Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos Asamblea General A

Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 13º período de sesiones

Ginebra, 21 de mayo a 4 de junio de 2012

Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas A

Asamblea General

Original: inglés

I. Introducción

1. El Reino Unido se enorgullece de su tradición de defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito nacional y en todo el mundo. Estas cuestiones siempre han ocupado un lugar destacado en el país y han dado lugar a dinámicos debates entre la opinión pública y en los medios de comunicación. El Gobierno celebra este debate, que ayuda a promover un entendimiento común del marco y de los programas de derechos humanos en el Reino Unido y permite que estos temas estén siempre presentes en la conciencia colectiva.

2. Cuando tomó posesión en mayo de 2010, el Gobierno de coalición del Reino Unido reafirmó su compromiso con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la promoción de un mejor entendimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos y libertades civiles del país, como ponen de manifiesto la labor de la Comisión que estudia la elaboración de una carta de derechos del Reino Unido así como la colaboración con las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil. Más allá de nuestras fronteras, el hecho de que hayamos convertido los derechos humanos en el tema general de nuestra presidencia del Consejo de Europa habla por sí mismo.

3. Pero no solo nuestro propio ambicioso programa en materia de derechos humanos es importante. El Gobierno cree que el Reino Unido debe participar siempre de manera activa en la comunidad mundial promoviendo los intereses nacionales y defendiendo los valores de la libertad, la justicia y la responsabilidad. Ello supone trabajar de manera constructiva como miembro de las Naciones Unidas, la OTAN y otras organizaciones multilaterales, como la Unión Europea, el Consejo de Europa y el Commonwealth; promover la estabilidad y la seguridad; e impulsar la reforma de las instituciones mundiales para asegurar que reflejen el mundo moderno.

4. El informe recoge los progresos realizados desde el último examen, y hay mucho de lo que enorgullecerse. No obstante, también reconoce ámbitos en los que caben mejoras y quedan cosas por hacer. El Gobierno acoge con satisfacción el examen de su labor, ya que no hay mejor garantía para los derechos que el diálogo abierto que el proceso del examen periódico universal ofrece.

II. Metodología y proceso de consulta

5. El informe nacional del Reino Unido abarca la zona metropolitana del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (incluidas las administraciones autonómicas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte), las Dependencias de la Corona del Reino Unido, y los Territorios de Ultramar¹. Todos ellos han participado en la elaboración del presente informe.

6. En el proceso de elaboración del informe, el Gobierno del Reino Unido ("el Gobierno") ha consultado oficialmente con las tres instituciones nacionales de derechos humanos existentes, así como con una amplia gama de organizaciones no gubernamentales.

Las consultas tuvieron lugar al inicio de la fase de redacción con la celebración de actos de adhesión en Londres y Edimburgo². La estructura del informe refleja las aportaciones recibidas de interesados. Se centra en las actualizaciones relativas a la aplicación de las recomendaciones aceptadas por el Reino Unido en su último examen y en los acontecimientos, logros y problemas más destacados habidos desde 2008 y debe leerse conjuntamente con el informe de mitad de período del Reino Unido³.

III. Protección de los derechos humanos

Instituciones nacionales de derechos humanos

7. En 2008 se creó una tercera institución nacional de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Escocia⁴ (además de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte)⁵. Su objetivo es promover y proteger los derechos humanos de todas las personas en Escocia en relación con los asuntos que entran dentro del ámbito de competencia del Parlamento de Escocia⁶. El Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales acreditó como institución de la categoría "A" a la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte en 2006, a la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos en 2009 y a la Comisión de Derechos Humanos de Escocia en 2010. En la actualidad la Comisión de Derechos Humanos de Escocia preside el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Ley de derechos humanos de 1998

8. El Gobierno mantiene su compromiso de recoger en el derecho interno el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, piensa que es importante estudiar la forma en que están protegidos los derechos humanos en el Reino Unido para ver si las cosas pueden mejorarse de manera que reflejen nuestras tradiciones. A este fin se creó una comisión en marzo de 2011 con el objetivo de estudiar la creación de una carta de derechos del Reino Unido que incorpore todas nuestras obligaciones con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y que, tomando como base ese Convenio, vele por que los derechos en él recogidos sigan estando consagrados en el derecho del Reino Unido y se protejan y amplíen nuestras libertades. La Comisión presentará un informe al respecto a finales de 2012.

Reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

9. En la actualidad, el Reino Unido ostenta la Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa. La prioridad máxima del Reino Unido es reformar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el Tribunal hay 150.000 demandas individuales pendientes. El objetivo es que el Tribunal pueda responder a las demandas que recibe de manera rápida y eficiente a fin de velar por que los 47 Estados partes respeten las obligaciones recogidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta tarea conlleva el aumento de la capacidad de tramitación del Tribunal y la garantía de que la responsabilidad primordial de aplicar el Convenio recaiga en el ámbito nacional.

Compromisos adquiridos en virtud de tratados internacionales

10. El Reino Unido se esfuerza por cumplir todas sus obligaciones en materia de derechos humanos (recomendación 17). Hemos ratificado otros dos tratados internacionales: la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (junio de 2009) y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (diciembre de 2008, que entró en vigor el 1º de abril de 2009). Está en curso aplicación de la recomendación 12 de considerar la posibilidad de establecer una fecha para la firma de la Convención contra las desapariciones forzadas. El Reino Unido ha aplicado la recomendación 23 y considera que cumple plenamente con lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Otras medidas de protección

Ley de igualdad de 2010

11. El Gobierno hizo efectivas la mayoría de las disposiciones de la Ley de igualdad el 1º de octubre de 2010. La ley consolida el derecho que regula la lucha contra la discriminación en Gran Bretaña. Prohíbe la discriminación directa e indirecta, el acoso, la victimización y otras conductas específicas, y recoge algunas excepciones permitidas por la ley cuando procede. Protege contra la discriminación en función de nueve "aspectos de protección": edad, discapacidad, género, cambio de sexo, matrimonio y unión civil, embarazo y maternidad, raza, religión o creencias, sexo y orientación sexual. También incluye una nueva disposición sobre la obligación de igualdad en el sector público (en vigor desde el 5 de abril de 2011) que requiere que las entidades públicas tengan debidamente en cuenta la necesidad de acabar con la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y fomentar las buenas relaciones entre personas diferentes en el desempeño de sus actividades. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos vela por el cumplimiento de esta obligación.

Escocia

12. La disposición relativa a la obligación de igualdad en el sector público que recoge la Ley de igualdad de 2010 se refuerza con normativas que establecen un marco para lograr un mejor cumplimiento de esa obligación. El gobierno de Escocia ha celebrado una consulta sobre propuestas al respecto y tiene la intención de preparar una normativa en 2012.

Gales

13. La Disposición normativa de 2011 (Gales) (obligaciones legales) que desarrolla la Ley de igualdad de 2010 entró en vigor el 6 de abril de 2011. La incorporación de los interesados, su participación y la consulta con ellos es un requisito fundamental de dicha disposición normativa.

Libertad de información

14. El Gobierno está comprometido con el cumplimiento de la Ley de libertad de información de 2000. En 2011 se amplió la aplicación de dicha ley a otros organismos públicos y se está estudiando la posibilidad de seguir ampliándola. La ley constituye un elemento fundamental del Programa de transparencia, de carácter más general, del Gobierno, mediante el que se difunde gran diversidad de información. El aumento de la responsabilidad que la ley conlleva constituye también un aspecto importante de la labor que lleva a cabo el Gobierno para proteger las libertades civiles.

