Distr.
GENERAL
A/HRC/WG.6/5/NZL/1 9 de abril de 2009 ESPAÑOL
Original: INGLÉS
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Quinto período de sesiones
Ginebra, 4 a 15 de mayo de 2009
INFORME NACIONAL PRESENTADO CON ARREGLO AL PÁRRAFO 15 a) DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN 5/1
DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS* Nueva Zelandia
* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.
GE.09-12801 (S) 110509 120509
Asamblea General
INTRODUCCIÓN1
1. Nueva Zelandia tiene una tradición de promoción y protección de los derechos humanos tanto en su territorio como en el extranjero. En 1893 se convirtió en el primer Estado del mundo que concedía el derecho de voto a las mujeres en elecciones nacionales. La fundación de un sistema nacional de derechos humanos en Nueva Zelandia se remonta a 1898, año de la aprobación de la Ley de pensiones de vejez.
2. El Tratado de Waitangi, firmado en 1840 por más de 500 jefes maoríes y los representantes de la Corona Británica, es el documento fundacional de Nueva Zelandia. Es de gran importancia para las relaciones del Gobierno con los maoríes y sigue ejerciendo una poderosa influencia sobre la historia de los derechos humanos en Nueva Zelandia.
3. Nueva Zelandia ha desarrollado una identidad nacional singular en cuanto país diverso, situado en el Pacífico Sur y compuesto por las comunidades europea, maorí, del Pacífico, asiática, africana y americana. Esta diversidad queda plasmada en la composición del Parlamento de Nueva Zelandia y configura nuestra visión del desarrollo de una sociedad integradora.
4. La idea de que toda persona merece disponer de las mismas oportunidades en la vida -"una vida justa"- es un componente importante de la identidad nacional y de la estrategia de derechos humanos de Nueva Zelandia en el plano internacional. A partir de 1945 el país desempeñó un papel destacado en el fortalecimiento de las disposiciones sobre los derechos humanos de la Carta de las Naciones Unidas. En las deliberaciones de 1948 sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, la delegación de Nueva Zelandia abogó por incluir los derechos económicos, sociales y culturales. Argumentó que los gobiernos tenían idénticas responsabilidades en relación con la promoción de estos derechos que con la de los derechos civiles y políticos.
5. Uno de los compromisos esenciales de Nueva Zelandia con los derechos humanos es garantizar el disfrute y el respeto de estos derechos universales en la sociedad neozelandesa.
El presente informe analiza los retos a los que se enfrenta Nueva Zelandia para cumplir sus
obligaciones de derechos humanos, particularmente en el actual contexto de grave crisis económica internacional, que amenaza con frenar el progreso económico y social del país. Se recomienda al Consejo que, al examinar el presente informe, se remita al documento básico de Nueva Zelandia2.
I. METODOLOGÍA Y PROCESO DE CONSULTA
6. De conformidad con los principios3 del EPU, el Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores solicitó las opiniones de los interesados directos y pertinentes al elaborar este informe.
En asociación con la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia y el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores celebró una serie de reuniones en agosto de 2008. Participaron más de 70 organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Tras celebrarse consultas con departamentos y ministerios, a mediados de febrero se publicó el proyecto de informe a fin de recibir los comentarios del público durante un período de cuatro semanas. Durante esta fase de la consulta, se celebró otra serie de reuniones públicas en marzo de 2009, en particular con los maoríes interesados. Dadas las relaciones constitucionales especiales de Nueva Zelandia con las Islas Cook, Niue y Tokelau, los Gobiernos de estos países también tuvieron ocasión de presentar sus observaciones sobre el proyecto de informe.
7. Las partes interesadas expresaron una amplia gama de opiniones sobre la situación de los derechos humanos en Nueva Zelandia. En el marco de un diálogo abierto y constructivo, el sentir generalizado era que, pese a ciertos avances logrados en los últimos años, seguían pendientes ciertas
cuestiones de derechos humanos que sería preciso abordar y que había ámbitos en los que se podía mejorar. En términos generales, las principales cuestiones tratadas durante el proceso de consulta guardaban relación con el marco constitucional de protección de los derechos humanos de Nueva Zelandia y el papel del Tratado de Waitangi; las desigualdades socioeconómicas entre los diversos grupos de la sociedad neozelandesa, particularmente en lo que concerniente a los maoríes; la
discriminación; la violencia; y las repercusiones de la recesión mundial para los neozelandeses y sus derechos. Durante el proceso, algunos interesados expresaron preocupación por el proceso de consultas y el compromiso con la sociedad civil y los maoríes. El Gobierno reconoce esa
preocupación y se compromete a mejorar el proceso de consulta con la sociedad civil con vistas a futuros informes sobre derechos humanos y procesos de seguimiento de las recomendaciones.
II. ANTECEDENTES Y MARCO
8. Nueva Zelandia está situada en el océano Pacífico sudoccidental y consta de dos islas principales -la del Norte y la del Sur- y otras muchas que abarcan una superficie total
de 268.021 km2. La población total de Nueva Zelandia asciende a poco más de 4 millones de personas (censo de 2006). Los neozelandeses de origen étnico europeo representan casi el 68% de los habitantes, frente a un 14,6% de maoríes. Los demás neozelandeses pertenecen a los grupos étnicos asiático (el 9,9%), de las poblaciones del Pacífico (el 6,9%) y a grupos étnicos procedentes de Oriente Medio, América Latina y África (el 1%)4. Fiel reflejo de esta diversidad étnica,
Nueva Zelandia es un país de muchas confesiones, en el que una parte significativa de la población (1,29 millones) no profesa religión alguna. De acuerdo con el censo de 2006, poco más de 2 millones de neozelandeses (el 55,6%) pertenecían a alguna confesión
cristiana, 64.392 profesaban el hinduismo, 52.393 el budismo y 36.072 el islamismo.
A. Alcance de las obligaciones internacionales5
9. Nueva Zelandia es parte en la mayoría de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y la
Convención sobre los Derechos del Niño. En septiembre de 2008 ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
10. Nueva Zelandia es parte en los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño. Firmó el Segundo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño en 2000 y está preparando su ratificación. Respaldó la aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2008 y considerará, en el momento oportuno, su ratificación junto a la del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No es parte en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares6, en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. En septiembre de 2007, el anterior Gobierno no apoyó la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas7. Nueva Zelandia también ha formulado reservas en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño.
11. Nueva Zelandia también es parte en otros instrumentos relacionados con los derechos
humanos, algunos de ellos de las Naciones Unidas, en particular la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y de la Convención sobre la Esclavitud. Ha ratificado
diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, y es parte en la mayoría de los
instrumentos de derecho internacional humanitario. Es parte asimismo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y pasó a ser parte en la Convención para reducir los casos de apatridia en septiembre de 20068.
12. Nueva Zelandia es miembro del Commonwealth, que asume un sólido compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos. Como miembro fundador del Foro de las Islas del Pacífico, Nueva Zelandia contribuye a fortalecer la diversidad cultural y los derechos humanos en la región.
B. Marco constitucional y legislativo9
13. Las normas constitucionales de Nueva Zelandia han evolucionado a lo largo de muchos años y se hacen cada vez más eco del Tratado de Waitangi, documento fundacional de la moderna Nueva Zelandia. Como señalaron el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en 2005 y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en 2007, el Tratado no formaba oficialmente parte de la legislación nacional de Nueva Zelandia. Se han incorporado referencias al Tratado y a sus
principios en diferentes disposiciones legislativas. Durante la preparación del presente informe los maoríes mostraron mucho interés en que los acuerdos constitucionales hicieran mayor hincapié en el Tratado. El Gobierno establecerá (a principios de 2010 a más tardar) un grupo encargado de examinar cuestiones constitucionales, que contará con representación maorí.
