Asamblea General     A

GE.09-

UNIDAS

A

Asamblea General  ^Distr. GÉNÉRAL

A/HRC/WG.6/5/URY/1 24 de febrero de 2009

Original: ESPAÑOL

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Quinto período des sesiones

Ginebra, 4 a 15 de mayo de 2009

INFORME NACIONAL PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 15 A) ANEXO A LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS * Uruguay

_________________________

* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

I. METODOLOGÍA Y PROCESO DE CONSULTA

1. Uruguay está comprometido con el mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos y está dispuesto a colaborar con este mecanismo de forma franca, evitando análisis autocomplacientes de la realidad del país, y con especial atención a las observaciones y/o recomendaciones que de él emerjan. El gobierno está convencido de que es un instrumento fundamental para la protección y promoción de los Derechos Humanos.

2. La elaboración de este informe fue coordinada por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, como autoridad nacional en la materia, junto a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes convocaron a las reparticiones del Estado involucradas. En instancias presenciales conjuntas y a través del intercambio de documentos, las instituciones públicas participaron de este informe con un examen de las políticas públicas en sus respectivas áreas. La elaboración del informe fue vista como una oportunidad para realizar una memoria financiera de la inversión del Estado Uruguayo en políticas de derechos humanos en un sentido amplio. De esta forma, la información y la argumentación proporcionada en este documento, está respaldada por las prioridades del gasto público del gobierno nacional.

3. Durante el proceso de elaboración se abrieron consultas con la sociedad civil, organizaciones de Derechos Humanos y movimientos sociales representativos. De estas consultas iniciales y de la participación de las instituciones públicas, resultó la síntesis de derechos propuesta, intentando que se realizara una evaluación lo más exhaustiva y abarcadora posible. Se reunió a Estado, sociedad civil y academia en una instancia de debate del borrador de informe, coordinada por representantes del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay. Se procuró asimismo abrir el proceso a la participación ciudadana convocándose a hombres y mujeres de todo el país que, a lo largo del año 2008, habían recibido una capacitación básica en el marco del Programa 1000 Promotores de Derechos Humanos

, quienes se comprometieron a hacer un seguimiento de los compromisos adquiridos y de las eventuales recomendaciones formuladas.

4. Es una preocupación central de este documento el uso de lenguaje no discriminatorio entre hombres y mujeres. No hay acuerdo entre los lingüistas sobre la mejor manera de hacerlo y, eventualmente, podría generar problemas de traducción. Por las razones expuestas, en general, utilizaremos el masculino genérico dejando en claro que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y a mujeres.

II. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL A. Constitución, legislación y jurisprudencia

5. En 1985, luego de once años de dictadura cívico-militar, Uruguay recuperó las libertades civiles y políticas para sus ciudadanos en el marco de la Constitución de 1967. Para que ello fuera posible, primero, la ciudadanía derrotó en un plebiscito la propuesta de una nueva

Constitución que recortaba los derechos individuales y proponía someter el poder civil a la tutela

militar. Luego, fueron las luchas democráticas de partidos, sindicatos, gremios estudiantiles,

cooperativas y organizaciones de DDHH, las que tras años de protestas pacíficas, empujaron la

transición hacia la democracia. Desde la recuperación democrática, los sucesivos gobiernos han

continuado ratificando y apoyando la negociación de los principales instrumentos internacionales

para la promoción y protección de los derechos humanos y, no sin las diferencias y los debates

propios del sistema democrático, han ido ampliando los derechos civiles, políticos, económicos,

sociales y culturales de la ciudadanía en su conjunto, así como de los colectivos en situación de vulnerabilidad y promovido su respeto.

6. La Constitución de 1967 establece un régimen republicano, democrático y semi-

representativo. Esto supone que las instituciones representativas electas por el sufragio popular, coexisten con mecanismos de democracia directa: el plebiscito constitucional (ratificatorio de reformas sancionadas por el Parlamento o de iniciativa popular), el referéndum para la

derogación parcial o total de leyes, y la iniciativa popular de nueva legislación.

En 1989, el primer caso en que se utilizó el instituto del referéndum popular, luego de la recuperación de la democracia, se hizo para intentar –sin éxito- derogar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que pretendía dejar sin efectos los procesos para juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

7. La Constitución vigente establece en su parte dogmática la igualdad de todas las personas ante la ley, protegiendo expresamente un amplio conjunto de derechos como los de libertad de expresión, libertad de cultos religiosos y de enseñanza, el derecho al trabajo y a una vivienda decorosa, o la prohibición de la pena de muerte, entre otros, que no se agotan en esa

enumeración, de acuerdo al artículo 72,

o por no haber sido reglamentados, de acuerdo al artículo 332.

En los últimos cuatro años, el Parlamento sancionó 590 proyectos de ley de los que 114 referían directamente a Derechos Humanos.

B. Instituciones nacionales de Derechos Humanos

8. La promoción y protección de los Derechos Humanos es una prioridad para el gobierno nacional inaugurado en 2005. Para ello, impulsó en diferentes áreas de actuación, una

institucionalidad acorde con ella. Desde marzo de 2005, existió un Área de Derechos Humanos en el Ministerio de Educación y Cultura, que se formalizó como Dirección en enero del 2006,

como autoridad nacional en la materia. Ésta tiene por misión promover la vigencia y el respeto por los derechos humanos, considerándolos de forma integral e interdependiente, incluyendo tanto los derechos civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, y aquellos de naturaleza colectiva como el derecho a la paz, al desarrollo y al medio ambiente.

9. También se creó un ámbito especializado en la autoridad nacional de la educación pública (inicial, primaria y media), en 2006. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se creó la Asesoría en Derechos Fundamentales que tiene por cometidos los de promover la libertad de asociación, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil y la lucha contra todo tipo de discriminación. Hasta entonces, los únicos ámbitos de gobierno dedicados a la temática eran la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en el Ministerio de Relaciones Exteriores -encargada del relacionamiento con organismos intergubernamentales y no gubernamentales internacionales de derechos humanos, el seguimiento de las negociaciones internacionales en la materia, la presentación de informes periódicos y el trámite de denuncias ante el Sistema Interamericano o Universal de Derechos Humanos- y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

10. En 2003, fue creada por ley la figura del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa internacional, constitucional, legal y reglamentaria de la situación de las personas privadas de libertad. El cargo fue, finalmente, designado en 2005.

Recientemente se aprobó la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos, que a

diferencia de otros de su tipo, tiene la particularidad de ser colectivo.

C. Cooperación con mecanismos internacionales

11. La tradición nacional democrática ha sido de amplia ratificación de los tratados de derechos humanos, por lo que desde la finalización de la dictadura en 1985, Uruguay ratificó prácticamente la totalidad de los diferentes instrumentos de protección y promoción de los derechos humanos sancionados por Naciones Unidas. Se da la misma situación, a nivel del sistema de protección de los derechos humanos regional.

