Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 12º período de sesiones
Ginebra, 3 a 14 de octubre de 2011
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 15 a) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos*
Tailandia
* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/12/THA/1
Asamblea General Distr. general 19 de julio de 2011 Español
Original: inglés
I. Metodología
A. Proceso de redacción
1. Este informe se ha preparado de conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos de 18 de junio de 2007. En el período de 2008 a 2009 se organizaron varios seminarios con el fin de sensibilizar y familiarizar a todos los interesados sobre el proceso de Examen Periódico Universal (EPU). Entre ellos, cabe señalar un taller coorganizado con el Equipo de las Naciones Unidas en el país que permitió a Tailandia sacar provecho de las experiencias de otros países que ya han iniciado el EPU.
2. Tailandia ha logrado que el proceso de preparación del EPU fuera lo más general e integrador posible al hacer participar a los organismos oficiales, la sociedad civil y la población; el Ministerio de Relaciones Exteriores conjuntamente con el Ministerio de Justicia son los organismos rectores en la preparación del informe nacional de Tailandia. La primera reunión oficiosa se celebró en junio de 2010 con representantes de importantes organizaciones no gubernamentales (ONG) para examinar las grandes líneas del informe de Tailandia sobre el EPU. A continuación se creó un comité y dos subcomités nacionales del EPU compuestos por organismos clave del Estado y otros partícipes para supervisar los procesos de redacción y consulta del EPU.
B. Proceso de consulta
3. Durante el proceso previo a la redacción, Tailandia organizó 14 talleres con los organismos oficiales pertinentes y representantes de la sociedad civil (mundo académico y ONG) con el fin de debatir a fondo sobre los diversos temas que se incluirían en el informe nacional de Tailandia y de determinar los resultados satisfactorios y las dificultades en el ámbito de los derechos humanos.
4. Se celebraron cinco consultas públicas sobre el primer proyecto de informe: en Bangkok y en cuatro regiones del país. Se realizaron campañas por radio y por Internet para invitar al público a participar en el proceso. El proyecto también se ha incorporado en los distintos sitios web de los diferentes organismos oficiales con el fin de recabar comentarios.
A partir de ahí se introdujeron modificaciones y el proyecto fue aprobado por el comité nacional del EPU antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.
5. El informe de Tailandia para el EPU es un proceso de reflexión en el que se han presentado por un lado los problemas, y por otro, los buenos resultados, como punto de referencia a partir del cual medir los futuros avances en materia de derechos humanos. El proceso de redacción sirvió para impulsar los progresos en las cuestiones de derechos humanos pendientes que fueron examinadas y presentadas al Consejo de Ministros a efectos de sensibilizar sobre la necesidad de introducir mejoras. El proceso del EPU en Tailandia, por lo tanto, no se limita al examen, sino que tiene por fin lograr ventajas concretas para la población del país.
II. Información sobre el país
6. Tailandia cuenta con una larga historia como tierra de libertad y diversidad. Se sitúa en la parte sudoriental de Asia y tiene una superficie de 513.115 km2. Tiene fronteras terrestres con la República Democrática Popular Lao, Myanmar, Camboya y Malasia. Su población es de unos 63,5 millones de habitantes y la componen diversos grupos étnicos:
el 75% son tailandeses, el 14 % chinos y el 3% malayos, que representan 1,7 millones de personas, principalmente musulmanes, que viven en las tres provincias más meridionales del país. El resto son grupos minoritarios, entre ellos varias tribus de montaña.
7. Tailandia es una monarquía constitucional y el Rey es el Jefe del Estado. Cuenta con un sistema parlamentario bicameral: Cámara de Diputados y Senado. El sistema político sigue siendo pluripartidista y, por lo tanto, la Cámara de Diputados está formada por representantes de diversos partidos políticos.
8. En 2010 la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue del 7,8%
o 10.104.800 millones de baht (317.800 millones de dólares de los Estados Unidos), con un ingreso per capita de 150.117 baht (4.720,7 dólares) y una tasa desempleo del 1,04%1. La incidencia de la pobreza ha disminuido desde un 33,69 % en 1990 al 8,12% en 2009. La tasa de alfabetización es alta: se sitúa en el 98 % desde 1995. La tasa de mortalidad se ha reducido al 9,9‰ nacidos vivos y la esperanza de vida ha aumentado a 69/75 (H/M).
9. En el curso de su evolución Tailandia ha avanzado en varios sectores socioeconómicos. No obstante, el desarrollo ha dado lugar a la desigualdad y la injusticia sociales, factores que están en el origen de los conflictos sociales y los disturbios políticos de los últimos dos o tres años, en particular en la zona meridional, donde ha estallado la violencia en los últimos seis años. En la actualidad Tailandia lleva a cabo reformas estructurales y sistémicas atendiendo a las recomendaciones del Comité Nacional de Reformas y la Asamblea Nacional de Reformas con objeto de garantizar la justicia para los pobres y los más desfavorecidos y de reducir la brecha de la desigualdad. El Gobierno ha luchado por mejorar los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos y proporcionar seguridad social a todos los grupos de población, y ha avanzado en el proceso de reconciliación en función de los principios democráticos de justicia e imperio de la ley.
10. Las elecciones generales de 3 de julio de 2011 permitirán a Tailandia avanzar en el camino de la democracia parlamentaria. Pese a las tensiones políticas e independientemente de quien gobierne, Tailandia mantendrá su firme voluntad de respeto de los derechos humanos, tal como estipula la Constitución.
11. En Tailandia actualmente se procede a la ejecución del segundo Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos (2009-2013), elaborado con la participación de todos los interesados pertinentes. El segundo Plan tiene por fin fortalecer las redes de derechos humanos en todas las regiones, con miras a sensibilizar sobre estos derechos y a mejorar su protección hasta alcanzar el nivel internacional y pasar a la aplicación concreta. Tailandia también se propone poner en práctica sus compromisos en materia de derechos humanos, que ya se han convertido en un plan de acción con un mecanismo de seguimiento. Las normas internacionales que se enuncian en los instrumentos internacionales de derechos humanos han pasado a ser la referencia para la formulación de leyes y políticas sobre la protección de los derechos humanos de la población.
III. Promoción y protección de los derechos humanos
A. La Constitución del Reino de Tailandia
12. La Constitución del Reino de Tailandia de 2007 consagra la dignidad humana, la igualdad sin discriminación, así como los derechos y las libertades de las personas, según establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Constitución garantiza asimismo los derechos de la sociedad a administrar y hacer uso de los recursos naturales.