14. El marco constitucional de Nueva Zelandia también establece el sistema de gobierno democrático y parlamentario del país. La doctrina de la separación de poderes exige mantener la mutua independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a fin de crear mecanismos de control y contrapeso dentro del sistema y garantizar la rendición de cuentas y la imparcialidad.
También las disposiciones constitucionales de Nueva Zelandia se basan en el estado de derecho.
Las facultades que ejercen los parlamentarios y funcionarios tienen fundamento jurídico y la ley debe ajustarse a ciertas normas mínimas de justicia.
15. El poder judicial controla al poder ejecutivo cerciorándose de que éste actúe de conformidad con las leyes elaboradas por el Parlamento y el common law (o derecho casuístico, derivado de los principios fundamentales del derecho y la interpretación de la ley escrita). Sin embargo, los
tribunales no pueden revocar las disposiciones de ninguna ley parlamentaria (pero sí pueden revocar leyes secundarias que sean incompatibles con las disposiciones de alguna ley parlamentaria).
La independencia del poder judicial es un principio importante de la Constitución de Nueva Zelandia y el poder judicial se caracteriza por estar libre de injerencias políticas.
16. Las primeras elecciones parlamentarias de Nueva Zelandia se celebraron en 1853 y el sufragio universal se adoptó a finales del siglo XIX. En virtud de la Ley electoral de 1993, Nueva Zelandia se rige actualmente por un sistema electoral de representación proporcional mixta, en el que los electores disponen de un voto por partido y de un voto por circunscripción electoral.
De conformidad con el sistema de representación proporcional mixta, el Parlamento cuenta normalmente con 120 miembros (diputados). En 1867 se crearon cuatro escaños reservados a los maoríes para garantizar su representación en el Parlamento. Desde 1996 se establece el número de escaños maoríes en función del número de personas que figuran en el padrón electoral maorí;
en la actualidad hay siete escaños maoríes. En las elecciones generales, los maoríes tienen la opción de inscribirse en un padrón maorí o en uno general. Después de las elecciones generales de 2008, 20 diputados se identifican como maoríes (el 16% de los 122 diputados del Parlamento), 5 como personas de ascendencia étnica del Pacífico y 6 como personas de origen asiático10. El Parlamento actual cuenta, además, con 41 diputadas (el 34% de los 122 diputados del Parlamento).
17. Además del inglés, los idiomas oficiales del Parlamento neozelandés son el maorí (desde 1987) y el lenguaje de signos neozelandés (desde 2006).
1. Relaciones con las Islas Cook, Niue y Tokelau
18. Nueva Zelandia mantiene relaciones constitucionales especiales con las Islas Cook, Niue y Tokelau (véase el anexo al presente informe). Las Islas Cook so convirtieron en territorio
autónomo en libre asociación con Nueva Zelandia en 1965 y Niue hizo lo propio en 1974. Ambos países promulgan sus propias leyes y pasan a formar parte en tratados, entre ellos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las Islas Cook son parte en la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, su Protocolo Facultativo y la Convención sobre los Derechos del Niño11. Niue es parte en la Convención sobre los Derechos del Niño. Son responsables del cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos
humanos. Desde 1988 se considera que, salvo expresa indicación en contrario, no se hacen
extensivos a las Islas Cook y Niue los tratados en los que haya pasado a ser parte Nueva Zelandia.
Antes de 1988, las medidas adoptadas por Nueva Zelandia en relación con los tratados dieron lugar a que se hiciera extensiva a las Islas Cook y Niue la aplicación de una serie de instrumentos de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su primer Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (únicamente en el caso de Niue).
2. Incorporación de los tratados internacionales
19. Para que un acuerdo internacional surta efectos en Nueva Zelandia, sus disposiciones deben quedar recogidas en la legislación vigente o en nuevas leyes que apruebe el Parlamento. Antes de que Nueva Zelandia pase a ser parte en un instrumento internacional de derechos humanos, el Gobierno evalúa la legislación, la política y las prácticas internas a fin de determinar qué nuevas leyes o modificaciones de la legislación vigente puede requerir la plena y efectiva aplicación del acuerdo en Nueva Zelandia. En lo que respecta a la interpretación de las disposiciones legislativas, las obligaciones internacionales de derechos humanos del país también influyen en la jurisprudencia de los tribunales neozelandeses.
3. La legislación en materia de derechos humanos
20. Una serie de mecanismos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados y la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia han expresado preocupación porque Nueva Zelandia carezca de una Constitución que proteja amplia y firmemente los derechos humanos. También han subrayado la falta de protección legislativa de ciertos derechos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado preocupación ante la posibilidad de que se promulguen leyes incompatibles con las disposiciones de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990.
a) La Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990
21. La Carta de Derechos se promulgó con el fin de consagrar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nueva Zelandia y de reafirmar la adhesión del país al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Fiscal General está obligado a señalar a la atención del Parlamento cualquier disposición de un proyecto de ley que parezca incompatible con alguno de los derechos o libertades enunciados en la Carta de Derechos. El Tribunal de Apelación también ha sostenido que las violaciones de los derechos y libertades consagrados en la Carta de Derechos pueden motivar acciones contra la Corona por daños y perjuicios.
b) La Ley de derechos humanos de 1993
22. La Ley de derechos humanos de 1993 prohíbe la discriminación en Nueva Zelandia.
Establece 13 motivos de discriminación prohibidos: el sexo, el estado civil, las creencias religiosas, los valores éticos, el color, la raza, el origen nacional o étnico, las discapacidades (incluida la presencia de organismos patógenos en el cuerpo), la edad, la opinión política, el empleo, la
situación familiar y la orientación sexual. Las disposiciones sobre la discriminación por motivos de edad se refieren a personas mayores de 16 años.
23. La Ley de enmienda sobre derechos humanos de 2001 introdujo cambios significativos, como el hecho de que la actuación del Gobierno (excepto en lo concerniente al empleo y al hostigamiento y a la victimización sexual o racial, asuntos éstos sujetos a las disposiciones generales de la parte 2 de la ley) pasara a regirse por la norma de la no discriminación del apartado 1 del artículo 19 de la Carta de Derechos; la reforma institucional de la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia, que elaboraría un plan nacional de acción para los derechos humanos en el país; la
creación de una oficina independiente de actuaciones en materia de derechos humanos encargada de los casos de discriminación y dotada de financiación pública; y el hecho de facultar al Tribunal de Examen de los Derechos Humanos para declarar incompatibles las leyes discriminatorias.
4. Recursos, indemnización y rehabilitación
24. Los ciudadanos que consideren que se ha violado alguno de los derechos que les reconoce la Carta de Derechos pueden interponer una denuncia contra el Estado. Existen diversas formas de reparar esas violaciones, como las indemnizaciones por daños y perjuicios y la exclusión de las pruebas obtenidas en violación de un derecho garantizado en la Carta de Derechos de Nueva Zelandia. Los tribunales neozelandeses también pueden suspender las actuaciones si se produce una demora tal que constituya una infracción del apartado b) del artículo 25 de la Carta de Derechos de Nueva Zelandia (el derecho a ser juzgado sin demoras indebidas).
25. Como se ha señalado, toda persona puede asimismo presentar denuncias de discriminación ilícita en virtud de la Ley de derechos humanos mediante el mecanismo de denuncias de la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia. Si el proceso de solución de controversias fracasa o resulta inadecuado, los denunciantes pueden llevar su caso ante el Tribunal de Examen de los Derechos Humanos para que se pronuncie al respecto. El Director de la Oficina de actuaciones en materia de derechos humanos, creada en enero de 2002, representa gratuitamente a personas que reúnan ciertos requisitos y que hayan denunciado violaciones de la Ley de derechos humanos de 1993 con el fin de que puedan llevar sus casos ante el Tribunal de Examen de los Derechos Humanos. Desde 1980, este tribunal ha registrado 773 reclamaciones12.
