 Asamblea General A

GE.20-02196 (S) 180320 190320

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Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 36º período de sesiones

4 a 15 de mayo de 2020

Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos^*

Bulgaria

* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas

A

Asamblea General

Original: inglés

I. Introducción

1. La República de Bulgaria concede gran importancia al cumplimiento de sus obligaciones internacionales, especialmente en su condición actual de miembro del Consejo de Derechos Humanos¹. Durante su Segundo Examen Periódico Universal (EPU) celebrado en 2015, Bulgaria recibió 182 recomendaciones, de las que aceptó 174. En diciembre de 2018 el país presentó un informe voluntario de mitad de período del EPU y el presente informe se centra principalmente en los acontecimientos más recientes. El anexo contiene un cuadro en el que se consigna el estado de las iniciativas emprendidas para dar seguimiento a las recomendaciones, así como información adicional.

2. El informe nacional ha sido elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores², en coordinación con todos los organismos públicos pertinentes. Se han mantenido estrechas consultas con las instituciones nacionales de derechos humanos³ durante el proceso. El proyecto de informe se ha publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores para recabar amplias consultas con la sociedad civil, y posteriormente fue aprobado por el Mecanismo Nacional de Coordinación para los Derechos Humanos⁴, en su calidad de principal órgano encargado de la ejecución de tareas específicas derivadas de los compromisos internacionales de Bulgaria en materia de derechos humanos.

3. Aunque quedan muchos problemas por resolver, Bulgaria se ha comprometido a seguir procurando promover y proteger en forma permanente los derechos humanos en beneficio de todas las personas que residen en el territorio del país. Se están adoptando nuevas iniciativas destinadas a proporcionar oportunidades jurídicas sólidas y eficaces en la esfera de los derechos humanos.

II. Aplicación de las recomendaciones del ciclo anterior

Instrumentos internacionales de derechos humanos (recomendaciones 1 a 8; 11 a 14)

4. Durante el período que abarca el informe, Bulgaria firmó o ratificó los siguientes instrumentos:

• Protocolo núm. 15 que modifica el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

• Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa⁵ para la Prevención del Terrorismo.

• Protocolo por el que se modifica el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal.

• Protocolo Adicional a la Carta Europea de Autonomía Local sobre el derecho a participar en los asuntos de una autoridad local.

5. Además, se ha iniciado un procedimiento para retirar la reserva impuesta por Bulgaria con respecto al artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. También se está finalizando el proceso de adopción del primer Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

6. El Estado presentó sus:

• Informes tercero a quinto combinados sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño

• Informes 20º a 22º combinados sobre la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

• Sexto informe periódico sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

• Cuarto informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

• Informe inicial sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

• Sexto informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

• Octavo informe periódico sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

• Informe nacional sobre la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en el contexto del examen mundial de Beijing+25 en 2020 y examen al cabo de cinco años de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

7. Se proporcionó información periódica sobre el seguimiento de las recomendaciones de todos los órganos creados en virtud de tratados, incluso sobre las denuncias de particulares. Se acogieron tres visitas de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, a saber, una misión de seguimiento de la migración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)⁶ en 2016; y en 2019 las visitas realizadas por la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. En octubre de 2019, el Representante Personal del Presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la lucha contra el antisemitismo, el Rabino Andrew Baker, realizó una visita oficial a Bulgaria. En noviembre de 2019, el Comité Consultivo del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, la Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos también visitaron Bulgaria.

Instituciones nacionales de derechos humanos (recomendaciones 15 a 23)

8. Para aplicar las recomendaciones del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la Defensora del Pueblo, con el apoyo del Gobierno y el Parlamento, aprobó modificaciones a la Ley del Defensor del Pueblo y al Reglamento. Hasta ahora se han cumplido todas las recomendaciones y en octubre de 2018 la Defensora del Pueblo solicitó la acreditación de la institución en la categoría A. El Subcomité se reunió en marzo de 2019 y la Oficina del Defensor del Pueblo de Bulgaria fue acreditada en la categoría A, en plena conformidad con los Principios de París.

9. La Ley del Defensor del Pueblo no establece ninguna diferenciación explícita entre distintos tipos de derechos y prevé la protección de todos los grupos de derechos y libertades fundamentales. La Defensora del Pueblo presenta a la Asamblea Nacional o al Consejo de Ministros opiniones sobre proyectos de ley relativos a los derechos humanos y analiza la conformidad de la legislación con los instrumentos internacionales pertinentes y la legislación de la Unión Europea (UE). Cuenta con el apoyo de una administración nombrada con arreglo a los principios de transparencia, eficiencia, pluralismo y no discriminación.

10. En los últimos años, la institución del Defensor del Pueblo ha registrado un aumento de las denuncias relativas a la situación socioeconómica y a la necesidad de prestar apoyo a algunos grupos vulnerables. A pesar del gran número de denuncias, más del 90 % se examinan y resuelven en el plazo de un año. Por ejemplo, en 2017 se presentaron 12.635 denuncias y se dirimieron 12.539, es decir, casi el 100 % de ellas. La Oficina del Defensor del Pueblo ejerce todas sus facultades legales y cuenta con fondos suficientes, lo que garantiza la mejora gradual de la labor de la institución. La remuneración de los funcionarios es semejante al sueldo percibido en los sectores público y privado.

Actualmente la Defensora del Pueblo no tiene oficinas locales ni regionales; sin embargo, en los municipios de todo el país hay días de recepción externa de denuncias. En el período

comprendido entre el 20 de octubre de 2015 y el 21 de noviembre de 2018, se organizaron 80 días de recepción externa.

11. En su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención, la Defensora del Pueblo tiene el mandato de vigilar de manera permanente los lugares donde hay personas privadas de libertad. Los establecimientos carcelarios, los centros de internamiento y los lugares de detención se inspeccionan al menos una vez cada dos años, además de las visitas realizadas en respuesta a denuncias. Toda institución está obligada a proporcionar información en un plazo de 14 días sobre las medidas que adoptará para aplicar las recomendaciones. Además, todos los miembros de la administración supervisan la aplicación de las recomendaciones formuladas y, de ser necesario, se adoptan medidas adicionales.

