Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 12º período de sesiones
Ginebra, 3 a 14 de octubre de 2011
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 15 a) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos*
Trinidad y Tabago
* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/12/TTO/1
Asamblea General Distr. general 19 de julio de 2011 Español
Original: inglés
Índice
Párrafos Página I. Metodología ... 1–3 3
II. Información sobre el país... 4–12 3 Panorama político y socioeconómico... 4–12 3 III. Disposiciones de política generales y normas de promoción y protección de
los derechos humanos ... 13–27 5
A. La Constitución ... 13–17 5 B. El Parlamento ... 18–20 5
C. El poder judicial ... 21–24 6
D. Marco de protección de los derechos humanos ... 25–27 6 IV. Promoción y protección de los derechos humanos ... 28–100 7
A. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ... 28–53 7 1. El Defensor del Pueblo... 33–34 8 2. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona ... 35–41 8 3. Acceso a la justicia... 42–47 10 4. Pena de muerte ... 48–53 11 B. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ... 54–81 12 1. Derecho al trabajo ... 54–58 12 2. Derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental ... 59–62 13
3. Derecho a la vivienda... 63–64 14 4. Derecho a la educación ... 65–70 14
5. Derechos de las personas con discapacidad ... 71–73 15
6. Derechos de las personas mayores ... 74–77 15 7. Derechos culturales ... 78–80 16
8. Prestación de servicios sociales... 81 17 C. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas as Formas de
criminación Racial... 82–86 17 D. Convención sobre los Derechos del Niño... 87–92 18
E. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer... 93–100 19 V. Logros y mejores prácticas ... 101–107 20 VI. Retos y limitaciones... 108 22
VII. Prioridades y compromisos nacionales ... 109 22 VIII. Expectativas del Estado ... 110 24
I. Metodología
1. El informe nacional para el primer Examen Periódico Universal (EPU) de Trinidad y Tabago se elaboró de conformidad con las directrices generales para la preparación de la información en el marco del EPU. El Ministerio de Justicia, por conducto de su Unidad de Derecho Internacional y Derechos Humanos, adoptó un enfoque consultivo para coordinar las consultas con los ministerios y organismos del Gobierno, constituyendo un comité interministerial, integrado por miembros de los diferentes ministerios competentes y representantes de los servicios de policía e instituciones penitenciarias de Trinidad y Tabago. Véase el apéndice III. Este comité funcionó como mecanismo de coordinación de la información sobre la aplicación de las leyes y políticas de protección de los derechos humanos y desarrollo humano. También se realizaron consultas con representantes de la sociedad civil de Trinidad y Tabago, en las que se recogieron aportes de un grupo transversal de organizaciones no gubernamentales (ONG). Véase el apéndice IV.
2. Trinidad y Tabago posee una sociedad civil y una comunidad de ONG muy activas y variadas. Mientras que ONG internacionales tradicionales como la Sociedad de la Cruz Roja, la Asociación Cristiana de Jóvenes y la Asociación de Planificación de la Familia se ocupan de una amplia serie de cuestiones vinculadas con los derechos humanos, la mayoría de las ONG de Trinidad y Tabago tienden a centrarse en un tema específico, como el adelanto de la mujer, los derechos del niño, la violencia doméstica, las personas con discapacidad, la asistencia a los desempleados, todas las formas de abuso y el VIH/SIDA.
3. La sociedad civil también ha evolucionado para reflejar el carácter plural del país, y algunas ONG se centran en el adelanto de las mujeres de orígenes étnicos y religiosos específicos. No obstante, estas ONG no niegan asistencia a las mujeres que no pertenezcan a dicho grupo y deseen acceder a sus servicios.
II. Información sobre el país
Panorama político y socioeconómico
4. La República de Trinidad y Tabago es un Estado archipelágico del Caribe meridional, ubicado sobre la plataforma continental de la costa nororiental de la República Bolivariana de Venezuela y al sur de Granada, en las Antillas Menores. La República está integrada por dos islas: Trinidad, la más grande, con una superficie de 4.828 km², y Tabago, la más pequeña, de 300 km². Según las estimaciones, a fines de 2010 la población del país era de 1.317.714 personas, con una tasa de crecimiento anual del 0,087%. Es una sociedad multiétnica, compuesta por personas de ascendencia india oriental (40%), africana (37,5%), mixta (20,5%), europea (0,6%), china, y otros grupos mixtos, entre los que se cuentan descendientes de los pueblos amerindios indígenas (1,2%). En su calidad de sociedad plural, Trinidad y Tabago ha cultivado relaciones armoniosas entre los grupos étnicos, empleando una serie de mecanismos para garantizar el mantenimiento de la coexistencia pacífica.
5. El país es una democracia parlamentaria estable que presenta desde hace mucho tiempo todas las características de las democracias consolidadas. Este hecho es ahora más evidente que nunca antes en la evolución histórica de Trinidad y Tabago, dado que el país está siendo gobernado eficazmente por un Gobierno de coalición desde mayo de 2010.
Entre estas características se cuentan sucesivas transmisiones pacíficas del poder entre gobiernos, una sociedad civil vibrante, el respeto del estado de derecho —incluida la
adherencia a los derechos humanos y las libertades fundamentales— y múltiples canales abiertos a la expresión y la representación de los intereses y valores de los ciudadanos.
6. Tradicionalmente, la economía del país se ha basado en la energía, con un sector petrolero que se originó en 1867, fecha de la perforación del primer pozo de petróleo en el sur de Trinidad. En los últimos 30 años, el país ha perseguido la diversificación económica, convirtiéndose en la economía manufacturera más desarrollada del Caribe de habla inglesa, con un ingreso per capita de 98.470 dólares de Trinidad y Tabago (15.300 dólares de los Estados Unidos) en 2010. Actualmente, la energía representa el 35,7% del producto interno bruto (PIB), la construcción el 9,9%, la manufactura el 5,3%, los servicios financieros el 11,5%, la agricultura el 0,6% y otros sectores el 37%.
7. Miembro fundador de la Comunidad del Caribe (CARICOM), Trinidad y Tabago ha basado su política económica regional en los principios de promoción y apoyo de la solidez y sostenibilidad económicas de la región y, por consiguiente, de la estabilidad económica de cada miembro.
