Asamblea General A

Distr.

GENERAL

A/HRC/WG.6/6/ALB/1 17 de agosto de 2009 ESPAÑOL

Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Sexto período de sesiones

Ginebra, 30 de noviembre a 11 de diciembre de 2009

INFORME NACIONAL PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 15 a) DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Albania

I. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME NACIONAL 1. El presente informe de la República de Albania para el examen periódico universal ha sido elaborado de conformidad con las directrices enunciadas en la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, y con las directrices generales para la preparación de información que establece el examen periódico universal (A/HRC/6/L.24).

2. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha comunicado a las autoridades estatales competentes el procedimiento del examen periódico universal y se ha creado un grupo de trabajo interinstitucional para la preparación del presente informe, que ha estado a cargo del Ministerio de Asuntos

Exteriores en cooperación con el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Salud, entre otros.

3. El proyecto de informe ha sido enviado a representantes de organizaciones no

gubernamentales (ONG) que trabajan en el ámbito de la protección y promoción de los derechos humanos para que formulen sus observaciones.

*El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

GE.09-15017 (S) 090909 180909

A

Asamblea General

II. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. Marco constitucional y jurídico para la protección de los derechos humanos y las libertades

4. La Constitución de la República de Albania, aprobada en 1998, consagra los principios

básicos de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En su preámbulo, se declara, entre otras cosas, que "el pueblo albanés… decidido a construir un Estado de derecho democrático y social para garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, animado por el espíritu de la tolerancia y coexistencia de religiones, empeñado en la protección de la

dignidad y la personalidad humanas y la prosperidad de toda la nación, ... y profundamente

convencido de que la justicia, la paz, la armonía y la cooperación entre las naciones son los valores superiores de la humanidad".

5. El artículo 3 de la Constitución dispone que "la independencia del Estado y la integridad de su territorio, la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades, la justicia social, el orden constitucional, la pluralidad, la identidad y el patrimonio nacionales, la coexistencia de religiones, así como la convivencia y la comprensión del pueblo albanés con las minorías, constituyen los fundamentos del Estado, cuyo deber es observar y respetar estos derechos humanos y libertades".

Más de una cuarta parte de los artículos de la Constitución se refieren a cuestiones de derechos humanos y a las instituciones que tienen una función directa en la protección de los derechos humanos.

6. Los principios generales disponen expresamente que todos los derechos humanos y las libertades son indivisibles, inalienables e inviolables y constituyen la base de todo el ordenamiento jurídico albanés. Como obligación constitucional, todas las instituciones y órganos del poder público respetarán y observarán en el ejercicio de sus funciones los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de contribuir a su realización. La Constitución estipula que los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como las obligaciones correspondientes, son igualmente aplicables a los nacionales albaneses, los extranjeros y los apátridas.

7. La Constitución establece a título excepcional la posibilidad de restringir y limitar los derechos humanos. Los derechos humanos y las libertades fundamentales únicamente se pueden restringir en virtud de una ley, por razones de interés público o para proteger los derechos de otros.

Estas restricciones no redundarán en desmedro de la esencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en ningún caso podrán exceder los límites establecidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y deberán ser proporcionales a la situación que las haya hecho necesarias.

8. La Constitución estipula la igualdad ante la ley como principio básico de la protección, el respeto, la observancia y la promoción de los derechos humanos. De no existir una justificación razonable y objetiva, nadie podrá ser discriminado injustamente por motivos de género, raza, religión, origen étnico ni por sus opiniones filosóficas y políticas, credo religioso, grado de instrucción, extracción económica o social o filiación.

9. La Constitución garantiza la protección especial de las minorías nacionales, que ejercen sus derechos y libertades en condiciones de plena igualdad ante la ley. Tienen derecho a expresar su pertenencia étnica, cultural, religiosa y lingüística libremente y sin prohibiciones ni restricciones.

Tienen derecho a preservar y desarrollar su pertenencia étnica, cultural, religiosa y lingüística, a

aprender su idioma materno o recibir educación en él, así como a ser miembros de organizaciones y asociaciones dedicadas a la protección de su identidad e intereses.

10. La Constitución establece disposiciones especiales relativas al respeto, la observancia y la promoción de los derechos y las libertades individuales, políticos, económicos, sociales y culturales.

Estas disposiciones confirman la protección jurídica de la vida, la garantía de la libertad de

expresión, prensa, radio y televisión, así como la libertad de pensamiento y credo y el derecho a la información. Nadie podrá ser sometido a torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes ni a trabajos forzosos. La Constitución garantiza la libertad del individuo y los principios en los que se basa, especifica en qué situaciones puede verse restringida y enuncia detalladamente las garantías procesales correspondientes. La Constitución consagra la

inviolabilidad de la correspondencia, la inviolabilidad de la vivienda, el derecho a escoger el lugar de residencia, la prohibición del destierro de nacionales albaneses y la garantía de la propiedad privada.

11. La Constitución se refiere a las libertades y los derechos políticos, concretamente el derecho de todos los nacionales mayores de 18 años a votar y ser elegidos, el derecho a formar parte de una organización o asociación, el derecho a reunirse en público o el derecho a presentar quejas u observaciones ante los organismos públicos.

12. La Constitución también aborda las libertades y los derechos económicos, sociales y

culturales. El trabajo se reconoce como el único medio por el cual el individuo se gana el sustento.

A este respecto, el individuo tiene derecho a afiliarse a un sindicato, hacer huelga y tener seguridad social. Este capítulo también se ocupa del derecho al matrimonio y a formar una familia.

Las mujeres y los niños gozan de protección especial. La educación elemental obligatoria y la educación secundaria general, se imparten gratuitamente en las escuelas públicas.

B. Marco jurídico de la protección de los derechos humanos

13. Con el fin de proteger los derechos humanos, el Parlamento de Albania, el Consejo de Ministros u otras instituciones estatales han preparado y aprobado un completo corpus de

instrumentos normativos destinados a garantizar y proteger los derechos humanos. A continuación se enumeran algunos de estos instrumentos: Código Penal (1995, en su forma enmendada); Código de Procedimiento Penal (1995, en su forma enmendada); Código Civil (1994, en su forma

enmendada); Código de Procedimiento Civil (1995, en su forma enmendada); Código del Trabajo (1995, en su forma enmendada); Código de Procedimientos Administrativos (1999); Código de la Familia (2003); Código Electoral (2008); Ley sobre la condición de inválido laboral (1994, en su forma enmendada); Ley sobre la condición de huérfano (1996); Ley de enseñanza preuniversitaria (1995); Ley sobre el derecho a reunirse en público (1996); Ley sobre la condición de no vidente (1996); Ley de prensa (1997); Ley de radio y televisión pública y privada (1998); Ley sobre los derechos y el trato de los reclusos (1998, en su forma enmendada); Ley sobre la ejecución de las sentencias penales (1998); Ley de asilo en la República de Albania (1998, en su forma enmendada);

Ley del Defensor del Pueblo (1999, en su forma enmendada); Ley sobre la condición de personas con discapacidad (parapléjicos y tetrapléjicos) (2000); Ley de partidos políticos (2000); Ley sobre el funcionamiento de la policía judicial (2000, en su forma enmendada); Ley sobre la organización y el funcionamiento de la Fiscalía (2001, en su forma enmendada); Ley sobre la organización y el funcionamiento del Ministerio de Justicia (2001, en su forma enmendada); Ley sobre la formación profesional (2002); Ley de abogacía (2003, en su forma enmendada); Ley sobre la protección de testigos y colaboradores de la justicia (2004); Ley de la seguridad social y sus prestaciones (2005);

Ley sobre medidas contra la violencia doméstica (2006); Ley de la policía estatal (2007); Ley sobre

los procedimientos de adopción y el Comité de Adopciones de Albania (2007); Ley sobre el

funcionamiento del poder judicial (2008); Ley sobre el servicio de alguacil privado (2008); Ley sobre la protección de datos personales (2008); Ley de extranjería (2008); Ley de la policía penitenciaria (2008); Ley sobre asistencia judicial (2008) y Ley de salud pública (2009).

