Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Octavo período de sesiones
Ginebra, 3 a 14 de mayo de 2010
Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos∗
Lesotho
∗ El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/8/LSO/1
Asamblea General Distr. general 22 de febrero de 2010 Español
Original: inglés
I. Metodología y proceso de consulta
1. Este informe se ha compilado combinando la investigación documental y la celebración de consultas con los interlocutores en una serie de talleres. La Dependencia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos primero definió el marco para la compilación del informe. A continuación se celebró un taller consultivo con todos los ministerios del Gobierno. Posteriormente se celebró un taller nacional con todos los interlocutores para completar y validar el proyecto de informe.
II. Antecedentes: marco normativo e institucional
A Antecedentes
a) Geografía
2. Lesotho está situado en el África meridional. No tiene litoral y está enclavado en la República de Sudáfrica. Tiene una superficie de unos 30.555 km² y una población de aproximadamente 1.880.000 habitantes1.
b) Sistema político
3. Lesotho es una monarquía constitucional. Adquirió la independencia de Gran Bretaña el 4 de octubre de 1966. El Jefe del Estado es el Rey. La división del Gobierno en tres ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, garantiza el equilibrio de poderes. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno.
4. Con los años, la democracia de Lesotho ha ido evolucionando y a veces se ha mostrado frágil. Esa fragilidad se ha observado en la impugnación de algunas elecciones, lo que en ocasiones ha llevado a la suspensión del régimen constitucional, a dictaduras transitorias y ha dado lugar a la vulneración de los derechos humanos. Lesotho celebró elecciones democráticas en 1965, 1970, 1993 y 1998, según el modelo de Westminster basado en la democracia multipartidista. Lesotho ha usado el modelo electoral de mayoría simple, que, aunque aceptado y utilizado por muchos países democráticos, en opinión de algunos, no traducía el voto nacional en una representación proporcionalmente satisfactoria en la Asamblea Nacional. La experiencia de los años noventa mostró que el modelo electoral no convenía a todos los partidos. Tras las elecciones generales de 1998 hubo protestas por parte de una alianza de partidos que las habían perdido. Tras consultar con los interlocutores, Lesotho adoptó un sistema electoral que combinaba los modelos electorales de mayoría simple y de representación proporcional. De ese modo ha logrado una Asamblea Nacional más incluyente. Así pues, Lesotho empleó el sistema proporcional mixto en las elecciones generales de 2002 y 2007.
c) Sistema jurídico
5. Lesotho tiene un sistema jurídico mixto: derecho romanoholandés (common law) y el tradicional basotho (derecho consuetudinario). Estos dos sistemas jurídicos son igualmente válidos, con la reserva de que si se oponen, tiene precedencia el derecho legislado. Sin embargo, no pueden aplicarse simultáneamente en un mismo caso.
B. Marco legislativo
1. A nivel nacional
a) Constitución
6. La Constitución de Lesotho de 1993 establece una monarquía constitucional y hace de la Constitución la ley suprema del territorio. Los derechos humanos y las libertades fundamentales están consagrados en el capítulo II que contiene los derechos civiles y políticos. Se trata del derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho de respeto a la vida privada y familiar, la libertad de conciencia, el derecho a la igualdad ante la ley y a igual protección de la ley, el derecho a un juicio justo, a la libertad de circulación y de residencia, a no ser víctima de trato inhumano, a no ser sometido a esclavitud ni trabajo forzoso, a no ser objeto de registros y allanamientos arbitrarios, a no sufrir discriminación y a la libertad de expresión.
7. Los derechos civiles y políticos formulados en la Constitución de Lesotho pueden ser objeto de limitaciones. Esto significa que los derechos humanos no son absolutos, ya que pueden ser restringidos por motivos de salud, moral y seguridad públicas. Es posible limitar y restringir algunos de esos derechos por las razones anteriores. La restricción o limitación de derechos, por ejemplo por declaración del estado de emergencia, debe llevarse a cabo de acuerdo con la ley, y por orden de la autoridad legítima y legal prevista en la ley. Aún más importante, toda restricción o limitación de un derecho debe estar sujeta a la supervisión y revisión constantes de las autoridades jurídicas competentes, hasta que desaparezcan los motivos de la restricción y se vuelva a la normalidad.
8. Los principios de la política del Estado2 no son exigibles por los tribunales de justicia sino que deben ponerse en práctica de manera gradual, mediante políticas, directrices y programas sociales acordes con la capacidad económica y el desarrollo de Lesotho. Estos principios de la política del Estado entrañan derechos de tipo socioeconómico. Se refieren, por ejemplo, a la igualdad y la justicia, la protección de la salud, el acceso a la educación, la oportunidad de trabajar, las condiciones de trabajo justas y favorables, la protección de los derechos e intereses de los trabajadores, la protección de los niños y los jóvenes, la rehabilitación, la formación y la reinserción social de las personas con discapacidad, las oportunidades económicas, la participación en actividades culturales y la protección del medio ambiente.
b) Legislación
9. Además de la Constitución, se han promulgado varias leyes relativas a la protección de los derechos humanos:
• Ley sobre los delitos sexuales de 2003, que abarca aspectos que no incluía el delito de violación del common law. Se tienen en cuenta los derechos de las víctimas del delito y los derechos de las personas con discapacidad, hombres, mujeres y niños.
• Ley de juicios rápidos de 2002, que garantiza la protección del derecho de los delincuentes a un juicio justo y rápido en un plazo razonable.
• Ley de capacidad jurídica de los cónyuges de 2006, que retira la condición de menores de edad a las mujeres casadas y la autoridad conyugal del marido sobre la persona y los bienes de la esposa en la administración de la comunidad de bienes.
• Ley de asistencia jurídica de 1978, que prevé la representación legal de las personas indigentes en los tribunales.
• Proclamación de abandono de esposa e hijos de 1959, que establece el derecho de la esposa y los hijos abandonados a percibir una pensión alimentaria del esposo y el padre.
• Ley de procedimientos y pruebas en materia penal de 1981, que prevé el procedimiento de los juicios penales y los derechos de las partes en el sistema de justicia penal.
