Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 39º período de sesiones
1 a 12 de noviembre de 2021
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos
*Tailandia
* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/39/THA/1
Asamblea General
Distr. general 17 de agosto de 2021 EspañolOriginal: inglés
I. Prioridades de Tailandia en materia de derechos humanos: logros y retos en el camino hacia el empoderamiento y el desarrollo sostenible (Recomendaciones 55 y 56, 70)
1. La sostenibilidad está en el centro de todo lo que Tailandia se esfuerza por hacer.
También está intrínsecamente ligada a la democracia, la paz y los derechos humanos.
Para Tailandia, la sostenibilidad no es solo un valor fundamental, sino también un enfoque de la vida. En nuestras interacciones con el exterior, constituye una herramienta que integra las aspiraciones del país para lograr la seguridad, elevar las normas, mejorar la condición y promover valiosas sinergias para todas las personas que viven en Tailandia.
2. Esto se traduce en una perspectiva global de promoción y protección de los derechos humanos. Se ha promovido la función del mundo académico, la sociedad civil, el sector privado, los voluntarios, las mujeres y los niños, entre otros, con la firme convicción de que la sostenibilidad solo es posible cuando todo el mundo está capacitado y participa de forma significativa en la sociedad y la gobernanza. Este principio también se reflejó en el primer Examen Nacional Voluntario de Tailandia sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (FPAN), celebrado en 2017 y de nuevo en 2021.
3. El planteamiento de Tailandia se basa en la Filosofía de la Economía de la Suficiencia, que se centra en el fortalecimiento de la resiliencia y la promoción de la sostenibilidad en respuesta a las crisis a nivel individual, comunitario y nacional.
4. En los últimos dos años, la COVID-19 se ha revelado como una cuestión mundial y transversal que ha afectado a todos los aspectos de los derechos humanos en el país. Lo que es más importante, ha hecho que se tome consciencia de que la sostenibilidad solo puede lograrse si la recuperación de las sociedades y las economías refleja todas las dimensiones, incluidos los derechos humanos, para que los países puedan alcanzar los ODS de forma integral y no dejar a nadie atrás. Para Tailandia, esto significa lograr un futuro en el que las personas estén empoderadas y vivan en comunidades resilientes.
5. En los últimos cinco años desde que Tailandia presentó el informe correspondiente al segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), y en particular los últimos tres años desde su informe de mitad de período en 2019, una serie de factores han alterado profundamente las condiciones sociales, económicas y políticas, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Esas transformaciones, a su vez, han planteado al Gobierno el reto de aplicar medidas y políticas oportunas para garantizar la salvaguarda de los derechos humanos, integrando al mismo tiempo las acciones necesarias del Gobierno, el sector privado y el público. A pesar de esos factores, se han registrado avances concretos en diferentes ámbitos que mejoran el acceso a los derechos y a los recursos, garantizando el empoderamiento de las personas y las comunidades.
II. Metodología
A. Aplicación (Recomendación 54, promesa voluntaria 3)
6. Tras la presentación del informe del segundo ciclo del EPU en 2016, Tailandia difundió el informe en tailandés e inglés entre las partes interesadas, tanto en papel como en línea. Se convocaron reuniones del Comité Nacional del EPU, un mecanismo interministerial, para elaborar un plan de acción basado en las recomendaciones y promesas voluntarias del segundo ciclo. El 31 de enero de 2017, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción para aplicar las 187 recomendaciones aceptadas y las 7 promesas voluntarias asumidas. Inmediatamente después, se celebraron varias consultas regionales para sensibilizar y concienciar sobre estas recomendaciones y promesas.
7. El informe de mitad de período presentado en 2019, como parte de las promesas voluntarias de Tailandia y como paso previo a este informe, se centró especialmente en la evaluación comparativa de los avances en las promesas y las recomendaciones.
B. Proceso de redacción y consulta (Recomendación 187, promesa voluntaria 6)
8. Durante el proceso de redacción, se celebraron consultas en cinco regiones del país para promover el intercambio de opiniones entre todas las partes interesadas sobre la situación de los derechos humanos en el país, para evaluar las recomendaciones y otras políticas de derechos humanos, así como para reconocer los desafíos y preocupaciones sobre el terreno. Se celebraron otras seis consultas temáticas con los organismos pertinentes para profundizar en los debates.
9. Este informe ha sido plenamente respaldado por el Comité Nacional del EPU y posteriormente aprobado por el Consejo de Ministros, reafirmando los compromisos del Gobierno en el marco del mecanismo del EPU.
III. Cooperación con mecanismos e instituciones internacionales y regionales
(Recomendación 186)
10. Tailandia ha estado desempeñando un papel activo en la promoción y protección de los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos, especialmente en el fomento del diálogo constructivo y la cooperación entre los Estados y otras partes interesadas a través de actividades de fomento de la capacidad y cooperación técnica en el ámbito de los derechos humanos.
11. Tailandia ha redactado la resolución “Fortalecimiento de la cooperación técnica y fomento de la capacidad en la esfera de los derechos humanos” (A/HRC/RES/45/32) y también es miembro del grupo central de varias otras resoluciones, como “Promoción y protección de los derechos humanos y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (A/HRC/RES/43/19), “Los derechos humanos en el contexto del VIH y el sida” (A/HRC/RES/47/14) y “Educación y formación en derechos humanos”
(A/HRC/RES/31/21).
12. Tailandia apoya firmemente los mandatos de los respectivos órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas y está dispuesta a colaborar con ellos de forma constructiva e importante. Ha respondido sistemáticamente a los cuestionarios y a las solicitudes de información, y está colaborando con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en la base de datos nacional de seguimiento de las recomendaciones para ayudar a facilitar la aplicación de las recomendaciones de los diversos órganos de tratados de derechos humanos.
13. También se ha comprometido a trabajar activamente con la Oficina del ACNUDH y otros socios para hacer avanzar los debates sobre cuestiones y resoluciones conexas en la Tercera Comisión y el Consejo Económico y Social, centrándose en las sinergias entre los distintos organismos de las Naciones Unidas.
14. A escala regional, Tailandia apoya plenamente el trabajo de la Comisión Intergubernamental de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) sobre los Derechos Humanos, y, dentro de este mecanismo regional, ha abogado por promover los derechos de las personas con discapacidad, las empresas y los derechos humanos, y por concienciar a la población apoyando los debates para jóvenes sobre cuestiones de derechos humanos organizados por la ASEAN.
15. Durante su presidencia de la ASEAN en 2019, Tailandia inició la oportuna y necesaria revisión del mandato de la Comisión Intergubernamental sobre los Derechos Humanos para que esta pudiera responder mejor a la evolución de las situaciones de derechos humanos.
Durante la Presidencia tailandesa también se crearon el Centro de Estudios y Diálogo sobre
el Desarrollo Sostenible y el Centro de Envejecimiento Activo e Innovación de la ASEAN, en Bangkok.
IV. Marco constitucional, jurídico y político (Recomendaciones 31 a 33, 49 y 50)
16. La legislación de Tailandia, cuya ley suprema es la Constitución del Reino de Tailandia, E. B. 2560 (2017), refleja sus obligaciones en virtud de siete tratados básicos de derechos humanos en los que es parte. Se reconoce que se necesitan más medidas y la voluntad de buscar instrumentos adicionales para aplicar los derechos humanos de forma efectiva y garantizar la coherencia con las normas internacionales.
17. La Constitución estableció una Estrategia Nacional a 20 años (2018-2037) para el desarrollo del país, con el fin de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad mediante la protección de los derechos y las libertades. Entre las disposiciones correspondientes se encuentran la Estrategia 4, sobre la creación de oportunidades y la equidad social, y la Estrategia 6, sobre el reequilibrio y el desarrollo del sistema de administración pública.