14. La Constitución de la República de Albania, junto con los acuerdos internacionales ratificados que son parte integral del ordenamiento jurídico interno y la legislación albanesa que es

continuamente objeto de enmiendas y reformas, garantizan el respeto, la observancia y el ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

C. Marco institucional para la protección de los derechos humanos 1. Tribunales

15. En el artículo 7 de la Constitución se estipula que "el sistema de gobierno de la República de Albania se basa en la división y el equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial", lo que garantiza el establecimiento de un Estado de derecho y democrático. De acuerdo con la Constitución, no se vulnerarán la libertad, la propiedad y los derechos en ella reconocidos por no haberse dado las debidas garantías procesales. Todas las personas, con el fin de proteger sus derechos, libertades e intereses legítimos y constitucionales, o en caso de presentarse cargos en su contra, tienen derecho a un juicio público dentro de un plazo razonable y sustanciado por un tribunal independiente e imparcial y establecido por la ley. El poder judicial es ejercido por el Tribunal Supremo, los tribunales de apelación y los tribunales de primera instancia establecidos en virtud de la ley. La Constitución estipula que los jueces son independientes y solo están

supeditados a las leyes y la Constitución. La independencia del sistema judicial también está garantizada por una estructura independiente con competencia para nombrar, trasladar o destituir jueces. El Consejo Superior de Justicia está integrado por el Presidente de la República, quien también ejerce la presidencia de este órgano, el Presidente del Tribunal Supremo, el Ministro de Justicia, tres miembros elegidos por la Asamblea y nueve jueces de todas las instancias que elige la Conferencia Judicial.

16. El Tribunal Constitucional es una institución muy importante para la protección de los derechos humanos. Garantiza el respeto y la observancia de la Constitución, es responsable de la interpretación definitiva de ella y dicta sentencia definitiva en las causas por denuncia individual en que se aduzca la conculcación del derecho constitucional a las debidas garantías procesales,

interpuestas después de agotar todas las demás vías judiciales.

17. A los efectos de la independencia y eficiencia del sistema judicial para proteger los derechos humanos, se ha adoptado un completo marco legal relativo a la organización y el funcionamiento del poder judicial (tribunales de primera instancia y de apelación), el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Crímenes Graves.

2. Fiscalía

18. De conformidad con la Constitución, la Fiscalía es responsable de los procesamientos penales

y representa al Estado en las vistas. La Ley sobre la organización y el funcionamiento de la Fiscalía

estipula que "los fiscales ejercen sus funciones con arreglo a la Constitución y a la ley y respetando

y observando los principios de un proceso judicial imparcial, equitativo y con las debidas garantías,

así como los principios de la protección de los derechos humanos, las libertades y los intereses

legítimos".

3. El Defensor del Pueblo

19. El Defensor del Pueblo es una institución constitucional e independiente dedicada a proteger los derechos, las libertades y los intereses individuales legítimos que puedan verse vulnerados por actos u omisiones irregulares e ilegales de la Administración o de terceros que actúen en su nombre.

20. El Defensor del Pueblo es elegido por una mayoría de las tres quintas partes de todos los miembros de la Asamblea por un mandato renovable de cinco años. La institución consta del Defensor del Pueblo y de la Oficina del Defensor del Pueblo.

21. El Defensor del Pueblo vela por la protección de los derechos humanos y las libertades

conforme a la Ley del Defensor del Pueblo (1999, con las enmiendas de 2000 y 2005) basándose en los principios de imparcialidad, confidencialidad, profesionalismo e independencia. El Defensor del Pueblo formula recomendaciones y propone medidas cuando constata una violación de los derechos humanos o las libertades fundamentales cometida por la administración pública.

4. Comité del Estado para las Minorías

22. Con respecto a la protección de los derechos de las minorías no solo como obligación derivada de la participación del Gobierno de Albania en organizaciones internacionales, sino también como realidad basada en la coexistencia antigua y pacífica entre la mayoría albanesa y las minorías, el Gobierno ha establecido estructuras encargadas de las cuestiones que afectan a las minorías. Con el fin de promover la inclusión en la vida pública del país de quienes pertenecen a las minorías nacionales, en 2004 se estableció el Comité del Estado para las Minorías, que ha funcionado desde entonces como órgano asesor del Gobierno. Este Comité coopera con órganos de los gobiernos central y locales y con organizaciones y asociaciones que se ocupan de cuestiones de las minorías para mejorar el grado de respeto y observancia de los derechos de las minorías en Albania. Propone medidas concretas relacionadas con el desarrollo económico, social y

educacional de las minorías y ayuda a mejorar las condiciones de sus miembros dondequiera que vivan. Está compuesto por representantes de las minorías nacionales (minorías griega, macedonia, serbia y montenegrina) y las minorías etnolingüísticas (romaníes y valacos/aromanianos).

El Comité ha determinado cuestiones que afectan a las minorías y las ha planteado al Gobierno junto con las soluciones del caso.

5. Otras instituciones y mecanismos para la protección de los derechos humanos 23. El Sector de Derechos Humanos, Minorías e Informes del Ministerio de Asuntos Exteriores supervisa el cumplimiento de los compromisos internacionales de Albania en materia de derechos humanos y, en cooperación con otras instituciones, se ocupa de la protección y el respeto de los derechos de las minorías, así como de la coordinación y la ejecución de la política respecto de ellas.

Su objetivo es entablar un diálogo oficial con los representantes de asociaciones de minorías y promover actividades destinadas a la conservación y el desarrollo de la identidad nacional, lingüística, cultural y religiosa.

24. Establecido en 2007 como órgano asesor, el Comité Interministerial de los Derechos del Niño tiene a su cargo la incorporación de los derechos de los niños en las estrategias de desarrollo. Este Comité supervisa la aplicación de la Estrategia nacional para la infancia y su plan de acción.

La Secretaría Técnica para la Infancia, creada en 2006 en el Ministerio de Trabajo, Asuntos

Sociales e Igualdad de Oportunidades (en adelante, Ministerio de Trabajo), supervisa la aplicación

de la Estrategia nacional para la infancia y su plan de acción y coordina la cooperación con otras

instituciones y la sociedad civil. Las Unidades para la protección de los derechos del niño,

establecidas en condados y municipios, se ocupan de proteger los derechos de los niños a nivel regional.

25. El Comité Directivo Nacional para la eliminación del trabajo infantil (2001), presidido por el Ministro de Trabajo, es la más alta instancia encargada de integrar la cuestión del trabajo infantil en la formulación de la política nacional. La Unidad para la erradicación del trabajo infantil se ha establecido en el marco del Ministerio de Trabajo que vigila la propagación de ese fenómeno. Estas dependencias fueron creadas en el marco del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). El Servicio Nacional de Empleo supervisa el cumplimiento de las leyes relativas al empleo, la formación profesional y las cualificaciones. La Inspección Estatal del Trabajo vela por que tanto el Estado como las entidades jurídicas privadas, incluida la inspección del trabajo infantil, cumplan la legislación laboral vigente.

