Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 36º período de sesiones
4 a 15 de mayo de 2020
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos*
Mongolia
* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas
A
/HRC/WG.6/36/MNG/1Asamblea General
Distr. general 14 de febrero de 2020 EspañolOriginal: inglés
I. Proceso de preparación del informe nacional
1. El presente informe se ha elaborado atendiendo a las directrices generales para la preparación de la información en el marco del examen periódico universal (EPU) establecidas en la decisión 17/119 del Consejo de Derechos Humanos. Mongolia ha aceptado aplicar 150 recomendaciones formuladas en el ciclo anterior.
A. Metodología
2. Como actividad de seguimiento del segundo ciclo del EPU, el Gobierno de Mongolia aprobó el Plan de Acción para la Aplicación de las Recomendaciones de la Resolución Gubernamental núm. 204, de 11 de abril de 2016. A efectos de vigilar la aplicación, por Decreto del Primer Ministro núm. 112 de 2016, se estableció un Consejo Ex Officio (consejo no ejecutivo) presidido por el Ministro de Justicia y del Interior e integrado por los secretarios de Estado de 11 ministerios, 4 jefes de organismos y 8 representantes de la sociedad civil. El Director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Director del Departamento de Tratados, Asuntos Jurídicos y Cooperación del Ministerio de Justicia y del Interior actúan de secretarios del Consejo, cuya función principal es garantizar la aplicación del Plan de Acción y, al comienzo de cada año, examinar los progresos que se hayan realizado en ese sentido, además de informar del proceso al Consejo de Ministros y sugerir nuevas medidas que deban adoptarse. El Consejo celebró su primera reunión en enero de 2017. Se decidió crear subconsejos en los ministerios a fin de mejorar el proceso de aplicación, decisión esta que se puso debidamente en práctica. Las reuniones ordinarias del Consejo Ex Officio se celebran en enero de cada año, después de lo cual, en febrero, el Consejo de Ministros examina los progresos realizados.
B. Deliberaciones entre las organizaciones y consultas con la sociedad civil
3. Tras la aprobación del Plan de Acción para la Aplicación de las Recomendaciones por parte del Gobierno, en diciembre de 2016 se organizó una reunión consultiva de agentes estatales y no estatales en la que se examinaron métodos y formas de proceder para la aplicación del Plan. A lo largo del proceso de aplicación, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil han participado regularmente en las reuniones del Consejo y han expresado sus opiniones en su calidad de miembros.
4. El Gobierno, junto con el Foro de Organizaciones No Gubernamentales Defensoras de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Mongolia, organizó reuniones regionales en cuatro provincias de las regiones occidental, oriental, central y de Gobi a las que asistieron representantes de las administraciones locales y de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, así como particulares. En cada una de ellas, el Gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los representantes del Foro de Organizaciones No Gubernamentales Defensoras de los Derechos Humanos presentaron ponencias sobre los progresos realizados en torno a la aplicación de las recomendaciones, tras lo cual se sostuvieron deliberaciones.
5. El 17 de mayo de 2018 se celebró en Ulaanbaatar una reunión consultiva del Gobierno, el Foro y la Comisión en relación con el informe para el examen de mitad de período sobre la aplicación de las recomendaciones del EPU. En septiembre de 2019 las ONG estuvieron ampliamente representadas y participaron activamente en la reunión de presentación del informe sobre la aplicación de las recomendaciones del EPU elaborado por el Foro para someterlo a examen del Consejo de Derechos Humanos.
6. La preparación del tercer informe nacional fue coordinada por el Ministerio de Justicia y del Interior con la participación de varios ministerios y organismos, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo y Protección Social, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencias y Deporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio
de Minería e Industria Pesada, el Ministerio de Medio Ambiente y Turismo, el Ministerio de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, el Ministerio de Vialidad y Transporte, la Policía Nacional y la Secretaría del Comité Nacional para la Igualdad entre los Géneros. Además, el 24 de enero de 2020 el Gobierno de Mongolia celebró una sesión de diálogo en el Ministerio de Relaciones Exteriores con objeto de intercambiar opiniones con el público y las ONG.
II. Medidas de seguimiento adoptadas en consonancia con las recomendaciones del ciclo anterior del examen periódico universal
7. En consonancia con la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, en el presente capítulo se examinan los esfuerzos emprendidos por el Gobierno de Mongolia y el avance de la aplicación de las medidas adoptadas concretamente en relación con las recomendaciones del ciclo anterior del EPU a las que el Gobierno de Mongolia aceptó dar seguimiento.
А. Medidas aplicadas en su totalidad
Abolición de la pena de muerte (recomendaciones 108.2, 108.3, 108.22, 108.62, 108.63, 108.64, 108.65, 108.66, 108.67, 108.68 y 108.82)
8. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Mongolia abolió la pena de muerte en su nuevo Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2017.
Prevención de la tortura (recomendaciones 108.7, 108.35, 108.71, 108.74, 108.75, 108.76 y 108.80)
9. El 23 de enero de 2020 se promulgó la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que establece un marco jurídico para la creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, las funciones de los miembros de la Comisión y una dependencia facultada para emprender una acción independiente en materia de prevención de la tortura.
10. La tortura está tipificada como delito en el artículo 21.12 del nuevo Código Penal. El artículo 1.9 de la Ley de Procedimiento Penal establece el principio de la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, y el artículo 16.12 dispone que los testimonios obtenidos mediante tortura no se consideren pruebas, salvo que se utilicen para probar el delito de tortura. El artículo 6.1, párrafo 4, de la Ley establece que la fiscalía determinará la competencia para incoar e instruir causas relativas a delitos presuntamente cometidos por funcionarios de la Dirección de Inteligencia, la Policía y el Organismo de Lucha contra la Corrupción.
11. En el programa ordinario de formación de jueces, fiscales, agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Autoridad Independiente contra la Corrupción, la Dirección General de Inteligencia y el Centro Nacional de Salud Mental se han incorporado componentes de capacitación sobre la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
12. Por ejemplo, en los cursos anuales de readiestramiento o adquisición de calificación profesional que se imparten en el marco del Plan General de Formación para Reforzar los Conocimientos y Aptitudes de los Agentes de Policía y las Fuerzas Armadas Nacionales, los instructores y los funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos formados como instructores en materia de derechos humanos imparten clases especiales sobre el delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así pues, en 2016 se impartieron 7 cursos de esa índole, 14 horas de clase en total, a 331 personas. En 2017 se impartieron 8 cursos, 16 horas de clase en total, a 196 personas, y en 2018 se impartieron 18 cursos, 36 horas de clase en total, a 1.139 personas. En total fueron 66 horas de clase en
13. La asignatura de derechos humanos está incorporada en el plan de estudios de la Universidad de Asuntos Internos, encargada de formar al personal de la Policía Nacional, de Control de Fronteras, de la Dirección General de Ejecución de las Sentencias Judiciales y del Organismo Nacional de Gestión de Emergencias.
