 Asamblea General A

GE.15-02247 (S)

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Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 22º período de sesiones

4–15 de mayo de 2015

Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos ^*

Andorra

* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas A /HRC/WG.6/22/AND/1

Asamblea General Distr. general 11 de febrero de 2015

Original: español

Índice

Párrafos Página

I. Introducción: Situación y metodología ... 1–8 3 II. Progresos logrados en materia de derechos humanos ... 9–54 4 A. Modificaciones legislativas ... 9–29 4 B. Organismos de promoción y protección de derechos humanos ... 30–33 7 C. Tratados internacionales ... 34–54 7 III. Seguimiento de las recomendaciones del primer Examen Periódico Universal

aceptadas por Andorra (36) ... 55–105 9 A. Seguimiento de los programas y los compromisos internacionales en materia

de Derechos Humanos ... 55–65 9

B. Derecho de los niños ... 66–75 10

C. Derecho de las mujeres ... 76–89 13

D. Derecho de las personas detenidas ... 90–93 17

E. Derechos laborales y de los trabajadores ... 94–95 18

F. Derechos de las personas con discapacidad y de otros grupos vulnerables .... 96–97 18

G. Derecho de los inmigrantes ... 98–104 18

H. Lucha contra el crimen organizado ... 105 20

IV. Conclusiones ... 106–107 20

I. Introducción: Situación y metodología

1. El Principado de Andorra presentó el primer informe sobre la situación de los derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal (en adelante, EPU) el 23 de agosto de 2010

.

2. El 3 de noviembre de 2010 tuvo lugar la primera evaluación del Principado de Andorra en el marco del proceso del EPU. En la evaluación, se formularon 59 recomendaciones, de las cuales 36 fueron aceptadas, 21 fueron rechazadas y 2 quedaron pendientes de respuesta.

3. El Consejo de Derechos Humanos, en su 32º período de sesiones, adoptó el informe nacional del Principado de Andorra de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos.

4. De acuerdo con el párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, el Principado de Andorra presenta su segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

5. El Departamento de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido el encargado de coordinar la redacción del presente informe, que ha contado con la colaboración del Ministerio de Justicia e Interior, el Ministerio de Finanzas y Función Pública, el Ministerio de Salud y Bienestar, el Ministerio de Educación y Juventud y la Fiscalía.

6. Previamente a su aprobación final por parte del Consejo de Ministros, en su sesión del 28 de enero de 2015, se remitió el proyecto del presente informe al Consell General (Parlamento Nacional) y a los Comuns (Gobiernos locales) para que pudieran formular las correspondientes observaciones. El 14 de enero de 2015, los Comuns hicieron llegar sus observaciones y comentarios que se han incluido en el presente informe.

7. Igualmente se convocó a la sociedad civil a participar en el proceso del EPU, mediante la publicación del aviso en el Boletín Oficial del Principado de Andorra número 36 de 18 de junio de 2014, en el cual se informaba sobre el proceso del EPU y el periodo de presentación de comentarios.

8. La metodología de la redacción del presente informe sigue las directrices generales

aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en su Decisión 17/119 de 19 de junio de

2011. Después de la introducción, en la primera parte del informe, se presentan los

progresos logrados en materia de derechos humanos así como las modificaciones

legislativas, la lista de instrumentos internacionales relativos a la protección de derechos

humanos firmados o ratificados entre los dos ciclos del examen y las políticas de reciente

aplicación. La segunda parte del informe responde por temas a las recomendaciones que

fueron formuladas en el examen anterior. Por último, se presentan las conclusiones del

informe.

II. Progresos logrados en materia de derechos humanos

A. Modificaciones legislativas

1. Legislación vigente, adoptada durante el ciclo 2010-2014

a) Inmigración y Derechos laborales

9. El 31 de mayo de 2012 se aprobó la Ley 9/2012 cualificada de modificación de la Ley cualificada de inmigración que sustituye la ley de inmigración anterior, así como la Ley 17/2006 del 30 de noviembre, cualificada de residencias pasivas. La modificación ha agrupado las diferentes tipologías de regímenes de inmigración en una única ley con un triple objetivo: integrar la regulación de las residencias pasivas, extender y completar el marco relativo a las tipologías de los regímenes de inmigración, y por último, precisar aspectos de la interpretación y aplicación de la misma ley.

10. El Principado de Andorra cuenta con una estructura poblacional característica, donde la población nacional representa el 46%

de la población total. Hasta la aprobación de la Ley 10/2012 de inversión extranjera en el Principado de Andorra, el 21 de junio de 2012, la población extranjera contaba con derechos económicos limitados, algunos de ellos, a partir de un determinado número de años de residencia. La Ley extiende la totalidad de los derechos económicos a la población extranjera desde el mismo momento de la adquisición del permiso de residencia.

11. Como consecuencia de la crisis económica, la actividad económica del país se ha visto resentida, experimentando una contracción en los puestos de trabajo y una disminución notable de la población residente, pasando de 84.484 habitantes en 2008 a 76.949 en 2014

. Con el fin de mejorar la situación, se aprobó el 16 de febrero de 2011 el Reglamento regulador de las prestaciones económicas de atención social, que creó la prestación social por desempleo involuntario

. Además, se han puesto en marcha diversos programas de fomento de la ocupación, entre los que cabe destacar: el Programa para el fomento de la contratación indefinida de trabajadores desocupados

, el Programa para el fomento de la ocupación y la formación en la empresa

, el Programa de trabajo temporal en beneficio de la colectividad destinado a los ámbitos organizativos de la Administración general y la Administración de Justicia

, el Programa para fomentar el trabajo temporal en beneficio de la colectividad por cuenta del Consell General, de los Comuns, de las entidades paraestatales y de las sociedades públicas

, y el Programa de Fomento de la ocupación en zonas geográficas alejadas de los principales ejes y núcleos de población

. Por último, el Ministerio de Educación y Juventud y el Ministerio de Justicia e Interior presentaron conjuntamente el 19 de enero de 2015 el Plan para la mejora de la ocupación de los jóvenes.

El programa tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de los jóvenes de 16-20 años que han finalizado sus estudios y se encuentran en situación de desempleo.

b) Derechos sociales: protección de categorías vulnerables y ayuda a las familias

12. De conformidad con la disposición adicional tercera de la ley de arrendamiento de fincas urbanas del 30 de junio de 1999, que permite al Gobierno regular el aumento del precio de los arrendamientos en relación al índice general de precios al consumo, suspendiéndolo si fuese necesario, se ha hecho uso de esta disposición y en las leyes de los presupuestos del 2013

,2014

y 2015 se ha anulado la revisión al alza de los alquileres para ayudar a las familias frente a las dificultades generadas por la crisis económica.

Asimismo, a pesar de la situación económica desfavorable, las partidas presupuestarias del

Ministerios de Salud y Bienestar y del Ministerio de Educación y Juventud se han mantenido en los últimos años.

