GE.16-02091 (S) 260216 140316
Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 25º período de sesiones
Ginebra, 2 a 13 de mayo de 2016
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos
Sudán
El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/25/SDN/1
Asamblea General Distr. general 15 de febrero de 2016 Español
Original: árabe
Introducción
1. El Sudán presenta su segundo informe, que confirma su compromiso de respetar el resultado del examen periódico universal (EPU), sobre la base de la resolución 60/251 de la Asamblea General y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 5/1, 16/21 y 17/19. El propósito del informe es pasar revista a los esfuerzos realizados por el Sudán en el marco del seguimiento de la aplicación de los resultados de dicho examen y dar a conocer los planes en curso para promover y proteger los derechos humanos y los logros en relación con el fortalecimiento efectivo de esos derechos. El informe se centra en particular en las novedades relacionadas con la promoción y la protección de los derechos humanos desde la presentación del primer informe, la aplicación de las recomendaciones aceptadas por el Sudán y la exposición de los obstáculos a los que se enfrenta el Estado para hacer realidad más derechos en la forma requerida.
I. Metodología de seguimiento del examen y proceso de elaboración del informe
A. Metodología de seguimiento del examen
2. Desde la presentación del primer informe, el Estado ha procurado aplicar los resultados del examen. Con tal fin, el Ministro de Justicia y Presidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos constituyó, de conformidad con la Decisión núm. 3, de 21 de diciembre de 2011, una comisión integrada por las distintas partes que habían intervenido en la preparación del informe y por otras partes interesadas bajo la presidencia del Relator del Consejo Consultivo de Derechos Humanos. La Comisión elaboró un plan de acción, que se anunció a través de los medios de comunicación, para dar seguimiento al cumplimiento por el Estado de los compromisos contraídos en el marco del EPU, y procedió a clasificar por temas de las recomendaciones, que remitió a las autoridades a las que correspondía aplicarlas. Con miras a reforzar el principio de consulta y participación nacional, la Comisión celebró 15 talleres en 15 estados con representantes de la sociedad civil y las partes interesadas en los derechos humanos. En 2013 el Sudán presentó al Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos el informe nacional voluntario de mitad de período, en el que expuso su posición respecto de la aplicación de las recomendaciones.
B. Preparación del informe y proceso de consultas
3. Para preparar su segundo informe, el Sudán aplicó una metodología coherente basada en un enfoque consultivo y participativo, de acuerdo con las directrices de las Naciones Unidas en ese sentido, y elaboró un plan de acción que entrañaba la formación de:
a) Un comité nacional superior encargado de supervisar la preparación del primer borrador del informe y revisar la versión final;
b) Un comité técnico encargado de preparar el primer borrador del informe;
c) Un comité de expertos encargado de redactar el informe;
4. El proceso de consultas para preparar el informe se inició en diciembre de 2011 con la celebración de reuniones y talleres dedicados a dar a conocer el examen periódico universal. Desde esa fecha, los comités pertinentes empezaron a reunirse regularmente para desempeñar sus funciones y el Consejo Consultivo de Derechos Humanos recopiló la
información necesaria. A continuación se celebraron dos talleres de trabajo para revisar el proyecto de informe, el primero de ellos con las organizaciones de la sociedad civil, para lo cual se invitó a más de 70 organizaciones y se le dio publicidad en los medios de comunicación. Participaron en él 24 organizaciones no gubernamentales (ONG) que desarrollan actividades en la esfera de los derechos humanos. El segundo taller se celebró con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las instituciones gubernamentales.
Durante esos encuentros, todos los participantes contribuyeron activamente a enriquecer el contenido del informe1.
II. Evolución en el ámbito de la promoción y la protección de los derechos humanos
A. Evolución del marco normativo
5. Desde la presentación del primer informe, el Estado ha promulgado una serie de leyes e instrumentos que promueven las libertades fundamentales relacionadas con la protección de los derechos humanos. De entre ellos cabe destacar los siguientes.
Ley de Lucha contra la Trata de Personas, de 2014
6. La Ley contra la Trata de Personas se promulgó en 2014 en consonancia con la Declaración Universal y la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención sobre la Esclavitud, la Servidumbre, el Trabajo Forzoso e Instituciones y Prácticas Similares. La Ley penaliza todas las formas de trata de personas, brinda protección legal a las víctimas y garantiza el respeto de sus derechos.
Ley del Derecho de Acceso a la Información, de 2015
7. La promulgación de esta Ley refleja la preocupación del Estado por proteger el derecho a la libertad de acceder a la información y de intercambiarla, y se considera que refuerza ese derecho como derecho fundamental, en aplicación de la resolución 59 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se afirma que la libertad de información es un derecho humano fundamental, y la resolución 7/37 y siguientes del Consejo de Derechos Humanos.
Ley del Consejo de Profesionales de la Enseñanza y la Educación, de 2014
8. La promulgación de la Ley del Consejo de Profesionales de la Enseñanza y la Educación demuestra el interés del Estado por promover el derecho a la educación y tiene como objetivo desarrollar e impulsar la carrera docente por entender que el derecho a la educación es un derecho fundamental.
Ley por la que se Regula el Asilo, de 2014
9. La Ley de Asilo de 1974 se derogó para promulgar la nueva Ley, considerada amplia y flexible, que se deriva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada en Ginebra en julio de 1951, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho público en Nueva York en enero de 1967, y la Convención de la
1 El anexo 1 contiene una memoria detallada del proceso de preparación del informe y el plan de consultas y comunicación, así como una lista de las partes a las que se ha consultado durante su elaboración.
Organización de la Unidad Africana que regula los aspectos propios de los problemas de los refugiados en África, de 1969.