14. También se impartió formación en materia de procedimiento penal y derechos humanos a 120 abogados en el marco del Programa de Educación Permanente de Letrados dirigido por el Colegio de Abogados de Mongolia.
15. Además, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Administración Pública revisada de 2018, en el programa de cualificación profesional de los funcionarios públicos se han incluido cursos sobre derechos humanos.
16. De los 26 centros de detención preventiva que funcionan en todo el país, 11 fueron construidos antes de 2016 y 8 posteriormente. Si bien se construyeron 19 nuevos centros, 7 fueron sometidos a obras de reparación con arreglo a las normas pertinentes. Los centros de detención construidos y los renovados reúnen todos los requisitos básicos de las celdas e instalaciones indicados en el artículo 9 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Según la Ley de Ejecución de Resoluciones de Arresto y Detención de Sospechosos y Acusados, la superficie de las celdas recién convertidas pasó de un promedio de 2,5 m2 a un promedio de 3 a 3,5 m2, lo que permite que entre luz natural y que el aire circule libremente.
Protección de los derechos e intereses de los grupos vulnerables, como los niños, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas de edad
(recomendaciones 108.146, 108.147, 108.148, 108.149, 108.152, 108.153, 108.154, 108.155, 108.156, 108.157 y 108.158)
17. En la esfera de los derechos humanos, el desarrollo y la protección social, el Estado ha adoptado y aplicado políticas de desarrollo de la población, la Ley sobre los Derechos del Niño, Protección de la Infancia y Servicios de Atención al Niño, la Ley de Apoyo al Desarrollo de los Jóvenes, la Ley sobre las Personas de Edad y la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como programas de desarrollo del niño y protección de la infancia, el Programa Nacional de Apoyo a los Derechos, el Desarrollo y la Participación de las Personas con Discapacidad, el Programa Nacional de Desarrollo y Protección de la Juventud y las Personas de Edad y el Programa Nacional para Reducir el Desempleo y la Pobreza. Estas Leyes tienen por objeto proteger los derechos humanos fundamentales de diversos grupos y se basan en el principio de la participación en pie de igualdad en la vida social y la prohibición de la discriminación.
18. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística de fines de 2018, en Mongolia hay 105.600 personas con discapacidad, de las cuales 47.000 tienen discapacidad congénita y 58.700 discapacidad adquirida. El 10,8 % de las personas con discapacidad tienen deficiencia visual, el 11,9 % deficiencias del habla y auditiva, el 20,4 % deficiencias de movimiento, el 19,2 % discapacidad mental y el 6,8 % discapacidades concomitantes.
En 2018 se creó la Dirección General de Desarrollo de las Personas con Discapacidad en calidad de organismo de ejecución del Gobierno.
19. Por Resolución Gubernamental núm. 200, de 2016, se estableció la Comisión de Salud, Educación y Protección Social de los Niños con Discapacidad, que se encarga de coordinar y supervisar las actividades encaminadas a determinar si un niño tiene discapacidad y de velar por que se presten servicios de salud, educación y protección social a los niños con discapacidad. La Comisión actúa a nivel nacional y tiene subcomisiones en las 21 provincias y 9 distritos.
20. En mayo de 2019, el Gobierno de Mongolia, en colaboración con el Gobierno de la República Popular China, inauguró el Centro de Rehabilitación y Desarrollo de Niños con Discapacidad, que puede administrar tratamiento de rehabilitación a 250 niños en régimen de internación y prestar a otros 250 servicios ambulatorios diarios de esa índole. Además, en 2021, con ayuda del Gobierno de la República Popular China, se inaugurará un complejo deportivo con instalaciones especiales para las personas con discapacidad.
21. Se establecerán centros de desarrollo regional en seis provincias, a saber, Hovd, Khuvsgul, Dornod, Dundgobi, Arkhangai y Darkhan-Uul, con préstamos otorgados en condiciones favorables por el Banco Asiático de Desarrollo.
22. Se han obtenido buenos resultados con las directrices sobre prestación de apoyo a los niños con discapacidad para acceder a los servicios de educación y con el proceso de matriculación de esos niños en los centros de enseñanza previsto en las Directrices sobre prestación de apoyo para el desarrollo integral de los niños con discapacidad, aprobadas en 2018 en virtud de las Ordenanzas Ministeriales conjuntas núms. А/304, А/699 y А/460 del Ministro de Trabajo y Protección Social, el Ministro de Educación, Cultura, Ciencias y Deporte y el Ministro de Salud.
23. En el marco del proyecto sobre promoción de la participación social de las personas con discapacidad que viven en la ciudad de Ulaanbaatar, se preparó a 41 instructores nacionales para impartir por primera vez el curso sobre discapacidad e igualdad con objeto de concienciar a la población al respecto y promover un cambio de actitud frente a la discapacidad. El hecho de que los propios instructores sean personas con discapacidad hace a los cursos especiales y diferentes, ya que esos educadores vuelcan su propia experiencia en sus clases. Desde 2017 se han impartido más de 300 de esos cursos, y han participado en ellos más de 10.200 personas.
24. Según el informe anual de 2018 de la Oficina Nacional de Estadística, en Mongolia hay 10.663 niños de 0 a 18 años de edad con discapacidad, de los cuales 6.518 asisten a colegios secundarios generales y 1.740 a colegios especiales. Hay 1.585 niños con discapacidad en edad preescolar (2 a 5 años de edad), de los cuales 1.076 fueron matriculados en jardines de infancia en el año lectivo 2019/20.
25. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencias y Deporte casi ha terminado de elaborar el Plan Maestro del Sector Educativo 2021-2030, que atiende a la necesidad de impartir educación inclusiva y equitativa a los niños con discapacidad. Además, por ordenanza del Ministro de Educación, Cultura, Ciencias y Deporte se han promulgado diez reglamentos y tres normas pertinentes. Por ejemplo, por Ordenanza núm. А/292 del Ministro, de 2019, se aprobó el Reglamento sobre Matriculación Inclusiva y Equitativa de los Niños con Discapacidad en los Colegios Secundarios Generales, y se vienen elaborando recomendaciones para la aplicación de esa reglamentación.
