Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Décimo período de sesiones
Ginebra, 24 de enero a 4 de febrero de 2011
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 15 a) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos
Santo Tomé y Príncipe
*Naciones Unidas A/HRC/WG.6/10/STP/1
Asamblea General
Distr. general 25 de enero de 2011 EspañolOriginal: inglés
Siglas y abreviaturas
ACE Acuerdo de Cooperación Económica
AISEC Associação-Instituto Socio Educativo da Criança (Asociación-Instituto Socioeducativo del Niño)
ARCAR Associação de Reinserção das Crianças Abandonadas e em Situações de Risco (Asociación para la Reinserción de Niños Abandonados y en Situaciones de Riesgo)
CATAP Centro de Aperfeiçoamento Técnico AgroPecuária (Centro de Perfeccionamiento Técnico Agropecuario) EFEFE Observatório de Emprego and Fundo Profissional
(Observatorio del Empleo y Fondo Profesional ) PIB Producto Interno Bruto
GIME Grupo de Interesse de Manutenção de Estrada
(Grupo de Interés Público para el Mantenimiento de la Red Vial) IDF Instituto Diocesano de Formação
(Instituto Diocesano de Formación) FMI Fondo Monetario Internacional INE Instituto Nacional de Estadística
INPG Instituto Nacional para la Promoción de la Igualdad de Género y la Equidad
ISP Instituto Superior Politécnico
IUCAI Instituto Universitário de Contabilidade Administração e informática (Instituto Universitario de Contabilidad, Administración e Informática) MDFM/PL Movimiento Democrático Fuerza por el Cambio/Partido Liberal ODM Objetivo de Desarrollo del Milenio
MICS Encuesta a base de indicadores múltiples (UNICEF)
MLSTP-PSD Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe – Partido Social Demócrata
ORP Observatório de Redução da Pobreza
(Observatorio de la Reducción de la Pobreza)
PADRUHU Programa de apoyo al perfeccionamiento profesional de los recursos humanos
PAPAFPA Programa de apoyo participativo a la agricultura y la pesca artesanal PCD Partido de Convergencia Democrática
PNLS Programa Nacional de Lucha contra el SIDA
PRECASP Programa de fomento de la capacidad y los recursos humanos de las instituciones públicas
DELP Documento de estrategia de lucha contra la pobreza
PTV Proyecto de prevención de la transmisión vertical madre-hijo PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PMA Programa Mundial de Alimentos
I. Introducción
1. Con arreglo a la definición de las Naciones Unidas, los derechos humanos son:
"[... ] derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos."1 2. Tras la declaración de su independencia el 12 de julio de 1975, la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe optó por la vía de la democracia y la defensa de los derechos humanos, principios que están consagrados en la Constitución y otras leyes de su ordenamiento interno. Ello es testimonio de la firme voluntad del Gobierno de Santo Tomé de promover un estado de derecho democrático basado en los derechos humanos fundamentales, la justicia y la protección del estado de derecho como valores fundamentales de la sociedad, así como su compromiso claro de asumir sus obligaciones en virtud de los convenios y tratados internacionales de los que es signatario. Los sucesivos gobiernos han promovido reformas legislativas e institucionales a fin de cumplir en la práctica con esas obligaciones mediante la incorporación de esas normas internacionales en su ordenamiento jurídico.
II. Metodología
3. En la preparación del examen periódico universal (EPU) de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Reforma del Gobierno, nombró un equipo interministerial, cuyos miembros fueron designados por los distintos ministerios participantes. El Ministerio de Justicia y Reforma del Gobierno celebró una reunión de trabajo para discutir la metodología que se utilizaría para la preparación del informe y distribuir los temas que cada miembro del equipo debía desarrollar. Esta labor se llevó a cabo en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Gobierno en relación con las actividades que debían llevarse a cabo para promover el respeto y la protección de los derechos humanos.
4. El equipo adoptó las siguientes medidas para lograr los objetivos mencionados:
• Examen de la bibliografía;
• Recopilación de datos estadísticos de los servicios centrales del Ministerio;
• Entrevistas con funcionarios y directores de los ministerios;
• Reuniones con los directores de los servicios y otras entidades participantes en el proceso;
• Examen de la legislación nacional e internacional;
• Consulta de varios sitios en la Web.
III. Breve descripción de Santo Tomé y Príncipe
A. Generalidades
Nombre oficial: República Democrática de Santo Tomé y Príncipe Capital: Santo Tomé
Forma de gobierno: Democracia multipartidista
Jefe de Estado: Presidente de la República, Fradique de Menezes Jefe de Gobierno: Primer Ministro, Patrice Emery Trovoada
Ubicación: En el Golfo de Guinea, al oeste de la costa ecuatorial occidental de África, a 250 km (150 millas) del Gabón
Superficie: 1.001 km2 (386 millas cuadradas)
Clima: Tropical. La temperatura media es de 26°C (78°F) en la costa e inferior en el interior montañoso. Hay una estación seca (gravana) de junio a agosto y breves períodos de lluvias tropicales durante el resto del año
Población: 160.000 habitantes (estimaciones de 2010)
Religión: cristiana, predominantemente católica, además de protestantes evangélicos y Adventistas del Séptimo Día
Idioma oficial: Portugués (los idiomas criollos son el santotomense, el angolar y el lung'iye) Crecimiento del PIB: 4,5%
Moneda: Dobra (STD)
Actividades económicas: Cacao, café, pesca y turismo Zona horaria: Greenwich Mean Time (GMT)
B. Geografía
5. Santo Tomé y Príncipe es un archipiélago de origen volcánico. Se compone de dos islas: la Isla de Santo Tomé y la isla de Príncipe y varias pequeñas islas situadas en el Golfo de Guinea a una distancia de 250 km aproximadamente de la costa occidental de África. Su superficie total es de 1.000 km2 aproximadamente. Su población total se estima en unos 160.000 habitantes.
C. Situación social y política
6. Santo Tomé y Príncipe tiene un régimen democrático, representativo y semipresidencialista, en que el Presidente de la República desempeña la función de Jefe del Estado y el Primer Ministro la de Jefe del Gobierno. Desde 1990 el sistema político es multipartidista. Hay una separación de poderes entre los distintos órganos de gobierno, a saber, el Presidente de la República, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el poder judicial.
El Presidente de la República es el Jefe del Estado y Comandante Supremo de las fuerzas armadas y representa a Santo Tomé y Príncipe. El Presidente de la República es elegido por sufragio universal directo y secreto por cinco años y puede ser reelegido sólo una vez2.
7. La Asamblea Nacional se compone de 55 diputados elegidos de conformidad con la ley por un mandato de cuatro años3. El Gobierno ejerce el poder ejecutivo y administrativo y le compete gobernar el país4. El Gobierno está dirigido por el Primer Ministro y está integrado por los ministerios y las secretarías de Estado. El Presidente de la República designa al Primer Ministro tras consultar con los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional y teniendo en cuenta los resultados electorales5. Los tribunales son independientes y sólo están sujetos a las leyes6. Sus decisiones son de obligado cumplimiento para todas las entidades públicas y privadas y priman sobre las de cualquier otra autoridad7.
8. Santo Tomé y Príncipe adoptó un régimen de democracia multipartidista con la celebración de su referéndum sobre el sistema de gobierno celebrado el 22 de agosto de 1990. Tras el referéndum, la Asamblea Nacional votó una serie de leyes destinadas a desarrollar el régimen de democracia multipartidista. Entre esas leyes figuran la Ley de derechos electorales e inscripción en el censo electoral (Ley Nº 2/90), la Ley de la nacionalidad (Ley Nº 6/90), la Ley de partidos políticos (Ley Nº 8/90), la Ley electoral (Ley Nº 11/90), la Ley sobre las comisiones electorales (Ley Nº 12/90) y la Ley sobre el estatuto de los titulares de cargos públicos (Ley Nº 5/91).
