Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 11º período de sesiones
Ginebra, 2 a 13 de mayo de 2011
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 15 a) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos
San Vicente y las Granadinas
** El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/11/VCT/1
Asamblea General
Distr. general 17 de febrero de 2011 EspañolOriginal: inglés
I. Introducción y metodología
1. San Vicente y las Granadinas tienen una política de promover, proteger y respetar los derechos humanos fundamentales de todas las personas. El marco legislativo del Estado, que dimana de su Constitución, alienta la protección de los derechos humanos y ofrece a cada persona posibilidades de recurso siempre que se violen o pongan en entredicho sus derechos humanos fundamentales.
2. El Ministerio de Justicia se encargó de coordinar las reuniones con los departamentos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) pertinentes para elaborar el presente informe.
II. Antecedentes del país
3. El país está situado en el Caribe oriental, en el extremo meridional de las islas de Barlovento, y forma un archipiélago en el que San Vicente es la isla de mayor tamaño y las Granadinas de menores dimensiones, comprenden Bequia, Mustique, Canouan, Mayreau, Union Island, Palm Island, Petit Saint Vincent y varios islotes pequeños.
4. San Vicente y las Granadinas tienen una superficie aproximada de 384 km2 y su población es de 111.380 habitantes. El país consiguió la independencia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 27 de octubre de 1979, a partir de lo cual instituyó una democracia parlamentaria siguiendo el modelo de Westminster y forma parte del Commonwealth. La Asamblea Legislativa es un Parlamento unicameral con 15 miembros elegidos y 6 senadores nombrados. La legislatura dura cinco años a partir de la fecha de la primera sesión que celebra la Asamblea tras haber sido disuelta. El Gobernador General nombra a los senadores, 4 a propuesta del Primer Ministro y 2 a propuesta del líder de la oposición.
5. El sistema jurídico se basa en el common law inglés y las leyes aprobadas. Hay 11 tribunales en 3 distritos judiciales. El Tribunal Supremo del Caribe oriental (San Vicente y las Granadinas) está compuesto por el Tribunal de Apelaciones y un Tribunal Superior de Justicia. Las decisiones adoptadas por el Tribunal en un procedimiento iniciado en San Vicente y las Granadinas se pueden recurrir ante el Consejo Privado de la Reina en los casos establecidos en la Constitución del Estado o en virtud de ésta. El país reconoce la competencia original del Tribunal de Justicia del Caribe respecto de la interpretación y aplicación del Tratado Revisado de Chaguaramas, por el que se constituyó la Comunidad del Caribe.
A. Constitución
6. La Constitución de San Vicente y las Granadinas, que entró en vigor en 1979, es la ley suprema del país y prevalece sobre cualquier otra ley que no se ajuste a ella, por lo que esta última será nula en lo tocante a la incompatibilidad de que se trate.
7. El 25 de noviembre de 2009, se celebró en el país un referendo destinado a aprobar un proyecto de ley para dotar a San Vicente y las Granadinas de una nueva Constitución, pero sólo el 43,13% de los votantes apoyaron dicho proyecto de ley, cuya aprobación requería, como mínimo, dos tercios de todos los votos válidos emitidos. Se trató del primer referendo de este tipo que celebraba un miembro de la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO).
8. El capítulo 1 de la Constitución de 1979 trata de los derechos y las libertades fundamentales del individuo y garantiza la protección del derecho a la vida, a la libertad de la persona, a la libertad de conciencia, de expresión, de reunión y de asociación, así como a la libertad de circulación. Asimismo, protege frente a la esclavitud y el trabajo forzado, el trato inhumano, la privación de propiedad, el registro personal o domiciliario arbitrario, y la discriminación por razón del sexo, la raza, el lugar de origen, la opinión política, el color o el credo, y garantiza la protección de la ley, incluido el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. La Constitución establece también disposiciones de protección al afirmar que, si una persona alega que sus derechos y libertades fundamentales han sido, están siendo o es posible que sean violados, puede recurrir ante el Tribunal Superior.
B. Legislación
9. Entre las disposiciones legislativas promulgadas para asegurar la buena gobernanza y regular y mejorar la vida de los habitantes del país se incluyen las siguientes:
a) Ley sobre los productos agrícolas y la ganadería (prevención del robo), de 20071;
b) Ley del sector bananero, de 20092; c) Ley de banca, de 20063;
d) Ley sobre la Comunidad del Caribe, de 20054;
e) Ley sobre la Corporación encargada del desarrollo del carnaval, de 20025; f) Ley de propiedad intelectual, de 20036;
g) Ley sobre la violencia doméstica y las actuaciones relativas al matrimonio, cap. 1657;
h) Ley de actuaciones sumarias en relación con la violencia doméstica, de 19958;
i) Ley de estupefacientes (prevención y uso indebido), cap. 2199;
j) Ley de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, de 199310; k) Ley de educación, de 1992 (revisada en 2006)11;
l) Ley de servicios de salud ambiental, de 199112; m) Ley sobre la igualdad de remuneración, de 199413; n) Ley de intercambio de información, de 200814;
o) Ley de la Dependencia de inteligencia financiera, de 200115; p) Ley sobre la libertad de información, de 200316;
q) Ley sobre la reforma legislativa, de 200917;
r) Ley sobre los bienes de las mujeres casadas, cap. 17518; s) Ley de asistencia recíproca en asuntos penales, de 199319; t) Ley de parques nacionales, de 200220;
u) Ley de títulos de propiedad, de 200421;
v) Ley del producto del delito y de prevención del blanqueo de capitales, de 200122;
w) Ley de protección del empleo, de 200323;
x) Ley de asistencia pública, capítulo 231 de la revisión de 199024;
y) Ley sobre los funcionarios públicos (condiciones de empleo), cap. 20825; z) Ley de protección de los funcionarios públicos, cap. 20926;
aa) Ley sobre el Sistema de Seguridad Regional, de 200527;
bb) Ley de reconocimiento de los divorcios y las separaciones legales, cap. 17828; cc) Ley de rehabilitación de los delincuentes, de 200929.
III. Promoción y protección de los derechos humanos
A. Vivienda
10. La Corporación de desarrollo territorial y de la vivienda es una entidad legal que se encarga de la planificación y el desarrollo territorial y de la vivienda con fines residenciales y comunitarios. Tiene como misión ayudar al Gobierno de San Vicente y las Granadinas a proporcionar viviendas asequibles a la población de todo el país y, al mimo tiempo, llevar a cabo las tareas de desarrollo concebidas estratégicamente para asegurar su sostenibilidad y validez en su calidad de organismo legal.
11. La Corporación ha llevado a cabo un proyecto con asentamientos precarios a fin ocuparse de las necesidades de infraestructura y de las cuestiones relativas al catastro y a la propiedad de las tierras de muchas personas desfavorecidas económicamente.
12. El programa de viviendas para el grupo de personas vulnerables y sin ingresos (que ganan entre 0 y 750 dólares al mes), de bajos ingresos y de ingresos medianos, iniciado en 2003, ha mejorado las condiciones de vida de cientos de familias del país. Se han construido más de 521 viviendas para familias con bajos ingresos y 14 viviendas para familias con ingresos medianos.
13. Se ha hecho hincapié en el programa de viviendas para familias sin ingresos, que trata de satisfacer las necesidades de alojamiento de las personas cuyo nivel de ingresos mensuales no excede de 700 dólares y que tienen dificultades para acceder a créditos de las instituciones financieras destinados a construir o renovar sus viviendas. Se trata del primer programa de este tipo en la historia de San Vicente y las Granadinas, y cientos de familias del país pueden beneficiarse de él.
B. Educación
14. La actual administración considera que la educación es fundamental para la vida y la producción, por lo que San Vicente y las Granadinas están llevando a cabo actualmente una revolución educativa a todos los niveles.