26. Durante el año lectivo 2018/19 se imprimieron 29.700 ejemplares de los manuales y recursos de enseñanza y aprendizaje necesarios, que se distribuyeron a todos los colegios secundarios nacionales y centros de aprendizaje permanente y se utilizaron para impartir formación en el marco de un proyecto ejecutado junto con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). También se revisaron los programas de estudios de los colegios especiales para niños con discapacidad intelectual y se organizaron los cursos en consecuencia.
27. Se hizo especial hincapié en aumentar el acceso de las mujeres con discapacidad a los servicios de atención de la salud reproductiva, lo que se vio reflejado en el Programa Nacional de Salud Maternoinfantil y Reproductiva. Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la maternidad de la capital y el Centro Nacional de Salud Maternoinfantil (NCMCH) se instalaron camas especiales para someter a examen médico a mujeres con discapacidad. En 2020 también se dotará de esa clase de camas a todas las provincias.
28. La Ley de Carreteras revisada de 2017 estableció un marco jurídico para garantizar el ejercicio del derecho a viajar a las personas con discapacidad, eximiéndolas del pago de peaje por el uso de las carreteras y las instalaciones viales. El Reglamento de Iniciación, Continuación y Homologación de Obras de Construcción de Carreteras e Instalaciones Viales, aprobado en 2018 por Ordenanza núm. 49 del Ministerio de Vialidad y Transporte, proporciona el marco jurídico necesario para que los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad participen en los grupos de trabajo encargados de la homologación de las carreteras e instalaciones viales.
29. De los 1.207 vehículos inscritos en el Sistema de Servicios de Transporte Público, 56 tienen pisos bajos y escaleras adecuadas para las personas con discapacidad, lo que equivale a apenas el 4,6 % de esos vehículos. Con el fin de prestar servicios de transporte público que sean accesibles a las personas con discapacidad, los ancianos, los niños y las mujeres, el Gobierno aprobó la Política Pública del Sector del Transporte Automotor 2018-2026 por Decreto núm. 321 de 2018.
30. El Ferrocarril de Ulaanbaatar (UBTZ), sociedad anónima mongolrusa, ha equipado por su propia cuenta su vagón de pasajeros núm. 482 a fin de atender a las personas con discapacidad conforme a la norma МNS 5876:2012, lo que les ha permitido viajar cómodamente de forma independiente. La sociedad en general ha cambiado su manera de entender los derechos de las personas con discapacidad y de los grupos vulnerables, así como la actitud con respecto a la protección de esos derechos, lo que permite al sector vial y del transporte prestar servicios con prontitud a esas personas. Por ejemplo, en los autobuses de transporte público interurbano se han colocado dibujos identificatorios en el primero y el segundo asientos para las personas con discapacidad, las personas de edad, los pasajeros que viajan con niños menores de 3 años y las embarazadas, y el sistema de reserva de billetes en línea, en el sitio www.transdep.mn, permite a los pasajeros elegir de antemano esos asientos.
Reducción de la mortalidad materna y de niños menores de 1 año
31. Al haberse registrado una reducción del 75 % de la tasa de mortalidad materna, que pasó de 199 decesos por cada 100.000 niños nacidos vivos en 1990 a 26 en 2015, así como tasas cuatro veces menores de mortalidad neonatal y de niños menores de 5 años, Mongolia ha pasado a ser uno de los nueve países del mundo que alcanzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de salud maternoinfantil.
32. Las políticas y decisiones adoptadas por el Gobierno de Mongolia han sido cruciales para lograr esos excelentes resultados. Entre ellas cabe destacar, por ejemplo, la elaboración y aplicación progresiva de documentos normativos como el Programa Nacional de Salud Reproductiva 2012-2016, la Estrategia de Salud Maternoinfantil 2011-2015, la Estrategia de Atención Esencial Precoz al Recién Nacido 2014-2020, el Programa de Vigilancia y Diagnóstico de Recién Nacidos 2014-2020, el Programa de Lactancia Materna, el Programa de Gestión Integrada de Enfermedades Infantiles, el Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Nacional de Desarrollo y Protección del Niño, la Estrategia Nacional de Salud Maternoinfantil y la Estrategia para una Vida Sana de los Niños.
33. A efectos de mejorar la calidad y aumentar la accesibilidad de los servicios de planificación familiar, el gasto presupuestario en anticonceptivos fue aumentando gradualmente de 85 millones de togs en 2009 a 1.800 millones en 2019, con lo cual todas las mujeres tienen acceso ahora a los servicios de atención de la salud reproductiva y de planificación familiar, tanto en la familia como en los centros de salud de los soums (distritos) y unidades administrativas y de las aldeas.
34. Con objeto de reducir el riesgo de retrasos en la prestación de servicios de atención de la salud maternoinfantil debido a la vastedad del territorio de Mongolia y a la lejanía de algunas poblaciones rurales, el Gobierno de Mongolia, junto con el Gobierno de Luxemburgo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ejecutó un proyecto relativo a la utilización de la telemedicina para la salud maternoinfantil. En el marco de ese proyecto, que conectó las 21 provincias a la red en línea del Centro Nacional de Salud Maternoinfantil, se abasteció a estas de equipo de telemedicina para realizar diagnósticos a distancia, se les facilitaron módulos de formación y se impartió capacitación a médicos y otros profesionales de la salud que trabajan en equipo.
35. Se hizo especial hincapié en aumentar el acceso de las mujeres con discapacidad a los servicios de atención de la salud reproductiva, lo que se vio reflejado en el Programa Nacional de Salud Maternoinfantil y Reproductiva. Con el apoyo de la OMS, en la maternidad de la capital y el NCMCH se instalaron camas especiales para someter a examen médico a mujeres con discapacidad. En 2020 también se dotará de esa clase de camas a todas las provincias.
36. La promulgación de la Ley de Alimentación de Lactantes y Niños Pequeños fue muy importante para promover la lactancia materna exclusiva de los bebés durante los primeros seis meses de vida y para restringir la oferta y la publicidad de los productos sucedáneos de la leche materna.
37. Alimentando con calostro al 96,1 % de los recién nacidos en la hora siguiente al parto y vacunando al 98 % de ellos en el marco de programas de inmunización planificada, el país pudo reducir las enfermedades prevenibles.