13. El 13 de junio del 2013 se aprobó la Ley 13/2013 de competencia efectiva y protección del consumidor, con la clara voluntad de dotar al país de una normativa moderna para proteger los derechos de los consumidores y usuarios de servicios. Siguiendo la adopción de la ley, también se aprobó, el 7 de agosto del 2013 el reglamento regulador de las hojas oficiales de queja, reclamación y denuncia en materia de consumo.

14. El 18 de septiembre de 2013 se aprobó el Decreto de aprobación del Reglamento regulador de las prestaciones económicas de atención social. El reglamento ha sido objeto de diversas modificaciones desde su aprobación inicial el 19 de noviembre de 2008. Esta última modificación rebaja, de los 55 a los 50 años, la edad establecida por la que se recibe una prórroga de la prestación por desempleo, atendiendo la preocupación del Gobierno ante el creciente número de desempleados de entre 40 y 59 años.

15. El 24 de abril de 2014, se aprobó la Ley 6/2014 de servicios sociales y socio- sanitarios que completa la ordenación del sistema de protección social andorrano, constituido básicamente por la seguridad social, el sistema de salud y el sistema de servicios sociales y socio-sanitarios. La ley prevé que los servicios sociales se dirijan a toda la población y concretamente, a las personas que se encuentran en situación de necesidad social, dependencia, exclusión social o riesgo. Además, establece una cartera de servicios sociales y socio-sanitarios que se estructuran en un conjunto de prestaciones técnicas, económicas y tecnológicas.

16. Todos los grupos parlamentarios representados en el Consell General (Parlamento Nacional) presentaron conjuntamente el 9 de diciembre de 2014, una Proposición de Ley para la erradicación de la violencia de género y de la violencia doméstica. El texto, consensuado por todos los grupos parlamentarios, se aprobó el 15 de enero de 2015.

c) Derechos civiles y políticos

17. El derecho de sufragio es un derecho fundamental reconocido por la Constitución andorrana. Con la aprobación de la Ley cualificada 07/2014 de 24 de abril del 2014, de modificación de la Ley cualificada del régimen electoral y del referéndum, se ha podido garantizar y extender el derecho de sufragio a los nacionales residentes en el extranjero. Por este motivo, y atendiendo al creciente número de nacionales que residen en el extranjero por motivos laborales y de estudio, la mencionada modificación legislativa prevé la posibilidad del ejercicio del sufragio por correo.

18. El 24 de julio de 2014, se aprobó la Ley cualificada 17/2014 de modificación de la ley cualificada de modificación del Código de procedimiento penal, de 10 de diciembre de 1998, que amplía el derecho a la asistencia letrada gratuita, junto con otras garantías judiciales.

19. El 18 de septiembre de 2014 se aprobó la Ley cualificada 19/2014 de partidos políticos y financiación electoral. Hasta su aprobación, para dar cumplimiento al artículo 26 de la Constitución, que reconoce el derecho a crear libremente partidos políticos, el legislador había optado por introducir disposiciones en la Ley cualificada de asociaciones de 20 de diciembre de 2000, hasta el día en que pudiera adoptar una ley específica.

Finalmente, la Ley 19/2014 establece un régimen claro de creación, funcionamiento y

financiación, así como los supuestos de disolución y sanción, que respeta los estándares

internacionales en materia de derechos humanos, basada en los principios de legalidad y

democracia.

20. El 19 de noviembre de 2014 el Gobierno, siguiendo las recomendaciones del Comité contra la Tortura

, aprobó el Decreto de aprobación del reglamento regulador del uso y porte de armas de fuego y medios coercitivos autorizados en el centro penitenciario.

21. El 27 de noviembre de 2014, se aprobó la Ley cualificada 30/2014 de protección civil de los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Esta ley completa la protección de los mencionados derechos, ofreciendo un marco jurídico claro con las garantías correspondientes y mecanismos de protección desvinculados de la jurisdicción ordinaria, que han de permitir una reparación rápida y satisfactoria.

22. El 27 de noviembre de 2014, se aprobó la Ley cualificada 34/2014 de las uniones civiles y de modificación de la Ley cualificada del matrimonio, de 30 de junio de 1995, reconociendo la igualdad de derecho de las uniones civiles del mismo sexo.

23. Ante la necesidad de adecuar la norma penal a la evolución de la política criminal y en seguimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Principado de Andorra, la normativa penal ha sido objeto de diferentes reformas sucesivas desde su entrada en vigor el 23 de septiembre de 2005. La Ley cualificada 91/2010

modificó cuatro artículos de la norma penal con vistas a reforzar la persecución y el castigo de la violencia en el ámbito doméstico.

24. La Ley 18/2012

, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) y del Comité de Expertos sobre la Evaluación de las medidas contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo del Consejo de Europa (Moneyval), modificó los artículos relativos a la financiación del terrorismo. Esta ley también tuvo por objeto la modificación de la norma penal en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (Nueva York, 2000) y del Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección de los Menores contra la Explotación y el Abuso Sexual (Lanzarote, 2007).

25. La Ley 18/2013

modificó la norma penal adecuándola a las disposiciones del Convenio de Lanzarote, al Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 2011) y el Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia (Budapest, 2001).

26. La última modificación de la norma penal, recogida en la Ley 40/2014

tiene como finalidad cumplir con las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Tortura y el Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa (GRETA). Se ha aumentado la pena por el delito de tortura, se ha completado la conducta prevista en la norma penal relativa al delito de tortura y se ha equiparado el delito de tortura con el delito de genocidio y los delitos contra la humanidad, eliminando la prescripción del delito y de la pena. Esta modificación ha permitido también la creación de los nuevos tipos delictivos de tráfico de seres humanos con la finalidad de extracción de órganos, esclavitud o servidumbre y con fines de explotación sexual. La modificación también se traslada a la definición de móvil discriminatorio, incluyendo conductas hasta ahora no penalizadas, entre las que cabe destacar la incitación pública a la violencia, el odio o la discriminación contra una persona o grupo de personas o la expresión pública de una ideología discriminatoria.

Por último, se introduce la tentativa en el delito de apología del genocidio y se amplia su alcance, incorporando conductas preparatorias de este delito y del delito de negación del genocidio.

27. Siguiendo íntegramente la recomendación realizada por el Comité Europeo para la

Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), la Ley

cualificada 41/2014 de modificación de la Ley 4/2007 del 22 de marzo, cualificada

penitenciaria, establece que la sanción de aislamiento en celda no puede exceder los

catorce días cuando el recluso es mayor de edad, ni los tres días si es menor.

2. Proyectos y Propuestas de Ley

28. El Consejo de Ministros, en su sesión del 14 de enero de 2015, aprobó la presentación a trámite parlamentario del Proyecto de Ley cualificada reguladora de las medidas de conflicto colectivo. El Proyecto de Ley, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución del Principado de Andorra

, regulará el derecho de defensa de los intereses económicos de los trabajadores y empresarios. El texto fue enviado a trámite parlamentario el pasado 15 de enero de 2015.