12. En 2018 los funcionarios del Mecanismo Nacional de Prevención trabajaron en más de 918 casos en respuesta a denuncias. En 2017 se resolvieron 1.029 recursos. Hay una tendencia al aumento de la carga de trabajo de los empleados que se ocupan de las denuncias. El presupuesto del Mecanismo Nacional de Prevención es suficiente para la realización de las actividades y trabajos cotidianos, en el marco de la ley. Todas las actividades adicionales y fuera del ámbito de aplicación pueden sufragarse con fondos adicionales del presupuesto de la institución del Defensor del Pueblo.

13. La Comisión para la Protección contra la Discriminación⁷ siguió trabajando como una institución reconocida por los ciudadanos para la prevención y protección contra la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades. Esto se vio confirmado por el número de decisiones emitidas y el número de ciudadanos que visitaron las oficinas regionales. En 2018 se observó por primera vez un número sin precedentes de presentaciones espontáneas. Se interpusieron 751 denuncias (645 en 2017); se abrieron 721 expedientes (300 en 2017); y 4.236 ciudadanos visitaron las oficinas regionales y participaron en la organización de la recepción de denuncias (3.821 lo habían hecho en 2017).

14. La ley otorga plena independencia a la Comisión para la Protección contra la Discriminación. Cabe señalar que la obtención de los medios financieros necesarios para los recursos humanos y las campañas públicas sigue planteando dificultades. Para que la Comisión alcance todo su potencial, se está procurando ampliar sus facultades; asegurar la inmunidad funcional total de sus miembros; y aumentar la eficacia de sus sanciones.

Igualdad entre mujeres y hombres (recomendaciones 27; 36 a 46;

48 a 53; 136)

15. El Plan de Acción Nacional para la Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2019-2020), aprobado por el Consejo de Ministros en 2019, sigue los principios, objetivos y prioridades de la Estrategia Nacional para la Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2016-2020). El Plan incluye medidas dirigidas a:

• Conciliar mejor la vida profesional y privada de los progenitores con los hijos.

• Desarrollar las aptitudes de las mujeres desempleadas por medio de la formación profesional.

• Alentar a las mujeres con discapacidad permanente a que participen en el programa para iniciar una actividad empresarial independiente.

• Prestar apoyo financiero para la crianza de niños con discapacidad permanente.

• Promover la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas de desarrollo rural.

• Promover la participación de mujeres empresarias con ideas innovadoras en el marco del Programa Horizonte 2020.

• Mantener un sistema eficaz para la adaptación del personal militar retirado.

• Prestar servicios de atención a las personas que solicitan protección internacional.

• Mejorar el marco jurídico en el ámbito de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

16. Durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de agosto de 2019, se celebraron cinco reuniones del Consejo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como dos cursos de capacitación de los coordinadores en materia de igualdad de género sobre los aspectos actuales de la base normativa y la política de igualdad entre los géneros, y los aspectos prácticos de la aplicación de la política de igualdad entre hombres y mujeres.

17. Según la información de la encuesta sobre mujeres y hombres en la República de Bulgaria en 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística⁸, al 1 de agosto de 2018, el 27,1 % de los parlamentarios, el 23,8 % de los miembros del Gobierno y el 12,8 % de los alcaldes de los municipios eran mujeres, entre ellas la Presidenta del Parlamento, la Vicepresidenta y la alcaldesa de la capital. En el informe de 2019 del Banco Mundial sobre mujeres, empresas y derecho titulado Women, Business and Law, Bulgaria figuraba entre los países con mejor desempeño en el mundo, con una puntuación de 93,75 puntos de un máximo de 100. Además, el país es el primero del mundo en relación con el indicador de los marcos jurídicos e institucionales que configuran las oportunidades económicas de la mujer y la mejora de la igualdad entre los géneros.

18. Según datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en el mercado de trabajo el 46,6 % de las personas empleadas, incluido el 38,5 % de los directivos, son mujeres (en la Unión Europea, estos indicadores son el 46,1 % y el 33,9 % respectivamente). La Eurostat informó de que en 2018 la brecha de empleo en Bulgaria era del 8,2 % (frente al 11,6 % en la Unión Europea). Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística para 2018, las mujeres representaban el 26,7 % de los empleadores del país.

Durante tres años consecutivos la brecha salarial entre los géneros se redujo del 15,4 % en 2015 al 14,4 % en 2016 y al 13,6 % en 2017, frente al 16 % de la Unión Europea.

Bulgaria considera que la inclusión de la mujer en la vida económica es fundamental, especialmente teniendo en cuenta que la pobreza y la exclusión social están estrechamente relacionadas con la inequidad y la desigualdad de trato. Las mujeres contribuyen a crear un modelo económico más sostenible y ecológico.

19. Las mujeres desempleadas tienen acceso en igualdad de condiciones a todos los programas, proyectos y medidas del mercado de trabajo y a la participación en estos. Las mujeres que llevan mucho tiempo desempleadas reciben asistencia de los servicios de activación e inclusión en un empleo sostenible. Se prestan servicios para impulsar el comportamiento activo en el mercado de trabajo, la participación en talleres de búsqueda de empleo y la prestación de orientación y asesoramiento profesionales. Se otorgan incentivos financieros a los empleadores que crean puestos de trabajo y contratan a tiempo completo o parcial a progenitores solteros o adoptivos con hijos de hasta 5 años de edad. En 2018 se contrató a 129.521 mujeres (el 56,5 % de todas las personas que empezaron a trabajar), la mayoría de las cuales recibieron apoyo de los servicios de mediación laboral. Entre enero y julio de 2019, obtuvieron empleo 77.762 mujeres.

Combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia doméstica (recomendaciones 47;

49 a 54; 90 a 98; 116)

20. Bulgaria está firmemente comprometida con las iniciativas para prevenir y combatir la violencia doméstica. En febrero de 2019 se aprobaron modificaciones legislativas del Código Penal que regulaban la protección de los derechos de las víctimas de la violencia, incluida la violencia doméstica. Estos cambios legislativos tienen por objeto mejorar el marco jurídico a fin de prevenir y contrarrestar adecuada y ampliamente estas formas de conducta delictiva, introduciendo las normas internacionales pertinentes.