• Ley de protección de la infancia de 1980, que ampara los derechos de los niños en conflicto con la ley.
• Código de Trabajo de 1992, que ampara los derechos de los trabajadores.
• Ley de ciudadanía, que establece el derecho a la nacionalidad.
• Ley (modificada) de relaciones raciales de 2005, que prevé la protección contra las prácticas de odio racial.
• Ley de medio ambiente de 2008, que protege el derecho a un entorno limpio y saludable.
2. A nivel internacional y regional
10. Lesotho ha ratificado casi todos los principales tratados internacionales y regionales de derechos humanos, como:
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3;
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales4;
• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer5, con una reserva respecto del artículo 2;
• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial6;
• La Convención sobre los Derechos del Niño7;
• La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares8;
• La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad9;
• La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes10;
• El Convenio de la OIT sobre la erradicación del trabajo infantil11;
• El Convenio Nº 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación)12;
• La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos13;
• La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño14; y
• El Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, relativo a los derechos de la mujer en África15.
11. Lesotho ha presentado informes en relación con los siguientes instrumentos de derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1999, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en 2000 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 2001. Debido a su capacidad muy limitada, el país se ha retrasado en la presentación de los informes en relación con otros instrumentos. Actualmente tiene preparados proyectos de informes sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el informe periódico sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
12. En el examen del informe relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos se refirió, entre otras cosas, a las condiciones insatisfactorias de las cárceles. Desde entonces se han realizado importantes mejoras de las condiciones penitenciarias y se continúa esa labor.
13. Atendiendo a las observaciones finales del Comité relativas a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Lesotho modificó el Decreto sobre relaciones raciales de 1971. El Comité había expresado preocupación por la falta de un marco legislativo global que prohibiera los actos de discriminación racial y por la ausencia de recursos efectivos. La modificación prevé disposiciones sobre la enseñanza de la tolerancia y la convivencia pacífica con el fin de instaurar una cultura de tolerancia entre los pueblos de distintos orígenes.
14. El Comité de los Derechos del Niño recomendó que se modificara la Ley de protección de la infancia de 1980 para incorporar plenamente en ella los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se ha sometido al Parlamento el proyecto de ley de protección y bienestar de la infancia para su examen.
15. En Lesotho, las convenciones internacionales no son de aplicabilidad inmediata.
Para su aplicación, han de incorporarse en leyes o normas administrativas nacionales. Se hace una salvedad en el caso de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo.
Una vez más, los retrasos en la incorporación de algunas de las convenciones a la legislación nacional se han debido únicamente a la falta de capacidad.
C. Marco institucional de los derechos humanos
a) Los tribunales
16. Las libertades fundamentales y los derechos humanos inherentes están garantizados por un poder judicial independiente compuesto por el Tribunal de Apelación, el Tribunal Superior, los tribunales inferiores y los tribunales especializados que ejercen las funciones judiciales según lo dispuesto en la Constitución16.
17. Los tribunales no sufren injerencias en el ejercicio de sus funciones y solo deben someterse a la Constitución y demás leyes17. El Gobierno en calidad de órgano del poder ejecutivo les presta asistencia para que puedan preservar su independencia, integridad, dignidad y eficacia. Las ramas ejecutiva y legislativa del Estado tienen el deber de respetar estrictamente la independencia del poder judicial. Los tribunales deciden de manera imparcial acerca de los asuntos que les someten, a la luz de los hechos y de conformidad con la ley, sin estar sujetos a influencias, amenazas, presiones o restricciones indebidas. Los procedimientos judiciales se sustancian con equidad velando por el respeto de los derechos de todas las partes. El Tribunal Superior actúa como Tribunal Constitucional para conocer de asuntos de derechos humanos. Lesotho ha redactado un proyecto de ley de administración de justicia que está listo para ser sometido al Parlamento. El proyecto de ley incorpora los principios básicos en los que reposa la independencia del poder judicial y establece las modalidades de administración y las condiciones de servicio del poder judicial.
b) El Parlamento
18. El Parlamento de Lesotho es bicameral y consta de una cámara alta, el Senado, y una cámara baja, la Asamblea Nacional. El Senado cuenta con 22 jefes principales y otros 11
miembros designados por el Rey asesorado por el Consejo de Estado. La Asamblea Nacional tiene 120 escaños.
19. El derecho a participar en los asuntos públicos del país se ejerce por mediación de los representantes parlamentarios a través del mandato encomendado en las elecciones generales o parciales. Las comisiones parlamentarias ministeriales, asignadas a los distintos ministerios, supervisan las actuaciones de la administración pública y velan por el cumplimiento de su responsabilidad frente a los ciudadanos.
20. Para que los parlamentarios puedan cumplir su mandato de manera más competente y eficiente, el Gobierno ya les proporciona, por mediación del Ministerio de Justicia y otras organizaciones de la sociedad civil, programas de formación en derechos humanos.
c) Comisión Electoral Independiente
21. La Comisión Electoral Independiente fue creada en virtud de la segunda enmienda de la Constitución (1997). La Ley (modificada) de elecciones a la Asamblea Nacional de 2001 establece la Comisión y define sus responsabilidades que incluyen, entre otras, la demarcación de los distritos electorales, la preparación del censo de votantes, la organización y la celebración de las elecciones a la Asamblea Nacional, los gobiernos locales y los referendos.
22. La Comisión Electoral Independiente organizó y llevó a cabo las primeras elecciones a la Asamblea Nacional en 1998 y las siguientes en 2002 y 2007, mientras que las primeras elecciones a los gobiernos locales tuvieron lugar en 2005.
23. Además de ser responsable del proceso electoral, la Comisión divulga información para concienciar a los electores a través de los medios de comunicación y promueve el derecho de voto en Lesotho.
D. Instituciones nacionales de derechos humanos
a) Oficina del Ombudsman
24. La Oficina del Ombudsman fue creada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución. El Ombudsman complementa la labor del poder judicial.
Ofrece procedimientos informales y rápidos, aunque con fuerza legal, que agilizan el examen de las denuncias y la solución de controversias.