18. El 30 de junio de 2020, el Consejo de Ministros refrendó formalmente el cuarto Plan Nacional de Derechos Humanos (2019-2022), que sirve de marco de esos derechos para los distintos organismos en diez ámbitos específicos, que abarcan 12 grupos vulnerables concretos.
19. El Comité Nacional para el Impulso de la Labor en Derechos Humanos en Tailandia es el mecanismo que encabeza la aplicación del Plan y asume amplias responsabilidades en materia de derechos humanos en el país. Tiene el mandato de supervisar los resultados de la aplicación de los programas y actividades locales de derechos humanos a nivel central y provincial, a través de las Oficinas Provinciales de Justicia presentes en las 76 provincias.
V. Mecanismos de derechos humanos
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia (Recomendaciones 37 a 47)
20. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia es un órgano independiente que funciona en virtud de la Constitución y la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia, E. B. 2560 (2017), y de acuerdo con los Principios de París. Esta Comisión, recientemente constituida, es la cuarta que comenzó a desempeñar sus funciones el 31 de mayo de 2021 y se caracteriza por su diversidad de conocimientos y su equilibrio de género.
21. Desde su fundación, la Comisión estaba facultada para examinar e informar sobre la veracidad de los hechos en todos los casos de violaciones de los derechos humanos y recomendar medidas o directrices apropiadas para la prevención o reparación de las violaciones de los derechos humanos; preparar un informe de evaluación de la situación de los derechos humanos en el país; recomendar medidas o directrices para la promoción y protección de los derechos humanos, incluida la modificación y mejora de leyes, normas, reglamentos u órdenes para adecuarlos a los principios de los derechos humanos; y sensibilizar a todos los sectores de la sociedad sobre la importancia de los derechos humanos.
En los casos en que las violaciones de los derechos humanos constituyan un delito penal y la persona agraviada no esté en condiciones de presentar una denuncia, la Comisión o la persona asignada por la Comisión estaría facultada para hacerlo en su nombre con arreglo al Código de Procedimiento Penal.
22. El 29 de enero de 2021, la Comisión aprobó la creación de la primera oficina regional en la provincia de Songkhla, en el sur del país, para que preste servicios a 14 provincias, incluidas las fronterizas del sur. Esta iniciativa está en consonancia con los Principios de París, que exigen que una institución nacional de derechos humanos mejore la accesibilidad física de la población, especialmente en las zonas remotas.
23. La Comisión tiene actualmente la categoría B y ha hecho grandes esfuerzos para volver a la categoría A. Con ese fin, se han presentado los documentos pertinentes al Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). El 8 de diciembre de 2020, el Subcomité realizó una entrevista en línea con la Comisión y decidió que el examen de su solicitud de reacreditación se aplazaría durante 18 meses (o tres períodos de sesiones).
VI. Protección y promoción de los derechos humanos
A. Derechos económicos, sociales y culturales / Derecho al desarrollo y a la erradicación de la pobreza (Recomendaciones 57, 58,
70 a 72 y 91)
24. Tailandia está aplicando el décimo segundo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2017-2021), que se basa en la Estrategia Nacional a 20 años (2018-2037) y está elaborando el 13er Plan.
25. El 12º Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social consta de diez estrategias clave destinadas a fortalecer y desarrollar el capital humano, promover la equidad en la sociedad y reducir la desigualdad social, promover un crecimiento respetuoso con el medio ambiente para el desarrollo sostenible, mejorar la seguridad nacional para garantizar que el desarrollo conduzca a la estabilidad y la sostenibilidad, y promover una administración pública eficaz, prevenir la corrupción y mejorar la buena gobernanza en la sociedad tailandesa.
26. En la actualidad, el número de tailandeses que ganan menos de 1,9 dólares de los Estados Unidos al día (el umbral internacional de la pobreza) es nulo desde 2016, mientras que la proporción de la población en situación de pobreza ha disminuido constantemente.
27. Las medidas de Tailandia para erradicar la pobreza también han abordado la falta de oportunidades en varias dimensiones, como la protección social, el acceso a los servicios públicos y la situación de riesgo. Tailandia ha identificado cuatro dimensiones clave en el Índice Nacional de Pobreza Multidimensional (IPM), a saber, educación, salud, bienestar y estabilidad financiera.
28. Entre los proyectos de desarrollo económico comunitario más destacados para fomentar la capacidad de la población y las comunidades locales se encuentran el “Modelo Kok Nong Na”, un proyecto consistente en el desarrollo de una zona modelo para mejorar la calidad de vida según la Nueva Teoría, y el reparto de la propiedad y el desarrollo integral de infraestructuras. Además, el Comité de Política Territorial Nacional está en proceso de asignar tierras a los pobres en forma de parcelas colectivas. Cuando se haya completado, más de 86.000 personas recibirán tierras de subsistencia. El Gobierno también ha desarrollado las Plataformas Analíticas y de Mapeo de la Población Tailandesa para disponer de un sistema de información completo y preciso sobre los grupos destinatarios de pobres.
29. Sin embargo, la aguda recesión económica resultante de la enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19) está asestando un duro golpe a los esfuerzos de erradicación de la pobreza en el país y a la consecución general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que se traduce en una reducción de los ingresos del 54 % de los tailandeses y en el riesgo de que se reviertan los avances en buena parte de los ODS, si no en todos. Además, la COVID-19 ha afectado de forma desproporcionada a los hogares que ya eran pobres, especialmente a los pobres de las zonas urbanas, oprimidos por el alto coste de la vida, y a las familias frágiles. Esto ha exigido que el Gobierno mejore de forma urgente y enérgica las redes de seguridad y las estrategias de protección social específicas.
30. Las medidas inmediatas se han centrado en garantizar el acceso a las prestaciones y el bienestar de los grupos clave, es decir, los más desfavorecidos y vulnerables, asegurando que los trabajadores del sector informal, por ejemplo, puedan acceder al sistema de seguridad social de forma más completa. El Gobierno también ha modificado las leyes y los reglamentos para aumentar las prestaciones y las opciones de cotización económica de los
trabajadores asegurados. Además, se ha establecido un proyecto de capacitación para personas con bajos ingresos mediante el envío de “Unidades de Prestación de Servicios”
móviles para facilitar el acceso a las prestaciones integrales de la seguridad social.
Desde 2020, estos equipos han intervenido 15.324 veces y han atendido a 1.006.692 clientes.
31. El Gobierno también ha puesto en marcha de forma progresiva otras medidas específicas para ayudar a los más afectados por la COVID-19. Entre ellas se encuentran las siguientes: 1) conceder subvenciones de 5.000 baht durante tres meses a trabajadores independientes y agricultores para compensar la falta de ingresos; 2) proporcionar subsidios de 1.000 baht al mes durante tres meses a otros grupos vulnerables; 3) aplicar medidas que ayuden a aliviar el coste de los servicios públicos, como los proyectos “Copago 50-50” y
“Ganamos”; y 4) medidas para reducir el precio de los bienes esenciales.
32. A nivel macroeconómico, el Gobierno ha facultado al Ministerio de Finanzas para pedir un préstamo de hasta 1 billón de baht con el fin de reactivar la economía afectada por la COVID-19 y reducir aún más el impacto económico y social en los grupos vulnerables. A este respecto, el Ministerio ha puesto en marcha un plan para crear oportunidades de empleo, generar ingresos y fomentar actividades ocupacionales para apoyar a los trabajadores excedentes que emigran a sus comunidades locales. Esto incluyó cursos de desarrollo de aptitudes para satisfacer las necesidades del mercado laboral en una era posterior a la COVID-19 bajo las condiciones de vida y económicas propias de la “nueva normalidad”.