29. Actualmente se encuentra en fase de redacción técnica por parte del Comité Nacional de Bioética una Ley de Derechos de los pacientes.

B. Organismos de promoción y protección de derechos humanos

30. La Ley 39/2014 del Foro Nacional de la Juventud ha sustituido la Ley 11/2007 de 17 de mayo de 2007 que creó el Foro Nacional de la Juventud de Andorra. Este organismo de derecho público ofrece un espacio de participación libre para los jóvenes del país en la vida política, económica y social. Entre sus objetivos están el prestar apoyo a las asociaciones y organizaciones del país, representar a la juventud en el exterior, realizar campañas informativas y participar en los órganos consultivos de la Administración Pública. En este sentido, cabe mencionar su participación como órgano consultivo en el Plan Nacional de Atención Social (2008–2011) y en las comisiones del Plan Nacional para la Igualdad (2011) y el Plan Nacional de la Juventud (2008).

31. Con la ley de erradicación de la violencia de género y de la violencia doméstica, aprobada el pasado 15 de enero de 2015, se prevé la creación la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia de Género y Doméstica, cuyo cometido será garantizar el cumplimiento de la ley y asegurar la cooperación y coordinación entre todos los Departamentos de la Administración Pública que tengan función directa o indirecta en la actuación ante casos de violencia doméstica y de género.

32. El Instituto de Estudios Andorranos (IEA), entidad con personalidad jurídica propia, está formado por dos centros de investigación: El Centro de Investigaciones Sociológicas (CRES) y el Centro de Estudios de la Nieve y la Montaña de Andorra (CENMA). El CRES cuenta con el Observatorio Social Andorrano, y des de finales de 2011, trabaja de forma más específica, en la creación del Observatorio de la Juventud. EL CRES, a menudo solicitado por los respectivos ministerios competentes en estas materias, mantiene líneas de investigación sobre pobreza y exclusión social, inmigración, salud, turismo y valores.

33. El 9 de marzo de 2014 se aprobó el Decreto de modificación del Reglamento del Comité Nacional de Bioética. Este órgano asesor del Gobierno tiene, entre otras funciones, la de supervisar que la legislación y la práctica en los campos de la medicina, salud e investigación respeten plenamente la dignidad humana y los derechos humanos.

C. Tratados internacionales

34. En el momento de la presentación de su primer informe, el Principado de Andorra

era Parte contratante de 40 tratados internacionales relativos a la protección de derechos

humanos. Entre septiembre de 2010 y hasta diciembre de 2014, se han firmado o ratificado

15 nuevos tratados, que son protocolos facultativos o adicionales a los Convenios de los

que ya se es parte, y otros son nuevos compromisos internacionales.

1. Sistema Europeo de protección de Derechos Humanos

35. El 15 de enero de 2015, el Consell General (Parlamento Nacional) aprobó la ratificación del Protocolo número 15 de enmienda del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Estrasburgo, 2013).

2. Derechos de tercera generación

36. El 2 de marzo de 2011, Andorra ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Nueva York, 1992).

37. El 7 de marzo de 2012, Andorra ratificó el Convenio europeo del Paisaje (Florencia, 2000).

38. El 23 de julio de 2012, Andorra ratificó el Convenio sobre los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar, 1971).

39. El 7 de noviembre de 2013, Andorra depositó el instrumento de adhesión al Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (París, 2003).

40. El Consell General (Parlamento Nacional), en su decisión del 29 de mayo de 2014, aprobó la ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Rio de Janeiro,1992).

3. Derechos Políticos y civiles

41. El 23 de marzo de 2011, Andorra ratificó la Carta Europea de la Autonomía Local (Estrasburgo, 1985).

4. Categorías vulnerables: Derechos de las mujeres, de los menores y de las personas con discapacidades

42. El 23 de marzo de 2011, Andorra ratificó el Convenio Europeo relativo al reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia de custodia de menores, así como el restablecimiento de la custodia (Luxemburgo, 1980).

43. El 6 de abril de 2011, Andorra depositó el instrumento de adhesión al Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones relativas a las Obligaciones Alimenticias (La Haya, 1973).

44. El 6 de abril de 2011, Andorra depositó el instrumento de adhesión al Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (La Haya, 1980).

45. El 23 de enero de 2014, Andorra ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual (Lanzarote, 2007).

46. El 11 de marzo de 2014, Andorra ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (Nueva York, 2006).

47. El 27 de noviembre de 2013, Andorra firmó el Convenio del Consejo de Europa para la lucha contra la violencia doméstica y hacia la mujer y su prevención (Estambul, 2001).

Siendo el décimo Estado en ratificarlo, el 22 de abril de 2014, éste entró en vigor en agosto de 2014.

48. El 25 de septiembre de 2014, en el marco de la Ceremonia de Tratados de las

Naciones Unidas, Andorra depositó el instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo

de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de

comunicaciones.

5. Lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción y la venta de armas

49. El 22 de septiembre de 2011, Andorra ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

50. El 23 de marzo de 2011, Andorra ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Varsovia, 2005).

51. El 16 de octubre de 2014, el Consell General (Parlamento Nacional) aprobó la ratificación del Protocolo Adicional al Convenio penal sobre la corrupción (Estrasburgo, 2003).

52. El 9 de abril de 2013, Andorra depositó el instrumento de adhesión al Convenio sobre municiones en racimo (Dublín, 2008).

53. El 23 de abril de 2013, el Principado de Andorra firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia (Budapest, 2001) y su Protocolo adicional relativo a la incriminación de actos de carácter racista y xenófobo cometidos por medio de sistemas informáticos (Estrasburgo, 2003).

54. El 18 de diciembre de 2014, el Principado de Andorra firmó el Tratado sobre el Comercio de Armas (Nueva York, 2013).

III. Seguimiento de las recomendaciones del primer Examen Periódico Universal aceptadas por Andorra (36)

A. Seguimiento de los programas y los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos

Recomendaciones 83.13

, 83.15

, 84.24

, 83.8

y 83.9

83.14

55. El Principado de Andorra es consciente del retraso en la presentación de algunos informes periódicos ante los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas. Tras las recomendaciones recibidas en el primer ciclo del EPU, Andorra ha dedicado numerosos esfuerzos para presentar los informes periódicos a los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas. Sin embargo, no ha podido presentar todos los informes periódicos que tiene pendientes.

56. La Administración Pública cuenta con recursos humanos limitados. No obstante, Andorra otorga una gran importancia a la labor realizada por los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas y a la presentación, en los plazos fijados, de los informes periódicos de cara a obtener una visión actualizada de la situación de los derechos humanos y así mejorar la situación de los derechos humanos por medio del seguimiento de las recomendaciones.

Por ello, Andorra seguirá con los esfuerzos para cumplir con sus obligaciones internacionales.

57. Actualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores está coordinando la redacción del informe inicial de Andorra al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y espera presentarlo próximamente.