C. Estructura institucional y de derechos humanos 1. La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia13
26. La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia se estableció en septiembre de 1978.
Se trata de una institución nacional independiente de derechos humanos acreditada por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos con la categoría
"A". El mandato legal de la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia dimana de la Ley de derechos humanos de 1993. Presenta una amplia gama de funciones y competencias, entre ellas:
a) Defender y promover el respeto de los derechos humanos en la sociedad neozelandesa, así como la comprensión y el aprecio por tales derechos, y
b) Alentar a que los particulares y diversos grupos de la sociedad neozelandesa mantengan y desarrollen relaciones armoniosas entre sí.
27. La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia también tiene el mandato de
contribuir a resolver controversias relacionadas con la discriminación ilícita y organiza actividades educativas sobre los derechos humanos para un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil y de los sectores público y privado. La Comisión cuenta con oficinas en tres grandes ciudades de Nueva Zelandia.
2. La Oficina del Ombudsman
28. El Ombudsman es un investigador independiente que indaga las quejas suscitadas por actos administrativos y decisiones de los organismos gubernamentales a nivel central y local. También desempeña una importante labor en la investigación de quejas relacionadas con las decisiones tomadas por los ministros y los organismos gubernamentales a nivel central y local en materia de solicitudes de información oficial, de conformidad con la Ley de información oficial de 1982.
3. El Comisionado de Protección de la Vida Privada
29. El Comisionado de Protección de la Vida Privada fue creado en 1993. Entre otras muchas funciones, investiga denuncias de violaciones de la intimidad y gestiona programas educativos.
También examina proyectos de ley y sus posibles repercusiones para la intimidad de las personas.
4. El Comisionado de la Infancia
30. El Comisionado de la Infancia fue creado en 1989 para velar por el bienestar de todos los niños y jóvenes de hasta 18 años de edad, lo cual incluye promover su participación en los procesos de toma de decisiones, sensibilizar acerca de los intereses, derechos y bienestar de los niños, y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en los organismos y entidades gubernamentales.
5. La Comisión de las Familias
31. La Comisión de las Familias se creó en 2003 para dar voz a las familias de Nueva Zelandia y fomentar una mejor comprensión de las cuestiones y necesidades familiares entre los organismos gubernamentales y en la comunidad en general. La ley define el concepto de familia como grupo de dos o más personas que viven juntas. Esta definición amplia garantiza que la Comisión vele por los intereses de todas familias, con independencia de su estado civil, sexo o circunstancias.
6. El Comisionado de Salud y Discapacidades
32. El Comisionado de Salud y Discapacidades, creado en octubre de 1994, es responsable de promover y proteger los derechos de los usuarios de los servicios de salud o servicios para
discapacitados, así como de resolver las denuncias. Esos derechos quedan recogidos en el Código de Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud y los Servicios para Discapacitados. Todos los centros de atención de la salud y los servicios para discapacitados están obligados a protegerlos.
El Director de la Oficina de actuaciones en materia de derechos humanos o, en determinadas circunstancias, la persona agraviada, pueden presentar denuncias por incumplimiento del Código al Tribunal de Examen de los Derechos Humanos.
7. La Dirección independiente de control de la acción policial
33. En virtud de la Ley de la Dirección de control de la acción policial de 1998, la Dirección de control de la acción policial es un órgano de supervisión independiente de carácter civil dedicado a los casos de mala conducta o incumplimiento del deber de la policía. También investiga casos de muerte o lesiones corporales graves ocasionados en el transcurso de acciones policiales e investiga las denuncias de faltas graves de conducta que le remite el Comisionado de Policía. La Dirección actúa con independencia de la policía.
D. Medidas de política
34. El poder ejecutivo (el Gobierno de Nueva Zelandia) exige que en todos los documentos sobre los que haya de adoptar una decisión el Gabinete figure una declaración sobre sus repercusiones sobre los derechos humanos y sobre su compatibilidad con la Carta de Derechos de Nueva Zelandia y la Ley de derechos humanos de 1993. También se exige que los documentos pertinentes del Gobierno incluyan una declaración acerca de las repercusiones sobre las cuestiones de género y una perspectiva de discapacidad.
III. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos
35. Nueva Zelandia coopera con los órganos creados en virtud de tratados y los procedimientos especiales y apoya la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En lo que respecta a los informes elaborados para los órganos creados en virtud de tratados, Nueva Zelandia está al día, tras la reciente presentación del tercer informe periódico de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nueva Zelandia mantiene una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, invitación sin restricciones que seguirá en pie. El Gobierno estudiará el modo de mejorar sus respuestas a los cuestionarios enviados por los procedimientos especiales. Nueva Zelandia seguirá haciendo contribuciones financieras periódicas de uso general al ACNUDH.
B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos 1. Igualdad y no discriminación
a) Los maoríes
36. Los maoríes representan aproximadamente el 15% de la población (censo de 2006).
La población maorí sigue creciendo y es relativamente joven, con un 53% de personas menores
de 25 años en 2006. En 2026, el 19% de la población de neozelandesa de entre 15 y 39 años se considerará maorí14.
37. A pesar de las recientes mejoras de su situación socioeconómica, los maoríes siguen sufriendo desigualdades en los ámbitos de la educación, la salud, el empleo y los ingresos. En 2007,
el 10,1 % de los estudiantes maoríes abandonaron la escuela con una tasa de rendimiento nula o muy baja, en contraste con el 3,5% de los neozelandeses de ascendencia europea, lo cual supuso una mejora con respecto a años anteriores. En el año terminado en diciembre de 2007 apenas el 9%
de los maoríes había obtenido un título de enseñanza terciaria equivalente o superior a la
licenciatura, frente al 22% de los neozelandeses de ascendencia europea. Entre 2000 y 2002 (el período más reciente del que se dispone de datos), la esperanza de vida las mujeres maoríes era de 73,2 años, es decir 8,7 años por debajo de la media de las mujeres no maoríes (81,9 años), mientras que la esperanza de vida de los hombres maoríes era de 69 años, o sea 8,2 años menor que la de los varones no maoríes (77,2 años). Los maoríes tienen más probabilidades de estar
desempleados que los neozelandeses de ascendencia europea y ganan menos15.
38. El Gobierno reconoce que combatir las desigualdades que sufren los maoríes es fundamental para el futuro de Nueva Zelandia y está adoptando medidas inmediatas para atajar las repercusiones de la crisis económica sobre la población maorí. El Ministro de Asuntos Maoríes convocó una cumbre económica maorí en enero de 2009 y dirige un grupo de tareas ministerial sobre asuntos maoríes y desarrollo económico.
39. El Gobierno también está trabajando para desarrollar y aplicar la iniciativa sobre el potencial maorí en todo el sector público. El Te Puni Kokiri (el Ministerio de Desarrollo Maorí) lidera esta labor en cooperación con otros departamentos gubernamentales y grupos comunitarios. Con esta iniciativa se aspira a orientar el desarrollo y puesta en práctica de una política pública que dimane y se haga eco de las capacidades y aspiraciones de los maoríes. Así, el Gobierno aplica una estrategia educativa específica en el caso de los maoríes, concebida para que las prácticas del Gobierno, las escuelas y los maestros se concentren en mejorar el rendimiento de los alumnos maoríes, basándose en experiencias prácticas.
b) Las mujeres
40. Los sistemas internacionales de medición de la paridad entre los sexos16 clasifican a Nueva Zelandia en posiciones elevadas, pero sigue habiendo retos pendientes, entre ellos: cómo valorar la sustancial contribución del trabajo no remunerado de las mujeres; contrarrestar la posible
infravaloración de los trabajos en los que predominan las mujeres; reducir la violencia contra la mujer; y garantizar a las mujeres el acceso en condiciones de igualdad a aquellos sectores laborales en los que siguen estando poco representadas17. El índice de participación de las mujeres en el mercado laboral es inferior al de los hombres18. También trabajan más a menudo a tiempo parcial y ganan menos que ellos19. Están insuficientemente representadas en puestos de dirección y
gobernanza, tanto en el sector público como en el privado20. También están insuficientemente representadas en las administraciones locales, en puestos jurídicos y judiciales, en los medios de comunicación y en el ámbito de la ciencia21.