9. Según la Ley Nº 12/90, la Comisión Electoral es un órgano independiente que funciona en coordinación con la Asamblea Nacional y regula todos los actos de registro y las elecciones a los órganos de gobierno y de administración local (art. 2). La Comisión Electoral está integrada por un jurista o un ciudadano cualificado nombrado por la Asamblea Nacional que actúa como presidente, un ciudadano de reconocida capacidad profesional y moral nombrado por la Asamblea Nacional a propuesta de cada uno de los partidos legalizados y un experto designado por la Asamblea Nacional que actúa como secretario por cada uno de los departamentos gubernamentales responsables del comercio exterior, la administración local y la comunicación social.
10. En virtud de la Ley Nº 2/98 de 28 de marzo de 1998 se creó la Oficina Técnica Electoral, que funciona bajo la supervisión administrativa de la Asamblea Nacional, y asumió las funciones técnicas anteriormente ejercidas por la Comisión Electoral; esta se limita a la simple vigilancia y supervisión de las elecciones. La Comisión Electoral existe desde hace 20 años y en ese tiempo tuvieron lugar las elecciones siguientes:
• Referéndum constitucional del 22 de agosto de 1990;
• Elecciones presidenciales del 3 de marzo de 1991, 30 de junio de 1996, 29 de julio de 2001 y 30 de julio de 2006;
• Elecciones parlamentarias de 20 de enero de 1991, 8 de octubre 1994, 8 de noviembre de 1998, 3 de marzo 2002, 26 de marzo de 2006 y 1º de agosto 2010;
• Elecciones locales del 6 de diciembre de 1992, 27 de agosto de 2006 y 25 de julio de 2010;
• Elecciones regionales de 26 de marzo de 1995, 27 de agosto 2006 y 25 de julio de 2010.
11. En 2010, se celebraron elecciones legislativas locales y regionales con una gran participación de votantes y, contrariamente al aumento considerable del abstencionismo en las elecciones anteriores, se registró un cambio de tendencia. Este cambio fue manifiesto en las últimas elecciones legislativas, celebradas el 1º de agosto de 2010, ya que la participación fue muy elevada y la abstención fue sólo del 10,99%, frente al 35,96%
registrado en las elecciones legislativas de 2006. También hubo un aumento significativo del número de mujeres votantes y candidatas.
12. Según el informe de 10 de agosto de 2010 de la Junta de escrutinio general de las elecciones legislativas del Tribunal Constitucional, los resultados de las elecciones legislativas celebradas el 1º de agosto de 2010, fueron los siguientes: IDA (29.588), MLSTP–PSD (22.510), PCD (9.540) y MDFM/PL (4.986), cifras que como porcentaje representan un 42,19%, un 32,09%, un 13,60% y un 7,11% respectivamente. De un total de 78,796 votantes registrados, votó el 89,01%, se abstuvo el 10,99%, el 0,72% votó en blanco y los votos nulos fueron el 1,46%8.
IV. Situación social y económica
9A. Resultados y desarrollo macroeconómico
13. En 2008 el crecimiento económico, al igual que en años anteriores, fue del 6%
aproximadamente según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el FMI, aunque la tasa real fue del 6,5% al final de ese ejercicio. Este crecimiento se debió principalmente a la inversión extranjera directa, que ha sido el factor que ha estimulado la economía. En 2009, el crecimiento económico fue del 4%, mientras que en 2010 fue del 4,5% (variación corregida del PIB).
14. En 2008 la inflación fue elevada y alcanzó una tasa ajustada del 24,8% a finales de ese año, 2,8 puntos porcentuales menos que la registrada en el año anterior. En 2009, la inflación fue de 16,1%, y la tasa de inflación acumulada en el año 2010 se estima en el 10%. Esta mejora y la disminución considerable de la inflación en 2010 es sobre todo resultado del Acuerdo de Cooperación Económica (ACE), por el que se estableció la paridad fija con el euro.
B. La deuda pública
15. Según los datos facilitados por la Oficina de la Deuda Pública (Gabinete da Dívida Pública) a finales de 2006 el total de la deuda de Santo Tomé y Príncipe ascendía a 359 millones de dólares de los Estados Unidos, de los que 210,5 millones se había contraído en un marco multilateral y 149 millones en uno bilateral. El costo del servicio de la deuda ascendió a 10,09 millones de dólares.
16. En junio de 2007, Santo Tomé y Príncipe satisfacía todos los requisitos para acogerse a la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados y actualmente se beneficia de una reducción del 42% aproximadamente de su deuda externa respecto a 2006.
Pese a ello, la deuda externa en 2007 ascendió a 146,7 millones dólares aproximadamente, es decir, casi 1,3 veces el PIB de 2006. El coeficiente de endeudamiento por habitante, que hasta 2004 fue uno de los más altos del mundo (aproximadamente 2.488 dólares por habitante), se redujo considerablemente hasta los 947 dólares por habitante, es decir, una reducción de un 60% aproximadamente. En 2008, la deuda externa ascendió a 110 millones de dólares y en 2009 a 149 millones de dobras.
C. Reducción de la pobreza
17. La pobreza en Santo Tomé y Príncipe es un flagelo que afecta a una gran parte de de la población y que limita gravemente la estabilidad social y la estabilidad necesaria para la aplicación de las políticas de desarrollo del Gobierno. En 2001 se llevó a cabo un estudio sobre la pobreza. Se observó que el 53,8% de la población vivía en la pobreza, por lo que Gobierno designó la lucha contra la pobreza como uno de los pilares básicos de su programa.
18. Ese estudio puso de relieve que la pobreza afectaba al 53,8% de la población local.
Además, el 37,8% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza y el 15,1% en la pobreza extrema. El estudio indicaba también que la pobreza era un fenómeno rural, ya que el 65% de la población rural vivía por debajo del umbral de pobreza y el 22% en la extrema pobreza. Los estudios realizados en 1990 habían puesto de manifiesto que la incidencia de pobreza era del 41% aproximadamente.
19. La pobreza que afecta al 53,8% de la población es aun más grave en las familias encabezadas por mujeres, pues el porcentaje en esta categoría alcanza el 55,7%. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de estar desempleadas que los hombres. El desempleo afecta a un 14,8% de la población nacional; a saber, un 13% en el caso de los hombres y un 15% en el de las mujeres. La población activa total está integrada por un 47%
de mujeres y un 53% de hombres.
20. Los datos ponen de manifiesto que el acceso de la mujer al mercado de trabajo es menor que en el caso de los hombres y que por cada 184 hombres ocupados sólo 100 mujeres tienen empleo. El número de hombres que trabajan casi duplica el de mujeres. Este dato pone de relieve claramente el infraempleo de la población femenina, si se tiene en cuenta que es la mayoría de la población total, según el último estudio general de población y vivienda realizado en 2001.
21. Para que las actividades destinadas a combatir la pobreza fuesen más eficientes y eficaces, el Gobierno, a través del Observatorio de Lucha contra la Pobreza, preparó un documento de estrategia de lucha contra la pobreza tras un amplio proceso participativo, que fue refrendado públicamente y aprobado en 2002.