15. Escocia cuenta con su propia legislación equivalente: La Ley de libertad de información (Escocia) de 2002. El gobierno de Escocia está celebrando consultas para realizar modificaciones en dicha legislación.

IV. Logros, mejores prácticas, problemas y limitaciones

A. Derechos y responsabilidades

Derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación

16. El derecho a manifestarse de forma pacífica es fundamental en una sociedad democrática y ha sido tradicionalmente respetado en el Reino Unido.

17. Las disposiciones de la Ley de orden público de 1986 facultan a la policía para controlar las reuniones y marchas a fin de minimizar la alteración del orden público. La Ley de reforma de la policía y de responsabilidad social de 2011 garantiza la protección del derecho a manifestarse de manera no violenta en los alrededores del Parlamento e incluye disposiciones que se ocupan de los daños ocasionados por las acampadas y otras actividades que alteran el orden en la zona limitada de "Parliament Square".

18. El empleo de medidas de contención por parte de la policía en las manifestaciones es una cuestión operativa de la que se ocupan los jefes superiores de policía. Somos partidarios del empleo de medidas de contención específicas y proporcionadas como táctica policial fundamental para controlar los riesgos de violencia y alteración del orden en las manifestaciones y de que se utilicen estas medidas de contención de forma que minimicen su repercusión en quienes se manifiestan de manera pacífica.

Los disturbios de 2011

19. En agosto de 2011 en varias ciudades de Inglaterra, entre otras Londres, Birmingham, Manchester, Salford, Nottingham y Liverpool, hubo cuatro noches de disturbios. Tras ellos el Gobierno abrió una serie de investigaciones de aspectos relacionados con los altercados, como la actuación de la policía, la participación de jóvenes y los daños sufridos por las víctimas.

20. Las causas de los disturbios y la manera de controlarlos han sido objeto de un intenso examen parlamentario en debates y en el turno de preguntas. En su investigación, el Comité Especial de Asuntos Internos recabó pruebas de numerosos testigos para preparar el informe recientemente publicado, que lleva por título Policing Large-scale Disorder (Control policial de altercados a gran escala)⁷.

21. Tenemos claro que la respuesta de la policía a los problemas de orden público tiene que ser plenamente efectiva. Es por ello por lo que el Ministro del Interior pidió a la Inspección Nacional de Policía que examinara la respuesta policial a los altercados. La Inspección elaboró un informe amplio y detallado que se va a presentar al Gobierno y a todos los servicios de policía. Estamos dispuestos a que la experiencia adquirida se divulgue a los servicios de policía y a sus homólogos de ámbito local.

La investigación Leveson

22. El 13 de julio de 2011 el Primer Ministro anunció que el magistrado Leveson presidiría una comisión de investigación de las intervenciones de teléfonos a raíz de las revelaciones de que el periódico News of the World podría haber pagado sistemáticamente a investigadores privados para que interceptaran mensajes en buzones de voz de famosos y otras personas relacionadas con historias periodísticas destacadas.

23. El magistrado Leveson presentará recomendaciones en otoño para que se elabore un marco normativo que asegure la ética de los medios de comunicación. Se hará pública información detallada al respecto. Seguiremos velando por que las medidas que se adopten sean transparentes y proporcionadas y se ajusten a nuestro compromiso con la libertad de expresión.

Proyecto de ley sobre la difamación

24. Han surgido inquietudes sobre los efectos negativos que la legislación actual sobre la calumnia pudiera tener sobre la libertad de expresión. Respecto a estas inquietudes, el Gobierno publicó en marzo de 2011 un proyecto de ley sobre la difamación para su consulta y examen públicos por un comité parlamentario. El proyecto de ley trata de asegurar que se mantenga el equilibrio, de forma que las personas que sean víctimas de la difamación puedan adoptar medidas para proteger su reputación pero que la libertad de

expresión no se vea obstaculizada de manera injustificada por reales o potenciales acciones difamatorias.

25. Las consultas sobre el proyecto de ley concluyeron en junio de 2011 y el Comité publicó su informe en octubre. El Gobierno está estudiando las recomendaciones del Comité y las respuestas a las consultas con miras a presentar un proyecto de ley sustantivo cuando lo permita el calendario del Parlamento.

Medios sociales y regulación de Internet

26. El Gobierno cree que los derechos humanos son universales y que, en principio, son igualmente aplicables en el ámbito electrónico y en el no electrónico. Pensamos que Internet debe ser público, accesible para todos y estar basado en el libre intercambio de ideas y de información. Somos partidarios de que Internet se rija con arreglo a un modelo autorregulador en el que los gobiernos, la industria y los usuarios colaboren en una tarea colectiva.

27. Creemos que la balanza debe inclinarse hacia la facilitación de la innovación y el intercambio de información a fin de favorecer los beneficios económicos y sociales en lugar de imponer restricciones que corran el riesgo de hacer más rígidos estos beneficios.

28. Aunque se utilizaron los medios sociales y los teléfonos móviles para organizar altercados y cometer actos delictivos durante los disturbios de 2011, no estamos tratando de ampliar las facultades para cerrar los medios de redes sociales. Los medios sociales también fueron utilizados por los servicios de emergencias, por personas inocentes y por la policía y fueron fundamentales para mantener unidas a las comunidades y ayudarlas a organizar operaciones de limpieza tras los disturbios.

Medidas cautelares reforzadas

29. Han surgido inquietudes respecto del empleo de medidas cautelares para impedir que información confidencial o de carácter privado sobre las personas llegue al ámbito público. Las medidas cautelares sobre la anonimidad limitan la publicación de información respecto del solicitante de las medidas y la revelación de los nombres de una o ambas partes en el procedimiento. El término "medidas cautelares reforzadas" se refiere a una medida cautelar que prohíbe además a la prensa que revele que se ha dictado dicha medida cautelar.

30. En un informe judicial publicado en mayo de 2011 sobre el empleo de estas medidas cautelares reforzadas se ofrecía orientación procesal detallada a los tribunales y las partes en litigio. En el informe se insistía en que las medidas cautelares reforzadas solo se autoricen en la actualidad para períodos muy breves durante los que el secreto es necesario para lograr el objetivo que se pretende; y en él se señalaba que, si bien puede haber circunstancias especiales en que esté justificada la autorización de una medida cautelar reforzada durante un período más largo, en tales casos el tribunal debe mantener dicha medida bajo un examen continuo y estricto.

31. Un comité parlamentario está estudiando cuestiones relacionadas con la intimidad y la adopción de medidas cautelares y deberá presentar un informe antes del 15 de marzo de 2012.

Reformas del sistema de bienestar social

32. El Gobierno está comprometido con la reforma del sistema de prestaciones con el propósito de hacerlo más justo, asequible y con más capacidad para hacer frente a la pobreza, el desempleo y la dependencia del sistema de bienestar. El proyecto de ley de reforma del sistema de bienestar introduce una amplia gama de reformas para que el sistema de prestaciones y beneficios fiscales sea más justo y sencillo, creando los incentivos adecuados para lograr que un mayor número de personas empiece a trabajar con

la seguridad de que el trabajo siempre recompensa, protegiendo a los más vulnerables de la sociedad y siendo justos con los que solicitan prestaciones y con los contribuyentes.

Reformas en materia de asistencia jurídica

33. Las reformas que el Gobierno propone al sistema de asistencia jurídica en Inglaterra y Gales se recogen en el proyecto de ley de asistencia jurídica, condena y sanción de los autores de delitos. El ámbito del sistema de asistencia jurídica se ha ampliado considerablemente desde que se creó en 1949 y en la actualidad cubre una amplia gama de cuestiones, entre ellas algunas para las que no deberían necesitarse conocimientos jurídicos, lo que crea una presión considerable en la financiación del sistema.