41. El Ministerio de la Mujer es un organismo gubernamental consagrado a la mejora de las condiciones de las mujeres neozelandesas. Con objeto de aumentar la presencia de mujeres en los cargos directivos del sector público, el Ministerio de la Mujer administra una base de datos de mujeres calificadas y designa a candidatas idóneas cuando aparecen vacantes. Si bien se han registrado mejoras en la participación de las mujeres maoríes y del Pacífico en la esfera del empleo remunerado, así como en sus niveles de ingresos, siguen ganando menos que las mujeres de origen
europeo22 y es más común que realicen trabajos menos calificados y asociados a peores salarios23. Se ha avanzado lentamente hacia la reducción de la brecha salarial entre los sexos, que ronda el 12 %, con una mejora media del 0,45% anual durante el pasado decenio24.
42. En el marco del Plan de Acción en favor de la equidad de remuneración y en el empleo, todos los departamentos gubernamentales, la salud pública, las escuelas públicas y los jardines de infancia han preparado exámenes (auditorías) y planes de respuesta de equidad salarial y laboral. Ciertos centros de enseñanza superior, entidades públicas y organizaciones públicas locales están llevando a cabo exámenes. Gracias a éstos, se han puesto en marcha dos estudios sobre los salarios para los grupos de empleos predominantemente femeninos de la asistencia social y el apoyo escolar.
En marzo de 2009, el Gobierno decidió suspender la financiación de ambos estudios, debido a la presión económica y fiscal. Sin embargo, se sigue exigiendo a los jefes ejecutivos del sector público que velen por que las cuestiones de la justicia natural, los derechos humanos y la
desigualdad se sigan tratando en el marco de las buenas prácticas de gestión y de las características del buen empleador.
43. El Gobierno ha adoptado medidas de asistencia familiar para contribuir a mejorar los ingresos de los hogares e incentivar a los progenitores, incluidos los que no viven en pareja, mujeres en su mayoría, a conseguir empleos remunerados. Entre los incentivos figuran créditos fiscales y subsidios de alojamiento y de cuidado de los hijos. El régimen nacional de licencia parental prevé 14 semanas de licencia remunerada, sujeta a un período mínimo de seis meses trabajados.
Conforme a la legislación vigente, los empleados con responsabilidades familiares pueden buscar fórmulas laborales flexibles.
44. Los indicadores generales de salud de las mujeres son mejores que los de los hombres.
También los servicios de salud preventiva para la mujer han mejorado gracias a las vacunas gratuitas contra la causa de la mayoría de cánceres cervicales para las niñas y muchachas de entre 12 y 18 años y a las pruebas de detección del cáncer de mama para las mujeres de entre 45 y 69 años. Un estudio independiente llevado a cabo por el Comité de Examen de la Mortalidad Perinatal y Materna ha reconocido la necesidad de realizar informes más exhaustivos sobre este tipo de muertes, que no recojan únicamente las muertes maternas "directas" sino también las muertes
"indirectas", en particular cuando guarden relación con operaciones quirúrgicas, enfermedades psiquiátricas y violencia familiar. El estudio también destacaba la necesidad de apoyar de forma constante la realización de informes nacionales sobre muertes maternas, de identificar a las mujeres en situaciones de riesgo ligadas a problemas de salud mental y de analizar pormenorizadamente las tasas, más elevadas, de muertes fetales y neonatales entre las mujeres maoríes y del Pacífico.
c) Las personas con discapacidad
45. El Gobierno reconoce las dificultades de las personas con discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación y la salud en Nueva Zelandia. Se estima que unas 660.300 personas, es decir, el 17% de la población neozelandesa, declararon sufrir algún tipo de deficiencia en 200625.
46. En los últimos 15 años, Nueva Zelandia ha realizado progresos en relación con los derechos de las personas con discapacidad, lo que ha entrañado velar por su acceso, en condiciones de igualdad, a los derechos, condiciones y prestaciones laborales; exigir la creación de accesos para discapacitados en todos los edificios reformados abiertos al público; y reconocer como idioma oficial el lenguaje de signos neozelandés. En Nueva Zelandia, hay un ministro del Gobierno especialmente encargado de las cuestiones de discapacidad y una Oficina de cuestiones de
discapacidad. Esta última promueve y supervisa la aplicación de la Estrategia sobre la discapacidad
y el Ministro de Cuestiones de Discapacidad informa anualmente al Parlamento sobre los progresos realizados.
47. El Comité de Servicios Sociales del Parlamento llevó a cabo en 2008 una investigación sobre la calidad de la atención y los servicios prestados a las personas con discapacidad. En su respuesta a la investigación, el Gobierno admite la posibilidad de introducir mejoras en materia de dirección y en los servicios de primera necesidad para las personas con discapacidad; en materia de promoción y en los servicios de presentación de denuncias, así como en relación con el empoderamiento de las personas con discapacidad, que les permitiría hacer valer su opinión sobre sus servicios de apoyo personal. El Gobierno se ha comprometido a poner en marcha un programa de trabajo para tratar muchas de las preocupaciones del Comité de Servicios Sociales y establecerá un Comité ministerial sobre cuestiones de discapacidad a fin de agilizar la colaboración a nivel de los ministerios.
48. La discriminación y la estigmatización son aún escollos importantes para la recuperación de las personas con enfermedades mentales. La campaña Like Minds, Like Mine se propone
desde 1997 mejorar la concienciación, la comprensión y la aceptación públicas en torno a las enfermedades mentales. En los tres últimos años, también se ha puesto en marcha una iniciativa para reducir los efectos de la depresión en la vida de los neozelandeses mediante el diagnóstico precoz, la aplicación de tratamientos adecuados y la recuperación.
49. El Ministro de Salud ha aprobado un programa de trabajo para determinar posibles mejoras de la capacidad de respuesta y la eficacia del sistema de atención primaria de la salud en relación con las personas con discapacidad mental.
d) Las personas de edad
50. A finales de diciembre de 2006, la población mayor de 65 años de Nueva Zelandia ascendía a 519.940 personas, es decir, el 12% de la población total. Las proyecciones indican que la población de edad seguirá creciendo y se duplicará hasta superar el millón de personas en 202826. Los posibles riesgos que pesan sobre las personas de edad son las actitudes, la discriminación laboral, los ingresos más bajos que en el caso de los grupos de edad de entre 15 y 64 años, las dificultades materiales, la mala salud, los malos tratos, el abandono, el aislamiento y la soledad.
51. El Gobierno está atendiendo los problemas ligados al envejecimiento y se ha comprometido a reafirmar el valor de las personas mayores para la sociedad. La Oficina encargada de los
ciudadanos mayores se encarga de supervisar desde el Gobierno la Estrategia sobre el
envejecimiento positivo. Nueva Zelandia también mantiene un completo sistema de pensiones de financiación pública. El sistema universal de jubilación neozelandés no está condicionado ni al nivel de ingresos ni al de activos.
e) La orientación sexual
52. Nueva Zelandia despenalizó la homosexualidad en 1986. La Ley de derechos humanos de 1993 menciona la orientación sexual entre los motivos de discriminación prohibidos. La Ley de uniones civiles de 2004 permite formalizar uniones civiles entre personas del mismo sexo. A raíz de diversos cambios introducidos por la Ley de relaciones (referencias legales) de 2005, las parejas del mismo sexo reciben idéntico tratamiento que las parejas de distinto sexo, casadas o unidas de hecho, cuando solicitan prestaciones de la seguridad social y gozan de muchos de los derechos de las parejas casadas. La ley neozelandesa no permite la adopción a las parejas del mismo sexo.