Ley de Minería y Explotación de los Recursos Minerales, de 2015
10. La Ley, por la que se regulan todos los procesos relacionados con la minería y se establece el Consejo Superior de Minería, se funda en la consideración de la explotación de los recursos minerales como objetivo nacional. La Ley obliga a los que trabajan en el sector a cumplir la normativa medioambiental aprobada por el Ministerio de Minas por entender que el derecho a vivir en un entorno natural limpio es un derecho humano, y establece las obligaciones en materia de responsabilidades sociales de las instituciones y las empresas que desarrollan actividades en el campo de la minería.
Código Penal
11. El Código Penal se modificó en 2015 para añadir el delito de acoso sexual y distinguir, en el artículo 149, entre el delito de violación y el de adulterio con el fin de evitar la ambigüedad, en consonancia con la justicia y la equidad hacia las víctimas.
Asimismo, se añadió el artículo 88 A para penalizar el abuso del cargo o el abuso de autoridad por parte de los funcionarios públicos, y el artículo 88 B, por el que se define como funcionario público a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, por designación o por elección.
Ley Electoral
12. La Ley se modificó en 2014 incrementando del 25% al 30% la representación de las mujeres, así como la representación geográfica y la representación proporcional a fin de ampliar la base de participación.
Ley de Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción, de 2016
13. Esta Ley fue aprobada en enero de 2016 por el Consejo Nacional (el Parlamento) de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Ley prevé la creación de una comisión independiente de lucha contra la corrupción, establece sus competencias y atribuciones, y define la corrupción y sus pilares y las medidas de represión y enjuiciamiento.
Ley del Seguro Médico, de 2016
14. Esta Ley sustituye a la Ley del Fondo Nacional del Seguro de Enfermedad de 2001 y su objetivo es ampliar la cobertura del seguro médico y reafirmar el compromiso del Estado con los segmentos más vulnerables de la sociedad, en particular las personas con discapacidad, pues contiene disposiciones que obligan a proporcionar asistencia médica de carácter terapéutico a ese colectivo.
B. Evolución del marco institucional (establecimiento de mecanismos).
Las más importantes de esas instituciones son las siguientes:
Comisión Nacional de Derechos Humanos
15. Durante el período que se examina, se nombró a los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de conformidad con el artículo 142 de la Constitución. La Comisión está integrada por 15 miembros de reconocidas independencia, competencia e imparcialidad, que no pertenezcan a ningún partido, y cuya elección garantice una representación lo más amplia posible.
Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas
16. El Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas se creó el 30 de abril de 2014 en virtud del Decreto Ministerial núm. 187/2014, de conformidad con la Ley contra la Trata de Personas de 2014, con el fin de establecer una entidad responsable de coordinar los esfuerzos para combatir la trata de personas y asistir a las víctimas de la trata a escala nacional y en coordinación con las organizaciones regionales e internacionales pertinentes.
17. En 2014 y 2015 el número de causas penales relacionadas con la trata de personas ascendió 213 en los estados de la parte oriental del Sudán y a 26 en el estado de Jartum.
Varios de esos casos se abordaron en coordinación con las entidades competentes, como la Comisión de Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Se atendió a 614 víctimas de la trata de diferentes nacionalidades.
18. Del 13 al 16 de octubre de 2014 se celebró en Jartum la Conferencia Ministerial Regional sobre la Trata de Personas y el Tráfico Ilegal de Migrantes en la Región del Cuerno de África con el fin de hacer frente a ese fenómeno en sus dimensiones internacional y regional. Uno de los resultados de esa Conferencia fue la publicación de la Declaración de Jartum, aprobada en la Conferencia de Roma a finales de 2014.
C. Novedades relacionadas con las políticas y las estrategias
Estrategia Nacional de 25 Años
19. La Estrategia Nacional de 25 Años (2007-2031) que se ha aprobado sigue el método científico generalmente aceptado de planificación estratégica consistente en establecer instituciones que se encarguen de preparar, aplicar y supervisar la planificación estratégica, consensuando con todos los agentes de la sociedad y sus instituciones oficiales y populares una visión global que se refleje debidamente en esa Estrategia e impulse su objetivo de lograr una vida libre y digna y una justicia integral que promuevan la paz social y la convivencia pacífica y permitan al Estado preservar la seguridad de su territorio, su población y sus recursos.
Plan Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el Sudán (2013-2023)
20. El objetivo del Plan es desarrollar y consolidar los fundamentos de los derechos humanos en la legislación y la práctica, aplicar los principios de la igualdad y la no discriminación en el goce de todos los derechos y promover la sensibilización sobre los derechos humanos, así como introducir reformas legislativas, armonizar la legislación nacional con las obligaciones contraídas por el Sudán a nivel internacional y regional, poner en marcha asociaciones con las organizaciones de la sociedad civil, y reforzar la cooperación y la coordinación con las fuerzas del orden. El Plan ha previsto mecanismos para su aplicación y seguimiento.
III. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno
A. Derecho a la salud
21. El Estado ha puesto en marcha un plan estratégico quinquenal para el período 2012-2016 en el que se han fijado las prioridades en materia de salud, en particular la cobertura médica universal. Del Plan Estratégico se derivan planes anuales, que están en
curso de aplicación. En el marco de la ejecución de los aspectos del Plan relacionados con la lucha contra la malaria, que es la principal causa de mortalidad en el Sudán, en 4.912 establecimientos sanitarios públicos, que representan el 85% del total, se ofrece tratamiento gratuito para esa enfermedad. Asimismo, en 1.131 comunidades locales se proporcionan servicios de tratamiento a domicilio a través de voluntarios. Además, se realizan pruebas gratuitas de diagnóstico rápido de la malaria en 2.933 establecimientos sanitarios públicos, lo que supone una proporción del 90,9% de la cobertura a la que se aspira. El porcentaje de cobertura con mosquiteras impregnadas es del 92% de la población objetivo de las zonas rurales situadas alrededor de las ciudades, las personas desplazadas, los refugiados y los nómadas, y en el período 2012-2015 se distribuyeron 11 millones de mosquiteras impregnadas con insecticida de larga duración. En 2014 el número de casos de malaria se redujo en un 72% y el de muertes por esa misma enfermedad en un 62%2.