58. Respecto a la recomendación relativa a la presentación de una invitación permanente a todos los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos para facilitar futuras posibles visitas de los titulares de mandatos, se extendió la mencionada invitación el 3 de noviembre de 2010 y hasta la fecha, no se ha recibido ninguna visita.

59. El Plan Director de la Cooperación Internacional al Desarrollo del Ministerio de

Asuntos Exteriores

establece como beneficiarios de la cooperación internacional al

desarrollo los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, así como otros grupos vulnerables. El Gobierno de Andorra revisa anualmente el Plan Director y sus objetivos y políticas para adaptarlos a las prioridades. Además, cabe destacar que los Comuns (Gobiernos locales) efectúan anualmente una aportación conjunta a la Plataforma de ONG de Andorra, que moviliza a la sociedad civil andorrana ante emergencias internacionales.

60. El Ministerio de Educación y Juventud ha incluido en el currículo escolar la educación en derechos humanos, según las disposiciones generales del Programa Mundial para la educación en derechos humanos. También, ha establecido formaciones en derechos humanos dirigidas a funcionarios públicos y agentes judiciales y policiales.

61. En el marco de la 29ª sesión de la Universidad de Verano del Principado de Andorra celebrada en el mes de agosto de 2012, el Ministerio de Educación y Juventud organizó junto a la Universidad de Andorra un ciclo de conferencias, titulado “Huellas de Europa en el mundo”, que contaron con la participación de diferentes especialistas que trataron los derechos humanos en Europa.

62. El 21 y 22 de febrero de 2014 tuvo lugar una formación destinada a los docentes sobre los derechos humanos y la situación en Andorra. Los temas tratados fueron los derechos humanos en la escuela. Se presentaron además de organizaciones internacionales como Naciones Unidas y el Consejo de Europa, los principales instrumentos, informes y mecanismos de control relacionados con los derechos humanos. Se prevé que esta formación se repita durante el 2015. Asimismo, la Universidad de Andorra tiene previsto organizar anualmente, a partir de 2015, una formación sobre derechos humanos y ciudadanía democrática para estudiantes de ciencias de la educación. Esta formación estará abierta también a los docentes que deseen actualizar sus conocimientos en la materia.

63. La actividad del Principado de Andorra en derechos humanos también se ha dado en el ámbito internacional. En el marco de la Presidencia andorrana del Comité de Ministros del Consejo de Europa, del 9 de noviembre de 2012 al 16 de mayo de 2013, Andorra estableció, como una de sus prioridades, la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos, así como la promoción del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Estas prioridades se han visto trasladadas a diversas iniciativas y actividades realizadas durante la presidencia

y que han tenido su continuidad en el Consejo de Europa más allá de la presidencia andorrana.

64. El 4 de abril de 2014 Andorra fue invitado por el secretario general de las Naciones Unidas a formar parte del grupo de los 16 Países Campeones de la “Iniciativa Mundial de la Educación ante Todo”, iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas, que tiene como objetivos la universalización de la escolarización infantil, la promoción de la calidad de la enseñanza y el desarrollo de la ciudadanía global

.

65. En el marco del primer ciclo del EPU, el Principado de Andorra informó sobre la actividad del Grupo de Diálogo Interreligioso y la Comisión Nacional de Andorra para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Actualmente, sigue en la agenda del Gobierno de Andorra. Cabe destacar, que el artículo 11 de la Constitución garantiza la libertad de opinión, de religión y de culto

.

B. Derechos del niño

1. Castigos corporales

Recomendaciones 83.2

, 83.7

83.10

, 83.11

66. El Comité sobre los Derechos del Niño apreció, por primera vez en 2002, que los

castigos corporales en el ámbito escolar estaban prohibidos por ley, y mostró su

preocupación porqué el castigo corporal no estuviese expresamente prohibido en el ámbito familiar

.

67. A raíz de la mencionada observación, el Principado de Andorra decidió abordar el problema de la violencia doméstica de una manera integral y emprendió una reforma del Código Penal de cara a incluir en éste las correspondientes enmiendas para incluir los casos de violencia doméstica, y favorecer una respuesta punitiva adecuada a este tipo de actuaciones, Así, la Ley 91/2010, de 16 de diciembre de 2010, de modificación de los artículos 113, 114, 476 y 478 del Código Penal de 21 de febrero de 2005 suprimió el requisito de habitualidad como elemento típico del delito de maltrato en el ámbito doméstico, incluyendo una cláusula de concurso en relación con las penas que correspondan por el resultado lesivo que se haya causado. De ese modo, las conductas típicas previstas en los artículos 113 y 476, que penalizan los maltratos y/o las lesiones, indistintamente del ámbito donde tienen lugar, conllevan una mayor penalidad cuando se producen en el ámbito doméstico, puesto que siempre concurren con la comisión del citado delito previsto en el artículo 114. Cabe tener en consideración que no se ha promulgado una ley única y específica relativa al tema del castigo corporal, sino que se han modificado las disposiciones ya existentes para adecuar el marco legislativo a las exigencias del Convenio sobre los Derechos del Niño, mediante la nueva redacción del artículo 476.1 del Código penal, objeto de referencia en el apartado 69 del presente informe.

Medidas legislativas en el ámbito familiar

68. Los castigos corporales están ahora claramente prohibidos en el ámbito familiar y tal comportamiento está tipificado como delito penal. El artículo 113 del Código penal permite sancionar a quién, de forma genérica, inflige maltratos corporales, situación que puede incluir, los adultos y familiares que maltraten, ni que sea tan sólo una vez, a sus hijos o aquellos menores que están bajo su guardia, o de hecho, a cualquier menor. La violencia física y psicológica hacia los menores en el ámbito familiar están tipificadas de forma más específica en el artículo, 114, del Código Penal concretamente en el apartado 1 que prevé que la pena prevista por tal delito se tiene que imponer en su mitad superior cuando se haya realizado sobre un menor, o incluso delante de un menor. Esta pena es una pena de prisión que puede ir de 3 meses a 3 años, sin perjuicio de otras penas que podrían resultar del carácter lesivo de las violencias y castigos corporales sufridos por el menor. El artículo 115 establece como circunstancias agravantes los hechos descritos en los artículos anteriores cuando se cometen contra víctimas vulnerables, considerando su edad y su fragilidad.

