 Asamblea General A

GE.20-14782 (S) 251120 261120

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Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 37º período de sesiones

18 a 29 de enero de 2021

Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos

Austria

* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas A

Asamblea General

6 de noviembre de 2020 Español

Original: inglés

I. Metodología: enfoque adoptado para la elaboración del informe

1. El informe se centra en las medidas para aplicar las recomendaciones aceptadas por Austria durante el segundo examen periódico universal (EPU).

II. Aplicación de las recomendaciones y evolución desde el último examen

2. Los tribunales austríacos³ son los que se encargan principalmente de vigilar el cumplimiento de la Constitución. El Tribunal Constitucional de Austria examina las normas jurídicas y deroga las leyes anticonstitucionales y las reglamentaciones ilegales. Su examen abarca el respeto de los derechos garantizados por la Constitución, incluidos todos los derechos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos facultativos. Desde 2012, el Tribunal Constitucional utiliza también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como instrumento de referencia al aplicar el derecho europeo.

A. Protección y promoción de los derechos humanos (nivel internacional)

1. Obligaciones internacionales, ratificaciones y reservas

3. Desde su último EPU, y a fin de reforzar la protección de los derechos humanos, Austria ha ratificado el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930, y el Parlamento ha adoptado la Recomendación sobre el Trabajo Forzoso (Medidas Complementarias), 2014 (núm. 203)⁴.

4. Actualmente se está preparando la ratificación del Protocolo que modifica el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Se está estudiando la jurisprudencia del Comité de los Derechos del Niño con miras a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones⁵. La necesidad de mantener las reservas y declaraciones de Austria relativas a los tratados internacionales de derechos humanos se revisa periódicamente⁶: desde el primer EPU, se han retirado todas las reservas relativas a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como al artículo 5 de la Convención contra la Tortura.

2. Cooperación con los mecanismos internacionales de protección y cooperación internacional

5. En los últimos años, Austria ha seguido cooperando estrechamente con todos los mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, así como con los órganos de vigilancia, y la invitación cursada a todos los relatores especiales de las Naciones Unidas sigue en pie. El país se toma muy en serio sus obligaciones de presentación de informes periódicos a los mecanismos de protección de los derechos humanos, se esfuerza por presentar informes de gran calidad y está muy interesado en mantener intercambios constructivos con los mecanismos de vigilancia. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ejecutan lo más rápidamente posible, y las recomendaciones de otros órganos de tratados se examinan y se tienen en cuenta debidamente.

6. En el marco de la cooperación para el desarrollo, Austria, junto con otros países asociados, se esfuerza por mejorar la protección y la situación de los derechos humanos. En el programa actual del Gobierno⁷, Austria se ha comprometido a aumentar gradualmente el

presupuesto destinado a la cooperación pública para el desarrollo (que en 2019 era del 0,27 % de su PNB) hasta el 0,7 % de su PNB⁸.

7. La Cooperación Austríaca para el Desarrollo (CAD) se centra en la lucha contra la pobreza, el mantenimiento de la paz y la seguridad humana, y la protección del medio ambiente. El programa trienal 2019-2021 de la CAD, que tiene por objeto contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, define la obligación de aplicar siempre un enfoque basado en los derechos humanos como un principio rector. También se presta especial atención a la inclusión de las personas con discapacidad. En la actualidad, se está llevando a cabo una evaluación del enfoque basado en los derechos humanos. Estos aspectos se están integrando en los programas y proyectos de la CAD a través del “Sistema de gestión de los impactos ambientales, sociales y de género” de la Agencia Austríaca de Desarrollo —revisado en 2018— y son objeto de un seguimiento en consecuencia⁹. La participación efectiva de las partes afectadas es una de las principales prioridades de la CAD. Además, se ha establecido un mecanismo de denuncia para las partes afectadas¹⁰.

8. Por lo que respecta a la protección de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, en 2017, a iniciativa de Austria, se celebró una conferencia sobre el papel de las mujeres en las regiones montañosas, que dio lugar a la declaración “Soluciones regionales a problemas mundiales”. Durante muchos años, se ha prestado apoyo local a proyectos forestales en Asia, África y América del Sur, en cooperación con comunidades indígenas y de pequeños agricultores¹¹.

9. Entre los objetivos de la política exterior austríaca figura la promoción del diálogo entre culturas y religiones a nivel bilateral y multilateral¹², entre otras cosas ofreciendo conocimientos especializados y promoviendo las redes nacionales e internacionales pertinentes. El Intercultural Achievement Award, que se concedió por primera vez en 2014, recompensa proyectos de diálogo que responden a los problemas actuales atrayendo la atención de los medios de comunicación mediante su contribución innovadora y sostenible al diálogo entre culturas y religiones y, por ende, al fomento de la confianza y a la cooperación mundiales y nacionales.