21. Todas las formas de violencia doméstica están tipificadas como delito. Cuando se comete un delito, por definición, “en las condiciones de violencia doméstica” se incluyen circunstancias de ejercicio sistemático de la violencia física, sexual o mental, dependencia económica, restricción coercitiva de la privacidad, libertad personal y derechos personales contra un cónyuge, excónyuge, descendiente o ascendiente con el que el autor reside o ha residido en el mismo domicilio. Según las estadísticas del Ministerio del Interior⁹, el

número de víctimas de violencia doméstica que han pedido protección y han recibido órdenes de alejamiento de los tribunales del país ha aumentado constantemente en los últimos cinco años (de 1.185 en 2014 a 2.398 a octubre de 2019).

22. La Fiscalía aprobó las Directrices para la presentación de informes sobre las actuaciones durante la fase de instrucción en casos de violencia doméstica. Todos los casos se registran y se denuncian a la policía.

23. En virtud de la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica, todos los años se aprueba un Programa Nacional de Prevención y Protección. También participan representantes de la sociedad civil y el programa está abierto a debates públicos. Se asignan recursos para financiar proyectos de entidades jurídicas sin fines de lucro por valor de 450.000 levas para actividades de prevención y protección contra la violencia doméstica, vigilancia, y asistencia social, psicológica y jurídica, entre otras.

24. Durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de agosto de 2019, el Ministerio de Trabajo y Política Social¹⁰ continuó la ejecución del Proyecto

“Juntos contra la violencia” en el marco del Programa de Operaciones para el Desarrollo de los Recursos Humanos¹¹ para 2014-2020. Se prevé la preparación de análisis en el ámbito de la violencia doméstica y de género, la realización de una encuesta nacional representativa sobre la violencia, la celebración de conferencias y el establecimiento de un sistema de vigilancia de la igualdad entre mujeres y hombres.

25. Bulgaria, Rumania y Hungría participan en un proyecto internacional de la OSCE sobre estrategias y prácticas de justicia penal eficaces para combatir la violencia doméstica por motivos de género en Europa Oriental, cuyo principal objetivo es alentar a las víctimas a denunciar los actos de violencia y reforzar la eficacia de los órganos policiales y judiciales, el personal médico y los trabajadores sociales. Se impartieron cursos de capacitación para agentes de policía, fiscales y jueces de todos los países participantes. En el período de junio a diciembre de 2019 se llevó a cabo una campaña informativa. El tema de los delitos relacionados con la violencia doméstica también se incluye en el calendario de capacitación interna de la Fiscalía.

26. En 2019-2021 se está ejecutando, en el marco del Mecanismo Financiero de Noruega, un proyecto sobre la mejora de la eficacia de la labor policial en la esfera de la violencia doméstica y la violencia de género. El proyecto prevé la creación de un sistema de información automático para combatir y prevenir los delitos de género y la violencia doméstica; capacitación sobre evaluación de riesgos y trabajo en casos de violencia doméstica, incluso en grupos vulnerables, entre otras cosas.

27. En la actualidad, el Estado presta servicios en 19 centros de crisis para niños, con una capacidad total de 196 plazas, y en 6 centros de crisis para mujeres víctimas de la violencia doméstica, con una capacidad total de 64 plazas. Cinco de estos centros de crisis son administrados por organizaciones no gubernamentales (ONG).

28. Se están preparando otras enmiendas para reforzar la legislación vigente en la esfera de la violencia contra la mujer.

No discriminación y derechos sociales (recomendaciones 24 y 25;

28 a 31)¹²

29. La reforma en la esfera de los servicios sociales es una de las prioridades de la política social de Bulgaria. En 2019 se aprobó la Ley de Servicios Sociales¹³ con el objetivo de mejorar los mecanismos de planificación, financiación, control y supervisión de los servicios y aumentar su calidad, eficacia y sostenibilidad. La Ley de Servicios Sociales ha creado una oportunidad para que todas las personas tengan acceso a los servicios sociales disponibles en general. Además, se prevén servicios especializados en caso de que surja un riesgo particular para la vida, la salud o el desarrollo de la persona, o para satisfacer las necesidades de un grupo determinado. Para lograr una mejor comprensión de las nuevas medidas legislativas, la entrada en vigor de la Ley mencionada se aplazó seis meses, hasta el 1 de julio de 2020.

30. El proceso de desinstitucionalización de la atención prosigue, no solo para los niños, sino también para los ancianos y las personas con discapacidad, por medio de la Estrategia Nacional de Atención Prolongada y el Plan de Acción de aplicación para el período 2018-2021. El apoyo a estos grupos es complejo y requiere sinergias entre todas las instituciones que prestan los servicios sanitarios, comunitarios y sociales necesarios en el hogar, y apoyo a los cuidadores de familiares a cargo. En virtud de la Ley de Servicios Sociales, los hogares existentes para adultos con discapacidad se cerrarán a más tardar el 1 de enero de 2035 y los hogares para ancianos se reformarán de conformidad con las normas de calidad de la atención residencial a más tardar el 1 de enero de 2025. Ya se están construyendo nuevos servicios de atención residencial de apoyo basados en la comunidad.

31. Los servicios de asistencia a domicilio también son especialmente importantes para el cuidado de los ancianos y las personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad. A finales de 2019, más de 18.661 usuarios habían utilizado servicios de asistencia personal, asistencia social y asistencia a domicilio y se habían empleado unos 13.164 asistentes personales, sociales y a domicilio. Al mismo tiempo, se está desarrollando de manera constante la red de servicios sociales de la comunidad para apoyar a los grupos vulnerables. Con financiación del presupuesto del Estado, desde diciembre de 2019 se cuenta con 559 servicios sociales de base comunitaria para prestar apoyo y atención a 10.287 adultos de grupos vulnerables. Como actividad delegada por el Estado, se abrieron 630 servicios sociales para niños en la comunidad, con una capacidad de 14.459 plazas. Se prevé que los fondos para la financiación de los servicios sociales aumentarán en forma anual.