53. La Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia publicó en 2008 el informe del
estudio sobre la discriminación de las personas transgénero bajo el título To be Who I am [Ser quien soy]. El Gobierno está preparando su respuesta a las recomendaciones del informe.
2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas a) La violencia en la familia
54. La violencia familiar condiciona las vidas de miles de personas en Nueva Zelandia.
Las investigaciones llevadas a cabo sobre esta cuestión nos indican que los hombres son responsables de dos tercios de las muertes de los niños de hasta 14 años de edad en el país.
Las víctimas más frecuentes de los casos más graves y mortales de la violencia familiar son
mayoritariamente mujeres y niños. La violencia en la familia es un problema que se da en todos los niveles culturales, clases, entornos o circunstancias socioeconómicas. Sin embargo, afecta a una proporción significativamente mayor de maoríes, tanto en condición de víctimas como de autores de la violencia. También sigue siendo un problema la violencia experimentada por gays, lesbianas y personas transgénero en sus relaciones familiares y de otra índole.
55. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ya ha reconocido la dificultad de obtener protección en virtud de la Ley sobre la violencia en el hogar. En el marco del sistema de asistencia jurídica financiado por el Estado, que ofrece representación jurídica a las personas que no pueden costearla tanto en casos civiles/familiares como en casos penales, las solicitudes de órdenes de protección son "gratuitas" (es decir que no se exige el reembolso, salvo en circunstancias
excepcionales, de conformidad con el apartado 2 del artículo 16 de la Ley de servicios jurídicos de 2000). En noviembre de 2008, se modificaron los requisitos exigidos para la obtención de asistencia jurídica con objeto de que pudiera solicitarla un número mayor de personas.
56. El Gobierno presentó recientemente el proyecto de ley sobre la violencia en el hogar (mejora de la seguridad). Su objetivo es dotar a la policía y a los tribunales penales de herramientas más eficaces a fin de que puedan brindar protección inmediata a las víctimas de la violencia en el hogar y ponerlas a salvo de nuevos actos violentos. El proyecto de ley facultará a la policía para emitir al instante órdenes de protección destinadas a preservar de forma inmediata la seguridad de las víctimas, alejando a la persona supuestamente violenta de su hogar durante un período de hasta cinco días. Otras disposiciones del proyecto de ley permitirán que los tribunales penales consideren dictar una orden de protección de la víctima al condenar a una persona por un "delito de violencia en el hogar".
57. La elevada tasa de incidencia de la violencia familiar en Nueva Zelandia se debe en parte a la labor emprendida para alentar a las víctimas a notificar este tipo de incidentes y denunciar el problema a fin de erradicarlo. Se han llevado a cabo actividades de sensibilización en el marco de la campaña mediática It's not OK [No está bien]. Esta campaña promueve el mensaje de que la violencia en la familia no está bien y que lo que sí está bien es pedir ayuda, y se propone modificar la actitud y el comportamiento de la gente en relación con ese tipo de violencia.
58. En los últimos años se han creado cinco nuevos tribunales de violencia en la familia (lo que eleva su número total a siete) y en abril de 2009 se les facilitarán fondos para la contratación de ocho abogados destinados a las víctimas.
59. Se ha establecido un Equipo de trabajo sobre la violencia sexual, en el que participan
organismos gubernamentales comunitarios para dirigir y coordinar los servicios de reducción de la incidencia y las repercusiones de la violencia sexual. El Equipo de trabajo presentará un informe al
Gobierno en julio de 2009, con recomendaciones para mejorar las políticas, los procedimientos y la prestación de servicios en el futuro.
60. Además, Nueva Zelandia cuenta con una política de inmigración para las víctimas de la violencia en el hogar. Ésta reconoce la situación de vulnerabilidad de los migrantes víctimas de la violencia en el hogar perpetrada por sus parejas neozelandesas. Su objetivo es ofrecer ayuda a los migrantes que sufren abusos, así como la posibilidad de conseguir un permiso de residencia permanente en caso de riesgo de discriminación indebida o de dificultades derivadas de la ruptura de su relación y el subsiguiente regreso a su país de origen.
61. Aunque los programas gubernamentales sobre la violencia familiar han tenido cierto éxito, es preciso reorientar algunas de estas iniciativas a fin de enfocar mejor las circunstancias de los grupos, entre ellos el maorí. Los grupos comunitarios y de voluntarios maoríes también
desempeñan un importante papel en la reducción de la violencia familiar y sus consecuencias en la comunidad.
62. El Comité de los Derechos del Niño expresó anteriormente su preocupación por el hecho de que el artículo 59 de la Ley penal de 1961 autorizara a padres o cuidadores a recurrir a la fuerza física como instrumento para corregir el comportamiento de los niños, a condición de que la fuerza usada resultara razonable en las circunstancias del caso. En junio de 2007 se derogó el artículo 59 de la Ley penal de 1961 y se lo sustituyó por una nueva disposición que niega justificación alguna al recurso a la fuerza con fines disciplinarios. Nueva Zelandia se convirtió así en el 18º país del mundo que prohibía el uso de la fuerza contra los niños. En 2009 se celebrará un referéndum sobre el uso de la fuerza física con fines disciplinarios.
63. El Gobierno también ha tomado medidas para mejorar el rendimiento del organismo estatal conocido como Infancia, juventud y familia, encargado de atender, proteger y prestar servicios de justicia juvenil a niños y jóvenes en Nueva Zelandia.
64. Aunque los programas estatales han abordado el problema, a muchos niños y padres de familia le sigue preocupando el fenómeno de la intimidación tanto en la escuela como en la comunidad en general. Preocupa que haya tanta intimidación y tan poca intervención.
b) Los derechos de las víctimas
65. En diciembre de 2007, una comisión parlamentaria llevó a cabo una investigación sobre los derechos de las víctimas y concluyó que, si bien se había hecho mucho para fortalecer tales derechos y prestar servicios de apoyo, por ejemplo con la Ley sobre los derechos de las víctimas de 2002 y la creación de tribunales de violencia en la familia, había que seguir mejorando una serie de aspectos. Entre las actuales prioridades del Gobierno figura la creación de un régimen especial de indemnización para las víctimas; la Ley de condenas constituye un primer paso en esa dirección.
También se está trabajando en la reforma de la Ley sobre los derechos de las víctimas de 2002 con el objeto de fortalecer tales derechos y el acceso de las víctimas a los servicios, lo que supondrá reformar el sistema de notificación a las víctimas a fin de agilizar la notificación de hechos relacionados con el autor del delito (por ejemplo, si éste se fuga del centro penitenciario o tiene derecho a la libertad condicional).
3. Derecho a la libertad de opinión y de expresión
66. La Carta de Derechos y la Ley de derechos humanos de 1993 amparan el derecho a la libertad de opinión y de expresión. A pesar de proteger ese derecho, las leyes en cuestión también fijan
responsabilidades, de modo que es ilegal, por ejemplo, usar palabras amenazadoras, abusivas o insultantes u otras expresiones para azuzar la hostilidad racial contra cualquier grupo de personas, ya sea en razón de su color, raza u orígenes étnicos o nacionales. La Ley de derechos humanos también establece el delito de incitación a la discordia racial. Aunque estas leyes han tenido una influencia positiva en el poder legislativo, el poder judicial y la opinión pública, la cuestión del equilibrio entre el derecho y las responsabilidades sigue suscitando ciertas tensiones. Se necesita educación continua, así como más sensibilización en relación con los diversos mecanismos de denuncia disponibles.