26. El Consejo Nacional sobre Cuestiones de Discapacidad, establecido en 2005 y presidido por el Viceprimer Ministro, tiene a su cargo la protección de los derechos de las personas con

discapacidad y su integración en todos los ámbitos. La Secretaría Técnica para las Personas con Discapacidad, creada en 2006 en el Ministerio de Trabajo, supervisa la aplicación de la Estrategia nacional para las personas con discapacidad y su plan de acción.

27. El Ministerio de Trabajo, por medio de sus respectivas dependencias, es la principal autoridad responsable de coordinar, apoyar y supervisar las cuestiones de trabajo, asuntos sociales, igualdad de género y violencia doméstica. La Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades,

dependiente de este Ministerio (Sector de Igualdad de Género y Sector de Medidas contra la Violencia Doméstica), tiene la misión de formular y aplicar políticas para promover la igualdad en ámbitos como igualdad de género, desigualdad de conocimientos o aptitudes, cuestiones de las minorías, edad, desigualdades de generación y raza, prevención y reducción de la violencia

doméstica y la violencia por motivos de género. La Dirección de Políticas de Servicios Sociales se encarga de formular y ejecutar las políticas y la legislación para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, los jóvenes, los ancianos y las familias pobres. El Servicio Social del Estado es la institución ejecutiva de la política y la legislación en el terreno de la protección social.

28. La Secretaría Técnica para la Minoría Romaní, dependiente del Ministerio de Trabajo, se encarga de supervisar la consecución de los objetivos y la aplicación de las medidas definidos en la Estrategia nacional para mejorar las condiciones de vida de esa minoría.

29. El Comité del Estado para la lucha contra la trata de seres humanos, presidido por el Ministro del Interior, se compone de altos representantes políticos de instituciones centrales y es responsable de la prevención y la lucha contra la trata. En 2009 se estableció el Grupo de trabajo nacional contra la trata de seres humanos.

30. La Oficina del coordinador nacional para la lucha contra la trata de seres humanos

(establecida en 2005) coordina la labor que llevan a cabo diferentes instituciones para luchar contra la trata, tanto a nivel nacional como internacional. La Unidad contra la trata también opera en el marco de la Oficina del coordinador nacional. En 2006 se establecieron comités regionales de lucha contra la trata en los 12 condados del país, con el cometido de prevenir el fenómeno de la trata y proteger a sus posibles víctimas, mientras que a nivel administrativo existen diversas estructuras especiales que operan dentro de la policía con el objetivo de luchar contra la delincuencia organizada y la trata de personas.

31. A partir de 2007, el Sector para la protección de los niños y la violencia doméstica opera a

nivel central, en colaboración con la Dirección General de la Policía del Estado. A nivel regional,

en las direcciones de policía de condado se han establecido secciones para la protección de los niños y contra la violencia doméstica, encargadas de prevenir la violencia doméstica y la violencia contra los niños y luchar contra ellas, y de proteger a los niños contra actividades delictivas, así como a los niños implicados en actividades de esa índole.

32. La Unidad para la prevención de la tortura, que funciona en el marco del Defensor del Pueblo, fue establecida en 2008 y tiene por finalidad proteger los derechos de los detenidos en espera de juicio y los reclusos. Esta unidad colabora estrechamente con el Defensor del Pueblo y desempeña las funciones de mecanismo nacional de prevención de la tortura.

D. Obligaciones internacionales

33. La República de Albania ha ratificado los principales instrumentos internacionales de

derechos humanos: Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a la abolición de la pena de muerte; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención sobre los Derechos del Niño; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados; Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares;

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones

forzadas; Convenios de Ginebra y Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La República de Albania ha firmado un número considerable de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO.

34. Además, Albania es parte en los siguientes instrumentos: Convenio Europeo para la

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, protocolos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14 de este Convenio; Convenio Marco para la protección de las minorías

nacionales; Carta Social Europea; Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y otros convenios del Consejo de Europa.

E. Primacia del derecho internacional sobre el derecho interno

35. En la República de Albania el derecho internacional goza de una posición privilegiada

respecto del derecho nacional. La Constitución estipula la obligación del Estado de hacer cumplir

el derecho internacional y en su artículo 122 establece que todo acuerdo internacional ratificado por

el Parlamento pasará a formar parte de la legislación nacional una vez publicado en el Diario

promulgación de una ley. Los acuerdos internacionales ratificados por ley prevalecen sobre la

legislación nacional que no sea compatible con ellos. En caso de conflicto, las normas de las

organizaciones internacionales tienen preeminencia sobre el derecho interno cuando en el acuerdo

ratificado por la República de Albania sobre su adhesión a la organización pertinente se estipule en

forma expresa que las normas dictadas por dicha organización han de aplicarse directamente.

F. Cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos

36. Las autoridades albanesas mantienen una fructífera cooperación con los mecanismos de derechos humanos. Albania ha mantenido siempre su posición de principio y continuamente ha expresado su voluntad de cooperar plenamente y de manera transparente con los procedimientos especiales. En este sentido, cabe mencionar que en 2009 la República de Albania ha dado su visto bueno a la visita del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

37. La República de Albania ha recibido la visita del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de la Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes y de la Comisión Europea (visitas

en 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 y 2008). El Gobierno ha dado su consentimiento a la publicación de los informes de este Comité. La visita más reciente de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia tuvo lugar en marzo de 2009.

38. En septiembre de 2007 la República de Albania recibió la visita del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Sr. Thomas Hammarberg, que obedecía al propósito de preparar el informe de evaluación sobre el respeto de los derechos humanos.

39. En marzo de 2008 visitó la República de Albania una delegación del Comité Asesor del Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales a fin de preparar un dictamen en el contexto del segundo ciclo de supervisión del cumplimiento del Convenio Marco.

40. Todas las elecciones celebradas durante el período de que se informa han sido supervisadas por misiones internacionales dirigidas por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

41. En el período comprendido entre 2003 y 2009, la República de Albania presentó informes periódicos sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanadas de los tratados internacionales de derechos humanos y puede proporcionar información adicional si así se solicita.

Las recomendaciones finales de los órganos creados en virtud de tratados se presentan al Gobierno y se incorporan en nuevas leyes u otras medidas. Entretanto, Albania está preparando otros

informes en cumplimiento de convenciones internacionales sobre derechos humanos.

III. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PRÁCTICA

A. Protección contra la discriminación

42. Según el artículo 18 2) de la Constitución "… nadie podrá ser discriminado injustamente por motivos de género, raza, religión, origen étnico o idioma ni por sus opiniones filosóficas o políticas, credo religioso, grado de instrucción, extracción económica o social o filiación".

43. El Código de Procedimientos Administrativos dispone que, en el terreno de las relaciones con los particulares, la administración pública se guiará por el principio de la igualdad, lo que significa que ninguna persona podrá ser privilegiada o discriminada por los motivos arriba mencionados.

44. El Código del Trabajo prohíbe todo tipo de discriminación en el ámbito del trabajo, sea en los sectores público o privado o en la vida profesional. La legislación sobre seguridad social estipula la igualdad de derechos.