38. Gracias a la aplicación de la Ley de Inmunización y a la ejecución del Programa Ampliado de Inmunización, la cobertura de vacunación ascendió al 98 % y no hubo ningún caso de difteria, tétanos neonatal ni tos ferina en los diez años anteriores, en tanto que los casos de infección por el virus de la hepatitis A disminuyeron 1,5 veces, y los de paperas, 4,2 veces.
39. Empezaron a administrarse vacunas antineumocócicas a los niños en situación de riesgo con objeto de prevenir la neumonía y se decidió sufragar esas vacunas con cargo al Fondo de Inmunización.
40. El Gobierno ha venido coordinando las actividades de los proveedores de servicios públicos y privados de atención de la salud maternoinfantil. Por ejemplo, en la campaña para mejorar la salud dental de los niños de 2 a 12 años de edad participaron 153 centros de salud privados. En 2019 se gastaron 5.300 millones de togs del presupuesto del Estado para prestar servicios de atención de la salud oral, de prevención y de tratamiento dental a 93.495 niños de ese grupo etario.
41. Gracias a esas políticas e intervenciones se obtuvieron los siguientes resultados:
• La mortalidad materna ha venido disminuyendo año tras año. En 2019 se registraron 23 casos por cada 100.000 niños nacidos vivos, lo que entraña una disminución de 3 casos, o del 4,1 %, en comparación con el año anterior. Con este resultado se ha alcanzado el objetivo de reducir la mortalidad materna a 25 casos por cada 100.000 niños nacidos vivos en la primera etapa (2016-2020) de la aplicación de la Visión del Desarrollo Sostenible de Mongolia.
• La mortalidad de los niños menores de 5 años ha disminuido a 16,1 casos por cada 1.000 nacidos vivos, lo que, en comparación con el año anterior, significa 48 casos menos, o el 0,8 % menos, por cada 1.000 nacidos vivos.
Combatir la violencia doméstica (recomendaciones 108.87, 108.93, 108.102 y 108.104)
42. En 2016 se modificó la Ley de Lucha contra la Violencia en el Hogar, tras lo cual se promulgaron y aplicaron 33 reglamentaciones y 2 normas. También se han elaborado y distribuido normas, metodología y manuales de operaciones relativos a los servicios que han de prestar los titulares de obligaciones en virtud de la ley.
43. En los artículos 4.4, 10.4, 11.7, 12.1, 13.13, 15.3 y 16.4 del Código Penal se tipifican como delitos la violencia doméstica, la violación conyugal y el acoso sexual.
Protección de los derechos del niño (recomendaciones 108.8, 108.83, 108.106, 108.108 108.113)
44. El 16 de abril de 2015 el Parlamento de Mongolia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. En la Ley sobre los Derechos del Niño revisada y en la Ley de Protección de la Infancia se prohíbe terminantemente infligir castigo corporal a los niños.
45. El Código Penal revisado tiene un capítulo relativo a los delitos contra los niños y tipifica como delitos las formas intolerables de trabajo infantil. Además, en el capítulo 18 de la Ley de Procedimiento Penal de Mongolia se establecen normas especiales para dar trámite a las causas concernientes a menores sospechosos, acusados y procesados.
46. En la Lista de empleos prohibidos para menores, aprobada por Ordenanza núm. А/36 del Ministro de Trabajo de 2016, se prohíbe emplear a menores en la minería aurífera artesanal, la extracción de piedras de colores y semipreciosas y otras actividades de exploración de recursos minerales y actividades mineras de apoyo. También se ha venido vigilando la aplicación de una disposición del Reglamento sobre la Extracción de Recursos Minerales mediante Operaciones de Minería Artesanal, aprobado en 2017 por el Ministro de Minería e Industria Pesada, en el sentido de que solo podrán ser mineros artesanales los ciudadanos mongoles mayores de 18 años.
Combatir la trata de personas (recomendaciones 108.118 y 108.120)
47. La trata de niños y la trata de personas están tipificadas como delitos en los artículos 16.6 y 13.1 del nuevo Código Penal, respectivamente. Las penas por el delito de trata de personas varían de dos años de encarcelamiento a cadena perpetua, y el delito de trata de niños puede castigarse con penas de dos a ocho años de encarcelamiento, a menos que se disponga de otro modo en el artículo 13.1.
Combatir todas las formas de discriminación, incluida la discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) (recomendaciones 108.55 y 108.56)
48. La discriminación está tipificada como delito en el Código Penal revisado. El hecho de prohibir por ley la discriminación por motivos de orientación sexual y de identidad de género constituye un gran incentivo jurídico para proteger los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diferentes. Además, en todas las leyes promulgadas en el marco de la reforma del sistema de justicia penal se ha incorporado el principio de no discriminación por esos motivos. En caso de que se infrinjan esas leyes, se ha previsto la presentación y tramitación de denuncias por discriminación.
Adhesión a los tratados internacionales, adaptación de las normas de derecho interno, mejoramiento de la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos y realización de cursos de formación
(recomendaciones 108.37, 108.38, 108.39, 108.40, 108.161, 108.163 y 108.164)
49. Mongolia patrocinó las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el mejoramiento de la situación de las mujeres y las niñas en las zonas rurales, la alfabetización y la educación para la democracia. También fue uno de los países patrocinadores de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre mortalidad y morbilidad prevenibles de los niños menores de 5 años y sobre la pena de muerte.
50. Mongolia apoya los esfuerzos emprendidos por la comunidad internacional para eliminar la pena de muerte, además de ser miembro activo del Grupo de Apoyo de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. En 2017, en colaboración con la Unión Europea y la Argentina, puso en marcha la iniciativa llamada “Alianza Mundial para el Comercio sin Tortura”.
51. En el período 2016-2018 fue miembro del Consejo de Derechos Humanos por primera vez. En ese período promovió activamente la política de proteger el espacio de la sociedad civil, apoyar a los defensores de los derechos humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fortalecer la libertad de expresión, prevenir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, colaborar con los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, abolir la pena de muerte y proteger los derechos de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad.