B. Protección y promoción de los derechos humanos (nivel nacional)

1. Marco constitucional y estructural

10. Desde julio de 2012, la Junta de Defensores del Pueblo de Austria, junto con sus seis comisiones, ha establecido el mecanismo nacional de prevención con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha estado llevando a cabo una labor de seguimiento de las instituciones y los programas para las personas con discapacidad. Los tres miembros de la Junta de Defensores del Pueblo son propuestos por los tres partidos políticos con mayor representación parlamentaria y son elegidos por el Parlamento. Estos miembros, cuyo mandato de seis años es renovable una vez, ejercen sus funciones con plena independencia y no pueden ser suspendidos, destituidos ni despedidos.

Si bien el procedimiento de nombramiento es objeto de algunas críticas (en particular, que sean los tres partidos con mayor representación parlamentaria los que tengan derecho a proponer a los miembros), garantiza la legitimidad democrática. El programa del Gobierno prevé seguir reforzando la Junta de Defensores del Pueblo¹³.

11. Mejora de los mecanismos legislativos¹⁴. El Gobierno somete los proyectos de ley a consultas públicas, en las que pide a numerosas instituciones públicas y privadas que formulen observaciones. Estas observaciones se publican y son accesibles al público.

2. Educación en materia de derechos humanos, actividades de concienciación y promoción del diálogo y la tolerancia

12. En los últimos años, se han intensificado las medidas relativas a la educación en materia de derechos humanos, la concienciación y la promoción del diálogo y la tolerancia en el sector educativo. La ordenanza general de “Educación Cívica en las Escuelas”,

actualizada en 2015, señala que la educación en materia de derechos humanos es un elemento fundamental del principio educativo transversal “Educación cívica” en el sistema educativo de todo el país¹⁵. La educación en derechos humanos se integró en los sistemas de educación general y de formación profesional, y se incluyeron contenidos pedagógicos relacionados con la educación en derechos humanos en los planes de estudios¹⁶. Una de las prioridades de la educación política en las escuelas es crear conciencia acerca de la discriminación y el racismo, incluidos el antisemitismo y la radicalización; en este sentido, el Centro Austríaco de Educación para la Ciudadanía en las Escuelas (polis) —la principal institución para la enseñanza— y la asociación _erinnern.at_ ofrecen numerosos servicios y materiales educativos¹⁷.

3. Derechos humanos y órganos estatales: conducta indebida del Estado y respeto de los derechos

13. La capacitación para el personal judicial y las fuerzas del orden se imparte y se mejora continuamente, a fin de mejorar el respeto de las normas de derechos humanos. La Academia del Sistema Penitenciario imparte una formación obligatoria avanzada sobre derechos humanos al personal penitenciario¹⁸, y también se sigue impartiendo la formación (avanzada) en derechos humanos para jueces y fiscales.

14. En las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley se concede una gran importancia a la salvaguardia de los derechos humanos; las críticas de los mecanismos internacionales y regionales de vigilancia se tienen muy en cuenta y se utilizan para realizar mejoras estructurales¹⁹.

15. En diciembre de 2016 se estableció un plan de formación que regula la formación básica de la policía y de los agentes especiales de alto nivel. Se introdujo una capacitación en aptitudes basada en módulos que tiene los derechos humanos como principio rector.

Durante la formación básica, se conciencia a los futuros agentes de policía acerca de su responsabilidad de proteger los derechos humanos y se tratan, entre otras cuestiones, la importancia de los derechos humanos en la labor de la policía y los aspectos éticos de las tareas policiales. La clave está en saber reflexionar de manera crítica sobre uno mismo y sobre la imagen de la profesión de policía²⁰.

16. Se ofrecen seminarios de formación avanzada sobre cuestiones de derechos humanos a todos los agentes de policía (por ejemplo, la serie de seminarios obligatorios titulada “Un mundo de diferencia” —organizada conjuntamente con la Liga Antidifamación—, que permite a los participantes aprender a reconocer la discriminación, reflexionar sobre su actitud al respecto y, de este modo, ejercer su trabajo con más profesionalidad; los participantes también aprenden a tratar con las minorías)²¹.