45. El Código Penal tipifica como delito la discriminación en la esfera pública en caso de que un

funcionario, en ejercicio de su función pública, haga algún tipo de discriminación, por motivos de

familia, origen, sexo, estado de salud, creencias religiosas, opiniones políticas o actividad sindical o por tener determinado origen étnico o pertenecer a determinada nación, raza o religión, consistente en crear privilegios injustos o denegar un derecho o prestación dimanado de la ley.

46. En virtud de la Ley sobre enmiendas al Código Penal, aprobada en 2007, se ha incorporado al artículo 50 del Código Penal como circunstancia agravante la comisión de un delito instigada por motivos de género, raza, religión, nacionalidad, idioma, opiniones políticas o sociales y creencias religiosas. El Código Penal estipula que el ejercicio de la tortura para fines de discriminación se castiga con una pena de cuatro a diez años de prisión. Sanciona también con una multa o una pena de prisión de hasta cinco años la inobservancia de la igualdad de los nacionales por motivos de origen familiar, sexo, estado de salud, creencias religiosas, opiniones políticas, actividad sindical o por tener determinado origen étnico o pertenecer a una determinada nación, raza o religión,

consistente en crear privilegios injustos o denegar un derecho o prestación dimanado de la ley.

La instigación del odio y de disputas entre nacionalidades, razas y religiones, así como la preparación o distribución de escritos cuyo contenido incite a estas actitudes, constituye delito punible con multa o una pena de prisión de hasta diez años

47. En el campo de la educación, la Ley de enseñanza preuniversitaria garantiza la igualdad del derecho a la educación para todos los nacionales, cualquiera que sea su posición social,

nacionalidad, idioma, sexo, religión, raza, opiniones políticas, estado de salud o situación económica.

48. La legislación relativa a la salud, junto con la Ley de igualdad de género, la Ley de la policía estatal, la Ley sobre los derechos y el trato de los detenidos en espera de juicio y los reclusos, la Ley del servicio de inspección interna del Ministerio del Interior, la Ley sobre la protección de datos personales, la Ley sobre la comunicación electrónica en la República de Albania, la Ley sobre la prevención y control del VIH/SIDA, la Ley de extranjería, la Ley de subastas públicas, la Ley del deporte, y otras, establecen disposiciones especiales para evitar cualquier forma de discriminación en cada una de esas materias.

49. Albania no tiene una ley específica contra la discriminación, pero la sociedad civil ha preparado un proyecto de ley que en la actualidad es objeto de consulta con varias partes interesadas.

B. Protección de la vida

50. La legislación albanesa garantiza plenamente el derecho a la vida como derecho básico del que dimanan todos los demás. El artículo 21 de la Constitución dispone que la vida de la persona está protegida por la ley y ello se ha concretado en la promulgación de una serie de leyes y reglamentos que permiten garantizar este derecho constitucional básico.

51. Al ratificar Albania el Protocolo Nº 13 del Consejo de Europa, ha quedado abolida la pena de muerte, sea cual fuere el delito cometido. A fin de prevenir la comisión de delitos que puedan poner en peligro la vida y la integridad física de las personas, la legislación vigente establece una serie de medidas penales drásticas y severas.

52. Existe un marco jurídico e institucional completo que garantiza el derecho a la vida y la salud.

Las instituciones de salud aplican los protocolos de tratamiento de enfermedades basándose en la

mejor práctica mundial, lo que garantiza un tratamiento de vanguardia. En todo el país opera una

red de instituciones de salud que velan por la preservación y protección de la vida y cuentan con un

importante número de médicos y auxiliares.

53. Se han tomado medidas legales y de organización que han reducido considerablemente el fenómeno de la vendetta (el Código Penal tipifica la vendetta como delito), aunque sigue presente en la sociedad albanesa.

C. Libertad de expresión

54. El artículo 22 de la Constitución garantiza la libertad de expresión. Se garantiza la libertad de prensa, radio y televisión y se prohíbe la censura previa de un medio de comunicación. La ley puede exigir una licencia para la explotación de emisoras de radio y televisión.

55. Los medios escritos y electrónicos, dos de los vehículos más importantes para el ejercicio de la libertad de expresión, tienen una condición especial. Prueba de ello es que la Ley de la prensa consta de un único artículo en que se declara que la prensa es libre y la libertad de prensa está protegida por la ley. El vasto número de periódicos y revistas presentes en el mercado demuestra el elevado grado de libertad de que disfrutan los medios escritos. La actividad radiotelevisiva también está regulada por una ley que garantiza la imparcialidad, el derecho a la información y el respeto de las opiniones políticas, las creencias religiosas, la personalidad, la dignidad y la privacidad de la persona. En este contexto se presta especial atención a la protección de los intereses del menor.

56. El Código Penal no tipifica el delito de palabra, pero sí delitos como la injuria y la difamación (calumnia) que agravian la integridad y dignidad del individuo. Según este Código, incurrirán en responsabilidad penal las personas jurídicas que impidan a los nacionales ejercer la libertad de expresión, reunirse o manifestarse en público; la sanción puede consistir en multas o penas de reclusión de hasta seis meses.

D. Derechos del niño

57. La Constitución establece disposiciones especiales para proteger los derechos de los niños y los jóvenes. En el marco de la protección de los derechos y libertades económicos, sociales y culturales, el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de los niños en cuanto a bienestar, crianza, educación, empleo y desarrollo intelectual; de garantizar los debidos

procedimientos durante los juicios de menores y de velar por la protección de los niños contra la violencia, los malos tratos y su explotación en el trabajo, especialmente cuando estén por debajo de la edad legal para trabajar, puedan ser nocivos para su salud o poner en peligro su vida o desarrollo normal.

58. El Código de la Familia se refiere extensamente a la cuestión de la protección de los derechos del niño e incorpora los principios generales de los instrumentos internacionales en la materia.

El Código presta especial atención al tratamiento y cuidado de los niños, las obligaciones de los padres, el ejercicio de las responsabilidades parentales, la autorización del trabajo infantil, la atención a que tienen derecho los niños que trabajan y las obligaciones institucionales del Estado con los niños que no están al cuidado de sus padres.

59. El Código Penal establece delitos contra los menores e impone penas severas a quienes, en virtud de una sentencia definitiva, sean declarados culpables de un delito de esa índole. El Código Civil de la República de Albania estipula la defensa judicial del niño, así como el reconocimiento de sus derechos.

60. El Código del Trabajo y los reglamentos aprobados para su aplicación garantizan la

protección de los menores y contienen disposiciones relativas, entre otras cosas, a la edad mínima

para trabajar (16 años), la prohibición de todas las formas de trabajo forzoso, la duración de la

jornada laboral, los trabajos fáciles y difíciles y los reconocimientos médicos. La Ley de prestaciones y seguridad sociales estipula una serie de medidas sobre prestaciones y seguridad social para las personas y los grupos necesitados, incluidos los niños, cuyas aptitudes y

oportunidades económicas, físicas, psicológicas y sociales están limitadas.

61. La legislación relativa a la salud estipula la prestación de los servicios necesarios a los niños así como la atención médica que precisan antes y después de su nacimiento, con independencia de su solvencia económica. La Ley de salud pública tiene por objeto proteger la salud de los niños, inmunizarlos y protegerlos contra el tabaco y el alcohol. Las políticas y estrategias en este campo apuntan a que mejoren continuamente la salud de las mujeres y los niños y la calidad de la vida, lo que influye en el descenso progresivo de su mortalidad y morbilidad.