34. Las reformas propuestas se centran en las categorías de financiación de asistencia jurídica en el ámbito civil que deberían existir a fin de asegurar el acceso a financiación pública en los casos que realmente lo requieran, la protección de las personas que más necesiten asesoramiento y asistencia, el funcionamiento eficiente del sistema de justicia y el cumplimiento de las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales.

35. Creemos firmemente que el acceso a la justicia es un elemento esencial de cualquier sociedad civilizada. Las propuestas presentadas tienen por objeto realizar economías importantes de manera justa, equilibrada y continuada, alentando a las personas a que resuelvan sus problemas, en la medida de lo posible, sin recurrir a los tribunales, utilizando alternativas a estos que sean efectivas y reservando así los recursos judiciales para los casos más graves.

Escocia

36. El gobierno escocés reformó el sistema de asistencia jurídica en 2011-2012 en respuesta a presiones financieras, si bien preservando el acceso a la justicia. Esto se logró reduciendo las tarifas en algunos ámbitos, aunque manteniendo una remuneración razonable, desarrollando modelos alternativos de prestación de asistencia, eliminando anomalías del sistema existente y recortando gastos innecesarios.

Irlanda del Norte

37. Durante 2011-2012 el gobierno de Irlanda del Norte realizó una serie de modificaciones en el sistema de asistencia jurídica a fin de mejorar la gestión y la elaboración de calendarios y de lograr una mayor rentabilidad, si bien manteniendo un acceso a la justicia equitativo y efectivo. El Ministro de Justicia encomendó la realización de un estudio general sobre el acceso a la justicia en Irlanda del Norte, cuyos resultados se presentaron en septiembre de 2011 y que dio lugar a 159 recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia y la administración del sistema de asistencia jurídica. El informe servirá de base para un ulterior programa de reforma que se llevará a cabo en los próximos años.

Derecho de voto de los reclusos

38. En 2005 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asunto Hirst v. UK (Nº 2), estimó que la prohibición general existente en el Reino Unido de que los reclusos que estuvieran cumpliendo condena votaran vulneraba el artículo 3 del Primer Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la celebración de elecciones libres e imparciales). En la decisión del Tribunal en el asunto Greens and MT v.

UK, que se convirtió en firme el 11 de abril de 2011, se estableció un plazo de seis meses para que el Reino Unido presentara propuestas legislativas para acabar con esa prohibición general.

39. En la actualidad, la Gran Sala está examinando la cuestión de hasta qué punto el Convenio Europeo de Derechos Humanos requiere que los reclusos tengan derecho de voto en el marco del asunto Scoppola (Nº 3) v. Italy, relativo al derecho de voto de los reclusos

en Italia. Consideraremos la decisión del Tribunal en el asunto Scoppola (prevista para este año) antes de adoptar otras medidas en relación con el derecho de voto de los reclusos.

B. Justicia y seguridad

Reducción del hacinamiento en las prisiones

40. El Gobierno ha asumido el compromiso de proporcionar un lugar seguro y digno a las personas que están recluidas (recomendación 1 que el Reino Unido aceptó en 2008).

Hay dos criterios para medir la capacidad institucional: la capacidad sin hacinamiento constituye la ocupación normal certificada; la capacidad operativa constituye la capacidad máxima con arreglo a las normas de ocupación establecidas, así como la prestación de servicios institucionales adecuados y el funcionamiento de estos y la cobertura de las necesidades de orden y control. La capacidad operativa la establecen, siguiendo criterios estrictos, los altos responsables penitenciarios, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado. Las prisiones cuya capacidad operativa supera la ocupación normal certificada funcionan en condiciones de hacinamiento.

41. No se espera que las prisiones funcionen por encima de su capacidad operativa, lo cual garantiza una ocupación digna y segura y la aplicación de sistemas apropiados. Pese al notable aumento de la población carcelaria en los últimos meses, ninguna prisión se encuentra por encima de su capacidad operativa.

42. En los próximos años habrá que hacer economías importantes en el gasto público y no podrán crearse las plazas adicionales necesarias para impedir el hacinamiento. No obstante, mantenemos nuestro compromiso de que las condiciones de reclusión sean seguras y dignas.

43. Lo anteriormente dicho va unido a los planes recogidos en el proyecto de ley de asistencia jurídica, condena y sanción de los autores de delitos de introducir políticas de condena y rehabilitación más efectivas y romper el ciclo destructivo de la delincuencia, lo cual incluye la elaboración de planes para reformar la imposición de condenas que, de aplicarse con éxito, permitirían estabilizar la población carcelaria en los próximos cuatro años.

Escocia

44. El gobierno de Escocia está construyendo prisiones nuevas y renovando las instalaciones existentes. En marzo de 2012 se inaugurará la penitenciaría de Low Moss y ese mismo año, más adelante, comenzará la construcción de la penitenciaría de Grampian, lo que aliviará la situación de hacinamiento a corto y medio plazo. Hemos introducido también una serie de reformas para seguir reduciendo el hacinamiento en las prisiones, entre ellas la normativa sobre retribución a la comunidad así como el principio de evitar las condenas breves.

Irlanda del Norte

45. El Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte ha creado capacidad adicional de ocupación para cubrir las necesidades en relación con los reclusos y está preparando un importante programa de revisión institucional. Con la revisión se creará capacidad adicional de ocupación en diversas instituciones.

Duración de la reclusión preventiva

46. En 2008, el Reino Unido aceptó la recomendación 19 de que la detención preventiva nunca debería ser excesiva y continúa asegurándose de que sea así. En

Inglaterra y Gales los sospechosos imputados tienen derecho a ser puestos en libertad bajo fianza con arreglo a lo dispuesto en la Ley de libertad bajo fianza de 1976, pero pueden continuar recluidos cuando existan una o más excepciones para la libertad bajo fianza. La más importante de ellas es que existan motivos fundados para creer que, de ser puesto en libertad bajo fianza, el imputado no comparecería ante el tribunal, cometería un delito o interferiría con los testigos u obstruiría de otro modo el curso de la justicia.

47. El período durante el que puede mantenerse recluido a un imputado se rige por normas que limitan el plazo de la reclusión que puede transcurrir entre la primera comparecencia y el inicio del juicio a 56 (o en determinados casos 70) días para los asuntos respecto de los que se puede seguir un procedimiento abreviado y un total de 182 días para los asuntos que siguen el procedimiento ordinario. El tribunal puede ampliar el plazo si se le presenta una solicitud al respecto siempre que exista una razón adecuada y suficiente para hacerlo y que el procesamiento se haya realizado con las debidas garantías procesales y con agilidad. Cuando el plazo de reclusión haya vencido, el imputado deberá ser puesto en libertad bajo fianza.

Escocia

48. En Escocia queda a la entera discreción del tribunal decidir la puesta en libertad bajo fianza en función de la información de que disponga en el momento. La puesta en libertad bajo fianza cabe en el caso de cualquier delito y se presume, salvo para determinados delitos graves establecidos en el caso de que el imputado haya sido condenado previamente por delitos similares. Existen normas que regulan las condiciones durante el período en el que los imputados permanecen en reclusión preventiva⁸.