22. Con el apoyo del Estado y la cooperación de los asociados se ha procedido a crear y registrar asociaciones de personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana a fin de reducir la estigmatización. En ese contexto, los servicios relacionados con el sida se han integrado en el sistema de salud a los distintos niveles y se ha preparado un proyecto de ley para garantizar todos sus derechos constitucionales a las personas que viven con la enfermedad.
23. En el ámbito de las prestaciones sociales, el Estado procura aliviar la carga que suponen los tratamientos médicos para los ciudadanos mediante una serie de programas que incluyen el tratamiento gratuito de los casos urgentes en los servicios de urgencias de los hospitales y el tratamiento gratuito de las enfermedades causantes del empobrecimiento de las familias, además del tratamiento gratuito en el marco de programas verticales que reciben apoyo externo3.
24. Con el fin de ampliar el alcance de los servicios básicos de asistencia sanitaria, en 2014 y 2015 se construyeron en los distintos estados del Sudán 337 unidades y centros de salud familiar que se equiparon y dotaron de personal cualificado. Asimismo, en noviembre de 2015 se contrató la rehabilitación de 97 hospitales rurales con la construcción de quirófanos, paritorios, bancos de sangre y laboratorios, financiados en su totalidad por el Gobierno del Sudán. Su entrega y dotación con todo el equipamiento necesario tendrán lugar a finales del primer semestre de 2016. Por lo que respecta a la vacunación infantil, según informes de la Organización Mundial de la Salud el Sudán es uno de los países de la parte oriental del Mediterráneo y el Norte de África con mayor cobertura.
25. El sistema de seguro médico abarca a gran parte de los funcionarios del Estado, los trabajadores del sector privado y los jubilados, y su propósito es asumir los gastos de la asistencia médica y el tratamiento de las personas que estén cubiertas por el seguro de cobertura amplia y sus familias4.
B. Derecho a la alimentación
26. El Estado ha desarrollado planes y programas para asegurar el acceso de los ciudadanos del Sudán a una alimentación adecuada. En ese contexto, se aprobaron el Programa Trienal para 2011-2014 y el Programa de Reactivación de la Agricultura, centrados en los cultivos alimentarios y generadores de ingresos. En todos los cultivos
2 Anexo 2: Número de casos de malaria y de muertes derivadas de esa enfermedad en los establecimientos sanitarios gubernamentales entre 2000 y 2014.
3 Anexo 3: Prestaciones sociales en el período 2012-2014.
4 Anexo 4: Número de beneficiarios del seguro médico, 2011-2014.
objeto de los programas la producción se ha duplicado con respecto a la situación existente cuando se pusieron en marcha5.
27. En 2013 se elaboró la Carta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y, a continuación, la segunda fase de la Estrategia Nacional, 2012-20166.
C. Derecho al agua potable y el saneamiento
28. Se ha preparado el Plan Estratégico para el Desarrollo del Agua y el Saneamiento a Nivel Nacional y de los Estados para el período 2012-2016, cuya aplicación está en curso.
El objetivo del Plan es conseguir que los ciudadanos sudaneses tengan acceso a agua limpia y segura y a un saneamiento adecuado. El Estado ha realizado grandes esfuerzos para satisfacer las necesidades de las ciudades que sufren escasez de agua. En ese contexto, se han puesto en marcha numerosos proyectos de asistencia para la construcción de presas y plantas de desalinización y la perforación de pozos. Para 2015 el porcentaje de acceso al agua potable era del 70% (80% en las zonas rurales y 60% en las urbanas). Asimismo, en el período 2010-2014 y en el marco de los proyectos de captación de aguas, el Gobierno supervisó la ejecución de 345 proyectos distribuidos por todos los estados del Sudán, que incluían 291 presas y perforaciones que permitieron recoger 89,3 millones de m3 de agua de lluvia, así como otros 54 proyectos de suministro de agua7.
D. Derecho a la vivienda
29. En el período 2005-2014 el Fondo Nacional de Vivienda y Reconstrucción construyó, a través de sus sucursales en los distintos estados del Sudán, más de 97.000 viviendas. En la primera fase se seleccionó a seis estados y se destinaron 611 millones de libras a la construcción de 7.178 unidades habitacionales de las que se ha terminado el 83%.
30. Para afrontar los problemas relacionados con la eliminación de la vivienda no regulada y dar cabida a los desplazados, al norte y al sur de Jartum se han construido dos ciudades con 500.000 parcelas dotadas de todos los servicios de agua, salud, educación, carreteras y comisarías de policía. El proyecto se basa un estudio sociológico previo y ha tenido en cuenta los aspectos humanitarios. Hasta 2014 se habían construido más de 72.000 viviendas8.
E. Derecho al desarrollo
31. Con arreglo a la Estrategia de 25 Años para el Desarrollo, 2007-2031, y a pesar de los graves problemas a los que se enfrenta el Sudán, en el período 2013-2014 se ejecutaron varios proyectos de desarrollo avanzados en una serie de ámbitos relacionados con los servicios. Se han llevado a cabo diversos proyectos relacionados con el suministro de electricidad a las grandes ciudades, y se ha otorgado especial importancia a electrificación
5 Anexo 5: Producción de los cultivos comprendidos en el programa trienal en 2012 respecto de la situación inicial en 2011.
6 Anexo 6: Reservas de cereales en la campaña 2013-2014, y Anexo 7: Producción industrial correspondiente al período 2012-2014.
7 Anexo 8: Proyectos de construcción de presas y captación de agua y del Plan Quinquenal de Saneamiento que se están ejecutando, Anexo 9: Porcentaje de cobertura del suministro de agua de los estados en los años 2011-2013, y Anexo 10: Cantidad de agua generada y demanda hasta el año 2013.