Las disposiciones relativas a los derechos y libertades que se enuncian en esta Constitución
pueden invocarse directamente ante los tribunales para iniciar una acción judicial en caso de violación de estos derechos y libertades.
13. Tailandia tiene la firme voluntad de promover la democracia con objeto de ofrecer un entorno propicio al ejercicio de los derechos humanos y la libertad para todos. La Constitución garantiza los derechos de los ciudadanos a participar en política, en la gestión de los asuntos públicos, en la formulación de políticas públicas y en la planificación del desarrollo económico y social. Se han establecido, asimismo, diversos mecanismos independientes de control. Estas disposiciones respaldan la causa de la democracia y los derechos humanos, cuya fuerza motriz son la población y la sociedad civil, según se evidencia en la evolución política, social y económica de Tailandia.
B. Mecanismos de protección de los derechos humanos
14. Tailandia ha establecido diversos mecanismos de protección de los derechos humanos, en particular órganos y mecanismos independientes de protección de estos derechos creados en el marco administrativo, el poder legislativo y el poder judicial.
Ejemplos destacados son: la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia; la Oficina de la Comisión Nacional de lucha contra la corrupción; el Defensor del Pueblo; el Departamento de Protección de Derechos y Libertades; el Ministerio de Justicia; el Departamento de Protección de los Derechos del Pueblo y Asistencia Jurídica, la Fiscalía General; el Comité Parlamentario sobre los asuntos relativos a los grupos vulnerables; el Tribunal de Justicia; y los Tribunales Administrativo y Constitucional.
15. Además de los mecanismos del Estado, existentes, la Constitución prevé que las organizaciones de la sociedad civil contribuyan a proteger los derechos humanos en el país, prestando su apoyo a las redes asociativas que fiscalizan el poder del Estado en todos los niveles y que expresan sus puntos de vista y exigencias.
16. Tailandia tiene la determinación de acatar la Carta de la ASEAN, centrada en el ser humano, y los mecanismos regionales de derechos humanos de la Asociación. Tailandia está dispuesta a prestar su apoyo a la labor de sus representantes en la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos y la Comisión sobre la Promoción y Protección de los derechos de la mujer y el niño, ambas de la ASEAN, para que estos mecanismos puedan proteger eficazmente los derechos de los pueblos que la integran.
C. Instrumentos internacionales de derechos humanos en los que Tailandia es parte
17. Tailandia es uno de los primeros 48 países que suscribieron la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948.
18. Tailandia es actualmente parte en siete instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos, a saber: 1) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 3) la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo facultativo; 4) la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos relativos a la participación de niños en los conflictos armados y la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; 5) la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; 6) la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
y 7) la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tailandia también es parte en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Más recientemente, el 31 de marzo
de 2011, Tailandia pasó a ser parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
19. Tailandia está estudiando seriamente la posibilidad de firmar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y de ratificarla en el futuro.
20. El país ha ratificado 14 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a saber, los Convenios Nos. 80, 116, 104, 105, 127, 14, 19, 29, 88, 122, 100, 182, 138, y 159, y tiene la intención de ratificar los Convenios Nos. 87 y 98.
D. Los compromisos dimanantes de los instrumentos internacionales de derechos humanos
1. Derechos civiles y políticos
Derecho a la libertad de opinión y de expresión y derecho de reunión pacífica
21. El derecho a la libertad de opinión y de expresión es el cimiento de la sociedad democrática tailandesa. La Constitución garantiza la libertad de una persona de expresar opiniones, pronunciar discursos, escribir, imprimir y publicitar sus puntos de vista; prohíbe el cierre, la interferencia o la censura de periódicos o medios de comunicación social; a los políticos les está prohibido poseer medios de difusión. La Ley de información oficial de 1997 garantiza al público el derecho a acceder a la información oficial y le permite examinar a fondo la labor del Gobierno.
22. Como parte de la reforma de los medios de comunicación se creó un comité compuesto por representantes de las organizaciones competentes para redactar el proyecto de ley de derechos, libertad y normas profesionales, con miras a proteger los derechos y libertades de la profesión y de los usuarios de información. También se propone fomentar la ética de los medios de comunicación y las normas de trabajo, así como fortalecer el sistema de autorregulación y velar por que los medios puedan funcionar con libertad y ejerzan esa libertad de forma constructiva y profesional.
23. Tailandia también es sede de numerosas agencias de prensa, organizaciones de la sociedad civil y ONG internacionales, todo lo cual es prueba de que existe un clima de libertad, propicio a la difusión y la libre expresión de la información. La libertad de opinión y de expresión también se manifiesta en la creación de radios y canales de televisión por cable comunitarios en todo el país, a la vez que en la plena libertad de que gozan los medios de comunicación para formular críticas al Gobierno.
24. En lo que respecta a la libertad de expresión en relación con la monarquía, Tailandia se ha esforzado por lograr un equilibrio entre la protección de la institución, que es el pilar fundamental de la identidad y la seguridad de la nación, y el derecho de toda persona a expresar sus puntos de vista. Actualmente se procede a examinar los aspectos que deben perfeccionarse y la mejor forma de aplicar las leyes pertinentes con imparcialidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha iniciado un proceso de examen de las correspondientes leyes con el fin de hacer recomendaciones al Gobierno. Entre tanto, se ha establecido un Comité Consultivo, presidido por el Secretario Permanente del Ministerio de Justicia, para ofrecer asesoramiento a la policía y al ministerio público sobre la conveniencia de iniciar acciones judiciales en esos casos de acuerdo con el Código Penal y la Ley de delitos informáticos de 2007.
25. Tailandia reconoce el derecho de reunión pacífica, que pueden ejercer todos los grupos de personas, según dispone el artículo 63 de la Constitución. El proyecto de ley de
reunión pública tiene por fin regular estas reuniones de conformidad con la Constitución y velar por que no se infrinjan los derechos de otras personas.
Administración de Justicia
26. Diversas disposiciones de la Constitución garantizan los derechos individuales en el proceso judicial, entre otras cosas el derecho a acceder a la justicia, el derecho a juicios rápidos e imparciales y el derecho a la protección y la asistencia del Estado a las víctimas, los acusados, los demandados y los testigos, cuando sea necesario y procedente. Por consiguiente, en 2008 se modificaron las disposiciones correspondientes del Código de Procedimiento Penal para proteger y garantizar estos derechos constitucionales de toda la población.