15. El país es signatario de iniciativas para promover la igualdad en la educación, entre las que se cuentan la Convención sobre los Derechos del Niño (1990), que destaca el derecho básico de todo niño a la igualdad de oportunidades en la educación primaria, y el Marco de Acción de Dakar (2000) de Educación para Todos, en el que se afirma que las escuelas deben aceptar a todos los niños independientemente de su condición física, intelectual, social, emocional, lingüística o de otra índole.
16. La Ley de educación, de 1992, establece el sistema de educación oficial de San Vicente y las Granadinas, y es el principal instrumento que rige, organiza, administra y
regula la educación en el Estado. En virtud de esa ley, se dispuso por primera vez la educación obligatoria y la educación para los niños con necesidades especiales.
17. La política de educación de 1995 articula la lógica y el fundamento filosófico del desarrollo educativo del país. La filosofía educativa del Estado se basa en la convicción de que todo niño tiene derecho a la educación y capacidad de aprender.
18. El país reconoce que una educación adecuada en la primera infancia puede reducir al mínimo las desigualdades entre los niños cuando acceden al sistema de educación oficial y ha reglamentado por ley dicha educación mediante, entre otras cosas, la autorización de escuelas para la educación en la primera infancia, cuyo funcionamiento está actualmente en manos de organismos privados.
19. A fin de ofrecer un mayor acceso a la educación preescolar, el Estado está invirtiendo en centros de educación de la primera infancia, de propiedad y funcionamiento privados, para mejorar las instalaciones y asegurar la calidad y la igualdad en ese nivel de educación. Además, está construyendo centros de educación de la primera infancia, de los que tiene proyectados ocho, en nuevas escuelas de educación primaria. Esas medidas facilitarán la transición de la educación preescolar a la primaria y los centros mencionados acogerán a todos los estudiantes, incluidos los que sufran discapacidades físicas.
20. Antes de que gobernara el Partido Laborista de Unidad, la educación se caracterizaba en general por la desigualdad, contra la que el Gobierno decidió luchar, por lo que en 2005 introdujo el acceso universal a la enseñanza secundaria. En 2010, 2.161 candidatos se presentaron al examen común de entrada, de los que el 57,6% alcanzaron el nivel exigido, lo que constituyó una considerable mejora si se compara con el porcentaje de entre el 35% y el 40% que aprobaba antes de 2001.
21. El país está decidido a lograr la igualdad entre todas las personas y procura ofrecer el mismo acceso a todos los estudiantes según su capacidad y sus necesidades individuales.
Gracias a la creación de escuelas en lugares que antes carecían de ellas, para dar servicio a los estudiantes de las zonas rurales, y a la introducción de la educación básica universal gratuita, ha aumentado el acceso a la enseñanza secundaria. A fin de acoger a las personas con discapacidad física, se están construyendo rampas en las escuelas a las que asisten dichos niños y que no tenían fácil acceso para las sillas de ruedas. Las escuelas de nueva construcción se diseñan ya totalmente accesibles para estudiantes con discapacidad.
22. San Vicente y las Granadinas cuentan con un programa nacional de préstamos a estudiantes, cuyo objetivo es conceder préstamos a los jóvenes que desean proseguir los estudios, de los cuales se espera que, tras su finalización, contribuyan al desarrollo económico y social del Estado.
23. En 2002 el Gobierno decidió destinar una parte de los fondos de dicho programa de préstamos a ayudar al sector más pobre de la población. Los principales beneficiarios de este programa son las personas que tienen capacidad pero carecen de los recursos financieros y de otro tipo necesarios para recibir asistencia en el marco del plan general de préstamos a estudiantes. Los alumnos que reciben préstamos con arreglo a este programa deben firmar un bono por el valor del préstamo, de manera que éste queda asegurado por el Gobierno de San Vicente y las Granadinas.
24. Además, la cruzada de alfabetización de adultos, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y el programa de educación de adultos han reducido notablemente el porcentaje de analfabetismo funcional.
C. Seguridad social
25. El país ha aplicado numerosos planes para mejorar las condiciones de vida de su población, entre los que figuran:
a) Un fondo de reducción de la pobreza establecido en el seno del Ministerio de Agricultura, Transformación Rural, Silvicultura y Pesca, que permite a los agricultores hacer frente a la reducción de la población de banano.
b) Un programa de recuperación social en el Ministerio de Desarrollo Social por el que se dedican fondos a concretar y apoyar iniciativas de desarrollo social y comunitario.
c) El proyecto de fondo fiduciario para necesidades básicas, un programa regional patrocinado y gestionado por el Banco de Desarrollo del Caribe, que lleva funcionando dos decenios. El programa ayuda a comunidades de bajos ingresos, mejorando su acceso a los servicios públicos mediante la creación de una infraestructura social y económica y el desarrollo de capacidades para mejorar sus posibilidades de empleo.
d) Ayuda a domicilio para ancianos, proyecto concebido no sólo para ayudar a los ancianos indigentes y reducir las consecuencias de la pobreza en ese sector de población, sino también como medio de creación de empleo para las personas que prestan la asistencia a domicilio, que comprende desde limpiar y cocinar hasta bañarlos y hacer recados.
e) Programa de red de seguridad social, por el que se presta asistencia pública, por ejemplo, comprando materiales para personas indigentes. La ayuda también puede ofrecerse mediante el pago de uniformes, transporte, tasas de examen y comidas para estudiantes sin recursos. Además, la División de servicios para las familias presta mensualmente una ayuda monetaria de 200 dólares a más de 6.000 personas mayores de 64 años. También se ayuda a los ancianos mediante subsidios de transporte y reducciones en sus facturas de agua y electricidad, gracias a la colaboración con el organismo central de agua y saneamiento y los servicios de electricidad de San Vicente.
f) Plan de préstamos para libros, por el que se proporcionan a los estudiantes de enseñanza secundaria todos los libros de texto al precio de 50 dólares del Caribe oriental por curso escolar.
g) Programa de capacitación profesional, una iniciativa que patrocina el Gobierno por la que se capacita a jóvenes en materias no académicas a fin de prepararles para encontrar empleo. Dichas materias incluyen carpintería, alfarería, artesanía, soldadura y fontanería. Asimismo, se prepara a las personas para que adopten una actitud positiva ante el trabajo.
h) Programa de rehabilitación de niños de la calle, por el que niños que viven o trabajan en la calle o que corren el riesgo de hacerlo son devueltos a sus escuelas.
Asimismo, se presta asistencia y se imparte capacitación a los padres para que cuiden de esos niños.
i) El Gobierno financia el regreso de las madres adolescentes a la escuela mediante el pago de las tasas, la compra de libros, y la provisión de transporte y de servicios de guardería para sus bebés. Gracias al éxito obtenido, este programa se ha convertido en una de las mejores prácticas regionales del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Entre tanto, está previsto ampliarlo para prestar servicios de apoyo a jóvenes padres, a fin de prepararlos mejor para desempeñar sus funciones de paternidad.
j) Servicios nacionales de seguros (NIS). El principal objetivo de este programa de seguridad social es ofrecer prestaciones a largo plazo para ayudar a las personas tras su
jubilación. Su antecesor, el Fondo de previsión nacional, se había creado en enero de 1970 en virtud de la Ley Nº 1, de 1970, y los Servicios de seguros nacionales empezaron a funcionar el 5 de enero de 1987 en virtud de la Ley Nº 33, de 1986. Entre sus propósitos estratégicos figura el de administrar el programa de seguridad social con el fin de reducir la pobreza y aumentar el nivel de vida en San Vicente y las Granadinas.