25. El Ombudsman ostenta el mandato constitucional y legal conferido por la Ley del Ombudsman de 1996 de investigar las actuaciones y prácticas abusivas de los funcionarios públicos y también protege los derechos de las personas que creen ser víctimas de injusticias cometidas por la Administración o las instituciones públicas.
26. El Ombudsman ha intervenido en relación con las solicitudes de indemnización presentadas por quienes han sido desplazados y reasentados para la construcción de grandes infraestructuras, la reintegración de empleados que habían sido suspendidos de sus funciones y la ejecución de resoluciones judiciales. También ha realizado actividades de concienciación en reuniones públicas y en programas de radio sobre derechos humanos y abusos de la administración.
27. El Ombudsman, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 b) de la Ley del Ombudsman, ha efectuado inspecciones de los centros de detención policiales y militares, todas las instituciones y establecimientos penitenciarios y los hospitales públicos y ha formulado recomendaciones al respecto. No obstante, la Oficina se limita a formular recomendaciones y carece de facultades para imponer su cumplimiento.
b) Dirección de Denuncias contra la Policía
28. La Dirección de Denuncias contra la Policía es una de las instituciones de promoción y protección de los derechos humanos de Lesotho. Fue creada con arreglo a la Ley de la policía de 199818 y es competente para investigar las denuncias de los ciudadanos acerca de la conducta de los miembros del cuerpo de policía en materia de corrupción y derechos humanos, e informar a la Dirección de Policía o al Comisionado de Policía. El objetivo de la Dirección de Denuncias es contribuir a que el cuerpo de policía vigile y respete efectivamente los derechos humanos.
29. Para facilitar el acceso a los servicios, la Dirección ha adoptado un procedimiento tipo para evitar los problemas que supone presentar denuncias contra la policía ante el Ministerio o el Comisionado. Ese procedimiento permite presentar denuncias en las comisarías de distrito, que las transmiten a la Dirección de Denuncias contra la Policía para que las investigue. Esta colabora con la policía y ha impartido talleres de formación sobre la protección de los derechos humanos, el robo de ganado y la atención al cliente. Es posible evaluar los resultados a través de los informes relativos a las intervenciones policiales sobre el terreno en los que se observa el respeto de los derechos humanos por el cuerpo de policía.
c) Dirección contra la Corrupción y la Delincuencia Económica
30. La Dirección contra la Corrupción y la Delincuencia Económica fue creada en virtud de la Ley de prevención de la corrupción y la delincuencia económica de 1999. Es un órgano que se ocupa esencialmente de combatir la corrupción y la delincuencia económica.
Su mandato incluye la educación de la población, la prevención y la investigación. La Dirección educa al público sobre las consecuencias nefastas de la corrupción y solicita y alienta el apoyo de la población para combatirla. El aspecto preventivo entraña examinar las prácticas y los procedimientos de las instituciones públicas con objeto de fortalecer los sistemas operativos para reducir las posibilidades de corrupción. La Dirección se encarga de investigar las quejas o denuncias de corrupción o delincuencia económica. Los asuntos que requieren juicio son remitidos al Director de la Fiscalía.
E. Otras medidas relativas a los derechos humanos
a) Dependencia de Derechos Humanos
31. La Dependencia de Derechos Humanos fue creada en 1995 en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Servicio Penitenciario. El objetivo de la Dependencia es instaurar una cultura de respeto estricto de los derechos humanos. La Dependencia recibe denuncias de la población e investiga las presuntas violaciones de los derechos humanos y las transmite cuando procede, lleva a cabo actividades de concienciación acerca de los derechos humanos y examina la legislación y las políticas a fin de que sean acordes con las novedades internacionales. La Dependencia ha facilitado formación de derechos humanos para las fuerzas del orden, los miembros del Parlamento y el Comité Intersectorial de Derechos Humanos. Asimismo organiza anualmente la conmemoración del día internacional de los derechos humanos.
b) Dirección de Género
32. La Dirección de Género dependiente del Ministerio de la Mujer y la Juventud, el Deporte y el Ocio tiene por misión dar a conocer, promover y cultivar la igualdad de género. Entre los logros del Departamento están: un centro de atención a mujeres y niños víctimas de malos tratos que les proporciona un refugio temporal y les brinda servicios médicos, de orientación y psiquiátricos básicos; programas de divulgación para reducir la
violencia de género y, con el apoyo de la Cuenta del Reto del Milenio de Lesotho, promoción de la reforma de las leyes contra la discriminación vigentes y de la promulgación de leyes que acaben con la violencia de género.
c) Dependencia de Protección de la Mujer y el Niño
33. La Dependencia de Protección de la Mujer y el Niño fue creada en 2002 como entidad especializada del Cuerpo de la Policía Montada de Lesotho dependiente del Ministerio del Interior para responder a la violencia persistente contra las mujeres y los niños. Permite presentar denuncias en un entorno propicio, que respete la confidencialidad.
Responde e investiga con diligencia todos los casos que afectan a grupos vulnerables como los niños y las víctimas de la violencia de género.
34. La Dependencia opera en todo el país. Lleva a cabo actividades de concienciación a través de los medios de comunicación, reuniones públicas, asambleas y visitas a las escuelas para dar a conocer los derechos y deberes de los niños y las mujeres y protege sus derechos.
35. La Dependencia hace el seguimiento de los niños que necesitan ayuda en todo el país. Con la asistencia del UNICEF, la Dependencia está confeccionando una base de datos que permitirá preparar informes de calidad. El Fondo Mundial le ha proporcionado oficinas prefabricadas portátiles para acoger mejor a los denunciantes en los lugares donde las oficinas existentes comprometen la confidencialidad de las víctimas.
d) Oficina de Apoyo a las Víctimas de Delitos
36. La Oficina de Apoyo a las Víctimas de Delitos fue creada en el tribunal de primera instancia de Maseru en 2006. La Oficina proporciona a las víctimas apoyo práctico y psicológico. Les proporciona información acerca de sus derechos y su papel en el proceso de justicia penal. Les proporciona asesoramiento y las remite a otras instituciones. Ofrece información sobre los mecanismos del procedimiento penal, incluida la evolución de su expediente. También les informa sobre los recursos de reparación mediante procedimientos judiciales formales e informales. Protege a las víctimas para que no sufran intimidación y persecución.