52. El Comité contra la Tortura examinó el primer informe del Gobierno de Mongolia sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2010. El informe siguiente fue examinado en 2016. Se ha elaborado y se viene ejecutando un plan de acción para aplicar las recomendaciones del Comité. Mongolia se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención en 2015 y ha establecido una relación y una cooperación abiertas y permanentes con el Subcomité sobre Prevención de la Tortura. Las delegaciones del
Subcomité que visitaron Mongolia en septiembre de 2017 formularon recomendaciones al Gobierno. Este sostuvo una videoconferencia con los miembros del Subcomité en junio de 2019 para conversar sobre el avance de la aplicación de las recomendaciones. En octubre de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y del Interior, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), organizaron una reunión consultiva en Ulaanbaatar a fin de establecer un mecanismo nacional de prevención de la tortura, reunión a la que asistió el Señor Víctor Zaharia, Vicepresidente del Subcomité.
53. Mongolia ha estado apoyando sistemáticamente la labor de todos los titulares de mandatos especiales, a los que ya en 2004 había cursado una invitación permanente.
54. Durante el período objeto de examen visitaron Mongolia el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente (2017), el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento (2018), el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (2019) y el Experto Independiente encargado de examinar las consecuencias de las políticas de reforma económica y los efectos de la deuda externa (2019). La visita realizada en abril de 2019 por el Sr. Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, fue seguida de otra visita que realizó en septiembre con objeto de participar como orador principal en la reunión consultiva sobre el tema titulado “Todos somos defensores de los derechos humanos: el respeto de las garantías legales” y en otros actos de sensibilización, como un debate cinematográfico con periodistas y una conferencia pública. Esto fue una clara indicación de la cooperación constante del Gobierno de Mongolia con los procedimientos especiales encaminados a garantizar la aplicación de los tratados de derechos humanos.
55. El Gobierno realizó una encuesta amplia sobre la iniciativa titulada “Principios voluntarios en materia de seguridad y derechos humanos”, en relación con la cual se convocó una consulta con los ministerios, organismos y asociaciones profesionales pertinentes. Sobre la base de las recomendaciones del EPU, Mongolia viene elaborando un plan de acción nacional para aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Se ha decidido incorporar en el plan los elementos necesarios de la iniciativa mencionada; al mismo tiempo, el Gobierno seguirá observando la evolución de esta en el futuro.
56. Mongolia ratificó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio en 2015 y ha venido ejecutando el Programa Nacional de Reducción de la Contaminación por Mercurio derivada de la Minería Aurífera Artesanal, que fue respaldado por la Resolución Gubernamental núm. 317, de 2019, y es financiado por organizaciones internacionales y con cargo a los presupuestos nacional y locales.
Fortalecimiento del mandato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (recomendaciones 108.25, 108.28, 108.29, 108.30, 108.31, 108.32 y 108.33)
57. En la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revisada se aumentó el número de sus miembros de tres a cinco y se establecieron normas detalladas para la presentación de candidaturas y la elección de estos mediante la realización de una selección abierta para ocupar los puestos vacantes, de conformidad con los Principios de París. La Ley también dispuso que se dotara a la Comisión de suficientes recursos para que pudiera funcionar de manera totalmente independiente. Además, se endurecieron las sanciones en caso de que las partes obligadas demorasen en resolver las violaciones de los derechos humanos en cumplimiento de las recomendaciones de los miembros de la Comisión, o de que deliberadamente no adoptaran medidas urgentes y decisivas para ponerles fin.
B. Recomendaciones aplicadas parcialmente (en curso de aplicación)
Prevención de la tortura (recomendaciones 108.7, 108.72, 108.73, 108.76, 108.77, 108.79, 108.126 y 108.127)
58. En consonancia con el Reglamento sobre los Requisitos Básicos de las Salas de Interrogatorio, aprobado en 2017 por Ordenanza núm. A/57 del Fiscal General en el marco de la Ley de Procedimiento Penal, en diciembre de 2019 se disponía de 334 salas de interrogatorio funcionales. Las salas están dotadas de equipos de grabación de audio y vídeo. El servidor de almacenamiento de datos está situado en una sala separada para evitar que se borren u omitan grabaciones y se inspecciona para garantizar su buen funcionamiento.
59. Por Ordenanza núm. B/444 del Director del Organismo General de Policía, de 2016, se creó una División de Protección de Testigos y Víctimas que actualmente cuenta con una plantilla de 30 funcionarios. En el período 2016-2019 se adoptaron 244 medidas para proteger a los testigos y las víctimas y se dio protección a 276 ciudadanos. De todas esas personas, en 2019 había tres testigos de casos de presuntas torturas y una persona relacionada con esa clase de hechos. No se puso a nadie en peligro en el curso de la ejecución de medidas de protección de testigos y víctimas. Si la salud de las personas protegidas llega a verse perjudicada de resultas de alguna medida jurídica o psicológica o de un delito, el Estado presta asistencia médica a título gratuito.
60. Se está estudiando la posibilidad de restablecer la Unidad de Investigación dependiente de la fiscalía.
61. El artículo 21 de la Ley de Fondos Públicos Especiales regula las actividades del Fondo de Indemnización de las Víctimas de Delitos, que otorga indemnizaciones a los familiares a cargo de personas fallecidas a causa de torturas u otra clase de delitos y cubre los gastos médicos de las víctimas que hayan sufrido lesiones graves y los gastos funerarios, reembolsa los sueldos sin cobrar por incapacidad y concede otras indemnizaciones conexas tras recibir una resolución judicial válida.
62. El Ministerio de Justicia y del Interior está elaborando un proyecto de modificación de la Ley de Exámenes Forenses en el que se establece la autoridad encargada de aprobar el método para calcular el agravio moral infligido, que permite valorarlo en una cantidad monetaria equivalente a efectos de la indemnización.
Protección de los derechos e intereses de los grupos vulnerables, como los niños, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas de edad (recomendaciones 108.24, 108.34, 108.43 y 108.143)
63. En 2018 había en Mongolia 3,2 millones de habitantes y se registraba un crecimiento medio anual de la población del 1,9 %. La tasa de fecundidad o número de hijos por mujer era de 2,9 y la esperanza de vida al nacer era de 70,2 años. Según los indicadores de población, Mongolia ocupa el 136º lugar entre 232 países de todo el mundo, el 66º lugar en lo que respecta a la tasa de natalidad y el 143er lugar en cuanto a la esperanza media de vida.
64. Teniendo en cuenta la dinámica de la transformación económica y social y las perspectivas de la estructura etaria de la población, se adoptaron medidas normativas específicas para mejorar la calidad de vida en general, entre ellas, la renovación del sistema de seguridad social, la racionalización de los servicios sociales que se prestan a determinados grupos beneficiarios, la formulación de un plan salarial eficaz y el mejoramiento de las relaciones laborales, así como la creación de condiciones de trabajo favorables.