4. Derecho a la libertad de religión o creencias
67. La Carta de Derechos de Nueva Zelandia y la Ley de derechos humanos de 1993 amparan el derecho a la libertad de religión o creencias. Como ya se ha dicho, Nueva Zelandia es un Estado laico, sin religión oficial, en el que las instituciones democráticas y las religiosas están separadas.
Las cuestiones ligadas a la religión y las creencias se consideran propias del ámbito privado y no del público. No hay restricciones legales que se refieran específicamente a grupos religiosos y si bien Nueva Zelandia es muy tolerante ante la diversidad religiosa, de vez en cuando se producen incidentes de intolerancia, hostigamiento y malos tratos por motivos religiosos. En el año anterior a junio de 2008, el 5% de las denuncias recibidas por la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia atañían a las creencias religiosas o éticas.
5. Administración de justicia y estado de derecho a) El acceso a la justicia
68. En Nueva Zelandia se ha reforzado el acceso a la justicia mediante diversas medidas encaminadas a ofrecer asistencia letrada. El Organismo de servicios jurídicos administra la asistencia jurídica y asigna fondos a los centros jurídicos comunitarios, que proporcionan información jurídica y disponen de abogados para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito.
El Gobierno acaba de anunciar que reformará el sistema de asistencia letrada. Las oficinas de asesoramiento al ciudadano ayudan y apoyan a las personas con problemas jurídicos.
69. La Ley de enmienda de los servicios jurídicos entró en vigor en 2007 y modificó los
requisitos económicos exigidos para elevar el número de personas con derecho a esos servicios, que pasó de 765.000 a una cifra estimada de 1,2 millones. Esta medida beneficiará en especial a las mujeres en el marco del derecho de familia y mejorará el acceso a la justicia de los maoríes.
b) Los servicios penitenciarios
70. La conducta de los funcionarios y empleados de los centros penitenciarios de Nueva Zelandia, es decir, de cualquier prisión o cárcel, está sujeta a las disposiciones de la Ley de administración penitenciaria de 2004 y del Reglamento de administración penitenciaria de 2005, que han incorporado una visión moderna de la administración penitenciaria. Los derechos que la ley reconoce a los reclusos son compatibles con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y se dispone de un completo sistema de presentación de denuncias.
71. La edad máxima de permanencia de los niños de corta edad junto a sus madres reclusas se elevó de 6 meses a 2 años, en virtud de la Ley de enmienda de los servicios penitenciarios (madres y niños de corta edad) de 2008. Su colocación debe atender el interés superior del niño y propiciar la vinculación afectiva, la alimentación, la continuidad en la atención y el acceso a programas de
formación materna. La reforma se aplicará en cuanto se disponga de instalaciones adecuadas para albergar a los niños de más edad.
72. Nueva Zelandia está revisando sus prácticas en materia de separación de niños y adultos en los centros de reclusión en el marco del examen de su reserva al apartado c) del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nueva Zelandia cumple el apartado c) del artículo 37 sobre la obligación de separación por edades en los centros penitenciarios. La Administración Penitenciaria creó en 2005 cuatro secciones juveniles especiales en prisiones masculinas con objeto de habilitar suficientes camas para acoger a los delincuentes juveniles en zonas separadas. También se mantiene separadas a las menores de 18 años de las reclusas mayores de esa edad, a menos que ello se considere contrario a su interés superior. La creación de una sección juvenil femenina es inviable dado el bajo número de reclusas menores de 18 años (que normalmente no llega a cinco).
Asimismo, se llevó a cabo un "test de determinación del interés superior del menor" para permitir que convivieran personas vulnerables de entre 18 y 19 años con menores de 18, cuando ello redundara en el interés superior de los menores de 18 años y de las personas vulnerables de 18 y 19 años.
73. Hay que seguir trabajando para garantizar que los centros de detención, en particular los calabozos de los juzgados, y el transporte de menores de 18 años por la policía cumplan plenamente el apartado c) del artículo 37. Por lo general, los presos de hasta 17 años permanecen separados de los adultos cuando son transportados o confinados en calabozos judiciales. No siempre es posible debido a las limitaciones de los centros de detención, especialmente en juzgados pequeños de zonas remotas. Se ha elaborado un protocolo interinstitucional para limitar los casos en los que se
transporta juntos a reclusos de edades distintas.
74. A pesar de las iniciativas emprendidas por el Gobierno a lo largo de varios años, los maoríes siguen estando desproporcionadamente representados en las estadísticas de la justicia penal.
Hay indicios de que los maoríes sufren consecuencias más duras por cualquier delito del que se les acuse o que hayan cometido, lo cual explica el elevado número de maoríes dentro del sistema penal;
y de que una serie de factores sociales y ambientales adversos exponen a los maoríes, desde edades tempranas, a un mayor riesgo de comportamientos delictivos en la edad adulta. En abril de 2009 se celebrará una cumbre sobre los factores de la delincuencia, organizada conjuntamente por los Ministros de Justicia y de Asuntos Maoríes, para debatir y proponer el camino a seguir en relación con estos problemas.
c) La justicia de menores y la delincuencia juvenil
75. Nueva Zelandia dispone de un sistema de justicia de menores aplicable a los niños de
entre 10 y 13 años de edad y a los jóvenes de entre 14 y 16. El objetivo de este sistema es resolver los casos de delincuencia y exigir responsabilidades a los jóvenes delincuentes, pero también mantenerlos fuera del sistema de justicia ordinario, excepto cuando el interés público exija lo contrario.
76. Al Gobierno le preocupan los casos graves y persistentes de niños y jóvenes delincuentes.
En febrero de 2009, presentó el proyecto de reforma de la Ley sobre los niños, los adolescentes y sus familias (jurisdicción y mandamientos de los tribunales de menores). Éste tiene por objeto mejorar y ampliar la gama de posibilidades previstas actualmente en casos graves y persistentes de delitos cometidos por niños y jóvenes. Las disposiciones que prevé se centran en las causas subyacentes de los delitos graves cometidos por niños de 12 a 16 años de edad con vistas a evitar que reincidan y lograr que encaucen sus vidas de una forma responsable y provechosa para la sociedad.
6. Derecho a participar en la vida pública y política
77. La Ley de derechos humanos de 1993 y la Carta de Derechos de Nueva Zelandia prohíben expresamente toda discriminación entre personas o grupos de personas basada en el sexo, la sexualidad o la raza. Ambas leyes autorizan asimismo la adopción de medidas de buena fe para asistir o promocionar a personas o grupos que necesiten o se suponga razonablemente que puedan necesitar asistencia o promoción para situarse en un plano de igualdad con respecto a los demás miembros de la comunidad. En el pasado, ambas leyes han servido para justificar medidas
destinadas a mejorar la representación de los maoríes o de las mujeres en diversos comités o juntas.
A pesar de que la legislación no obstaculiza la participación, el porcentaje de mujeres y de maoríes en las administraciones locales y en los cargos de responsabilidad política (juntas sanitarias de distrito, consejos de administración y judicatura) sigue siendo desproporcionadamente bajo, como se comenta en otras secciones del presente informe.
78. Como se señaló en relación con el artículo 2, Nueva Zelandia tiene un sistema electoral de representación proporcional mixta. Gracias a dicho sistema ha aumentado el número de mujeres, de grupos minoritarios y de partidos políticos minoritarios en el Parlamento.
79. Nueva Zelandia registra una elevada participación electoral y los representantes electos son de fácil acceso. Una herramienta clave para la participación son las consultas organizadas por los gobiernos (Gobierno central y gobiernos locales). El Gobierno, tanto a nivel central como local, intenta hacer participar a la sociedad en los procesos políticos. Además de los requisitos legales específicos que establece una amplia gama de leyes en relación con la celebración de consultas, los tribunales neozelandeses también han fijado principios o elementos fundamentales de las consultas.