Uno de los programas de asistencia social incluidos en los NIS es el de pensiones no contributivas de asistencia a la vejez, que proporciona ingresos a los ancianos más necesitados. Este programa concede prestaciones monetarias a una gran cantidad de personas que reúnen ciertas condiciones específicas asociadas a determinadas categorías de necesidad. En general, se comprueban los medios de vida, los ingresos y los bienes de las personas para determinar si pueden o no ser beneficiarias del programa.
Desde 1995 los NIS han dedicado aproximadamente 7,1 millones de dólares del Caribe oriental a préstamos para estudiantes, un sistema que se está transfiriendo gradualmente al National Commercial Bank (SVG) Ltd., si bien los NIS mantienen su compromiso de completar los servicios prestados a los estudiantes que estaban acogidos anteriormente al plan de préstamos.
D. Igualdad entre los géneros y empoderamiento de la mujer
26. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas se comprometió en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe a cumplir su obligación de adoptar el esbozo del Consenso de Quito y promover su aplicación, y sigue reforzando sus instituciones, programas y asociaciones de colaboración como catalizadores del cambio económico y el progreso social.
27. El Gobierno cumple las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979); la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953); el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000); y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención de Belém do Pará" (1994).
28. La creación en 2001 del Departamento de asuntos de género repercutió de manera importante y positiva en la forma de considerar las cuestiones relativas al género.
29. En el artículo 13 de la Constitución del Estado se prohíbe de manera general la discriminación por razón del sexo y en su sección 16 se garantiza la protección de los tribunales frente a la violación de cualquier derecho constitucional. Esta sección garantiza también el derecho a interponer una demanda judicial por la violación de los derechos fundamentales de cualquier persona. Ninguna mujer de San Vicente y las Granadinas ha denunciado hasta la fecha una supuesta discriminación con arreglo a la Constitución. Se han promulgado leyes para ofrecer reparación a las mujeres que viven situaciones específicas en las que se produce discriminación, y el mejor ejemplo al respecto es la licencia por maternidad.
30. La Constitución prohíbe la discriminación por razón del sexo y entre las medidas que se han adoptado para aplicar esa prohibición en la práctica se cuenta la prestación de servicios de apoyo a las mujeres que se consideran víctimas de discriminación. La División de asuntos de género ofrece información y capacitación a las mujeres y al público en general sobre cuestiones relacionadas con el género.
31. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas formuló una política nacional de población y estableció una Dependencia de políticas demográficas en la División central de
planificación. A partir de ahí, se elaboró un marco integral de planificación social, cuyo plan de acción está a cargo del Comité Interministerial de desarrollo social. Un elemento central del mandato del Comité es el logro de la igualdad entre los géneros.
32. La constitución del Tribunal de Familia en 1992 y del Comité Nacional de los derechos del niño creó el marco propicio necesario para aplicar la legislación en lo que concierne a asegurar la igualdad de género con arreglo a la ley. Revistió especial importancia la aprobación en 1998 de la Ley sobre la violencia doméstica, en la que se están introduciendo nuevas modificaciones para proteger los derechos de las mujeres y las niñas y para proteger a los niños frente a la explotación sexual.
33. Las autoridades e instituciones públicas de San Vicente y las Granadinas se rigen por el mandato que les otorgan las leyes, aprobadas por el Parlamento. En general, los miembros de la población son tratados por igual, independientemente de su género, y en algunos casos se trata a las mujeres con mayor cortesía que a los hombres.
34. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y el apoyo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, ha adoptado medidas para incrementar la rendición de cuentas del Estado y las actividades comunitarias con el objetivo de poner fin a la violencia sexista.
35. Las medidas para hacer frente a esas cuestiones se aplican en virtud de la Ley sobre el Tribunal de Familia, de 1992. Este Tribunal proporciona un entorno no combativo en el que se hace hincapié no en la sanción sino en el papel de los servicios de apoyo social, si bien las mujeres pueden solicitar directamente al Tribunal vías de reparación para proteger sus derechos en los ámbitos en que hayan sufrido discriminación en el contexto de una ley concreta.
36. El Gobierno también ha satisfecho la necesidad de un centro de crisis, en colaboración con el Comité de los derechos del niño, la División de asuntos de la familia y el Consejo Nacional de la mujer.
37. Asimismo, ha prestado especial interés a la seguridad de todos los ciudadanos, por lo que la labor de la División de asuntos de género se ocupa de los malos tratos infligidos a mujeres y niñas y de sus causas. La violencia y los delitos cometidos contra las mujeres y las niñas siguen siendo un motivo de gran preocupación para la administración.
38. Puesto que reconoce que la igualdad en la adopción de decisiones es fundamental para el empoderamiento de la mujer, el Gobierno de San Vicente y las Granadinas intenta promover la participación plena y activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y considera que el mejor modo de lograrlo es utilizar un enfoque educativo en colaboración con la sociedad civil.
39. Prueba del firme compromiso del Gobierno del país de adoptar medidas ilustrativas al respecto es el hecho de que se haya nombrado a más mujeres para ocupar cargos públicos en el plano nacional.
40. Desde marzo de 2001 se ha nombrado a un número extraordinariamente alto de mujeres para ocupar importantes cargos públicos, por ejemplo la Fiscal General y la Viceprimera Ministra. El Tribunal de Familia, que se ocupa de muchas cuestiones relacionadas con el género, está presidido por una mujer y son mujeres también uno de los dos jueces del Tribunal Superior, la Secretaria de este Tribunal y la Vicegobernadora General, por lo que el país cuenta con una administración y un liderazgo en los altos niveles de la vida pública que tienen en cuenta las cuestiones de género. Esas mujeres influyen en los programas y contribuyen a cambiar la cultura de la mujer en la política y los niveles directivos.
41. Asimismo, el Gobierno ha apoyado a nivel nacional e interregional la creación de un instituto virtual sobre la mujer en la política, llamado Instituto del Caribe sobre la mujer en funciones de liderazgo.
42. Además, por lo que se refiere a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, el país es el primer miembro de la OECO que emprende la realización de un estudio experimental sobre la igualdad entre hombres y mujeres en relación con la elaboración de presupuestos y la asignación de recursos públicos con una perspectiva de género.
E. Derechos del niño
43. La responsabilidad primordial de los padres es proteger los derechos de sus hijos pero, si no son capaces de cumplir su obligación, el Gobierno se ha comprometido, mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, a apoyarlos en esa tarea o, en algunos casos, a asumir dicha responsabilidad.
44. La Ley de actuaciones sumarias en relación con la violencia doméstica proporciona un marco jurídico para la protección de la infancia, y el Departamento de servicios para la familia es la entidad gubernamental responsable de supervisar y proteger el bienestar de los niños.
45. Desde 1997 San Vicente y las Granadinas han celebrado cada año en abril el mes para la prevención del maltrato infantil, durante el que se realizan actividades dedicadas a divulgar la necesidad de prevenir dicho maltrato. Al frente de este programa se sitúa el Departamento de bienestar social. En mayo se celebra cada año el mes del niño y se realizan fundamentalmente actividades relacionadas con la infancia.
46. Los servicios de salud prestan atención médica gratuita a los niños menores de 17 años. Un programa de salud escolar abarca todas las escuelas de enseñanza preescolar y primaria, e incluye la detección y el tratamiento de problemas de salud ordinarios, la inmunización y el asesoramiento. El país ha logrado la inmunización de prácticamente el 100% de los niños y los servicios de salud comunitarios, a través de los centros de salud, prestan una atención antes y después del parto que comprende todos los aspectos de la salud materna e infantil.
47. El Gobierno ha puesto en marcha programas integrales para luchar contra el VIH/SIDA y la transmisión de la enfermedad de madres a hijos. Los porcentajes de alfabetización y de escolarización en la enseñanza primaria son elevados. Se está llevando a cabo una amplia revolución del bienestar para luchar contra distintas enfermedades evitables producidas por el estilo de vida, y para promover la salud y la nutrición infantiles.