65. El índice de pobreza de Mongolia aumentó el 8 % en 2016, en comparación con el 21,6 % de 2014, y fue del 28,4 % en 2018. En abril de 2019 el Gobierno aprobó el Programa Nacional para Reducir el Desempleo y la Pobreza en respuesta a los graves problemas planteados para cumplir el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a saber, poner fin a la pobreza. La aplicación efectiva del Programa Nacional se garantiza por medio de la coordinación intersectorial.
66. El Gobierno viene adoptando medidas concretas de manera progresiva para orientar la labor de los servicios sociales públicos y el apoyo que se prestan a las personas y los hogares urgentemente necesitados de esos servicios, así como para aumentar esas prestaciones en consonancia con el crecimiento económico y el nivel de vida de las personas.
Asignaciones familiares y servicios sociales
67. Uno de los objetivos fundamentales de la política del Gobierno es garantizar el crecimiento estable de la población estimulando la natalidad. Se han aplicado diversas políticas y programas para madres e hijos de conformidad con la Ley de Asistencia Social, la Ley de Prestaciones para las Mujeres que han Tenido y Crían Muchos Hijos y la Ley de Asignaciones para Familias Monoparentales con Muchos Hijos.
68. En particular, con arreglo a la Ley de Asistencia Social, desde 2013 se han venido prestando servicios de apoyo alimentario y nutricional a los hogares urgentemente necesitados de servicios sociales. En total, se prestó asistencia a 143.300 personas de 26.500 hogares, a un costo anual de 17.900 millones de togs (6,5 millones de dólares de los Estados Unidos)1.
69. En 2018, el 28,4 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza. En esas circunstancias, la política básica para mitigar la pobreza económica consistió en aumentar los gastos de asistencia social en apoyo de los grupos beneficiarios que vivían en esas condiciones. En 2015 se prestó apoyo al 2,9 % de los hogares (el 4,4 % de la población), pero las cifras casi se duplicaron en 2018, hasta llegar al 5,3 % de los hogares (el 8,0 % de la población). En ese período, el costo de los vales de alimentos aumentó el 20 % y los gastos correspondientes ascendieron a 37.600 millones de togs. En el marco de la política de ampliación de los servicios sociales, en el presupuesto del Estado de 2020 se asignaron a estos 42.200 millones de togs.
70. A pesar de la situación económica desfavorable, el Gobierno se propuso mantener el nivel de gastos en concepto de asistencia social a los hogares beneficiarios, e incluso ha ido aumentando las asignaciones familiares desde 2016. El umbral de los hogares beneficiarios, establecido en la Base de Datos General de Información sobre los Hogares, aumentó de 502,567 en 2016 a 554 en 2017 y a 670 en 2019. Esos hogares recibieron asignaciones por cada hijo de 0 a 18 años de edad.
Año Porcentaje del número total de niños
Presupuesto (miles de millones de togs y millones de dólares EE. UU)
2016 80,9 218,8 (80,02)
2018 77,2 209,4 (76,6)
2019 85,0 229,8 (84,04)
2020 Todos los niños encuestados 240,0 (87,8)
Protección de los derechos de las mujeres
Servicios sociales
71. Es esencial seguir aplicando políticas en apoyo de los medios de vida de las familias con muchos hijos, fortaleciendo la protección social de las madres que cuidan de sus hijos en el hogar y promoviendo el crecimiento de la población en el actual período de coyuntura demográfica. La prestación de servicios sociales se basa en estudios y evaluaciones realizados para documentar una política racional encaminada a impulsar el crecimiento demográfico, aplicar políticas amplias y coordinadas en materia de salud maternoinfantil y bienestar social, mejorar el entorno jurídico correspondiente y hacer estimaciones del presupuesto y la financiación necesarios.
72. Así pues, en 2017 el Parlamento aprobó la Ley de Asignaciones para Familias Monoparentales con Muchos Hijos, que entró en vigor en 2018. En esa Ley se establece que la lactancia, la alimentación y la nutrición recibidas en los primeros 1.000 días después del nacimiento son esenciales para el desarrollo del cuerpo y el cerebro del niño. En consecuencia:
• Se destina un presupuesto de 91.500 millones de togs (34,5 millones de dólares de los Estados Unidos) para el pago de asignaciones mensuales de 50.000 togs (18,3 dólares) a 159.622 madres que cuidan de lactantes y niños de 0 a 3 años de edad.
• Se destinan 5.800 millones de togs (2,1 millones de dólares) para el pago de asignaciones trimestrales de 320.000 togs (117 dólares) a 6.100 familias monoparentales con al menos tres hijos de 0 a 18 años de edad (420.000 togs o 153,6 dólares por trimestre desde 2020).
• Se destina un presupuesto anual de 12.100 millones de togs (44 millones de dólares) para el pago de asignaciones mensuales de 40.000 togs (14,6 dólares) a 95.404 embarazadas durante el período comprendido entre los cinco meses de embarazo y el parto.
• Se destina un presupuesto anual de 1.500 millones de togs (548.600 dólares) para el pago de asignaciones anuales relativas a 815 niños, cifra que comprende 1,0 millones de togs (365,7 dólares) por cada hijo mellizo y 3,0 millones de togs (1.097,2 dólares) por cada hijo trillizo o más hasta la edad de 4 años.
73. Las organizaciones internacionales consideran la aplicación de esa Ley una medida eficaz en apoyo de las familias para que puedan criar hijos sanos y proporcionarles todos los servicios educativos y de salud.
Seguro social
74. A efectos de garantizar los derechos humanos y la protección social de las mujeres en general, y de las madres en particular, se modificó la ley a fin de establecer la edad de jubilación en 65 años para hombres y mujeres gradualmente, y desde 2019 se viene aplicando la medida de aplazar la edad de jubilación tres meses cada año.
75. Para valorar con exactitud el trabajo y la contribución de las mujeres que han tenido y criado muchos hijos, a partir de enero de 2020, por cada hijo se añadirán 1,6 años a la historia laboral de las madres y a las primas del seguro social que se les paguen.