32. El Gobierno, guiándose por los principios de la no discriminación, el respeto de la dignidad humana y el establecimiento de condiciones para la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato de todos los ciudadanos búlgaros, independientemente del grupo étnico al que pertenezcan, aplica una política sistemática de protección social, inclusión social y promoción del empleo de los grupos vulnerables. Las personas desempleadas de larga data sin cualificaciones y con un bajo nivel de educación son el grupo destinatario de las políticas activas del mercado de trabajo.

33. Otra prioridad importante es la política de promoción del empleo de los jóvenes. Se presta especial atención a los menores de 25 años que no reciben formación ni tienen empleo; y a los jóvenes que han abandonado el sistema educativo. A este respecto, por quinto año consecutivo, el país implementa con éxito el Plan Nacional de Aplicación de la Garantía Europea de Trabajo para los Jóvenes 2014-2020, en colaboración con instituciones, organizaciones juveniles e interlocutores sociales.

34. En 2018 el Organismo de Empleo informó de que había un promedio mensual de 65.074 personas desempleadas de larga data registradas; estas cifras disminuyeron en un 25,8 % en comparación con 2017. Entre enero y julio de 2019, había un promedio mensual de 49.810 personas desempleadas de larga data registradas. Su número ha disminuido un 29 % respecto del mismo período en 2018. El desempleo juvenil en el país en 2018 se redujo considerablemente en comparación con 2017. El promedio anual de personas jóvenes de hasta 24 años de edad desempleadas registradas asciende a 10.023 personas, que representan el 4,9 % del número total de personas desempleadas. En el período de enero a julio de 2019, el promedio mensual de jóvenes de hasta 24 años desempleados era de 9.386, lo que representa una disminución del 7,9 % respecto de 2018.

35. La aplicación de la Estrategia Nacional para Reducir la Pobreza y Promover la Inclusión Social 2020, aprobada en 2013, se está llevando a cabo mediante la elaboración de planes de acción bienales y la presentación de informes al respecto¹⁴. El Plan de Acción para 2019-2020 se centra principalmente en medidas de empleo y educación. Otras actividades importantes son promover la inclusión activa de los grupos más marginales, aumentar los niveles de los salarios medios y mínimos, asegurar el acceso a una atención sanitaria de calidad, y crear condiciones y garantías de igualdad y participación plena para las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública.

36. El Programa Operacional de Asistencia Alimentaria o Material Básica del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados para el período 2014-2020 contribuye al logro del objetivo nacional de reducir en 260.000 personas el número de las que viven en la pobreza

hasta 2020. En junio de 2019, la prestación mensual para calefacción asignada para toda la temporada aumentó de 74,83 levas a 91,10 levas, es decir, el 21,7 %. Además, se ha ampliado el número de beneficiarios de la ayuda, de los 210.000 actuales a unas 255.000 personas.

Lucha contra el racismo, la intolerancia y los delitos motivados por el odio (recomendaciones 65; 67; 72 a 76; 78 y 79; 81 a 86; 116; 162)

37. La adopción de medidas para reforzar la lucha contra los delitos homofóbicos y transfóbicos mediante el derecho penal está vinculada tanto al desarrollo como a la plena utilización de los instrumentos legislativos existentes. Con arreglo al Código Penal, el tribunal determina la pena por el delito cometido, teniendo en cuenta el grado de peligro público que supone el acto y el autor, los motivos para cometer el acto y otras circunstancias atenuantes y agravantes de la culpabilidad. De conformidad con la jurisprudencia establecida, la motivación racista se considera una circunstancia agravante.

38. En febrero de 2019, la Fiscalía publicó una Guía para la aplicación práctica de la Decisión marco 2008/913/JAI relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal. Además, se están ultimando proyectos relacionados con la denuncia de casos de violencia doméstica y delitos motivados por el odio. En la fase de instrucción, las víctimas de delitos, incluidos los delitos motivados por el odio, tienen derecho a recibir información acerca de sus derechos en el marco de los procedimientos penales, a obtener protección con respecto a su seguridad personal y la de sus familiares; a recibir información sobre la marcha de los procedimientos penales; a participar en ellos; a formular peticiones, observaciones y objeciones; a tener un abogado; y a disponer de servicios de traducción escrita u oral, entre otras cosas. También se garantiza la igualdad de acceso a la justicia y a la asistencia jurídica en virtud de la Ley de Asistencia Letrada, que incluye consultas, asesoramiento jurídico, representación jurídica y preparación de documentos.

39. Desde 2015, el marco de la asistencia jurídica se ha complementado y modificado varias veces a fin de garantizar el acceso a la asistencia jurídica a una gama más amplia de grupos sociales vulnerables, con especial atención a las minorías étnicas. También se reglamentaron las Líneas Telefónicas de Asistencia Jurídica Primaria y los Centros Regionales de Asesoramiento, como nuevas formas del sistema de asistencia jurídica centradas en los grupos vulnerables.

40. Se imparten regularmente cursos de capacitación sobre temas específicos relacionados con las actividades efectivas de los agentes de policía en un entorno multiétnico; los derechos humanos; las cuestiones relacionadas con las minorías; y las tradiciones y la cultura de las comunidades romaníes, mediante un enfoque centrado en los problemas para asegurar el orden y la seguridad en las comunidades afectadas. El Organismo de Asistencia Social también imparte capacitación a los trabajadores sociales a fin de mejorar sus aptitudes para trabajar con representantes de las comunidades étnicas y promover su inclusión social.