D. Estrategia de reducción de la pobreza
22. En el documento de estrategia de lucha contra la pobreza se establece el plan estratégico para la reducción de la pobreza hasta el año 2015, que prevé una serie de actividades estructuradas en torno a cinco ejes principales y que persiguen los objetivos generales siguientes:
• Lograr una tasa de crecimiento del PIB del 5% a partir de 2003;
• Reducir a la mitad para el año 2010 el porcentaje de la población del país que vive en la pobreza y a menos de un tercio para el 2015;
• Facilitar para el año 2015 a toda la población el acceso a los servicios sociales básicos y promover la mejora de su nivel de vida;
• Reducir considerablemente las diferencias sociales y de género entre los distritos, entre los distritos y la Región Autónoma de Príncipe y entre la población urbana y la rural;
• Promover el fomento de la capacidad institucional y el buen gobierno.
23. A fin de superar los principales retos definidos en el documento de estrategia de lucha contra la pobreza, el Gobierno se ha centrado en la aplicación de diversos programas y actividades dirigidos a los distintos sectores sociales con el fin de mejorar las condiciones de vida, especialmente las de los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, las personas de edad, los niños, los adolescentes pobres y las mujeres que encabezan familias pobres.
24. En 2008, el Gobierno financió una inversión pública por un valor aproximado de 137,6 millones dobras (equivalentes a 9.396 dólares de los Estados Unidos) destinada a proyectos para reducir la pobreza en las esferas de la educación, la salud, el trabajo, la solidaridad y la agricultura.
25. El Gobierno consignó aproximadamente 508,8 millones de dobras a favor de los pobres en el presupuesto de las administraciones públicas para el ejercicio 2009, y 899,2 millones de dobras para el de 2010. A junio de 2010 ya se habían desembolsado unos 207,8 millones de dobras.
E. Agricultura
26. En agricultura, el Gobierno puso en marcha el Programa de apoyo participativo a la agricultura y la pesca artesanal, que pretende aumentar y diversificar en 12 años (2003-2014) y en ciclos de tres años la producción agrícola, que es de gran importancia en las zonas rurales. Los objetivos generales del PAPAFPA son mejorar el rendimiento y la calidad de vida de los grupos beneficiarios, formado por aproximadamente 58.000 habitantes pobres de las zonas rurales (pequeños agricultores, pescadores artesanales y mujeres) mejorando la seguridad alimentaria y aumentando el rendimiento. En el programa PAPAFPA para el período 2003-2008 se ha prestado especial atención a la alfabetización (400 personas analfabetas anualmente en las zonas rurales, de las que 300 deben ser mujeres) y a la formación y las actividades que permiten aumentar los ingresos, entre ellas, las destinadas a la mujer rural.
27. Este programa también prevé la construcción de viviendas para personas pobres, lo que supuso una mejora importante de la vivienda en las zonas rurales y propició un aumento del número de propietarios, que pasó del 55% al 65%. Con anterioridad, las familias rurales vivían en viviendas donde cohabitaban varias generaciones sin condiciones básicas de habitabilidad y con una gran promiscuidad.
F. Infraestructura
28. La creación del Grupo de Interesse de Manutenção de Estrada (Grupo de Interés Público para el Mantenimiento de la Red Vial (GIME)) en 2008 supuso la creación de 1.598 puestos de trabajo, de ellos un 50% ocupados por mujeres.
29. El Gobierno, a través del Instituto de la Vivienda, ha ejecutado varios proyectos de vivienda pública relativamente costosos (entre 30.000 y 45.000 dólares de los Estados Unidos). En 2011, el Gobierno tiene la intención de ejecutar un proyecto experimental de construcción de 100 viviendas de protección oficial en las zonas más pobres, cuyo precio de venta mínimo oscilará entre los 8.000 y los 12.000 dólares de los Estados Unidos por unidad, y proporcionará alojamiento a 100 familias. En 2010, el Gobierno tiene la intención de ayudar a las parejas jóvenes a conseguir su primera vivienda gracias a los fondos proporcionados por Angola (préstamo) por un valor de 5.800 millones de dobras.
H. Agua y saneamiento
30. El Gobierno ha insistido mucho en esta cuestión y ha asumido el objetivo de reducir a la mitad el número de habitantes sin abastecimiento regular de agua potable ni saneamiento básico para el año 2015.
31. Santo Tomé y Príncipe tiene un gran potencial en recursos hídricos, que aún es poco conocido y está poco aprovechado. Se estima que sólo se aprovecha el 0,4% del volumen total de agua disponible. Las precipitaciones varían entre 1.000 y 5.000 milímetros por metro cuadrado al año. El volumen total de agua se estima en 2.000 millones de metros cúbicos anuales, de los que sólo se pueden aprovechar directamente unos 800 millones.
Estos recursos se distribuyen de forma desigual, por lo que en ciertas regiones hay escasez de agua.
I. Acceso al agua
32. Según el cuestionario sobre indicadores básicos del bienestar de 2005, el 96,8% de la población tiene acceso al agua y el 88,7% a agua corriente. El acceso al agua potable es todavía muy bajo. En 2001 se abastecía al 19% de la población y en 2006 al 38%. Existen diferencias entre las zonas rurales y las urbanas. En las zonas rurales y semiurbanas, la tasa de acceso al agua potable pasó del 6,4% al 12,6% entre 2001 y 2006, mientras que en las zonas urbanas el abastecimiento aumentó como promedio del 29% registrado en 2001 al 57,2% en 2006.
J. Saneamiento
33. La situación en cuanto al saneamiento también es deficiente. La tasa de cobertura nacional de la infraestructura de saneamiento era del 16% en 2001 y aumentó hasta el 30%
en 2006, aunque con diferencias entre las zonas urbanas y rurales. En 2006, sólo el 19,2%
de la población en las zonas rurales tenía acceso a un sistema de saneamiento, frente al 10,2% en 2001. En las zonas urbanas, el 20,8% de los habitantes tenían acceso en 2001 a un sistema de saneamiento, pero en 2006 este porcentaje aumentó hasta el 39,1%. Sólo la ciudad de Santo Tomé dispone de un sistema rudimentario de recogida de residuos sólidos, aunque sin tratamiento. El tratamiento del agua de lluvia está en sus inicios. En 2001 se trató el 1% del agua de lluvia, mientras que en 2006 esta cifra fue del 1,1%.
34. No hay estadísticas que permitan calcular el porcentaje de la población urbana que vive en barrios de tugurios.
35. El Gobierno coopera con las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil. La tasa actual de acceso a agua tratada es del 38%, mientras que en 2001 era del 19%.
K. Protección social
36. El Gobierno está trabajando para crear programas asistenciales para la integración de los grupos más necesitados, con subsidios para las familias, prestaciones en metálico (Bolsa Familia) y ayuda en alimentos (Prato Quente), entre otras cosas, con el fin de proporcionar a las familias necesitadas recursos financieros, medicamentos básicos, alimentos básicos para las madres, los niños desfavorecidos y los ancianos necesitados excluidos del sistema de seguridad social. Con tal fin, el Gobierno desembolsó 4.000 millones de dobras en 2008 y otro tanto en 2009. En 2010, dedicará a este capítulo unos 5.000 millones de dobras, un 20% más que el año anterior. El Sistema de Seguridad Social presta asistencia actualmente a unos 9.000 beneficiarios, entre ellos unas 5.000 personas desfavorecidas excluidas del sistema, mediante las ayudas que concede la Dirección de Protección Social. En la actualidad, a nivel nacional, hay unas 32.000 personas inscritas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social que esperan recibir
L. Instituciones
37. En la actualidad existen programas de apoyo para el desarrollo de los recursos humanos cofinanciados por el Gobierno y el Banco Africano de Desarrollo, como el programa de apoyo al perfeccionamiento profesional de los recursos humanos (PADRUHU), el Observatorio del Empleo y Fondo Profesional (EFEFE) y el programa PRECASP 2003-2005 de formación de recursos humanos para la Administración pública, en particular mujeres que son cabezas de familia y jóvenes.