12. El principio de cooperación con el sistema internacional constituye un pilar en la política exterior del Gobierno uruguayo. En función de esto, Uruguay formuló en marzo de 2005 -en ocasión de la 61º sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra- una "Invitación Abierta" a todos los procedimientos especiales del Derechos Humanos de Naciones Unidas. En 2007, se hizo similar invitación al Sistema Interamericano para que cualquier mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como la Corte Interamericana puedan visitar nuestro país. Estas invitaciones implican una apertura al sistema y una demostración del deseo de progresar en materia de derechos humanos y de mejorar las políticas públicas que aplica

Uruguay.

13. El MERCOSUR (Mercado Común del Sur), ya en 1992, a través del Protocolo de Ushuaia, incorporó una cláusula democrática para la sanción –y eventualmente expulsión- de aquellos países en los que se quebrante el régimen democrático, y en 2005 aprobó el Protocolo de Asunción (Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del

MERCOSUR). Recientemente, se ha creado el Parlamento del Mercosur (PARLASUR), en cuyo marco se ha creado una Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos que en 2008 ha llevado adelante consultas públicas abiertas en la materia.

III. LOGROS EN LA LUCHA POR UNA MAYOR CALIDAD DEMOCRÁTICA A. Derecho a la participación política y social

14. Uruguay se destaca en América Latina por la alta participación de los ciudadanos en las elecciones, y la transparencia de las mismas, asegurada por una Corte Electoral independiente. El país ha tenido a lo largo del siglo XX y principios del XXI una extensa tradición democrática.

Un síntoma de consolidación democrática, tras la dictadura, ha sido la rotación no traumática de los partidos en el gobierno nacional en 1990, 1995 y 2005.

15. Los valores democráticos de los uruguayos no sólo se fundan en la participación electoral sino también en experiencias de participación ciudadana directa. En la capital así como en algunos otros departamentos se han realizado experiencias de descentralización de los gobiernos municipales. A nivel municipal se desarrollan experiencias de presupuesto participativo en las que la ciudadanía decide las prioridades de una parte variable de la inversión pública a nivel municipal. En 2008, el gobierno nacional ha presentado un proyecto de ley para crear la figura del Alcalde en localidades pequeñas, como forma de acercar el centro de las decisiones al nivel local.

16. Aunque se estima que medio millón de uruguayos vive fuera del país –proporción

considerable si se considera que en el territorio nacional residen tres millones trescientos mil-

aún no han podido lograrse las mayorías especiales necesarias para una modificación de la

legislación electoral que permita el voto de nuestros ciudadanos en el extranjero –ya sean

funcionarios o migrantes-. También la legislación sobre partidos políticos es aún deficiente en

cuanto a la financiación de éstos y la de sus campañas electorales.

17. El gobierno nacional abrió las políticas públicas a la participación social en diferentes ámbitos de actuación de los que el Consejo de Economía Nacional, los Consejos de Salarios, el Congreso de la Educación, las consultas de las leyes de Reforma Tributaria y de Defensa Nacional, las Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana y el Consejo Consultivo Asesor en temas de Migración, son algunos ejemplos.

18. En 2007 y 2008 diversos movimientos políticos y ciudadanos han promovido la recolección de firmas para la activación del mecanismo de democracia directa del plebiscito constitucional: uno para eliminar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas; otro para una reforma de la Constitución que declare la nulidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado; y un tercer movimiento que busca la habilitación, por una vez consecutiva, de la reelección presidencial.

19. Uruguay tiene una baja proporción de mujeres en el Parlamento Nacional y, a pesar de que se han discutido diversos proyectos de medidas de carácter temporal para la inclusión de mujeres en las listas electorales, aún no se ha reunido el consenso suficiente. En 2005, catorce mujeres accedieron como titulares al Parlamento (lo que representa un 10,8 por ciento del total de legisladores). Actualmente, dieciséis mujeres se desempeñan como parlamentarias (12,3 por ciento del total), actuando cuatro como senadoras y doce como diputadas. La presencia de mujeres en el gabinete ministerial ha sido significativamente más importante que en el pasado:

cuantitativamente representa un 30 por ciento del total; cualitativamente ha llevado a mujeres a encargarse de la gestión de áreas tradicionalmente monopolizadas por hombres como la Defensa o la Seguridad Interior.

20. Existe en Uruguay una amplia libertad de asociación reconocida por la Constitución en su artículo 39. Numerosas organizaciones realizan actividades en coordinación con el Estado, en las áreas, entre otras, de infancia y adolescencia, y la lucha contra la pobreza y la indigencia. La legislación existente no se ha actualizado aunque el país sí cuenta con una ley de Fundaciones,

y otra que regula, promueve y facilita la participación en actividades de voluntariado.

B. Derecho a las libertades de expresión, información y transparencia pública 21. En 2008 se sancionaron tres importantes leyes: la Ley del Servicio de Radiodifusión Comunitaria

, que establece que la radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, derecho que preexiste a cualquier intervención estatal y que la administración de las frecuencias respetará los principios de pluralidad, diversidad y no discriminación; la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data,

considerando que el derecho a la protección de los datos personales es inherente a la persona humana y la Ley de Acceso a la Información Pública,

que tiene por objeto promover la transparencia de la función pública y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública. Un proyecto de ley que deroga los delitos de desacato, difamación e injurias en relación con funcionarios públicos o personas que desempeñan actividades de interés público, ya tuvo aprobación en la Cámara de Senadores.

22. Otras medidas son la creación de la Agencia para el desarrollo del gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC); los Centros MEC, creados por el Ministerio de Educción y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de

Telecomunicaciones (ANTEL) y los gobiernos municipales, en los centros poblados de menos de

5.000 habitantes para la difusión del conocimiento, la cultura y la comunicación; los Centros de

Atención Ciudadana (CAC) en todo el interior del país; y el establecimiento del Plan CEIBAL

(Conectividad Educativa Informática Básica para el Aprendizaje en Línea), por el cual se le entrega una computadora a cada niño que asiste a la escuela pública en todo el país. En 2005, ANTEL pasó de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

23. En materia de transparencia pública, la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado -creada en 1998 para propiciar políticas públicas, normativas y acciones que

fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado- fue modificada recientemente para su armonización con los contenidos de la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La ahora llamada Junta de Transparencia y Ética Pública fue dotada de nuevas prerrogativas en tanto que se amplió el número de funcionarios que deben presentar su declaración jurada de patrimonio al comienzo de su gestión.

C. Derecho de acceso a la justicia

24. La Justicia

es gratuita para los litigantes de bajos recursos y en los juicios laborales. El acceso a la Justicia y la asistencia jurídica están asegurados en la capital y ciudades importantes por los servicios de la Defensoría Pública.

En 2006, se creó la Dirección General de

Defensorías Públicas en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, la cual nuclea las diferentes defensorías de oficio: civil, criminal, de ejecución penal, de familia, de menores infractores y de trabajo. El actual gobierno reforzó significativamente el presupuesto del Poder Judicial.

25. En 2005, se avanzó sustantivamente en la generación de políticas públicas en materia de acceso a la justicia, la promoción del Estado de Derecho y la seguridad jurídica con la creación de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Iniciativas de este tipo permiten visualizar la creación de una Secretaría de Estado especializada en el futuro próximo. En 2005, se crearon dos comisiones para la

elaboración de las bases de reforma del Proceso Penal y del Código Penal.