B. Derecho a la salud (Recomendaciones 69, 74 a 77)
33. A pesar de los desafíos relacionados con la realización de la Cobertura Sanitaria Universal en cualquier país, agravados por el alcance de la cobertura necesaria debido a la COVID-19, el Gobierno sigue promoviendo las pólizas de seguro de salud para cubrir de manera integral a diversos grupos del país.
34. En la actualidad, la sanidad pública tailandesa cubre el 99,8 % de la población, incluidos diez millones de trabajadores. La asistencia sanitaria también es accesible para los extranjeros que viven en Tailandia tanto legal como ilegalmente, estos últimos en su mayoría grupos marginados y de bajos ingresos. En 2020, había más de 690.000 trabajadores migratorios de cuatro nacionalidades (Camboya, Myanmar, la República Democrática Popular Lao y Vietnam) acogidos al sistema de seguro médico del país.
35. Desde el brote de la COVID-19 en 2020, Tailandia ha sido proactiva en la búsqueda de casos con la cooperación de sanitarios voluntarios tailandeses y extranjeros que difunden información precisa y vital sobre las medidas de salud pública y proporcionan un tratamiento no discriminatorio a los pacientes de la COVID-19, especialmente a los tailandeses de riesgo y a los grupos de la comunidad de trabajadores migratorios.
36. En cuanto a la política de vacunación contra la COVID-19, Tailandia tiene el objetivo actual de cubrir al menos al 70 % de la población en 2021. Toda la población, independientemente de su nacionalidad, tendrá acceso a las vacunas, y se dará prioridad a los grupos de riesgo en caso de infección. Por tanto, si forman parte de un grupo prioritario, los trabajadores migratorios, tanto legales como ilegales, y los que se encuentran en situación de detención y encarcelamiento, así como otros extranjeros que residen en Tailandia, pueden acceder al despliegue nacional de vacunación.
37. Tailandia también ha llevado a cabo el Plan de Reforma para la gestión de las emergencias de salud pública, incluidas las epidemias nacionales y las enfermedades emergentes (2021-2022), para que las comunidades puedan hacer frente a futuros brotes y reforzar la seguridad sanitaria del país.
38. Otras prioridades sanitarias que han merecido la atención del Gobierno son: la salud mental, que se ha visto afectada por la COVID-19, con especial atención a la salud mental de las personas con discapacidad y de los jóvenes; el embarazo en la adolescencia, que se está abordando en parte mediante una normativa ministerial que encomienda a los centros educativos y de otro tipo la tarea de prevenir y ocuparse activamente de esta cuestión entre las empleadas y los estudiantes adolescentes; el cáncer de mama, mediante la continuación activa de las medidas para educar a las mujeres de 30 a 70 años en la realización de
autoexámenes; y los problemas de salud causados por la contaminación ambiental, que se están abordando mediante estrategias y planes de vigilancia y un fondo sanitario específico.
C. Derecho a la educación (Recomendaciones 82 a 90, 143 y 145)
39. La educación es uno de los principales motores del desarrollo del país, y el Gobierno se propone ofrecer a todos un acceso igualitario a una enseñanza de calidad (12 años) y oportunidades de aprendizaje permanente. Desde 2005, se garantiza la enseñanza de los estudiantes sin necesidad de acreditar el registro civil o la nacionalidad tailandesa, incluso para los grupos étnicos, los inmigrantes y los hijos de trabajadores extranjeros.
40. El último Plan Nacional de Educación (2017-2036) se basa en un diseño conceptual de la enseñanza que incorpora los principios de la Educación para Todos, la Educación Inclusiva, la Filosofía de la Economía de la Suficiencia, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios que insisten en la participación de todos los sectores de la sociedad (Todos por la Educación).
41. Además, el Tercer Plan de Gestión Educativa para Personas con Discapacidad (2017-2021) permite que las personas con discapacidad de todas las edades reciban oportunidades educativas de calidad y acordes a las necesidades de cada individuo para desarrollar habilidades de subsistencia y ser autosuficientes.
42. La COVID-19 y las interrupciones experimentadas por los niños y las escuelas de todo el país han repercutido negativamente en el acceso a una enseñanza de calidad. Si bien se hace mayor hincapié en el aprendizaje en línea, también se ha tomado conciencia de que existe una brecha digital que hay que salvar y que se necesitan otras medidas de apoyo para mejorar los servicios orientados a los niños y la prestación de un apoyo adecuado a las familias.
D. Derecho al trabajo (Recomendaciones 20, 59 y 69)
43. El Gobierno da importancia a la protección de los derechos de todos los trabajadores, independientemente de su pertenencia a un grupo étnico, raza u otra condición.
44. Tailandia es parte en el Convenio sobre el Trabajo en la Pesca, 2007 (núm. 188) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha promulgado la Ley de Protección del Trabajo en el Sector Pesquero, E. B. 2562 (2019), con el fin de que los armadores puedan proteger los derechos de los pescadores de acuerdo con las normas internacionales.
Asimismo, el Gobierno sigue cooperando activamente con la OIT y todas las partes interesadas para garantizar la plena aplicación del Convenio.
45. Desde 2015, Tailandia ha creado equipos multidisciplinares para realizar inspecciones integradas de protección laboral en los buques pesqueros de 22 provincias costeras. Los equipos se encargan de todas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, como la trata de personas, los derechos laborales, el trabajo forzoso y el trabajo infantil. A consecuencia de las investigaciones integradas, se encontraron 2.512 casos de infracciones desde 2018 hasta abril de 2021 y se tomaron medidas coercitivas. Tailandia también ha organizado cursos de formación para los empleadores, trabajadores y centros de trabajo, con el fin de concienciar sobre los derechos y deberes en los Centros de Coordinación de Trabajadores de la Pesca de 22 provincias.
46. La Ley de Protección Laboral (núm. 7), E. B. 2562 (2019), ha aumentado aún más los beneficios de los empleados al incluir el requisito de su consentimiento para cambiar de empleador y aumentar el derecho a los días de vacaciones, la licencia de maternidad y la tasa de compensación.
47. El Gobierno también ha ajustado al alza el salario mínimo en todo el país, que ahora oscila entre 313 y 336 baht al día (a partir del 1 de enero de 2020). También ha promulgado el Plan de Acción sobre el Trabajo (2020-2022) para responder eficazmente a la situación laboral actual, especialmente al inicio de la COVID-19, que abarca a los trabajadores informales contratados en virtud de la legislación laboral, pero no asegurados en virtud del
artículo 33 de la Ley de Seguridad Social (núm. 4), E. B. 2558 (2015). El Gobierno colaboró con la OIT a principios de 2020 para completar un análisis de las deficiencias, poniendo en marcha el proceso de modificación de la normativa ministerial para proteger mejor a los trabajadores domésticos del sector informal.
48. Para seguir haciendo frente a la COVID-19, Tailandia también está adoptando diversas medidas para proteger los derechos de los trabajadores, como la reducción de la tasa de subvenciones, el aumento de las prestaciones de desempleo y la introducción de un sistema de copago para los recién graduados, en el que el Estado apoya parcialmente sus salarios.
E. Trata de personas (Recomendaciones 36 y 60 a 68)
49. En 2017, Tailandia realizó revisiones fundamentales de la legislación contra la trata de personas y, una vez más, en 2019, dando lugar a la Ley contra la Trata de Personas, E. B. 2562 (2019). Las definiciones y aclaraciones de los términos “explotación con fines de lucro” y “trabajo o servicios forzados” se añadieron a la ley modificada, y se incluyeron medidas adicionales para ayudar y proteger a las víctimas del trabajo forzado con el fin de cumplir con el Protocolo de 2014 que complementa el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930, en el que Tailandia es parte. Entre 2017 y abril de 2020, el fiscal ordenó el procesamiento de 1.056 casos de trata de personas.