M. Justicia
38. Se han llevado a cabo programas para prestar apoyo al Colegio de Abogados, facilitar el acceso de los pobres a la justicia, prestar asistencia a los centros de asesoramiento sobre violencia doméstica y ayudar a sufragar los gastos de alimentación de los presos, cuyo costo en 2010 fue de 3.000 millones de dobras, mientras que en 2009 había sido de 280 millones y en 2008 de 105 millones.
N. Educación y salud
39. En 2008, el Gobierno invirtió unos 150.800 millones de dobras en educación, unos 330.000 millones en 2009 y aproximadamente la misma cantidad en 2010. En cuanto a la salud, la inversión del Gobierno en 2008 ascendió a 114.800 millones de dobras, en 2009 a unos 171.100 millones, mientras que en 2010 el gasto se aproximará a los 250.000 millones de dobras. Este nivel de inversión asegura unos resultados satisfactorios de educación y salud para todos, en particular para los más necesitados. Pese a la falta de datos y el esfuerzo realizado por el Gobierno, aún queda mucho por hacer para reducir la pobreza en las zonas rurales desde el 65%, hasta un 21,6% en 2015 y mejorar así el nivel de vida de la población local.
V. Derechos Humanos (normativa e instituciones)
40. Como ya se ha señalado, desde la declaración de independencia del país el 12 de julio de 1975, Santo Tomé y Príncipe ha adoptado la senda de la democracia y la defensa y el respeto de los derechos humanos. Estos principios están consagrados en los artículos 1, 6 y 18 de la Constitución, que disponen lo siguiente:
"La República de Santo Tomé y Príncipe es un Estado soberano e independiente, empeñado en la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria, en la defensa de los derechos humanos y en la solidaridad activa entre todos los hombres y todos los pueblos" (art. 1); "[…] es un Estado de derecho democrático basado en los derechos fundamentales del ser humano" (art. 6); "Los derechos consagrados en esta Constitución no excluirán los que se reconocen en las leyes o las normas de derechos internacionales. 2. Los preceptos relativos a los derechos fundamentales se interpretarán e integrarán en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos" (art. 18)10.
41. Hay otros artículos de la Constitución que se refieren a los derechos humanos fundamentales basados en las normas internacionales, como los relativos, en particular, a la ciudadanía, el régimen político, la libertad de conciencia y de religión, la defensa de las normas internacionales relativas a los derechos humanos, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a la justicia, el derecho a la educación y el derecho a la protección de la salud, que están consagrados en los artículos 3, 6, 8, 12,13, 15, 18, 20, 26, 27, 31, 32, 42, 44, 50, 53, 55, 56, 58 y 6011.
A. Derechos humanos y justicia
42. El sistema judicial no ha respondido a las expectativas de los ciudadanos ya que carece de capacidad suficiente para administrar justicia de manera eficiente, eficaz y rápida y responder a la demanda. El Gobierno ha venido mejorando el sistema judicial, en particular los tribunales, el ministerio público y los servicios de apoyo a la administración de justicia. Se ha llevado a cabo una armonización de la legislación con los principios y las disposiciones constitucionales y una modernización en materia de enjuiciamiento penal y civil, así como una revisión de la legislación relativa al estatuto y la actuación de los jueces, reforzando con ello su independencia y autonomía.
43. En el primer decenio del siglo XXI se acometieron reformas destinadas a satisfacer las demandas sociales y cumplir las obligaciones del Gobierno con las organizaciones internacionales en materia de respeto y promoción de los derechos humanos. Se adoptaron o reformaron algunas disposiciones, como las leyes sobre la privación de libertad y las medidas para coordinar y garantizar la propiedad (Ley Nº 5/2002), la Ley de reforma constitucional (Ley Nº 1/2003), la Ley de bases del sistema educativo (Ley Nº 2/2003), la Ley sobre la imposición de penas y el régimen penitenciario (Ley Nº 3/2003), la Ley de servicio comunitario (Ley Nº 5/2003), el Estatuto del Colegio de Abogados (Ley Nº 1/2007), la Ley sobre el ejercicio del derecho de petición (Ley Nº 10/2006), las Leyes sobre el Estatuto de la Fiscalía (Ley Nº 13/2008) y el Estatuto de la Magistratura (Ley Nº 1/2008), la Ley orgánica de la policía de investigación criminal (Ley Nº 2/2008), la Ley sobre la violencia doméstica (Ley Nº 11/2008), la Ley por la que se refuerzan los mecanismos de protección de las víctimas de la violencia doméstica (Ley Nº 12/2008), la aprobación del reglamento interno de los centros penitenciarios (Orden Nº 13/2008), el Estatuto de las fuerzas armadas y de seguridad (Decreto-ley Nº 28/2009), la Ley sobre la administración de la Región Autónoma de Príncipe (Ley Nº 4/2010) , el Código de Procedimiento Penal, que entrará próximamente en vigor (Ley Nº 5/2010) y la Ley del sistema judicial (Ley Nº 7/2010)12. Con el mismo objetivo, se crearon el Centro Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, en noviembre de 2006, y el Instituto Nacional para la Promoción de la Igualdad de Género y la Equidad (Decreto-ley Nº 18/2007). En virtud del Decreto Presidencial Nº 17/2009, el Presidente de la República decidió conmutar la pena e indultar a determinados presos, lo que permitió la puesta en libertad de aproximadamente el 37% de los reclusos y contribuyó a reducir la población penitenciaria13.
44. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y en cooperación con el PNUD, organizó un Encuentro Nacional sobre la Justicia sobre el tema "Corrección de errores con el fin de crear y garantizar una justicia para todos", que tuvo lugar del 24 al 26 noviembre de 2009, en el que se examinó la situación de la Justicia en Santo Tomé y Príncipe y se preparó un proyecto de reforma del poder judicial, en que se proponen diversas reformas institucionales y legislativas14 15.
B. Acceso a la justicia y garantía de los derechos civiles
45. Durante la Primera República (1975-1990), el acceso a los tribunales se consagró en la Ley de asistencia jurídica gratuita (Ley Nº 7/70 de 9 de junio) y su correspondiente reglamento (Decreto Nº 562/70 de 18 de noviembre). Para las causas penales se adoptó el Código de Procedimiento Penal de 1929, aún vigente, que contempla la posibilidad de nombrar un defensor de oficio cuando el acusado no asume su propia defensa (párrafos 1 a 3 del artículo 22 y artículos 23 a 28 del Código)16.
46. Desde 1990, el artículo 19 de la nueva Constitución dispone que: "Todo ciudadano tiene derecho a recurrir ante los tribunales contra todo acto que viole los derechos que le reconoce la Constitución, no pudiéndosele negar justicia por insuficiencia de medios económicos". Este texto no se modificó en la reforma constitucional de 2003 (de la Ley Nº 1/2003 de 29 enero), pero actualmente se incluye en el artículo 20. El Gobierno siempre defendió el derecho de acceso a la justicia y las garantías de los derechos civiles. El nuevo Código de Procedimiento Penal contempla mecanismos que protegen y garantizan una mejor protección de los derechos humanos de los presos17.