Ambos proyectos serán sometidos a consideración del Parlamento a la brevedad.

D. Derecho a la identidad

26. En 2005, en ocasión de relevar los hogares a integrar en el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, se constató que miles de personas carecían de su documento de identidad.

Entendiendo que el derecho a la identidad es el “derecho a tener derechos” –ya que es

imprescindible, por ejemplo, para acceder a beneficios sociales públicos- se emprendió en 2006 una Campaña por el Derecho a la Identidad junto con la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y los organismos nacionales de registro e identificación civil, en la que se tramitaron más de 30.000 cédulas de identidad. El programa, ahora institucionalizado, también tramita partidas de nacimiento e inscripción en el registro de extranjeros. Se entregaron cédulas de identidad a cientos de enfermos psiquiátricos institucionalizados que, abandonados por sus familiares, desconocían si habían sido inscriptos y/o carecían de documento. En el interior del país, las funciones de registro civil aún son ejercidas por los Juzgados de Paz, competencia que se estima debería ser transferida e integrada a la Dirección Nacional de Registro Civil. El país también realizó los operativos “Celeste” y “Guaraní” con el fin de proveer documentación a los uruguayos residentes en países de la subregión.

27. En 2008, comenzó la implementación del Certificado Electrónico de Nacido Vivo que

otorga el documento nacional de identidad de niños y niñas asociado al de la madre en todas las

maternidades públicas y privadas del Uruguay, donde nacen el 98 por ciento de los niños. Se

trata así de proteger el derecho a la identidad y con él de los derechos al nombre y a la

nacionalidad, en un marco de fortalecimiento de las relaciones familiares, además de garantizar su acceso a todo tipo de beneficios sociales. La meta para finales de 2009 es que la totalidad de las niñas y los niños nacidos en instituciones públicas y privadas cuenten con su documento de identidad.

E. Derecho a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación, y garantías de no repetición

28. Las consecuencias del terrorismo de Estado siguen presentes veintitrés años después del retorno a la democracia. En 2005, al asumir como Presidente de la República, el Dr. Tabaré Vázquez expresó su fuerte compromiso con este tema. Una nueva interpretación del texto de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por parte del Poder Ejecutivo, a partir de 2005, posibilitó el accionar del Poder Judicial que ha comenzado a investigar diversos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el período dictatorial. Actualmente, los más emblemáticos responsables de violaciones a los derechos humanos del período se encuentran encarcelados.

29. En 2005, se declaró ausentes a las personas cuya desaparición forzada resultó confirmada

por el Informe Final de la Comisión para la Paz creada en 2000, y en 2006 se sancionó la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional en Materia de Lucha contra del Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad,

que ha sido de fundamental apoyo a la nueva interpretación de la Ley de Caducidad. En la ley se tipifican dichos crímenes

considerándolos imprescriptibles, estableciendo la jurisdicción universal y la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional para su juzgamiento. Los tipos penales son aún más amplios que los que establece el Estatuto de Roma.

30. El presidente Vázquez encargó a un grupo de historiadores la investigación de los

archivos públicos y privados para dar cumplimiento al artículo cuarto de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado,

tarea que había comenzado con la Comisión para la Paz.

También ordenó a las Fuerzas Armadas la elaboración de un informe sobre el destino de los detenidos-desaparecidos y dio acceso a un equipo de antropólogos-arqueólogos a los recintos militares y predios particulares en los que se produjeron enterramientos clandestinos

recuperándose los restos de Fernando Miranda y Ubagésner Cháves Sosa. Una publicación de 3.630 páginas con toda la información recabada fue ampliamente difundida en formatos impreso y digital. La Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz continúa actuando

recepcionando información, realizando trámites de repatriación de restos, encargándose de muestras de sangre y exámenes de ADN en el exterior, y viajes de familiares de víctimas.

31. En 2008, fue creado el Archivo Nacional de la Memoria.

Su objetivo es el de promover el pleno ejercicio del derecho individual y colectivo a la verdad, a la memoria y el acceso a la información pública sobre las violaciones a los derechos humanos. Tres leyes promulgadas con anterioridad complementan el tratamiento de los archivos y el derecho de acceso público: la ley que crea el Sistema Nacional de Archivos,

y las que garantizan la protección de datos

personales y la acción de habeas data, y el derecho de acceso a la información pública, ya mencionadas.

32. Con miras a reparar el daño causado y a reconstruir la memoria histórica dignificando a

las víctimas, en 2007 fue instalado el Centro Cultural y Museo de la Memoria, a cargo del

gobierno municipal de Montevideo, presentándose al público la Biblioteca de la Memoria,

colección de libros recuperados provenientes de requisas en allanamientos domiciliarios realizados por personal policial y militar en tiempos del terrorismo de Estado. En 2008, una exposición recordó las principales luchas por la democracia y la libertad desarrolladas en el año 1983. Escuelas públicas llevan nombres de ciudadanos desaparecidos forzosamente por razones políticas, así como decenas de placas y monumentos, calles, plazas y espacios públicos de todo el país.

33. Tras recuperar la democracia, se aprobaron leyes limitadas de reparación para

funcionarios públicos y trabajadores privados. Durante los cuatro últimos años se han dictado leyes más amplias para recomponer los derechos jubilatorios del personal militar destituido, desvinculado, dado de baja, pasado a situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas,

y recuperar los derechos jubilatorios y pensionarios a ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre 1973 y 1985.

Actualmente, se

encuentra en discusión un anteproyecto de ley de reparación integral que incluye medidas de reparación económica, pero también simbólica, así como la atención sanitaria y psicológica de las víctimas.

34. El gobierno en su relación con las Fuerzas Armadas ha reafirmado el control civil de las mismas. Una nueva normativa -que cuenta con la aprobación del Senado- avanza en este mismo sentido, ampliando la presencia civil en la dirección del Ministerio de Defensa y estableciendo que la jurisdicción militar es competencia del Poder Judicial, acotándola únicamente a los delitos militares y al Estado de Guerra.

F. Derecho a la seguridad

35. El país, en consonancia con el Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos, modificó las normas de procedimiento policial ajustándolas a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales, con garantías suficientes para el desempeño de la labor de funcionarios y magistrados y, fundamentalmente, la protección de los derechos de los ciudadanos.

También fue creada la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, para dar trámite a la investigación de las irregularidades que se presuman por parte de los

funcionarios policiales, y habilitó los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan presentar anónimamente sus quejas o denuncias.

En este tiempo se han constatado casos de malos tratos y, en un caso, muerte de un detenido en manos de funcionarios policiales. Estas denuncias han sido investigadas y sometidas a la justicia. Está en marcha la iniciativa de creación de un Centro de Atención a las Víctimas de violencia y de delitos.

36. El gobierno está elaborando una Ley Orgánica Policial que establece los principios y competencias que rigen a la fuerza pública, su relación jerárquico institucional, la estructura organizativa, régimen disciplinario, y sistema de formación y carrera de la policía nacional. En la propuesta de reforma en elaboración se elimina la sanción administrativa con privación de

libertad a los policías, se introducen garantías del debido proceso, y se reconocen los derechos de sindicalización de los funcionarios del Ministerio del Interior. Uruguay ha eliminado los topes que hasta 2005 restringían el acceso de mujeres a las vacantes calificando en un escalafón diferente. Además, en los últimos cuatro años los funcionarios policiales han visto fuertemente incrementados sus salarios: en los escalones más bajos, entre 2005 y 2009 se habrá recuperado un 42 por ciento del salario real.