8. La economía del país registró fuertes tasas de crecimiento, de un promedio del 8%
entre 2000 y 2008. Este crecimiento se vio perjudicado por la crisis financiera y económica mundial de 2008-2009, que se reflejó en un déficit del Gobierno central equivalente al 5,8%
del PIB en el año fiscal 2008/09. En 2008 y 2009, las tasas de crecimiento del PIB per capita reflejaron esa contracción de la economía y descendieron un 2,4% en 2008, un 3,5% en 2009 y un 2,5% en 2010. Desde entonces ha habido una recuperación incipiente, y se prevé que el PIB per capita aumentará un 2,5% en 2011. Las cifras de desempleo han seguido elevándose, de un 4,6% en 2008 a un 5,3% en 2009 y un 6% en 2010. Esto refleja el persistente impacto local de la brusca caída del crecimiento económico mundial en 2008 y 2009, y pone de manifiesto que las economías pequeñas siguen siendo vulnerables a las conmociones exógenas.
9. Desde que firmó la Declaración del Milenio en 2000, el Gobierno ha redoblado sus esfuerzos para lograr los Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). Gracias al dinamismo de una economía que registró 14 años consecutivos de crecimiento económico, el Gobierno pudo hacer importantes avances hacia el logro de todas las metas previstas en los ODM. A pesar de la coincidencia de la crisis económica y financiera mundial y la inquietud por el descenso del bienestar económico de Trinidad y Tabago, el Gobierno no ha modificado la prioridad que atribuye a los ODM y a la mejora del bienestar de los ciudadanos.
10. Hasta la fecha, Trinidad y Tabago ha hecho importantes avances en la reducción de la pobreza extrema y ha superado las metas relativas a la enseñanza primaria universal.
Actualmente, los ciudadanos reciben enseñanza preescolar, primaria, secundaria y universitaria gratuita. También se han eliminado las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria.
11. El bienestar de las personas que viven con el VIH/SIDA es otra de las prioridades fundamentales del Gobierno. Con tal fin, el Gobierno está aumentando y fortaleciendo los sistemas destinados a aplicar plenamente su política de garantizar a estas personas el acceso universal y gratuito a tratamientos antirretrovirales, una atención de la salud de elevada calidad y otros tipos de apoyo sistémico.
12. Actualmente, el Gobierno de Trinidad y Tabago está tratando de reducir la incidencia de los delitos violentos, que han ido en constante aumento en la última década.
Este incremento ha seguido al de la vulnerabilidad del país en tanto punto de transbordo para el narcotráfico, dada su ubicación en la ruta del tránsito entre los productores del Sur y los consumidores del Norte. La actual coalición de Gobierno ha adoptado medidas drásticas para reducir el impacto de los delitos violentos en Trinidad y Tabago, aprobando diversas normas como: la Ley de lucha contra las pandillas de 2011, que tiene por objeto erradicar las asociaciones para delinquir y mejorar el mantenimiento de la seguridad pública; la Ley
de lucha contra la trata de personas de 2011, que no solo tipifica por primera vez como delito la trata de seres humanos en Trinidad y Tabago sino que también crea una protección específica para las mujeres y los niños víctimas.
III. Disposiciones de política generales y normas de promoción y protección de los derechos humanos
A. La Constitución
13 En la Constitución de la Independencia, de 31 de agosto de 1962, se establece que Trinidad y Tabago es un Estado soberano y democrático, con su Majestad la Reina como Jefa de Estado.
14. El 1º de agosto de 1976, se promulgó una Constitución Republicana, por la que el Presidente pasó a ser el Jefe de Estado. La Presidencia es un órgano independiente que no interviene en la política partidaria. El Presidente es nombrado por un Colegio Electoral, integrado por ambas cámaras del Parlamento reunidas. El Presidente es Jefe de Estado, y el Primer Ministro Jefe de Gobierno. Por consiguiente, el Presidente no participa directamente en la aplicación de la política del Gobierno. La Constitución atribuye al Presidente el nombramiento del Primer Ministro, los senadores y los jueces del Tribunal Supremo.
15. La Constitución es la ley suprema, y cualquier ley que sea incompatible con esta es nula en cuanto a la incompatibilidad. Para enmendar la Constitución es necesaria una mayoría especial en el Parlamento.
16. La Constitución reconoce y garantiza la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de Trinidad y Tabago. Estos abarcan el derecho a la vida, la libertad, la seguridad de la persona y el disfrute de la propiedad, y a no verse privados de estas salvo mediante el debido procedimiento legal; el derecho a la igualdad ante la ley y a la protección de la ley; el derecho al respeto de la vida privada y familiar; el derecho a la igualdad de trato ante toda autoridad pública en el ejercicio de cualquiera de sus funciones;
el derecho a afiliarse a partidos políticos y a expresar opiniones políticas; el derecho de los padres o tutores a elegir la escuela para la educación de sus hijos o pupilos; la libertad de movimiento; la libertad de conciencia y de creencias y observancia religiosas; la libertad de pensamiento y expresión; la libertad de asociación y reunión; y la libertad de prensa.
17. La Constitución garantiza el derecho de toda persona que sostenga que sus derechos fundamentales, consagrados en el capítulo 1, han sido o podrían ser violados o reprimidos, a interponer un recurso ante el Tribunal Superior para obtener reparación judicial.
B. El Parlamento
18. Trinidad y Tabago es una democracia parlamentaria que tiene por modelo el sistema británico de Westminster y respeta el principio de la separación de poderes. El Gobierno está integrado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
19. El Parlamento comprende la Cámara de Diputados (cámara baja), integrada por 41 miembros, y el Senado o cámara alta, integrada por 31 miembros. Las elecciones parlamentarias se celebran cada cinco años para elegir a los miembros de la Cámara de Diputados. De los 31 miembros del Senado, 16 son senadores del Gobierno, nombrados por el Presidente con el asesoramiento del Primer Ministro, y 6 son senadores de la oposición, nombrados con el asesoramiento del líder de la oposición. Los 9 senadores restantes cuyo nombramiento queda enteramente a discreción del Presidente, son senadores
independientes que representan a amplios sectores de los intereses de la sociedad civil. La Constitución atribuye el poder ejecutivo al Presidente. La responsabilidad del control y la dirección diarios del Gobierno descansa en el Consejo de Ministros, encabezado por el Primer Ministro. El Consejo de Ministros responde ante el Parlamento acerca de todas las cuestiones de política pública. La composición del Consejo de Ministros es prerrogativa exclusiva del Primer Ministro, quien asesora al Presidente sobre el nombramiento de sus integrantes.