C. Administración de justicia
47. Son varios los organismos que participan en la administración de justicia, a saber, la Presidencia de la República, cuya función se define en los párrafos a), e), e i) del artículo 80 de la Constitución, y la Asamblea Nacional, cuya función se define en el artículo 92, párrafo b) del artículo 94, los párrafos b), c), d), p) y r) del artículo 97, los párrafos a), e) y k) del artículo 98 y el párrafo 1 del artículo 99. De conformidad con el artículo 108 de la Constitución, el Gobierno dirige la política general y el Ministerio de Justicia establece, ejecuta y evalúa la política definida por la Asamblea Nacional y el Gobierno en materia de justicia. Los tribunales administran justicia y defienden los derechos y los intereses legalmente protegidos en nombre del pueblo. Sus decisiones son de obligado cumplimiento para todas las entidades públicas y privadas y prevalecen sobre las de todas las demás autoridades. Las audiencias son públicas, salvo cuando el propio tribunal decida lo contrario, mediante auto motivado, con el fin de garantizar la dignidad de las personas y la moral pública. En el ejercicio de sus funciones, los tribunales no pueden aplicar normas que vulneren lo dispuesto en la Constitución o los principios en ella consagrados, que se enuncian en sus artículos 120, 122, 123 y 129. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, el Ministerio Público fiscaliza la legalidad, representa el interés público y social ante los tribunales y es el titular de la acción penal18.
48. Además de las funciones definidas en la Constitución, los tribunales y el Ministerio Público se rigen por sus propias normas, que están recogidas en sus correspondientes estatutos, a saber, el Estatuto de la Magistratura y el Estatuto del Ministerio Fiscal, con arreglo a lo determinado por la Ley orgánica del poder judicial19.
49. Además de estos organismos, existen otras instituciones de la Administración central que intervienen al decidir sobre cuestiones relativas a la administración de justicia, como los servicios de apoyo a la justicia, la policía judicial, la policía nacional y los servicios penitenciarios y de reinserción social. Cada una de estas instituciones desempeña un papel importante en el sistema judicial.
D. Servicios de apoyo a la justicia
1. Policía judicial
50. Este cuerpo de policía fue creado por el Decreto-ley Nº 69/93 y la Ley Nº 2/2008.
Depende orgánicamente del Ministerio de Justicia y cuenta con el apoyo del Ministerio Público. Su función es investigar y prevenir los actos delictivos, actividades que ejerce en defensa de la legalidad democrática y con pleno respeto de los derechos civiles20. Es evidente que el funcionamiento de esta policía no ha sido plenamente satisfactorio debido a la falta de medios, en concreto de recursos humanos muy calificados, equipamiento, material tecnicocientífico, infraestructura y vehículos, lo que afecta al funcionamiento normal de este servicio. Así, por ejemplo, una de las dificultades a las que se enfrenta este cuerpo es la falta de infraestructura, lo que obliga a que los detenidos, en aplicación de lo
dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, que están bajo su custodia tengan que pernoctar en la Prisión Central, lo que es una manifiesta violación de los derechos humanos.
2. Policía Nacional
51. El cuerpo de policía nacional fue creado por el Decreto-ley Nº 20/91 y depende del Ministerio de Seguridad Pública; su función es defender el orden público y la paz pública, el respeto de la legalidad democrática y los derechos civiles de acuerdo con los objetivos definidos por la ley y la política del Gobierno. Las condiciones en que desarrolla su labor la policía nacional no son óptimas, ni muy diferentes de las de la policía judicial. La policía nacional a veces infringe la legalidad democrática, debido a la falta de medios materiales, vehículos, infraestructura, tecnología informática, tecnología moderna y formación.
3. Servicios penitenciarios y de reinserción social
52. Los servicios penitenciarios y de reinserción social dependen orgánicamente del Ministerio de Justicia y su función es la de ejecutar las penas y las medidas de reclusión.
También son responsables de la reinserción social de los presos. El funcionamiento de estos servicios no se rige por una legislación especial, sino que desarrollan sus actividades con arreglo a lo establecido en las normas internacionales y nacionales, a saber, la Ley Nº 3/2003 y los reglamentos internos de prisiones.
53. La ejecución de las penas se lleva a cabo ante todo observando los principios de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución y la Ley de ejecución de penas y de régimen penitenciario (Ley Nº 3/2003) y definidos en el reglamento interno de los centros penitenciarios publicado en el Diário da República (Boletín Oficial del Estado) Nº 7321. La ejecución de las penas privativas de libertad debe ofrecer unas condiciones de vida en el centro penitenciario lo más parecidas en la medida de lo posible a las de la vida normal22 23.
54. Cabe destacar que la administración de justicia no depende exclusivamente de esas instituciones, pues, además de esos organismos, la Constitución permite la participación ciudadana en la administración de justicia. Los artículos 35 y 124 permiten constituir asociaciones, siempre que no contravengan el Código Penal ni cuestionen la Constitución y la independencia nacional. Algunas ONG también participan en la administración de justicia, entre ellas, el Colegio de Abogados24, la Organização São-Tomense dos Direitos Humanos (Organización de Derechos Humanos de Santo Tomé), los sindicatos, la Associação das Mulheres Juristas (Asociación de Mujeres Juristas), la Associação de Reinserção das Crianças Abandonadas e em Situações de Risco (ARCAR, Asociación para la Reinserción de Niños Abandonados y en Situaciones de Riesgo), la Organização das Mulheres São-Tomense (Organización de Mujeres de Santo Tomé), organizaciones juveniles y la Associação-Instituto Socio Educativo da Criança (AISEC, Asociación- Instituto Socioeducativo del Niño).
E. Derechos humanos e igualdad de género
55. Santo Tomé y Príncipe ha aprobado diversas leyes encaminadas a proteger los derechos y promover la libertad de hombres y mujeres. Así, por ejemplo, la Constitución y otras normas contienen disposiciones que confirman la intención del Gobierno de promover y proteger el principio de igualdad de los derechos civiles de hombres y mujeres.
56. Este principio general está consagrado en la Constitución en varios artículos, en particular en el artículo 15 relativo a los principios de igualdad, el párrafo 3 del artículo 26
profesión, el párrafo 3 del artículo 42 sobre el derecho al trabajo, el artículo 55 sobre el derecho a la educación, el artículo 57 sobre la participación en la vida pública y el párrafo 2 del artículo 64 sobre los deberes con la defensa nacional. Se han aprobado diversas leyes destinadas a garantizar la defensa y la promoción de la igualdad de género, así como otras normas y disposiciones legales, como la Ley de familia (Ley Nº 2/77), Ley de la seguridad social (Ley Nº l/92), la Ley sobre las condiciones de trabajo (Ley Nº 6/92), la Ley sobre la defensa nacional (Ley Nº 2/94), la Ley por la que se crea el Instituto Nacional para la Promoción de la Igualdad de Género y la Equidad (INPG) (Ley Nº 18/2007), la Ley sobre la violencia doméstica (Ley Nº 11/2008) y la Ley de refuerzo de los mecanismos de protección legal para las mujeres víctimas de delitos violentos (Ley Nº 12/2008).
57. En virtud de la Ley Nº 11/2008 se creó el Instituto Nacional para la Promoción de la Igualdad de Género y la Equidad, que preparó la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género y la Equidad con el objetivo de "construir para 2015 una sociedad en la que la justicia social, la solidaridad, la igualdad, la equidad y el respeto de todos los ciudadanos sean valores auténtica y profundamente compartidos por todos"25.
58. El Gobierno ha creado el Centro Asesor de Lucha contra la Violencia Doméstica con el fin de proteger a las víctimas y aconsejar a las parejas. Además de estas instituciones públicas, el Gobierno cuenta con la colaboración de varias ONG, como el Fórum das Mulheres (Foro de las Mujeres), el Instituto Mutendê, la Associação pára o Progresso da Mulher (Asociación para el Progreso de la Mujer), la Cooperativa Josina Machel, la Associação de Apoio das Mulheres e Crianças Vitimas de Violencia (Asociación de Apoyo a las Mujeres y Niños Víctimas de la Violencia), la Asociación de Planificación de la Familia de Santo Tomé, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Santo Tomé y Príncipe, la Asociación Femenina Vicentina y la Asociación de Abogadas. A pesar de estas mejoras, existen a veces casos de discriminación y lagunas en la legislación. Con todo, la situación ha mejorado.