37. La profesionalización de la fuerza policial es una preocupación permanente por lo que se

realizó una reforma curricular integral apostando a un único instituto de formación policial (hoy

en experiencia piloto en el área metropolitana) y apuntando a la preparación del equipo docente a partir de una perspectiva de derechos humanos y enfoque de género. Se adoptó un abordaje integral con perspectiva de derechos humanos en el combate al narcotráfico y el lavado de activos, y se potenció la Junta Nacional de Drogas (JND).

38. Para promover la participación ciudadana en la gestión local de la seguridad se crearon las Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana como ámbitos de intercambio entre autoridades nacionales, locales, policías, vecinos y organizaciones sociales para la generación de medidas concretas a nivel local y que atiende las múltiples causas de la inseguridad.

G. Combate a la trata de personas

39. En 2008, el Parlamento uruguayo aprobó la ley sobre Migraciones que tipifica el delito de la trata de personas.

Se consideran agravantes el hecho de poner en peligro la salud o integridad física de los migrantes, que la víctima sea un niño, adolescente o incapaz, que se efectúe con violencia, intimidación o engaño y que el agente tenga a cargo la seguridad de los migrantes o tenga ésta por actividad habitual. El gobierno se ha propuesto implementar una política de Estado, a través de una Comisión Interinstitucional integrada por distintos organismos del estado y de la sociedad civil.

40. También se creó el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, integrado por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, que en 2007 lanzó el Plan de Erradicación de la explotación sexual comercial, que se está ejecutando. Actualmente está abocado a la elaboración de un plan similar para la erradicación de la explotación no comercial. En 2007 y 2008 se

lanzaron campañas de sensibilización en este sentido.

IV. LOGROS EN LA LUCHA POR LA IGUALDAD A. Lucha contra la pobreza y la exclusión social

41. En 2005, el gobierno lanzó el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social

(PANES) hacia los uruguayos en situación de indigencia y pobreza extrema (aproximadamente un 10 por ciento de la población).

Fueron visitados 186.000 hogares de los que 68.000, en 440 localidades, fueron integrados al plan a través de programas alimenticios, sanitarios, educativos, habitacionales y de trabajo protegido.

Las políticas de estímulo a la inversión, la reforma tributaria

-que en 2007 introdujo el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas-, el impulso a un sistema de negociación colectiva en las relaciones laborales, la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y el Plan de Equidad –que rediseñó el esquema de protección social

centrándolo en las generaciones más jóvenes- llevaron al aumento simultáneo del empleo y de los ingresos. Los ingresos de los hogares recuperarán en cinco años el poder de compra perdido en la crisis de 2002. Aunque continúan siendo inaceptables, en tres años (2005-2008), la pobreza se redujo al 21,7 por ciento y la indigencia al 1,7 por ciento.

42. Se creó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES),

dando jerarquía a las políticas sociales y promoviendo su coordinación. A través del MIDES se institucionalizaron programas focalizados en la atención crítica y la inclusión social de las personas y los colectivos

socialmente excluidos.

También se creó el Gabinete Social con la participación de los ministros

de Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Economía, Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente, Turismo y Deporte, y Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social ha desarrollado un completo sistema de indicadores sociales a través del Observatorio Social.

B. Derecho a la educación

43. Durante mucho tiempo, la falta de inversión y el deterioro de los salarios de los docentes contribuyeron al deterioro de la calidad de la educación pública. La crisis social y económica también impactó en el sistema educativo: los peores resultados educativos se producen en escuelas e institutos situados en los barrios más pobres. Entre los datos más preocupantes está el de que tres de cada diez jóvenes de 15 a 17 años y seis de cada diez de 18 a 24 años no asiste a un establecimiento educativo. El 8,3 por ciento de las y los jóvenes de 15 a 20 años no estudia, no trabaja, no busca trabajo y no ha culminado la educación media básica.

44. El país elevó –en estos cuatro años- al 4,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) el gasto público con destino a la educación pública. Paralelamente, hizo un énfasis especial en la función de inclusión social del sistema educativo. En el Plan de Equidad del gobierno nacional, en marcha desde 2007, se comprometió: la ampliación de la cobertura y la calidad de la atención educativa de los niños de 0 a 3 años; la universalización de la educación inicial de 4 y 5 años; el mejoramiento de la calidad de la educación primaria con énfasis en la superación de la inequidad de los resultados expresada en las tasas de repetición; y la universalización de la educación media básica con especial atención al problema de la deserción y el abandono. La creación del programa de Maestros Comunitarios apuntó al mejoramiento de los resultados educativos en escuelas primarias de contexto socio-cultural crítico combatiendo la repetición y la extra-edad.

El programa de Aulas Comunitarias funcionó como dispositivo de reincorporación de jóvenes a la educación media.

45. Durante 2006 y 2007 se desarrolló el Debate Nacional sobre la Educación que culminó en un Congreso Nacional que recogió importantes aportes, publicados y considerados en la

redacción del proyecto de Ley General de Educación Pública. La ley,

aprobada en diciembre de 2008, reafirma los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad, y pone como meta una educación de calidad, con equidad, relevancia y pertinencia para todos, como derecho inalienable y durante toda la vida. La norma introdujo como eje transversal, en todos los niveles, la

educación en derechos humanos.

46. A finales de 2009, todos los alumnos de las escuelas primarias públicas y sus maestras y maestros, tendrán una computadora portátil personal a través del Plan Ceibal –nacido del proyecto One Laptop per Child del Massachussets Institute of Technology (MIT)-. De esta manera, Uruguay será el primer país en el mundo en universalizar el acceso a las nuevas tecnologías de la información entre niñas y niños de diferente condición social y ubicación geográfica.

47. El país creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) para articular

actores públicos y privados involucrados en la creación y utilización de conocimiento, facilitar

sinergias entre ellos, y potenciar el desarrollo a largo plazo del Uruguay. La ANII, a través de un

Sistema Nacional de Becas, promueve la iniciación en la investigación, los estudios de postgrado

en el país y en el exterior, la vinculación con el sector productivo, y el retorno de científicos

uruguayos en el exterior. También impulsa la popularización de las ciencias con énfasis en la

inclusión social.

C. Derecho a la salud

48. Aunque el gasto en salud en Uruguay rondaba, a principios del siglo XXI, el 9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), éste no cumplía con objetivos mínimos de calidad de vida para la mayoría de la población: era inequitativo y el precio de los tickets de consultas, exámenes y tratamientos planteaba un serio problema; era, además, de baja calidad dado que se priorizaba un modelo asistencialista -dejando de lado el primer nivel de atención y los temas de prevención en salud-; y no era sustentable por serios desequilibrios en el plano económico y en su capacidad de resolver los problemas de la salud.