76. La ley permite ahora que el 50 % de las primas del seguro social de las madres contribuyentes que amamanten a sus hijos hasta los 3 años de edad se sufrague con cargo al Fondo del Seguro de Prestaciones y el presupuesto del Estado. Por ejemplo:
• Una madre que tenga un seguro voluntario deberá pagar el 50 % de la prima de seguro social, y el 50 % restante se sufragará con cargo al Fondo del Seguro de Prestaciones hasta que su hijo cumpla los 3 años.
• En el caso de las madres desempleadas, el 50 % de la prima del seguro corre a cargo de la propia madre y la cantidad restante es sufragada con cargo al presupuesto del Estado hasta que su hijo cumpla 3 años.
• Anteriormente, el importe de los subsidios por embarazo y parto se calculaba según el tipo de seguro que tuviera la madre. A partir de 2020, todas las madres tienen derecho a recibir durante cuatro meses un subsidio equivalente al 100 % de la cantidad que reciben las contribuyentes al seguro obligatorio.
Presencia de la mujer en el mercado de trabajo
77. La Ley del Trabajo prohíbe toda forma de discriminación, limitación o concesión de privilegios en las relaciones laborales. La Ley de Promoción del Empleo establece el derecho de los ciudadanos a elegir y aceptar libremente un trabajo. Con arreglo a esas Leyes, las políticas y actividades de promoción del empleo se basan en los principios de igualdad e inclusión, independientemente del género.
78. Los datos estadísticos sobre el empleo muestran que en 2018 la población activa mayor de 15 años de edad constituía el 41,9 % de la población total, y de ella, el 53,7 % eran hombres y el 46,3 % mujeres.
79. En 2018, la participación en la población activa a nivel nacional era del 61,0 %;
el 53,4 % estaba concentrado en las zonas urbanas y el 66,7 % en las zonas rurales. La diferencia del 13,9 % de la participación masculina y femenina indica que hay más hombres empleados que mujeres.
80. Adhiriéndose al principio de “pasar de la asistencia social al empleo”, se adoptaron medidas a fin de reformar los servicios de empleo y sus variedades para hacerlos confiables y accesibles. Entre las medidas de reforma, cabe destacar las modificaciones de la Ley de Promoción del Empleo y la Ley de Emigración e Inmigración de Trabajadores y Especialistas. Están por ejecutarse seis subprogramas en apoyo del empleo de integrantes de los grupos beneficiarios, entre ellos los ancianos, las personas con discapacidad, los jóvenes y los pastores. El 50,4 % de las personas atendidas por el programa son mujeres.
81. El Programa de Empleo de Pastores presta apoyo a los hogares de los pastores contratados, creando lugares de trabajo estables para las personas que están dispuestas a mudarse de las ciudades y centros de provincias y condados a efectos de establecerse en zonas rurales dedicadas al pastoreo. En 2019 el Programa atendió a 425 personas de 259 hogares y contó con apoyo del presupuesto del Estado por valor de 206.202,3 togs.
Derechos de las personas de edad
82. Las personas de edad constituyen el 8,9 % de la población mongola. La esperanza de vida media de los hombres es de 66,1 años, y la de las mujeres, de 75,8 años, es decir, hay 9,7 años de diferencia, y se observa un aumento muy lento de la esperanza de vida de los hombres. Si bien la población total de Mongolia ha crecido el 16,1 % en los 10 años anteriores, el número de personas de edad aumentó más rápidamente, a saber, el 22 %, aunque con la perspectiva de que se registre el 12,9 % en 2030 y el 16,3 % en 2045.
83. El Gobierno fue aumentando gradualmente las pensiones en 2016, 2018 y 2019. El nivel mínimo de las pensiones por vejez aumentó el 39,4 %, el de las pensiones comunes, el 30,7 %, y el de las pensiones parciales, el 38,9 %.
84. A fin de mejorar la prestación de servicios sociales a las personas de edad y de prevenir la vulnerabilidad, se reforzó el apoyo de la asistencia social aumentando las pensiones especiales y las asignaciones para servicios de enfermería el 34,3 % con respecto a 2016.
Aumento de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones (recomendaciones 108.44, 108.47, 108.48, 108.139, 108.140, 108.141 y 108.142)
85. En 2017, por Resolución Gubernamental núm. 129, fue aprobado el Programa Nacional de Igualdad de Género 2017-2021, al que se asignó un presupuesto total de 1.000 millones de togs. Además, en virtud de las Resoluciones Gubernamentales núm. 111 y núm. 285, de 2018, las oficinas del Comité Nacional para la Igualdad entre los Géneros fueron retiradas de la estructura del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social y el Comité pasó a ser una entidad dirigida por el Primer Ministro, estructurada de manera independiente, que dispone de un presupuesto propio y se encarga de garantizar la coordinación intersectorial de las actividades de promoción de la igualdad de género.
86. En el marco de la aplicación del Programa Nacional de Igualdad de Género se organizaron 16 cursos de formación y seminarios, así como actividades de promoción y publicidad, que contaron con la participación de más de 500 personas y tuvieron por objeto cuestionar los estereotipos del papel y la participación de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad impartiendo educación sobre la igualdad de género. Ese aspecto también está incluido en los planes de estudios de los programas de periodismo y los programas de formación de trabajadores sociales de la Universidad Estatal de Mongolia.
87. Se ha elaborado la Política Nacional de Lugares de Trabajo con Perspectiva de
la Ley de Infracciones Administrativas a fin de imponer multas a las organizaciones y empresas cuyos reglamentos internos de las relaciones laborales no prevean sanciones por acoso sexual en el lugar de trabajo.
88. En 2018, el 35,9 % de las mujeres empleadas ocupaban puestos de dirección y el 60,4 % de los funcionarios de la administración pública, cuyo número ascendía a 193.557, eran mujeres.
89. La aplicación de la nueva Ley de la Administración Pública dio lugar a que los temas relacionados con el género, la presupuestación con perspectiva de género, el hostigamiento en el lugar de trabajo, las estadísticas por sexo, la vigilancia y la evaluación pasaran a formar parte de los módulos de formación profesional de los funcionarios públicos. El Departamento de Capacitación e Investigación establecido en el marco del Comité Nacional para la Igualdad entre los Géneros elaboró manuales y el módulo de capacitación sobre género y planificación de políticas y ha formado instructores nacionales desde 2018 utilizando el módulo. Hasta la fecha se han impartido cuatro sesiones de capacitación a 104 instructores. Se formuló un módulo de capacitación en línea sobre cuestiones de género para funcionarios superiores en el que ya han participado más de 600 personas, de las cuales más de 300 recibieron el certificado correspondiente.