37. La Oficina tiene un programa de extensión con el que pretende informar al público de sus servicios en reuniones públicas en todo el país, con asistencia de la policía.
38. El reto consiste en formular una política y promulgar leyes concebidas expresamente para proteger los derechos de las víctimas de delitos y en establecer una oficina al efecto.
No obstante, la falta de capacidad ha retrasado esa actuación.
F. Políticas nacionales
a) Visión nacional 2020
39. La Visión nacional de Lesotho establece una visión a largo plazo para el país, más allá de los programas de ajuste macroeconómico y los planes de corto y mediano plazo.
Estudia opciones para lograr avances en cuanto a desarrollo social, político y humano hasta el año 2020. En ella se definen estrategias alternativas de desarrollo adaptadas a la situación de Lesotho, con miras a lograr: una democracia estable, paz y seguridad, estabilidad nacional y regional, un buen desarrollo de la base de recursos humanos, una economía sólida con un nivel de vida digno, una buena gestión del medio ambiente, una tecnología avanzada y buena gobernanza, y avances considerables en el desarrollo humano, entre otras cosas. La Visión se basa en los principios de la democracia, la buena gobernanza y los derechos humanos. A la luz del cambio de parámetros debido a la crisis económica y
financiera mundial, que ha golpeado muy fuertemente a los países menos adelantados (PMA) como Lesotho, resulta evidente la necesidad de revisar el marco estratégico. Este se complementará con un plan a mediano plazo titulado Estrategia nacional de crecimiento.
b) Documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP)
40. Con miras a alcanzar algunos de los objetivos y prioridades indicados en el marco estratégico, Visión 2020, el Gobierno aprobó un DELP de tres años en 2004, en el que se señalaban estrategias de reducción de la pobreza. Al expirar ese DELP en abril de 2008, se preparó un Marco provisional de desarrollo nacional que sirviera de instrumento provisional para orientar el proceso de desarrollo desde el final del DELP hasta la publicación de la Estrategia nacional de crecimiento que facilitará la realización de la Visión 2020.
41. El Marco provisional funcionará hasta 2011/12 antes de que se ponga en marcha la Estrategia nacional de crecimiento que abarcará cinco años. Los objetivos del Marco provisional son promover la buena gobernanza, mejorar la oferta de servicios públicos, la responsabilidad y la reducción de la pobreza.
42. El DELP era bastante fiable en el sentido de que respondía a las prioridades de Lesotho. Su inconveniente era que no prestaba suficiente atención a otros componentes de la administración que también eran importantes aunque no redujeran la pobreza directamente, como los asuntos de seguridad, medio ambiente y recuperación de tierras.
c) Visión y estrategia para el sector judicial
43. Con el propósito de fortalecer la confianza de la población en el sector de la justicia, el Gobierno elaboró el plan denominado "Visión y estrategia nacional para el sector judicial en 2005". Su propósito era crear un sector judicial decidido a prestar servicios profesionales en un clima de seguridad, una administración de justicia accesible y eficiente, una mejor rehabilitación de los delincuentes, un sistema efectivo de protección de los derechos humanos de todos, y la promoción del principio de "tolerancia cero" frente a la corrupción.
44. La estrategia preveía los siguientes objetivos de derechos humanos: modificar la Ley de procedimientos y pruebas en materia penal para incluir disposiciones sobre la protección de los derechos de las víctimas de delitos; retirar la reserva de Lesotho a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; ratificar los dos Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; modificar el artículo 18 de la Constitución, dar eficacia jurídica a los derechos económicos, sociales y culturales; establecer una comisión nacional de derechos humanos y un sistema de protección y declaración de los testigos en el marco de la Convención contra la Tortura para facilitar la presentación de denuncias. Aunque todavía no se ha completado la aplicación de la estrategia, se ha creado una Oficina de Apoyo a las Víctimas de Delitos y Lesotho se ha adherido al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
45. Con arreglo a la "Visión y estrategia", se compilaron estadísticas sobre los casos sometidos al Tribunal Superior y los tribunales inferiores. Los ministros competentes formularon una propuesta de proyecto para reducir y eliminar el cúmulo de casos penales pendientes de examen. En el proyecto se propone establecer una estructura independiente encargada de las causas penales pendientes. De ese modo se evitaría generar nuevos retrasos sin interferir en la sustanciación de los casos penales en curso.
46. El sistema penal formal está complementado por el sistema penal informal que contempla la participación de las comunidades en la solución de controversias de menor gravedad aplicando la justicia restaurativa y el servicio comunitario.
d) Política de programas de estudios y evaluación
47. La Política de programas de estudios y evaluación establece que la educación debe orientarse a fomentar una mayor valoración y aceptación de la cultura nacional y de la diversidad cultural, y de la historia, los valores y las normas que son fundamentales para la unidad y el desarrollo nacional, promover la comprensión básica de los principios democráticos, los derechos humanos y las responsabilidades para lograr la participación y la contribución efectivas a la vida en sociedad.
e) Política nacional para la juventud
48. La Política nacional para la juventud tiene por objeto promover la dignidad y autoestima de todos los jóvenes; cultivar su desarrollo físico, intelectual y moral. Requiere que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para acelerar la plena participación de los jóvenes en las esferas socioeconómica, cultural y política de la vida. El Gobierno procura crear medios de vida para los jóvenes y salvaguardar su derecho al trabajo, incluso para los jóvenes con necesidades especiales. Está en curso un programa de desarrollo empresarial para jóvenes. Se están preparando otros programas orientados a conferir autonomía socioeconómica a los jóvenes.
III. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno
A. Derechos civiles y políticos
a) El derecho a la vida
49. La Constitución prevé el derecho a la vida en su artículo 4.1 a) leído junto con el artículo 5.1. El Tribunal de Apelación estableció que el derecho a la vida era el más fundamental de todos los derechos humanos19. No obstante el párrafo 2 prevé excepciones al derecho a la vida. La ley relativa a la pena capital figura en el artículo 297.1 de la Ley de procedimientos y pruebas en materia penal de 1981.