Las organizaciones comunitarias tienden a buscar una colaboración cada vez más activa con el Gobierno en lugar de limitarse a desempeñar una función subsidiaria en los procesos de participación.
7. Derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo
80. En Nueva Zelandia se han logrado importantes avances hacia la plena realización del derecho al trabajo. Hay leyes que reconocen los derechos de los empleadores y los empleados en asuntos como la remuneración, las condiciones de trabajo seguras, la protección del empleo y la protección contra la discriminación. Las iniciativas del Gobierno promueven la conciliación del trabajo y la vida personal, así como condiciones laborales más favorables a la familia y modalidades laborales más flexibles.
81. A pesar de los progresos realizados, persisten retos, especialmente dada la situación económica del momento:
a) La seguridad en el empleo es una cuestión clave. En febrero de 2009 se celebró una cumbre nacional sobre el empleo, que reunió a muchos de los principales líderes neozelandeses de las esferas de los negocios, el Gobierno, las comunidades y los sindicatos. En la cumbre se presentaron muchas ideas valiosas para preservar puestos de trabajo en el contexto de la actual crisis y crear las mejores condiciones posibles para impulsar la recuperación de las empresas en cuanto mejoraran las condiciones
económicas. Se están poniendo en marcha grupos ministeriales de diversos niveles para desarrollar ideas.
b) A principios de 2009 se celebró un taller sobre mujeres empresarias en el que se
debatieron soluciones, ideas e iniciativas para enfrentar los retos de la crisis económica
y se reconoció a las mujeres su condición de grupo vulnerable en tiempos de recesión y desempleo. Al Gobierno también le preocupan las repercusiones de los despidos y el desempleo para la mujer, a saber, un probable repunte de la violencia en el hogar.
Los debates celebrados en el taller contribuyeron a la cumbre sobre el empleo.
c) Las poblaciones del Pacífico siguen registrando tasas de desempleo más elevadas que los demás grupos étnicos de Nueva Zelandia. También es probable que la crisis económica los golpee con mayor fuerza, lo que podría afectar negativamente el
volumen de las remesas enviadas por las poblaciones del Pacífico a sus familiares en la región del Pacífico. Una cumbre independiente sobre el empleo en la región del Pacífico formuló en febrero de 2009 una serie de ideas remitidas al Gobierno para que las considerara en el marco de su respuesta global a la cumbre sobre el empleo. Nueva Zelandia y Australia apoyan un proyecto de reducción de los gastos de envío de las remesas a la región del Pacífico.
d) A pesar de la legislación sobre la igualdad entre las edades, que ha contribuido a erradicar las formas más flagrantes de discriminación por razones de edad, los
prejuicios siguen condicionando los nombramientos, la retención y la promoción de los trabajadores de edades más avanzadas.
e) Subsiste el problema de la estigmación y la discriminación contra las personas con discapacidad que acceden al mercado laboral. La Estrategia sobre la discapacidad incluye iniciativas destinadas a combatirlo.
f) Las tasas de desempleo juvenil siguen superando a las de otras edades, problema que se está intentando combatir resaltando la importancia de la educación y la capacitación de los jóvenes de 16 y 17 años de edad. Las tasas de desempleo de los jóvenes maoríes y de los jóvenes de las poblaciones del Pacífico siguen muy por encima de las registradas entre los demás jóvenes.
La Ley de reforma sobre la prostitución
82. La Ley de reforma sobre la prostitución de 2003 despenaliza la prostitución en Nueva Zelandia. La ley es compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio Nº 182 de la OIT y crea un marco para salvaguardar los derechos humanos de los trabajadores del sexo, protegerlos contra la explotación, promover su bienestar, su salud y seguridad laborales, y establecer condiciones de salud pública. La ley prohíbe expresamente la participación de menores de 18 años en asuntos relacionados con la prostitución.
8. Derecho a la seguridad social, a la salud y a un nivel de vida adecuado 83. Nueva Zelandia cuenta con un amplio sistema de seguridad social que presta asistencia y protección a los niños y jóvenes vulnerables; servicios de empleo; servicios de apoyo en materia de ingresos y de pensiones; financiación a los proveedores de servicios a la comunidad; y subsidios y préstamos a estudiantes en relación con la enseñanza terciaria.
84. Nueva Zelandia cuenta con un plan de indemnización a todo riesgo en caso de accidente.
Se puede recurrir a él en caso de lesiones corporales, lesiones mentales derivadas de un daño físico, lesiones mentales provocadas por agresiones o abusos sexuales y ciertas lesiones graduales
relacionadas con la actividad laboral. Las personas con lesiones cubiertas por el plan de indemnización y originadas directa o indirectamente por el Estado reciben una indemnización,
rehabilitación y asistencia financiera sin necesidad de emprender acciones judiciales contra el Estado.
85. La situación económica mundial traerá consigo dificultades para los grupos más vulnerables de la sociedad, como los niños. El Comisionado de la Infancia (en colaboración con Barnados y JR McKenzie Trust) publicó en agosto de 2008 un informe sobre los efectos negativos de la pobreza para los niños neozelandeses y los niveles de pobreza de la población infantil27. El informe
señalaba las repercusiones negativas de la pobreza infantil, como las repercusiones sobre la salud, la educación, la productividad futura y la participación en la sociedad.
86. El Gobierno está adoptando medidas para atajar las repercusiones de la crisis económica internacional sobre los neozelandeses y poner al país en buena posición para iniciar una fuerte recuperación económica. Se ha dispuesto un conjunto de medidas transitorias de ayuda a fin de intensificar el apoyo que se presta a las personas recientemente despedidas de un empleo a tiempo completo. Después de la cumbre sobre el empleo celebrada a finales de febrero de 2009, el Gobierno ha propuesto ayuda financiera a los empleadores para alentarlos a que retengan a sus trabajadores.
La vivienda
87. Nueva Zelandia sigue teniendo dificultades para proporcionar viviendas adecuadas,
especialmente en lo que se refiere a la accesibilidad y a la habitabilidad. Los grupos vulnerables, como los maoríes y las poblaciones del Pacífico, están excesivamente representados en las
viviendas de alquiler y las viviendas hacinadas. Este exceso guarda estrecha relación con los bajos ingresos, la mala salud y el menor rendimiento educativo de niños y jóvenes. La Corporación de la vivienda de Nueva Zelandia está encargada de prestar servicios de vivienda a las personas
necesitadas. Se invertirán más de 100 millones de dólares neozelandeses en reformar viviendas de protección oficial y 20 millones en construir viviendas nuevas. De este modo se reducirá la lista de espera de las viviendas públicas en régimen de alquiler y se mejorarán las condiciones de
habitabilidad de más 18.000 viviendas. A finales de este año se presentarán nuevas iniciativas y modificaciones legislativas destinadas a promover viviendas asequibles.
9. Derecho a la salud
88. El sistema de salud de Nueva Zelandia está financiado con dinero público. La salud ocupa el segundo lugar en el presupuesto público del período 2008/09, con 12.000 millones de dólares neozelandeses. A pesar de los avances, el Gobierno admite que la disponibilidad y la calidad de los servicios de salud siguen planteando importantes problemas. Las disparidades en los indicadores de salud, como el índice de suicidio, siguen siendo inaceptablemente altas en el caso de los maoríes y las poblaciones del Pacífico. Los índices de muerte por suicidio entre jóvenes siguen siendo altos en comparación con los países de la OCDE28.
89. Las enfermedades largas, como las afecciones cardíacas, el cáncer, la diabetes, la obesidad y las patologías relacionadas con el consumo de tabaco son la principal causa de la mala salud y de la muerte prematura en Nueva Zelandia. Afectan de manera desproporcionada a las franjas sociales de menores ingresos; los maoríes y las poblaciones originarias del Pacífico concentran casi el 80%
de las muertes. Aunque el consumo de tabaco ha bajado considerablemente en los últimos años, el tabaquismo sigue siendo la principal causa evitable de muertes prematuras.