8 Anexo 11.
de las zonas rurales9, lo que ha incidido en el crecimiento de los sectores industrial, agrícola, comercial y residencial. Asimismo el Plan a Largo Plazo para el Sector Eléctrico (2012-2030) ha contribuido en gran medida a resolver el problema del suministro de energía mediante el establecimiento de centrales eléctricas y líneas del tendido eléctrico, y la ampliación de los puntos de distribución. Se prevé que cuando termine la ejecución del Plan el 100% de la población disponga de electricidad10.
32. El Estado ha prestado especial atención a la creación de viviendas y de un paquete con los servicios necesarios en las zonas en las que se han construido o elevado presas11, así como a la obligación de las empresas del sector de la minería y el petróleo, dimanante de su responsabilidad social, de ocuparse de las comunidades locales12.
F. Derecho al trabajo
33. Se llevó a cabo una encuesta de población activa, cuyos resultados se dieron a conocer en abril de 2012, con el propósito de determinar el nivel de empleo y la participación económica de los hombres y las mujeres. Sus resultados más destacables son que la participación económica de ambos sexos pasó del 39,3% en 1999 al 43% en 2011, y que el número de asalariados ascendió hasta el 40,1%, oscilando entre un 43,6% en el caso los hombres y un 29,4% en el de las mujeres.
34. En 2011 el Estado empezó a aplicar el proyecto nacional de absorción de los graduados de las universidades y escuelas superiores en las instituciones gubernamentales, proyecto que es coherente con la política del Sudán de reforzar la capacidad de los estados y de dotarlos de personal suficiente para poder reducir las autoridades y los recursos adicionales que precisan. En 2012, accedieron al empleo en el sector público 11.890 graduados, en 2013, 23.541, y en 2014, 14.44813.
35. Se ha ejecutado un proyecto de uso intensivo de mano de obra para dar empleo a los jóvenes, que empezó a prepararse en 2013 con el apoyo del grupo IBS (India, Brasil y Sudáfrica) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El proyecto, dirigido a 2.000 jóvenes cualificados y no cualificados a los que se imparte formación en reciclaje de residuos y mantenimiento de carreteras, se está ejecutando en el estado de Jartum. La experiencia se reproducirá en Kordofán del Sur y del Oeste y en Darfur.
G. Derecho a la educación
36. Ese derecho se ha reforzado considerablemente sobre el terreno gracias al empeño del Estado en incrementar la matriculación en la enseñanza pública por medio de la construcción de aulas y nuevas escuelas y el suministro de todo lo necesario de acuerdo con el Plan Quinquenal para 2012-2016, las resoluciones relativas a los objetivos de la Educación para Todos (Dakar 2000) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 2013 el Gobierno del Sudán y el Fondo de Apoyo de los Donantes firmaron el documento del proyecto de asociación global para reforzar la educación básica, que tiene como objetivo
9 Anexo 12: Proyectos de suministro eléctrico que se han ejecutado, y Anexo 13: Energía eléctrica generada en 2013 y 2014.
10 Anexo 14: Evolución de la energía generada, la capacidad de conmutación, fases de las líneas del tendido eléctrico y número de personas conectadas a la red eléctrica.
11 Anexo 15: Servicios que acompañaron a las actividades de reasentamiento en los proyectos de elevación de la presa de Roseires y el proyecto de la población de Atbara y Setit.
12 Anexo 16: Responsabilidad social de las industrias extractivas.
13 Anexo 17: Número de graduados absorbidos por el sector público en el período 2011-2014.
aumentar el acceso a la enseñanza de todos los niños14, haciendo especial hincapié en los niños de las zonas rurales, las niñas y otros grupos vulnerables, como los desplazados y los nómadas, reducir el abandono escolar y aumentar las oportunidades de ingreso y la permanencia de los alumnos en la etapa básica15. En 2013 se puso en marcha un proyecto, que finalizará en 2017, para reforzar la educación básica. El proyecto prevé la construcción de 2.000 aulas, de las que, hasta 2014, se habían construido 608, así como la concesión de becas escolares a 800 estudiantes, de las que se han concedido 463. Se han aplicado los criterios de las escuelas amigas de los niños a fin de que la enseñanza se imparta en un entorno seguro (300 escuelas).
37. Se han actualizado las estrategias de educación de las niñas para el período 2014-2016, y las relativas a la educación de los nómadas y la educación de los niños con discapacidad para 2013-2016.
38. Los estados orientales (Gadarif, Kassala y Mar Rojo), donde la demanda de educación es escasa, están aplicando una política alimentaria vinculada a la educación en la que se proporciona una comida a los alumnos que asisten a la escuela y se apoya económicamente a sus familias. Ello ha permitido incrementar hasta el 80% la tasa de matriculación en algunos estados.
39. En virtud del Decreto Ministerial núm. 9, de 26 de mayo de 2014, se constituyó la Comisión Nacional Superior para la Aplicación del Plan Nacional de Educación en materia de Derechos Humanos. La Comisión tiene los siguientes cometidos:
• Seguimiento de la aplicación del Plan Nacional de Educación en materia de Derechos Humanos;
• Aplicación de los compromisos nacionales en la esfera de la educación en materia de derechos humanos;
• Autorización de los proyectos del Plan y su financiación;
• Ejecución de un programa nacional de sensibilización destinado a las partes que intervienen en el proceso educativo.
40. El Estado está procurando crear un entorno de aprendizaje electrónico de alta calidad.
H. Derecho a la cultura
41. Para promover este derecho se promulgó el Decreto de la República núm. 53/2013 por el que se separa el Ministerio de Cultura del Ministerio de Información.
42. En 2013 el Ministerio de Cultura puso en marcha un proyecto consistente en el levantamiento de un mapa cultural con miras a identificar el patrimonio cultural y facilitar su conservación y gestión para promover la diversidad nacional y el desarrollo económico y social sostenible de todos los sectores de la sociedad. La importancia del proyecto viene dada por la gran riqueza del patrimonio cultural del país y la pluralidad y diversidad que caracterizan las manifestaciones del acervo cultural sudanés por lo que respecta a las lenguas, las costumbres, las creencias, el arte, la literatura, etc. El proyecto se está
14 Anexo 18: Número de alumnos matriculados en el primer grado de educación básica y en la enseñanza secundaria y número de alumnos con discapacidad en la enseñanza básica y secundaria en el período 2011-2014.