VI. Derechos humanos y educación
2659. La Constitución dispone que la educación es un derecho que se reconoce a todos los ciudadanos. Compete al Estado promover la eliminación del analfabetismo y la educación permanente, así como asegurar la enseñanza básica gratuita y obligatoria27.
60. La Declaración Mundial sobre Educación para Todos proclama que "cada persona
—niño, joven o adulto— deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje" (Conferencia de Jontien (Tailandia), 1990). El compromiso de Santo Tomé y Príncipe con las recomendaciones de esa Conferencia avala y refuerza el proceso ya consagrado en la Constitución y confirmado con la aprobación de la Ley orgánica del sistema educativo28. 61. Esta nueva legislación pretende romper claramente con el sistema educativo tradicional heredado del régimen colonial portugués, ya que promueve una nueva dimensión de la educación como medio para transformar estructuras y relaciones sociales y conseguir un cambio de mentalidad. Así, se establecieron derechos y deberes en el ámbito de la educación, se amplió a todos los ciudadanos el acceso gratuito a la educación y se fijaron los nuevos objetivos de la política educativa con arreglo a los principios rectores de la estrategia de desarrollo nacional.
A. Organización, estructura y gestión
62. La organización general del sistema educativo se rige por la Ley Nº 2/2003, que regula29 la educación preescolar, escolar y extraescolar.
B. Educación preescolar
63. Santo Tomé y Príncipe ha cumplido con las obligaciones contraídas en virtud de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción de Dakar, en que se destaca la importancia de este período fundamental en la vida del niño y se promueve la educación y protección de la primera infancia como el primero de seis objetivos importantes. Santo Tomé y Príncipe viene desarrollando actividades, especialmente en el sector público, con el fin de garantizar que todos los niños de edad temprana tengan acceso a servicios básicos y oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, la tasa de cobertura de la enseñanza preescolar es aún de un 33%.
64. La educación preescolar constituye el primer nivel del sistema educativo y es facultativo. Sin embargo, se reconoce la importancia de este nivel educativo para el desarrollo del niño en la edad temprana y como preparación para la educación escolar. Se caracteriza por una red de guarderías en las zonas rurales para niños de 6 años y jardines de infancia en las zonas urbanas para niños entre las edades de 3 y 5. Además de los jardines de infancia y guarderías públicas, también hay un considerable número de jardines de infancia privados y comunitarios que pertenecen a ONG y asociaciones.
65. En los últimos diez años, el Gobierno no ha considerado que la educación preescolar sea prioritaria debido a su carácter facultativo según la Ley orgánica del sistema educativo.
Figura 1
Porcentaje de niños escolarizados en relación con la población total infantil de Santo Tomé y Príncipe, por distrito y año académico30
2007/08
36,3%
11,4%
5,5%
11,3%
13,1%
16,6%
5,8%
Água grande Cantagalo Caué Lembá Lobata Mé-Zochi Príncipe
2008/09
38,4%
11,1%
5,0%
10,1%
12,3%
17,9%
5,1%
Água grande Cantagalo Caué Lembá Lobata Mé-Zochi Príncipe
C. Enseñanza primaria
66. La enseñanza primaria es universal, obligatoria y gratuita y dura seis años. No se cobran tasas por las remuneraciones, gastos y pagos relacionados con la matrícula, la enseñanza o la expedición de certificados y títulos. Esta enseñanza se ha ampliado y actualmente la enseñanza primaria básica es de seis años. Se ha completado la reforma del 1º ciclo (1º a 4º año) y la del 2º ciclo (5º a 6º año) se encuentra en su fase final.
67. Uno de los retos que se ha planteado el país es ampliar la enseñanza primaria hasta el sexto año para 2015.
68. En el año académico 2006/07 el número escuelas primarias ascendía a 74, de las que 5 impartían enseñanza básica integrada, a saber: Vila Fernanda, Porto Alegre, Santa Catarina, Izé Água y Almas.
69. En el año académico 2007/08, 15 escuelas primarias (20,2%) de un total de 74 funcionaban con tres turnos (regime triplo).Todos los alumnos del 1º y 2º ciclo de la enseñanza primaria reciben apoyo escolar del PMA en forma de una comida caliente.
D. Enseñanza privada
70. Se consideran instituciones docentes privadas los centros de la enseñanza privada y las cooperativas educativas creados por particulares, con más de diez alumnos y que imparten enseñanza y formación regular. El artículo 7 de dicha ley permite al Gobierno ayudar a los alumnos con becas.
71. En la enseñanza primaria hay 44 alumnos matriculados en escuelas privadas, todos en la Escola Portuguesa, de los que 27 son niñas y 17 niños. La mayoría de ellos tienen edades comprendidas entre los 7 y 8 años. El sector público sigue siendo la principal fuente de enseñanza a este nivel.
72. En el 2º ciclo, hay dos escuelas, a saber, el IDF y la Escuela Magdalena de Canossa, con un total de 118 alumnos. En este ciclo educativo hay 162 alumnos escolarizados en escuelas privadas, mientras que en las públicas su número es 34.768, lo que pone de relieve el desequilibrio que existe entre los dos sectores en este nivel educativo, pues en los centros privados cursa sus estudios sólo el 0,5 del alumnado total.
E. Enseñanza secundaria
73. La enseñanza secundaria se estructura en dos ciclos: el 1º ciclo, va del 7º al 9º año, y el 2º, del 10º al 12º.
74. La enseñanza secundaria tiene un alcance muy limitado en Santo Tomé y Príncipe, especialmente en el 2º ciclo (9º a 12º año). Sólo en las capitales de distrito es posible estudiar en el 2º ciclo de enseñanza secundaria. De las ocho centros existentes, sólo dos imparten el 11º y 12º año: el Liceu Nacional en la ciudad de Santo Tomé y el Centro de Enseñanza Secundaria de Príncipe en la ciudad de São Antonio. En Lembá y Caué sólo se imparten estudios hasta el 8º año. En el año académico de 2004/05, se empezó a impartir el 9º año en Santana, y en el siguiente año académico en Mé-Zochi. En ese año académico, con la colaboración con Projecto Escola+ y el apoyo del programa para la enseñanza secundaria de Asistencia Técnica Portuguesa, se comenzó a ofrecer en 2007 cursos de formación profesional (arte y diseño, construcción civil y tecnología de la información) en el Liceu Nacional. En el distrito de Mé-Zochi han comenzado a impartirse dos nuevos cursos (ganadería y agricultura), en concreto en el CATAP. Con estos nuevos cursos de formación profesional, el Gobierno intenta conseguir que todos los estudiantes obtengan una titulación al dejar el sistema educativo. Este es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y un objetivo en la lucha contra la pobreza.
75. De todos los estudiantes de enseñanza secundaria (de 8 a 12 años), 4.123 (51,5%) eran niñas. Si bien las niñas son mayoría en la enseñanza secundaria con un 52,1%, la situación se invierte en el nivel preuniversitario.
76. En 2007, cursaban estudios de enseñanza secundaria 9.687 alumnos, de ellos 9.336 (96,4%) en centros públicos y 351 (3,6%) en centros privados.