20. El Presidente, con el asesoramiento del Primer Ministro, puede disolver el Parlamento en cualquier momento de los cinco años que dura la legislatura. El poder ejecutivo debe distinguirse del poder legislativo. En virtud de la Constitución, el poder ejecutivo recae íntegramente en el Presidente de la República. La Constitución también permite el ejercicio de facultades ejecutivas a funcionarios, que dependen de la Presidencia.
De conformidad con la Constitución, el Consejo de Ministros (integrado por el Primer Ministro, el Ministro de Justicia y los demás ministros del Gobierno) se encarga de la dirección y el control generales del Gobierno y es responsable ante el Parlamento.
C. El poder judicial
21. El sistema judicial de Trinidad y Tabago se basa en el common law inglés. Abarca varias instancias, a saber, el Tribunal Supremo y los tribunales de primera instancia. El Tribunal Supremo está integrado por el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación, y es competente en lo civil y lo penal. El Comité Judicial del Consejo Privado es el tribunal de última instancia de Trinidad y Tabago. Los tribunales de primera instancia están divididos en 13 distritos y sesionan diariamente para juzgar cuestiones de menor gravedad en lo penal y lo civil.
22. En 2004 se creó en Trinidad y Tabago un Tribunal de Familia especial dentro de los tribunales de primera instancia y del Tribunal Superior. El Tribunal de Familia es competente en todas las cuestiones de familia, incluidas el divorcio, la manutención de los hijos, la violencia conyugal y las órdenes de paternidad.
23. Los recursos contra las decisiones de los tribunales de primera instancia y el Tribunal Superior se interponen ante el Tribunal de Apelación, y los recursos contra las decisiones de este último se interponen ante el Comité Judicial del Consejo Privado en Inglaterra. El Presidente del Tribunal Supremo tiene la responsabilidad general de la administración de justicia en Trinidad y Tabago.
24. En 1965 se estableció en Trinidad y Tabago un Tribunal de lo Laboral, en calidad de tribunal de segunda instancia, con un estatuto equivalente al del Tribunal Superior. Se trata de un tribunal altamente especializado, con una competencia especial que deriva de su responsabilidad de administrar justicia en la esfera social. Su principal función es resolver conflictos vinculados con las relaciones laborales y demás asuntos previstos en la Ley de relaciones laborales de 1972, la Ley de reducciones presupuestarias e indemnización por cese de 1985, la Ley de protección de la maternidad de 1998 y la Ley por la que se modifica la Ley de salario mínimo, de 2000.
D. Marco de protección de los derechos humanos
25. Trinidad y Tabago es parte en, entre otros, los siguientes instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos:
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;
• Convención sobre los Derechos del Niño;
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;
• Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores;
• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;
• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional:
• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;
• Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
26. Además, Trinidad y Tabago ha ratificado los 8 convenios fundamentales y 2 de los convenios prioritarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Véase el apéndice II.
27. A nivel regional, Trinidad y Tabago es signatario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer "Convención de Belém Do Pará". Todos los tratados, incluidas las convenciones de derechos humanos, deben ser incorporados en la legislación nacional antes de poder ser invocados ante los tribunales de Trinidad y Tabago y aplicados por estos.
IV. Promoción y protección de los derechos humanos
A. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
28. En el capítulo 1 de la Constitución de la República de Trinidad y Tabago se establece la obligación jurídica del Estado, fundada en los principios democráticos y en el estado de derecho, de reconocer y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población del país. Entre los derechos consagrados se cuentan el derecho de todos los ciudadanos a la igualdad de trato ante la ley y a la protección de la ley, el derecho a afiliarse a partidos políticos y a expresar opiniones políticas, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación y reunión, y la libertad de conciencia y de creencias y observancia religiosas, en el contexto de la separación entre la iglesia y el Estado.
29. La ley por la que se modifica la Ley de libertad de información, de 2003 otorga al público el derecho general de acceder a los documentos oficiales de las autoridades públicas y a las cuestiones conexas. Este derecho solo está limitado por las excepciones y exenciones necesarias para proteger los intereses públicos esenciales y los asuntos privados y comerciales de las personas sobre las que las autoridades públicas reúnen y conservan información. La aprobación de esta ley demuestra la adhesión del Estado a un sistema abierto, transparente y responsable de gobernanza, y traduce y reconoce en la práctica el derecho de los particulares propio de una democracia a preguntar por cualquier aspecto de la política pública y a recibir una respuesta correcta.
30. A pesar de que hubo dos tentativas golpistas, en 1970 y 1990 respectivamente, ningún ciudadano de Trinidad y Tabago fue detenido, encarcelado ni exiliado en forma arbitraria por razones políticas; los perpetradores de estos actos fueron llevados ante los tribunales para responder a los cargos. En ambos casos, los responsables —que fueron en su mayoría liberados por los tribunales— siguen disfrutando de todos los derechos y libertades que la Constitución garantiza a los ciudadanos. Si bien Trinidad y Tabago no es signatario de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los sucesivos gobiernos han repudiado, en la teoría y en la práctica, el empleo de la tortura.
31. La existencia de varios periódicos de publicación diaria y semanal en Trinidad y Tabago, así
como de numerosas radios —que emiten programas de entrevistas y que reciben llamados del público, en los que se debaten prácticamente todos los aspectos de la vida nacional—
pone de manifiesto que la libertad de expresión y de prensa son una realidad en Trinidad y Tabago. Debido a la actual inquietud con respecto al papel de la prensa en una sociedad libre y a las preocupaciones expresadas periódicamente por el Gobierno y la comunidad en general, los medios de comunicación han adoptado una serie de directrices operativas, en forma de autorregulación compatible con las normas de aceptabilidad establecidas por el propio sector.
32. El principio de gobernanza sigue siendo un objetivo fundamental del Gobierno en lo que hace a la promoción del desarrollo sostenible de Trinidad y Tabago. A este respecto, el parecer del Gobierno es que la población debe recibir su parte de los frutos del desarrollo nacional y que el Estado debe proporcionar la oportunidad, a cada ciudadano sin discriminación, de perseguir sus aspiraciones individuales y disfrutar plenamente del derecho de contribuir al desarrollo nacional en la medida de sus capacidades.