Irlanda del Norte

49. En Irlanda del Norte se presume el derecho a la libertad bajo fianza y las decisiones de reclusión preventiva quedan a la entera discreción del juez. La Comisión Jurídica de Irlanda del Norte está examinando en la actualidad la legislación relativa a la libertad bajo fianza y se espera que presente un informe sobre el tema en el verano. El Departamento de Justicia también está trabajando para agilizar el sistema de justicia y asegurar que el período de reclusión preventiva no sea excesivo. En el marco de esta labor el Ministro anunció recientemente que se presentaría durante la actual legislatura una propuesta de plazos legales.

Derecho a asistencia letrada

50. En 2008, el Reino Unido aceptó la recomendación 3 de que se consagrara en la legislación el derecho a asistencia letrada de los detenidos inmediatamente después de la detención y no transcurridas 48 horas, que hacía referencia a la situación existente en Escocia antes de 2010. En Escocia la Ley de procedimiento penal (asistencia letrada, detención y recursos) de 2010 estableció el derecho inmediato a asistencia letrada en casos que no fueran de terrorismo. En estos casos la Ley de procedimiento penal de 2010 limita el período de detención preventiva en Escocia a 12 horas, si bien recoge la posibilidad de que un funcionario superior de policía decida ampliarlo durante otras 12 horas cuando concurren determinadas circunstancias relacionadas con la investigación.

51. En Inglaterra y Gales, en los casos no relacionados con terrorismo existe el derecho a consultar con un abogado a título particular en cualquier momento después de la detención y el ingreso en las dependencias policiales (véase el artículos 58 de la Ley de policía y pruebas en el ámbito penal, de 1984, y el correspondiente Código C de la práctica a seguir). No obstante, este derecho podrá excepcionalmente retrasarse hasta 36 horas, pero únicamente cuando un alto funcionario de policía lo autorice en razón de unos motivos limitados, entre otros aduciendo que la autorización de un acceso inmediato interferiría con las pruebas o las deterioraría.

52. El anexo 8 de la Ley de terrorismo de 2000 y el Código H de la Ley de policía y pruebas en materia penal se aplican a los detenidos en virtud del artículo 41 de la ley y recoge derechos similares a los previstos para las personas detenidas en la Ley de policía y pruebas en materia penal, de 1984, entre otros el derecho a consultar con un abogado a título particular y tan pronto como sea razonablemente posible y el derecho a no ser retenido en régimen de incomunicación. El anexo 8 estipula también que el derecho a asistencia letrada podrá retrasarse cuando existan motivos para creer que, de ejercerse inmediatamente, daría lugar a una serie de consecuencias, como la interferencia con la recopilación de información sobre la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo o la alerta a otras personas que pudieran haber participado en un acto de terrorismo. Estos retrasos tendrán que ser autorizados por un alto funcionario de la policía y no podrán superar en ningún caso las 48 horas. Cabe señalar también que, con carácter excepcional, y en aplicación de una disposición del anexo 8, podrá exigirse que la consulta con un abogado se celebre en presencia de un "agente cualificado" que escuche la conversación.

Investigación judicial independiente de la complicidad en actos de tortura

53. El 6 de julio de 2010 el Gobierno abrió una investigación judicial independiente, dirigida por Sir Peter Gibson, para determinar si el Gobierno y sus servicios de inteligencia estaban implicados en casos de trato inadecuado de personas que habían sido detenidas por otros países en operaciones de lucha contra el terrorismo llevadas a cabo fuera de Gran Bretaña o si tenía conocimiento de casos de trato indebido a detenidos en operaciones en las que el Reino Unido hubiera participado y, de ser así, en qué medida. En el marco de la investigación se iniciaron las labores preparatorias en espera de los resultados de las correspondientes investigaciones policiales. El 18 de enero de 2012 anunciamos que habíamos decidido poner fin a la investigación ya que no había perspectivas de que pudiera comenzar su labor de manera oficial en un futuro previsible ante el inicio de una nueva investigación policial de cuestiones conexas.

54. Hemos solicitado que se prepare un informe sobre la labor preparatoria de la investigación en el que señalen temas o cuestiones específicas que podrían ser objeto de un ulterior examen. Se hará pública la mayor parte posible del informe. Una vez hayan concluido todas las investigaciones de la policía, tenemos la intención de abrir una investigación judicial independiente que determine todos los hechos y ponga de manifiesto las cuestiones pertinentes.

Trato dado a los detenidos por las fuerzas armadas

55. En 2008 el Reino Unido aceptó la recomendación 16 de que el Reino Unido debería respetar las obligaciones aplicables en relación con los derechos humanos de los detenidos. Manifestamos de nuevo que no todos los detenidos por las fuerzas armadas de Gran Bretaña que actúan fuera del país quedan automáticamente dentro de nuestra jurisdicción a los efectos de algún instrumento específico, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante, como cuestión de política general, esperamos que en todo momento se apliquen las normas más estrictas respecto del trato que se da a los detenidos.

56. En mayo de 2008 anunciamos que se realizaría una investigación pública de la muerte de Baha Mousa, ocurrida en Basra el 15 de septiembre de 2003. La investigación estuvo presidida por Sir William Gage. El mandato de la investigación era el siguiente:

"Investigar las circunstancias en que tuvo lugar la muerte de Baha Mousa y el trato que recibieron los que se encontraban detenidos junto a él e informar al respecto teniendo en cuenta las investigaciones ya realizadas, y en particular en los casos en que pudiera exigirse alguna responsabilidad por autorizar prácticas para lograr que los detenidos

colaborasen por parte de miembros del primer batallón del regimiento Lancashire en el Iraq en 2003, y formular recomendaciones al respecto."

57. El informe se publicó el 8 de septiembre de 2011⁹ y en él se hacían 73 recomendaciones. En principio hemos aceptado todas las recomendaciones con una reserva sobre 1 de ellas en relación con las técnicas empleadas durante interrogatorios tácticos.

Orientaciones generales sobre los detenidos y otras orientaciones para funcionarios del Gobierno

58. El Gobierno mantiene su compromiso de ser tan claro como sea posible en lo que se refiere a las normas con arreglo a las cuales deben actuar el personal de servicio y los agentes de inteligencia.

59. El 6 de julio de 2010 publicamos las Directrices consolidadas para el personal de servicio y los agentes de inteligencia y sobre el envío y la recepción de información confidencial en relación con detenidos¹⁰. Las Directrices fueron posteriormente objeto de dos recursos jurídicos conexos. El Tribunal Superior (en sentencia de 3 de octubre de 2011) desestimó uno de ellos pero estimó el otro en parte, lo que dio lugar a que el anexo de las Directrices se revisara ligeramente a fin de dejar más claro que poner capuchas a los detenidos cuando sea una práctica realizada por otros Estados en cualquier circunstancia podría constituir un trato o pena cruel, inhumano o degradante. El Ministerio de Defensa ya había prohibido a su personal que utilizara capuchas para los detenidos en cualquier circunstancia. El Primer Ministro presentó una declaración ministerial escrita ante el Parlamento el 10 de noviembre de 2011 acerca de esta pequeña modificación.

60. Estamos firmemente en contra de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. No los justificamos ni pedimos a otros que lo hagan en nuestro nombre. Los agentes que actúen con arreglo a las directrices deben confiar en que no corren el riesgo de que se les exijan responsabilidades personales.