15 Anexo 19: Escuelas para nómadas y número de alumnos matriculados en ellas en el período 2011-2014.
ejecutando en coordinación con la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Jartum16.
43. Se han aprobado los proyectos de las capitales, que son proyectos nacionales centralizados destinados a promover un movimiento cultural vertical, entre el centro y los estados, y horizontal, entre estados:
• Proyecto de Kadugli (Kordofán del Sur), capital del patrimonio en 2015, a la que precedió la ciudad de Al-Ginena, en Darfur Occidental, como capital cultural del Sudán en 2012.
• Proyecto de Sennar como capital de la cultura islámica en 2017.
• Presentación de la candidatura de Puerto Sudán como capital cultural árabe del Sudán. Los arreglos se han iniciado conforme a las resoluciones de la Organización Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia.
44. Entre 2012 y 2015 se realizó un estudio del folclore en los estados de Kordofán del Sur, el Nilo Azul y Darfur Occidental, y se ultimó el estudio del folclore del estado de Sennar.
I. Derechos de la mujer
45. El Estado presta especial atención e interés a la mujer y le otorga derechos equivalentes a los de los hombres en muchos aspectos de la vida, sin discriminación, en particular, en lo relativo a las libertades y los derechos civiles, políticos y culturales, el derecho a la educación y la salud, el derecho a la propiedad, y la libertad de expresión y creación de asociaciones de interés público. Esos derechos se reflejan en la práctica de las diversas instituciones del Estado (véanse los párrafos 63 a 66).
J. Derechos del niño
46. El mayor avance en la esfera de la promoción de los derechos del niño ha consistido en la puesta en marcha en 2014 de un proyecto de gestión de datos para el control y el seguimiento de la aplicación de las políticas y estrategias relativas a la infancia en el que han participado el Consejo Consultivo de Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en colaboración con el Centro Nacional de Información y la Oficina Central de Estadística.
47. Las estadísticas de 2013 muestran que, a través del programa de enseñanza intensiva, han vuelto a incorporarse a la educación básica 44.821 niños de edades comprendidas entre los 6 y los 13 años que habían abandonado la escuela.
48. En 2013 los establecimientos de atención primaria de la salud que prestan servicios de gestión integrada de las enfermedades infantiles pasaron de 2.198 a 2.556, en 113 localidades de las 184 previstas.
49. El Consejo Nacional para el Bienestar del Niño ha adoptado una nueva metodología para aplicar el Plan Quinquenal para la Infancia, 2012-2016, mediante la aprobación a partir de 2014 de planes anuales en los que se ejecutan todas las actividades relacionadas con la infancia integradas en los acuerdos de cooperación concertados con los donantes en un marco que sirve a los objetivos del Plan Quinquenal. En 2013 más de 7.182 niños en conflicto con la ley se beneficiaron de los servicios prestados por las unidades policiales de
16 Anexo 20: Número de teatros, centros juveniles y clubes deportivos registrados, clubes deportivos de excelencia, estadios, canchas, campos deportivos y piscinas, 2011-2014.
protección de la familia y el niño de conformidad con los criterios de protección de los niños, tanto si son víctimas como testigos o delincuentes.
50. En 2013 se constituyeron grupos de trabajo para la protección del niño presididos por los Consejos de Atención a la Infancia de los estados, e integrados por las organizaciones que se dedican a la protección del niño. Esos grupos de trabajo se ocupan de los problemas relacionados con los niños en los conflictos armados en las tres zonas afectadas por esos conflictos17.
K. Cooperación en el marco internacional y regional
51. El Sudán mantiene su compromiso de colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos y con los procedimientos especiales de los titulares de los mandatos temáticos y por países. Durante el período que abarca el informe, el país ha recibido la visita de tres expertos independientes sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán, el Relator Especial sobre la situación de los desplazados internos, el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer y el Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
Asimismo, ha colaborado con los mecanismos regionales, en cuyo marco visitaron el país una delegación de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y una delegación del Comité Árabe de Derechos Humanos. El Gobierno del Sudán ha ofrecido a los mecanismos mencionados toda la cooperación y la asistencia necesarias para que pudieran desempeñar sus funciones.
IV. Recomendaciones y posición respecto de su aplicación
52. El Sudán aceptó en su totalidad 121 recomendaciones y parcialmente 12 recomendaciones. A continuación se indica la posición del país respecto de la aplicación de dichas recomendaciones.
A. Adhesión a los instrumentos internacionales
Recomendaciones 83.1 y 83.5 a 83.14
53. En el marco de la mejora y el fortalecimiento de la estructura legislativa relativa a los derechos humanos, en 2013 el Estado ratificó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y en septiembre de 2014 ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Ministro de Justicia hizo pública una decisión sobre la constitución de comités para estudiar la posibilidad de adherirse a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, además de una comisión nacional para estudiar el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.
17 Anexo 21: Indicadores de las principales cuestiones relacionadas con la infancia.
B. Ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Recomendación 83.2
54. El Sudán ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1986 y se comprometió a presentar todos los informes y a debatirlos ante los órganos de tratados internacionales y regionales. Así, el cuarto informe periódico presentado por el Sudán en virtud del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue examinado en Ginebra por el Comité de Derechos Humanos los días 3 y 4 de julio de 2014.