1. El Defensor del Pueblo
33. La Defensoría del Pueblo se creó en 1977 para garantizar la protección de los particulares contra las injusticias burocráticas, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República de Trinidad y Tabago. Se trata de una entidad independiente y apolítica ante la cual los ciudadanos pueden recurrir contra las injusticias administrativas.
El mandato del Defensor del Pueblo es prestar un servicio imparcial, informal y rápido al público, investigando las denuncias contra los departamentos, los órganos y las autoridades del Gobierno. Para garantizar un acceso lo más amplio posible a sus servicios, el Defensor del Pueblo tiene tres oficinas permanentes en todo el país. Además, tiene un calendario de visitas mensuales a las comunidades, para facilitar la presentación de denuncias y educar al público en general sobre sus derechos y deberes como miembros de una sociedad democrática libre.
34. El Defensor del Pueblo es nombrado por el Presidente, tras consultar con el Primer Ministro y el jefe de la oposición, y permanece en el cargo por un período máximo de cinco años, luego del cual puede ser nombrado nuevamente. El Defensor del Pueblo rinde cuentas exclusivamente al Parlamento, al que presenta informes reglamentarios anuales.
2. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona
35. En Trinidad y Tabago, la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos está consagrada en la Constitución. Reconociendo la necesidad imperiosa de salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y de tomar medidas decisivas para detener la incidencia de la actividad delictiva y mitigar su impacto, el Gobierno ha puesto en práctica varias medidas acordes con estos fines a nivel nacional y regional.
36. Las medidas nacionales abarcan, entre otras, la asignación de mayores recursos a la Policía de Trinidad y Tabago, la formación adicional de los agentes de policía sobre diferentes métodos de detección del delito, la contratación de más policías, la mejora de los beneficios de todo el personal de las fuerzas del orden, y la aprobación de legislación, como la Ley de lucha contra el secuestro de 2000, la Ley de lucha contra las pandillas de 2011, y la Ley por la que se modifica la Ley de fianza de 2011.
37. Trinidad y Tabago reconoce los efectos nocivos de las consecuencias del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y sus municiones, y se ha beneficiado de diferentes esfuerzos multilaterales, como la labor en curso del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UN-LiREC)
—de destrucción de armas de fuego y gestión de arsenales— y la labor de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la fabricación de armas de fuego.
38. La cooperación bilateral con los Estados Unidos de América ha facilitado el acceso de la Policía de Trinidad y Tabago a "eTrace", un sistema de presentación de solicitudes de rastreo de armas de fuego en línea, que ha aumentado la capacidad local para seguir el movimiento de las armas de fuego empleadas en los delitos. Se espera que la Red Regional Integrada de Información sobre Balística, una iniciativa regional destinada a identificar las armas empleadas en delitos por medio de la información sobre balística, se vincule con eTrace, así como con otros sistemas internacionales como la Red Nacional Integrada de Identificación de Balística de los Estados Unidos.
39. Trinidad y Tabago también ha sido un activo promotor de la conclusión de un tratado internacional sobre el comercio de armas, destinado a establecer normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales.
40. Tras constatar que las amenazas a la seguridad de la persona asumen actualmente múltiples formas debido a los avances exponenciales de la tecnología de la información, el Gobierno ha impulsado la aprobación de legislación para proteger a los ciudadanos, como la Ley de uso indebido de equipo informático de 2000, la Ley de delitos de transferencia electrónica de fondos de 2000 y la Ley de transacciones electrónicas de 2011. Se ha presentado a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de protección de datos de 2011, destinado a proteger la privacidad de la información personal en formato electrónico.
Además, se han creado comités interministeriales con el cometido de ocuparse de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y formular un enfoque coordinado de una estrategia de ciberseguridad.
41. El Gobierno de Trinidad y Tabago también ha reconocido la necesidad de reforzar el marco jurídico de lucha contra las incipientes amenazas del terrorismo, dada la globalización de este fenómeno y las posibles vulnerabilidades de los pequeños Estados.
Por consiguiente, ha promulgado varias leyes, como la Ley por la que se modifica la Ley de lucha contra el terrorismo de 2010, que tipifica como delito la financiación de las actividades terroristas, la Ley de interceptación de las comunicaciones de 2010, sobre, entre otras cosas, la regulación de la interceptación de las comunicaciones y la adquisición de medios para decodificar o acceder a datos electrónicos cifrados o protegidos por contraseñas, y la Ley por la que se modifica la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera de Trinidad y Tabago, Nº 2 de 2011, por la que se creó dicha Unidad, encargada de poner en práctica las recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
3. Acceso a la justicia
42. El principio fundamental de garantizar el debido procedimiento legal y la igualdad de trato ante la ley es uno de los pilares del concepto que tiene el Gobierno de Trinidad y
Tabago de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. En su calidad de órgano gubernamental encargado de reformar el sistema de justicia penal mediante la enmienda y la introducción de legislación en la materia, el Ministerio de Justicia ha dado inicio a consultas con los principales interesados en el proceso de reforma legislativa.
43. Actualmente, el Ministerio de Justicia está revisando las siguientes leyes:
• La Ley de investigación preliminar de delitos graves de 1917, con el objeto de reducir el tiempo que transcurre entre la presentación de cargos y el juicio ante el Tribunal Superior. Se prevé que el juicio tenga lugar dentro del plazo de un año de la presentación de los cargos, con miras a reducir la acumulación de causas pendientes en el Tribunal Superior.
• La Ley de asistencia y asesoramiento jurídicos de 1976, para garantizar el acceso a los servicios de asistencia jurídica y su prestación en todo el país, y modificar los requisitos que deben reunir los beneficiarios, para facilitar el acceso al sistema de un mayor número de personas.
• La Ley de delitos sexuales de 1986, con miras a ampliar la cantidad y el alcance de los delitos sexuales tipificados en la ley y derogar y reemplazar la Ley por la que se rige el Registro de Delincuentes Sexuales.
• El proyecto de reglamento de instituciones penitenciarias de 2004, para reflejar el abandono del enfoque retributivo del derecho penal en favor de una perspectiva centrada en la eficaz reintegración de los delincuentes en la sociedad.