41. Bulgaria se encuentra entre los Estados participantes que buscan activamente el apoyo de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) para cumplir sus compromisos. La Comisión para la Protección contra la Discriminación es un punto de contacto nacional en lo que respecta a la recopilación y el suministro de información relacionada con los delitos de odio a la OIDDH de la OSCE¹⁵. Se han ejecutado varios proyectos clave de la OIDDH, entre ellos uno en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que tiene por objeto combatir el antisemitismo mediante la educación y contiene directrices para los encargados de la formulación de políticas. Las Directrices se tradujeron al búlgaro y se publicaron en enero de 2020. Como seguimiento, en marzo de 2020 se celebrará en Sofía un curso práctico nacional para encargados de la formulación de políticas e instituciones de formación de docentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha proporcionado fondos de asistencia oficial para el desarrollo de Bulgaria para la realización de dos talleres regionales destinados a capacitar a los encargados de la formulación de

políticas para combatir el antisemitismo mediante la educación en los Balcanes Occidentales y Europa Oriental en el marco de un proyecto, ejecutado conjuntamente por la UNESCO, la OSCE y el World Jewish Congress.

42. En junio de 2019 se celebró un seminario conjunto de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)¹⁶, la OIDDH y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se celebró también un curso práctico de alto nivel, destinado a sensibilizar sobre la necesidad de fortalecer la respuesta de Bulgaria a los delitos motivados por el odio, que incluyó una parte técnica con profesionales de la sociedad civil, la policía, la fiscalía, el poder judicial y los ministerios pertinentes.

43. Aunque el Código Penal no prevé circunstancias agravantes en los casos en que los delitos se cometieron por motivos homofóbicos o transfóbicos, no hay ningún obstáculo para que se consideren los motivos pertinentes como circunstancias agravantes al dictar la sentencia.

44. En 2018 se capacitó a más de 200 docentes en la esfera de la educación y la formación en materia de tolerancia y lucha contra la discriminación. La Comisión para la Protección contra la Discriminación cooperó con organizaciones civiles de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), celebrando talleres sobre temas relacionados con la protección contra la discriminación por los motivos establecidos.

45. Todos los años tiene lugar en Sofía el Desfile del Orgullo, en estrecha colaboración con el municipio y las fuerzas del orden. El Desfile que se celebró en 2019 reunió a unos 7.000 participantes.

46. En junio de 2019, tuvo lugar el primer curso de capacitación nacional de tres días de duración sobre el tema de los delitos motivados por el odio, con la participación de agentes de policía. La capacitación fue organizada por Youth LGBT Organization Deystvie. El programa de capacitación se centró en el proceso de formación y aplicación de estereotipos y prejuicios en el comportamiento de las personas, que se traducen en actos discriminatorios. Se hizo especial hincapié en la noción de vulnerabilidad y en la situación de las personas LGBT en Bulgaria. Participaron en la capacitación 52 agentes de policía de todos los departamentos de políticas del país. El proyecto prevé 4 cursos de capacitación regionales y 1 curso nacional en 2020.

47. En 2019 el Ministerio de Relaciones Exteriores designó un coordinador para participar en la Red Europea de Puntos Focales LGBTI.

Promover la libertad de religión y de creencias; contrarrestar el discurso de odio (recomendaciones 61 y 62; 64 a 66; 77; 129)

48. El marco jurídico búlgaro actual protege la inviolabilidad personal. Las emisoras de radio y televisión tienen la obligación de no producir ni transmitir contenidos que inciten a la intolerancia nacional, política, étnica, religiosa y racial o elogien la crueldad y la violencia. Los resultados del seguimiento de las transmisiones de radio y televisión indican que la mayoría de los proveedores de servicios de comunicación hacen todo lo posible por reflejar objetivamente las cuestiones relacionadas con temas étnicos.

49. La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2018, prevé el fortalecimiento de las normas contra el discurso de odio, prohibiendo la incitación a la violencia, el odio o los actos terroristas en los servicios de medios audiovisuales. Las normas se aplican también a las plataformas de intercambio de vídeos. La Ley de la Radio y la Televisión establece disposiciones que exigen a los proveedores de servicios de medios de comunicación que impidan la producción y distribución de programas que inciten al odio por motivos de raza, género, religión o nacionalidad. Durante el año transcurrido desde la aprobación de la Directiva, se dictaron dos órdenes penales, una contra el partido político ATAKA, en su calidad de proveedor del servicio de medios audiovisuales “ALFA TV” (por expresiones ofensivas y discurso de odio), y otra contra el Nova Broadcasting Group (por violencia en el ámbito de la radiodifusión).

50. En el período comprendido entre enero de 2017 y junio de 2018, el presupuesto del Estado subvencionó las actividades de construcción y reconstrucción de más de 100 mezquitas y gastó más de 200.000 euros en la reconstrucción de lugares de culto y edificios administrativos de las religiones católica, judía, armenia, protestante y otras. La Dirección de Confesiones Religiosas especializada que depende del Consejo de Ministros prestó además asistencia financiera para la publicación de más de 20 libros de temas religiosos y estudios científicos y sociológicos sobre diversas creencias.

51. Once funcionarios del Ministerio del Interior participaron en un seminario de formación sobre desafíos, posibilidades y recomendaciones futuras relativas al antisemitismo y los delitos de odio. El Ministerio del Interior nombró a un oficial superior de la Policía Nacional encargado del enlace con la comunidad judía de Bulgaria.

52. En el marco de la campaña pública “Sofía: ciudad de la tolerancia y la sabiduría”, en septiembre de 2018 la alcaldesa de Sofía, el Coordinador Nacional de la Lucha contra el Antisemitismo y el presidente de la organización judía de Bulgaria “Shalom” firmaron un manifiesto titulado “Juntos contra el discurso de odio”. A principios de 2019, varias figuras destacadas y otras personalidades publicaron vídeos en Facebook declarando públicamente su apoyo al manifiesto. Intelectuales búlgaros, líderes de la sociedad civil, altos funcionarios gubernamentales, dirigentes municipales y diplomáticos se reunieron para mostrar su apoyo y firmar el manifiesto.

53. En marzo de 2019 tuvo lugar la primera marcha de la tolerancia “Juntos por Bulgaria, juntos por Europa”. El acto reunió a más de 1.500 personas. Fue un poderoso llamado a la unidad contra el odio dentro de la sociedad búlgara.