Medidas legislativas en el ámbito escolar

69. Es importante entender la filosofía de la norma penal del Principado de Andorra,

pues ésta no establece una numeración exhaustiva de situaciones dónde se pueda realizar el

castigo corporal. En este sentido, los castigos corporales están prohibidos en todos los

ámbitos. El artículo 113, combinado con el artículo 115, son más que suficientes para que

un juez en Andorra sancione cualquier tipo de violencia y maltratos físicos en una escuela

hacia menores. Además se suman a estos artículos los artículos 476 del Código penal

titulado “Maltratos y lesiones dolosas” que establece que “quien maltrate corporalmente de

manera leve o agreda físicamente una persona ha de ser castigado con pena de arresto o

multa de hasta 6.000 euros. Si el maltrato se considera un castigo corporal, se ha de

imponer la pena de arresto”. Este artículo del Código penal ha sido objeto de reciente

modificación, mediante la Ley 40/2014, del 11 de diciembre; modificación que ha

consistido en la adición de la última frase anteriormente reproducida, a los efectos de diluir

cualquier tipo de duda interpretativa respecto a la inclusión de los castigos corporales como

un tipo de maltrato. De esta forma se dota a los órganos judiciales de legitimación

indiscutible para exigir responsabilidad criminal derivada de este tipo de actuaciones, que

se diferencian del maltrato anteriormente previsto al revestir un elemento subjetivo

específico, dirigido a infringir un mal como consecuencia de una actuación previa del sujeto pasivo, cierta o incierta, pero en todo caso considerada como merecida por parte del sujeto activo de la conducta típica. Igualmente, el articulo 478 añade también la coacción y las amenazas leves como comportamientos punibles, disposiciones que amplían el ámbito en el cual los niños y sus padres se pueden emparar si ha habido ya no agresión física directa, pero también la amenaza de ella.

Campañas de sensibilización

70. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CRES) realizó en el curso escolar 2013- 2014 una encuesta sobre convivencia escolar que permitió conocer que 1 de cada 8 alumnos encuestados manifestaba haber sufrido un episodio de maltrato o bullying por parte de un compañero. El CRES, en colaboración con el Ministerio de Educación y Juventud, viene organizando des del curso escolar 2011-2012 unos talleres educativos en las escuelas del país para tratar el fenómeno del bullying. Los talleres, dirigidos a alumnos de 12 años, tienen como objetivo informar y concienciar a los alumnos sobre la importancia de no silenciar las situaciones de violencia y el efecto grupal.

2. Aplicación general del Convenio sobre los Derechos de los Niños

Recomendación 83.3

, 83.7

71. En relación al cumplimiento de Andorra con las obligaciones del Convenio sobre los derechos del niño, y en particular sobre la revisión de su legislación, cabe mencionar que el instrumento entró en vigor e1 1 de febrero de 1996. En lo referente a las reservas y declaraciones realizadas inicialmente en el momento de la ratificación, se recuerda también que el Principado de Andorra retiró la declaración relativa a los artículos 7 y 8, sobre las cuestiones de nacionalidad, el pasado 22 de diciembre de 2005.

72. En cuanto a la edad mínima de los niños en su participación en conflictos armados y reclutamiento, cabe destacar que el Principado de Andorra no cuenta con fuerzas armadas, y considera que ningún menor debe poder participar en un conflicto armado o ser reclutado por las fuerzas armadas estatales. Andorra ha creído oportuno destacar su disconformidad referente a lo declarado en los párrafos 2 y 3 del artículo 38 del Convenio, relativos a la participación de los niños en la guerra, y al reclutamiento de estos mismos a partir de los quince años. Andorra considera que la participación de niños en conflictos armados y el reclutamiento de los niños de quince años de edad deberían de estar prohibidos y que aceptar esta posibilidad es una contradicción con el espíritu mismo del Convenio.

3. Cooperación nacional e internacional en materia de derechos del niño

Recomendación 83.6

73. Desde el mes de julio de 2012, Andorra contribuye en la campaña de sensibilización del Consejo de Europa “UN sur CINQ”, que tiene, entre sus objetivos, concienciar a los niños, la familia y la sociedad en general, sobre la violencia sexual, además de proveer medios para prevenirla. El Plan director de cooperación internacional al desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores

establece como una de sus prioridades la ayuda a los niños. En 2011 y 2012, el Gobierno de Andorra dedicó el 39% del presupuesto de ayuda al desarrollo a proyectos dirigidos a proteger y mejorar la vida de los niños. En 2013, el porcentaje de la ayuda al desarrollo destinado a la protección de la infancia fue del 37%.

Cabe destacar también, que en la convocatoria anual de subvenciones a proyectos de

cooperación internacional al desarrollo dirigido a las oenegés del país, se han priorizado los

proyectos que tienen como objetivo la mejora de la situación de los niños.

Ejemplos de fondos y programas dedicados a la protección de la infancia

Contribuciones voluntarias a programas de protección a la

infancia 2010 2011 2012 2013 2014

UNICEF 20.000,00€ 20.000,00€ 75.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€

Representante especial del Secretario General para los niños en

conflictos 29.000,00€ 25.000,00€ 20.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€

Fondo de las Naciones Unidas para las

víctimas de la tortura 22.000,00€ 15.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€

4. Protección de los niños contra la violencia y la explotación y el abuso sexual

Recomendación 84.16

, 83.11

74. El Principado de Andorra firmó el 29 de junio de 2006 el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, que fue ratificado posteriormente el 23 de enero de 2014. De esta manera, el país se ha dotado de un instrumento más para la protección de los niños. La firma y posterior ratificación conllevaron la consecuente modificación legislativa del Código Penal para penalizar determinadas conductas, como la tentativa de poseer material pornográfico o el acceso a la pornografía infantil.

75. El 20 de marzo de 2012, el Ministerio de Salud y Bienestar y la Fundación Julià Reig firmaron un Convenio de colaboración para realizar un estudio independiente sobre la situación de los niños y los adolescentes en riesgo en Andorra. Los resultados del estudio

, publicados en 2013, han permitido obtener una imagen general sobre la situación de los niños y adolescentes del país de cara a la elaboración de nuevas políticas diseñadas por los organismos nacionales competentes. El estudio concluye que, aún habiendo obtenido una visión transversal sobre la situación de la infancia en el país, la falta de disponibilidad de datos estadísticos impide un análisis más exhaustivo. Al respecto, el 18 de abril de 2013 se aprobó la Ley 2/2013 de la función de la estadística pública, que permite la obtención de nuevos datos para su posterior estudio.

C. Derecho de las mujeres

1. Adecuación de la legislación nacional al Convenio para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Recomendaciones 84.17

y 84.27

76. El Principado de Andorra consideró la revisión de su legislación con miras a

aumentar la edad legal para contraer matrimonio y así cumplir con las previsiones del

Convenio. No obstante, tras apreciar que, en los últimos cuatro años, no ha habido ningún

caso de menores de entre 16 y 18 años de edad que hayan contraído matrimonio, ni

tampoco menores mayores de 14 años casados con el permiso de un juez, no se ha creído

oportuno modificar la legislación sobre la ley marital ya que es una realidad que no consta

que haya tenido lugar en el país.

2. Lucha contra la violencia doméstica

Recomendaciones 83.4

y 83.19

77. El 22 de abril de 2014 se ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica que entró en vigor el 1 de agosto de 2014. Su ratificación conllevó la modificación de determinados aspectos del Código Penal necesarios para adecuar la norma penal interna con las disposiciones del Convenio. Siguiendo la ratificación del Convenio, los grupos parlamentarios con representación en el Consell General (Parlamento Nacional) presentaron conjuntamente y aprobaron el 15 de enero de 2015, la ley para la erradicación de la violencia de género y la violencia doméstica. La ley, además de crear la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia de Género y Doméstica, prevé acciones multidisciplinares para una cultura de no discriminación en relación a la violencia de género y doméstica, promoviendo actitudes de resolución pacífica de conflictos.

