitimización a defensores(as) de DDHH¹⁸⁴; política penitenciaria¹⁸⁵; protección¹⁸⁶; lineamientos dirigidos a la Fuerza Pública¹⁸⁷; y aspectos relacionados con salud¹⁸⁸ y educación¹⁸⁹. Por su parte, las temáticas en las que se ha encontrado mayores retos son: lucha contra la impunidad,