61. En diciembre de 2011 el Gobierno publicó también unas directrices dirigidas a los funcionarios públicos sobre la evaluación de las implicaciones para los derechos humanos de nuestra labor en materia de seguridad y justicia en ultramar, bajo el título de directrices sobre asistencia en materia de seguridad y justicia en ultramar. Las directrices reflejan nuestra determinación de asegurar la prestación de asistencia en ese ámbito de forma que promueva, y no socave, los derechos humanos y la democracia. En marzo de 2011, el Ministerio de Asuntos Exteriores publicó unas directrices dirigidas a sus funcionarios sobre la comunicación de información o de inquietudes en relación con torturas y malos tratos en el extranjero, a fin de asegurar que nuestra respuesta institucional a los casos de torturas y malos tratos sea lo más firme posible.

Proyecto de informe sobre justicia y seguridad

62. En el proyecto de informe sobre justicia y seguridad (octubre de 2011) se hacen propuestas para mejorar la manera de tratar la información delicada en los procedimientos civiles a fin de mejorar la capacidad de los tribunales para emitir sentencias en asuntos que conlleven información de ese tipo. El informe estudia también opciones para reforzar la supervisión de los organismos de seguridad y de inteligencia. Han ido en aumento los procedimientos judiciales en los que tienen una importancia fundamental medidas relacionadas con la seguridad nacional y material de carácter delicado. Este tipo de material no puede utilizarse en procedimientos judiciales públicos sin poner en grave riesgo la seguridad nacional o las relaciones internacionales. En algunos casos el Gobierno se encuentra ante la decisión inaceptable de poner en peligro la seguridad nacional haciendo público el material (o la esencia de él), defender el asunto excluyendo el material delicado correspondiente, retirar la demanda o que el asunto se resuelva sin que el tribunal adopte

una decisión independiente sobre los hechos del caso. Las propuestas recogidas en el proyecto de informe se inspiran en los derechos fundamentales a la justicia y la equidad, incluidos los reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Una vez que se hayan examinado las respuestas de la consulta pública se presentará, en breve, legislación.

Examen de la legislación en materia de lucha contra el terrorismo

63. En 2008 el Reino Unido aceptó la recomendación 8 de seguir examinando toda la legislación en materia de lucha contra el terrorismo y asegurarse de que se ajuste a los más estrictos criterios en lo que se refiere a los derechos humanos. La legislación en materia de lucha contra el terrorismo es objeto de continuo examen mediante diversos mecanismos. Recientemente se revisaron seis de las más delicadas y controvertidas facultades en el ámbito de la lucha contra el terrorismo con el objetivo de corregir el desequilibrio existente entre las competencias de seguridad del Estado y las libertades civiles, restablecer dichas libertades en la medida de lo posible y replantear esas competencias en los casos necesarios. La revisión de las competencias en materia de lucha contra el terrorismo y seguridad se publicó en enero de 2011¹¹ y en ella se incluyó el compromiso de derogar la legislación relativa a las órdenes de control que, si bien era compatible con los derechos humanos había planteado polémicas, y sustituir las órdenes de control por un sistema más específico de medidas de investigación y prevención del terrorismo.

64. La Ley de medidas de investigación y prevención del terrorismo de 2011 entró en vigor el 15 de diciembre de ese año. En ella se recogen competencias adecuadas, efectivas y más equilibradas para proteger a la población del reducido número de sospechosos de terrorismo que constituyen una amenaza real pero a los que no se puede procesar o, en el caso de nacionales de otro país, deportar.

65. El nuevo sistema pone fin al empleo de algunas de las limitaciones más restrictivas que existían en el marco de las órdenes de control, en particular el traslado a otra parte del Reino Unido, los estados de excepción prolongados y la prohibición de salir de un determinado perímetro geográfico. No obstante, recoge diversas limitaciones específicas de enjundia para proteger a la población. Además, va unida a un aumento importante de la financiación destinada a la policía y los servicios de seguridad para investigaciones encubiertas, lo cual puede aumentar también las posibilidades de recabar pruebas que puedan utilizarse en un procesamiento.

66. También estamos realizando cambios en el período máximo de detención que puede mantenerse a un sospechoso de terrorismo antes de ser imputado o puesto en libertad (recomendación 4). El proyecto de ley sobre protección de las libertades reduce el período máximo de 28 a 14 días. Este período seguirá estando sujeto a salvaguardias legales, entre otras que cualquier detención que supere las 48 horas solo pueda llevarse a cabo con una orden judicial.

67. El proyecto de ley de protección de las libertades contiene también modificaciones a las competencias para parar y registrar a las personas por motivos de terrorismo. El proyecto de ley recoge las recomendaciones de la revisión de las competencias en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo, según las cuales las competencias que permitían autorizar sin las salvaguardias adecuadas que se parase y registrase a alguien sin sospecha alguna debían sustituirse por unas competencias muy limitadas que permitieran a la policía parar y registrar a las personas y los vehículos sin que existiera sospecha alguna únicamente en circunstancias excepcionales.

68. Está claro que el principal mecanismo para luchar contra el terrorismo es el procesamiento en el marco del sistema de justicia penal. No obstante, en circunstancias en que ello no sea posible y que se trate de un nacional de otro país, cabe la posibilidad de

deportarlo. Mantenemos nuestro compromiso de velar por que la deportación se ajuste a las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

69. A la hora de deportar a sospechosos de terrorismo con nacionalidad de otro país podemos pedir al Estado al que se va a enviar a la persona que dé garantías del trato que esta va a recibir a su llegada, a fin de asegurar que los derechos humanos de esa persona sean reconocidos y no se vulneren.

C. Protección de los derechos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

70. En 2008 el Reino Unido aceptó la recomendación 14 de seguir la Directiva de la Unión Europea sobre los requisitos mínimos para el reconocimiento de la orientación sexual como motivo para la solicitud de asilo. Hemos cumplido este requisito y lo seguiremos haciendo. El Organismo de Fronteras del Reino Unido reconoce, cuando procede, las solicitudes de asilo en razón de la orientación sexual como elemento recogido en la Convención sobre los Refugiados y en la Directiva sobre requisitos mínimos. Las directrices operativas del Organismo de Fronteras del Reino Unido contienen un apartado específico sobre solicitudes en razón de la orientación sexual. El mencionado organismo se ha comprometido públicamente a no devolver a las personas que tienen un temor fundado a ser objeto de persecución en razón de su orientación sexual. Este Organismo ha proporcionado orientación y formación específicas a las personas encargadas de adoptar decisiones en relación con el asilo para el examen de las solicitudes por motivos de orientación sexual que también están reflejadas en sus directrices operativas.

Trata de personas

71. En julio de 2011 el Gobierno publicó su estrategia sobre la trata de personas centrada en cuatro objetivos principales: mejorar la identificación de las víctimas y la atención a estas, reforzar la capacidad para actuar en una etapa temprana, adoptar medidas más diligentes en las fronteras y coordinar mejor la labor de las fuerzas de seguridad en el Reino Unido. Para poner en práctica la estrategia estamos colaborando con una serie de interesados, entre los que figuran otros departamentos del Gobierno y organizaciones no gubernamentales. El grupo ministerial interdepartamental, en el que participan representantes de las administraciones autonómicas, supervisa la labor del Gobierno en este importante ámbito.

72. En julio de 2011 solicitamos nuestra adhesión a la Directiva de la Unión Europea sobre la trata de seres humanos y la Comisión Europea aceptó nuestra solicitud en octubre de 2011. El Ministerio del Interior y las administraciones autonómicas están preparando legislación, cuando procede, para aplicar la Directiva de la Unión Europea sobre la trata de seres humanos a fin de asegurar su cumplimiento para abril de 2013. Con ello se enviará un mensaje claro de que no toleraremos ninguna forma de explotación y que actuaremos con dureza contra los autores de la trata.