27. Se han adoptado medidas para difundir públicamente información sobre el sistema judicial y mejorar el acceso a la justicia sobre la base de la igualdad. Entre esas medidas, cabe citar el establecimiento de mecanismos para recibir denuncias de los ciudadanos, la asesoría jurídica y la ayuda económica para contratar abogados y prestar fianza, así como la protección de los derechos de los imputados en el proceso de investigación2.
28. El acceso no igualitario a la justicia para los pobres sigue siendo un problema. El derecho de acción judicial y el empoderamiento jurídico de los pobres deben fortalecerse a fin de que adquieran más conciencia de sus derechos y tengan mejores oportunidades de pedir asistencia jurídica al Estado. Al mismo tiempo, este debe difundir mejor la información relativa a los recursos y mecanismos de asistencia jurídica de que dispone la población.
29. La administración de justicia es una cuestión importante en las provincias fronterizas del sur. El descontento en el sur no tiene su origen en un conflicto de carácter religioso, sino que es causado por las desigualdades económicas y sociales resultantes de las políticas de desarrollo del pasado y por factores étnicos e históricos. El Gobierno aspira a tratar este asunto basándose en el principio de la reconciliación y por medios pacíficos, de conformidad con la propuesta de Su Majestad el Rey: "Entender, hacer participar y desarrollar". Con extrema cautela, para no dar lugar a violaciones de los derechos humanos, se han empezado a aplicar leyes especiales de seguridad en algunas regiones meridionales.
Se intenta reducir la aplicación de estas leyes en zonas donde ha disminuido la violencia.
30. El Gobierno ha puesto en práctica un plan maestro para la Administración de Justicia (2009-2012) y el Plan Estratégico de Desarrollo del proceso de justicia en las provincias fronterizas del sur de Tailandia (2010-2014) y ha creado varios mecanismos de denuncia, como el Centro de Justicia, que constituye un mecanismo de presentación de denuncias por conducta improcedente de los funcionarios del Estado3. Si bien la promoción de la justicia y el desarrollo ha permitido reducir los incidentes violentos en algunas zonas, es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar el proceso judicial y enfrentarse al problema de la impunidad y hacer justicia a todos los interesados.
31. En lo que respecta a la situación política de Tailandia, continúan las investigaciones sobre los incidentes de violencia de abril y mayo de 2010 para llevar a los responsables ante la justicia. Se han ofrecido reparaciones a las personas afectadas por las protestas. Se ha creado una Comisión Independiente investigadora para la reconciliación y el Gobierno tendrá plenamente en cuenta su informe y recomendaciones a fin de que todas las partes gocen de un tratamiento imparcial4. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha creado un comité para investigar los hechos relativos a los incidentes de violencia mencionados.
32. Tailandia ha emprendido un proceso de reforma del procedimiento judicial, en particular de la policía, el ministerio público y los tribunales, con el fin de fomentar la participación pública y de mejorar el acceso a la justicia. La reforma de la policía se
concentrará en reducir la brecha entre la policía y la sociedad, aumentar la rendición de cuentas al público, eliminar la corrupción, integrar los derechos humanos en todos los aspectos de la labor policial, perfeccionar el sistema de supervisión de la policía y mejorar el proceso de investigación.
33. Tailandia abolió la pena de muerte para los menores de 18 años y no la aplica a las mujeres embarazadas ni a las personas con enfermedad mental. La pena de muerte solo se impone a personas que han cometido delitos graves y, en diversas ocasiones, ha sido posible solicitar y obtener un indulto real, en cuyo caso la pena capital se conmuta por la de prisión perpetua. Además, Tailandia atribuye gran importancia al proceso de consulta nacional sobre la pena capital.
34. Los exreclusos siguen padeciendo a causa de los prejuicios y la discriminación en la sociedad. Deben adoptarse medidas para prestar ayuda a este grupo de población a fin de que se reintegren en la sociedad y ejerzan su derecho a tener medios de subsistencia viables.
Prohibición de la tortura
35. El artículo 32 de la Constitución prohíbe la tortura y las penas crueles o inhumanas.
El Código Penal tipifica diversos actos delictivos que entran en el ámbito de la tortura, según se define en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura. El país se esfuerza por incluir la definición de tortura en su legislación y tipificarla como delito para lograr la conformidad con la Convención.
36. El Código de Procedimiento Penal prohíbe el uso de la tortura en el proceso penal, en particular la obtención de confesiones y la utilización en el tribunal de pruebas obtenidas por medios ilegítimos. Durante la investigación debe haber un abogado presente. De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, las personas que durante una investigación fueran torturadas por funcionarios tienen derecho a denunciar el asunto ante un tribunal. De acuerdo con el reglamento penitenciario, todos los acusados serán sometidos a un examen físico cuando se les transfiera a la cárcel. Las víctimas de la tortura también tienen derecho a pedir reparación e indemnización, tanto en derecho penal como civil, en particular con arreglo a la Ley sobre daños y perjuicios a las víctimas e indemnización y gastos del acusado en un procedimiento penal, de 2001.
37. La ley prohíbe la aplicación de medidas de coerción a los presos, salvo que constituyan una amenaza para ellos mismos u otras personas y para evitar que se fuguen.
Toda decisión de aplicar la coerción debe ser reexaminada cada 15 días por un comité. En cualquier caso, la ley prohíbe aplicar la coerción como forma de castigo. También está prohibida la imposición de medidas coercitivas a los presos mayores de 60 años y las mujeres. En lo que respecta a la situación de las cárceles y los centros de detención, Tailandia ha seguido mejorando las condiciones de estos establecimientos para adaptarlos a los principios jurídicos, del derecho penitenciario y de derechos humanos.
38. Las autoridades militares y policiales han dictado órdenes en todos los niveles para que no se torture a los acusados o detenidos. Los casos relativos a torturas o desapariciones se someten al procedimiento judicial, que debe acelerarse todavía más para que se procese a los responsables y se haga justicia a las víctimas. Se han impartido cursos de formación en materia de derechos humanos a los militares, los agentes de policía y los funcionarios pertinentes. También es preciso profundizar el conocimiento y la sensibilización de los funcionarios en cuestión sobre las obligaciones contraídas por el país en función de la Convención contra la Tortura.