78. En el 2006 se creó el Equipo de Atención Integral a la Mujer (EAID), unidad adscrita al Ministerio de Salud y Bienestar, que tiene como objetivo asistir a las mujeres víctimas de la violencia de género. Además de realizar una función de asistencia y asesoramiento a las mujeres víctimas de la violencia de género, el EAID viene realizando cada año campañas de sensibilización sobre la problemática de la violencia de género. Así, cada 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el EAID presenta en rueda de prensa las actividades realizadas durante el año en su lucha contra la violencia de género. Además, el EAID, en colaboración con el Ministerio de Educación y Juventud, viene realizando talleres educativos sobre conductas abusivas en todos los centros educativos del país.

3. Políticas y programas generales de lucha contra la discriminación de género

Recomendaciones 83.1

, 83.4

, 83.5

, 83.12

, 83.17

, 83.19

, 83.21

79. Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2014 se han llevado a cabo acciones en diferentes ámbitos del país. La educación juega un papel primordial en el cambio de los estereotipos de género. Por este motivo, el Ministerio de Salud y Bienestar y el Ministerio de Educación y Juventud vienen realizando una serie de acciones conjuntas. Se han realizado campañas de sensibilización sobre los derechos de las mujeres. Se aprovechan, por ejemplo, las efemérides del día 8 de marzo para realizar actividades de sensibilización organizadas conjuntamente por las Administraciones Públicas y la sociedad civil. También, en las escuelas andorranas se realiza anualmente el Tema de Centre (tema de centro). Esta actividad, a la que se dedica un día entero y en la que participan todos los alumnos y profesores, sirve para trabajar un tema transversal relacionado con la defensa de los derechos humanos, la democracia, la ciudadanía, la interculturalidad y la no discriminación por motivos de género, raza, etc. En marzo de 2014, se realizó un coloquio en la capital, Andorra la Vella, para discutir el tema de los estereotipos de género, de la mujer y la manera de enfrentarlos. El coloquio contó con la colaboración de nueve personas que compartieron sus experiencias y que fue destinado al público en general. Finalmente, en la convocatoria de subvenciones a entidades sociales anuales que realiza el Ministerio de Salud y Bienestar, se priorizan los proyectos que tienen como objetivo sensibilizar la sociedad sobre la no discriminación y la igualdad.

80. El órgano encargado de coordinar todas las políticas de igualdad y no discriminación

hacia la mujer en Andorra es el Ministerio de Salud y Bienestar. En el periodo de

elaboración del Plan de Actuación Nacional para la Igualdad (PANI), en los años 2009 y

2010, se constituyó una Secretaría de Estado para la Igualdad con un órgano de

participación específico para las entidades, denominado Comisión Nacional para la

Igualdad. Cuando terminó el proceso de elaboración del PANI (2010) y ante las dificultades de las entidades sociales para cubrir tantos espacios de participación, se subsumieron todos los consejos de participación del Ministerio de Salud y Bienestar en el actual Consejo Asesor de Salud y Bienestar, donde se tratan todos los asuntos relativos a las políticas de igualdad. El Ministerio de Salud y Bienestar, con el apoyo del Consejo Asesor de Salud y Bienestar, coordina en la actualidad las acciones de todos los Ministerios en el ámbito de las políticas de igualdad. Los Comuns (Administración Local) tienen la potestad para desarrollar políticas públicas independientes y específicas en materia de igualdad de género. La cooperación entre los entes locales y el Gobierno central en dicha materia se basa en el buen clima de cooperación y de diálogo entre instituciones. Esta cooperación se plasma, por ejemplo, en la participación y desarrollo conjunto de actividades de conmemoración del Día Internacional de la Infancia, el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional para la Eliminación de la violencia de género. También, los Comuns (Gobiernos Locales) en guarderías altamente subvencionadas y en otros espacios dirigidos a los niños y jóvenes del país en horario extraescolar en los que se desarrollan actividades lúdicas y deportivas, fomentan, entre otros valores, la pedagogía de la igualdad y favorecen el acceso de la mujer en el mundo laboral.

81. La red de centros de atención primaria de salud y bienestar y las asociaciones de mujeres, así como las oenegés del país están especialmente alerta para informar a todas las mujeres víctimas de cualquier delito, así como para facilitarles la protección y la atención adecuadas. Las campañas de concienciación y de sensibilización de la sociedad tienen como objetivo indirecto dar solución a este problema y eliminar los estereotipos de género.

Los cambios en los patrones de conducta son un fenómeno social de difícil cambio en el corto plazo. En este sentido, las campañas de concienciación y los diferentes talleres dirigidos a la comunidad educativa buscan revertir las conductas patriarcales de la sociedad, en especial, en los más jóvenes, por lo que los resultados se deberán apreciar en el largo plazo.

82. Además de las campañas de sensibilización, el EAID viene realizando diferentes talleres de formación para la prevención de conductas abusivas, dirigidos a jóvenes de 14 a 16 años con el objetivo de dar a conocer los estereotipos de género en relación a la construcción de las identidades masculinas y femeninas, prevenir las conductas abusivas en las relaciones de pareja y reflexionar sobre los factores que influyen en la violencia de género.

83. Con el objetivo de impulsar las carreras científicas entre los estudiantes, la Universidad de Andorra (UDA) propuso, por primera vez en 2012, la participación de las escuelas en el proyecto La Universitat dels Infants (Universidad de los niños). Este proyecto va dirigido a alumnos de 11 y 12 años y tiene como objetivo estimular la divulgación científica y romper los estereotipos sobre la inaccesibilidad del saber científico.

La finalidad es crear un programa que permita la transferencia y la difusión de conocimientos técnicos de manera lúdica y atractiva. También, Andorra Telecom, empresa paraestatal de telecomunicaciones, para conmemorar el día internacional de las chicas en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), organizó en 2013 una jornada destinada a fomentar, entre las chicas, las carreras relacionadas con la ingeniería y las telecomunicaciones. A esta jornada asistieron las alumnas de secundaria del país, que intercambiaron información y experiencias con ingenieras que trabajan en esta empresa pública dedicada a las telecomunicaciones.