49. Una de las reformas institucionales y de política social más ambiciosas que ha encarado el país en el último tiempo ha sido la implementación, a partir de 2008, del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)

con el objetivo de garantizar el derecho de todos los uruguayos a la salud. Para ello, ha definido a la salud como bien social, derecho humano esencial, del que el Estado es responsable.

La reforma propone un modelo de acceso universal, con énfasis en la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS), de aporte por ingresos, y de una prestación integral igual para todos y de homogénea calidad. En ese sentido, los pasos dados refieren a:

aporte de la población según ingresos; derecho a cobertura de todos los menores de 18 años y discapacitados sin límite de edad, de manera inmediata y a los cónyuges inactivos, desde 2011;

sistema de pago de la seguridad social asociándolo a la edad y sexo de los usuarios.

A través de

“El Portal Amarillo” (Centro de Información y Referencia Nacional de la Red Drogas) el gobierno promueve la recuperación de adictos con voluntad de tratamiento.

50. La ley 18.335

sobre los pacientes y usuarios de los servicios de salud estableció que éstos tienen derecho a recibir tratamiento igualitario y no podrán ser discriminados por ninguna razón. Se establecen y regulan los derechos a una atención de calidad con un trato respetuoso y digno, a medicamentos y exámenes diagnósticos y estudios diagnósticos de calidad, y a acceder a los resultados de estos últimos cuando el paciente lo solicite. La norma reafirma el derecho de los pacientes a conocer todo lo relativo a su enfermedad, a revisar su historia clínica y a obtener una copia de la misma, la que, en caso de encontrarse en una situación de indigencia, será gratuita.

51. En 2005, se creó en el Ministerio de Salud Pública el Programa Nacional Salud de la Mujer y Género con el objetivo de disminuir la inequidad de género en salud. Se elaboraron protocolos y guías clínicas para la intervención de los equipos de salud de los servicios en salud sexual y salud reproductiva tomando como marco conceptual las recomendaciones de las plataformas de acción de las conferencias internacionales de población y desarrollo, y sobre la mujer. También en 2005, se creó la Comisión Nacional para el Monitoreo y Reducción de las Muertes de Mujeres por causa del embarazo, parto, cesárea, puerperio y aborto.

D. Derecho al trabajo

52. En los últimos cuatro años, más uruguayos han podido hacer efectivo su derecho al

trabajo. La tasa de empleo pasó entre 2004 y 2008 de 50,8 por ciento a 57,6 por ciento y la de

desempleo, en similar período de tiempo, de 13,1 por ciento a 7,0 por ciento. Más allá de lo

cuantitativo, el país avanzó en la protección de los derechos de las y los trabajadores. La ley de

Fuero Sindical,

declaró la nulidad absoluta de todo acto anti-sindical y dispuso el reintegro

efectivo del trabajador lesionado, entre otros derechos tales como el de la licencia sindical. Las

leyes de Descentralización Empresarial

establecieron para la administración pública que en la

contratación de servicios con terceros se deberá exigir a la empresa que acredite estar al día con

las contribuciones de seguridad social y seguro contra accidentes de trabajo. En el ámbito privado, para el caso de subcontratación, se establece la responsabilidad subsidiaria de la empresa en el caso que dé cumplimiento a los controles establecidos en la propia ley, y su responsabilidad solidaria en caso de omisión de los mismos. El Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto sobre acoso sexual en el trabajo y la educación.

53. La ley de Servicio Doméstico

igualó al sector con el resto de los trabajadores y es considerada uno de los textos más avanzados en la región. Se aprobó la ley que limita el horario del trabajador rural a 8 horas diarias.

También se sancionó la ley de creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional,

que integra representaciones de Estado, empresarios y trabajadores. Paralelamente, se ha avanzado de forma importante en la

formalización del empleo y se desarrolla, con cooperación de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), un proyecto de “Trabajo Decente” en la enseñanza media.

54. El país ratificó la mayor parte de los Convenios de la OIT, entre ellos, aquellos orientados a proteger la función de maternidad, promover la igualdad en la remuneración, proteger a los trabajadores contra la discriminación y promover la igualdad de oportunidades entre los

trabajadores con responsabilidades familiares. Si bien se ha reducido en Uruguay la tasa general de desempleo, ésta sigue siendo sustantivamente más alta entre las mujeres en relación a los hombres. Pero las desigualdades más notorias se encuentran en los trabajos no remunerados en el ámbito familiar: el 65 por ciento del tiempo de trabajo remunerado está a cargo de los varones, mientras que el 35 por ciento corresponde a las mujeres; el 73,2 por ciento del tiempo dedicado a trabajo no remunerado corresponde a las mujeres, mientras que el 26,8 por ciento corresponde a los varones. También persisten las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres. El país cuenta con normativas que garantizan el derecho de las mujeres embarazadas a trabajar y disfrutar de las prestaciones de la maternidad, y ha avanzado en el permiso post-natal a los padres.

Este es un paso en la dirección de las políticas de corresponsabilidad para los cuidados familiares que permitan a las mujeres una mayor inserción en el mercado de empleo.

55. Uruguay legisló la ampliación de los derechos a la seguridad social de los trabajadores, entre otras acciones, disminuyendo de 35 a 30 los años trabajados necesarios para obtener jubilación; flexibilizando el acceso al subsidio y la jubilación por incapacidad y por edad avanzada; bonificando años a mujeres según el número de hijos; ampliando la cobertura del seguro de desempleo; creando un fondo que cubre la cesación de trabajo en la construcción;

reconociendo derechos de trabajo y seguridad social a los artistas; duplicando las transferencias monetarias a las familias (o “asignaciones familiares”) para 300.000 beneficiarios en 2008 y 500.000 en 2009; y, creando un subsidio de vejez a los mayores de 65 años y menores de 70 en situación de indigencia o de pobreza extrema.

E. Derecho a una vivienda adecuada

56. La crisis económica y financiera de 2002 también golpeó, por la vía de la reducción del

ingreso real de las familias, el goce efectivo del derecho a una vivienda adecuada. La actuación

en el último cuatrienio se basó en tres líneas de acción: creación de un sistema público con el

Estado como orientador de las políticas públicas de vivienda; el mejoramiento de la calidad

pasando de un producto concebido como solución mínima para sectores pobres sin atención a la

localización, a un producto concebido como respuesta a las necesidades de las familias y con

atención a una localización adecuada en el área urbana; y la ampliación de la cobertura y la

accesibilidad a sectores medios y bajos.

57. A finales de 2008, la política pública de vivienda alcanzó a 22.525 familias (y tiene programada acciones para llegar a 44.605 familias en el período 2005-2009).

Una grave problemática en relación a la vivienda es la de los asentamientos irregulares en los que habita el 6 por ciento de la población total de Uruguay. Si bien las intervenciones para la integración de estos asentamientos son una prioridad (se beneficiaron en el cuatrienio, de manera directa, 27.612 personas residentes en un total de 64 asentamientos en todo el país) las acciones desarrolladas aún son insuficientes para revertir la problemática.

F. Derecho a un medio ambiente sano

58. En 2004, una reforma constitucional por iniciativa popular estableció que “el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales” y su provisión será estatal.