50. El Gobierno ha aumentado el número de inspectores de trabajo para identificar a las víctimas de la trata de personas y prevenir las condiciones laborales opresivas de los 22 millones de trabajadores del país. Estos inspectores han superado rigurosos cursos de formación organizados por el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana sobre cómo detectar más eficazmente a las víctimas de la trata. Desde 2016, se ha formado a cerca de 3.000 inspectores de trabajo.
F. Derechos de grupos específicos
Niños (Recomendaciones 96, 99 a 107, 110, 112 a 114, 116 a 121, 171 y 172)
51. El segundo Plan de Desarrollo de la Infancia y Juventud (2017-2021) hace especial hincapié en la importancia de la participación de todos los sectores en la promoción y protección de los derechos de la infancia. Promueve la visión de proporcionar a los niños y jóvenes una buena calidad de vida y un desarrollo adecuado a su edad, fomentando su papel como ciudadanos íntegros y socios activos en el proceso de desarrollo.
52. El Gobierno también ha priorizado la protección de los derechos y el bienestar de los niños a través de un enfoque multidisciplinario de acuerdo con la Estrategia Nacional de Protección de la Infancia 2017-2021. Ha promulgado leyes sobre la protección de los niños, como la Ley de Regulación de la Promoción de Alimentos para Lactantes y Niños Pequeños, E. B. 2560 (2017), que aplica las directrices correspondientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por su parte, la Ley de Protección de los Niños Nacidos Mediante Tecnologías Médicas de Reproducción, E. B. 2558 (2015), aborda la cuestión de la gestación subrogada con fines comerciales. La Ley de Prevención y Solución del Embarazo en Adolescentes, E. B. 2559 (2016), protege el derecho de los adolescentes a decidir por sí mismos.
53. Tailandia ha acelerado la aplicación de la Estrategia de Promoción y Protección de la Infancia y la Juventud en el Uso de los Medios de Comunicación en Línea 2017-2021 mediante la Ley de Modificación del Código Penal (núm. 24), E. B. 2558 (2015), que tipifica los delitos sexuales y amplía la definición de pornografía. También estableció un enfoque coordinado para proteger a los niños de los medios de comunicación en línea, compuesto por el Plan de Acción sobre la Creación de la Responsabilidad Social Compartida para los Deportes Electrónicos para Niños, Fase I (2020-2022) y el Plan de Acción sobre la Prevención y Mitigación de las Consecuencias de los Juegos de Azar en Línea para los Niños y los Jóvenes (2020-2022).
54. En los últimos tiempos, los niños se han visto cada vez más involucrados en el sistema de justicia penal. Los organismos competentes han tomado diversas medidas para garantizar
que los casos de menores se traten adecuadamente, teniendo en cuenta el interés superior del niño y las obligaciones internacionales de Tailandia. Se han creado centros de asesoramiento para aconsejar y ayudar a las víctimas y sus familias, especialmente en las causas penales ante los tribunales de menores y de familia. También se ha impartido formación a los centros educativos para que puedan ofrecer un asesoramiento adecuado para reducir las infracciones de los jóvenes. Además, se han elaborado directrices sobre los niños testigos en las causas penales y se están estudiando otros procedimientos adecuados, como las medidas no privativas de libertad para los casos en que estén implicados menores.
55. Para hacer frente a la violencia contra los niños, Tailandia está aplicando sus Estrategias de Prevención y Resolución de la Violencia contra los Niños y los Jóvenes (2015-2021). El Gobierno también ha establecido un plan de acción integrado para los años 2019-2022 con el fin de prevenir y abordar la violencia en el hogar y el problema de los embarazos inesperados. Además, Tailandia ha elaborado políticas de protección de la infancia en todos los centros para niños, ha impartido formación a los padres y cuidadores sobre la atención de calidad a los niños (para protegerlos del uso de la violencia en la crianza) en todas las provincias, y ha preparado un manual para proteger a los niños de los peligros en línea. Recientemente (julio de 2021), el Instituto de Justicia de Tailandia, en colaboración con la Fiscalía General, publicó una traducción al tailandés de las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal, con el fin de sensibilizar a los funcionarios y hacer operativas las estrategias y medidas.
56. El Gobierno también ha incrementado los esfuerzos para abordar el trabajo infantil, que han mostrado resultados tangibles, debido en gran parte al Plan Nacional para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil 2015-2020, impulsado por la coordinación de políticas y acciones proporcionada por un Comité Nacional. Además, se ha promulgado la Ley de Protección del Trabajo (núm. 5), E. B. 2560 (2017), para aumentar las sanciones en los casos de trabajo infantil en labores peligrosas o por trabajar en ocupaciones prohibidas.
57. Durante la pandemia de COVID-19, Tailandia puso en marcha un proyecto para proporcionar asistencia inmediata a los niños que vivían en familias afectadas, como el suministro de mascarillas, productos de consumo necesarios y fondos de asistencia. Ha tratado de reducir las repercusiones a corto y largo plazo en los niños mediante la ampliación del número de centros de asistencia social. Se han creado la Línea Directa 1300, que proporciona asesoramiento las 24 horas del día, así como los Centros de Asesoramiento a la Infancia, la Juventud y la Familia, situados en 76 provincias y en Bangkok, encargados de asesorar sobre problemas relacionados con la infancia, la juventud y la familia. Además, durante la COVID-19 el Gobierno ha elaborado directrices específicas para prevenir contagios y proteger a los niños que viven en establecimientos, como los centros de desarrollo infantil y otros centros de atención temporal, así como para la gestión de los casos y para los voluntarios que trabajan en la esfera de la protección de la infancia.
58. El 21 de enero de 2019, siete organismos gubernamentales firmaron un Memorando de Entendimiento relativo a las directrices para las alternativas a la detención de niños en centros de inmigrantes a la espera de ser repatriados, lo que permite a los trabajadores sociales o psicólogos evaluar la vulnerabilidad de estos niños y sus familias y formular planes de atención. Los siete organismos son la Policía Real Tailandesa, el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo.
59. Desde octubre de 2018 hasta junio de 2021, 304 niños y sus familias que residían en Centros de Detención de Inmigrantes han recibido asistencia mientras esperaban la repatriación o el viaje a un tercer país. Las medidas de asistencia incluyen: permitir que el progenitor (bajo fianza) permanezca en la comunidad con sus hijos; permitir que las madres y sus hijos permanezcan temporalmente en los Centros de Asistencia a la Infancia gestionados por el Departamento de Asuntos de la Infancia y la Juventud; buscar familias de acogida para niños no acompañados; y permitir que las madres y sus hijos permanezcan en los Centros de Acogida para Madres e Hijos gestionados por la Oficina de Inmigración.
Mujeres (Recomendaciones 125 a 137, contribución voluntaria 2)
60. Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad de Género, E. B. 2558 (2015), Tailandia está revisando dicha Ley para conseguir la máxima eficacia.
También está modificando el Reglamento Ministerial sobre los Criterios y Procedimientos de Presentación y Examen de Denuncias de Discriminación por Motivos de Género, E. B. 2559 (2016), del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana, para que sea más coherente con los cambiantes contextos sociales.
61. El apartado 4 del artículo 71 de la Constitución garantiza la presupuestación con perspectiva de género a escala nacional, para lo cual el Consejo de Ministros aprobará en breve unas directrices para los organismos públicos.