C. Marco constitucional y jurídico
Recomendaciones 83.18, 83.19, 83.28 a 83.30 y 83.33
55. En 2011 se dieron los primeros pasos hacia la elaboración de una constitución permanente para el país con la participación de todas las partes interesadas, a saber, los poderes ejecutivo y legislativo, las fuerzas políticas, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas, los sectores de la mujer y la juventud, las administraciones locales y otros elementos de la sociedad. Una de las recomendaciones de las consultas y los talleres que se organizaron fue que se mantuviera, como mínimo, la Carta de Derechos incluida en la Constitución provisional. El 10 de octubre de 2015 se consiguió poner en marcha un diálogo nacional amplio del que nadie quedara excluido y se aprobó la correspondiente hoja de ruta. Esta incluía seis ejes, entre los que figuraban los derechos y las libertades fundamentales y las cuestiones relativas a la gobernanza y los mecanismos de ejecución. El resultado más importante previsto del diálogo nacional era la elaboración de una constitución permanente para el país. El 24 de diciembre de 2015 el comité decisorio del diálogo nacional acordó por unanimidad redactar una nueva constitución que confirmase la independencia del poder judicial, el estado de derecho, la separación de poderes y el buen gobierno.
56. El Estado se ha comprometido a aplicar el Acuerdo General de Paz, ya que desde que se llevó a cabo el referendum de autodeterminación de Sudán del Sur en 2011, el Gobierno vela por que se cumplan los términos del acuerdo, pese a la existencia de problemas relacionados con el referendum en zona de Abyei por diferencias en la interpretación de la ley. Sin embargo, las partes (el Gobierno de la República del Sudán y el Gobierno del Estado de Sudán del Sur) están buscando la forma de resolver el conflicto a través de negociaciones amistosas. También se están celebrando negociaciones en las zonas de Kordofán del Sur y el Nilo Azul bajo los auspicios del máximo mecanismo de la Unión Africana.
57. En noviembre de 2015, el Ministro de Justicia emitió varias decisiones sobre la constitución de comités para revisar una serie de leyes de entre las 63 que se había decidido modificar en el contexto del programa de reforma del Estado aprobado por el Consejo de Ministros en su Decreto núm. 140/2015. Entre las leyes que se sometieron a los comités figuran el Código Penal de 1991, la Ley de Procedimiento Civil de 1983, la Ley de Prensa y Publicaciones de 2009 y la Ley de Seguridad Nacional de 2010.
D. Recomendaciones relativas a los derechos del niño
Recomendaciones 83.33, 83.46, 83.63 a 83.68, 83.94 a 83.101, 83.111 a 83.115, 83.148 a 83.150, 83.152 y 83.153
58. En el marco de las políticas y las estrategias, se han preparado la Carta de Derechos del Niño, que se incluirá en la futura constitución, y la Estrategia Nacional para Prevenir el
Matrimonio Infantil. Asimismo, se han elaborado un proyecto de estrategia nacional para la primera infancia y la Estrategia Nacional para la Protección de los Niños Internos en Instituciones.
59. En 2013 se elaboró el reglamento de aplicación de la Ley del Niño, que incluye cuestiones importantes como las guarderías, el trato con los niños víctimas, la regulación del trabajo infantil, la derivación fuera del sistema judicial, la lactancia materna, etc.
Asimismo, en varios tribunales se puso en marcha el sistema de supervisión social a fin de aplicar métodos alternativos a la reclusión, y en cuatro estados empezó a aplicarse un sistema de derivación fuera del sistema judicial.
60. La Fiscalía ha abierto 18 oficinas especializadas en la infancia para supervisar las investigaciones efectuadas por las unidades policiales de protección de la familia y el niño.
Asimismo, se han creado 18 tribunales especializados en la infancia, competentes para conocer de las causas de niños víctimas de violaciones. El personal de esas instituciones judiciales ha recibido formación en pautas y procedimientos de los tribunales juveniles y trato con los delincuentes. Además existen mecanismos para prestar apoyo psicológico y social a los menores delincuentes, a las víctimas y a los testigos.
61. El Ministerio del Interior ha creado 39 unidades de protección de la familia y el niño a nivel de los estados y los municipios. Esas unidades están especializadas en la investigación de los crímenes y delitos cometidos contra niños y en la adopción de medidas para prevenir esos casos y proteger a los niños contra todo tipo de abusos.
62. Por lo que respecta al registro de los nacimientos, en 2011 se promulgó la Ley del Registro Civil, que dispone la inscripción obligatoria de los nacimientos y establece las disposiciones necesarias para aplicar esa obligación. El sistema de registro civil se ha generalizado en todos los estados del Sudán y se ha preparado una estrategia nacional para desarrollar los sistemas de registro civil y las estadísticas vitales.
63. En 2014 se creó el Departamento de Protección de los Niños en Casos de Emergencia o Conflicto. El Sudán eligió nueve de los criterios internacionales para ofrecer una respuesta cualitativa a los niños en situaciones de emergencia o conflicto, incluido el criterio relativo a los niños vinculados a grupos armados.
64. En cuanto al aumento de la edad de responsabilidad penal de los menores de edad, en el artículo 4 de la Ley del Niño de 2010 dicha responsabilidad se fija en los 12 años. En esa Ley se define como niño a toda persona que no haya cumplido los 18 años de edad, y en su artículo 69 se establecen las medidas correccionales para los menores delincuentes, entre las que no figuran las penas de prisión, los castigos corporales, la pena de muerte ni otras penas. El Tribunal Constitucional ha establecido como principio constitucional general que la Ley del Niño de 2010 es una ley especial que prevalece sobre todas las demás leyes generales. Ejemplos de ello son la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 51/2013 y las del Tribunal Supremo núms. 199/2014, 173/2014 y 203/2014.
65. El 3 de diciembre de 2015 y en colaboración con el Consejo Nacional para el Bienestar del Niño y el UNICEF, se ultimó y presentó a la firma la versión definitiva del Plan de Acción de la República del Sudán y las Naciones Unidas para proteger a los niños en zonas de conflicto armado, que se considera un serio avance hacia la eliminación del nombre del Sudán de la lista de países en los que se recluta a niños para que participen en conflictos armados hecha pública por el Secretario General de las Naciones Unidas el 11 de junio de 2012.