17. Todas las formaciones (avanzadas) tienen por objeto garantizar que el trabajo policial se base únicamente en los hechos; en la labor de investigación no hay cabida para los prejuicios, los estereotipos o la elaboración de perfiles étnicos²². Las denuncias contra agentes de policía son objeto de una investigación y, cuando procede, se sanciona a los culpables con arreglo al derecho penal y a las normas disciplinarias. Además, se están redoblando esfuerzos para reclutar a más ciudadanos austríacos de origen migrante para la formación policial básica, a fin de reflejar la diversidad de la sociedad austríaca en las fuerzas del orden y de combatir desde dentro los prejuicios y los estereotipos.

18. En respuesta a las peticiones que se llevaban formulando desde hace tiempo para el establecimiento de un organismo nacional de investigación y denuncia de los casos de conducta policial indebida²³, el programa del Gobierno dispone el establecimiento de una unidad independiente, formada por profesionales diversos, con el mandato de investigar exhaustivamente las denuncias de conducta policial indebida. El establecimiento de esa unidad comenzó en la primavera de 2020 y se espera obtener los primeros resultados a finales de 2020.

19. Además, desde 2016, las investigaciones de denuncias de tortura están sujetas a obligaciones especiales de presentación de informes²⁴, así como a un seguimiento reglamentario. Los resultados de las investigaciones de las denuncias de malos tratos se comunican al Centro de notificación sobre medidas coercitivas y malos tratos, que depende del Ministerio del Interior²⁵. En 2017/18 se llevó a cabo una evaluación a cargo del Estado

de las actuaciones de los fiscales y de la policía criminal, a raíz de la cual se mejoraron las instrucciones internas pertinentes²⁶.

20. A fin de mejorar la recopilación de datos sobre denuncias contra agentes de policía²⁷, en septiembre de 2016 se creó un departamento independiente²⁸ adscrito al Ministerio del Interior²⁹, que tiene el cometido de registrar y clasificar todas las denuncias de abusos presentadas desde septiembre de 2018³⁰.

4. Los derechos humanos y las empresas

21. Consciente de la importancia creciente de que los actores económicos privados respeten los derechos humanos³¹, Austria ha tomado medidas para mejorar el cumplimiento de las normas de derechos humanos por parte de las empresas que operan desde Austria.

22. Austria se ha comprometido a aplicar las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. El Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE asiste a las empresas en la aplicación efectiva de las líneas directrices, actúa como plataforma de diálogo y arbitraje para las preguntas y las denuncias sobre supuestas vulneraciones de las líneas directrices, y ejecuta proyectos relacionados con la conducta empresarial responsable.

23. También se presta apoyo a proyectos y estudios que guardan relación con la responsabilidad social empresarial, así como —en el marco de la CAD— a la red austríaca del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

C. No discriminación e igualdad

1. Consideraciones generales³²

24. En una sociedad cada vez más diversa, incumbe al Estado crear los requisitos estructurales previos para una coexistencia tolerante e igualitaria en la sociedad y combatir la discriminación y la intolerancia. En Austria, se siguen dando conductas y comportamientos extremistas y discriminatorios, pero el país es consciente de la responsabilidad particular que tiene en este contexto y recurre a medidas de prevención y represión para atajar estos problemas.

25. La evaluación de las leyes y los instrumentos relativos a la igualdad de trato que se llevó a cabo en 2016 puso de manifiesto que, en general, los afectados consideraban que el marco normativo vigente era eficaz, aunque podría mejorarse (por ejemplo mediante la adopción de medidas para agilizar los procedimientos, la reducción del riesgo de incurrir en gastos de procedimiento o la introducción de una indemnización mínima). Además, las numerosas medidas de divulgación de las leyes relativas a la igualdad de trato han contribuido a concienciar a la población. Por lo que respecta a la armonización de las medidas de protección contra la discriminación por cualquier motivo, se esperará a conocer los resultados a nivel de la Unión Europea. A nivel regional, las leyes de lucha contra la discriminación se han reforzado gradualmente^3334.

26. El Ministro Federal encargado de las cuestiones relativas a la igualdad de trato se reúne una vez al año con las organizaciones no gubernamentales (ONG)³⁵. En 2015 se estableció una línea telefónica de asistencia contra la discriminación y la intolerancia.

Debería mejorarse el acceso de las víctimas de la discriminación a la justicia, facilitándoles información más clara sobre las leyes y las competencias en el ámbito de la lucha contra la discriminación.