2. Derechos económicos, sociales y culturales
Derecho al desarrollo y erradicación de la pobreza
39. Hace décadas que Tailandia viene luchando por alcanzar un desarrollo económico y social equitativo para todos. En su forma de abordar el desarrollo y la reducción de la pobreza se guía por la filosofía de Su Majestad el Rey sobre la economía de la suficiencia, que constituye el núcleo del 10º Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Tailandia (2007-2011). Se manifiesta por una reducción del gasto, generación de ingresos, ampliación de oportunidades, creación de capacidad y fortalecimiento de las comunidades a fin que de que sean más autónomas. El proyecto del 11º Plan (2012-2016) sigue dando gran importancia al desarrollo centrado en los individuos y a la participación popular y la autonomía para lograr el objetivo final de la igualdad y la justicia social.
40. La tasa de pobreza ha venido disminuyendo constantemente, lo que ha tenido como corolario que Tailandia alcanzara el Objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de erradicar la pobreza extrema y el hambre. La tasa de pobreza se ha reducido desde el 33,69% en 1990 hasta el 8,12% en 2009. En el marco del 10º Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, Tailandia se ha comprometido a seguir reduciendo esta cifra hasta el 4% en 2011. Los avances de Tailandia en materia de alivio de la pobreza son el resultado de diversas políticas y programas públicos destinados a prestar ayuda a los pobres y a los desfavorecidos, a fin de que tengan acceso a las oportunidades y los servicios sociales5.
41. El Gobierno atribuye gran importancia a la asistencia que se presta a los campesinos de bajos ingresos y con pequeñas explotaciones (la mayoría de la población tailandesa) para salir de la pobreza mediante diversas políticas, como la estabilización de los precios agrícolas, el sistema de ingresos garantizados, el fondo de bienestar social de los agricultores, el establecimiento de bancos de crédito agrícola y la entrega de títulos de propiedad de tierras6. Se ha creado un consejo nacional de campesinos que les permite participar en la toma de decisiones y comunicar directamente sus necesidades al Gobierno.
También se han impartido cursillos a los campesinos sobre la planificación del presupuesto del hogar, a fin de liberarlos de las cargas económicas.
42. Es necesario abordar el problema estructural fundamental de la desigualdad entre ricos y pobres para permitir el ejercicio del derecho al desarrollo en un pie de igualdad. Las medidas adoptadas a este respecto comprenden las reformas para la distribución equitativa de la tierra y los recursos, la seguridad social para todos los grupos y la descentralización del poder con el fin de aumentar la participación de las comunidades locales en su desarrollo y autogestión, lo que incluye la protección del derecho a un medio ambiente limpio y a preservar su cultura y forma de vida, según se enuncia en la Constitución. El Estado debe esforzarse por fomentar el conocimiento por parte de la población de los proyectos de desarrollo que afectan a su vida, y su aportación a estos, y modificar las leyes y reglamentos para garantizar la participación efectiva de los habitantes de la comunidad.
Derecho al trabajo
43. La Constitución garantiza el derecho de los trabajadores a la seguridad y al bienestar en el marco del derecho. La Ley de protección laboral de 1998 (enmienda de 2008) es la ley más importante, ya que estipula los derechos y obligaciones tanto de empleadores como de empleados; sus disposiciones reglamentan el empleo y las normas mínimas que los empleadores deben acatar en todos los aspectos de la relación laboral, en particular los días laborables, las vacaciones, los permisos, los salarios, las horas extraordinarias, la seguridad y el entorno de trabajo, la protección social, así como el trabajo de mujeres y niños. La ley protege a todos los trabajadores sin importar la raza, la nacionalidad ni otra condición o estado.
44. El Gobierno reconoce la importancia de los derechos de asociación y negociación colectiva de los miembros de un sindicato. Por este motivo, Tailandia tiene intención de ratificar los convenios de la OIT Nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Se han adoptado medidas para armonizar la legislación nacional con estos convenios con miras a su ratificación.
45. En lo que respecta al salario mínimo, en diciembre de 2010, el Gobierno aprobó un aumento promedio del salario mínimo de un 6,35%, en beneficio de millones de trabajadores tailandeses y migratorios.
46. En lo tocante a la seguridad en el trabajo, la Ley de seguridad, higiene y entorno laborales de 2011 garantiza que los empleadores ofrezcan condiciones de trabajo aceptables. No obstante, es necesario que los procedimientos judiciales relacionados con los riesgos laborales sean ágiles para ofrecer reparaciones e indemnizaciones adecuadas a los trabajadores afectados. Aunque los trabajadores tienen cada vez más conciencia de sus derechos, sigue siendo necesario informar sobre los derechos laborales. Los trabajadores deben poder acceder más fácilmente a los procedimientos judiciales y tener acceso igualitario a los derechos y la protección que proporcionan el sistema de seguridad social y la legislación conexa.
47. El Gobierno ha ampliado la cobertura de seguridad social prevista en la Ley de seguridad social de 1990 a unos 24 millones de trabajadores del sector no estructurado. Los que ingresan en el sistema de seguridad social de manera voluntaria deben contribuir económicamente, en paralelo con la aportación del Gobierno, para percibir prestaciones en caso de discapacidad, fallecimiento, enfermedad o vejez. Tailandia ha promulgado una ley de protección de los trabajadores del sector agrícola y, en aplicación de la Ley sobre la protección de los trabajadores domésticos de 2010, ha ampliado la cobertura a estos últimos. Se está estudiando un proyecto de reglamentación sobre la protección de los trabajadores domésticos. Los trabajadores que están fuera del sistema laboral, como los conductores de taxis y mototaxis y vendedores ambulantes podrán obtener préstamos a bajo interés para reducir el costo de vida.
48. En lo referente a los trabajadores tailandeses del extranjero, el Ministerio de Trabajo aspira a impedir que sean explotados por agentes u oficinas de empleo ilegales, que serán enjuiciados y castigados según prescribe la ley. Se ofrecen préstamos con interés más bajo para reducir el costo que supone ir a trabajar al extranjero. El Fondo de Ayuda a los trabajadores del extranjero presta asistencia a los trabajadores abandonados o a los afectados por disturbios o desastres naturales en el país en el que trabajan para que vuelvan a Tailandia, y asiste a las familias de los trabajadores que mueren en el extranjero7.