48. El Gobierno contribuye notablemente a financiar los libros de texto y las comidas escolares en la enseñanza primaria mediante sus programas de préstamos para libros y para alimentación escolar, y ha ampliado de manera extraordinaria el acceso de los estudiantes a becas, ayudas y préstamos para cursar una educación superior.
49. Con arreglo a las leyes de San Vicente y las Granadinas, no se ejerce discriminación contra un niño en función de los bienes que poseen sus padres o sus tutores legales30. 50. Además tampoco se ejerce discriminación contra un niño por razón de la discapacidad de sus padres o tutores legales, si bien es difícil prestar servicios de, por ejemplo, educación y atención de la salud a niños con determinados tipos de discapacidad cuando ésta les impide asistir a las instituciones disponibles destinadas a tal fin.
F. Personas con discapacidad
51. El Gobierno cumple las leyes y prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad física o mental en el empleo, la educación, la atención de la salud y la prestación de otros servicios públicos, y, si bien la ley no obliga a crear en los edificios accesos para las personas con discapacidad, se ha comprometido a construirlos en los lugares en que ello sea posible.
52. El Gobierno apoya una escuela para personas con discapacidad, personas de cuya asistencia se ocupa el Ministerio de Desarrollo Social. La dedicación del Gobierno al respecto queda patente en el hecho de que San Vicente y las Granadinas fueron el 96º país que ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el 29 de octubre de 2010. El Estado fue incluso más allá y ratificó el Protocolo facultativo, que otorga a los ciudadanos vías adicionales para reclamar justicia si se agotan todos los recursos jurídicos del país. Entre los derechos contemplados en ese tratado figuran el derecho a protección frente al maltrato, la violencia y la tortura; el derecho a vivir en la comunidad, en la propia familia, sin ser ingresado en una institución contra la propia voluntad; el derecho a tener acceso a la educación, el transporte y otros servicios públicos;
el derecho a acceder a la información y la comunicación, incluso a través de la lengua de señas o Braille; el derecho al empleo y a un nivel de vida digno; y el derecho a acceder a la justicia social.
G. Derechos de los trabajadores
53. En San Vicente y las Granadinas los trabajadores pueden crear sindicatos y pertenecer al de su elección sin necesidad de autorización previa. El Gobierno mantiene buenas relaciones con los sindicatos existentes y con la Federación de empleadores, promueve el diálogo social con los sindicatos de trabajadores y celebra reuniones periódicas del Consejo de concertación social, en las que participan trabajadores, gestores y el Gobierno para solucionar conjuntamente los problemas de gestión laboral.
54. La ley dispone el derecho a la huelga, pero la Ley de servicios esenciales31 prohíbe que hagan uso de ese derecho las personas que prestan dichos servicios (electricidad, agua, hospitales y policía), a no ser que avisen a las autoridades con 14 días de antelación. La ley prohíbe también que se tomen represalias contra los huelguistas, lo que se aplica de manera efectiva.
55. La ley prevé igualmente el establecimiento de un tribunal de arbitraje y de una junta de investigación en relación con los conflictos laborales, y dispone la solución de dichos conflictos. Los grupos encargados del arbitraje se constituyen para cada caso particular cuando surge un conflicto laboral y no se limitan a las controversias que incumben a los trabajadores de servicios esenciales. Se permite que los sindicatos organicen y negocien convenios colectivos, y el Gobierno protege esos derechos. La ley establece que, si ambas partes convienen en el arbitraje, el Ministro de Trabajo puede nombrar un comité de arbitraje del sector privado para ocuparse del asunto.
56. No se puede despedir de manera sumaria a los trabajadores sin concederles una indemnización y, si el despido es improcedente, hay que readmitir al trabajador o concederle una indemnización por cesantía. La ley protege a los trabajadores frente al despido por participar en actividades sindicales, y contempla su derecho a la readmisión si son despedidos de manera improcedente.
57. San Vicente y las Granadinas forman parte del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y han ratificado los siguientes convenios:
a) Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (Nº 11);
b) Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (Nº 12);
c) Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921 (Nº 16);
d) Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes de trabajo), 1925 (Nº 19);
e) Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (Nº 26);
f) Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (Nº 29);
g) Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (Nº 81);
h) Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (Nº 87);
i) Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (Nº 94);
j) Convenio sobre la protección del salario, 1949 (Nº 95);
k) Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (Nº 98);
l) Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (Nº 100);
m) Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (Nº 101);
n) Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (Nº 105);
o) Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006;
p) Convenio sobre la política del empleo, 1964 (Nº 122);
q) Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (Nº 129);
r) Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (Nº 144).
H. Los garífunas
58. Con el apoyo del Gobierno, se creó en julio de 2001 la Fundación para el patrimonio garífuna a fin de promover el patrimonio cultural de ese pueblo en San Vicente y las Granadinas y en la diáspora. Es en este país donde surgió la nación garífuna, ya que es donde se produjo la unión del pueblo africano con los pueblos amerindios arawak y kalinago que dio lugar a los garífunas, conocidos anteriormente como "Black Caribs".
59. La Fundación desempeña un papel de liderazgo, y presta apoyo en el proceso de renacimiento y desarrollo de la cultura garífuna en San Vicente y las Granadinas.
Asimismo, ha elaborado un programa internacional para que se reconozca el hecho de que todas las comunidades garífunas del mundo consideran San Vicente y las Granadinas como la madre patria ancestral y la cuna de su cultura.
60. La labor de la Fundación consiste en la realización de programas de educación y capacitación públicas, promoción, sensibilización de la opinión pública y desarrollo económico, que tienen como objetivo lograr que los jóvenes de las comunidades garífunas y los de otras partes del país participen en el desarrollo y la promoción del patrimonio y la cultura garífunas.
I. Buena gobernanza
61. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas considera que la buena gobernanza se basa en el mantenimiento y la promoción de los derechos y las libertades fundamentales consagrados en la Constitución; la participación activa de la población y el control democrático de las instituciones de gobierno; el mantenimiento y la consolidación de la independencia y la competencia del poder judicial; el inicio de una lucha incesante contra la corrupción de los funcionarios y la promoción de un sistema de gobierno basado en un juego político limpio; el incremento de la rendición de cuentas y la eficiencia de la administración; la potenciación de los derechos de las personas en general y la creación de una auténtica asociación de cooperación entre la administración y la sociedad civil; y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Gobierno en la multifacética lucha contra el terrorismo, la delincuencia internacional y el blanqueo de capitales.
62. Recientemente se han adoptado una serie de iniciativas de "buena gobernanza", entre las que se cuentan las siguientes:
• La celebración de reuniones frecuentes del Parlamento y la mejora de la labor de ese órgano legislativo;
• Las retransmisiones en directo de las reuniones del Parlamento a través de la radio y la televisión;
• La garantía de que el proceso de licitación de los contratos públicos sea totalmente transparente y se realice sin interferencias políticas;
• El establecimiento de un consejo nacional de desarrollo económico y social que integra a todos los principales grupos de interés, partidos políticos y funcionarios públicos para hacer frente de manera amplia a todas las cuestiones importantes que afectan a la macroeconomía y a la sociedad;
• El establecimiento de un comité tripartito sobre la economía, compuesto en partes iguales por representantes del sector privado, los sindicatos y la administración, para examinar las cuestiones relativas al empleo, las inversiones, la productividad, los sueldos y salarios, y los precios, y para buscar soluciones al respecto;
• La adhesión a la Convención de la Organización de los Estados Americanos sobre la corrupción oficial;
• La formulación de legislación sobre "la integridad" de los miembros del Parlamento y los altos funcionarios públicos;
• La instauración de medidas prácticas de rendición de cuentas en la administración del Estado para poner fin a la corrupción y el derroche;
• La formulación de legislación sobre muchos asuntos relativos a la lucha contra el terrorismo, incluida la financiación de éste;
• La plena cooperación con gobiernos que aportan financiación y con organismos internacionales sobre una gran cantidad de medidas relativas a la gobernanza;
• La aprobación del Acuerdo de Cotonú;
• La aprobación de mociones parlamentarias en el proceso de reforma constitucional y de reinstauración de la administración local;
• El refuerzo, junto con otros países de la OECO, del poder judicial.