62. La Estrategia de Desarrollo de la Mujer 2017-2021 se compone de cinco líneas de actuación: 1) medidas para cambiar el paradigma; 2) medidas de empoderamiento;
3) medidas de habilitación; 4) medidas de prevención y protección; y 5) medidas y mecanismos para fortalecer a las mujeres en el desarrollo. Esta Estrategia está respaldada por los planes de acción que la acompañan, el último de los cuales (2020-2021) prevé cursos de formación profesional e inserción laboral gratuitos para mujeres y jóvenes que carecen de oportunidades educativas, tienen dificultades económicas o están desempleadas.
63. En cuanto a la cuestión de las mujeres en la política y la toma de decisiones, el artículo 90 de la Constitución exige a los partidos políticos que tengan en cuenta la igualdad de género a la hora de elaborar las listas de los partidos. A consecuencia de ello, el número de mujeres parlamentarias aumentó al 15,7 % (78 personas) en 2019 frente al 5,4 % (13 personas) en 2014.
64. Tailandia también da importancia al empoderamiento económico de las mujeres promoviendo la igualdad de género en el lugar de trabajo y proporcionando asesoramiento y asistencia a todos los empleadores de diferentes sectores para mejorar la igualdad de género en el proceso de contratación. Además, la Ley de Protección del Trabajo (núm. 7), E. B. 2562 (2019), amplió el permiso de maternidad remunerado a 98 días.
65. El Gobierno también ha obrado en pro del empoderamiento económico de las mujeres a nivel regional e internacional. Durante su presidencia de la ASEAN en 2019, Tailandia colaboró con la Red de Mujeres Empresarias de la ASEAN en la defensa de que las empresas mantuvieran el equilibrio de género ante los retos actuales.
66. En el marco del Ministerio de Salud Pública se han emprendido diversas medidas para eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia en el hogar, como por ejemplo: la integración de las herramientas de detección de la OMS en los procedimientos hospitalarios para identificar más eficazmente a las víctimas de la violencia; proporcionar refugios de emergencia para las mujeres; promover las redes locales para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres; y establecer centros de ayuda en más de 899 hospitales de todo el país.
Estos centros ofrecen atención a las víctimas de la violencia, así como preparación y formación para prevenir las estafas y el acoso sexuales, tanto en Tailandia como en el extranjero.
67. El 19 de febrero de 2020, el Tribunal Constitucional dictaminó que las disposiciones del Código Penal sobre el aborto eran contrarias a los principios y derechos de la Constitución.
Poco después, se modificaron el artículo 301 y el artículo 305 del capítulo 3 sobre los delitos de aborto y, en el mismo mes, la Ley de Modificación del Código Penal (núm. 28), E. B. 2564 (2021), en su artículo 305, dispuso que las mujeres podían interrumpir su embarazo dentro de las 12 semanas de gestación.
68. Para abordar el problema del embarazo en la adolescencia, el Gobierno ha formulado políticas y estrategias nacionales de salud reproductiva para promover la educación en competencias para la vida y la salud reproductiva de los adolescentes a través de un enfoque multidisciplinario. A consecuencia de ello, la tasa de embarazos entre las personas de 15 a 19 años ha bajado del 5,1 % en 2015 al 2,3 % en 2019.
69. En abril de 2020, el Consejo de Ministros aprobó medidas adicionales para prevenir y combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo. El Departamento de Asuntos de la Mujer y Desarrollo de la Familia también está llevando a cabo una revisión exhaustiva de la Ley de
Prevención y Represión de la Prostitución, E. B. 2539 (1996), con el fin de enmendar la Ley para que se adapte al contexto actual, a través de discusiones de grupos de enfoque con niños y jóvenes, trabajadores sexuales, organismos gubernamentales pertinentes, mujeres y madres y otros.
70. Durante la pandemia de COVID-19, Tailandia puso en marcha la campaña “Stay Home, Stay Safe, For the Nation” (Quédate en casa y protégete por el bien de la Nación) con el fin de contener el brote. Tuvo la consecuencia involuntaria de impedir que las víctimas de la violencia en el hogar y de género evitaran situaciones peligrosas al no poder abandonar sus residencias durante el toque de queda y las restricciones de desplazamiento impuestos por el Gobierno.
71. Para proteger el bienestar y la seguridad de las víctimas durante la COVID-19, se adoptaron una serie de medidas específicas, como el aumento del personal en los centros de asistencia social. El Gobierno también proporcionó refugios temporales para las víctimas y las madres solteras sin hogar, así como formación profesional en los ocho Centros de Aprendizaje para el Desarrollo de la Mujer y la Familia de todo el país.
72. La sensibilización es otro elemento importante para prevenir la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Para ello, el Instituto de Justicia de Tailandia, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, ha publicado en tailandés las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo Actualizadas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal.
Personas mayores (Recomendaciones 70 y 77)
73. Las políticas gubernamentales sobre las personas mayores incluyen el segundo Plan Nacional sobre las Personas Mayores (2002-2021), desarrollado de acuerdo con el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002 y la Ley de las Personas Mayores (núm. 3), E. B. 2560 (2017), que sirve como mecanismo para promover los derechos y el bienestar de las personas mayores.
74. En diciembre de 2018, Tailandia reconoció oficialmente el envejecimiento de la sociedad como una agenda nacional e inició los preparativos para el Tercer Plan Nacional de la Tercera Edad (2021-2037), destinado a hacer realidad los objetivos de envejecimiento activo.
75. En la actualidad, varias instituciones educativas ofrecen a las personas mayores la posibilidad de obtener diversos niveles de enseñanza. Se han creado 1.545 escuelas en todo el país gracias a la colaboración conjunta de varias instituciones, organismos y comunidades, que ofrecen oportunidades de aprendizaje a los mayores sobre contenidos adecuados a su edad en los cuatro ámbitos de salud, sociedad, economía y medio ambiente.
76. Todo el mundo, incluidas las personas mayores, tiene derecho a recibir una atención sanitaria de calidad de acuerdo con la política de cobertura sanitaria universal de Tailandia.
El Gobierno se compromete a proporcionar cuidados de larga duración a las personas mayores dependientes, y en 2019 el Gobierno atendió a 219.518 de estas personas.
77. En el marco del Plan Maestro de Fomento de la Vivienda, de 20 años de duración (2017-2036), el Gobierno ha fijado objetivos a largo plazo para la mejora de 447.618 viviendas para personas mayores. Tiene previsto colaborar con el sector privado para mejorar 14.500 viviendas estatales para ancianos con bajos ingresos.
78. Para prepararse de cara a una sociedad que envejece, Tailandia también ha desarrollado una política de fomento del empleo para los mayores, ampliando la edad de jubilación de los funcionarios de 60 a 63 años antes del año 2024. Además, el Ministerio de Trabajo ha encuestado y registrado a los ancianos que desean trabajar, y ha establecido centros de formación para ellos en las zonas centrales y provinciales. Además, el Gobierno ha promulgado un Real Decreto emitido en virtud del Código de Ingresos sobre Exención de Impuestos (núm. 639), E. B. 2560 (2017), para determinar los beneficios fiscales para las personas mayores en activo. Además, en 2019, el Fondo para las Personas Mayores concedió préstamos para el desarrollo de una actividad empresarial a 8.991 personas mayores. Además de recibir dinero a través de la tarjeta estatal de asistencia social, las personas mayores también pueden recibir ayuda económica de este Fondo.
79. La Ley de la Tercera Edad también prevé medidas para ayudar a las personas mayores maltratadas y explotadas. Si se comprueba que se ha cometido una infracción penal, hay que informar al agente de investigación para que contribuya a enjuiciarla, a fin de proceder inmediatamente a la rehabilitación física y mental.