77. En 2007/08, el 85.8% de alumnado cursaba estudios secundarios y sólo el 14,2%
pasaba al 2º ciclo o ciclo preuniversitario a causa de las limitadas posibilidades y el abandono escolar. El aumento de estudiantes en la enseñanza secundaria básica (de 6.677 a 7.100) obedeció al aumento significativo del número de alumnos de 8º año en todos los distritos y la implantación del 9º año en los dos centros de enseñanza secundaria de Mé-Zochi. En cambio en los años 7º y 10º se registró un crecimiento negativo. En 2008, el porcentaje de niñas fue inferior al de los varones sólo en el 11º año.
78. Los estudiantes tendrán que elegir en el décimo año una de las especialidades académicas existentes, por ejemplo A, B o C. En cada uno de ellos las materias impartidas permiten a los alumnos proseguir sus estudios o incorporarse al mercado laboral.
F. Formación del profesorado (primaria y secundaria) 2008/09
3179. En los años académicos 2008/09 y 2007/08 el cuerpo docente estaba integrado por un total de 630 maestros, de los que sólo 298 (47%) tenían formación, 51 (8%) tenían una formación especializada y 281 (45%) no tenían formación.
80. En el período 2007/08 y 2008/09, el Liceu Nacional y el Centro de Enseñanza Secundaria de Príncipe fueron las únicas escuelas que impartían enseñanza hasta el 10º y el 11º año, y las escuelas de Santana y Guadalupe sólo hasta el 9º año.
G. Formación profesional y técnica
81. La formación profesional también forma parte de la enseñanza secundaria. Los cursos que se imparten en estos centros son ingeniería civil, electricidad, montaje mecánico, mantenimiento de sistemas automáticos y mecánicos y mecánica del automóvil. En 2007/08, había 70 estudiantes matriculados en los cursos de este tipo de formación (10 niñas y 60 niños).
H. Necesidades educativas especiales
82. En Santo Tomé y Príncipe se están realizando esfuerzos para implantar gradualmente la universalidad de la educación y la formación, así como para proporcionar distintas formas de apoyo directo e indirecto a los niños con necesidades educativas especiales, con el fin de facilitar su integración social, socialización y educación.
I. Financiación de la enseñanza
3283. En 2009, el presupuesto de enseñanza representaba el 11% del PIB, lo que supone un esfuerzo considerable del país para satisfacer las necesidades educativas.
84. La estructura interna del gasto público en enseñanza muestra que los gastos operacionales duplicaron los de inversión, ya que en 2009 representaron el 70,3% frente al 29,7% presupuestado inicialmente. Este dato se explica porque una gran parte del gasto educativo se dedicó a los sueldos y por el hecho de que la enseñanza depende en gran manera de los recursos internos.
85. Los sueldos representaron el 90% del gasto total en 2009, mientras que el 10%
restante se gastó en bienes y servicios y transferencias; la inversión ascendió al 20,3%. En el presupuesto general se asigna una partida importante para becas.
J. Participación de la familia en la financiación de la enseñanza
3386. Las familias han sido un factor importante de la enseñanza, al contribuir con la modesta cantidad de 5.000 dobras por niño al mes por las comidas calientes que se distribuyen en las escuelas. Además, las familias contribuyen con 22.000 dobras al mes para el transporte escolar. Las familias también pagan el almuerzo de sus hijos, los uniformes escolares y la atención médica, lo que demuestra que las familias son conscientes de la importancia que la enseñanza tiene para el desarrollo de Santo Tomé y Príncipe.
K. Paridad de género (2007/08 y 2008/09)
87. La evolución a nivel nacional del porcentaje de alumnas en el sistema educativo ha sido la siguiente: en el período 2007/08 fue del 49,56%, mientras que en 2008/09 fue del 48,91%.
L. Programa de alfabetización
3488. El Ministerio de Educación, Cultura y Formación ha apoyado la alfabetización mediante la puesta en marcha de un programa de alfabetización en colaboración con el organismo de cooperación del Brasil (ABC). Unas 2.500 personas ya se han inscrito en este programa y un 10% (250 personas) ha alcanzado la fase de posalfabetización.
89. En 2009, 2.560 estudiantes de todos los distritos del país participaron en el programa de alfabetización; desde el distrito de Lobata, que tiene el mayor número de analfabetos, con 405 estudiantes (17,6%), seguido de Príncipe, con 392 estudiantes (15,3% de analfabetos). Las estadísticas confirman la eficacia de este programa, que tiene una tasa de graduación del 80%.
M. Enseñanza superior
3590. En Santo Tomé y Príncipe hay una institución pública de enseñanza superior, el Instituto Superior Politécnico (ISP), y dos privadas, la Universidad Lusíada de Santo Tomé y Príncipe y el IUCAI.
91. En el año académico 2008/09, 596 alumnos se matricularon en el ISP para cursar estudios en distintas disciplinas. Los estudios más populares fueron los de administración (31,4%) y la titulación en lengua portuguesa (18,6%), ya que representan el 50% del total del alumnado. La distribución por sexos es muy equilibrada (50,2% hombres y 49,8%
mujeres) y la mayoría se concentra en el 1º y 2º año. La mayoría de los estudiantes del ISP (aproximadamente el 79%) tienen edades comprendidas entre los 20 y 29 años. Los estudios que pueden cursarse en la Universidad Lusíada son derecho, administración y tecnología de la información, mientras que en el IUCAI son telecomunicaciones, derecho público, derecho y administración.
VII. Los derechos humanos y la salud en Santo Tomé y Príncipe
92. La Constitución dispone que todos tienen derecho a la protección de la salud y el deber de defender ese derecho, y que incumbe al Estado promover la salud pública36. El Estado garantiza a todos los ciudadanos el libre acceso a los servicios de salud y a los
hospitales, consultorios y centros de salud en todos los distritos de Santo Tomé y Príncipe.
El Gobierno centra sus actividades en la mejora de la salud con arreglo a cuatro objetivos:
• Mejorar la capacidad, la organización y el funcionamiento del sector de la salud;
• Promover la protección de la salud y luchar contra las enfermedades;
• Mejorar las prestaciones de la atención de la salud, y
• Mejorar la infraestructura de saneamiento.
93. La reforma del sector de la salud pretende lograr los siguientes objetivos principales:
• Promover la equidad en la salud y la atención de la salud mediante la reestructuración de las prestaciones a fin de establecer un conjunto mínimo de servicios de salud, en consonancia con las condiciones concretas del país;
• Mejorar la gestión de los recursos sanitarios, fortalecer la descentralización y la capacidad de gestión de los equipos de salud de los distritos, y reestructurar los actuales servicios de salud de los distritos para mejorar la prestación de los servicios y solucionar los problemas más acuciantes;
• Mejorar el funcionamiento del sistema de salud y la calidad de la atención de salud, y
• Mejorar el acceso, la humanización y la satisfacción de los ciudadanos en su relación con el sistema de salud, así como ampliar la comunicación y la cooperación entre los distintos prestatarios de servicios de salud.
94. La política nacional de salud reconoce el carácter social de los servicios de salud como factor de desarrollo, justicia social y lucha contra la pobreza, por lo que defiende la cobertura universal a todos los niveles de servicio, la equidad de acceso y uso de la asistencia sanitaria sin prejuicios ni privilegios de ningún tipo y una atención integral en la forma de un conjunto de actividades coordinadas y servicios preventivos y curativos, tanto individuales como colectivos, para todos los casos y en todos los niveles del sistema.
A. Salud reproductiva
3795. La política de salud reproductiva y sexual tiene como objetivo contribuir al desarrollo nacional, lograr la plena participación y en pie de igualdad de las mujeres en el proceso de toma de decisiones y conseguir que los hombres asuman su responsabilidad compartida en todos los aspectos relacionados con la familia, el comportamiento sexual y reproductivo y la práctica de planificación de la familia.