44. En el marco de sus competencias, el Ministerio de Justicia, en colaboración con el Ministerio de Seguridad Nacional cuando corresponde, también administra varios organismos fundamentales para proporcionar acceso a la justicia:
• La Dirección de Denuncias contra la Policía es un órgano independiente e imparcial que investiga las denuncias contra los agentes de policía, incluidos los pertenecientes a la policía municipal y los agentes especiales de reserva de la policía.
• El Comité Asesor sobre la Facultad de Indulto presta asesoramiento al Presidente en el ejercicio de su facultad de otorgar el indulto a cualquier condenado por un delito contra las leyes de Trinidad y Tabago o de reducir su pena.
• El Servicio de Indemnización por Lesiones Derivadas de Delito proporciona a las víctimas de un delito violento un mecanismo simple, eficaz, justo y humano de obtener indemnización por las lesiones sufridas.
• El Centro de Detención de Inmigrantes, creado en noviembre de 2009, es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las personas detenidas como inmigrantes ilegales. El Centro aloja en forma separada a detenidos varones y mujeres y garantiza el respeto de sus derechos humanos fundamentales, incluida la libertad de expresión religiosa. Todas las personas identificadas como inmigrantes ilegales permanecen separadas de los reclusos. Además, los inmigrantes ilegales cuentan con servicios, acceso a la representación jurídica, oportunidades educativas, atención de la salud, recreación y nutrición adecuadas, conforme a las normas internacionales. También se facilitan las visitas de todo tipo de terceros, de conformidad con las mejores prácticas internacionales.
• La Unidad de Reforma Penal se creó en 2002 para revisar el sistema penal. Desde entonces, las autoridades se han abocado a realizar reformas graduales en el sistema de justicia penal, abandonando el enfoque retributivo en favor de un sistema de justicia restaurativa, orientada a lograr la eficaz rehabilitación y reintegración de los
reclusos y sus familias. Las víctimas participan activamente en el proceso y se alienta a los autores de los delitos a asumir la responsabilidad de sus actos.
45. El Servicio de Instituciones Penitenciarias de Trinidad y Tabago se rige por las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Las reclusas se encuentran en la Cárcel de Mujeres, separadas de los reclusos. Los detenidos a la espera de juicio permanecen en el Centro de Prisión Preventiva. Los condenados están recluidos en la Cárcel de Máxima Seguridad y la Cárcel de Puerto España. Los condenados varones menores de 18 años de edad están alojados en el Centro de Capacitación de la Juventud. Las menores se encuentran separadas de las condenadas adultas, en una zona especial de la Cárcel de Mujeres.
46. Los programas de rehabilitación de las instituciones penales incluyen asesoramiento religioso/espiritual y psicológico/conductual, asistencia y apoyo en materia de conciencia personal, control de la agresividad, rehabilitación de la drogadicción, instrucción académica, actividades culturales y deportivas, y formación profesional.
47. El Gobierno es consciente de que el hacinamiento es un problema en el sistema penitenciario. La tendencia al aumento de la delincuencia en el país, en particular de los delitos graves, se ve confirmada por las estadísticas disponibles. Por ejemplo, el número de homicidios cometidos en Trinidad y Tabago en los tres últimos años es el siguiente: 547 en 2008, 507 en 2009 y 473 en 2010. Por esta razón, y con miras a aliviar los problemas resultantes del hacinamiento, el Estado construyó, en 1994, otra cárcel de máxima seguridad con una capacidad para 2.453 personas, ocupada actualmente por 1.511 reclusos.
En 2002 también se construyó una cárcel de mujeres, con una capacidad total para 200 personas y una población actual de 110 reclusas. Si bien ambas instalaciones tienen capacidad en exceso, el Gobierno reconoce que —como Trinidad y Tabago es un país en desarrollo que dispone de recursos económicos limitados— es necesario mejorar las condiciones generales de las cárceles, y está determinado a hacerlo, como demuestra lo siguiente:
• La División de Libertad Condicional se creó para proporcionar una alternativa a la reclusión para las personas menores de 16 años condenadas por delitos penales;
• El Programa de protección de testigos garantiza la seguridad y el apoyo a los testigos, las personas a su cargo y demás personas cuya vida esté en peligro como resultado de su participación en procedimientos del sistema de justicia penal;
• El Centro de Ciencia Forense de Trinidad y Tabago proporciona servicios de patología forense y análisis forense.
4. Pena de muerte
48. El artículo 4 a) de la Constitución de la República de Trinidad y Tabago reconoce el derecho de los particulares a la vida, la libertad y la seguridad de la persona y a no ser privados de estas salvo mediante el debido procedimiento legal. Trinidad y Tabago, que retiene la pena de muerte en su sistema jurídico, considera que la aplicación de la pena de muerte o cualquier otra pena constituye una cuestión de justicia penal que cae dentro de la jurisdicción nacional de los Estados soberanos. En Trinidad y Tabago, la pena de muerte solo es aplicable en casos de homicidio y traición, y el país está convencido de que la aplicación de esta pena no es incompatible con sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
49. En el caso Matthews v. The State [2004] 64 WIR 412 PC, el Consejo Privado, en su calidad de tribunal supremo del país, afirmó que, en Trinidad y Tabago, la pena de muerte por homicidio es obligatoria y no discrecional.
50. No obstante, cabe observar que antes de aplicar una pena de muerte se respeta cuidadosamente el debido procedimiento, imponiendo varias salvaguardias. La primera salvaguardia garantiza que, si no se ejecuta dentro de los cinco años de haberse dictado la condena, la pena de muerte debe conmutarse en cadena perpetua. Esta norma se basa en la causa del Consejo Privado, Pratt and Morgan v The Attorney General [1993] 43 WIR 340 PC, en la que el tribunal consideró que un retraso prolongado en la ejecución de la pena de muerte tras el dictado de la sentencia podía equivaler a una pena inhumana.
51. La segunda salvaguardia es el derecho que tienen los condenados a muerte a presentar un recurso ante el Tribunal de Apelación de Trinidad y Tabago y, por último, ante el Comité Judicial del Consejo Privado en Inglaterra, en su calidad de tribunal de apelación de última instancia del país.