66. El artículo 43 de la Ley del Niño prohíbe el reclutamiento y la utilización de niños por las fuerzas armadas o por grupos armados o su participación en las hostilidades.
67. Todas las leyes que atañen a las actividades militares, como la Ley de las Fuerzas Armadas de 2007, la Ley de Policía de 2008 y la Ley del Servicio Nacional de 2013, disponen que no se podrá reclutar a menores de 18 años.
68. El artículo 36 de la Ley del Niño de 2010 prohíbe el empleo de niños menores de 14 años, y el capítulo VII contiene disposiciones que regulan el trabajo de los niños mayores de esa de edad. El Código de Trabajo de 1997 contiene disposiciones similares que también prohíben que los menores de edad trabajen de noche y realicen trabajos peligrosos. Se ha preparado una lista en la que se enumeran los trabajos en los que se prohíbe el trabajo infantil de acuerdo con la lista de la Organización Internacional del Trabajo.
E. Recomendaciones relativas a los derechos de la mujer
Recomendaciones 83.77 a 83.84
69. Se ha establecido la Estrategia de 25 Años para 2007-2031, que hace hincapié en la participación de la mujer en el desarrollo integral de la sociedad, y que considera su empoderamiento un eje fundamental.
70. El interés del Estado por el empoderamiento de la mujer lo ha llevado a crear numerosas estructuras y siete mecanismos oficiales de ámbito nacional destinados a promover el empoderamiento de la mujer y a reforzar su papel en la sociedad.
71. La Política Nacional de Empoderamiento de la Mujer, aprobada por el Consejo de Ministros en 2007 y que sirvió para respaldar en la práctica la Constitución del Sudán, la legislación nacional y los acuerdos regionales e internacionales, se ha actualizado para 2015-2016 en colaboración con los asociados para el desarrollo. La Política pretende abarcar, a través de sus proyectos, los ejes de la educación, la salud, el medio ambiente, el empoderamiento económico, los derechos humanos y la ley, la participación política y la toma de decisiones, y la paz y la resolución de conflictos. Se ha elaborado un plan detallado para la aplicación de esa Política a nivel central y de los estados que se ha incluido en el Segundo Plan Quinquenal (2012-2016).
72. En 2015 la participación de la mujer en los órganos legislativos nacionales ascendía a 131 diputadas en el Consejo Nacional, de un total de 450 escaños, y 16 diputadas en el Consejo de los Estados, de un total de 56 escaños.
F. Medidas de política
Recomendaciones 83.47 a 83.50 y 83.52 a 83.69
73. El pueblo del Sudán emprendió un proceso de democratización mediante la celebración en abril de 2015 de elecciones libres y limpias, y el traspaso pacífico del poder tras la modificación de la Ley Electoral en 2014. Ello permitió que la representación de la mujer en el Parlamento pasara del 25% al 30% y que participaran más de 40 partidos políticos que representan a todos los espectros de la sociedad.
74. La promoción de la democracia y el buen gobierno figuran entre los temas más importantes de los ejes del diálogo nacional amplio.
75. Con la aprobación del Plan Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (2013-2023) en mayo de 2013 se pretendía que los principios y aspiraciones en materia de derechos humanos se tuvieran en consideración en todas las políticas, planes y actividades ejecutivas del Estado. Ese Plan empezó a aplicarse en la práctica con arreglo a
los indicadores, los plazos y los ejes que incluía. El Plan comprende los ocho ejes siguientes:
a) Establecimiento del concepto de la educación en materia de derechos humanos;
b) Derechos civiles y políticos;
c) Derechos económicos, sociales y culturales;
d) Revisión de la legislación nacional;
e) Sensibilización y difusión del conocimiento sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario;
f) Fortalecimiento de las relaciones con los organismos y las comisiones internacionales y regionales;
g) Creación de asociaciones con las organizaciones de la sociedad civil;
h) Fortalecimiento de la cooperación y la coordinación con las fuerzas del orden.
76. La revisión de la legislación que se está llevando a cabo de acuerdo con el programa de reforma del Estado aprobado en virtud del Decreto núm. 140/2015 del Consejo de Ministros tiene por objeto poner sus disposiciones en conformidad con los principios de derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos.
77. El Plan del Consejo Consultivo de Derechos Humanos para 2014-2015 contiene una serie de programas y actividades de formación relacionadas con la promoción de los derechos y la sensibilización al respecto. En la primera parte de la ejecución del Plan, la atención se centró en la aplicación del eje de la educación en materia de derechos humanos, tema que el Ministro de Justicia y Presidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos encomendó a uno de sus asesores.
78. Con respecto a la recomendación 83.52, relativa a los derechos de los ciudadanos del Estado de Sudán del Sur, las personas de ese país vecino que residen en la República del Sudán gozan de todos sus derechos humanos y son tratadas como ciudadanos, como ha dispuesto el Presidente de la República. No existen problemas relacionados con la nacionalidad de los ciudadanos de Sudán del Sur, ya que la Ley de la Nacionalidad Sudanesa de 2009 (modificada en 2011) les concedió un período de transición para legalizar su situación de acuerdo con el sistema jurídico de su Estado independiente, además de que en los acuerdos suscritos por ambas partes estas se comprometían a no perjudicar a la población de Sudán del Sur en la cuestión de la ciudadanía.
G. Derechos de las personas con discapacidad
Recomendaciones 83.85 y 83.88
79. El Sudán ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ha creado un consejo nacional y consejos a nivel de los estados para atender a esas personas. El Estado ha reforzado las oportunidades de educación para las personas con discapacidad, posibilitando su matriculación en las escuelas públicas con la mitad de la puntuación. Se ha introducido la lengua de señas en los distintos programas y se ha establecido una división para niños con discapacidad en el Centro Nacional de Cultura Infantil. El Estado vela por que puedan desarrollar sus capacidades creativas y por que representen al Sudán a nivel internacional y regional.