62. La legislación, las políticas y las estrategias adoptadas en el campo de la educación tienen por objetivo garantizar el acceso a todos los niveles educativos, una educación integral de calidad y la reforma estructural y del plan de estudios de la enseñanza preuniversitaria. Se concede especial importancia a una educación óptima para los niños procedentes de estratos sociales necesitados, los niños romaníes y los niños con discapacidad, dando prioridad a la educación integral. En el

contexto de una mayor asistencia a la escuela elemental hay que subrayar que, a nivel nacional, el número de deserciones escolares es cada vez menor. El nivel de matriculación para la enseñanza obligatoria es del 89% y en el ciclo superior de la enseñanza obligatoria es del 94%. La proporción de niños que finalizan los estudios y la de niños que empiezan el primer grado y acaban el quinto grado es del 98%.

63. Las disposiciones de leyes tales como la Ley de medidas contra la violencia doméstica, la Ley de procedimientos de adopción y el Comité de Adopción, la Ley de asistencia letrada y la Ley sobre los derechos y el trato de los detenidos en espera de juicio y los reclusos garantizan la protección de los derechos del niño, la prevención de la violencia doméstica y los malos tratos a los niños, el derecho del niño a criarse en un entorno familiar, la concesión de asistencia judicial a jóvenes que tienen problemas con la ley y el trato especial de los menores convictos.

64. El Decreto del Presidente de la República de Albania sobre el establecimiento de secciones penales especiales para el enjuiciamiento de los delincuentes juveniles en el marco de los tribunales de distrito (2007), dictado en aplicación del Código de Procedimiento Penal, estipula que la

instrucción y el procesamiento de menores deberán llevarse a cabo en secciones especiales.

65. En la Estrategia nacional para la infancia (2005-2010) y su plan de acción se han fijado objetivos y medidas concretos para la protección de los derechos del niño, asegurarles la igualdad de oportunidades, con independencia de su edad, género, origen étnico, discapacidad o filiación.

La estrategia se refiere a la supervivencia, la protección y el desarrollo de los niños y su participación.

66. La Estrategia de hogares de guarda para niños necesitados (aprobada en 2008) propicia a los hogares como alternativa para garantizar los derechos del niño.

67. En 2008 el Ministerio de Trabajo tomó la iniciativa en la redacción de una ley específica sobre los derechos del niño.

E. Prevención de la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes

68. Desde 1993 la República de Albania es parte en la Convención contra la Tortura y Otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Una obligación importante derivada de este

compromiso es la adopción de un completo marco jurídico concebido para evitar completamente o minimizar los casos de ejercicio de tortura física o psíquica por parte de entidades investidas de poder.

69. La Constitución señala que "nadie podrá ser sometido a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". Mediante la Ley para complementar y enmendar el Código Penal de la República de Albania (2007) se enmendó el artículo 86 del Código Penal y se definió la tortura de conformidad con el artículo 1 de la Convención contra la Tortura. Concretamente, se entiende por tortura "todo acto realizado en el ejercicio de un cargo oficial por el cual se inflija

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, cuando sean infligidos por el propio autor o a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia y con los fines siguientes: a) obtener de la víctima o de terceros información o una confesión;

b) castigar a la víctima por un acto que esta o terceros hayan cometido o se sospeche que hayan podido cometer; c) intimidar o coaccionar a la víctima o a terceros; d) infligir el daño por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación; o e) cometer cualquier otro acto inhumano o degradante".

70. El Código de Procedimiento Penal estipula que nadie podrá ser sometido a tortura ni a tratos o castigos degradantes.

71. El Código de Ética de la Policía prohíbe a los agentes de policía cometer cualquier acto de violencia durante el ejercicio de sus funciones y exige el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos.

72. La Ley de la Policía del Estado señala que la misión de la policía es mantener el orden público y la seguridad con arreglo a la ley y respetando y observando los derechos humanos y las libertades fundamentales; estipula asimismo los casos en que los agentes de la policía pueden hacer uso de la fuerza y de armas.

73. La Ley sobre los derechos y el trato de los detenidos en espera de juicio y los reclusos (en su forma enmendada) tiene por objeto proteger, respetar y observar sus derechos de acuerdo con los instrumentos internacionales. Esta ley prohíbe el uso de la fuerza física o de instrumentos de coerción contra los detenidos o reclusos, siempre que no sea indispensable para poner término a actos de violencia o intentos de fuga de la institución penitenciaria o para contener una rebelión, incluso cuando los detenidos o reclusos se nieguen a cumplir órdenes.

74. Las cuestiones relativas a la tortura han sido abordadas por otras disposiciones legales tales como el Código de Procedimiento Penal, la Ley sobre la organización y el funcionamiento de la Fiscalía y la Ley sobre la policía penitenciaria, así como por un considerable número de

reglamentos.

75. La aplicación de las obligaciones dimanantes de la legislación albanesa relativa al respeto y la observancia de los derechos humanos y la prevención de cualquier forma de tortura y trato

inhumano o degradante entraña la intervención de una serie de instituciones tales como tribunales de todas las instancias, órganos de la Fiscalía o el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior.

76. Constituye un nuevo avance el empeño del Defensor del Pueblo, en cooperación con altas

autoridades públicas, en cumplir las obligaciones contraídas al hacerse parte Albania en la

Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, que exigen a los miembros establecer

mecanismos independientes para la prevención de la tortura. En 2008 se incorporaron varias

enmiendas a la Ley de los derechos y el trato de los reclusos que definen la competencia y las

atribuciones del mecanismo nacional de prevención de la tortura, las garantías durante el ejercicio de su cometido y las formas de supervisión. El mecanismo está facultado para supervisar

regularmente el trato de quienes están privados de libertad en centros de detención, prisión preventiva o reclusión a fin de evitar el uso de tortura u otras formas de trato degradante contra estas personas. Sobre la base de sus constataciones, o tras verificar las quejas formuladas, el mecanismo presenta a los órganos competentes sus propuestas sobre la adopción de medidas para rectificar la situación y propone medidas administrativas o el enjuiciamiento penal de los

responsables.

F. Protección de las minorías

77. La Constitución considera las minorías nacionales como parte indivisible e importante de la sociedad albanesa. Les garantiza la plena igualdad ante la ley en el ejercicio de sus derechos y libertades y reconoce su derecho a "expresar libremente y sin prohibiciones ni restricciones su pertenencia étnica, cultural, religiosa y lingüística, a preservarla y desarrollarla, a aprender su idioma materno y recibir instrucción en él y a afiliarse a organizaciones o asociaciones dedicadas a la protección de su identidad e intereses".

78. En la República de Albania no existe una ley sobre la protección de las minorías, pero varias se refieren a cuestiones relacionadas con el respeto y la observancia de los derechos de las minorías.

Además de la Constitución, se hace referencia a esa protección en el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimientos

Administrativos, el Código del Trabajo, el Código Electoral, la Ley del Defensor del Pueblo, la Ley de enseñanza preuniversitaria, la Ley sobre el derecho a reunirse en público, la Ley de radio y televisión pública y privada, la Ley de partidos políticos, la Ley de la prensa, la Ley sobre la Policía Estatal y la Ley sobre los derechos y el trato de los detenidos en espera de juicio y los reclusos así como en gran número de reglamentos.