50. Lesotho mantiene la pena capital exclusivamente para los siguientes delitos:
asesinato, traición y estupro. La Constitución prevé las debidas garantías judiciales respecto de las condenas a la pena capital, como el Comité de Indulto y la prerrogativa de indulto de Su Majestad el Rey. No se han ejecutado sentencias de pena de muerte desde 199520. El Tribunal de Apelación en algunos casos ha conmutado tal sentencia por la de cadena perpetua o una pena de prisión prolongada21.
b) Derecho a no ser sometido a tortura ni tratos inhumanos o degradantes
51. La Constitución prohíbe expresamente la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes22. La formación de las fuerzas del orden encargadas de la detención, el interrogatorio o el trato de las personas sometidas a algún tipo de detención, es decir, la policía, el ejército y el personal de prisiones, incluye capacitación sobre los derechos humanos.
52. El Ombudsman realizó investigaciones en relación con denuncias de tortura y formuló las correspondientes recomendaciones. Con arreglo a las recomendaciones del Ombudsman, se impusieron medidas disciplinarias a los funcionarios implicados.
c) Derecho a un juicio justo y acceso a la justicia
53. El derecho a un juicio justo está amparado con arreglo al artículo 12 de la Constitución e interpretado más ampliamente en la Ley de procedimientos y pruebas en materia penal. La Constitución garantiza además el derecho a un juicio justo dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial23. El Gobierno ha promulgado la Ley de juicios rápidos que, entre otras cosas, prevé el juicio justo y sin dilaciones de los delincuentes dentro de un plazo razonable.
54. Con el propósito de garantizar el acceso a la justicia, el Gobierno ha establecido el Departamento de Asistencia Jurídica que proporciona asistencia y representación letrada ante los tribunales a los indigentes24. El Departamento sigue mejorando el acceso a la justicia extendiendo sus servicios en todos los distritos del país mediante oficinas itinerantes de asistencia jurídica. El poder judicial también presta asistencia jurídica gratuita a los acusados en procedimientos penales por delitos graves punibles con la pena de muerte.
55. El Gobierno ha velado por que cada distrito tenga tribunales inferiores que faciliten el acceso a los servicios de la justicia. Actualmente el Tribunal Superior está en la capital, Maseru, y ha iniciado un programa de extensión para facilitar el acceso a la justicia en las regiones apartadas del norte y el sur, celebrando dos sesiones itinerantes anuales en cada región para examinar asuntos penales. Las sentencias del Tribunal de Apelación y el Tribunal Superior pueden consultarse por Internet.
d) Libertad de expresión
56. La Constitución garantiza en su artículo 14 el derecho a la libertad de expresión y de prensa y el derecho a opinar sin injerencias. Ese derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole en cualquier medio de comunicación. Es posible la restricción de ese derecho para amparar los derechos de los demás y para proteger la seguridad nacional o el orden público.
57. Desde 1999 existen emisoras de radio y periódicos de propiedad privada.
Actualmente, hay alrededor de diez emisoras de radio privadas y diez periódicos independientes para una población de aproximadamente 1.880.000 personas.
58. El Estado posee medios de comunicación que consisten en dos semanarios, dos emisoras de radio y una de televisión. El Ministerio de Comunicaciones está finalizando el proyecto de ley de mercantilización, que prevé la libertad de prensa y el acceso a la información y asegura al público la transparencia de Radio Lesotho, Lesotho News Agency y la Televisión de Lesotho. Hay un proyecto de política de medios de comunicación que alienta el crecimiento de medios libres, independientes y pluralistas. El proyecto de ley de comunicaciones establece el marco de regulación de los sectores de las telecomunicaciones, la radiodifusión y postal. La Dirección de Comunicaciones de Lesotho regula y supervisa el sector.
59. En el país no se imponen restricciones al acceso a Internet y el Gobierno no supervisa el correo electrónico ni los espacios de charla de Internet. En el sitio web del Gobierno todos los ministerios y departamentos presentan sus servicios, explicando la manera de acceder a ellos e incluyen enlaces con algunos sitios web privados del país.
e) Eliminación de la discriminación contra los grupos vulnerables
i) Personas con discapacidad
60. En un esfuerzo por promover los derechos de las personas con discapacidad, el Gobierno ha creado la Dependencia de Rehabilitación del Ministerio de Salud a fin de empoderar y rehabilitar a personas con discapacidad. Esta Dependencia ha sido
descentralizada a nivel de todos los distritos. Hay un programa educativo integrador en todo el país y se ha creado en paralelo a la Dependencia Especial en el seno del Ministerio de Educación y Formación. El Gobierno brinda asistencia y apoyo a los docentes con discapacidad visual creando centros públicos de formación profesional para personas con discapacidad.
61. En 2005, el Gobierno estableció el programa de rehabilitación basada en la comunidad con el apoyo de la Asociación Noruega de Personas con Discapacidad. El Gobierno sigue apoyando y promocionando las actividades deportivas para personas con discapacidad, por ejemplo, la participación en los Juegos Olímpicos Especiales, los Juegos Paralímpicos y los Juegos Olímpicos para Sordos. La política gubernamental de tecnologías de la información y de las comunicaciones promueve la integración de las personas con discapacidad.
62. Lesotho ha promulgado leyes que protegen y promueven los derechos de las personas con discapacidad, en particular la Ley de control de edificios de 1995, que establece normas relativas al diseño de nuevos edificios que sean adecuados y de fácil acceso para las personas con discapacidad. La Ley sobre delitos sexuales tipifica como delito penal las relaciones sexuales mantenidas con o en presencia de una persona con discapacidad25. El proyecto de ley de protección y bienestar de los niños prohíbe dispensar un trato indigno o discriminatorio a cualquier niño con discapacidad.