52. La tercera salvaguardia se vincula con el derecho de los condenados a muerte a presentar una solicitud al Comité Asesor sobre la Facultad de Indulto, en virtud del artículo 89 de la Constitución. Este Comité asesora al Presidente en el ejercicio de su facultad de otorgar el indulto a cualquier condenado por un delito contra las leyes de Trinidad y Tabago o de reducir su pena.
53. Cabe notar asimismo que la ejecución de la pena de muerte ha estado suspendida desde 1999. El Gobierno está revisando su legislación en la materia, con la intención de adoptar una triple clasificación del delito de homicidio, reservando la pena de muerte para los casos más atroces. Esta cuestión sigue siendo objeto de debate público en Trinidad y Tabago.
B. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
1. Derecho al trabajo
54. En Trinidad y Tabago, la política de relaciones laborales se basa en la adherencia a los principios de la negociación colectiva voluntaria entre los empleadores y los trabajadores, por conducto de sus asociaciones de representación, para establecer las condiciones de empleo. Además, Trinidad y Tabago ha ratificado los 8 Convenios fundamentales y 2 de los convenios prioritarios de gobernanza de la OIT, lo que refleja la determinación del Gobierno de mejorar progresivamente las normas laborales de conformidad con las mejores prácticas internacionales.
55. Trinidad y Tabago está firmemente decidido a concretar el objetivo de la OIT de construir un futuro de trabajo decente. Con tal fin, el Gobierno proyecta aplicar, para fines de 2011, su Política y Programa de acción de trabajo decente, que proporcionarán un marco tripartito a las iniciativas de los interlocutores sociales en favor del trabajo productivo, digno y seguro para todos. La promulgación del Decreto legislativo sobre salario mínimo de 2010, por el que se aumentó el salario mínimo nacional de 9 a 12,50 dólares de Trinidad y Tabago por hora, con efecto a partir del 1º de enero de 2011, demuestra la determinación de proteger los derechos de los trabajadores y salvaguardar el derecho al trabajo.
56. Trinidad y Tabago apoyó activamente el establecimiento del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, aprobado por la OIT en junio de 2011. De conformidad con los principios del trabajo decente, ha aprobado legislación para consagrar el derecho de los trabajadores domésticos a recurrir al Tribunal de lo Laboral en caso de que sean despedidos tras presentar denuncias de violaciones del Decreto legislativo sobre salario mínimo de 2010.
57. En 2010, Trinidad y Tabago creó el Centro de Defensa y Apoyo a las Personas que viven con el VIH/SIDA, en el seno del Ministerio de Trabajo y Desarrollo de las Pequeñas
y Medianas Empresas. El Centro, encargado de aplicar la Política nacional sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo para garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales de las personas que viven con el VIH/SIDA, está a la vanguardia en la materia en el hemisferio occidental.
58. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas tiene a su cargo varios programas de lucha contra el desempleo, tales como el Programa de asistencia a los desempleados, el Programa de contratos con las comunidades y el Servicio Nacional de Empleo.
2. Derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental
59. El Gobierno de Trinidad y Tabago reconoce la relación indivisible entre la salud y el desarrollo humano y está determinado a mejorar la salud y el bienestar general de la población, centrándose en la promoción de la salud y las medidas sanitarias de lucha contra las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad. Entre los principales programas y políticas que se han puesto en práctica figuran los siguientes:
• Asistencia financiera a los pacientes necesitados
El programa presta asistencia financiera a los pacientes que reúnan los requisitos previstos y no puedan costear los tratamientos médicos y medicamentos necesarios.
• Programa de asistencia en materia de enfermedades crónicas
Trinidad y Tabago ha adoptado un enfoque dinámico en la lucha contra las enfermedades no transmisibles a nivel nacional, regional e internacional. Este abarca la creación del Comité Asesor Nacional sobre Enfermedades No Transmisibles, para orientar las intervenciones estratégicas de prevención y control, y la propuesta, en 2009, de convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre este tema. El Gobierno también dio inicio, en 2003, a un Programa de asistencia en materia de enfermedades crónicas, con el fin de aumentar el acceso a los tratamientos proporcionando medicación gratuita para enfermedades crónicas específicas, entre otras, diabetes mellitus, hipertensión, glaucoma, ciertos tipos de enfermedades cardiovasculares y asma.
60. Por medio de un activo programa legislativo, el Gobierno ha buscado aumentar la calidad general del sistema de la atención de la salud, entre otras cosas mejorando las normas pertinentes. Con tal fin, están en proceso de aprobación los siguientes proyectos de ley: el proyecto de ley de acreditación de los servicios nacionales de salud de 2011 y el proyecto de ley nacional de transfusiones de sangre de 2011.
61. Constituye una novedad especialmente importante la aprobación de la Ley de servicios de ambulancia y personal médico de emergencia de 2009, que se encuentra a la espera de su promulgación, y que proporcionará las bases para la creación de una Dirección Nacional de Ambulancias de Emergencia, y de la Ley por la que se modifica la Ley de salud mental de 2009, destinada a fijar el marco de admisión, atención y tratamiento de los enfermos mentales.
62. En 2004 se creó el Comité de Coordinación sobre el Sida. El Gobierno está estableciendo los mecanismos institucionales pertinentes para que este Comité sea el órgano oficial de coordinación, aplicación, seguimiento y revisión de todas las políticas vinculadas con el VIH/SIDA en Trinidad y Tabago. La política del Gobierno es prestar acceso universal a la atención y el tratamiento del VIH/SIDA, por lo que todas las personas infectadas cuentan con acceso gratuito a la terapia antirretroviral de gran actividad. Se han hecho considerables avances en la reducción de la transmisión maternoinfantil del virus del VIH, con una tasa de eficacia del 100% en la isla de Tabago, y una reducción del 3% en
Trinidad en 2010. También se ha creado un servicio de derechos humanos, que se encarga de los problemas vinculados con el estigma y la discriminación.
3. Derecho a la vivienda
63. Desde su independencia, Trinidad y Tabago ha seguido una política de ayuda estatal para favorecer el acceso a la propiedad de la vivienda de las personas de ingresos bajos y medios. Los sucesivos gobiernos han intentado activamente llenar el vacío existente en el mercado de la vivienda para las personas de bajos ingresos manteniendo su propio programa de construcción de viviendas. Entre 2002 y 2009 se entregaron 13.677 viviendas.