IV. Logros, prioridades y dificultades
A. Reducción de la pobreza
63. El Gobierno se ha comprometido a luchar contra la pobreza en todas sus dimensiones. Sus objetivos son maximizar el potencial económico del país a fin de lograr un mayor crecimiento sostenible, erradicar la pobreza, reducir el desempleo y mejorar el bienestar general de la población, todo ello en el contexto de un mayor fomento de la buena gobernanza.
64. Los diversos programas e iniciativas que el Gobierno ha puesto en marcha en los últimos nueve años para luchar contra la pobreza han estado impulsados por la determinación de acabar con esa lacra y se han inspirado en un documento provisional de estrategia de lucha contra la pobreza cuidadosamente elaborado. Este ha sido el modelo que ha guiado todas las iniciativas de lucha contra la pobreza emprendidas hasta la fecha.
65. Asimismo, el Gobierno ha puesto en marcha iniciativas especiales para hacer frente a la pobreza. Se estableció un fondo de reducción de la pobreza en el seno del Ministerio de Agricultura, Transformación Rural, Silvicultura y Pesca que permite a los agricultores hacer frente a la decadencia de la industria del banano. El Ministerio de Movilización Nacional, Desarrollo Social, Asuntos de la Familia, Personas con Discapacidad, Juventud, Deportes y Cultura también ha asignado fondos para el desarrollo de un programa de recuperación social, destinado a diseñar y respaldar iniciativas sociales y de desarrollo de la comunidad. El programa de viviendas para personas con bajos ingresos que está aplicando el Ministerio de la Vivienda, Asentamientos Humanos Precarios, Planificación Física, Tierras y Catastro también contribuye a aliviar la pobreza.
66. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas, consciente de la necesidad de establecer un marco de política social para desarrollar políticas y estrategias claras y coherentes centradas en la reducción de la pobreza, asignó la responsabilidad del establecimiento de un marco para la reducción de la pobreza al Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social (NESDC), integrado por representantes de una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de categoría superior. El NESDC creó un Grupo de Trabajo para la reducción de la pobreza encargado de elaborar una estrategia de reducción de la pobreza para San Vicente y las Granadinas.
67. Los componentes esenciales de la iniciativa y las estrategias nacionales para la reducción de la pobreza se centran, entre otros, en los objetivos siguientes:
a) Formular políticas efectivas para estimular el crecimiento, el comercio y la inversión a través de:
• La mejora del entorno macroeconómico;
• La expansión y la diversificación de las fuentes de crecimiento económico, como la agricultura, la pesca y el turismo;
• La promoción de las inversiones y la reducción de la pobreza;
• La facilitación del crédito y el apoyo a pequeñas empresas y microempresas, en reconocimiento del importante papel que desempeñan para promover el desarrollo económico sostenible y contribuir a la reducción de la pobreza;
• El acceso al capital improductivo; la búsqueda de una solución razonable para la situación de los ocupantes ilegales (por capital improductivo se entiende la tierra, los bienes y otros activos cuyos títulos de propiedad no están registrados oficialmente y,
por lo tanto, no pueden ser utilizados de manera eficiente y eficaz en pro del desarrollo económico);
• La mejora de la distribución de los ingresos (la mala distribución de la riqueza genera desigualdades en la sociedad);
• El fomento de la ordenación de los recursos naturales (puesto que la sostenibilidad del medio ambiente se considera un componente esencial de las estrategias de reducción de la pobreza);
• La promoción del desarrollo rural (la mayor parte de los pobres se concentra en la zona rural y donde existen más recursos naturales y oportunidades para la agricultura);
• El fortalecimiento de la capacidad para generar mejores datos y análisis, y para formular y ejecutar políticas.
b) Aumentar/generar oportunidades de empleo apoyando la creación de puestos de trabajo en los sectores del turismo, la agricultura y las microempresas, así como en el sector informal.
c) Incrementar y mejorar la inversión en capital humano, particularmente en los ámbitos siguientes:
• Educación. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas estima que el nivel de educación es uno de los principales indicadores de pobreza, y es consciente de que, para satisfacer las demandas de aumento de la productividad y de diversificación de la economía, es preciso contar con una población capacitada. El Gobierno considera la educación, en primer lugar, como una institución social indispensable para obtener una producción de calidad y alcanzar el orden, el progreso, la reducción de la pobreza y el desarrollo de las personas y la sociedad. A ese respecto, encomendó al Ministerio de Educación la elaboración del Plan de Desarrollo del sector de la educación. Este Plan es el resultado de amplios debates y consultas mantenidos con una amplia gama de partes interesadas que trabajan en dicho sector en todo el territorio nacional y tiene por objeto proporcionar orientación general para el desarrollo de la educación en San Vicente y las Granadinas. El Gobierno reconoce asimismo que la educación de calidad contribuye a aumentar las posibilidades de empleo. Por tanto, los programas tienen como objetivo reforzar el sistema preescolar, impartir educación para adultos, apoyar las estrategias de enseñanza obligatoria, estudiar las posibilidades de un enfoque gradual de la enseñanza obligatoria, impartir formación técnica y profesional a los jóvenes y reintroducir los programas de ciencias agrícolas en las escuelas.
• Salud. La mayoría de programas están dirigidos a las personas pobres porque éste es el grupo que corre mayor riesgo de padecer trastornos y enfermedades, suele abstenerse en mayor medida que otros de comunicar las enfermedades y registra un porcentaje de ingresos hospitalarios más elevado que el de la población en general así como hospitalizaciones más largas. El Gobierno está decidido a incrementar y mejorar los servicios de atención de la salud en todo el país.
• Prestación de servicios sociales y creación de capacidad. El objetivo de este componente de la estrategia consiste en desarrollar la capacidad de las diversas instituciones que prestan servicios sociales para que puedan adoptar programas estratégicos destinados al desarrollo del capital humano y social. Por otro lado, se considera esencial el fortalecimiento institucional del Ministerio de Movilización Nacional, Desarrollo Social, Asuntos de la Familia, Personas con Discapacidad, Juventud, Deportes y Cultura, así como el reforzamiento de las ONG y las organizaciones de base comunitaria para que funcionen a nivel de toda la sociedad.
• Estrategias de protección social y resolución de problemas. Estas estrategias comprenden el establecimiento de un programa ampliado para satisfacer las necesidades básicas que proporcione ayuda de emergencia a las personas necesitadas y el diseño de proyectos de obras públicas que requieren mucha mano de obra para ofrecer empleo a las personas sin recursos. Además, el Gobierno ha puesto en marcha un programa para prevenir y combatir la violencia doméstica y otro que comprende planes de pensiones no contributivas para las personas mayores.
• Agricultura. Al parecer, se registran mayores índices de pobreza en las zonas rurales, entre aquellos que más dependen de la agricultura como medio de vida. Los programas de mejora agrícola tendrán por objetivo, entre otros, luchar contra el hurto en las explotaciones agrícolas y ganaderas, reestructurar las prácticas de tenencia de la tierra para permitir un mayor acceso a ésta, elaborar programas de educación pública para impartir nociones sobre economía y comercio, capacitar a los agricultores para que puedan acceder a oportunidades comerciales en el mercado mundial, y reestructurar los servicios de extensión agrícola para atender las demandas de la agricultura en el contexto del libre comercio.