Traslados forzosos

73. En octubre de 2010, tras el fallecimiento del Sr. Jimmy Mubenga durante una operación de traslado, el Organismo de Fronteras del Reino Unido encargó un examen del empleo de técnicas de control y reducción en aeronaves. Este examen inicial realizado inmediatamente después del fallecimiento concluyó que las técnicas no eran en principio peligrosas pero que podía mejorarse su seguridad. Se encargó un examen ulterior cuya primera fase habrá concluido en breve. La labor preparatoria de la segunda fase (desarrollo de un sistema mejor de capacitación sobre el uso de la fuerza del Organismo de Fronteras

del Reino Unido) ya ha comenzado y la tercera fase (aplicación) se llevará a cabo a continuación.

Propuestas de eliminar el visado para trabajadores migrantes

74. El 29 de febrero el Gobierno anunció los resultados de una consulta que incluía propuestas sobre los medios de entrada en el país de los trabajadores domésticos extranjeros. Desde el 6 de abril de 2012 estos trabajadores podrán acompañar a un visitante del Reino Unido durante un período breve a fin de trabajar en la vivienda particular del visitante, pero no podrán cambiar de empleador ni instalarse en el país. La posibilidad de que se abuse de esta norma se reducirá al mínimo reduciendo el número de trabajadores domésticos extranjeros a los que se permita entrar y estableciendo criterios de entrada más estrictos para aquellos que reúnan las características establecidas. Se fijarán medidas de protección para los trabajadores domésticos extranjeros que sean víctimas de abusos en el Reino Unido.

D. Protección de los derechos de las personas y los grupos vulnerables y promoción de la igualdad

Tratamiento de los delitos motivados por prejuicios

75. En 2008, el Reino Unido aceptó la recomendación 24 en la que se le pedía que promoviera como mejor práctica su legislación sobre el odio por motivos raciales y religiosos. Con arreglo a la Ley de orden público de 1986 (en su forma enmendada) hay delitos relacionados con actos que tienen por objeto incitar al odio por motivos raciales o que es probable que lo hagan (parte III) y actos cuya intención es incitar al odio por motivos religiosos o por motivos de orientación sexual (parte III A).

76. El Reino Unido ha estado promoviendo a nivel internacional las buenas prácticas en el tratamiento de los delitos motivados por prejuicios, entre otras cosas en su legislación sobre la incitación al odio por motivos de raza, religión y orientación sexual. Esta cuestión se ha planteado en diversos foros, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre la Decisión Marco 2008/913/JAI relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia, en donde se promueven e intercambian buenas prácticas entre Estados Miembros, así como en la Inter-Parliamentary Coalition to Combat Antisemitism.

Escocia

77. En Escocia la Ley de justicia penal y concesión de licencias de 2010 y la Ley de delitos (agravados por prejuicios) de 2009 protegen a las víctimas de los delitos motivados por prejuicios reforzando las agravantes legales en el caso de delitos motivados por prejuicios raciales y religiosos (Ley de 2010) y estableciendo nuevas agravantes legales para los delitos motivados por prejuicios respecto de la orientación sexual, la identidad transgénero y la discapacidad (Ley de 2009).

78. El gobierno de Escocia sigue promoviendo el diálogo entre credos y el entendimiento entre comunidades con diferentes credos mediante la financiación de la Scotish Inter Faith Association y el establecimiento del Grupo de Trabajo sobre religión y relaciones entre creencias, encargado de elaborar un mecanismo para promover el discurso intercredos en pro de las buenas relaciones. El documento Belief in Dialogue (Creencia en el diálogo), resultado de la labor del Grupo de Trabajo, se publicó en marzo de 2011.

Gales

79. El gobierno galés promoverá en 2012 un marco de actuación para el tratamiento de los delitos motivados por prejuicios de carácter racial, religioso, de discapacidad, orientación sexual y transgénero. También se anunció el establecimiento de un foro racial, que prestará apoyo y asesoramiento para entender los problemas y obstáculos principales en el seno de las comunidades de la minoría étnica negra.

Irlanda del Norte

80. En Irlanda de Norte las disposiciones legislativas que tipifican y castigan los delitos motivados por prejuicios se recogen en la Disposición legislativa de Irlanda del Norte de 1987, así como en la Disposición legislativa sobre justicia penal (Nº 2) de Irlanda del Norte de 2004. La Disposición de 2004 establece la obligación del tribunal de considerar la hostilidad como un factor agravante del delito. En la primavera de 2012 el Departamento de Justicia pondrá en marcha una estrategia de seguridad comunitaria que incluirá compromisos de colaboración entre todos los sectores del gobierno a fin de luchar contra todas las formas de delitos motivados por prejuicios.

Comunidades gitanas e itinerantes en Inglaterra

81. Al Gobierno le preocupan las desigualdades de que son objeto las comunidades gitanas y de itinerantes en Inglaterra y ha establecido un grupo de trabajo ministerial que estudie formas para afrontar las desigualdades de que son víctima en ámbitos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, el empleo y el sistema de justicia penal. En breve se publicará un informe sobre los progresos realizados.

82. Estamos adoptando medidas más amplias para garantizar el ofrecimiento justo y efectivo de emplazamientos autorizados para comunidades itinerantes. Estas medidas incluyen la entrega de 60.000.000 de libras en Inglaterra para ayudar a las autoridades locales y a otras instituciones autorizadas a construir o renovar emplazamientos para itinerantes.

83. El programa de financiación ayudará a evitar que vuelvan a ocurrir situaciones como la de Dale Farm, en Essex. El emplazamiento sin licencia para personas itinerantes de Dale Farm fue objeto de un exhaustivo proceso legal, que dio lugar al examen de cuestiones relacionadas con los derechos humanos, a la prórroga durante dos años del período de cumplimiento de las decisiones para que los ocupantes pudieran encontrar un alojamiento alternativo y al examen de la cuestión en segunda instancia en apelación y revisión judicial.

Escocia

84. El gobierno escocés expuso las medidas que está adoptando para acabar con la discriminación y las desigualdades de que son objeto las personas de raza gitana o los itinerantes en Escocia cuando se examinó esta cuestión en el marco de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en agosto de 2011. En este examen se reconoció que la cuestión principal, tanto en el caso de las comunidades gitanas itinerantes como de las asentadas en Escocia, era el establecimiento de campamentos no autorizados. Como resultado de ello, se convocó una reunión de un grupo ministerial para la adopción de medidas con el mandato de encontrar una solución a los acuciantes problemas relacionados con el alojamiento en el noreste de Escocia, reunión a la que asistieron autoridades locales y un representante de las comunidades gitana e itinerante.

Van a iniciarse conversaciones con la Asociación de Autoridades Locales de Escocia a fin de preparar directrices para las autoridades locales sobre los campamentos no autorizados.

Gales

85. En septiembre de 2011 el gobierno galés puso en marcha la iniciativa "Travelling to a better future" (Viajando hacia un futuro mejor), un marco para la adopción de medidas y plan de ejecución en relación con las personas de las comunidades gitanas y los itinerantes¹². Esta iniciativa es el primer documento nacional estratégico que se elaborará en el Reino Unido. Su finalidad es acabar con las desigualdades de que son objeto las comunidades gitanas e itinerantes en Gales y establecer directrices de políticas para el futuro en este ámbito.