27. El artículo 283 del Código Penal (discurso de odio) desempeña un papel fundamental como medida represiva³⁶ para combatir la discriminación y la intolerancia. En 2012, se amplió considerablemente el grupo de personas protegidas y, en 2016³⁷, se introdujeron otras mejoras (umbral uniforme según el cual una declaración realizada ante 30 personas es suficiente para que se considere que el delito “se ha cometido públicamente”; tipificación como delito de la denegación, atenuación, condonación o justificación públicas del genocidio o los crímenes de lesa humanidad; imposición de penas más severas cuando el delito se cometa de manera accesible al público o cuando lleve a la

violencia; definición de nuevos delitos en relación con la difusión de material escrito, imágenes u otras representaciones que difundan el odio). Para hacer frente a las publicaciones incendiarias en Internet, se redactaron las Directrices sobre los actos tipificados como discurso de odio (artículo 283 del Código Penal) (2017, revisión en 2019).

También se amplió el artículo 33, párrafo 1, apartado 5), del Código Penal (circunstancias agravantes en los delitos de odio) de modo que se considera una circunstancia agravante el hecho de cometer el delito por motivos de racismo, xenofobia u otro motivo especialmente reprobable, en particular si el delito se comete contra uno de los grupos de personas definidos en el artículo 283, párrafo 1, apartado 1, del Código Penal o contra un miembro de estos grupos por el mero hecho de pertenecer al grupo en cuestión.

28. Se han adoptado varias medidas para revisar y mejorar la eficacia de las disposiciones jurídicas destinadas a combatir el racismo, los delitos de odio y el discurso de odio³⁸. El aumento del número de incidentes de discurso de odio (de 516 a 1.003 entre 2015 y 2018), que se debe principalmente a la mayor utilización de Internet y a la mayor disposición a presentar una denuncia, contrasta con la ligera disminución del número de inculpaciones y condenas desde 2018, que se puede explicar por el aumento de medidas de sustitución. En 2019, un proyecto dirigido a los autores de publicaciones incendiarias³⁹ pasó de estar en fase experimental a funcionar regularmente. Este proyecto, iniciado por una asociación de servicios de libertad vigilada⁴⁰, pretende concienciar acerca de la discriminación y alentar a la reflexión sobre los comportamientos incendiarios.

29. A fin de cumplir plenamente las recomendaciones sobre la mejora de la investigación y el enjuiciamiento de los casos de discurso de odio y delitos de odio⁴¹, se autorizó expresamente a la fiscalía a establecer unidades especializadas en los delitos extremistas (2017). Además, desde hace diez años, hay unidades especializadas en los delitos políticos⁴². Se ha constatado un aumento de la eficacia y la estandarización de los procedimientos.

30. En 2016 se llegó a un acuerdo con Facebook —por el cual este buscará y eliminará o bloqueará los contenidos potencialmente ilegales de las publicaciones denunciadas en un plazo de 24 horas—, que debería contribuir a la protección contra el discurso de odio. Los funcionarios y fiscales superiores del Ministerio de Justicia⁴³ disponen de canales especiales para denunciar los discursos de odio punibles. Desde el principio, se ha trabajado en solucionar los problemas técnicos que pueden surgir al tramitar las solicitudes de supresión.

En este contexto, y en aplicación del plan del Gobierno, se están elaborando disposiciones para exigir más responsabilidades a las plataformas y facilitar la presentación de quejas por los usuarios⁴⁴.

31. Establecimiento de un sistema integral de registro y seguimiento estadístico de las novedades en el ámbito de la xenofobia y la discriminación⁴⁵. El informe anual de la Oficina Federal de Protección de la Constitución y Lucha contra el Terrorismo⁴⁶ contiene un apartado sobre el “extremismo de derecha” en el que figuran las categorías “extremista de derecha”, “xenófobo/racista”, “antisemita” e “islamófobo” (contra los musulmanes)⁴⁷. Las actuaciones incoadas en virtud del artículo 283 del Código Penal o los casos en que se apliquen las circunstancias agravantes que figuran en el artículo 33, párrafo 1, apartado 5, de dicho Código deben ser notificadas al Ministerio de Justicia, que documenta las inculpaciones, las medidas de sustitución y las sentencias con arreglo al artículo 283 del Código Penal⁴⁸.

32. Sobre la base del proyecto de registro sistemático de los motivos de prejuicio en las denuncias penales (delitos de odio), el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior colaboran desde mediados de 2019 para mejorar el registro de los motivos de discriminación en la base de datos de la policía y en el sistema de automatización de procesos judiciales. En 2019, se intercambiaron opiniones sobre una definición común de

“delitos de odio” (delitos motivados por prejuicios); las medidas técnicas de aplicación se pusieron en marcha en 2020.