• Los niños. Se reconoce que es esencial trabajar con los niños para hacerse cargo de los problemas relacionados con la falta de educación y otras causas de la pobreza. El Programa de protección de los niños contra la pobreza, basado en un enfoque creativo e integrado del aprendizaje, está dirigido a alumnos de enseñanza primaria (de edades comprendidas entre los 5 y los 16 años) con bajo rendimiento escolar. Su objetivo es proporcionar oportunidades de educación a los niños, al tiempo que se desarrollan sus capacidades y actitudes de socialización. Los adultos de la comunidad actúan como mentores, ayudando en las tareas escolares y acompañando y observando a los docentes. El Programa incluye también un componente centrado en los padres (a través de un programa de microempresas), de modo que los padres de los niños participantes en el programa reciben capacitación sobre el cuidado de los hijos, el liderazgo, la comunicación y la resolución de conflictos, así como formación en materia de pesca, turismo y artesanía. De esa forma se proporciona un mecanismo de apoyo a los niños.
• Otras cuestiones conexas son el género, los deportes, el desarrollo cultural, los valores y actitudes de los trabajadores y la toxicomanía.
d) Mejorar las infraestructuras física y social mediante:
• La reorientación del gasto público con arreglo al Programa de inversiones del sector público, con el fin de proporcionar una infraestructura socioeconómica adecuada y erradicar la pobreza.
• El aumento del acceso al agua, el saneamiento y la electricidad de todos los sectores de la población. Entre las prioridades cabe citar: la prestación de un servicio energético eficaz, la electrificación del medio rural, la reparación y el mantenimiento del sistema nacional de carreteras, así como la mejora del abastecimiento de agua y del saneamiento, las telecomunicaciones, los sistemas de riego y drenaje, y los medios de transporte.
e) Fomentar la participación de la sociedad civil con objeto de capacitar a las comunidades para que participen en la planificación, supervisión y coordinación de las políticas y programas de reducción de la pobreza. Para ello, será necesario lograr un desarrollo adecuado de los sistemas nacionales de información y restablecer la administración local.
f) Buena gobernanza y entorno empresarial sobre la base del documento de política del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado
Governance for sustainable human development (Gobernanza para un desarrollo humano sostenible). Abarca cuestiones tales como: i) el mantenimiento y la mejora de los derechos y libertades constitucionales fundamentales; ii) la mayor exigencia de eficiencia y rendición de cuentas a la administración; iii) el mantenimiento y fortalecimiento de la independencia y la competencia del poder judicial y el inicio de una lucha incesante contra la corrupción de los funcionarios, y iv) la promoción de un sistema de gobierno basado en un juego político limpio.
68. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, existen varias trabas que obstaculizan el desarrollo, a saber:
• Las actitudes. Éstas se reflejan en la manera en que las personas dan prioridad a sus deseos por encima de sus necesidades. Quienes solicitan asistencia a menudo prefieren gastar sus escasos fondos en cosas no necesarias y luego acudir al Estado para pedirle que satisfaga sus necesidades básicas.
• La escasez de recursos financieros y humanos para ejecutar los programas.
• La reducción del número de voluntarios. Las personas se resisten cada vez más a prestar ayuda sin la contrapartida de algún tipo de retribución.
• La desintegración de la familia, lo que genera problemas como el abuso de menores, la delincuencia juvenil y la desestabilización general del orden social.
69. La Estrategia nacional para la reducción de la pobreza se basa en un contrato tripartito informal entre el Gobierno de San Vicente y las Granadinas, la sociedad civil y el sector privado. El Gobierno reconoce que la búsqueda del desarrollo exige un esfuerzo integral y deliberado para involucrar a los agentes clave en el proceso de desarrollo y, por tanto, para garantizar que se haga frente a las causas profundas de la pobreza.
1. La integración del sector público, el sector privado y la sociedad civil
70. La Estrategia nacional para la reducción de la pobreza requiere un marco normativo en el que se ejerza y consolide la buena gobernanza, y donde exista un espacio político y social para celebrar consultas constructivas entre los diversos segmentos de la sociedad. Se prevé que la apertura de un espacio para el diálogo y el establecimiento de relaciones más amplias entre la administración, el sector privado y la sociedad civil darán lugar a la creación de un entorno económico y social adecuado, esencial para el desarrollo.
71. El contrato tripartito en virtud del cual se trata de adoptar un enfoque conjunto con respecto a la formulación de políticas y gestionar el cambio social y el desarrollo desde una perspectiva integrada eliminará efectivamente la duplicación de esfuerzos que desde hace tiempo ha sido un factor agravante en la lucha contra la pobreza. De hecho, la integración del sector público, el sector privado y la sociedad civil facilitará la consolidación de la democracia participativa y la supeditación de los intereses sectoriales en beneficio del bien nacional. Además, habida cuenta de los escasos recursos para el desarrollo, este proceso de integración es fundamental para reestructurar la economía con objeto de alcanzar niveles de crecimiento elevados y sostenibles mediante una mayor competitividad, diversificación económica y productividad.
2. Visión del Gobierno
72. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas es consciente de que el desarrollo consiste, ante todo, en mejorar la calidad de vida de la población. Como se señaló en el Informe sobre desarrollo humano de 2002 de la OECO, "el desarrollo consiste en crear un entorno en el que las personas puedan desarrollar su potencial y llevar vidas productivas y creativas de acuerdo con sus necesidades e intereses"… Se trata pues de "ampliar las
opciones de las personas". Esta idea es la base a partir de la cual el Gobierno ha formulado la Estrategia nacional para la reducción de la pobreza.
73. El Gobierno cree que la forma más eficaz de sacar a las personas de la pobreza consiste en darles la oportunidad de que puedan trabajar y generar ingresos por sí mismas.
Por consiguiente, creará en primer lugar a nivel macroeconómico, un entorno adecuado para alcanzar mayores niveles de crecimiento sostenible. Además, hará de la educación y la potenciación de la familia los instrumentos fundamentales de la lucha contra la pobreza. A ese respecto, el Gobierno velará por que la población del país adquiera las habilidades y competencias necesarias para capitalizar las oportunidades que vayan surgiendo, dando prioridad al desarrollo y la mejora del sistema educativo.
B. VIH/SIDA
74. San Vicente y las Granadinas, como los demás países del mundo, también han sufrido los efectos de la pandemia del VIH/SIDA. El primer caso notificado de infección por el VIH en San Vicente y las Granadinas se produjo en 1984. La respuesta del Gobierno ha sido rápida, dado que esta epidemia tiene graves consecuencias para el desarrollo si no se ponen los medios para frenarla.
75. Así pues, en diciembre de 2001 se puso en marcha un plan estratégico que abarcaba las seis áreas prioritarias siguientes:
a) Reforzar la gestión intersectorial, las estructuras organizativas y la capacidad institucional. Entre los objetivos figuran la reorganización del Grupo de Trabajo Nacional sobre el VIH/SIDA y de la Dependencia de lucha contra el VIH/SIDA, así como la mejora de la capacidad institucional para prestar servicios sanitarios y sociales pertinentes y de calidad.
b) Formular y aplicar programas de atención, apoyo y tratamiento para personas que viven con el VIH/SIDA y sus familias. El objetivo consiste en establecer servicios de atención y tratamiento y una red de apoyo para las personas que viven con el sida y sus familias.
c) Formular y aplicar programas de prevención y control del VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual, dando prioridad a los jóvenes y los grupos vulnerables y de alto riesgo. Entre los objetivos figuran la aplicación de un enfoque holístico para ofrecer programas de prevención y control específicos destinados a adolescentes, jóvenes y grupos vulnerables y de alto riesgo; la mejora de los conocimientos y competencias de los médicos y profesionales de enfermería en el control de las infecciones de transmisión sexual; la organización de un programa de información pública sobre los signos y síntomas comunes y sobre cuestiones relativas al tratamiento de determinadas infecciones de transmisión sexual; y la realización de encuestas antes y después de ese programa.
d) Poner en marcha un programa de investigación y capacitación. El objetivo consiste en mejorar la capacidad del personal seleccionado para diseñar y realizar estudios de investigación aplicada, análisis de datos y registro de los resultados a pequeña escala y llevar a cabo investigaciones específicas sobre el VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual.
e) Mejorar los sistemas de vigilancia. El objetivo consiste en reforzar los sistemas de vigilancia sobre el VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual.
f) Poner en marcha programas de promoción. El objetivo consiste en promover un entorno favorable para las personas que viven con el sida.