54. A la luz de su apoyo a la Declaración y el Plan de Acción del Potomac, aprobados durante la conferencia ministerial sobre la libertad de religión y de creencias celebrada en Washington D. C., Bulgaria ha adoptado medidas decisivas para combatir la intolerancia religiosa. En octubre de 2019, Bulgaria nombró un coordinador de nivel superior sobre la libertad de religión y de creencias en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Derechos de las personas pertenecientes a grupos minoritarios, incluidos los romaníes (recomendaciones 26; 32; 35; 56 a 60; 136;

144; 150 y 151; 153 a 161)

55. La vigilancia y el examen de la aplicación de la Estrategia Nacional de Integración de los Romaníes de la República de Bulgaria¹⁷ se garantiza a través de la plataforma SYSTEM¹⁸. Incluye información a nivel regional y nacional, con indicadores pertinentes para la recopilación de datos. Los expertos regionales en cuestiones étnicas y de integración reúnen datos sobre la aplicación de los planes de acción de los municipios y los agrupan en informes que presentan a la secretaría del Consejo Nacional de Cooperación en Asuntos Étnicos y de Integración¹⁹. La aprobación de la Estrategia Nacional de Integración de los Romaníes posterior a 2020 está prevista para finales de octubre de 2020, una vez finalizado el proceso de evaluación. La elaboración del nuevo documento estratégico se llevará a cabo en estrecha cooperación con todas las partes interesadas, incluidos la sociedad civil romaní, representantes de las administraciones municipales, comunidades locales y ONG.

56. Con miras a abordar los problemas que obstaculizan la inclusión social y la integración sostenible de las minorías, en 2018 se formuló un conjunto de acciones complejas en el marco de una operación combinada de integración socioeconómica de los grupos vulnerables. El enfoque integrado combina medidas destinadas a mejorar el acceso al empleo, la educación y los servicios sociales y de salud y a superar los estereotipos negativos, con un presupuesto de más de 100 millones de levas. Gracias a esta iniciativa, se mejorarán los planes municipales para la integración de los romaníes, mientras que ya están en marcha proyectos de nuevas viviendas sociales, y de reconstrucción y desarrollo urbano.

57. En 2018, se impartieron 1.286 cursos de capacitación para 22.259 agentes de policía que trabajaban en un entorno multiétnico. Se centraron en la prevención de las violaciones de la ley, las formas de reacción eficaz cuando se recibe una señal y la prevención de la escalada de la tensión en zonas densamente pobladas por romaníes.

58. En la esfera de la educación, se garantiza un trato no discriminatorio para todos los alumnos, incluidos los de grupos minoritarios. Una prioridad fundamental es la permanencia en el sistema educativo de los niños en edad de cursar la enseñanza escolar y preescolar obligatoria. En junio de 2018 se puso en marcha un mecanismo permanente para trabajar conjuntamente con las instituciones con miras a promover la matriculación y la permanencia en el sistema educativo de los niños en edad de cursar la enseñanza escolar y preescolar obligatoria, incluidos los romaníes. Comprende más de 1.280 representantes de diversas instituciones: docentes, directores de escuela, trabajadores sociales, agentes de policía, funcionarios municipales, mediadores y representantes de la sociedad civil, entre otros. Se realizaron 17.294 visitas a domicilio. Como resultado de ello, en el año escolar 2018/19, se matricularon por primera vez o se reintegraron al sistema educativo 19.077 niños en edad preescolar y escolar obligatoria.

59. El nombramiento de mediadores educativos, que son bien aceptados entre los grupos vulnerables para persuadir a los progenitores de que permitan que sus hijos asistan a la escuela, también contribuye a lograr los objetivos del mecanismo. Según el Centro de Integración Educativa de los Niños Pertenecientes a Minorías Étnicas, en octubre de 2019 se habían nombrado 997 mediadores educativos que trabajaban con niños de grupos vulnerables en guarderías, escuelas primarias y secundarias, incluidas las escuelas secundarias de formación profesional.

60. Con arreglo a la legislación búlgara, el seguro de salud en el país es obligatorio.

Todas las personas que disponen de un seguro de salud tienen derecho a la asistencia médica del tipo, la cuantía y el alcance previstos, que se presta con cargo al presupuesto del Fondo Nacional del Seguro de Salud. Fuera del ámbito del seguro médico, el Ministerio de Salud proporciona financiación con cargo al presupuesto del Estado para prestaciones médicas prioritarias, como atención médica de urgencia, vacunas para niños hasta los 18 años, programas de detección temprana de enfermedades congénitas en recién nacidos a fin de iniciar el tratamiento en forma oportuna, entre otras cosas. También se proporcionan fondos para el diagnóstico y tratamiento en hospitales de personas que carecen de ingresos o bienes personales, lo que garantiza la participación personal en el proceso del seguro de salud.

61. La atención preventiva de la salud maternoinfantil es una de las prioridades para toda la población del país, incluidos los grupos minoritarios. Las mujeres embarazadas aseguradas tienen derecho a exámenes y pruebas periódicas garantizadas durante el embarazo normal y a exámenes adicionales durante el embarazo de riesgo, y a dar a luz con arreglo al conjunto de medidas garantizadas por el Fondo Nacional del Seguro de Salud.

Las mujeres embarazadas que carecen de seguro médico son atendidas en forma gratuita y tienen derecho a un examen durante el embarazo y al parto sin cargo alguno. Se realizan visitas a domicilio, se efectúan reconocimientos médicos gratuitos y se ofrece asesoramiento a las mujeres embarazadas y los niños de hasta 3 años de edad, centrándose en los grupos de riesgo, especialmente la población romaní.

62. Los mediadores sanitarios forman parte de una política sostenible de probada eficacia. Contribuyen de manera importante a optimizar el alcance de los programas profilácticos entre la población romaní y especialmente entre los niños pequeños. También apoyan la educación y la sensibilización en materia de salud y realizan una activa labor social dentro de la comunidad. En 2018 230 mediadores sanitarios trabajaban en 115 municipios.

63. Los exámenes están precedidos y acompañados de campañas de sensibilización, conferencias y cursos de capacitación para aumentar los conocimientos sanitarios sobre diversos temas. En 2018 se realizaron 2.346 reconocimientos con cuatro unidades ginecológicas móviles. Además, se organizaron 175 campañas de sensibilización (que abarcaron a más de 25.500 personas) para aclarar los beneficios de las inmunizaciones prescritas en el Calendario Nacional de Inmunización. La labor conjunta ha continuado entre los grupos de mayor riesgo en el marco de los programas de prevención y control del VIH, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual entre las comunidades romaníes vulnerables, y de mejora de la sostenibilidad del Programa Nacional de Tuberculosis.

64. Todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico o grupo minoritario, disponen de la misma calidad de agua potable y para uso doméstico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 99,4 % de la población del país está conectada a la red pública de abastecimiento de agua.

65. En la esfera del empleo, el Gobierno lleva a cabo un gran número de actividades para aumentar las posibilidades de empleo de los romaníes desempleados, alentando y motivando su inclusión en diversos programas, proyectos y actividades de capacitación. El personal de mediación motiva a las personas inactivas para que se registren y utilicen los servicios de intermediación de las oficinas de trabajo. En 2018, 43.844 personas desempleadas que se identificaron como romaníes se beneficiaron de diferentes actividades del mercado de trabajo. Se contrató a 79 personas desempleadas como mediadoras laborales. Como resultado de su trabajo en 2018, 5.177 personas económicamente inactivas de origen romaní se registraron en las oficinas de trabajo. En el período comprendido entre enero y julio de 2019, 9.844 personas comenzaron a trabajar en el mercado principal. En el mismo período, 1.168 personas obtuvieron empleo en el marco de programas financiados con cargo al presupuesto del Estado.

66. Para mejorar las condiciones de vivienda, se siguen realizando actividades relacionadas con la compilación de mapas y registros catastrales como base de los planes de desarrollo urbano. Se alienta a las autoridades locales autónomas a aplicar la reglamentación urbana a las zonas residenciales en las que predomina la población romaní y a prever nuevas zonas para la construcción de viviendas. Se utilizan fondos del presupuesto del Estado para compilar mapas y registros catastrales, mejorar la infraestructura técnica existente y crear nueva infraestructura en las zonas en las que viven romaníes.

67. En el marco del Programa Operacional de Regiones en Crecimiento 2014-2020²⁰, se están ejecutando varios proyectos destinados a proporcionar viviendas sociales modernas para el alojamiento de grupos vulnerables, incluidos los romaníes. Entre ellos cabe mencionar la construcción o rehabilitación de más de 500 viviendas; la construcción de refugios; alojamiento temporal o centros de crisis; la mejora de la infraestructura educativa y de vivienda social; y la modernización de la infraestructura social.

La situación penitenciaria; trato durante la reclusión (recomendaciones 88 y 89; 115 y 116)

68. En el marco del proyecto de apoyo a la aplicación de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y las normas y recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (reforma penitenciaria), se ha elaborado un programa de capacitación para nuevos empleados y procedimientos operacionales para la prevención de los malos tratos, la violencia entre reclusos y la corrupción en los establecimientos penales de Bulgaria. Se ha puesto en marcha otro programa de rehabilitación para trabajar con los grupos vulnerables en los establecimientos penales.

69. La Parte II del Programa Nacional para Bulgaria, PHARE BG2004/016-711, que se finalizó en 2018, tenía por objeto optimizar el sistema penitenciario. Prosiguieron las iniciativas firmes para reformar el sistema con cambios legislativos destinados a crear la posibilidad de aplicar normas más flexibles para la asignación inicial y el traslado de reclusos, y la concesión de libertad condicional y recursos compensatorios y preventivos.

70. Un aspecto fundamental de la reforma es la transferencia de más facultades a los directores de prisiones, lo que ha mejorado el funcionamiento del sistema y aumentado la eficacia de la vigilancia. Este proceso se reforzó mediante el otorgamiento de más facultades a los fiscales para participar en todas las etapas de la adopción de decisiones de la administración en los lugares de detención en relación con los derechos individuales o la protección del interés público. Todos los actos de la administración penitenciaria ya están sujetos al control del tribunal administrativo. Tras estas y otras medidas de rehabilitación, en la actualidad hay 6.120 reclusos, y el sistema tiene capacidad para unas 8.500 plazas. A modo de comparación, en 2013 había 9.400 reclusos. Además, hay 862 detenidos, y el país

tiene capacidad de detención para unas 1.235 personas. Según el Consejo de Europa, en los últimos diez años, el número de reclusos en Bulgaria ha disminuido en un 25 %.

71. La Dirección General de Ejecución de Penas²¹ también se benefició del proyecto de introducción de la vigilancia electrónica y los informes previos al juicio en la práctica de la autoridad búlgara de libertad vigilada. La vigilancia electrónica se instituyó en Bulgaria en abril de 2019. El sistema se aplica a las personas sujetas a medidas de libertad condicional, a los reclusos que trabajan en emplazamientos de trabajo externos o a las personas bajo arresto domiciliario. Se adquirieron 250 dispositivos de vigilancia de radiofrecuencia, 50 de estos de seguimiento por satélite.

72. El Programa de Servicios Penitenciarios y Prisión Preventiva recoge propuestas de proyectos destinados a mejorar las condiciones materiales y la salud ambiental de los presos y detenidos, incluidos los de grupos vulnerables; aumentar la capacidad de los agentes de libertad vigilada; y contribuir a la rehabilitación social y la preparación para la liberación de los reclusos.

73. Además, se ha elaborado una estrategia para el desarrollo de la Dirección General de Ejecución de Penas y sus servicios territoriales. Se espera que este documento mejore la dirección y gestión de los establecimientos penales, así como la rehabilitación de los infractores, y que facilite la cooperación y las oportunidades para innovar el funcionamiento de la organización. En el documento se establecen los principios rectores, las prioridades fundamentales y las iniciativas para un período de tres años.

74. Siguen adoptándose medidas para mejorar las condiciones de los establecimientos penales y otros centros de detención. La aplicación del nuevo período de programación del Mecanismo Financiero de Noruega 2014-2021 permitirá la construcción de un nuevo establecimiento carcelario; se repararán cinco establecimientos carcelarios, centros de internamiento y lugares de detención de conformidad con las normas europeas, y se establecerán departamentos de tránsito y un nuevo centro de capacitación de personal.