63. También hay un proyecto de política nacional sobre discapacidad y rehabilitación.
El proyecto servirá de orientación para elaborar, aplicar y evaluar políticas y programas públicos, tanto generales como específicos, que velen por la plena integración social de las personas con discapacidad. Al adherirse a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Lesotho ha elevado la cuestión de la discapacidad al rango de cuestión central de derechos humanos y desarrollo social, más allá de la previsión social, la asistencia social o la beneficencia.
ii) Los niños
64. El Gobierno mantiene el interés superior del niño entre las principales prioridades de sus políticas y programas. Lesotho ha elaborado un proyecto de ley de protección y bienestar de los niños que reagrupa todas las cuestiones relativas a la infancia en una única ley. Este proyecto de ley afianza los principios rectores de interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuyo contexto se inscriben los derechos de la infancia.
Abarca los derechos del niño a escala individual, familiar, comunitaria y nacional. También protege los derechos de los niños necesitados de cuidados y protección especiales, de los niños con discapacidades, los niños víctimas de la trata, los niños en conflicto con la ley y los niños infectados o afectados por el VIH y el sida.
65. El Gobierno ha adoptado cierto número de políticas para mejorar la protección y la promoción de los derechos de los niños y adolescentes. Entre estas figuran, en particular, la Política nacional de bienestar social de 2004, destinada a proteger a los niños en todos los ámbitos de la vida, y la Política nacional sobre niños huérfanos y vulnerables de 2005, que prevé ofrecer todas las atenciones y el apoyo necesarios a estos niños.
66. La política sobre género y desarrollo menciona expresamente la necesidad de que niñas y niños accedan a los mismos derechos y oportunidades. La Política nacional de salud reproductiva, que reconoce un riesgo de contagio del VIH/SIDA mayor entre los jóvenes que en otros grupos sociales, emplaza a las autoridades a reforzar y hacer valer leyes que protejan a este grupo contra abusos físicos y sexuales, así como a mejorar su acceso a información y servicios pertinentes. Sin embargo, el número de huérfanos ha aumentado significativamente y el Departamento de Bienestar Social no está en condición de responder a sus necesidades.
67. El Gobierno ha creado, en colaboración con la Comisión Europea y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), un subsidio de asistencia infantil para niños huérfanos y vulnerables. Esta ayuda ha sido distribuida en tres distritos a modo de prueba piloto y se extenderá a su debido tiempo a los siete distritos restantes.
68. Para facilitar la presentación de denuncias se estableció en 2009 una línea telefónica de ayuda a la infancia que funciona las 24 horas del día. Save the Children (Lesotho) opera la línea y su personal remite todos los casos a los servicios correspondientes. La clave de su éxito está en el hecho de abarcar todo el territorio nacional.
69. Se está combatiendo enérgicamente el problema del trabajo infantil, ya se trate de explotación comercial de niños o de su uso excesivo en tareas domésticas o ganaderas.
Lesotho dispone de un proyecto de programa nacional de acción para la eliminación del trabajo infantil. Este documento describe la estrategia a seguir para luchar contra los diversos tipos de trabajo potencialmente nocivos para la salud y el desarrollo de los niños.
iii) Las mujeres
70. De conformidad con los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos, Lesotho ha adoptado medidas de ámbito nacional para promover los derechos de las mujeres y la igualdad entre los géneros.
71. El derecho consuetudinario trataba a la mujer como a una perpetua menor de edad bajo la tutela y la protección de un hombre de su familia. Las mujeres también sufrían discriminación en la sucesión. Las prácticas culturales y las pautas tradicionales de socialización impedían que las mujeres ejercieran plenamente sus derechos y libertades.
Lesotho ha logrado grandes avances en la lucha contra la discriminación de la mujer.
72. En el artículo 4, párrafo 1 o) del capítulo II de la Constitución se establece el derecho a la igualdad y en el 4, párrafo 1 n) se consagra el derecho a la no discriminación, prohibido asimismo en el artículo 18, párrafos 1 y 3. En el artículo 18, párrafo 4 c) se desarrollan estas disposiciones. Ese artículo constituye la base de la reserva formulada al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por su incompatibilidad con el derecho consuetudinario. El punto central, como se indica en el artículo 26, párrafos 1 y 2, es que la Constitución requiere la adopción de políticas que promuevan una sociedad basada en la igualdad y la justicia para todos sus ciudadanos con independencia de consideraciones de género. Los elementos considerados incompatibles con este principio son actualmente objeto de un debate nacional.
73. La Ley sobre la capacidad jurídica de las personas casadas demuestra la determinación del Gobierno de eliminar la discriminación contra la mujer. La ley erradica la discriminación contra la mujer en todos los ámbitos de la vida. La dificultad que se plantea es modificar el estatuto de la mujer previsto por el derecho consuetudinario.
74. Tras la promulgación de la Ley sobre la capacidad jurídica de las personas casadas, se han examinado y modificado las disposiciones de otras leyes que discriminaban a las mujeres casadas. Se trata, en particular, de la Ley de sociedades de 1967, modificada en 2008 para permitir el nombramiento de mujeres en cargos ejecutivos o directivos sin necesidad del consentimiento de sus maridos. La Ley de tierras de 1979 también fue modificada en 2008 y prevé disposiciones sobre los títulos de propiedad común de la tierra para los cónyuges casados en régimen de comunidad de bienes.
75. En lo que respecta a la representación de las mujeres en la esfera política y en los puestos de responsabilidad, Lesotho cuenta con 26 mujeres (incluida la Presidenta) en la Asamblea Nacional, frente a 94 hombres; 6 mujeres sobre un número total de 19 ministros;
3 mujeres sobre 6 ministros adjuntos; 12 mujeres sobre 33 senadores; 6 mujeres sobre 19 secretarios principales; 6 mujeres sobre 13 jueces; 5 mujeres sobre 13 embajadores; y una
mujer (la Presidenta) sobre 3 miembros de la Comisión Electoral Independiente. Una mujer ostenta actualmente el cargo de comisionada de la Policía.
76. De conformidad con los compromisos asumidos en virtud de los acuerdos internacionales y de la política de género y desarrollo, en 2003 se aprobó la Ley sobre delitos sexuales, que establece un vínculo entre las cuestiones relativas a la igualdad de género y el HIV/SIDA.