76. El primer plan estratégico se llevó a cabo durante el período 2002-2006. En su elaboración participaron diversos grupos de trabajo que accedieron a información de las instituciones pertinentes, ONG, personal del sector privado, las personas que viven con el VIH/SIDA, organizaciones religiosas, la Cámara de Comercio, personal docente, policías, otros funcionarios públicos y el público en general. El Centro de Epidemiología del Caribe/Equipo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también colaboró en la elaboración de ese plan inicial.
77. En 2003, con objeto de ampliar el programa de prevención y control del VIH/SIDA, el Gobierno de San Vicente y las Granadinas inició negociaciones con el Banco Mundial para que este organismo contribuyera a financiar el programa. El proyecto financiado por el Banco Mundial requería la elaboración de un plan estratégico actualizado para sincronizar los plazos del proyecto con los del plan estratégico nacional y para ampliar el plan con el fin de que incluyera un enfoque de aplicación multisectorial. Este plan estratégico revisado abarcó el período 2004-2009. El proceso de actualización de las estrategias se llevó a cabo en un taller que se celebró en febrero de 2004, en el que participaron todos los interesados y que contó con la asistencia técnica del Centro de Epidemiología del Caribe. Este plan estratégico mantiene los mismos ámbitos prioritarios enunciados en el plan original.
78. La labor del Gobierno en materia de lucha contra la epidemia ha experimentado diversos cambios y mejoras, entre los que cabe destacar los siguientes:
a) Fortalecimiento de la Dependencia de lucha contra el VIH/SIDA.
Actualmente, la Dependencia de lucha contra el VIH/SIDA del Ministerio de Salud y Medio Ambiente desempeña la función de coordinar los programas en el marco del nuevo plan estratégico. Asimismo, se ha nombrado 1 director, 1 trabajador social, 4 consejeros, 1 psicólogo, 1 mecanógrafo y 1 asistente de oficina que han sido asignados al Programa nacional de lucha contra el VIH/SIDA. También forma parte de este equipo un médico especialista, que además presta servicios en el Hospital Milton Cato.
Los cuatro consejeros han sido reasignados a otros establecimientos de salud pública a saber, la clínica pública Stubbs, el centro de salud Levi Latham, la clínica pública Clare Valley y las consultas externas del Milton Cato Memorial Hospital con el fin de que sus servicios de asesoramiento no se limiten únicamente a los casos de VIH/SIDA.
b) Modernización de los laboratorios. Se amplió la capacidad del laboratorio del Milton Cato Memorial Hospital.
c) Personas que viven con el VIH/SIDA. El Ministerio de Salud se encarga de la aplicación del programa de apoyo social para las personas que viven con el VIH/SIDA.
79. El bienio 2008-2009 marcó oficialmente la conclusión de las actividades del plan estratégico 2004-2009 para la prevención y control del VIH/SIDA en San Vicente y las Granadinas. Este período se caracterizó por la sostenibilidad y consolidación de los avances logrados con el fin de garantizar la continuidad de la lucha contra el VIH/SIDA. El Ministerio de Salud y Medio Ambiente y organismos externos reforzaron, integraron y respaldaron los servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias, lucha contra el estigma y la discriminación, prestación de cuidados y tratamiento, promoción, capacitación, apoyo social y de laboratorios, así como las actividades de seguimiento y evaluación, vigilancia, comunicación para cambios en el comportamiento y prevención.
80. Éxitos. El programa de prevención y control del VIH/SIDA ha obtenido numerosos logros, como resultado de la firme voluntad política del Gobierno, la disponibilidad de recursos y el alto nivel de dedicación del personal de los sectores público y privado. Todos los aspectos del programa de prevención y control del VIH/SIDA se han visto coronados por el éxito. Fue importante la creación de la Alianza del Caribe para la lucha contra el VIH/SIDA en San Vicente y las Granadinas porque, gracias a ella, se logró que los grupos
de mayor riesgo, como los hombres que tienen relaciones homosexuales y los profesionales del sexo, acudieran a los servicios de prevención y apoyo. Para llevar a cabo su labor, la Alianza cuenta con un grupo de comunicadores de entre los propios afectados. El Ministerio de Salud y Medio Ambiente supervisa la ejecución del programa y elabora y difunde informes trimestrales. La organización PSI lleva a cabo un trabajo similar, con la diferencia de que su programa de prevención no sólo va dirigido a los profesionales del sexo y los hombres que tienen relaciones homosexuales, sino también a los jóvenes.
81. La campaña para promover cambios en el comportamiento y fomentar la utilización de métodos de prevención comercializados ha tenido también un gran éxito, y se ha caracterizado por la aplicación de un enfoque multisectorial que ha abarcado a organizaciones religiosas, organizaciones de base comunitaria y ONG, así como a trabajadores sanitarios del sector público. Se ha conseguido una máxima cobertura mediática, lo que ha permitido una amplia difusión de las campañas de promoción. Éstas se han dirigido a la comunidad en general, aunque, al mismo tiempo, se ha prestado una gran atención a los jóvenes. Se han aplicado con éxito programas de divulgación en alrededor del 60% de las escuelas de la isla principal.
82. El 100% de la población de San Vicente y las Granadinas tiene acceso a servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias repartidos por todo el país. Instituciones públicas y privadas se encargan diariamente de prestar esos servicios así como de realizar pruebas rápidas. La clínica de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual cuenta con un sistema de seguimiento electrónico mediante el que se supervisan los cuidados y el tratamiento. La administración gratuita de medicamentos a las personas que viven con el VIH/SIDA (incluidas las mujeres embarazadas) ha sido un logro trascendental.
83. La creación de capacidad en materia de servicios de apoyo de laboratorio ha redundado en beneficio del programa de lucha contra el VIH/SIDA. El Laboratorio Nacional sigue facilitando las pruebas de diagnóstico para la detección temprana del VIH entre los bebés y las pruebas diarias de muestras para detectar el VIH.
Principales dificultades y medidas correctivas
84. La campaña de lucha contra el VIH/SIDA en San Vicente y las Granadinas, a pesar de los enormes éxitos que ha cosechado, sigue aún enfrentándose a numerosos problemas.
El mero hecho de que el Estado esté compuesto por varias islas impone limitaciones a la formulación y ejecución de los programas en las islas Granadinas. Por lo tanto, es primordial impartir formación a los profesionales de la salud en esas islas con el fin de asegurar la aplicación de un único enfoque de salud pública.
85. La falta de recursos humanos sigue siendo un problema importante tanto en los establecimientos del sector público como del sector privado, problema que se ve agravado por el alto grado de movilidad interna del personal y la migración a otros países. El carácter vertical del programa también ha contribuido en gran medida a generar una escasez de recursos humanos al ser inminente la finalización de los proyectos financiados desde el exterior. Así pues, el Ministerio de Salud y Medio Ambiente ha decidido integrar muchos de los servicios del programa de prevención y control en programas ya existentes, como se mencionó anteriormente.