En 2005, en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), se creó una Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (DINASA) así como una Comisión Asesora de Aguas y Saneamiento (COASAS), con

participación de las instituciones públicas y de la sociedad civil, trabajando ambas en un Plan Nacional en la materia.

59. Se reforzó –aunque aún es insuficiente- la capacidad de control de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) en el MVOTMA. En 2005, el gobierno revió el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) e introdujo nuevos instrumentos de gestión

ambiental.

También en 2005, se reglamentó la Ley de Áreas Protegidas creando un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

En 2008, se integró la primera de ocho áreas, conocida como Quebrada de los Cuervos, en el este del país. Ese mismo año, se aprobó la Ley de

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible,

orientada a la planificación para el desarrollo ambientalmente sustentable con equidad social a nivel regional y local, previendo instancias de participación ciudadana obligatoria en la elaboración de los planes territoriales.

60. La aprobación de la Ley de Envases No Retornables, en 2004, abrió el camino hacia una nueva gestión de los residuos sólidos urbanos. La reglamentación aprobada

estableció como condición indispensable la inclusión social de los clasificadores informales de este material en las nuevas formas de recuperación de residuos para el reciclaje basadas en circuitos limpios con separación en origen y recolección selectiva.

Esto es importante ya que este sector es uno de los que registran una mayor incidencia de situaciones de exclusión social y de trabajo infantil en Uruguay.

G. Derecho a la alimentación

61. En 2005, un 4 por ciento de la población uruguaya estaba en la indigencia: no alcanzaba a cubrir los gastos de una dieta para una nutrición mínima. Otro tanto, se encontraba en la pobreza extrema, muy próxima a esa situación. Como parte del PANES, el Plan Nacional de

Alimentación, introdujo una nueva modalidad de transferencia alimenticia a través de una tarjeta magnética, con 66.000 usuarios. Paralelamente, se mantuvo el Instituto Nacional de

Alimentación (INDA), sistema tradicional de canasta de alimentos, con 22.000 usuarios. En

2008, a través de una coordinación inter-institucional se ha ampliado el alcance del programa

integrando a los beneficiarios de la Tarjeta de Equidad y de INDA en un solo programa. En 2007

y 2008, frente a presiones inflacionarias por los altos valores del petróleo y de las materias

primas, el gobierno promovió acuerdos voluntarios con empresarios de diferentes cadenas de

producción y comercialización, para la contención o reducción de precios de productos básicos

de la dieta alimenticia de los uruguayos con resultados parciales pero positivos.

62. Por otra parte, el gobierno creó en 2008 la Comisión Interinstitucional para la Seguridad Alimentaria con el objetivo de proceder a la revisión y adecuación de la normativa vigente, y la redacción de un marco normativo –a transformarse en ley- con la creación de un organismo rector en la temática de la seguridad alimentaria, buscando la reducción de la cantidad de

trámites y dependencias con competencias en la materia. En 2006, el gobierno suspendió el uso, producción y comercialización de la semilla de maíz transgénico. También dictó una moratoria de nuevos eventos transgénicos hasta tanto no se elabora un Marco Nacional de Bioseguridad.

H. Derecho a la cultura

63. El país realizó, durante este cuatrienio, una apuesta por las políticas culturales triplicando el presupuesto anual de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) del Ministerio de Educación y Cultura. Estas políticas han tenido como objetivos el de la democratización cultural, el estímulo a la producción cultural, y el reconocimiento de los derechos de los artistas. Entre otras

iniciativas, se crearon los Fondos Concursables para la Cultura, premiándose proyectos en artes, patrimonio y tradiciones culturales, se creó el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU),

y se establecieron la los derechos de trabajo y seguridad social de los artistas.

La televisión pública, en proceso de reforma, introdujo nueva tecnología y una apuesta a contenidos informativos, y producciones nacionales y extranjeras de calidad.

64. Después de décadas de postergación se retomaron las obras de reconstrucción del

Auditorio del SODRE –el mayor del país- y, en 2007, se aprobó una reparación económica para el Teatro El Galpón por la incautación de su sede durante la dictadura cívico-militar para que éste, emblema del teatro independiente, reconstruyera su sala principal -ya reinaugurada.

I. Derechos de las mujeres

65. A partir de 2005 se redefinió la institucionalidad de género. En este tiempo se pasó del Instituto Nacional de la Familia y la Mujer -en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)- al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) -organismo nacional del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)-, dotado de recursos humanos y financieros, con redefinición de sus cometidos institucionales.

Durante 2006, se construyó, en un proceso participativo, el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007-2011).

Se crearon mecanismos de género en la mayoría de los ministerios con diversos grados de institucionalidad y cada organismo gubernamental tiene acciones comprometidas para la realización de dicho plan.

En 2007, se declararon de interés general las actividades orientadas a la igualdad entre hombres y mujeres.

66. En cuanto a la participación política de las mujeres se instrumentaron acciones -con la ayuda de la cooperación internacional- como el proyecto “Parlamenta” de la Bancada Bicameral Femenina del Parlamento del Uruguay y el Instituto de Ciencia Política (Universidad de la República) con el objetivo de incrementar la visibilidad e incidencia de las mujeres políticas y promover la presencia de la agenda de género en las propuestas electorales de los partidos políticos en las próximas elecciones nacionales. En el mismo sentido, el proyecto “Mujeres Políticas” capacitó y empoderó a alrededor de 800 dirigentes políticas de todo el país.

67. Uruguay lanzó en 2004 el Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia

Doméstica.

Por otra parte, se incorporó la violencia doméstica como parte de las políticas de

Salud. En 2006, se estableció la obligatoriedad por parte de la institucionalidad de salud -tanto

pública como privada- y del personal, de la atención de situaciones de violencia doméstica. Los datos son incorporados a la historia clínica de las pacientes mayores de 15 años.

V. LOGROS EN LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

A. Derechos de niñas, niños y adolescentes

68. En este período Uruguay implementó el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente, creado por ley en 2004, con el fin de promover la

coordinación e integración de las políticas sectoriales de atención a la niñez y adolescencia. El Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, en estos años, elaboró el listado de trabajos peligrosos en cumplimiento del Convenio Internacional número 182 de la OIT. El país legisló en 2004, con penas de dos a doce años de penitenciaría, la violencia sexual comercial y no comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces.

69. Niñas, niños y adolescentes han sido los más golpeados por la pobreza en las últimas décadas. Los índices de pobreza duplican entre ellos a los del conjunto de los uruguayos. Una de las políticas públicas focalizadas, sostenidas en el tiempo más allá de gobiernos, ha sido el Plan CAIF (Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia), articulando los esfuerzos del Estado y la sociedad civil. En 2008, alcanzó una cobertura nacional de 41.216 niñas y niños en 319 centros. Para ello, las transferencias económicas, en valores constantes, crecieron entre 2007 y 2008 en un 175,85 por ciento.