80. El Gobierno ha dado prioridad a la protección de los ancianos durante la pandemia de COVID-19. El Departamento de Asuntos de las Personas Mayores ha aumentado el importe de las subvenciones disponibles para esas personas, mientras que el Fondo para las Personas Mayores ha anunciado una moratoria de un año para los préstamos destinados al desarrollo de una actividad empresarial. Además, se creó un proyecto de voluntariado de atención local para atender a los ancianos dependientes afectados por el cierre de centros de atención a la tercera edad y, en la actualidad, hay cerca de 16.000 cuidadores de ancianos en todo el país.
Personas con discapacidad (Recomendaciones 139 a 142 y 144)
81. La Ley de Empoderamiento de las Personas con Discapacidad, E. B. 2550 (2007), sigue siendo el principal mecanismo jurídico para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad para todos los organismos. El Gobierno está trabajando en la modificación de la Ley para garantizar una aplicación más eficaz y completa de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
82. El Gobierno está aplicando actualmente el quinto Plan Nacional de Empoderamiento de las Personas con Discapacidad (2017-2021), que promueve una visión de “las personas con discapacidad disfrutando de pleno acceso y viviendo de forma independiente en la sociedad, juntos y de forma sostenible” bajo una estrategia que promueve la igualdad, el empoderamiento de las personas con discapacidad, el desarrollo de la calidad de los servicios para esas personas y la erradicación de la discriminación. El Plan Nacional ha logrado concluir 805 proyectos para un total de 2.096.931 personas, que incluyen a las personas con discapacidad, sus familias y comunidades y el público en general.
83. El Ministerio de Educación ha revisado sus políticas y proyectos para integrar a las personas con discapacidad en el sistema educativo, desde la enseñanza primaria hasta la superior. Para ello, se ha preparado al personal de las escuelas, se han reducido los diversos obstáculos para el aprendizaje y se ha logrado el acceso a los materiales e instalaciones de aprendizaje, y se han ajustado los métodos de enseñanza. El Ministerio también ha promovido y apoyado los deportes para las personas con discapacidad, su participación en actividades comunitarias y la preparación de información integrada sobre la educación y las personas con discapacidad.
84. Para facilitar el acceso a la educación inclusiva y a otros servicios, el Gobierno ha acelerado el desarrollo de una base de datos central para emitir tarjetas de identificación a nivel nacional para las personas con discapacidad. Hasta marzo de 2020, había 121.883 menores de 18 años a los que se les habían expedido tarjetas en todo el país.
85. Tailandia también atribuye importancia a garantizar que las normas de derechos de autor beneficien a las personas con discapacidad y, el 28 de enero de 2019, se adhirió al Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso.
El Ministerio de Comercio ha emitido los anuncios pertinentes y ha publicado un manual para promover la comprensión del ejercicio de tales derechos.
86. Tailandia es plenamente consciente de que las personas con discapacidad se ven más afectadas por los desastres naturales que otras. Como resultado, el primer Plan de Gestión de Desastres Naturales para Personas con Discapacidad (2017-2021) fue formulado a través de audiencias públicas enriquecidas por las opiniones de las personas con discapacidad y sus familias, tutores y comunidades. Se han organizado sesiones de formación sobre qué hacer durante los desastres para personas con discapacidad, organizaciones de discapacitados, personal y voluntarios en el ámbito del desarrollo social y la seguridad humana. También se publicó un manual sobre la rehabilitación de personas cuya discapacidad se debe a desastres naturales.
87. En cuanto a la sanidad pública, la aprobación del segundo Plan de Atención Sanitaria para Personas con Discapacidad (2017-2021) y de los Planes Médicos y de Gestión de Desastres Naturales para Personas con Discapacidad (2017-2021) ha permitido el desarrollo de un Servicio de Ventanilla Única en 83 grandes hospitales provinciales.
88. Para reducir el impacto de la COVID-19 en las personas con discapacidad, el Gobierno ha buscado redes de seguridad adicionales y ha mejorado las oportunidades de desarrollo de los medios de vida a través de: 1) el aumento del subsidio mensual por discapacidad de 800 baht a 1.000 baht; 2) el desembolso eficiente del Fondo para el Empoderamiento de las Personas con Discapacidad para ayudar a 1.223.192 personas que necesitan asistencia; y 3) el anuncio de una moratoria temporal de la deuda para 86.732 personas que acceden al Fondo para el Empoderamiento de las Personas con Discapacidad.
Grupos étnicos (Recomendaciones 57, 69 y 97)
89. El Gobierno se ha esforzado por proteger el modo de vida y los derechos culturales de los grupos étnicos para evitar la discriminación racial y mejorar la comprensión de las diferencias culturales. Esto se refleja en el apoyo del Gobierno a la restauración de las actividades culturales de los grupos étnicos, las actividades de promoción de las culturas locales, la creación de un museo local para los grupos étnicos y la conservación de la sabiduría y las lenguas locales.
90. El artículo 70 de la Constitución establece que “el Estado promoverá y proporcionará protección a los diferentes grupos étnicos para garantizar su derecho a vivir en sociedad de acuerdo con la cultura, las costumbres y las formas de vida tradicionales de manera voluntaria, pacífica y sin interferencias [...]”. El Gobierno atribuye importancia a la promoción de los derechos culturales de los grupos étnicos, no solo porque promueve la identidad étnica en una sociedad multicultural, sino porque es un mecanismo importante para fomentar la seguridad nacional, al reducir los prejuicios culturales y crear una sociedad que se adhiera a la diversidad cultural.
91. El Centro de Antropología Sirindhorn (organismo público), dependiente del Ministerio de Cultura, ha redactado la Ley de Protección y Promoción del Modo de Vida de los Grupos Étnicos, E. B., como mecanismo para garantizar que los grupos étnicos disfruten de los derechos básicos sin discriminación. Esto seguirá adelante mediante el establecimiento de principios y directrices para la protección de los grupos étnicos, así como la creación de un sistema claro y eficaz de participación. El proyecto de ley contiene los siguientes principios importantes: protección de los derechos culturales, fomento de la capacidad de los grupos étnicos e igualdad frente a las diferencias étnicas.
92. El proyecto de ley tuvo al menos diez audiencias más entre abril y junio de 2021, y está previsto que se presente al Consejo de Ministros en septiembre de 2021 para que lo siga estudiando y se promulgue como ley en 2022.
93. Además, varios organismos gubernamentales están aplicando y revisando conjuntamente los resultados de la aplicación del Plan para Promover la Convivencia en una Sociedad Multicultural en Tailandia 2018-2021. El Plan tiene por objeto promover la convivencia en una sociedad multicultural, fomentar la participación de los diferentes grupos en el desarrollo del país y en la resolución de diversos problemas y situaciones, y promover el conocimiento y la comprensión entre los distintos agentes de la diversa sociedad tailandesa.
Seres humanos y naturaleza (Recomendaciones 56 y 92)
94. Entre 2016 y 2019, el Gobierno estuvo revisando su visión política sobre el aprovechamiento de la tierra y de los bosques para integrar y coordinar mejor los esfuerzos en la gestión de las zonas de conservación. Esto se ha conseguido mediante la conservación y rehabilitación de tierras, así como la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las comunidades locales. Además, se han llevado a cabo varias políticas clave basadas en enfoques centrados en las personas para lograr un equilibrio entre los intereses sociales y económicos y las consideraciones medioambientales. Por ejemplo, se creó el Comité Nacional de Política de Tierras con el objetivo de ocuparse de los problemas de tenencia de la tierra integrando los esfuerzos de diversos organismos, así como de promover la gestión
integral de la tierra, la forestación, la reforestación y el establecimiento de bosques comunitarios.