77. En colaboración con los asociados para el desarrollo y organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno de Lesotho ha emprendido programas y proyectos para favorecer el avance de la mujer en diversos ámbitos. Ejemplo de ello es el programa de crédito destinado a promover el autoempleo entre las mujeres. A ese fin se prestan servicios de fortalecimiento de la capacidad a las mujeres y apoyo crediticio para la creación de empresas sostenibles. El 80% de sus beneficiarios son mujeres.
78. El Departamento de Asistencia Jurídica protege y representa ante la justicia a las mujeres y niños basotho en situación de indigencia. En la mayoría de casos se trata de reclamar pensiones alimentarias a sus maridos y padres respectivamente.
79. La violencia doméstica persiste. Las autoridades todavía no han promulgado una legislación en este ámbito debido a la escasez de recursos. Se sigue tratando la violencia doméstica en el marco de la legislación general en materia de agresiones y del derecho consuetudinario.
80. Es preciso aprobar leyes sobre la trata de personas, que afecta principalmente a mujeres y niñas. Una vez más, la escasez de recursos entraba la posibilidad de tratar ese fenómeno con la debida rapidez.
81. Sigue sin superarse el desafío de promulgar una legislación sobre el aborto. Se lo sigue considerando como un delito de derecho común, salvo en los casos en los que se considera necesario para proteger la vida o la salud mental o física de la mujer, así como en casos de violación o de incesto. Un aumento de la capacidad permitiría actuar con rapidez en este ámbito.
iv) Los reclusos
82. La proclamación relativa a los centros penitenciarios de 1957 estableció la administración penitenciaria, así como las modalidades para su gestión y administración.
Decidido a aplicar los principios fundamentales de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y a cumplir con las conclusiones del informe de la Comisión White sobre las condiciones de la cárcel de Lesotho, el Gobierno ha demostrado su voluntad de mejorar la situación de las cárceles demoliendo y reconstruyendo los centros penitenciarios que no podían ser reformados, emprendiendo obras de gran calado en las instituciones que presentaban condiciones insalubres y mejorando la calidad de la alimentación y las condiciones sanitarias.
83. Los delincuentes jóvenes son detenidos en centros especiales para menores; hombres y mujeres permanecen recluidos a su vez en instituciones separadas. Por el momento, no se dispone de recintos separados para los detenidos en régimen de prisión preventiva. Se dispensa un trato especial a los detenidos vulnerables, en particular a los jóvenes, las personas de edad avanzada y los enfermos en fase terminal. Se permite a las madres lactantes permanecer con su hijo hasta que este cumpla 2 años o, en casos excepcionales, 3 años de edad. En 2009 se aprobó una enmienda a la Ley de procedimientos y pruebas en materia penal para asegurar la transferencia de los presos con perturbaciones mentales a hospitales penitenciarios.
84. La administración penitenciaria ha dispuesto una política y un plan estratégico contra el VIH/SIDA con el propósito de mejorar las condiciones generales de salud de los
reos y luchar contra la propagación de enfermedades infecciosas, en particular del VIH y el sida.
85. La Ley de juicios rápidos limita el período de detención preventiva a 60 días y su aplicación ha permitido reducir de forma significativa el hacinamiento en las prisiones.
86. El servicio penitenciario de Lesotho debe enfrentarse a los siguientes retos: seguir reduciendo el hacinamiento en las cárceles, mejorar las condiciones de detención y frenar la propagación de la pandemia del VIH/SIDA.
B. Derechos económicos y sociales
a) Salud
87. En Lesotho, el acceso a los servicios de salud se coordina mediante la labor conjunta de cuatro instituciones: el Gobierno —a través del Ministerio de Salud y Bienestar Social—, la Asociación Cristiana de la Salud de Lesotho, el sector privado de la salud y las organizaciones no gubernamentales. El país cuenta con 20 hospitales, que suman 2.466 camas, con 157 centros de salud y con cuatro clínicas de orientación. Hay un médico por cada 14.808 personas y una enfermera por cada 2.990. El Ministerio de Salud ha emprendido reformas para reducir la morbilidad y la mortalidad, corregir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y de asistencia social, y para mejorar enérgicamente las condiciones de salud de la población. Se trata de mejorar de forma duradera el acceso a servicios de prevención, atención médica y rehabilitación de calidad en todo el país.
88. Las tarifas de las intervenciones quirúrgicas comunes practicadas en los hospitales son fijas y los servicios prestados en todos los centros de salud son gratuitos. Estos centros ofrecen atención médica básica, servicios de vacunación y de planificación familiar; en su mayoría están habilitados para prescribir y suministrar tratamientos antirretrovirales.
89. El Gobierno está construyendo un hospital de remisión de 425 camas en Maseru y tres clínicas de orientación26. Millenium Challenge Corporation apoya el proceso de modernización de 150 centros de salud, la formación de profesionales de la salud y la construcción del laboratorio nacional. El objetivo de todas estas iniciativas es mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud.
90. El principal problema de salud pública en Lesotho es la prevalencia del VIH/SIDA.
El Ministerio de Salud y Bienestar Social ofrece asesoramiento y análisis de detección del VIH a las mujeres embarazadas, en el marco de la atención médica prenatal. Las embarazadas tienen acceso al examen prenatal gratuito en hospitales y clínicas públicos, donde sus hijos recibirán vacunas, vitaminas y complementos nutricionales sin costo alguno hasta los 5 años.
91. Los retos del sector de la salud son, en particular, mejorar el acceso a los centros de atención médica, alcanzar una masa crítica de profesionales de la salud y dotarse de los equipos y suministros adecuados.
b) Educación
92. La tasa de alfabetización estimada en 2003 era del 84,6%. Según estadísticas del año 2006, Lesotho contaba aproximadamente con 1.455 escuelas de enseñanza primaria, en las que figuraban inscritos 424.855 alumnos, con una proporción bastante pareja de niños y niñas, y en las que trabajaban 10.418 docentes, entre ellos 6.141 cualificados. Disponía de unos 240 colegios de enseñanza secundaria, con 94.545 alumnos y 3.673 profesores, 2.651 de ellos plenamente cualificados. Las chicas eran mayoría en esta franja educativa.