70. El país busca transformar el modelo de atención a niños y adolescentes separados de sus familias reduciendo la institucionalización a través de alternativas como: la acogida familiar, las unidades familiares (en las que una pareja adulta con apoyo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay –INAU- se hace cargo de hasta ocho niños) y la agilización de los trámites

judiciales en procesos de adopción. Uno de los problemas más visibles es el de los niños en situación de calle. Si bien el fenómeno se ha reducido significativamente sigue siendo preocupante. Las actuaciones públicas apuntan a reconectar a los niños que desarrollan

actividades en calle con sus familias, escuelas y comunidades barriales o, cuando las familias son inexistentes o no están en condiciones de dar respuesta, a generar espacios de acogida.

71. El sistema vinculado a las medidas de privación de libertad en relación a adolescentes en conflicto con la ley penal fue objeto de denuncias de la Organización Mundial Contra la Tortura en 2003. Altos grados de violencia y malos tratos en establecimientos inadecuados, personal con baja capacitación, deficiente atención de salud, y ausencia de planes y propuestas educativas, fueron algunas de las observaciones. Ante esta situación, el gobierno promovió el ingreso de personal calificado, la destitución y redistribución de funcionarios, la adecuación edilicia de los establecimientos, y la contratación de servicios de emergencia móvil para la mejor atención de la salud. Además, fortaleció el Programa de Medidas No Privativas de Libertad. Recientemente, el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y Adolescente creó un Comité de Observadores para el monitoreo de la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal, tanto en medidas de reclusión como alternativas. El tema sigue siendo de especial preocupación.

72. Junto a estas respuestas a niñas, niños y adolescentes en situación de extrema

vulnerabilidad, el gobierno, desde el Programa INFAMILIA, impulsó la construcción de la

Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030.

A través de un amplio

proceso de diálogo –que también incluyó una consulta específica a más de 4.500 niños, niñas y

adolescentes de todo el país- se recogieron y sintetizaron un conjunto de principios, lineamientos y propuestas para una estrategia a 20 años.

B. Derechos de las personas mayores

73. Con la puesta en marcha del Plan de Equidad, Uruguay creó un subsidio de vejez a los mayores de 65 años, y menores de 70, en situación de pobreza extrema y que no cuentan con otros beneficios de seguridad social. De igual manera, reintrodujo la prima por edad para mayores de 70 años. En 2009, la jubilación mínima será un 150 por ciento mayor a su valor en 2005. El Banco de Previsión Social (BPS), principal institución de seguridad social en el país, presta asistencia técnica en forma de asesoramiento profesional, y apoyos económicos para determinados proyectos, especialmente de infraestructura a hogares de ancianos, asociaciones de jubilados y pensionistas, y clubes de adultos mayores. En el caso de jubilados y pensionistas con ingresos bajos, el BPS otorga, en usufructo, viviendas de su propiedad.

Con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud los jubilados reciben de los prestadores de salud un cupo de autorizaciones gratuitas para órdenes de consulta, medicamentos, análisis, radiografías y

electrocardiogramas.

C. Derecho a la libre orientación sexual e identidad de género 74. En la lucha contra toda forma de discriminación, la aprobación en 2003 de la modificación del artículo 149 del Código Penal castigando la incitación pública al odio, el desprecio y otras formas de violencia física o moral en razón del color de piel, raza, religión, origen nacional o étnico, orientación y/o identidad sexual fue un paso fundamental. Le siguió, un año después, la Ley de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación.

que creó la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, integrada por instituciones públicas y organizaciones sociales, como espacio de denuncia. Ésta, si bien ha acabado con la orfandad de espacios específicos para la lucha contra la discriminación, debe aún incrementar su capacidad de iniciativa y acción para alcanzar el desempeño buscado.

75. En estos últimos cuatro años el país avanzó en el reconocimiento y la ampliación de derechos de gays, lesbianas y transexuales. Uruguay es el primer país latinoamericano en legislar la unión de parejas del mismo sexo. La Ley de Unión Concubinaria.

de 2007, que también comprende a parejas heterosexuales, amparó y reguló los derechos de las parejas con cinco años ininterrumpidos de convivencia, independientemente del sexo de los concubinos.

76. Se encuentra en proceso de aprobación en el Parlamento, con media sanción de la Cámara de Senadores, un proyecto de ley que reconoce el derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género sin que, en ningún caso, se exija cirugía de reasignación sexual. Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia, y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona (actas del Registro de Estado Civil, documentos de identidad, electorales, de viaje u otros). En el ámbito internacional, el país ha tenido una posición activa en la promoción y protección de los derechos de las

minorías sexuales.

D. Derechos de los afrodescendientes

77. El Uruguay ha generado distintos instrumentos para el combate del racismo en el marco de la lucha contra toda forma de discriminación e intolerancia. En el caso de los

afrodescendientes, el gobierno actual creó espacios a nivel institucional –hasta entonces

inexistentes.

Un paso destacado en términos institucionales fue la instalación de la Comisión Honoraria Contra el Racismo, la Xenofobia y Toda Otra Forma de Discriminación ya

mencionada.

78. En cuanto a las políticas públicas, el primer paso fue avanzar en el relevamiento de información fundamental para el diseño y la implementación de políticas. Para ello se incluyó en 2006 el ítem “etnia/raza” en la Encuesta Ampliada Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), fuente oficial y destacada de información tanto para actores públicos como privados. En esta encuesta, un 9,1 por ciento de las personas se auto-identificó como

afrodescendiente. También se incorporó la variable étnico-racial al sistema de información en género de INMUJERES.

79. En relación a los jóvenes afrodescendientes, el gobierno ha promovido su incorporación en programas de primera experiencia laboral así como también de inserción en el mercado de trabajo por medio de becas. El Ministerio de Educación y Cultura promueve, por medio de su sistema de becas, la finalización de los estudios de jóvenes afrodescendientes y, en acuerdo con el Fondo de Solidaridad Universitario, a través de las Becas Carlos Quijano, facilita el acceso de los universitarios afrouruguayos a estudios de postgrado en el exterior. En Montevideo, ciudad que concentra una alta proporción de afrodescendientes, se ha capacitado en detección y respuesta de formas de racismo y discriminación a ciudadanos y funcionarios de la

administración. En 2007, como prueba piloto, se incorporó el Instituto Superior de Formación Afro a la capacitación impartida en el Instituto Artigas del Servicio Exterior para la formación del personal diplomático.

80. En 2006, el Parlamento creó el Día Nacional del Candombe, la Cultura Afro uruguaya y la Equidad Racial

reconociendo el aporte de los uruguayos afrodescendientes a la cultura nacional, reivindicando un trato igualitario. En la capital, los gobiernos nacional y

departamental, junto con cooperativas de mujeres, ejecutan medidas de reparación por la expulsión de la población afrodescendiente de sus barrios tradicionales durante la dictadura cívico-militar.