80. El Gobierno ha adoptado una serie de medidas para hacer frente a los efectos de la pobreza en ese grupo a través de proyectos de generación de ingresos y de su inclusión en la cobertura del seguro médico. Asimismo, la Ley de las Personas con Discapacidad, de 2009, dispone que se les reserve una parte del suelo residencial comprendido en el Plan General de Vivienda Pública y Vivienda Popular.
81. La Comisión Electoral Nacional ha emitido una serie de directrices para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la vida política. Recientemente se ha aprobado la Estrategia de Trabajo, Empleo Decente y Empoderamiento Económico de las Personas con Discapacidad para el período 2015-2020.
H. Participación de las organizaciones de la sociedad civil en la aplicación de las recomendaciones del EPU
Recomendación 83.76
82. Las organizaciones de la sociedad civil son uno de los componentes que integran el Consejo Consultivo de Derechos Humanos, encargado de coordinar la preparación del presente informe. Esas organizaciones han participado en 15 talleres sobre la aplicación de las recomendaciones del EPU en los estados, así como en talleres para poner en práctica las recomendaciones relativas a la reforma legislativa y la administración de justicia. En el ámbito de la educación, la sensibilización y la formación en materia de derechos humanos, en 2014 se celebraron 45 talleres en coordinación entre el Ministerio de Justicia, varias organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y 53 actividades para mejorar las competencias de las personas que trabajan en el campo de la protección de los niños en varios estados del Sudán.
I. Infraestructura de las instituciones de derechos humanos
Recomendaciones 83.34, 83.36, 83.37, 83.40 y 83.53
83. El Gobierno del Sudán siempre da muestras de su buena disposición y busca la cooperación con la comunidad internacional para reafirmar su compromiso de apoyar la transición política en la etapa posterior al referendum. Por su parte, la comunidad internacional debe cumplir todas sus promesas, aunque, por el momento, su respuesta sigue siendo deficiente.
84. El PNUD ha prestado apoyo a algunos de los esfuerzos del Sudán por promover la sensibilización y la aplicación del principio de participación y consulta en relación con el proceso constituyente. En ese contexto, se han celebrado foros para facilitar la participación pública en la elaboración de la Constitución en 15 de los estados del país. El PNUD ha colaborado también en la realización en todos los estados del Sudán de una serie de talleres sobre diversos temas, como la aplicación de las recomendaciones del EPU en los estados, la administración de justicia y la reforma legislativa, incluida la de la Ley del Niño y la Ley Electoral.
J. Comisión Nacional de Derechos Humanos
Recomendaciones 83.39 y 83.41 a 83.45
85. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se creó en 2009 en virtud de lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución y de conformidad con la Ley relativa a su creación (véase el párrafo 13).
86. La Comisión puso en marcha su primer plan estratégico para 2014-2018 a través de la metodología adoptada para desempeñar sus funciones y que consta de siete ejes: el estudio y la evaluación de las capacidades de la Comisión mediante la autoevaluación, las entrevistas, el diálogo, la determinación de las capacidades de sus miembros, los planes y programas de sus comités especializados, el análisis de la legislación y la revisión de la estructura organizativa y funcional de la Comisión.
87. La Comisión ostenta la condición de observador en el Comité Árabe Permanente de Derechos Humanos, ha sido aceptada como miembro de la Red de Instituciones Nacionales Africanas de Derechos Humanos y la Red de Instituciones Nacionales Árabes de Derechos Humanos y ha solicitado la condición de miembro asociado de la Comisión Africana de Derechos Humanos.
K. Esfuerzos encaminados a combatir el cambio climático
Recomendación 83.69
88. En febrero de 2014 el Sudán ratificó la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto.
89. En 2011 se modificó el Reglamento de Protección Ambiental añadiendo artículos por los que se obliga a todos los que trabajan en las industrias extractivas a cumplir cabalmente las disposiciones para preservar el entorno en el que operan. La Ley de Medio Ambiente y los reglamentos correspondientes obligan a todo el que cause daños en el medio ambiente a reparar el daño y compensar a los perjudicados. El Ministerio del Petróleo realiza notables esfuerzos para preservar el entorno, como la plantación de bosques alrededor de los campos petrolíferos, el aprovechamiento de los gases derivados de la producción de petróleo y la creación de unidades para el tratamiento de los residuos peligrosos.
90. Se ha creado una comisión de ámbito nacional para proponer soluciones respecto de los materiales y los residuos peligrosos y su impacto en el clima.
L. El conflicto armado en la región de Darfur
Recomendaciones 83.53 a 83.61
91. Prosiguen los esfuerzos tendentes a establecer una paz duradera en la región de Darfur. El Gobierno nacional y la Autoridad Regional para Darfur, junto con todos sus asociados de las Naciones Unidas y la Unión Africana, continúan los esfuerzos encaminados a aplicar el acuerdo de Doha. Durante el período que cubre el informe, muchos de los que antes empuñaban las armas se han adherido al proceso de paz, y se ha prestado apoyo a la Oficina del Fiscal del Tribunal Especial de Darfur suministrándole personal jurídico y asistencia técnica y logística.
92. Después de la celebración en octubre de 2012 de la Conferencia Internacional de Donantes para la Reconstrucción y el Desarrollo de Darfur se creó el Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo de Darfur, entre cuyas funciones figuran las de financiar proyectos de retorno y reasentamiento y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. El Fondo supervisa la ejecución de proyectos de desarrollo y la satisfacción de las necesidades especiales de las mujeres, los niños y los huérfanos. Asimismo, se ha creado la Comisión para el Retorno Voluntario y el Reasentamiento, que, en marzo de 2013, celebró una conferencia para abordar las cuestiones de los desplazados y los refugiados, y cuyos esfuerzos, junto con los de sus asociados, dieron lugar a la construcción de 291 aldeas de retorno voluntario que permitieron acoger a 650.000 familias retornadas. La Comisión de Ayuda Humanitaria del Sudán ha prestado asistencia a los afectados por el conflicto en