Derecho a la salud
49. Tailandia ha aplicado una política sanitaria general y desde la perspectiva de los derechos. Los tres sistemas de seguro de salud principales con que cuentan los tailandeses son: 1) el Plan de seguro médico de los funcionarios, que abarca a unos 5 millones de personas; 2) el Plan de seguridad social, que cubre a unos 9,8 millones de asalariados del sector estructurado; y 3) el Plan de cobertura universal de salud para los que no están incluidos en los dos sistemas anteriores y que son unos 47,3 millones de personas.
50. El Gobierno contribuyó a mejorar el Plan de cobertura universal de salud ampliando el presupuesto a fin de incrementar el gasto por persona. Los ciudadanos tailandeses incluidos en este sistema tienen derecho a tratamiento médico gratuito para la mayor parte de las afecciones. Los centros de salud de nivel inferior al de distrito han sido elevados a la categoría de hospitales de promoción de la salud en todo el país, con el fin de ampliar el acceso a una atención y servicios de salud de mayor calidad en las zonas rurales. El
Gobierno también imparte formación a casi 1 millón de asistentes sanitarios voluntarios de aldea y de núcleos urbanos para prestar asistencia primaria de salud y socorro localmente y para difundir la información sanitaria entre los habitantes de la comunidad8.
51. En el Plan Estratégico Nacional sobre el SIDA (2007-2011) se prevé la protección de los derechos de las personas infectadas con el VIH. La atención y tratamiento del VIH/SIDA están cubiertos por el Plan de cobertura universal de salud, en las condiciones estipuladas por el Ministerio de Salud Pública. El Gobierno abona una mensualidad de 500 baht a las personas con VIH/SIDA a fin de mejorar su calidad de vida. Tailandia también fomenta el acceso al tratamiento médico de los desfavorecidos y otros grupos marginados, por ejemplo, los reclusos y los trabajadores migratorios, con ayudas económicas de otras fuentes, como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
Tailandia sigue fomentando las actitudes positivas en los funcionarios públicos, los proveedores de servicios y los ciudadanos con las personas infectadas con VIH/SIDA para que puedan acceder a los servicios en igualdad de condiciones y vivan en sociedad sin ser estigmatizados ni discriminados.
52. Aun cuando todos los tailandeses tengan un seguro de salud, sigue habiendo discrepancias entre las prestaciones de los distintos sistemas, lo que debe mejorarse para que todos tengan acceso al mismo nivel de tratamiento médico. Es preciso abordar adecuadamente el acceso a los medicamentos patentados. Tailandia también tiene presente la protección del derecho a la salud de las personas cuya condición jurídica no está bien definida, lo que se tratará en la sección sobre grupos específicos.
Derecho a la educación
53. Tailandia está en proceso de aplicar la política de educación para todos. Todos los niños deben cursar 9 años de educación obligatoria y tienen derecho a 12 años de enseñanza básica según la Constitución, lo que se refuerza con el programa de enseñanza gratuita de 15 años para todos, desde el jardín de infancia hasta el nivel de secundaria, sin importar la nacionalidad.
54. Los niños con discapacidad tienen derecho a la enseñanza gratuita desde que nacen hasta el nivel de enseñanza universitaria de primer ciclo, teniendo debidamente en cuenta sus necesidades especiales. Los centros de educación especial de cada provincia prestan ayuda a los niños con discapacidad desde el nacimiento con miras a mejorar su calidad de vida y permitirles la integración en las clases con otros niños.
55. Los niños musulmanes de las provincias fronterizas del sur reciben una enseñanza acorde con su forma de vida, identidad, cultura y necesidades específicas. El Gobierno sigue centrándose en la mejora de los niveles educativos, la formación de profesores de religión; en inculcar el sentido de solidaridad nacional y multiculturalismo mediante la utilización del idioma local junto con el idioma tailandés y en promover la formación profesional para lograr mejores empleos. Los alumnos pueden optar a cierto número de becas para continuar la educación.
56. En cuanto a los alumnos de las zonas alejadas, la tecnología de la información y las comunicaciones permiten administrar grupos de escuelas, con una escuela principal que funciona como centro de asistencia a las otras, a fin de impartir enseñanza a distancia a los alumnos. Se fomentará aún más la enseñanza a distancia y de adultos para que los que no tuvieron oportunidades de hacerlo antes accedan a la enseñanza superior.
57. Si bien se está aplicando la política de la educación para todos, sigue habiendo dificultades en cuanto a la calidad de la educación y el acceso igualitario. Es necesario hacer más esfuerzos por mejorar la calidad de la enseñanza y de los docentes, en particular ampliar las oportunidades de educación para los niños pobres y los que viven en zonas alejadas promoviendo las escuelas de las comunidades locales. Los niños que están fuera
del sistema de enseñanza o que abandonan la escuela recibirán ayuda para continuar su educación. Los niños con discapacidad necesitan de más apoyo, a fin de que puedan integrarse en las clases con otros niños sin que sean discriminados. Debe fortalecerse el programa de enseñanza de 15 años para ofrecer efectivamente una educación gratuita, sin costo alguno.
58. Los no tailandeses y las personas cuya condición jurídica no está bien definida, en particular los que pertenecen a grupos étnicos, los hijos de trabajadores migratorios, así como los niños que han entrado al país ilegalmente, también tienen derecho a 15 años de enseñanza gratuita. El gasto individual de educación de estos niños se asigna en igual cantidad que a los niños tailandeses. No obstante, todavía queda mucho por hacer para que tengan igual acceso a la educación. El Ministerio de Educación fomenta actualmente una mayor sensibilización en las escuelas de todo el país sobre el derecho de estos niños a matricularse en las escuelas públicas y trata de implantar medidas para que puedan adaptarse y permanecer en la escuela por más tiempo.
59. En lo referente a la educación de los desplazados, véase el párrafo 103, en la sección sobre los desplazados y solicitantes de asilo.
3. Los derechos de grupos específicos
Derechos del niño
60. La promoción y protección de los derechos del niño es una prioridad para Tailandia.
Desde que en 1992 se adhiriera a la Convención sobre los Derechos del Niño, Tailandia ha promulgado nuevas leyes y ha modificado más de 17 instrumentos legislativos para adaptarlos a las disposiciones de la Convención. Los más destacados son la Ley de protección de la infancia de 2003 y la Ley y procedimiento del tribunal juvenil y de familia de 2010. Los niños en detención deben comparecer ante este tribunal en un plazo de 24 horas y el tribunal puede dictar una orden de protección del niño sin iniciar acción judicial alguna. Se utiliza la terapia en sustitución de las penas y en las comisarías de policía se van a crear locales de investigación específicamente para los niños9.