Cursaban estudios en diversos centros de enseñanza postsecundaria 2.597 alumnos. La enseñanza de nivel universitario contaba con 6.726 estudiantes, de los cuales un 52% eran
hombres y un 48% mujeres27. Otras personas estudian en el extranjero en centros de enseñanza secundaria, postsecundaria y universitaria. Lesotho, que suscribe las disposiciones de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, considera la educación como un derecho de todos los niños. Así ha quedado patente con la introducción de la enseñanza primaria gratuita en 2000. Para hacer frente a la crisis de pobreza, que impide una escolarización eficiente y eficaz, el proyecto de enseñanza primaria gratuita incluye un programa nutricional, financiado por el Estado, que atiende las necesidades nutricionales de los alumnos.
93. Para apuntalar el éxito del programa nutricional, el Gobierno proyecta construir más escuelas primarias y secundarias. El Japón ha contribuido mucho a la construcción de escuelas en Lesotho. El principal centro de formación docente, el Lesotho College of Education, ha aumentado su capacidad para responder al número creciente de alumnos en los colegios.
94. El Gobierno ha puesto en marcha programas de becas para los niños huérfanos, especialmente para los huérfanos de padre y madre, y los niños desfavorecidos que cursan la enseñanza secundaria. También ha creado el programa de alquiler de manuales escolares que permite obtener material pedagógico a un menor costo. La Secretaría Nacional de Desarrollo de los Recursos Humanos administra el programa de becas para la enseñanza superior, que beneficia a estudiantes de diversas disciplinas académicas tanto a escala local como en la región de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC).
95. El Ministerio de Educación ha empezado a impartir, de forma experimental, formación en materia de derechos humanos en diez colegios.
96. La Política de programas de estudios y evaluación prevé el uso de la lengua materna como idioma vehicular de la enseñanza hasta el tercer año de la escuela primaria y la enseñanza del inglés como asignatura en este y otros niveles. De este modo se reconoce la existencia de los grupos minoritarios en la elección de los idiomas. En la política también se ha previsto incorporar el lenguaje por señas a la nueva política lingüística.
97. El proyecto de enmienda a la Ley de educación establece el carácter obligatorio de la enseñanza primaria y tipifica como delito el hecho de no enviar al colegio a un hijo en edad escolar.
98. El Ministerio de Educación aspira a una educación integradora que responda a las necesidades de todos los alumnos, con independencia de sus capacidades o discapacidades físicas, género o raza. Por este motivo, el Lesotho College of Education ha incorporado la Educación Especial a su plan de estudios. El Ministerio se propone, entre otros objetivos, habilitar infraestructuras, equipos y materiales adecuados para su utilización en el ámbito escolar. Su principal desafío sigue siendo procurar infraestructuras, equipos y materiales adaptados a las necesidades específicas de alumnos con diversas discapacidades en los colegios. Su principal obstáculo es la escasez de recursos económicos.
c) Derecho a la alimentación
99. Consciente de la necesidad de velar por la seguridad alimentaria, el Gobierno estableció un Plan nacional de seguridad alimentaria en 2005. Su objetivo es mejorar la disponibilidad y el acceso a la alimentación y velar por la estabilidad del suministro y uso eficaz de los alimentos. A estos efectos, incorpora ciertas estrategias, como la promoción de la producción agrícola y de bienes, y el apoyo institucional.
100. Las autoridades han adoptado diversas estrategias para mejorar la productividad agrícola. Se han creado programas para poner en marcha estas estrategias. Todavía es pronto para poder evaluar su impacto.
101. Se alienta a las comunidades a formar cooperativas y se les imparte formación sobre prácticas de gestión pertinentes.
d) Protección del entorno
102. El mandato del Gobierno de proteger el entorno natural y cultural se deriva de la Constitución28. El Gobierno suscribe los principios internacionalmente reconocidos de la Declaración de Estocolmo de 1972 y de la Declaración de Río de 1992, así como los principios reconocidos en la región y enunciados en la política y estrategia para el entorno y el desarrollo sostenible de la SADC y por la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente.
103. Por consiguiente, Lesotho ha tomado medidas para tratar cuestiones de desarrollo sostenible y otros asuntos de interés ambiental. Entre ellas, la formulación de un plan nacional de acción en 1989; la creación de una Secretaría Nacional de Medio Ambiente adscrita a la Oficina del Primer Ministro, en 1994; el desarrollo del plan de acción de Lesotho para el Programa 21 en 1995; la adopción de una política nacional ambiental en 1998 para tratar las prioridades nacionales de desarrollo; y la aprobación en 2001 de la Ley de medio ambiente, destinada a ofrecer un marco para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales.
104. Entre los logros más destacados cabe citar la elaboración de las Directrices sobre la evaluación del impacto ambiental, la preparación de informes sobre la situación ambiental y la biodiversidad, de las Directrices sobre la calidad del agua y de las Normas sobre emisiones industriales, así como la realización de estudios preliminares de viabilidad sobre la gestión de desechos sólidos.
e) Fondo de pensiones de vejez
105. El Gobierno instauró en 2004 un fondo de pensiones de vejez no contributivo para las personas mayores de 70 años. El fondo permite a las personas de edad avanzada satisfacer algunas de sus necesidades básicas, en función de la situación económica. Desde el ejercicio económico 2007/08 las pensiones han pasado de 26,8 a 40,22 dólares de los EE.UU. mensuales. Esta red de seguridad social se ha visto amenazada por la crisis económica y financiera mundial.
IV. Logros, prácticas óptimas, retos y limitaciones
A. Logros y prácticas óptimas
a) Tasas de alfabetización elevadas
106. En la evaluación del programa "Educación para Todos" se señaló que Lesotho ocupa una posición única en el África subsahariana, ya que cuenta con tasas de escolarización y de terminación de la enseñanza más altas entre las chicas que entre los chicos.
b) Sistema de representación electoral proporcional mixto
107. Este modelo ha funcionado bien en Lesotho ya que propicia una representación parlamentaria integradora entre los partidos políticos. El proceso ha mejorado el diálogo entre los partidos y ha favorecido la apertura y una mayor representatividad en la Asamblea Nacional. La creación y el empoderamiento de los consejos locales han apuntalado la democracia participativa en el país.