90. A fin de velar por la aplicación efectiva de la política y el programa de igualdad de género, desde 2014 se han venido impulsando los objetivos de la política en diversos sectores y a nivel local. Hasta la fecha, ocho ministerios han adoptado sus propias políticas de igualdad de género, y en 18 de las 21 provincias se han aprobado y se vienen ejecutando subprogramas en ese ámbito. En colaboración con la Oficina Nacional de Estadística, se renovaron y aprobaron los indicadores estadísticos relacionados con el género y los métodos de cálculo correspondientes.
91. En el Programa Nacional de Igualdad de Género se estableció el objetivo de aumentar la participación de las mujeres en la política y la adopción de decisiones. En 2016 fueron elegidas 13 mujeres para ocupar escaños en el Parlamento, lo que constituye el 17 % de su número total de miembros y la mayor representación de mujeres en el poder legislativo, en comparación con los resultados de las elecciones anteriores. Actualmente son mujeres alrededor del 40 % de los jefes de departamentos y divisiones de los ministerios nacionales, organismos públicos y gobiernos provinciales y de los distritos. Tras la reforma de la Ley de la Administración Pública, las cifras tienden a aumentar.
92. El artículo 30 de la Ley de Elecciones Parlamentarias establece que al menos el 20 % de los candidatos deben ser del otro sexo, y en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revisada se dispone que el 40 % de sus cinco miembros sean del otro sexo.
Combatir la violencia doméstica (recomendaciones 108.84, 108.86, 108.87, 108.88, 108.90, 108.91, 108.92, 108.94, 108.95, 108.96, 108.98, 108.99, 108.100, 108.101, 108.103 y 108.105)
93. En 2017, por Ordenanza núm. A/27 del Ministro de Justicia y del Interior, se estableció un subcomité encargado de combatir y prevenir la violencia doméstica y los delitos contra los niños en el que están representados todos los ministerios, organismos y ONG competentes, conforme a lo dispuesto en las leyes.
94. Desde 2017, en abril de cada año se ha venido organizando un foro nacional sobre cooperación multilateral para combatir la violencia doméstica, a efectos de intensificar la aplicación de la Ley de Lucha contra la Violencia en el Hogar fortaleciendo la coordinación y la cooperación intersectoriales en los planos nacional y local. Todos los años, unos 200 representantes de los ministerios nacionales, las 21 provincias, la capital y 9 distritos y demás interesados asisten al foro con objeto de examinar la aplicación de la ley y sus efectos y posibles maneras de resolver los problemas.
95. En 2017 se llevó a cabo una encuesta nacional sobre la violencia por razón de género para determinar el nivel de violencia contra la mujer. A partir de los resultados de la encuesta, recientemente se crearon centros de servicios integrados en las provincias de Bayan-Ulgii, Darkhan-Uul, Dornod, Uvurkhangai, Umnugobi, Huvsgul y Khentii y los
distritos de Bayanzurkh y Khan-Uul, donde el número de casos de violencia en el hogar es elevado y las víctimas necesitan protección. Esas actividades se sufragaron con 623 millones de togs de los presupuestos locales y 764,5 millones de togs que aportaron diversas organizaciones internacionales.
96. Número de instalaciones, centros y beneficiarios.
2015 2016 2017 2018 2019
Centros de servicios integrados 7 8 10 11 15
Instalaciones de protección temporal 2 3 6 9 14
Número de beneficiarios 1 739 2 417
97. Los gastos diarios de un niño en el centro de protección temporal se establecen en la Ordenanza núm. A/80 del Director del Organismo de Servicios Laborales y de Bienestar Social, y las sumas correspondientes se transfieren a las ONG proveedoras de servicios.
98. Se elaboró un manual de capacitación sobre el fortalecimiento de la capacidad del sector de la justicia para combatir la violencia en el hogar y la coordinación eficaz de las actividades, y se impartieron cursos a 1.000 agentes de policía, fiscales, jueces, abogados, defensores de los derechos, trabajadores sociales y miembros de los subconsejos de coordinación de las actividades de prevención del delito de la capital y de las 21 provincias.
99. Todos los miembros de los equipos multidisciplinarios de lucha contra la violencia doméstica, integrados por representantes de las 21 provincias y 9 distritos (en 2017, 609 equipos con 4.634 miembros, y en 2019, 676 equipos con 4.714 miembros), asistieron a los programas de formación profesional.
100. Se elaboraron recursos y folletos de instrucción obligatoria con objeto de influir en el comportamiento y las actitudes de los autores de delitos de violencia doméstica y se empezó a impartir formación especial a psicólogos y trabajadores sociales de los organismos de ejecución de resoluciones judiciales y de la policía.
101. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sumándose a la Campaña del Lazo Blanco, de carácter internacional, Mongolia observó ese día llevando a cabo las campañas nacionales tituladas “Ama y protege”, “Positivo es bueno” y
“Comprende y respeta” en 2017, 2018 y 2019, respectivamente. Se realizó una campaña de comunicación a través de los medios de difusión tradicionales y de los medios sociales con objeto de promover la tolerancia cero frente a la violencia y la obligación civil de informar y de dar a conocer sus graves consecuencias, campaña esta que llegó a más de 7,1 millones de personas. Gracias a esa iniciativa ha aumentado el número de avisos a la policía para denunciar casos de violencia en el hogar y contra los niños.
102. Se formuló un nuevo programa en línea sobre violencia por razón de género, basado en los programas móviles ECS del Centro de Información, Tecnología y Comunicaciones de la Policía, que recibe avisos y denuncias de delitos y actos de violencia. El programa recibe y elabora información sobre las víctimas y los autores de actos de violencia en el hogar, y no solo la información que hayan recogido los agentes de policía, ya que también se da la oportunidad de hacer aportes a la base de datos a los centros de servicios integrados, los servicios de protección temporal y los equipos multidisciplinarios, lo que constituye una contribución esencial a los servicios que se prestan a las víctimas y para planificar eficazmente las medidas que hayan de adoptarse.
103. Los órganos jurisdiccionales dictaron 59 resoluciones sobre casos de violencia doméstica en 2017, 146 en 2018 y 172 en los tres primeros trimestres de 2019.
Protección de los derechos del niño (recomendaciones 108.109, 108.110, 108.111, 108.112, 108.114, 108.115 y 108.151)
104. En 2017, por Decreto del Primer Ministro, se fundó el Consejo para la Infancia, que