Bajo el actual Gobierno de coalición se han emprendido iniciativas específicas vinculadas con el derecho a la vivienda. Entre estas cabe citar la iniciativa emblemática del actual Ministerio de Vivienda de asegurar la aprobación inmediata de las solicitudes a la Empresa de Fomento de la Vivienda que hayan estado pendientes por más de diez años. Además, para afrontar las inundaciones extremas en partes del país, el Ministerio de Vivienda ha encomendado a la Empresa de Fomento de la Vivienda que actuara como equipo de respuesta inicial, prestando alojamiento inmediato a las familias que lo necesiten.
64. Otro mecanismo que cabe citar son varias opciones de financiación de la vivienda que ofrecen beneficios como tasas hipotecarias subvencionadas, mecanismos de financiación flexible y exenciones impositivas a los posibles compradores. Estas posibilidades han contribuido en gran medida a aumentar la asequibilidad de la vivienda para la población, y el Gobierno sigue determinado a facilitar aún más el acceso de la población a soluciones viables para la vivienda.
4. Derecho a la educación
65. Reconociendo que el derecho a la educación no es solo un derecho humano en sí mismo, sino también que es esencial para el ejercicio de otros derechos humanos, el Gobierno está determinado a velar por que todos los niños y adolescentes de 5 a 16 años de edad tengan la oportunidad de estudiar, para lo que proporciona enseñanza preescolar, primaria y secundaria pública gratuita. El Parlamento está examinando actualmente un proyecto de ley de la infancia, por el que se intenta modificar el período de escolarización obligatoria, de 6 a 12 años de edad, a 5 a 16 años de edad.
66. El Programa de atención y educación en la primera infancia, financiado con fondos públicos, se ha ampliado gracias a la construcción de más de 50 centros en todo el país.
67. El Estado también invierte importantes recursos en la prestación de servicios de apoyo social, en especial a los alumnos menos favorecidos. Estos servicios abarcan un programa de alimentación escolar, en cuyo marco se sirven 44.190 desayunos y 97.831 almuerzos diarios a alumnos de 822 instituciones de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y especial. También hay servicios de transporte escolar para todos los estudiantes que vistan uniforme, un programa de alquiler de textos que proporciona los principales manuales de todas las materias de la enseñanza primaria y secundaria y una asignación para el uniforme escolar. Con el fin de reducir el problema de la violencia y la indisciplina en las instituciones de enseñanza, se ha dado inicio a un Programa de prevención de la violencia en los niveles primario y secundario.
68. Una innovación radical es la distribución de computadoras portátiles a todos los estudiantes que inician la enseñanza secundaria, en el marco del Programa de informatización y TIC en la enseñanza "Conexión a Internet y aprendizaje".
69. Trinidad y Tabago ha logrado la paridad de género en la educación y afronta ahora el problema contrario de la menor matriculación y peores resultados escolares de los varones. Este fenómeno es motivo de inquietud y el Gobierno está colaborando con diferentes interesados para resolver el problema.
70. El Gobierno otorga igual importancia al acceso a la educación y a su calidad. Con respecto a este último aspecto, se ha creado el Consejo Nacional de Programas de Estudios, y un programa de desarrollo profesional de los docentes, que se centra en la modernización de los métodos didácticos y la formación de los docentes. En consonancia con su política de crear una sociedad del conocimiento basada en el aprendizaje permanente, el Estado también proporciona asistencia financiera para la educación terciaria, del 100% para los diplomas de grado y del 50% para los de posgrado.
5. Derechos de las personas con discapacidad
71. La protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad se funda en la Constitución y la Ley de igualdad de oportunidades de 2000. El país cuenta con una Unidad sobre Discapacidad, que depende del Ministerio de Población y Desarrollo Social, y con un Comité Nacional de Coordinación sobre Discapacidad. El Gobierno está examinando el proyecto de política nacional sobre las personas con discapacidad y un proyecto de ley de discapacidad.
72. El Estado ha aprobado un amplio programa destinado, entre otras cosas, a poner en práctica los derechos de acceso de las personas con diferentes capacidades y a garantizar su seguridad e independencia. Esto siguió a una sentencia histórica dictada en 2007, según la cual el Estado había violado el derecho fundamental de la comunidad discapacitada de acceder a las oficinas del Gobierno. En agosto de 2010 se instaló un ascensor en una pasarela sobre una importante carretera del norte de Trinidad, lo que ha facilitado el acceso de unas 75 personas con capacidades diferentes, que representan aproximadamente el 5%
del tránsito pedestre diario. Varias aceras se han modificado para permitir el acceso de personas en sillas de ruedas o con discapacidad visual. Se han instalado señales sonoras en todos los semáforos, para ayudar a los discapacitados visuales a cruzar la calle. Además, el Gobierno proporciona asistencia financiera en forma de una asignación de 5.000 dólares de Trinidad y Tabago para la compra de dispositivos de ayuda y asistencia como sillas de ruedas. El Servicio de Transporte Público proporciona a las personas con capacidades diferentes, mediante solicitud telefónica, servicios de transporte al lugar de trabajo, las instituciones de enseñanza, las oficinas del Gobierno y el supermercado.
73. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas ha dado inicio a un amplio programa de promoción y fomento de la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, tanto en el sector público como el privado. Se está ejecutando un proyecto piloto en la administración pública por el que se facilita el empleo de 30 personas con capacidades diferentes.
6. Derechos de las personas mayores
74. Aproximadamente el 11% de la población nacional está integrada por personas de 60 y más años de edad, y se proyecta que este grupo alcanzará al 20% de la población para 2025. Por consiguiente, la política del Gobierno se centra en la preparación para una
"sociedad para todas las edades", por medio de la aplicación de medidas acordes con el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y su Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe.
75. La División sobre el Envejecimiento del Ministerio de Población y Desarrollo Social coordina todas las iniciativas sobre las personas mayores en Trinidad y Tabago mediante la aplicación de la Política nacional sobre el envejecimiento iniciada en 2007. Esta Política establece 12 ámbitos prioritarios para la intervención del Estado, a saber, la seguridad social, la seguridad de los ingresos, la integración social, la atención de la salud, la vivienda, la educación, la recreación, la dignidad y el respeto, la legislación, la investigación, el transporte y la preparación para los desastres.