75. El Ministerio del Interior ha adoptado una serie de medidas de capacitación y sensibilización, con el objeto de impedir el maltrato de los detenidos. Los funcionarios del Ministerio han participado en una reunión de trabajo organizada por el Comité Helsinki de Bulgaria sobre el tema del derecho de acceso a un abogado y a la asistencia letrada durante la detención policial. Además, el Ministerio del Interior aplica un plan de acción para una defensa jurídica eficaz durante la detención preventiva. Se ha distribuido un manual destinado a fomentar entre los agentes de policía el respeto de los derechos procesales de las personas con discapacidad intelectual o psicológica y social.

76. La policía fronteriza del Ministerio del Interior tiene derecho a detener a los extranjeros que hayan cruzado ilegalmente la frontera y se les expide una orden escrita por un período que no excede las 24 horas. Dependiendo de si han solicitado o no protección internacional, las personas son remitidas a las autoridades competentes. Inmediatamente después de la detención, toda persona es informada de sus derechos, su responsabilidad jurídica y su derecho a acceder a la asistencia letrada. Los agentes de policía destacados en la frontera aplican la Guía de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) sobre derechos humanos fundamentales, así como las directrices para la orden de solicitud de protección. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Helsinki de Bulgaria vigilan todas las fronteras y las instalaciones de alojamiento de los detenidos y tienen pleno acceso a las personas detenidas en la zona fronteriza.

Reforma judicial; lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada (recomendaciones 109 a 114; 121 a 124)

77. En 2018 se aplicaron varias medidas eficaces para garantizar la independencia del poder judicial. La práctica para el nombramiento de los altos cargos judiciales establecida en las últimas modificaciones de la Ley del Órgano Judicial respeta la transparencia y la difusión de los procedimientos competitivos. Los datos sobre los candidatos a jefes administrativos están a disposición del público en el sitio web del Consejo Judicial

Supremo²², junto con la biografía, la declaración de la situación patrimonial y el origen de los medios de adquisición de bienes, así como un concepto de su labor como jefes administrativos. Los magistrados y las entidades jurídicas sin fines de lucro, las instituciones de enseñanza superior y las organizaciones científicas, las organizaciones profesionales de jueces, fiscales e investigadores, los colegas, las autoridades y las instituciones pueden presentar al Consejo Judicial Supremo opiniones sobre las cualidades éticas y profesionales de los candidatos. Los candidatos a jefes administrativos de los tribunales son escuchados ante la asamblea general del tribunal respectivo.

78. Las modificaciones recientes de la Ley del Poder Judicial incluyen el fortalecimiento de las facultades de la Inspección del Consejo Judicial Supremo en esferas fundamentales.

La Inspección aprobó normas para la verificación de las declaraciones de bienes de jueces, fiscales e investigadores, y normas para la realización de comprobaciones de integridad, conflictos de intereses, controles de independencia y ética profesional.

79. En febrero de 2019 se inició un proyecto de apoyo a la creación de capacidad de la Inspección del Consejo Judicial Supremo, con el fin de optimizar los procedimientos de control de la integridad de los magistrados. Otros proyectos y programas pertinentes en apoyo del estado de derecho y la independencia del poder judicial son la aplicación en curso de la Estrategia Actualizada para Continuar la Reforma del Poder Judicial; y el Proyecto de Acceso Efectivo a la Justicia. En el marco del Programa de Justicia del Mecanismo Financiero de Noruega, se presta especial atención a los proyectos destinados a:

desarrollar un sistema judicial adaptado a los niños; la sensibilización de los grupos vulnerables en lo que respecta a la prevención y protección contra la violencia doméstica y de género, y contra la discriminación; medidas eficaces para la rehabilitación y la reintegración de las víctimas de la violencia doméstica y el trabajo con los autores, entre otras cosas.

80. En enero de 2018, el Parlamento aprobó una nueva Ley contra la Corrupción y el Decomiso de Bienes Adquiridos Ilícitamente, de conformidad con las recomendaciones de los mecanismos internacionales de vigilancia. Esta Ley permite superar las debilidades derivadas del fragmentado marco normativo en la esfera de la lucha contra la corrupción.

Se estableció una autoridad unitaria de lucha contra la corrupción, la Comisión de Lucha contra la Corrupción e Incautación de Bienes Adquiridos Ilícitamente, que combina las funciones de verificación de las declaraciones de bienes de altos funcionarios públicos y el establecimiento de conflictos de intereses y de bienes adquiridos ilícitamente.

81. Las últimas modificaciones del Código de Procedimiento Penal introducen medidas para garantizar un trabajo de calidad en los casos relacionados con la corrupción de alto nivel. El Tribunal Penal Especializado entenderá ahora de los casos de corrupción relacionados con parlamentarios; miembros del Gobierno y viceministros; presidentes de organismos y comités estatales, miembros del Consejo Judicial Supremo; inspectores de la Inspección del Consejo Judicial Supremo; alcaldes, tenientes de alcalde y presidentes de consejos municipales, entre otros.

82. A fin de introducir en la legislación búlgara un alto grado de transparencia e intercambio de información con fines fiscales respecto de las empresas comerciales que han emitido acciones al portador, en 2018 se aprobaron enmiendas a la Ley de Comercio.

83. En diciembre de 2018, como resultado del Acuerdo entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior, se creó una dependencia interinstitucional especializada para apoyar la investigación de delitos que entraban en el ámbito de competencia del Tribunal Penal Especializado (incluidos los delitos de corrupción y los delitos financieros). Se instituyó un moderno marco de lucha contra la corrupción. Se realizan actividades de detección y seguimiento de capitales y bienes muebles e inmuebles adquiridos mediante delitos de corrupción.

84. Durante el período que abarca el informe, se llevaron a cabo 10 operaciones policiales especializadas para documentar delitos de corrupción y se detuvo a 95 funcionarios. Se registran todas las sospechas de corrupción de las autoridades del Estado que se recibieron en la línea telefónica de emergencia 112 y las personas que llaman reciben información sobre la posibilidad de hacer una presentación en la institución correspondiente.