61. Las organizaciones administrativas locales desempeñan un importante papel en la protección y desarrollo del niño. Se han establecido comités de protección del niño y consejos de niños y adolescentes en todos los niveles, desde el nacional hasta el local. No obstante, es preciso desplegar más esfuerzos para lograr que los mecanismos locales funcionen de modo más eficaz en la protección del niño. Es preciso elaborar planes generales de protección del niño a nivel local y de comunidad fomentando el trabajo en colaboración con los consejos locales de niños y adolescentes.
62. El Gobierno, que presta especial atención a la primera infancia, ha creado un comité nacional sobre el desarrollo de la primera infancia, presidido por el Primer Ministro, a efectos de acelerar la aplicación de la política y estrategia a largo plazo para el desarrollo de la primera infancia (2007-2016). Esta política se centra en el desarrollo adecuado de los niños desde que nacen hasta los 5 años proporcionando protección social a la madre y al niño en lo referente a la nutrición, atención de salud y centros de desarrollo de la primera infancia10. Los niños con discapacidad son objeto de especial atención.
63. En lo que respecta a los niños de las provincias fronterizas del sur, los organismos oficiales pertinentes han realizado esfuerzos por promover su desarrollo y protegerlos de la violencia de la región. En consecuencia, en 2010 el número de niños afectados por la violencia disminuyó significativamente, hasta alcanzar las cifras más bajas desde 2004. Se ha dotado de protección a escuelas y docentes para que los niños puedan ejercer su derecho a la educación. En el caso de los niños y adolescentes que han cometido delitos contra la
seguridad, el Gobierno tiene plena conciencia de la importancia de aplicar el sistema de justicia juvenil en lugar de leyes especiales de seguridad.
64. En lo que respecta a los niños apátridas, en 2010 Tailandia anunció que retiraba la reserva al artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño que garantiza, entre otras cosas, el derecho del niño a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento.
Según la legislación en materia de nacionalidad e inmigración, así como la Estrategia de Gestión sobre el problema de la condición y derechos de las personas, los niños de migrantes de larga duración y los que pertenecen a grupos étnicos tienen derecho a solicitar la nacionalidad tailandesa o la condición de migrantes en situación regular, de conformidad con las normas establecidas11. Los hijos de trabajadores migratorios, menores de 15 años de edad, pueden inscribirse en el registro con sus padres, lo que les permite permanecer en Tailandia legalmente y los habilita para ejercer los diversos derechos fundamentales.
También existe la posibilidad de que obtengan la nacionalidad de su país de origen en virtud del principio del jus sanguinis (derecho por descendencia) sobre la base del registro de nacimiento y la verificación de la nacionalidad de los padres.
65. La violencia contra los niños sigue siendo un problema importante, bien sea en forma de violencia doméstica, pornografía infantil, agresión sexual de un niño o la participación de niños en asuntos relacionados con estupefacientes. Este problema exige una aplicación eficaz de la ley, así como una sensibilización y conocimiento de las leyes y que los agentes del orden tengan en cuenta las necesidades específicas de los niños. Será preciso redoblar los esfuerzos para lograr que los niños desencaminados vuelvan a la escuela, y promover el papel de la familia, la sociedad y las escuelas en la prevención, protección y ayuda a los niños víctimas de malos tratos. En lo tocante a la pornografía infantil, debe incorporarse la definición pertinente en la ley que corresponda.
66. En cuanto a la asistencia, se han establecido mecanismos como el centro de atención integrada de emergencia de los hospitales, líneas telefónicas de asistencia y refugios públicos y privados con equipos multidisciplinarios12 y redes de ONG que prestan ayuda a los niños víctimas de malos tratos y los que corren el riesgo de serlo. Se ha llevado a cabo un análisis de la situación de la violencia contra los niños cuyos resultados permitirán formular una política nacional de prevención y protección de la violencia contra niños y adolescentes.
67. En lo que se refiere al trabajo infantil, la Ley de protección laboral de 1998 (modificada en 2008) prohíbe emplear niños menores de 15 años. Tailandia ha avanzado notablemente en la resolución del problema, en particular mediante actividades de sensibilización y el establecimiento de redes de prevención del trabajo infantil hasta el nivel de aldeas. Se ha creado un Comité Nacional para la erradicación de las peores formas del trabajo infantil, presidido por el Primer Ministro, encargado de dirigir las políticas y medidas necesarias para resolver este problema de forma global, con especial hincapié en los malos tratos de los hijos de migrantes. No obstante, es preciso fortalecer la labor de los inspectores de trabajo. También se necesitan medidas para que más hijos de migrantes se incorporen en el sistema de enseñanza.
68. Los niños de la calle siguen siendo un problema importante. El Gobierno y las ONG se ocupan de ayudar a estos niños al proporcionar docentes, orientación psicológica, alojamiento provisional, así como de incorporarlos al sistema de enseñanza y reintegrarlos en sus familias. No obstante, el tratamiento de este problema debe seguir siendo objeto de una estrategia sistemática y eficaz.
Derechos de la mujer
69. La Constitución de Tailandia garantiza la igualdad de todas las personas ante la ley, así como la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Tailandia ha modificado y
promulgado leyes y ha elaborado mecanismos que permiten promover y proteger los derechos de la mujer13. El país está en proceso de retirar su reserva al artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, relativa al matrimonio y la vida familiar.
70. El Comité Nacional de Política y Estrategia sobre el avance de la mujer, presidido por el Primer Ministro, es el órgano central que tiene la responsabilidad de las políticas y medidas que atañen a las mujeres. El 10º Plan de Desarrollo de la Mujer (2007-2011) destaca varios aspectos prioritarios para que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos humanos.
71. En los ministerios del Gobierno se han nombrado funcionarios superiores para la igualdad entre los géneros y coordinadores de cuestiones de género con el fin de promover la igualdad entre sexos y la integración de la perspectiva de género en la labor de los respectivos organismos.