E. Derechos de los pueblos indígenas

81. En 2007, se integraron a la Comisión Honoraria Contra el Racismo, la Xenofobia y Todas otras Formas de Discriminación los representantes de organizaciones que reúnen a descendientes de los pueblos indígenas. Este hecho ha sido, de por sí, uno de los reconocimientos simbólicos y políticos más importantes de su contribución a la formación de la identidad cultural de nuestro país, hasta entonces, histórica y políticamente ignorada. Se encuentra a debate en el Parlamento Nacional la ley que establece el 11 de abril como el Día de Resistencia de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena. Sus reclamos actuales están centrados en que los uruguayos conozcan y reconozcan su ascendencia indígena y respeten los restos de su cultura y de los lugares donde se inhumaban sus muertos. En 2005, se restituyeron al Panteón Nacional -y en el marco de una ceremonia pública de reconocimiento- los restos molares y óseos del cacique charrúa Vaimaca Perú que se exhibían en el Museo del Hombre de París. El país tiene pendiente de ratificación el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

F. Derechos de las personas privadas de libertad

82. El gobierno definió en 2005 la situación de los establecimientos carcelarios en “estado

de emergencia humanitaria”, entre otras cosas, por el grado de hacinamiento en cárceles de todo

el país. Durante años, la ausencia de una política pública en materia criminal, junto a una legislación represiva, produjeron un crecimiento sostenido de la tasa de prisionización que aún continúa (actualmente, 230 presos cada 100.000 habitantes).

83. En 2005, el gobierno introdujo el régimen excepcional de libertad anticipada y

provisional; fortaleció las políticas de reinserción social de reclusos y liberados (reservando, por ejemplo, un 5 por ciento de empleos en obras y licitaciones públicas); instauró la prisión

domiciliaria para mayores de 70 años sin delitos graves, embarazadas y enfermos graves; e introdujo la redención de pena por trabajo o estudio a razón de un día de reclusión por dos días de trabajo o estudio.

A finales de 2008, 838 reclusos en todo el país habían sido liberados en el marco de esta normativa. El gobierno ha destinado una importante inversión a la ampliación de las cárceles existentes y la construcción de otras nuevas. Más allá de estas medidas, sin embargo, el hacinamiento sigue siendo crítico.

84. A marzo de 2008, de las 7.695 personas que componían la población reclusa del país, 1.888 se encontraban amparadas al régimen de redención de penas por trabajo y 1.325 por estudio, lo que suponía un aumento notorio en comparación con años atrás. En este tema, y en respuesta a un recurso de amparo presentado por los mismos reclusos, un juez estableció deberes y recomendaciones en cuanto a la instrumentación efectiva de este régimen. Con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud se reconoció a los reclusos igual derecho que el resto de la ciudadanía a una atención sanitaria universal y de calidad.

85. En 2005, fue designado el Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario creado por ley dos años antes.

En 2008, se autorizó a las personas privadas de libertad a constituir Mesas Representativas, electas por voto secreto en todos los establecimientos penitenciarios del país, las que han presentado un Recurso de Amparo para el efectivo cumplimiento de las normas legales. Los detenidos sin sentencia condenatoria firme tienen limitado en la práctica su derecho al voto en las elecciones generales.

G. Derechos de las personas con discapacidad

86. En Uruguay, un 7,6 por ciento de la población total residente en hogares de localidades de 5.000 o más habitantes (82 por ciento de la población total del país) respondió que tenía alguna discapacidad a la primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, en 2004. La prevalencia en la población total de mujeres es superior a la de los varones: 8,2 por ciento contra 7 por ciento. Sin embargo al considerar la edad, la población masculina menor de 30 años presenta mayor incidencia de la discapacidad que la femenina de esas mismas edades. La relación entre discapacidad y pobreza quedó al descubierto con la implantación del PANES ya mencionado: en la población que habita asentamientos irregulares y barrios periféricos de las ciudades la media alcanza un 23 por ciento.

87. En 2005, se creó el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) para desarrollar

acciones que parten de lo estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad y en la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. La Comisión Nacional Honoraria del

Discapacitado y el PRONADIS trabajan por un proceso de inclusión educativa, de eliminación

de barreras urbanísticas, arquitectónicas y del transporte, y de inclusión laboral en el ámbito

público. En 2007, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley que obliga a todos los organismos

públicos a destinar el 4 por ciento de sus vacantes a personas con discapacidad, norma que se

viene cumpliendo regularmente.

H. Derechos de migrantes y refugiados

88. En 2008, Uruguay promulgó nueva normativa sobre migración,

armonizando su legislación con los instrumentos internacionales aprobados en la materia, regulando más ágilmente la admisión, el movimiento de ingreso y egreso de personas al y desde el territorio uruguayo, así como las condiciones para la permanencia de extranjeros en éste, reconociendo y asegurando el derecho a la migración y garantizando la igualdad de trato con los nacionales.

También se reguló el retorno de los uruguayos en el exterior, se tipificaron el tráfico y la trata de personas, y se buscó garantizar la calidad de los documentos de viaje y la cooperación técnica.

En la Ley del Estatuto del Refugiado

se establecieron los principios y derechos de los

solicitantes de refugio, y se crearon la Comisión de Refugiados y la Secretaría Permanente. Por Acuerdo con ACNUR, se estableció un programa de reasentamiento en nuestro país de familias de refugiados de otras latitudes a partir de 2009.

VI. RETOS Y COMPROMISOS

89. El país incrementó su gasto público en derechos humanos (como se puede apreciar en la gráfica incluida en nota al final

) y reconoce de que debe avanzar mucho más.

90. En los últimos cuatro años, Uruguay se esforzó por estar al día en su obligación de presentar informes a los mecanismos internacionales de derechos humanos, lo que aún no se ha logrado. El país se compromete a preparar y presentar próximamente los informes sobre

discriminación racial, tortura y trabajadores migratorios y los referentes a los dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño.

91. En relación a derechos civiles y políticos, entre otros temas pendientes, están: legislación que permita el voto a los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior; legislación adecuada sobre partidos políticos y su financiación; legislación actualizada para la regulación de las organizaciones de la sociedad civil que proporcione una mayor seguridad jurídica y promueva buenas prácticas de rendición de cuentas. En cuanto al funcionamiento de la Justicia, no existe en nuestro sistema jurídico penal la participación de las víctimas en el proceso, por lo que el país debe avanzar en ese sentido. Asimismo, deberá avanzarse en dictar justicia en un plazo razonable como desafío central de toda sociedad democrática. En relación al combate a la trata de personas, el gobierno se compromete a avanzar en la coordinación interna de sus instituciones, así como con sus representantes en el exterior y las autoridades de los países donde se dan situaciones de este tipo. Son retos de nuestro país continuar avanzando en el esclarecimiento de la verdad sobre el destino de más de doscientos compatriotas desaparecidos en Uruguay y otros países de la subregión, así como en la aprobación e implementación de una reparación integral al conjunto de las víctimas del terrorismo de Estado.

92. Más allá de los múltiples esfuerzos institucionales y económicos realizados, la pobreza continúa siendo preocupante, y la indigencia y la exclusión social –extremos éticamente

inaceptables- presentan una fuerte resistencia a las intervenciones públicas. Uruguay continuará centrando sus esfuerzos en la erradicación de ésta última a través de políticas sociales tanto focalizadas como universales. A pesar del repunte inversor en políticas culturales, el país sigue teniendo déficits importantes en la conservación de su patrimonio, archivos y museos.

93. En cuanto a los derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad, Uruguay se

compromete en avanzar en la atención a la situación de menores en conflicto con la ley. Similar

compromiso adquiere en relación a la preocupante situación de hacinamiento en los centros de