79. El Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales fue ratificado por el Parlamento de Albania en 1999. En virtud de la Constitución, el Convenio es directamente

aplicable y, junto con las leyes y los reglamentos, constituye el marco jurídico para la protección de las minorías.

80. Hay dos categorías de minorías en la realidad albanesa: por una parte están las minorías nacionales, como las griega, macedonia, serbia y montenegrina, y, por otra, las denominadas minorías etnolingüísticas como los romaníes y los valacos/aromanianos. La diferencia entre estas dos categorías radica en que las minorías nacionales tienen una madre patria y las lingüísticas no, pero se distinguen de la población mayoritaria porque presentan características lingüísticas diferentes. Esta división en minorías nacionales y minorías etnolingüísticas no implica diferencia alguna en cuanto a los derechos que tienen ambas categorías.

81. El Estado protege y promueve la cultura de las minorías nacionales. El marco jurídico

existente crea las condiciones necesarias para que los representantes de las minorías formen parte de las asociaciones culturales dedicadas a preservar y proteger su cultura e identidad nacional.

Por otro lado, el Estado apoya la actividad de estas asociaciones con fondos del presupuesto público. El espacio que tienen las minorías nacionales en los medios de comunicación escritos y electrónicos responde igualmente a ese objetivo. Se publican con regularidad decenas de periódicos y revistas en las lenguas nacionales de las minorías; en todas las regiones donde las minorías

representan la población mayoritaria se emiten diversos programas de radio y televisión en sus

respectivas lenguas.

82. La preservación y protección de las lenguas de las minorías se logra, entre otras cosas, mediante la enseñanza en ellas. La legislación albanesa crea las condiciones necesarias para impartir enseñanza en la lengua materna durante los nueve años de la enseñanza primaria

obligatoria y la educación secundaria y, a nivel universitario, la enseñanza se imparte en griego.

En reconocimiento del papel de la educación en la lengua nacional, el Gobierno ha destinado importantes partidas de su presupuesto a este objetivo. Debido al escaso número de estudiantes que asisten a las clases impartidas en las lenguas de las minorías, el costo de impresión de los libros de texto es 20 veces mayor que el de los textos para los alumnos albaneses. En las regiones donde las minorías constituyen la mayoría de la población, las escuelas se mantienen en funcionamiento aunque solo tengan dos o tres alumnos, mientras que la relación media a nivel nacional es

de 30 alumnos por profesor. La Estrategia de enseñanza preuniversitaria tiene por objetivo "dar acceso a todos los niveles de instrucción, asegurando la no discriminación de los alumnos por motivos de raza, origen étnico, discapacidad o religión".

83. Desde las primeras elecciones democráticas celebradas en 1992, las minorías han tenido representantes en el Parlamento de Albania. En los diez últimos años, el partido Unión para los Derechos Humanos, que representa a las minorías nacionales del país, ha formado parte de todas las coaliciones de gobierno (centroderecha y centroizquierda).

G. La minoría romaní

84. La minoría romaní hace frente a una serie de problemas, como la pobreza, el bajo nivel de educación, las duras condiciones de vida y otros factores sociales y económicos, si bien no está sometida a trato discriminatorio por su condición de comunidad minoritaria. El Gobierno, teniendo en cuenta la difícil situación de la comunidad romaní y en un intento de mejorar sus condiciones de vida, se comprometió en 2003 a aplicar la Estrategia nacional para la mejora de las condiciones de vida de la comunidad romaní, formulada sobre la base de la situación social y económica y de una evaluación de los problemas y puesta en práctica gracias a la cooperación entre el Gobierno, los representantes de la comunidad romaní y la sociedad civil para constatar las peticiones de la comunidad romaní y la capacidad y las posibilidades reales del Estado albanés. Con esa estrategia como base, el Gobierno se ha comprometido a tratar de resolver los problemas económicos y sociales de la minoría romaní dentro del marco de las políticas sociales generales.

85. Para aplicar los objetivos de la estrategia y su plan de acción se han adoptado varias medidas en el ámbito de la protección social con el fin de mejorar las prestaciones sociales, ejecutar

programas especiales para la promoción del empleo en la comunidad romaní, en especial el empleo de las mujeres romaníes, o relativas a la formación profesional, el establecimiento de servicios comunitarios para niños romaníes, la integración de los niños romaníes de la calle, la prevención de la trata de personas y la lucha contra ella, la protección contra la violencia, información para que las familias se beneficien del sistema de protección social, un programa de ayuda económica, servicios de asistencia social, programas de apoyo de las ONG, etc. De conformidad con una decisión del Consejo de Ministros, se proporcionan sin cargo documentos de identidad a los estratos sociales necesitados, incluidos los miembros de esta comunidad.

86. El Ministerio de Educación ha puesto en marcha la iniciativa denominada "Segunda

oportunidad" para la educación de los niños romaníes, que ha mejorado la asistencia a jardines de

infancia y escuelas. La directriz por la cual los niños romaníes pueden matricularse en las escuelas

aunque no tengan partida de nacimiento ha mejorado la matriculación escolar. Se han creado las

oportunidades necesarias para la enseñanza de la lengua romaní en las escuelas con gran número de

alumnos, pero han surgido dificultades debido a la falta de personal docente y a que esta comunidad

no facilita información. La cultura y tradición romaníes se han incorporado a la sección de patrimonio cultural del proyecto nacional.

87. Se han adoptado diversas medidas para ofrecer a esta comunidad y a toda la población servicios de salud, salud maternoinfantil, vacunación de niños, servicios de educación de salud, salud reproductiva, planificación familiar, etc.

88. En el ámbito de la vivienda, se ha finalizado la evaluación de las necesidades de vivienda, suministro de agua y sistemas de alcantarillado y red de calles internas en las unidades de gobierno local con población romaní. En el marco del proyecto sobre la construcción de apartamentos de interés social, se han reservado espacios para la comunidad romaní.

89. En 2008 el Gobierno de Albania se adhirió a la década de la integración de los romaníes y se fijaron objetivos en los ámbitos del empleo, la educación, la vivienda y la salud, así como la promoción de la participación e inclusión de la minoría romaní en este proceso y el apoyo a ellos.

En 2009 se preparó el plan de acción nacional para ejecutar esta estrategia, en cooperación con instituciones centrales, la administración local, las organizaciones romaníes y la sociedad civil y con la ayuda del PNUD. Cabe señalar la contribución aportada por las organizaciones romaníes en la recopilación de datos, la determinación de las necesidades y la presentación de propuestas concretas.

IV. DESAFÍOS, LOGROS, MEJOR PRÁCTICA A. Igualdad de género

90 El principio de la igualdad de género ocupa un lugar significativo en la Constitución de la República de Albania y en otras leyes y reglamentos. La definición de discriminación de género figura en la Ley sobre la igualdad de género en la sociedad, aprobada en 2008, y está en

consonancia con el artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

91. El Código de Procedimientos Administrativos sanciona el principio de no discriminación por razones de género en las relaciones con las autoridades administrativas. El Código del Trabajo, la Ley sobre el estatuto del funcionario y otras leyes y reglamentos establecen un completo marco jurídico concebido para evitar la discriminación de la mujer en las relaciones laborales.

Sin embargo, la participación de la mujer en edad activa en el empleo (según datos oficiales) es relativamente baja (50%), lo que se explica porque las mujeres trabajan más en el sector informal.