90. Hay problemas relacionados con la retención y la contratación de personal, que también preocupan en el sector de la salud. En ciertas especialidades, como la obstetricia y la oncología,
hay escasez de profesionales de la salud, al igual que en las zonas rurales. El Gobierno creará un régimen voluntario de condonación de préstamos estudiantiles para médicos, enfermeros y parteras titulados que acepten trabajar en comunidades y especialidades en que haya problemas de
contratación y retención de personal.
La salud mental
91. La Comisión de Salud Mental se creó en 1996 para asesorar al Gobierno en asuntos de salud mental y servicios de tratamiento de las adicciones. La calidad de los servicios de salud mental neozelandeses ha mejorado desde la desinstitucionalización, pero sigue pendiente el reto de acondicionar entornos seguros y adecuados para la recuperación de la salud mental, especialmente en lo que se refiere al apoyo a los maoríes, las poblaciones originarias del Pacífico y los jóvenes.
También se señaló con preocupación el aumento de las tasas de rehospitalización, ciertas prácticas psiquiátricas, como la terapia electroconvulsiva, y la necesidad de supervisar mejor la aplicación de la Ley de salud mental.
10. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad 92. Todo niño neozelandés tiene derecho a cursar de forma gratuita la enseñanza primaria y secundaria en una escuela pública (ese derecho no se extiende a los niños de otras nacionalidades o que se encuentren en Nueva Zelandia en situación legal irregular). Cualquier niño que se halle en Nueva Zelandia en situación irregular y cuyo progenitor o progenitores se encuentren en su misma situación pero estén tratando de regularizar su condición de inmigrantes podrá recibir un permiso de residencia restringido y ligado a objetivos, de manera que pueda acceder a la enseñanza pública.
Una vez aprobada, la Ley de inmigración eliminará las trabas legales impuestas a la escolarización gratuita en la enseñanza primaria y secundaria de los niños residentes en el país de forma irregular.
93. El Gobierno también financia centros para la primera infancia y centros de enseñanza terciaria. La escolarización obligatoria abarca las edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.
Los principios fundamentales del nuevo plan nacional de estudios, que entrará en vigor en febrero de 2010, reconoce la importancia de los derechos humanos, del Tratado de Waitangi, de la
diversidad cultural y de la inclusión (no sexista, no racista y no discriminatoria).
94. El rendimiento escolar de los jóvenes ha mejorado en los últimos años en Nueva Zelandia.
Los alumnos terminan la escuela con notas más altas, pero el sistema sigue funcionando mal para determinados grupos, como los niños con discapacidades y los alumnos de familias pobres.
Hay arraigadas disparidades educativas que siguen perjudicando a los maoríes. Recientemente el Gobierno empezó a establecer criterios a nivel nacional en materia de lengua y matemáticas, que definirán lo que se espera que sepan los alumnos en cada momento. Una de las claves de esta labor consiste en informar en lenguaje sencillo a los padres de los progresos realizados por los alumnos, conforme a dichos criterios, y en ayudar a los alumnos que no alcancen el nivel exigido. Para combatir el ausentismo escolar, el Gobierno redobló su apoyo a las escuelas y puso en
funcionamiento un sistema de multas para los padres de niños que no asistían a clase, con multas más altas para los reincidentes.
95. Como ya se ha señalado en este informe, la probabilidad de abandonar la enseñanza básica con una tasa de rendimiento nula o muy baja es más elevada en el caso de los maoríes,
excesivamente representados en la categoría de alumnos que abandonan prematuramente la escuela.
Se está investigando cómo mejorar el rendimiento de los maoríes en las escuelas de enseñanza secundaria ordinarias. Se ha puesto en marcha un programa de desarrollo profesional para maestros a fin de atender a las necesidades concretas de los alumnos maoríes. La diversidad de la enseñanza
está garantizada en determinadas zonas por 73 escuelas de inmersión lingüística en maorí. Se trata de escuelas que priorizan el idioma, las culturas y los valores maoríes. Entre otros instrumentos educativos cabe mencionar una versión maorí del plan de estudios neozelandés, los centros de enseñanza terciaria en maorí, los cursos de inmersión lingüística en maorí para maestros en prácticas y los centros para la primera infancia con programas de inmersión lingüística en maorí.
96. Están apareciendo disparidades educativas entre hombres y mujeres. Las muchachas consiguen mejores resultados que los muchachos en la enseñanza secundaria y tienen mayores probabilidades de cursar estudios terciarios. El Ministerio de Educación ha creado un grupo de consulta para abordar el fenómeno del bajo rendimiento escolar de los muchachos. Las muchachas maoríes y de las poblaciones originarias del Pacífico también obtienen peores resultados que las jóvenes de ascendencia europea y asiática y de otros grupos étnicos.
97. Los estudiantes con discapacidad tienen el mismo derecho de asistir a la escuela pública ordinaria que los demás niños. El sistema educativo presta servicios en relación con la
comunicación, el comportamiento, el apoyo físico y la intervención temprana en favor de los estudiantes con necesidades especiales, incluidos los discapacitados. Dependiendo de las
necesidades, se habilitan secciones, aulas y escuelas especiales, que sin embargo siguen formando parte del sistema de enseñanza general. Todavía hay problemas en este ámbito, especialmente en lo que se refiere a mejorar el acceso de estudiantes con necesidades especiales a estos servicios de enseñanza.
11. Derechos de los pueblos indígenas a) El Tratado de Waitangi
98. El Tratado de Waitangi tiene en Nueva Zelandia un profundo significado para los derechos humanos y las relaciones armoniosas entre maoríes y no maoríes. Como señaló la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia, la dimensión de derechos humanos del Tratado y los derechos de los maoríes plantean un triple desafío al país: en primer lugar, cómo reconocer y respetar los derechos de los indígenas de una forma que resulte justa para todos en Nueva Zelandia;
en segundo lugar, cómo garantizar que el derecho de toda persona a participar en la sociedad incluya el derecho de los maoríes a participar en la sociedad maorí, y en tercer lugar, cómo afirmar el derecho a pertenecer a un grupo de todas las personas que viven en Nueva Zelandia29. Estas cuestiones se siguen debatiendo y la sociedad neozelandesa cuenta con una amplia gama de opiniones al respecto. Desde la perspectiva del Gobierno, el Tratado sienta las bases de las relaciones entre la Corona (el Gobierno) y los maoríes.
99. El Tribunal de Waitangi ofrece un foro en el que atender las reclamaciones históricas y actuales sobre las violaciones del Tratado de Waitangi. El Parlamento aprobó en 1975 la Ley del Tratado de Waitangi, por la cual se estableció el Tribunal de Waitangi. De conformidad con dicha ley, todo maorí puede presentar reclamaciones al tribunal en relación con el perjuicio que le haya infligido (a él, ella o el grupo al que pertenezca) cualquier ley, política o práctica de la Corona desde 1840. El Tribunal de Waitangi constituye, por lo tanto, una vía esencial para resolver las reclamaciones que susciten las injusticias cometidas contra los maoríes en el pasado. El tribunal está facultado para formular recomendaciones al Gobierno sobre las reclamaciones dimanantes del tratado. Estas recomendaciones no son vinculantes, salvo en el caso de ciertos bienes, como los bienes forestales y otros que pertenecen o pertenecieron a empresas de propiedad estatal y a ciertas instituciones estatales. El tribunal ha tramitado desde 1975 más de 1.500 reclamaciones, junto a otras 1.800 reclamaciones recibidas hasta septiembre de 2008, fecha límite para la presentación de reclamaciones históricas dimanantes del tratado. El principal cauce que siguen estas reclamaciones