84. Especial mención deben tener las elecciones generales de 3 de abril de 2011, que

dieron como resultado la composición de una cámara legislativa con paridad de género

perfecta. Una elección de un parlamento paritario que es fruto del compromiso de la

sociedad andorrana y que no ha requerido de ninguna medida legislativa concreta al

respecto. Dicho compromiso se ha mantenido y reforzado en la actividad parlamentaria con

actos de concienciación sobre los derechos de la mujer. El 14 de diciembre de 2011 el Consell General (Parlamento Nacional) rindió homenaje a las mujeres, que el 30 de abril de 1967, solicitaron a los parlamentarios la extensión del derecho de sufragio a las mujeres andorranas. El 15 de enero de 2015, el Consell General aprobó el “Acuerdo para promover la igualdad de género desde el Consell General”. El mencionado acuerdo, consensuado por todos los grupos parlamentarios, prevé la elaboración del Libro Blanco de la Igualdad, con el apoyo del Gobierno de Andorra y la colaboración del Instituto de Estudios Andorranos y del Ministerio de Salud y Bienestar. Su objetivo es la recopilación de información sobre la situación real en materia de igualdad para poder diseñar una estrategia de actuación desde la misma institución y el resto de instituciones públicas. Además, el Acuerdo prevé la aplicación de las recomendaciones contenidas en el Plan de Acción para los parlamentos sensibles al género de la Unión Interparlamentaria

.

4. Políticas para garantizar la igualdad salarial

Recomendaciones 83.16

, 83.18

y 83.20

85. Durante el periodo 2009-2013, Andorra ha introducido en su legislación normas y mecanismos para mejorar la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres, y respetar el espíritu y las obligaciones de la Convención sobre la Eliminación de todos los tipos de discriminación hacia las mujeres.

86. La normativa laboral regula las condiciones de retribución: se aplica por igual a la mujer y al hombre: garantía de un salario mínimo, retribución de las horas extras, incremento del salario por nocturnidad, entre otras. En consecuencia, cualquier asalariado hombre o mujer tiene garantizado por ley los derechos mínimos que la reglamentación laboral considera como imperativos e irrenunciables, y cuyo control y fiscalización encomienda al Servicio de Inspección de Trabajo. La igualdad de retribución por un trabajo de igual valor y la igualdad de trato en la valoración de la cualidad del trabajo están garantizados por el principio de no discriminación que proclama la ley y por el principio de nulidad de pactos que impliquen discriminación, con el fin de garantizar la aplicación efectiva del derecho.

87. Andorra se adhirió en 1995 a la Declaración de Beijing y apoya activamente la Plataforma de Beijing. En el último informe presentado sobre la implementación del Plan de Acción de Beijing, se destaca los datos sobre el acceso al empleo, a la función pública y a la dirección de empresas en el país, así como sobre los datos de las personas que acceden a éstos, teniendo en cuenta el factor de género del usuario. No se observan desviaciones significativas en particular en la Administración Pública. Se constata, no obstante, una diferencia en el nivel retributivo en la mayoría de las empresas privadas, –que se puede explicar por el acceso desigual en los puestos directivos de las empresas y las desiguales jornadas laborales. Se puede avanzar en este campo, pues en estos momentos existe la misma tasa de ocupación y el mismo nivel de formación entre hombres y mujeres menores de 40 años, y por lo tanto, tendría que haber igualdad de oportunidades para hacer jornadas laborales completas y para ostentar cargos de mayor responsabilidad.

88. Andorra aprobó un instrumento de promoción de la igualdad a nivel laboral: el

“Distintivo de igualdad efectiva y conciliación de la vida laboral y familiar en la empresa”.

El reglamento regulador de la concesión y utilización del distintivo igualdad efectiva y

conciliación de la vida laboral y la familiar en la empresa, de 24 de noviembre de 2010

tiene por objetivo crear un distintivo para acreditar y reconocer las empresas que destacan

por la aplicación de las políticas de igualdad de trato así como las políticas encaminadas a

fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral. Las empresas que obtienen el

distintivo de igualdad respetan también el compromiso en materia de igualdad de

formación, retribución, organización, del funcionamiento interno de la empresa y de la responsabilidad social de la empresa entre hombres y mujeres.

89. La protección de los derechos de la mujer en el sector laboral se ve confirmada por la jurisprudencia de las autoridades andorranas, ya sea a nivel de recursos administrativos como judiciales. Por ejemplo, la decisión dictada en resolución de un expediente incoado por la Inspección de Trabajo en la que Ministro de Interior y Justicia acabó sancionando los actos de discriminación fundados, in limine, en el embarazo de la víctima de la discriminación (2013)

o la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (2008)

que condena actos de discriminación laboral.

D. Derechos de las personas detenidas

Recomendaciones 83.22

y 83.23

90. La ley cualificada penitenciaria 4/2007 del 27 de marzo de 2007 establece el principio general del respeto de los derechos constitucionales de los detenidos en todo lo que no afecta la pena y las propias condiciones inherentes a la detención, así como afirma la función reeducativa y la inserción social previstos por el Centro Penitenciario. Antes de entrar en servicio, los oficiales de policía de Andorra reciben formación en academias de policía españolas y francesas. En esos cursos se trata el tema del racismo y la discriminación étnica así como los derechos fundamentales, los cuales incluyen los diferentes tipos de castigos corporales.

91. La Constitución garantiza el principio de presunción de inocencia (art. 10.2), así como el hecho que todo detenido, pasadas 48 horas como máximo, puede acudir a un órgano judicial para que se pronuncie sobre la legalidad de su detención (art.9.2).

Establecidos y desarrollados legislativamente estos principios constitucionales absolutos y básicos, las condiciones de aplicación de la detención preventiva y sus alternativas están detalladas en el Código de Procedimiento Penal.

La privación de libertad de una persona previa a la sentencia judicial final sobre los cargos de acusación puede manifestarse de varias formas. La ley indica que el juez puede decretar la detención preventiva, que en todos los casos la ley considera una medida excepcional

, basándose en los supuestos previstos en los textos

; se puede apelar contra la resolución de detención o de libertad

y las alternativas a la detención preventiva en centros de detención o prisión pueden ser decididas o revocadas por el juez en cualquier momento si existen elementos para permitirlas; estas medidas alternativas implican que la persona, en espera de sentencia, puede estar sometida, con su consentimiento, a controles monitorizados mediante sistemas de vigilancia electrónica, o de detención domiciliaria con o sin control monitorizado, con varios tipos de restricciones o de condiciones.

Este conjunto de disposiciones permiten al juez disponer de un importante margen de libertad a la hora de decidir cuáles pueden ser las medidas alternativas a la detención preventiva, incluso para delitos mayores, adecuándose al máximo a las exigencias del caso, a los intereses de la sociedad y del acusado. El Código de procedimiento penal también especifica que el tiempo de detención preventiva o provisional durante la instrucción se tiene que abonar íntegramente del cumplimiento de la pena fijada por sentencia.

92. Entre las últimas modificaciones del Código de procedimiento penal, la Ley

17/2014 reconoce el derecho de toda persona sospechosa o detenida que tenga que prestar

declaración ante la Policía, o en relación a la cual se tenga que practicar un registro

domiciliario o una rueda de reconocimiento, a ser informada, de forma inmediata de su

derecho, entre otros, a ser reconocida por un médico forense y, asimismo, por un facultativo

de su elección.