76. En 2007, el Parlamento aprobó legislación actualizada para fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas mayores en las instituciones que proporcionan cuidados a largo plazo. No obstante, reconociendo que el 95% de nuestros ciudadanos mayores viven en entornos no institucionalizados en la comunidad, se ha formulado un proyecto de política nacional de atención comunitaria, para orientar la prestación de servicios de salud y apoyo social a las personas de edad en la comunidad.
77. Las pensiones no contributivas que se pagan a todas las personas a partir de los 65 años de edad aumentaron en 2001, 2003, 2004, 2006, 2007 y nuevamente en 2010, año en que la pensión máxima por ancianidad se llevó a 3.000 dólares de Trinidad y Tabago mensuales. A partir de la edad de 60 años los ciudadanos también tienen derecho a transporte público gratuito. Los jubilados asimismo reciben, junto con la población en general, los beneficios del Programa de asistencia en materia de enfermedades crónicas, por el que el Gobierno financia el 100% de los medicamentos para el tratamiento de determinadas enfermedades no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades del corazón y ciertas terapias oncológicas.
7. Derechos culturales
78. En su calidad de sociedad multicultural, Trinidad y Tabago celebra su gran diversidad y patrimonio cultural. La política cultural nacional se funda, por consiguiente, en la opinión de que la diversidad es origen de la fuerza y la reconocida creatividad artística del país y, por ende representa un aspecto integral de su patrimonio y, ciertamente, de su futuro. Por lo tanto los sucesivos gobiernos han concedido gran importancia al desarrollo y la persecución de una política cultural dinámica basada en el principio del respeto y la valoración de las diferentes comunidades étnicas que forman el mosaico cultural de Trinidad y Tabago moderno.
79. El Gobierno proporciona becas en forma directa y por conducto de sus programas de cooperación internacional, destinadas a la formación avanzada de ciudadanos de Trinidad y Tabago en diferentes formas de estudios culturales. La libertad de expresión cultural no solo es un derecho reconocido sino que también es alentada en la práctica por el Gobierno, a través del Ministerio de Artes y Multiculturalidad. Este Ministerio otorga subvenciones a grupos comunitarios y organizaciones culturales para cubrir los costos de organización de los principales acontecimientos y festivales culturales.
80. Para estimular el pleno desarrollo de la cultura local y ampliar su contribución económica al país, el Gobierno ha adoptado la decisión estratégica de aumentar su inversión en infraestructura cultural. Con tal fin se decidió y llevó a término la construcción, en la capital del país en 2009, de la Academia Nacional de Artes Escénicas, un teatro de última generación equipado con aulas para la realización de talleres de capacitación. La finalización en la segunda ciudad del país, San Fernando, de una instalación similar —la Academia Meridional de Artes Escénicas— que tendrá un costo de 350 millones de dólares de Trinidad y Tabago, está prevista para octubre de 2011.
8. Prestación de servicios sociales
81. El Ministerio de Población y Desarrollo Social ha emprendido las siguientes actividades en relación con la prestación de servicios sociales:
• La Iniciativa de impacto directo, un esfuerzo basado en la comunidad para llevar la prestación de servicios a las zonas residenciales de todo el país y prestar asistencia a las personas que no pueden acceder a servicios, como las asignaciones para la compra de alimentos.
• La Iniciativa de efecto directo, un desplazamiento real hacia las comunidades de todo el país, en cuyo marco funcionarios del Ministerio visitan a personas recluidas
en sus casas debido a la incapacidad o la edad. Se realiza una evaluación de las necesidades y se prestan los servicios necesarios a dichas personas.
• La Comisión Nacional de Autoayuda, órgano dependiente del Ministerio que lleva a cabo visitas a las comunidades y hace una evaluación inmediata de los proyectos de sus residentes para los que el Ministerio puede prestar asistencia.
• Un programa de asociación entre la tercera edad y la adolescencia.
• Servicios de ómnibus para los discapacitados.
• Una asignación para vestimenta.
• El Fondo para casos de emergencia.
• Una asignación para productos farmacéuticos.
C. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
82. El Gobierno está decidido a forjar una nación que se inspire en su diversidad étnica y cultural. Si bien la Constitución garantiza a todos los ciudadanos los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la aprobación de la Ley de igualdad de oportunidades de 2000 fue un hito en la lucha contra la discriminación racial y religiosa. La ley prohíbe la discriminación en el empleo, la educación, la vivienda y la provisión de bienes y servicios, con independencia de la etnia, la religión, el género, el origen o la discapacidad de la persona.
83. La ley prevé una Comisión de Igualdad de Oportunidades, creada en abril de 2008 y que tiene entre sus principales funciones investigar y buscar una conciliación en los casos de denuncias de discriminación, y publicar directrices adecuadas para evitar la discriminación. El Tribunal de Igualdad de Oportunidades, establecido en virtud de la ley, se encarga de juzgar las causas de denuncias que le remita la Comisión.
84. La legislación de Trinidad y Tabago también reconoce en igual medida el matrimonio de todas las principales confesiones religiosas. Según la práctica establecida, cuando una ocasión estatal importante requiere una celebración religiosa, esta adopta la forma de una ofrenda interreligiosa, en la que están representados los principales grupos religiosos.
85. De conformidad con la voluntad del Estado de promover la cohesión social, el Ministerio de Artes y Multiculturalidad lleva adelante programas que ponen de relieve la sociedad multiétnica y multicultural de Trinidad y Tabago, orientada por los principios de imparcialidad e igualdad de trato. Las principales festividades religiosas de cada grupo son días festivos. Además, se han decretado días festivos para conmemorar fechas de especial importancia étnica e histórica. Para poner en práctica su política de no discriminación, Trinidad y Tabago también ha aprobado legislación que prohíbe la discriminación racial en el acceso a todas las instalaciones privadas y públicas que ofrecen servicios de esparcimiento y entretenimiento al público.
86. El Estado también apoya plenamente la labor de la Inter-Religious Organisation, una ONG creada en 1970 cuya presidencia rota entre los diferentes dirigentes de los principales grupos religiosos representados en Trinidad y Tabago. Esta organización presenta observaciones objetivas sobre muchos de los problemas sociales que afectan al país y promueve la tolerancia, la aceptación y la armonía entre las religiones, organizando ceremonias interreligiosas y alentando a los ciudadanos a participar en las festividades religiosas de otras confesiones.