El 50% de los desempleados de Albania son mujeres (la tasa de desempleo es del 13,2%). En otros sectores de empleo las mujeres son mayoría: en la industria de transformación constituyen

el 68% de los empleados y en la banca, la educación y la salud el 54%.

92. La Ley sobre la igualdad de género en la sociedad (2004) fue el primer texto legislativo

integral en esta materia, pero resultó inaplicable por no haberse demarcado claramente las

competencias de las estructuras responsables en la materia. La Ley sobre la igualdad de género,

aprobada en 2008 y que revocó la Ley de 2004, regula las cuestiones fundamentales de la igualdad

de género en la vida pública, la protección e igualdad de trato de hombres y mujeres, la igualdad de

oportunidades en el ejercicio de derechos y la participación y el apoyo en el desarrollo de todas las

áreas de la vida social. La ley tiene por objeto proteger eficazmente contra la discriminación por

razones de género, y establecer medidas para garantizar la igualdad de oportunidades al hombre y la

mujer y eliminar la discriminación relacionada con el género en cualquiera de sus formas. Según

esta ley, los órganos establecidos para avanzar en la igualdad de género son: a) el Consejo Nacional

de Igualdad de Género, presidido por el Ministro de Trabajo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, un órgano asesor que prepara propuestas y recomendaciones para el Gobierno y otras instituciones centrales y locales. Se ocupa de la adopción y promoción de medidas para alcanzar la igualdad de género y de la integración del género en todas las áreas, especialmente en las de índole política, social, económica y cultural; b) la autoridad responsable de la aplicación de esta ley y de los programas estatales sobre igualdad de género es el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de Políticas de Igualdad de Oportunidades; c) la red de funcionarios que trabajan en cuestiones de género a nivel central y local.

93. La Estrategia nacional para la igualdad de género y contra la violencia doméstica (2007-2010) se propone: a) promover el diálogo sobre la consecución de la igualdad de género asegurando la participación igualitaria de hombres y mujeres en la vida social, económica y política del país, y la igualdad de oportunidades para que la mujer ejerza sus derechos y materialice su potencial

individual en beneficio de la sociedad; b) mejorar la protección, la acción del sistema de justicia y el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica, así como asignar mayor prioridad a la prevención, abordando las causas de los malos tratos y la violencia en el hogar. Uno de los objetivos de esta estrategia consiste en conseguir que participen en actividades de manufactura, entre otras, las mujeres que son cabeza de familia, mujeres violadas o víctimas de la trata de personas, mujeres con discapacidad, mujeres romaníes desempleadas y mujeres de zonas rurales. El plan de acción de esta estrategia prevé medidas concretas sobre cuestiones como la igualdad de género o la prevención de la violencia doméstica.

94. La eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres en materia de

educación constituye un importante medio para la consecución de la igualdad de género. El marco jurídico integral que existe actualmente en este campo, compuesto de la Ley de enseñanza

preuniversitaria, la Ley de educación y formación profesional de la República de Albania y la Ley de enseñanza superior, así como las medidas enunciadas en la Estrategia nacional para la educación, ha dado lugar a que el 98% de las niñas cursen el ciclo primario obligatorio de nueve años y el 53,4% de ellas continúe con la enseñanza secundaria. Otro indicador positivo es que en los últimos años el número de graduadas de las universidades albanesas casi ha duplicado al de graduados.

95. A fin de incrementar la representación de la mujer, la Ley sobre la igualdad de género en la sociedad prevé una cuota superior al 30% para la mujer en todos los niveles institucionales.

El nuevo Código Electoral, aprobado en 2008, estableció la obligación de que en las elecciones al Parlamento de Albania de junio de 2009 el 30% de los candidatos a parlamentarios fuesen mujeres.

B. Violencia doméstica

96. El Código de la Familia estipula, en lo que respecta a los casos de violencia doméstica, la adopción de medidas urgentes por un tribunal a petición de uno de los cónyuges cuando resulte evidente que el otro incumple sus obligaciones y pone en peligro los intereses de la familia.

97. El Código Penal establece una serie de disposiciones sobre la violencia doméstica y define como circunstancias agravantes las de que la víctima sea menor o esté embarazada, así como las consecuencias que conlleva la comisión del delito. Las continuas enmiendas del Código Penal, además de contener disposiciones concretas para proteger a los niños y las mujeres de los malos tratos, los abusos sexuales, la trata de personas, la prostitución y los actos indecentes, han hecho considerablemente más severas las penas impuestas a los autores de estos delitos.

98. La Ley de medidas contra la violencia doméstica (2006) se propone prevenir y reducir la

violencia doméstica en todas sus formas mediante medidas legales adecuadas y garantizar la

protección jurídica de los familiares que sean víctimas de la violencia doméstica, prestando especial atención a los niños, los ancianos y los discapacitados. La ley prevé el establecimiento de una red coordinada de instituciones para reaccionar a tiempo frente a los casos de violencia doméstica y para que los tribunales dicten órdenes de protección inmediata. Se trata del resultado de una

iniciativa de la sociedad civil presentada al Parlamento de Albania con la firma de 20.000 electores.

También contribuyeron de manera especial a la ley las instituciones gubernamentales que trabajan en la prevención y la lucha contra la violencia doméstica. La ley establece qué organismos estatales tienen obligaciones y competencia en materia de violencia doméstica y confiere a los tribunales la facultad de dictar órdenes de protección respecto del infractor, un mecanismo para proteger a las víctimas de la violencia doméstica. Los mecanismos gubernamentales que se ocupan de las cuestiones de violencia doméstica son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia. El Acuerdo de Cooperación suscrito entre los ministerios competentes para la aplicación y el cumplimiento de esta ley prevé el establecimiento del mecanismo en coordinación de las funciones de todas las instituciones. Se ha aprobado una serie de reglamentos para el establecimiento de estructuras responsables de las cuestiones de violencia doméstica y la adopción de medidas a fin de prevenir, detectar y reducir la violencia doméstica.

99. El objetivo de la Estrategia nacional para la igualdad de género y la violencia doméstica y su plan de acción es incorporar las cuestiones de violencia doméstica en las políticas públicas mediante planes de acción concretos concebidos para reducir a la mínima expresión el fenómeno de la

violencia doméstica. Una de las prioridades de ese documento consiste también en que se cobre más conciencia del fenómeno de la violencia doméstica y de la protección legal y administrativa y el apoyo que se ofrecen a las víctimas. La Estrategia nacional plantea medidas concretas para la lucha contra la violencia doméstica, su prevención y el apoyo a las víctimas.

C. Trata de seres humanos

100. La trata y explotación de mujeres con fines de prostitución, una de las formas más deleznables de violación de los derechos humanos, fue un fenómeno muy preocupante en Albania durante la década de 1990. Gracias al establecimiento de un marco jurídico completo y de estructuras para la prevención, protección y rehabilitación de víctimas de la trata, Albania ha dejado de ser considerado un país de tránsito o destino de la prostitución, y de estar sometido a un régimen de vigilancia, y ha registrado grandes avances en la lucha contra la trata de seres humanos.

101. Las medidas legales adoptadas en este campo han apuntado a la prevención del fenómeno de la trata y la prostitución de mujeres y a sancionar severamente a los autores de estos actos,

especificando y ampliando las circunstancias agravantes del delito. Desde 2001 el Código Penal ha tipificado como delito "la trata de personas", "la trata de mujeres", "la trata de niños",

"la pornografía", "la ayuda en el cruce ilegal de fronteras" y "el maltrato de menores" y castiga la explotación de niños para realizar trabajos forzosos, practicar la mendicidad y prestar otros servicios. A este respecto también se han aprobado la Ley de prevención y lucha contra el crimen organizado (2004), la Ley sobre la protección de testigos y colaboradores de la justicia (2004) y la Ley sobre la moratoria de las lanchas a motor en la República de Albania (2006).