Así también, las últimas modificaciones extienden el derecho a la

asistencia letrada gratuita des del primer momento en que una persona presta declaración

ante la Policía como sospechosa, si los hechos que motivan la investigación pueden ser

constitutivos de delito, aunque no haya sido detenida, o que haya de ser objeto de un reconocimiento de identidad o un registro domiciliario.

93. Finalmente y en relación a la reducción de los tiempos de reclusión, el artículo 209 del Código de procedimiento penal prevé, cuando se trata de penas privativas de libertad superiores a un mes, el tribunal o el juez competente para ejecutar la sentencia, puede, de oficio o a propuesta del director del Centro penitenciario, y después del informe de la Fiscalía, acordar una reducción de pena por buena conducta y colaboración.

E. Derechos laborales y de los trabajadores

Recomendaciones 83.24

y 83.28

94. El 15 de enero de 2015 el Gobierno envió a trámite parlamentario el Proyecto de Ley cualificada reguladora de las medidas de conflicto colectivo. El Proyecto de ley fue compartido con los agentes sociales del país para que pudieran hacer llegar sus consideraciones sobre el mismo. El texto responde a la voluntad de desarrollar legislativamente el derecho fundamental previsto en el artículo 19

de la Constitución, con el objetivo de establecer un marco jurídico que ampare los derechos y las garantías de los trabajadores y los empresarios en el ejercicio del conflicto colectivo, el derecho de huelga y el derecho de cierre patronal.

95. La Carta Social Europea (revisada) del Consejo de Europa se encuentra en vigor en el país des del 1 de enero de 2005. Anualmente el Principado de Andorra presenta los informes de seguimiento sobre determinados artículos de la Carta, agrupados por diferentes temáticas. El Comité Europeo de Derechos Sociales examina los informes y emite las correspondientes conclusiones acerca de la conformidad de la legislación del país con la Carta Social Europea (revisada). Cabe mencionar que el informe nacional se envía anualmente a todas las organizaciones empresariales y laborales del país.

F. Derechos de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables

Recomendaciones 84.4

, 84.7

y 84.10

96. Andorra firmó el 7 de septiembre del 2007 el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo ratificó el 11 de marzo del 2014. Así también, en esta misma fecha, ratificó el Protocolo Opcional al Convenio.

97. Cabe destacar que desde el 2 de marzo del 2013, la capital, Andorra la Vella, forma parte de la red internacional de “Ciudades globales amigables con los mayores”, iniciativa creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que capacita y pone en contacto ciudades interesadas en crear entornos urbanos sensibles, accesibles e integradores.

G. Derechos de los inmigrantes

Recomendaciones 83.25

,84.29

y 84.30

98. Como se ha hecho referencia en la primera parte del presente informe, la Ley 9/2012

ha agrupado las diferentes tipologías de regímenes de inmigración en una única ley con el objetivo de integrar la regulación de las residencias pasivas, extender y completar el marco relativo a las tipologías de los regímenes de inmigración, y por último, precisar aspectos de la interpretación y aplicación de la misma ley.

99. La Ley 10/2012 del 21 de junio de inversión extranjera en el Principado de Andorra

establece que los residentes legales extranjeros disponen de los mismos derechos que los

nacionales en lo que se refiere a la creación y/o participación en una empresa en el país, eliminando el requisito de residir 10 años para los nacionales españoles, franceses y portugueses y 20 años para las demás nacionalidades. Asimismo, los extranjeros actualmente pueden ejercer una profesión liberal si se cumple el principio de reciprocidad respecto al país de origen.

100. El 18 de septiembre de 2013 el Gobierno del Principado de Andorra aprobó el Decreto de aprobación del Reglamento regulador de las prestaciones económicas de atención social, que elimina el requisito de residir en el país 6 meses para acceder a las ayudas sociales, las ayudas para las guarderías, las ayudas para la atención domiciliaria y las ayudas a los niños residentes en el país. Asimismo, se reduce el requisito de residir de 5 años a 3 años para acceder a las ayudas de acceso a la vivienda y se reduce el requisito mínimo de los 7 a los 3 años de residencia para acceder a las ayudas destinadas a las personas mayores. Por último, el Decreto elimina cualquier requisito mínimo de residencia para poder acceder a las ayudas sociales en caso de situación de urgencia.

101. El 24 de abril de 2014 se aprobó La Ley 6/2014, de 24 de abril, de servicios sociales y socio-sanitarios. Se trata de la primera ley del Principado de Andorra que establece una cartera de servicios sociales y socio-sanitarios que se estructuran en un conjunto de prestaciones técnicas, económicas y tecnológicas dirigida a toda la población del país. El artículo 3 de la Ley reconoce que “el acceso a las prestaciones, los programas, los protocolos y las acciones, así como su uso, se rigen por el principio de igualdad, sin ningún tipo de discriminación y atendiendo los criterios de equidad para prestar la atención según las necesidades reales de las personas y los territorios. No se consideran contrarias a este principio las medidas de discriminación positiva que se establezcan para conseguir la igualdad efectiva y la inserción social”. La Ley también establece que todas las personas que se encuentren en situación de urgencia en Andorra, con independencia de su situación administrativa, pueden acceder a las prestaciones de urgencia reguladas en la misma ley.

102. El Gobierno del Principado de Andorra ha aumentado la oferta formativa relativa al conocimiento de la lengua y cultura andorrana mediante la extensión de los Servicios del Centro de Educación Básica para Adultos (CEBA). Este servicio ofrece cursos de enero a septiembre, que son realizados de manera descentralizada en todo el país con el fin de ayudar a la integración de los inmigrantes.

103. En relación a la formación de los jueces y magistrados en materia de derechos humanos cabe destacar que no existe un plan formativo obligatorio específico en esta materia. Sin embargo, existen acuerdos de colaboración formativos con Francia y España que permiten asistir anualmente a cursos y seminarios que pueden incluir formación sobre derechos humanos. Asimismo, las fuerzas del orden reciben, no sólo en la etapa formativa, cursos específicos sobre derechos humanos.

104. El 18 de abril de 2013 se aprobó la Ley 2/2013 de la función de la estadística

pública, que establece que las estadísticas públicas son un servicio público cuya finalidad es

dar a conocer la realidad económica, social, cultural medioambiental, sanitaria,

demográfica y territorial del país. Mediante la Ley se da un paso adelante para la mejora y

tratamiento de los datos estadísticos del país. En este sentido, se espera que la mejora en la

colecta y tratamientos de los datos permita mejorar el diseño, seguimiento y avaluación de

las políticas públicas. Cabe mencionar, que con anterioridad a la Ley 2/2013 de la función

de la estadística pública, el Departamento de Estadística ya contaba con datos estadísticos

demográficos del país y por lo tanto, se contaba con datos sobre inmigración. Con la nueva

ley, se espera obtener datos más detallados sobre la sociedad andorrana, que permitirán

poder diseñar nuevas políticas y avaluarlas según los mismos datos.