Promoción de la igualdad de género

86. En 2008, el Reino Unido aceptó la recomendación 6 de integrar plenamente una perspectiva de género en las siguientes etapas del examen periódico universal, incluidas las conclusiones del examen. El planteamiento general del Gobierno del Reino Unido para promover la igualdad de género y poner de manifiesto su determinación a acabar con la discriminación se recoge en la estrategia sobre igualdad, en la que participa todo el Gobierno, publicada en diciembre de 2010 bajo el título "Building a Fairer Britain"

(Construyendo una Gran Bretaña más justa)¹³. Desde la publicación de la estrategia hemos puesto en marcha una serie de iniciativas para promover la igualdad de género, como la creación de un consejo empresarial de mujeres (Women's Business Council) y la concesión de 2.000.000 de libras para ayudar a las mujeres a crear y ampliar sus empresas en zonas rurales.

Escocia

87. El gobierno escocés detalló su labor para abordar la desigualdad de género en el marco del séptimo informe periódico del Gobierno del Reino Unido en relación con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, presentado en junio de 2010. También se publicaron informes sobre los progresos realizados en el sector público en Escocia para afrontar dos prioridades ministeriales en relación con el género: la discriminación ocupacional y la violencia contra la mujer.

Gales

88. En noviembre de 2011 se creó la "Wales Women's Network: the Women's Equality Network Wales" (Red de mujeres de Gales: red para la igualdad de la mujer en Gales), con el objetivo de asegurar que las cuestiones, problemas y prioridades de las mujeres de Gales lleguen hasta el gobierno galés y de que este tenga en cuenta desde el principio el punto de vista de la mujer a la hora de formular políticas.

Irlanda del Norte

89. La Estrategia sobre la igualdad de género 2006-2016 del gobierno de Irlanda del Norte establece un marco estratégico para la incorporación de la igualdad de género en todas las políticas, estrategias y actividades de los diferentes departamentos y organismos públicos y para promover medidas específicas en relación con el género a fin de acabar con desigualdades manifiestas en ese ámbito. No obstante, la inexistencia de datos dificulta la tarea de realizar una evaluación efectiva de los resultados respecto de la igualdad cuando se trata de medir la repercusión de las nuevas políticas en materia de género.

Tratamiento de la violencia contra la mujer

90. En el examen anterior el Reino Unido aceptó la recomendación 9 de establecer un órgano de supervisión estratégica, como una comisión de violencia contra la mujer, a fin de asegurar una mayor coherencia y una protección más efectiva de la mujer. El Gobierno

aspira a acabar con todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. El 25 de noviembre de 2010 se publicó un proyecto estratégico para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas, bajo el título Call to End Violence Against Women and Girls (Llamamiento a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas)¹⁴, con el objetivo de llegar hasta las causas profundas de esta violencia y atajar plenamente sus consecuencias.

En el Plan de acción sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, que se puso en marcha el 8 de marzo de 2011, se recoge un programa general de medidas. Creemos que la estrategia va más allá de un órgano o una comisión que pueda verse limitada por su mandato o por estructuras rígidas. El cumplimiento del Plan de acción es seguido muy de cerca por un grupo interministerial, presidido por el Ministro del Interior, y por un consejo interdepartamental encargado de supervisar los resultados. La estrategia se lleva a cabo en colaboración con entidades públicas, gobiernos locales, empresas y organizaciones de voluntarios.

91. El Gobierno respalda los principios generales que sustentan el Convenio para prevención de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica y la lucha contra ellas, que cuenta con nuestro firme compromiso de combatir la violencia contra la mujer y promover en general sus derechos. No obstante, sigue habiendo una serie de ámbitos que el Gobierno necesita seguir examinando antes de adoptar una decisión definitiva acerca de la firma del Convenio.

Escocia

92. El gobierno de Escocia publicó en junio de 2009 el documento Safer lives: Changed lives – a Shared Approach to Tackling Violence Against Women in Scotland (Vidas más seguras: vidas diferentes – un enfoque común para acabar con la violencia contra la mujer en Escocia). El documento se elaboró en colaboración con la Asociación de Autoridades Locales de Escocia y con interesados destacados como la Asociación de Jefes de Policía de Escocia, la Dependencia para la Reducción de la Violencia y las Juntas de Salud. El documento sirve de base para la labor de todos los asociados en todos los ámbitos de la violencia contra la mujer, incluida la explotación sexual con fines comerciales, la violación y las agresiones sexuales, los abusos domésticos, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina. En 2012 se revisará el documento a fin de reflejar nuestro compromiso con la labor de intervención temprana y prevención primaria, así como con la necesidad de adoptar medidas para combatir la violencia contra mujeres pertenecientes a la minoría étnica negra y recopilar datos.

Gales

93. El gobierno galés mantiene su compromiso de acabar con los abusos domésticos y la violencia contra la mujer en todo Gales, así como con los objetivos de la estrategia integrada de seis años "Right to be safe" (Derecho a estar seguras) que puso en marcha en marzo de 2010. Ya se ha concluido el plan de aplicación de tres años para apoyar la estrategia en relación con algunos de sus objetivos y el resto se habrá finalizado en marzo de 2013.

94. En abril de 2011 se designó al primer coordinador de la lucha contra la trata de Gales con el mandato de coordinar una respuesta interinstitucional a la trata de personas, incluida la trata con fines de comercio sexual, y de convertir a Gales en un lugar hostil para los autores de este delito.

Irlanda del Norte

95. Irlanda del Norte cuenta con una estrategia y una serie de medidas, adoptadas por un grupo interministerial, con el objetivo de acabar con los abusos y la violencia doméstica y sexual, sea cual sea el sexo de las víctimas. Las estrategias interinstitucionales "Tackling

violence at home" (Acabar con la violencia en casa), publicado en octubre de 2005 y

"Tackling sexual violence and abuse – a regional strategy 2008-2013" (Acabar con los abusos y la violencia sexual, una estrategia regional 2008-2013), se pusieron en marcha en junio de 2008 y cuentan con el apoyo de planes de acción elaborados entre diversos departamentos en estrecha colaboración con entidades públicas y voluntarios.

Convención sobre los Derechos del Niño

96. El Gobierno está plenamente comprometido con la promoción y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En diciembre de 2010 anunciamos al Parlamento que tendríamos debidamente en cuenta la Convención a la hora de formular políticas y promulgar legislación.

97. En noviembre de 2008 el Reino Unido retiró oficialmente sus dos últimas reservas:

al artículo 22, relativo a los niños refugiados y al artículo 37 c), relativo a los niños privados de libertad junto a adultos (recomendación 25)¹⁵. Reconocemos la importancia de asegurar el diseño y la construcción de establecimientos seguros para los jóvenes que tengan en cuenta las necesidades de estos, que a menudo son diferentes de las de los adultos. La retirada de las reservas es una prueba más de que el Reino Unido está cumpliendo con su propósito de mejorar la vida de todos los niños. También hemos ratificado el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en el que se presta especial atención a estas graves vulneraciones de los derechos del niño y a las medidas para luchar contra ellas. El Reino Unido presentó a las Naciones Unidas su informe sobre los progresos realizados al respecto en mayo de 2011.

98. Como ya se señaló en respuesta a la recomendación 2, el Reino Unido no ha formulado ninguna reserva al Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados. La declaración formulada por el Gobierno en el momento de la firma constituía una declaración interpretativa más que una reserva. En ella dejábamos claro que las fuerzas armadas británicas seguirían reclutando a partir de los 16 años pero incluíamos un compromiso claro de adoptar todas las medidas posibles para garantizar que aquellos que aún no hubiesen cumplido 18 años no participasen en hostilidades. A nuestro entender, esta medida no está en desacuerdo con las obligaciones que nos incumben en virtud del Protocolo facultativo, con el que estamos firmemente comprometidos.