102. La Estrategia nacional para la lucha contra la trata de seres humanos (aprobada en 2001 y objeto de continuas reformas) se orienta en tres direcciones principales: a) investigación y

enjuiciamiento penal de los delitos relacionados con la trata de personas; b) apoyo y protección de

las víctimas y los testigos; y c) adopción de medidas concretas para la prevención de la trata de

personas y la reincidencia en ella. Sigue teniendo gran interés para el Gobierno combatir la trata de

niños y proteger a las víctimas reales o potenciales de ella. Por otro lado, la Estrategia nacional

para la lucha contra la trata de seres humanos se ha complementado con una estrategia y un plan de acción contra la trata de niños. La Estrategia nacional para la lucha contra la trata de seres humanos y la Estrategia para la lucha contra la trata de niños y la protección de niños que son víctimas de la trata y sus respectivos planes de acción (2008-2010) fueron fruto de un exhaustivo proceso de consultas en el que intervinieron estructuras estatales, donantes internacionales y la sociedad civil, que ha desempeñado un papel crucial.

103. A fin de llevar a la práctica esta estrategia se han establecido las correspondientes estructuras para identificar y procesar a los autores de los delitos referidos, así como estructuras especiales para proteger y rehabilitar a las víctimas y a las categorías sociales en situación de riesgo. Funcionan en todo el país estructuras y organismos administrativos dedicados a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, en particular la protección de niños expuestos a ella.

104. Se han organizado diversas actividades sobre la prevención de la trata y la lucha contra ella y se han llevado a cabo campañas de sensibilización dirigidas a los grupos vulnerables (jóvenes, mujeres y niñas, familias que se enfrentan a problemas sociales, familias con un bajo nivel de educación, niños romaníes, etc.). Con el objetivo de evitar la trata de personas en las categorías expuestas a riesgo, se han emprendido varias medidas para incluirlas e integrarlas en la sociedad aplicando la ley sobre educación obligatoria e inscribiéndolos en las oficinas del registro civil, además de ofrecer educación y formación profesional a quienes hayan dejado los estudios.

El Ministerio de Educación ha incorporado en el plan de educación secundaria programas para que se tome más conciencia del peligro que significa la trata de personas. Desde 2007, el Ministerio del Interior ha puesto a disposición de los ciudadanos un número telefónico gratuito accesible las 24 horas del día para denunciar los casos de trata. Asimismo, se han adoptado medidas para impartir formación a las fuerzas del orden, y se ha aprobado el Código de Conducta para la prevención de la explotación de niños en el turismo sexual, que está supervisado por el Ministerio de Turismo. En 2008 se creó la base de datos sobre las víctimas de la trata.

105. El Acuerdo de cooperación para el establecimiento del mecanismo nacional de remisión de casos para identificar mejor y prestar asistencia a las víctimas de la trata de seres humanos (2005) tenía por objeto la creación de una red nacional entre diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales a los efectos de la identificación, la seguridad, la remisión, la protección y la rehabilitación de las víctimas de la trata en Albania. Los centros de recepción y rehabilitación para las víctimas de la trata les prestan gran apoyo y desempeñan un papel muy importante en la

determinación de los tipos de servicios que necesitan.

106. Las ONG locales y extranjeras han colaborado de manera especial en la lucha contra la trata de seres humanos y su prevención al ofrecer servicios de rehabilitación y prevención a todas las víctimas y a los grupos expuestos a riesgo, en especial los niños.

107. Estas medidas legales y de organización adoptadas en la lucha contra la delincuencia organizada y la trata de personas han tenido un resultado tangible, la destrucción de 200 grupos entre los cuales se encontraban autores de graves delitos como la trata de personas y la prostitución.

Se han registrado avances en la prevención de estos delitos y en la rehabilitación de las víctimas.

D. Lucha contra la corrupción

108. La lucha contra la corrupción es una prioridad fundamental para el Gobierno. El último

informe de Transparency International sitúa a Albania en el puesto 85º de 180 países, con un índice

de percepción de la corrupción de 3,4. Según este informe, en 2008 Albania ocupó uno de los diez

primeros lugares en la lucha contra la corrupción. Asimismo, ocupa el primer lugar entre los países

balcánicos en cuanto a los avances en la lucha contra la corrupción con una mejora de 0,5 en el índice de percepción.

109. Se ha aprobado, y se está aplicando, una estrategia intersectorial sobre la prevención de la corrupción, la lucha contra ella y la gestión transparente, con su correspondiente plan de acción para 2009 que contiene medidas institucionales concretas. También se han aprobado las enmiendas necesarias para alinear la legislación civil y penal con los principios del Consejo de Europa en la materia.

110. Se ha establecido un registro nacional de empresas que funciona plenamente como ventanilla única. Existe un sistema en línea para el pago de impuestos por grandes empresas. Se ha instalado un sistema electrónico de adquisiciones que ya está en uso. Se ha creado una institución encargada de supervisar y salvaguardar el proceso de adquisiciones. Se ha revocado el 70% (64 de las 187 licencias registradas en 2005) de las licencias y los permisos innecesarios. El Centro Nacional de Concesión de Licencias centraliza todos los trámites y el Gobierno está preparando la creación de un registro nacional de planificación.

111. El Gobierno ha reformado el sistema de evaluación para los graduados y el sistema de ingreso en la universidad, lo que ha permitido acabar con las execrables prácticas corruptas que se

empleaban para decidir el ingreso en la universidad.

112. El Gobierno ha reducido los costos administrativos de un 3 a un 2,1% del PIB y ha acabado con los abusos y las malversaciones de fondos de los contribuyentes por parte de funcionarios irresponsables. La administración fiscal y la administración aduanera en particular superaron sus previsiones y lograron recaudar 2.500 millones de dólares adicionales, lo cual, sumado a una adecuada gestión de los ingresos, ha permitido disponer de partidas presupuestarias suplementarias durante tres años consecutivos. Como resultado de las reformas aplicadas en la administración fiscal conforme a la nueva legislación tributaria, se está reforzando la capacidad de la Dirección General de Impuestos.

113. Además, se han establecido otras dependencias institucionales encargadas de la lucha contra la corrupción, a saber, el Grupo de Trabajo contra la corrupción, el Departamento de Inspección Administrativa Interna y Lucha contra la Corrupción, dependiente del Consejo de Ministros, y la Dirección del Servicio de Inspección Interna en el Ministerio del Interior. En todos los órganos competentes se ha intensificado el control administrativo y financiero interno.

114. Otro componente del programa del Gobierno es la inclusión activa de la sociedad civil en la supervisión de los casos en que se aplican medidas contra la corrupción y en la investigación de casos de corrupción.

V. PRIORIDADES DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

A. A nivel nacional

1. Mejora y armonización de la legislación nacional con las normas internacionales de derechos humanos.

2. Cumplimiento de los compromisos en el ámbito de los derechos humanos contraídos en el marco del Plan nacional para la aplicación del acuerdo de estabilización y asociación.

3. Aprobación y aplicación de la ley contra la discriminación.