72. Cabe destacar la iniciativa de Su Alteza Real la Princesa Bajarakitiyabha de promoción de los derechos de la mujer por su campaña en pro de las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes o "Reglas de Bangkok", destinada a eliminar la discriminación de las presas respondiendo a sus necesidades específicas. Está en curso la creación del instituto de justicia de Tailandia que permitirá favorecer la aplicación de las Reglas de Bangkok en todos los países.
73. La Constitución promueve la representación proporcional adecuada de mujeres y hombres en los cargos políticos. No obstante, la proporción de mujeres en la política y la administración pública sigue siendo baja. El Gobierno ha adoptado medidas para fomentar una mayor participación de la mujer en la elaboración de políticas y alienta su promoción al nivel administrativo y decisorio potenciando sus conocimientos y su capacidad de dirección. Se alienta a los partidos políticos a que promuevan las candidaturas de mujeres a las elecciones. En cambio, la proporción de mujeres en puestos de dirección en las organizaciones de la sociedad civil es comparable a la de los hombres. Las mujeres también desempeñan un papel rector en las movilizaciones por una mayor protección de los derechos humanos en diversos ámbitos.
74. La violencia contra la mujer sigue siendo una cuestión difícil de resolver. Se han modificado diversas leyes y se han redactado otras para tratar de resolver este problema14. Se han adoptado medidas, entre ellas: una campaña nacional para poner fin a la violencia contra la mujer; se ha establecido un centro de atención integrada de emergencia, una unidad multidisciplinaria en hospitales; líneas telefónicas de urgencia y refugios para ayudar y rehabilitar a las víctimas de la violencia. Otras medidas son: el establecimiento de salas de investigación en las comisarías de policía exclusivas para mujeres; la utilización de agentes policiales femeninos en el proceso de investigación; y la creación de salas especiales de los tribunales para las mujeres maltratadas. Teniendo en cuenta que las mujeres con discapacidad son particularmente vulnerables a la violencia, se ha formulado un plan de desarrollo de la mujer con discapacidad para ayudarla a mejorar sus condiciones de vida.
75. Los embarazos de adolescentes constituyen un problema que requiere atención. Se ha elaborado una Política y Estrategia nacional para el desarrollo de la salud reproductiva con el fin de hacer frente a la cuestión mediante un enfoque multidisciplinario y la promoción de la educación en materia de salud reproductiva y sexual de los niños y adolescentes como medida preventiva eficaz. Tailandia también está elaborando un proyecto de ley de protección de la salud reproductiva destinado a promover y proteger los derechos en materia de procreación de la mujer. Este proyecto aborda, asimismo, el derecho
a la educación de las adolescentes embarazadas para que puedan asistir a la escuela y continuar sus estudios.
76. Uno de los obstáculos principales en la promoción y protección de los derechos humanos de la mujer y la igualdad entre los géneros son los estereotipos negativos sobre el papel de la mujer en la sociedad. El Gobierno se propone tratar este problema de diversas maneras, por ejemplo: integrando el respeto de los derechos humanos y la igualdad entre los géneros en todos los niveles de la enseñanza; impartiendo formación a los docentes y al personal de educación para acrecentar su comprensión de las cuestiones de género; y fomentando la participación de los medios de comunicación en la sensibilización sobre los estereotipos de género y la igualdad entre los géneros, tanto en la familia como en la sociedad. Se han adoptado medidas para que los hombres participen en el problema de la violación de los derechos de la mujer y sean más responsables respecto de los embarazos no deseados.
77. Se está redactando un proyecto de ley sobre la promoción de la igualdad entre los géneros que no sólo protegerá a las mujeres contra la discriminación, sino que también prohibirá la discriminación por motivo de orientación sexual. El propósito de la Constitución es prohibir la discriminación injusta sobre la base de la identidad sexual; la orientación sexual de una persona no es delito para la legislación tailandesa. No obstante, el ejercicio de los derechos fundamentales de una persona con otra identidad sexual sigue causando problemas a causa de la discriminación, lo que indica que se ha de intensificar la lucha.
Derechos de las personas con discapacidades
78. La Constitución de Tailandia garantiza la igualdad de todos ante la ley y prohíbe la discriminación injusta contra una persona a causa de su discapacidad. También garantiza el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la protección social, los servicios públicos y la adecuada asistencia del Estado.
79. Tailandia ha redactado varias leyes de protección de los derechos de las personas con discapacidad y de mejora del acceso a los establecimientos y servicios públicos. La Ley sobre el empoderamiento de las personas con discapacidad de 2007 y la Ley sobre la educación de las personas con discapacidad de 2008 constituyen leyes generales desde la perspectiva de los derechos para la protección de los derechos de los discapacitados. El Plan Nacional de fomento de la calidad de vida de las personas con discapacidad sirve de guía para la labor de todos los organismos. El Comité Nacional para el empoderamiento de las personas con discapacidad, presidido por el Primer Ministro, impulsa la aplicación del Plan. Se ha establecido un subcomité en cada provincia del país para aplicar las políticas y fortalecer la protección de los discapacitados en el nivel local.
80. Entre las iniciativas políticas, cabe señalar: la asignación de un subsidio por discapacidad de 500 baht mensuales a todos los discapacitados registrados; el Reglamento sobre el empleo de las personas con discapacidad, que exige que las organizaciones públicas y privadas contraten a personas con discapacidad, a razón de una por cada 100 empleados; la prestación de un servicio de lengua de señas para facilitar el acceso a distintos servicios; asistencia jurídica y de otro tipo; promoción de servicios e instalaciones adaptados a las personas con discapacidad; y servicios de tecnología de la información y las comunicaciones que favorezcan el acceso a la información.
81. También se han puesto en práctica diversos mecanismos de protección social. Se han iniciado proyectos, como el Fondo para el empoderamiento de las personas con discapacidad, los centros de aprendizaje de la comunidad, los programas de la comunidad para la rehabilitación, los centros de ayuda a la autonomía y el proyecto Bastón Blanco de asistencia a la autonomía y una integración más activa en las actividades sociales. Estas
iniciativas se han visto fortalecidas con la participación de diversos interesados con discapacidad, en consonancia con el concepto fundamental de desarrollo integrador de la discapacidad.
82. Pese a los avances realizados, es preciso incrementar la sensibilización social sobre los derechos de las personas con discapacidad que necesitan ayuda para ejercer sus derechos y acceder a la protección social que la ley ampara, y a las que hay que dar iguales oportunidades de educación y empleo. La falta de servicios e instalaciones adaptados en lugares públicos o su inaccesibilidad son dificultades de orden práctico que exigen mayor atención.