95. También se realizaron enmiendas muy necesarias a las leyes pertinentes, especialmente la Ley de Conservación y Protección de Animales Salvajes, E. B. 2562 (2019), la Ley de Parques Nacionales, E. B. 2562 (2019), y la Ley de Bosques Comunitarios, E. B. 2562 (2019). Estas leyes contienen ahora nuevas disposiciones que promueven la participación de las comunidades locales y el acceso a la tierra y otros recursos naturales y a la biodiversidad. La Ley Nacional de Reservas Forestales, E. B. 2507 (1964), sigue siendo otra importante medida jurídica para abordar los prolongados problemas de tierras relacionados con los medios de vida y la vivienda de las comunidades locales.
96. El Departamento de Parques Nacionales y Conservación de Fauna y Flora Silvestres también está facultado para examinar las tierras de los parques nacionales, zonas silvestres no cinegéticas destinadas a respaldar el derecho de los lugareños a vivir allí y dedicarse a sus medios de subsistencia por un período de 20 años. Aunque sigue habiendo problemas de integración y coordinación, el Gobierno seguirá esforzándose por mejorar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades locales, lo cual incluye abordar las cuestiones relativas a las medidas coercitivas, las indemnizaciones y los recursos.
97. Con el fin de promover un enfoque participativo en la ordenación de las tierras, el 8 de febrero de 2019 se firmó un Memorando de Entendimiento entre seis organismos competentes, a saber, el Departamento de Parques Nacionales y Conservación de la Fauna y Flora Silvestres, el Departamento Real Forestal, el Departamento de Recursos Marinos y Costeros, el Departamento de Administración Local, la Oficina de Descentralización del Comité de Organización del Gobierno Local y el Instituto de Desarrollo de Organizaciones Comunitarias.
El Memorando de Entendimiento proporciona el marco para un proyecto piloto que incluye actividades como audiencias públicas para apoyar la participación de las partes interesadas, las comunidades afectadas y el público en cuestiones como la determinación, ampliación o revocación de diferentes tipos de zonas forestales o la aportación de información sobre los planes de gestión para las comunidades que viven en ellas. Se anima a los gobiernos locales a gestionar, conservar, mantener y restaurar los recursos naturales, el medio ambiente y la biodiversidad, entre otras cosas mediante la elaboración de planes de prevención y control de incendios forestales.
98. El Memorando de Entendimiento ha designado al Instituto de Desarrollo de Organizaciones Comunitarias como organismo responsable de vincular las necesidades de desarrollo y la resolución de problemas a escala local con las instancias políticas. El Instituto también se encarga de que cada subdistrito disponga de un Mapa Único ampliamente aceptado y de que cada comunidad tenga un sistema que reúna el capital para la población y el grupo de fondos del subdistrito correspondiente. Además, las redes comunitarias han de utilizarse como mecanismo para vincular la resolución de problemas con el desarrollo de la zona. Para ello, el Instituto ha puesto en marcha el proyecto Seguridad de la Vivienda Rural con la comunidad. Entre 2017 y 2021, el Instituto ha puesto en marcha este proyecto en 1.717 subdistritos de todo el país.
Personas LGBTI+
99. El Gobierno da importancia a la promoción y protección de los derechos humanos de las personas LGBTI+, con los siguientes avances importantes:
• Tras cinco años de aplicación, la Ley de Igualdad de Género, E. B. 2558 (2015), está siendo modificada para garantizar una protección y promoción más eficiente de los derechos de todos, incluidas las personas LGBTI+, y para apoyar el trabajo del Comité para la Determinación de la Discriminación Injusta por Motivos de Género.
• La Ley de Uniones Civiles (E. B.) se redactó para permitir a las personas LGBTI+
registrarse como parejas de hecho, lo que les confiere ciertos derechos y prestaciones iguales a los de las parejas casadas según el Código Civil y Comercial. El proyecto de ley promueve el derecho al matrimonio y a la familia y, en la actualidad, el Ministerio de Justicia está revisando el proyecto antes de volver a presentarlo al Gabinete.
• Desde 2019, el Comité para el Empoderamiento de las Familias ha modificado sus definiciones relacionadas con la familia para incluir a las parejas casadas del mismo sexo.
100. En 2019, Tailandia fue testigo de la elección del primer diputado transgénero en la Cámara de Representantes.
Trabajadores migratorios (Recomendaciones 95 y 146 a 149)
101. Tailandia despliega esfuerzos proactivos para garantizar que los trabajadores migratorios puedan acceder a los derechos previstos en las leyes aplicables, desde sus países de origen hasta sus países de destino, incluso durante la repatriación, con el fin de evitar problemas como la servidumbre por deudas y las peores formas de trabajo infantil, de conformidad con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 y las normas internacionales del trabajo.
102. El Gobierno promulgó el Decreto de Emergencia sobre la Gestión del Empleo de Trabajadores Extranjeros, E. B. 2560 (2017), con el fin de hacer cumplir la Ley de Trabajadores Extranjeros, E. B. 2551 (2008), y el Decreto de Emergencia sobre las Normas para Traer a los Trabajadores Migratorios a Trabajar con los Empleadores en el País (núm. 2), E. B. 2561 (2018), mejorando así la eficiencia en la aplicación de las políticas para prevenir la trata de personas con fines laborales. Los Decretos de Emergencia también abarcan la mejora de la regulación laboral, así como la prevención, la protección, la reparación y la coordinación entre los sectores pertinentes para beneficiar a los trabajadores migratorios y a los trabajadores de las industrias pesqueras.
103. Como país de acogida de un gran número de trabajadores migratorios procedentes de los países vecinos, Tailandia ha intentado constantemente ampliar la cooperación con los países de origen sobre la gestión de los trabajadores migratorios a través de Memorandos de Entendimiento con los respectivos países de origen (Camboya, Myanmar, la República Democrática Popular Lao y Vietnam). Estos esfuerzos también están dirigidos a prevenir la explotación de los trabajadores migratorios.
104. En el ámbito de la sanidad pública, el Gobierno tiene una política clara para facilitar el acceso a la sanidad pública a los trabajadores migratorios en situación regular, con los mismos derechos que los trabajadores tailandeses. El Gobierno permite ahora que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior vendan tarjetas de seguro médico a 1.600 baht al año a los trabajadores migratorios con permisos de trabajo válidos en Tailandia.
105. En el contexto de la COVID-19, el Gobierno reconoce además la importancia crítica del acceso a la información para los trabajadores migratorios. Ha desarrollado diferentes mecanismos y canales para que los trabajadores migratorios accedan a la información y presenten quejas en varios idiomas, a través de intérpretes, y ha creado diez centros de asistencia a los trabajadores migrantes que ya han prestado apoyo a unas 17.957 personas en 2020.
106. El 29 de diciembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó una resolución para prorrogar el permiso de estancia de los trabajadores migratorios de tres nacionalidades (Camboya, Myanmar y República Democrática Popular Lao), permitiéndoles seguir trabajando legalmente de forma excepcional debido a una nueva oleada de COVID-19. De acuerdo con la resolución, los trabajadores debían registrarse a través de un sistema en línea antes del 13 de febrero de 2021, y se les permitía trabajar y permanecer en el Reino durante dos años, hasta el 13 de febrero de 2023. Los trabajadores inmigrantes ilegales también pudieron acceder a la asistencia sanitaria para hacerse las pruebas de la COVID-19, contratar un seguro médico y tener acceso a los documentos de identidad. De acuerdo con esta resolución del Consejo de Ministros, ya se han registrado 496.000 inmigrantes.