Escocia

99. El 1º de diciembre de 2011 concluyó la consulta del gobierno escocés acerca del proyecto de ley sobre los derechos de los niños y de los jóvenes. Está en curso el proceso de análisis de las respuestas y el examen de las cuestiones planteadas, que servirá de base para la elaboración del proyecto de legislación y afectará al calendario de su aplicación.

Gales

100. El 16 de mayo de 2011 entró en vigor la Disposición de Gales sobre los derechos de los niños y los jóvenes, de ese mismo año, que establece la obligación del gobierno galés de tener debidamente en cuenta los derechos y obligaciones recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos¹⁶. Desde el 1º de mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2014 la mencionada obligación será aplicable a las decisiones que tome el gobierno galés en relación con los proyectos de nueva legislación, los proyectos de nuevas políticas y las revisiones o modificaciones de las políticas existentes. A partir del 1º de mayo de 2014 se aplicará a todas las decisiones y medidas que adopte el gobierno de Gales.

Irlanda del Norte

101. El respeto de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño se canaliza fundamentalmente a través de la Estrategia decenal y los planes de acción. La estrategia decenal "Our Children and Young People – Our Piedge" (Nuestros niños y jóvenes: nuestro compromiso) recoge la visión del gobierno respecto de los niños y los jóvenes para el período comprendido entre 2006 y 2016. En ella se identifican seis objetivos de alto nivel y los progresos realizados al respecto se miden con una serie de indicadores. No obstante, no hay consenso político sobre las medidas de aplicación que deben adoptarse para resolver algunas de las cuestiones mencionadas en las observaciones finales del Comité, como la defensa del empleo de castigos corporales razonables y de la selección académica a una edad determinada.

102. En la actualidad se están concluyendo los últimos datos correspondientes a 2010-2011, que serán un factor importante para decidir la naturaleza del nuevo Plan de acción 2012-2016. La adopción de medidas respecto de las prioridades identificadas permitirá medir los progresos alcanzados tanto respecto de los objetivos de la Estrategia como de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Política sobre juegos y ocio y su plan de aplicación recogen el compromiso del gobierno con las necesidades de juego y ocio de los niños y los jóvenes y su derecho a dedicarse a actividades de este tipo.

Pobreza infantil

103. En 2008 el Reino Unido aceptó la recomendación 11 de facilitar información ulterior sobre la labor realizada con el fin de reducir en un 50% la pobreza infantil para 2010. El Gobierno dejó claro su compromiso de erradicar la pobreza infantil en el documento titulado The Coalition: Our Programme for Government (La Coalición: nuestro programa de gobierno). En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de pobreza infantil de 2010, el Gobierno publicó, en abril de 2011, su primera estrategia para luchar contra la pobreza infantil, que abarca un período que finaliza en 2014¹⁷.

104. La estrategia aúna la reforma del sistema de seguridad social y educativo aumentando los incentivos laborales, eliminando barreras al empleo y mejorando las oportunidades de vida de los niños, con una concentración mayor en la intervención temprana y en medidas orientadas a toda la familia y a la totalidad del ciclo vital.

105. El Gobierno también introducirá nuevas medidas para lograr un mayor entendimiento tanto de las causas como de las consecuencias de la pobreza. El resultado de la labor del Gobierno anterior de reducir al 50% la pobreza infantil para 2010, con arreglo al compromiso adquirido, se conocerá en la primavera de 2012, cuando estén disponibles las conclusiones del estudio Estadístico anual sobre los hogares por debajo de los ingresos medios¹⁸.

Escocia

106. El gobierno escocés se propone afrontar las consecuencias a largo plazo de la pobreza infantil con la intervención temprana y la prevención, así como concentrándose en el crecimiento económico y la disponibilidad de empleo. Las medidas establecidas en los principales marcos de políticas sociales: Achieving Our Potential (Haciendo realidad nuestro potencial), Equally Well (Bienestar igualitario) y Early Years Framework (Primeros años) tienen por objetivo repercutir de manera duradera y continuada en los determinantes sociales y estructurales de la pobreza. En marzo de 2011 se publicó la Estrategia sobre la pobreza infantil, en la que se establecen prioridades estratégicas y medidas dirigidas al gobierno de Escocia y a sus asociados, centradas en aprovechar al máximo los recursos de las familias y mejorar las oportunidades de vida de los niños. El gobierno escocés mantiene su compromiso con el objetivo del Gobierno del Reino Unido de erradicar la pobreza infantil para 2020.

Gales

107. El gobierno, las autoridades locales y otros órganos públicos de Gales están obligados por ley a fijar las medidas que van a adoptar para atajar la pobreza infantil.

108. Para cumplir con este requisito legal, en 2011 se publicó la Estrategia de Gales sobre la pobreza infantil¹⁹. En ella se determina lo que el gobierno de Gales puede lograr para ayudar a reducir la pobreza infantil, en particular en lo que se refiere a la mejora de los resultados en el ámbito de la salud, la educación y la economía en relación con los niños de familias de ingresos bajos. La Estrategia va acompañada de un plan de acción para medir los progresos alcanzados con ella.

Irlanda del Norte

109. El proyecto de programa de gobierno de Irlanda del Norte, publicado el 17 de noviembre de 2011, tiene por objetivo mejorar las garantías de obtención de resultados de los niños y jóvenes que se encuentran en una mayor situación de riesgo; reducir la pobreza infantil; ofrecer atención infantil de buena calidad y asequible; ofrecer asistencia financiera, con cargo al fondo de protección social, a las familias que atraviesan dificultades; y prestar apoyo a los jóvenes para que consigan un empleo. Se insiste especialmente en la creación de condiciones para mejorar los resultados educativos, en particular en el caso de los niños y jóvenes de familias desfavorecidas. No obstante, en Irlanda del Norte hay sectores a quienes preocupa que la aplicación de la reforma del sistema de bienestar pueda repercutir negativamente en la labor de reducción de la pobreza infantil.

Comisionado para la Infancia

110. El Gobierno se ha comprometido a promulgar legislación a fin de asignar al Comisionado para la Infancia de Inglaterra un papel concreto de promoción y protección de los derechos del niño acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño. También se están introduciendo otras modificaciones legislativas para que el Comisionado sea más independiente del Gobierno y rinda cuentas en mayor medida ante el Parlamento. Se han realizado consultas sobre propuestas legislativas y se presentarán proyectos al Parlamento lo antes posible.

Escocia

111. La principal tarea del Comisionado para la Infancia y la Juventud de Escocia es promover y proteger los derechos de los niños y de los jóvenes. Este cargo se creó en la Ley relativa al Comisionado para la Infancia y la Juventud (Escocia) de 2003.

Gales

112. El Comisionado para la Infancia de Gales es una institución independiente que vela por los derechos del niño creada en 2001 con el objetivo principal de proteger y promover los derechos y el bienestar de los niños. En el ejercicio de sus funciones, el Comisionado debe tener presente la Convención sobre los Derechos del Niño. La labor del Comisionado se extiende a todos los ámbitos en los que la Asamblea Nacional de Gales tiene competencias autonómicas en la medida en que incidan en los derechos y el bienestar de los niños. El Comisionado también podrá acudir ante la Asamblea Nacional de Gales en relación con cualquier tema que incida en los derechos y el bienestar de los niños en Gales.

Irlanda del Norte

113. El Comisionado para la Infancia y la Juventud de Irlanda del Norte se creó como órgano independiente del gobierno en 2003. En 2010 un examen independiente que tenía por objetivo determinar la efectividad y la eficiencia de la labor del Comisionado llegó a la