Derechos de las personas de edad
83. Tailandia se ha convertido en una sociedad que envejece y donde la proporción de personas de edad (mayores de 60 años) constituye un 11% aproximadamente de la población total, o más de 7 millones de personas. No obstante, se prevé que hacia 2030, la proporción de la población de edad aumente en un 25% aproximadamente. El Gobierno está decidido a hacer el máximo esfuerzo para que las personas mayores dispongan de cuidados, apoyo y asistencia adecuados y tengan una vida digna.
84. La Constitución, el segundo Plan Nacional de 20 años para las personas de edad (2002-2022) y la Ley sobre las personas mayores de 2003, guían la política de Tailandia respecto de este grupo de población en conformidad con el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento de 2002. La Ley sobre las personas mayores garantiza los derechos de las personas de edad y el establecimiento del Fondo para los mayores, que ofrece préstamos sin interés a los que quieran crear su propia empresa después de la jubilación.
85. El primer Plan Nacional tenía por fin crear conciencia y responsabilidad social en la atención de las personas mayores, en tanto que el segundo presta mayor atención a la evolución a largo plazo, animándolas e infundiéndoles confianza para que sigan siendo miembros productivos de la sociedad, a la vez que se mantiene su integración y buena salud y unos ahorros suficientes. La Comisión Nacional de las personas de edad, presidida por el Primer Ministro, se creó con el fin de servir de plataforma para hacer avanzar el Plan.
En 2009 el Gobierno de Tailandia, con objeto de garantizar la seguridad de los ingresos, amplió el subsidio de vejez, que es una pensión no contributiva para los mayores, a efectos de abarcar a todas las personas que no contaran con otro plan público de pensiones.
Actualmente, este plan beneficia a unos 6 millones de personas mayores.
86. El Gobierno se propone mejorar la seguridad social y los ingresos de las personas de edad a más largo plazo y de forma viable, animándolos a depender de sus ahorros y a no limitarse a recibir ayuda del Estado. El Gobierno ha promulgado la Ley del Fondo Nacional de Ahorro como mecanismo para alentar a todas las personas en activo que no estén comprendidas en ninguno de los planes de pensiones públicos a contribuir voluntariamente con sus ahorros, lo que les permitirá percibir una pensión vitalicia mensual después de la jubilación.
87. Las comunidades y las organizaciones administrativas locales adquieren más importancia en la atención de los mayores. El Gobierno proyecta pedir a las organizaciones administrativas locales que en el futuro contribuyan financieramente a los ahorros de las personas de edad. También se creó a escala local el Proyecto de voluntariado para la atención a los ancianos a domicilio, con el fin de brindar cuidados y de proteger a los mayores en su propio hogar, en todo el país.
88. Los mayores desean que el Gobierno de Tailandia promueva su derecho al trabajo, a la salud y a la utilización de sus conocimientos, especialidades y competencia técnica en el proceso de desarrollo. Habida cuenta de que el problema de los ancianos abandonados por
su familia aumenta, el Gobierno debe encontrar formas e incentivos para alentar a las familias y las comunidades a ocuparse de ellos. El conocimiento de los derechos que les concede la ley debe difundirse ampliamente en ese grupo de población. Es preciso prepararse para envejecer con calidad de vida y dignidad.
Derechos de los grupos marginados
a) Grupos étnicos
89. De conformidad con la ley, todos los grupos étnicos de Tailandia gozan de igual protección y sin discriminación alguna. La Constitución garantiza el derecho de las comunidades locales tradicionales a disfrutar de su cultura, tradiciones y conocimientos locales y el derecho a participar en la gestión y uso de los recursos naturales y el medio ambiente.
90. Las personas que pertenecen a grupos étnicos se integran socialmente en la sociedad tailandesa de diversos modos. Los migrantes de larga duración pueden obtener la condición de migrante en situación regular y sus descendientes, la nacionalidad tailandesa, con arreglo a la Ley de nacionalidad y la Estrategia de gestión sobre el problema de la condición y derechos de las personas, según se menciona en el párrafo 64.
91. Las personas que pertenecen a grupos étnicos que están por recibir la nacionalidad tailandesa tienen derecho al Plan de cobertura universal de salud como el resto de los ciudadanos tailandeses. Además, el 23 de marzo de 2010, el Consejo de Ministros aprobó la decisión de hacer extensiva la atención primaria de salud a más de 400.000 personas en situación indefinida y asignó una nueva suma de 348.040 millones de baht al presupuesto para el período comprendido entre abril y septiembre de 2010 destinada a la promoción de la salud, rehabilitación y tratamientos, así como la prevención de enfermedades para este grupo.
92. El derecho al desarrollo de las personas de los grupos étnicos se ejerce fundamentalmente por medio de los proyectos apadrinados por la realeza, iniciados por Su Majestad el Rey durante los últimos 60 años. Los proyectos han aumentado sensiblemente el nivel de vida de las comunidades étnicas al proporcionar asistencia para la agricultura y la formación profesional, la educación, los servicios de atención de salud, la infraestructura básica y otras posibilidades de empleo. Los proyectos también contribuyen a aumentar la sensibilización de las comunidades a la preservación del medio ambiente y la recuperación y conservación de las reservas forestales. Permiten, asimismo, hacer frente al problema de los estupefacientes y fortalecer las comunidades étnicas mediante el desarrollo autárquico y sostenible, a la vez que se preservan su cultura y formas de vida tradicionales.
93. No obstante, sigue habiendo dificultades en lo que respecta al acceso igualitario a los servicios de salud y educación a causa del idioma y las barreras culturales y geográficas.
La puesta en práctica del proceso de determinación de la nacionalidad y el estatuto personal ha sido lenta por falta de recursos humanos y económicos, de conocimiento de leyes y reglamentos por los funcionarios del Estado y por las actitudes negativas hacia esas personas. También es motivo de preocupación la extorsión de personas que todavía no tienen documentos de identidad. Además, la mayoría de los grupos étnicos vive en tierras de las que no hay título de propiedad, razón por la cual el Gobierno está estudiando la posibilidad de autorizar a las comunidades étnicas a vivir en situación regular y hacer uso de las tierras con títulos de propiedad de la comunidad.