Personas desplazadas y personas de interés (Recomendación 95)
107. Tailandia tiene una larga experiencia en la gestión de situaciones de afluencia masiva de personas procedentes de países vecinos, especialmente durante la Guerra Fría, en la que más de un millón de desplazados huyeron de la violencia en los países vecinos.
108. Aunque Tailandia no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni su Protocolo de 1967, respeta el principio de no devolución, de acuerdo con su tradición humanitaria y sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
109. En cuanto a los desplazados de Myanmar, Tailandia ha proporcionado refugio a este grupo desde 1984. En la actualidad, unas 81.000 personas siguen alojadas en nueve refugios temporales situados en cuatro provincias fronterizas: Kanchanaburi, Mae Hong Son, Ratchaburi y Tak. Tailandia y Myanmar han establecido conjuntamente grupos de trabajo para examinar la repatriación de este grupo y, desde 2016, 1.039 desplazados de Myanmar han sido repatriados en cuatro ocasiones diferentes. Sin embargo, las devoluciones voluntarias han tenido que ser pospuestas debido a la COVID-19.
110. Tailandia también está prestando asistencia humanitaria a unas 5.000 personas de interés en entornos urbanos (por indicación del ACNUR) que han entrado en el país de forma ilegal.
111. Por último, el Consejo de Ministros aprobó el Reglamento de la Oficina del Primer Ministro sobre un Mecanismo Nacional de Evaluación, E. B. 2562 (2019), que entró en vigor el 22 de junio de 2020. Los organismos competentes están elaborando ahora la normativa correspondiente para poner en marcha el mecanismo nacional de evaluación. Una vez completado, Tailandia dispondrá de un sistema integral para identificar a las personas necesitadas de protección y concederles una condición jurídica y el acceso a los servicios públicos necesarios, permitiéndoles la estancia temporal en el Reino y la búsqueda de soluciones sostenibles. Se trata de un acontecimiento histórico que mejora la actuación de Tailandia en estos temas.
Apátridas (Recomendaciones 97 y 98)
112. Tailandia ha inscrito a 480.549 personas con números de identificación de 13 dígitos en el sistema de registro civil (a 31 de diciembre de 2020) en la categoría de apátridas, lo que garantiza su acceso a los servicios básicos.
113. Hasta la fecha, Tailandia ha concedido la nacionalidad plena a unos 290.000 apátridas, lo que se realizó entre 2017 y 2020 a un ritmo de unas 10.000 personas al año.
114. En cuanto a la cuestión de la reducción de la apatridia de los niños, Tailandia ha promulgado recientemente la Ley del Registro Civil (núm. 3), E. B. 2562 (2019), que autoriza a los funcionarios del registro civil a aceptar la inscripción de los nacimientos de los niños cuyo origen no pueda determinarse o que no puedan mostrar una prueba oficial de la nacionalidad tailandesa. Además, si se demuestra que el niño ha residido en Tailandia de forma continuada durante al menos diez años, ahora tiene derecho a solicitar la nacionalidad tailandesa.
G. Derechos civiles y políticos
Libertad de opinión y de expresión, y libertad de reunión (Recomendaciones 152 a 158, 160 y 161)
115. El Gobierno respeta y protege la libertad de opinión y de expresión, así como la libertad de los medios de comunicación. Estas libertades están consagradas en la Constitución, que da prioridad a la participación del pueblo y de los distintos sectores de la sociedad en la administración del país. Dado que las opiniones pueden ser múltiples, diversas y contrapuestas, el Gobierno vela por que el ejercicio de la libertad de expresión se haga de forma constructiva y adecuada, y no se insulte o calumnie a ninguna persona o institución, ni se perturbe la seguridad nacional, el orden social, la salud pública y la moral pública.
116. En beneficio de la consecución de una sociedad pacífica que incluya a todas las personas, el Gobierno ha fomentado el uso de foros que ofrezcan un espacio para el debate sincero y constructivo y el intercambio de opiniones en relación con la reforma nacional y las enmiendas constitucionales, así como las enmiendas a otras leyes, por parte de todos los sectores de la sociedad, tanto dentro del país como en el extranjero.
117. Tailandia es un país donde el monarca es muy venerado como Jefe de Estado. La Ley de Lesa Majestad, que forma parte del Código Penal, tiene por objeto proteger la seguridad nacional y las instituciones de la sociedad tailandesa. No tiene por objeto restringir los derechos de las personas a la libertad de opinión o de expresión o la libertad de los medios de comunicación, designando un ámbito claro para el ejercicio de estos derechos de manera que no afecte a la seguridad nacional, el orden público y los derechos de los demás.
118. Tomando nota de las preocupaciones planteadas con respecto a esta Ley, las actuaciones relativas a los casos relacionados con ella se han llevado a cabo cuidadosamente y de acuerdo con las garantías procesales. A partir de 2021, varios mecanismos examinan rigurosamente las causas, teniendo en cuenta su impacto en la seguridad nacional y las sensibilidades relacionadas, mientras que también se mantiene un canal para obtener el indulto real.
119. Durante la pandemia de COVID-19, el Gobierno tuvo que declarar el estado de emergencia y aplicar leyes y medidas especiales para dar prioridad a la protección de vidas.
Posteriormente, el 4 de junio de 2020, Tailandia ejerció el derecho a suspender sus obligaciones (artículo 12, sobre la libertad de circulación) en virtud del artículo 4, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Gobierno ha hecho todo lo posible para minimizar el impacto de estas leyes y medidas en el ejercicio de los derechos y libertades de la población. Incluso en este contexto, el pueblo ha podido expresar libremente sus opiniones en la sociedad.
Prohibición de la tortura y las desapariciones forzadas (Recomendaciones 11, 22 a 29, 173 y 174)
120. El proyecto de Ley de Prevención y Supresión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas (E. B.) es un mecanismo clave para mejorar la aplicación de la Convención contra la Tortura y permitir la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, esta última firmada por Tailandia en 2012.
121. En relación con el informe de Tailandia de mitad de período, mientras el proyecto de ley sigue siendo examinado por el Parlamento, el Comité Nacional para la Gestión de los Casos de Tortura y Desaparición Forzada, presidido por el Ministro de Justicia e integrado por representantes de 13 organismos relacionados, sigue desempeñando sus funciones.
122. Con el apoyo de cuatro subcomités (de seguimiento, investigación, reparación, prevención y selección de casos), el Comité se ha esforzado por promover la transparencia en su trabajo incluyendo al ACNUDH y a las organizaciones de la sociedad civil en las visitas a los familiares de las víctimas, y organizando seminarios y talleres para promover la comprensión de la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
123. El Departamento de Protección de Derechos y Libertades ha formado a los agentes del orden y al personal médico acerca de estas Convenciones, así como sobre los Protocolos de Estambul y Minnesota.
H. Administración de justicia (Recomendaciones 135, 178 y 181)
124. El Gobierno atribuye importancia a la administración de justicia y ha promovido sistemáticamente el uso y la adaptación de medidas relacionadas, como el Fondo de Justicia para garantizar que todos los ciudadanos tengan pleno acceso a la asistencia jurídica proporcionada por el Ministerio de Justicia. Esto incluye el coste de la fianza, los abogados, las costas judiciales, los exámenes forenses, así como la asistencia jurídica a los indigentes.
Esta última es proporcionada por la Oficina del Fiscal General e incluye la prestación de asesoramiento jurídico y asistencia durante los procedimientos judiciales.
125. Para atender mejor las necesidades de los ciudadanos, el Ministerio de Justicia se ha esforzado por resolver los obstáculos para acceder al Fondo de Justicia. Para ello, se ha reducido el tiempo dedicado a examinar las solicitudes para el desembolso de la ayuda, y se ha encomendado al Fondo que se reúna más de una vez al mes para revisar las solicitudes.