86. Las personas que viven con el VIH/SIDA afrontan un enorme problema, ya que ellas mismas siguen aún tratando de vencer el miedo a ser discriminadas y estigmatizadas. Por lo tanto, su incorporación en calidad de comunicadores en el programa de lucha contra el VIH/SIDA ha ayudado a paliar el problema.
87. La prevención de la transmisión de la madre al hijo plantea problemas aún mayores porque las mujeres seropositivas reconocidas tienen más de un embarazo. El Comité para la prevención de la transmisión de la madre al hijo se ha comprometido a proporcionar en
mayor medida métodos para prevenir la transmisión del virus a las mujeres seropositivas embarazadas.
88. Sigue habiendo una gran falta de información en San Vicente y las Granadinas en relación con los grupos de mayor riesgo entre los que figura el de los hombres que tienen relaciones homosexuales. El Ministerio de Salud y Medio Ambiente tiene previsto realizar una encuesta sobre conductas y un estudio de seroprevalencia entre hombres de ese grupo con el fin de obtener información estratégica que permita elaborar programas y políticas eficaces orientados a ese grupo de riesgo. Los sectores público y privado han desplegado una actividad extraordinaria en ese ámbito; sin embargo, la eficacia de los programas de prevención resulta difícil de medir ya que exige que se realicen encuestas sobre conductas.
En 2005, el Ministerio de Salud y Medio Ambiente realizó una encuesta de ese tipo y tiene previsto realizar otra más dirigida a la población en general, que proporcionará la información necesaria para evaluar los logros de los programas de prevención a través del análisis comparativo con los resultados de los estudios de vigilancia conductual llevados a cabo por la OECO en 2005.
C. Salud y bienestar
89. Hasta 2001, el Gobierno de San Vicente y las Granadinas había reparado o renovado 21 clínicas, había construido y equipado 4 modernos consultorios, había instalado farmacias bien abastecidas en todas las clínicas, había construido una moderna policlínica en Stubbs, había mejorado el suministro de agua en el 98% de las casas de San Vicente, había mejorado el suministro de agua en las Granadinas, había asegurado la correcta recogida y eliminación de la basura en todo el país, había reforzado la prestación de servicios de atención secundaria y había desarrollado la prestación de servicios de atención terciaria en el extranjero.
90. En San Vicente y las Granadinas la esperanza de vida es de 72,6 años para las mujeres y 70,8 años para los hombres. La tasa de mortalidad infantil es del 18‰. La tasa de mortalidad materna ha registrado un promedio de menos de un caso por año durante los últimos diez años. Sin embargo, es bastante probable que las cifras registradas entre el 42%
de la población que vive bajo el umbral de la pobreza sean muy diferentes.
91. La primera causa de morbilidad y mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, que registran una tasa de mortalidad anual del 58‰, más de 8 veces superior a la tasa de mortalidad provocada por todas las enfermedades transmisibles. Sin embargo, se calcula que la seroprevalencia del VIH se sitúa en un 1,8% y puede convertirse pronto en una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Algunas de las enfermedades no transmisibles están relacionadas con factores genéticos, el estilo de vida y los cambios epidemiológicos y demográficos. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas sufraga todas las vacunas del Programa Ampliado de Inmunización y la cobertura de vacunación es casi del 100%.
92. La salud de los ciudadanos es una de las prioridades del Gobierno del país, como lo demuestra el hecho de que el 10% del gasto público estatal y el 4% del PIB se destinen a la partida de salud. La asignación presupuestaria de la sanidad nacional fue de 53 millones de dólares del Caribe oriental en el ejercicio económico 2007/08 y de 72 millones en 2008/09.
Los servicios de atención primaria acaparan la mayor parte del presupuesto destinado al sector de la salud: un total de 36 millones de dólares del Caribe oriental en 2007/08 y de 39 millones en 2008/09. Estas cifras ponen de relieve la importancia que el Gobierno asigna a los servicios de atención primaria. El Milton Cato Memorial Hospital contó con un presupuesto de 18 millones de dólares del Caribe oriental en 2007/08 y de 18,5 millones en 2008/09.
93. El Centro de Salud Mental recibió una asignación de 2,8 millones de dólares del Caribe oriental en 2007/08 y de 3,3 millones en 2008/09. El programa farmacéutico contó con una asignación de 5 millones en 2007/08 y de 6 millones en 2008/09.
94. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas considera que la atención sanitaria es un derecho fundamental de todos los ciudadanos por lo que, durante los últimos diez años se han logrado avances significativos en la prestación de asistencia sanitaria. Los resultados son evidentes, tanto por lo que respecta a la calidad de la atención sanitaria prestada como a la disponibilidad y accesibilidad de los servicios relacionados con la salud en todo el país.
El Gobierno se propone seguir prestando una atención integral de la salud a todos sus ciudadanos a un coste asequible para el país y garantizar que las consideraciones de carácter ambiental sean tenidas en cuenta en todos los aspectos del desarrollo nacional.
Además, se compromete a garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso al agua potable, un saneamiento adecuado y un medio ambiente seguro y que no entrañe peligros para la salud.
95. Los programas prioritarios del Ministerio tienen por objeto mejorar las condiciones de los grupos de población vulnerables y de alto riesgo como los ancianos, los discapacitados, las mujeres en edad fértil, los niños, los adolescentes, las personas con problemas físicos y los enfermos mentales. La asistencia sanitaria es responsabilidad primordial del Ministerio de Salud. El Gobierno administra el Milton Cato Memorial Hospital, que tiene capacidad para 211 camas. Se trata del principal establecimiento del sistema de atención de la salud, que presta servicios de atención secundaria y de emergencia. El hospital alberga más del 95% de las camas de todo el país destinadas a enfermos que requieren cuidados intensivos. Un centro de atención geriátrica, el Lewis Punnett Home, con 104 camas, brinda atención hospitalaria a personas mayores y registra una tasa anual de ocupación de camas del 103%.
96. El país cuenta con un centro de salud mental y hay 39 centros de atención primaria de la salud distribuidos en 9 distritos. Cada centro de salud está equipado para atender a un promedio de 2.900 personas, de manera que nadie tenga que desplazarse más de 3 millas para acceder a la atención sanitaria. Los servicios de atención primaria incluyen atención de emergencia, cuidados médicos, atención prenatal y posnatal, servicios de obstetricia y servicios de salud infantil como inmunización, salud escolar, servicios de planificación familiar y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Sólo determinados centros de salud de todo el Estado ofrecen servicios dentales, pero todos ellos dispensan servicios de salud mental a los usuarios que los necesiten.
97. Existen también servicios sanitarios privados. El sector privado cuenta con más de 20 médicos generalistas y especialistas. Hay asimismo médicos que trabajan en hospitales o policlínicas públicos y además tienen consultas privadas. Sólo hay un pequeño hospital privado en el país, el Mary Field Hospital. El sector privado dispone además de servicios farmacéuticos, dentales, de laboratorio y de diagnóstico.
98. Se reconoce que el hecho de facilitar a las personas los medios necesarios para que asuman la responsabilidad de su propia salud, habida cuenta de que la mayoría de las enfermedades mencionadas tienen su origen en determinado tipo de conductas, requiere el estrechamiento de los vínculos entre los organismos del sector público, el sector privado y las ONG.
99. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas ha introducido reformas en el sector de salud como resultado de la evolución del entorno socioeconómico y del número cada vez mayor de nuevos e importantes problemas a los que se enfrenta, entre los que cabe señalar el envejecimiento de la población, la violencia, los riesgos ambientales, el VIH/SIDA y las enfermedades nuevas y reemergentes. El perfil demográfico de San Vicente y las Granadinas refleja un envejecimiento de la población, con un aumento en la esperanza de