96. Con las directrices en materia de salud reproductiva se pretende proteger la salud de la mujer y el niño, destacando la atención integral al niño a todos los niveles y ofreciendo un conjunto de prestaciones, como la vacunación, la vigilancia del crecimiento y desarrollo, el asesoramiento nutricional, la detección precoz de problemas de salud y su tratamiento en la medida de lo posible.
97. En cuanto a la mortalidad infantil, el objetivo que se ha marcado el país para el año 2015 es reducir esa tasa hasta el 73‰. Las estadísticas sobre la aplicación del documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) indican que la mortalidad infantil se redujo considerablemente entre 2001 y 2007, pues pasó de 111‰ (MICS 2001) a 58‰ (ORP 2008). Esta tendencia, que se refleja en el gráfico infra, indica que este Objetivo de Desarrollo del Milenio se logró en 2006, por lo que ahora lo que hay que hacer es consolidarlo.
B. Evolución de la mortalidad infantil (‰)
38C. Salud de los adolescentes
98. El programa de acción de salud del adolescente tiene por objeto promover y proteger la salud de este grupo de edad y presta una especial atención a la protección y promoción de los derechos de los adolescentes en materia de información y servicios sobre salud sexual y reproductiva y el acceso pleno y permanente a esos servicios.
D. Salud de las personas de edad
99. Los problemas específicos que afectan a la población mayor de 65 años de edad requieren un programa que compagine los aspectos curativos y de rehabilitación con la asistencia profiláctica y social en la atención integral de este grupo de edad.
E. VIH/SIDA
39100. En junio de 2005 se inició el proyecto de prevención de la transmisión vertical madre-hijo (PTV) mediante la realización de pruebas voluntarias y tratamientos preventivos en el Hospital Central de Santo Tomé, descentralizándose después para que las pruebas de detección se pudiesen llevar a cabo en todos los centros de salud de distrito. En enero de 2006 empezaron a realizarse en los distritos las pruebas sistemáticas de detección del VIH en gestantes. La tasa de rechazo de esta prueba por las mujeres es muy baja, por lo que se conocen los resultados de las pruebas serológicas para el diagnóstico de la infección por el VIH de casi todas ellas. A fines de 2007, en 27 de los 29 dispensarios de salud se practicaban las pruebas voluntarias de las mujeres embarazadas. La cobertura aumentó del 55% en 2006 al 89% en 2007.
101. Desde 2007, en el marco del Programa Nacional de Lucha contra el SIDA (PNLS) se hace un seguimiento médico de las gestantes seropositivas al VIH, una actividad que se desarrolla con ayuda del PMA en forma de alimentos y del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, que financia la distribución de preparados para lactantes. Hay algunas dificultades, pues las parejas masculinas de estas mujeres a veces se niegan a permitir que sean diagnosticadas o reciban apoyo. La estigmatización tan marcada
que conlleva hace que muchas mujeres se nieguen a aprovechar la ayuda nutricional y el seguimiento de sus bebés en su domicilio, privándoles de los beneficios de la alimentación con preparados para lactantes.
F. Tuberculosis
40102. Dado el aumento de la tuberculosis en todo el mundo y la falta de información precisa sobre la situación en Santo Tomé y Príncipe, se están organizando las actividades concretas siguientes:
• Creación de las condiciones materiales y humanas para la atención, diagnóstico y tratamiento en los distritos, el establecimiento de un sistema de referencia para el nivel central que suscite confianza y aliente a los pacientes a solicitar un tratamiento regular como garantía de éxito;
• Detección sistemática y prioritaria de los casos existentes para su tratamiento inmediato; investigación epidemiológica sobre la tuberculosis y programación del control, diagnóstico y medidas de tratamiento precoz, y mantenimiento de niveles epidemiológicos aceptables.
VIII. Bibliografía
Informe anual sobre la supervisión de la puesta en práctica del informe del Encuentro sobre la justicia
Constitución de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe Estrategia de Educación y Formación, 2003-2017
Carta Educativa de marzo de 2008
Ley de ejecución de penas y de régimen penitenciario (Ley Nº 3/2003) Política Nacional de Salud, 1999
Estrategia Nacional para la igualdad de género y equidad Nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley Nº 5/2010) Ley orgánica de la policía judicial (Ley Nº 2/2008) Ley orgánica del sistema educativo (Ley Nº 2/2003) Reglamento interno de los centros penitenciarios
Informe de la Junta de Resultados Electorales de 1º de agosto 2010
Informe de la Mesa Redonda Sectorial del Ministerio de Educación, Cultura y Formación, 2006
Informe sobre el documento de estrategia de lucha contra la pobreza de 2008 Informe sobre el Programa de Salud Reproductiva de 2009
Boletín Estadístico del Ministerio de Educación, Cultura y Formación de 2009 Estatutos del Colegio de Abogados (Ley Nº 10/2006)
Notas
1 http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
2 Article 78 of the Constitution of São Tomé and Principe.
3 Article 102 of the Constitution of São Tomé and Principe.
4 Article 108 of the Constitution of São Tomé and Principe.
5 Article 110 of the Constitution of São Tomé and Principe.
6 Article 121 of the Constitution of São Tomé and Principe.
7 Article 122 of the Constitution of São Tomé and Principe.
8 Data obtained from the report of the Election Results Board of 1 August 2010.
9 Information provided by the Observatory for Poverty Reduction, Annual Report on Monitoring of Implementation of the National Poverty Reduction Strategy (MPF).
10 Constitution of São Tomé and Principe.
11 All articles of the Constitution of São Tomé and Principe.
12 All published in the Diário da República.
13 Data provided by the SPRS.
14 National Meeting on Justice, November 2009.
15 See the document National Meeting on Justice, November 2009.
16 Based on the National Meeting on Justice, November 2009 concerning legislation and current practices.
17 See articles 37‒45, 149‒157, 187, 212 and others of the new Code of Criminal Procedure.
18 See the articles cited of the Constitution of São Tomé and Principe.
19 See Laws Nos. 13/2008, 14/2008 and 7/2010.
20 See article 1 of Law No. 2/2008, the Organic Law of the Criminal Investigative Police.
21 See articles 22, 23, 27, 38 of the Constitution of São Tomé and Principe.
22 See articles 60, 61, 63, 67, 68 of the internal regulations of prisons.
23 See articles 1‒11 and 21 of Law No. 3/2003, the law on sentencing and incarceration measures.
24 See article No. 3 of the statutes of the Bar Association.
25 National Strategy for Gender Equality in São Tomé and Principe.
26 Prepared on the basis of the Education Charter of São Tomé and Principe, March 2008, Statistical Bulletins of the Ministry for Education, Culture and Training 2005‒2009.
27 Article 55 of the Constitution of São Tomé and Principe.
28 Law No. 2/2003 published in the Diário da República No. 7 of 2 June 2003.
29 See article 8 of the Organic Law of the Educational System.
30 Education Charter of March 2008.
31 Statistical Bulletin of the Ministry for Education, Culture and Training, 2009.
32 Statistical Bulletin of the Ministry for Education, Culture and Training, 2009.
33 Education Charter of March 2008 and Statistical Bulletin 2009.
34 Statistical Bulletin 2009.
35 Statistical Bulletin 2009.
36 See article 50 of the Constitution of São Tomé and Principe.
37 Based on the Report on the Reproductive Health Programme 2009.
38 MICS 2006, Poverty Reduction Strategy Paper 2008.
39 Based on the Report of the National Programme for Combating AIDS.
40 Based on the Report on the National Health Policy.