33. Discurso de odio y racismo en los medios de comunicación y en el discurso político. Los foros de discusión en Internet contribuyen de manera considerable a mantener un debate abierto en un marco público democrático y pluralista. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión termina cuando su ejercicio perturba el orden público y perjudica a

los demás. Para combatir el discurso de odio y los delitos de odio en Internet, se han adoptado numerosas medidas⁴⁹; el programa del Gobierno trata esta cuestión y, en la actualidad, se está elaborando un conjunto de medidas. Está previsto llevar a cabo una serie de formaciones específicas para fiscales y jueces en 2020/21; en ellas participarán agentes de policía, que harán presentaciones.

34. En 2016 se aprobó una iniciativa contra la violencia en Internet que incluía:

directrices sobre la manera de hacer frente a los mensajes de odio y sobre las posibilidades de indemnización; el establecimiento de sistemas de denuncia no burocráticos; la concienciación y la formación adicional para agentes de policía, fiscales y miembros del personal de los tribunales a fin de mejorar la coherencia de los enjuiciamientos; y el establecimiento de un punto de contacto. Se han establecido numerosos puntos para la presentación de denuncias de casos de odio en Internet, lo que facilita su tramitación al eliminar obstáculos burocráticos⁵⁰. En 2017, se designó a ZARA⁵¹ como principal punto de contacto para las víctimas de mensajes de odio y ciberacoso. Esta organización evalúa la pertinencia de las publicaciones en virtud del derecho penal y civil, y ofrece ayuda para suprimir las publicaciones y para acceder a apoyo psicológico.

35. Con objeto de permitir a los tribunales luchar contra las publicaciones de odio no punibles, se organizaron jornadas de talleres y de establecimiento de redes⁵², a fin de mejorar la cultura de la comunicación en Internet y la transferencia de conocimientos.

También se organizaron cursos especiales para la protección de las niñas y jóvenes en Internet, en los que se explica cómo actuar contra el odio en Internet. Sobre la base de los resultados del estudio “Violencia en Internet contra las mujeres y las niñas en Austria”

(2018), se tomarán medidas adicionales. Los resultados del estudio en curso sobre la ciberviolencia contra las mujeres por parte de sus exparejas se incluirán en el desarrollo conceptual de una aplicación para teléfonos móviles destinada a ayudar a las mujeres afectadas.

36. Desde 2016, el comité austríaco No hate speech⁵³ sirve de plataforma para el intercambio de opiniones entre los miembros de distintos ministerios federales, ONG y centros de presentación de denuncias, así como para la concienciación acerca del odio en Internet. Desde 2013, el portal sobre la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones⁵⁴ ofrece información sobre medidas eficaces de prevención y respuestas inmediatas, información jurídica preliminar y un centro de asesoramiento y presentación de denuncias en relación con los mensajes de odio y el ciberacoso⁵⁵.

37. El ciberacoso⁵⁶ se tipificó como delito en 2016⁵⁷; se está considerando la posibilidad de ampliarlo a aquellos casos en que el acto se comete una sola vez. Desde 2019, también es posible dictar un requerimiento temporal para proteger a las víctimas del ciberacoso⁵⁸. 38. El Consejo de la Prensa de Austria, fundado en 2010, publicó un código de conducta periodística, que incluye una disposición sobre la lucha contra la discriminación. Desde 2014, los diarios o semanarios que son condenados por discurso de odio o por infringir la Ley de Prohibición dejan de recibir la financiación destinada a la prensa durante el año correspondiente⁵⁹.

39. Por lo que respecta a las declaraciones racistas punibles en el discurso político⁶⁰, la fiscalía transmite las peticiones de revocación de la inmunidad parlamentaria al Presidente del Consejo Nacional (o al Presidente del Parlamento Regional). Estas instancias toman una decisión al respecto. Los tribunales son conscientes de su responsabilidad y limitan el derecho a la libertad de expresión cuando las circunstancias lo justifican y lo hacen necesario. En 2011, una nacional de Austria afín a un partido político tomó la palabra en una reunión del partido y fue condenado al pago de una multa por difamación de las religiones⁶¹.

40. La lucha contra el antisemitismo⁶² es importante para Austria, a la que preocupan el número creciente de incidentes de antisemitismo documentados y la falta de concienciación. Por ello, Austria está trabajando intensamente en la elaboración de una estrategia nacional para prevenir y combatir todas las formas de antisemitismo, que debería finalizarse en el segundo semestre de 2020 y que incluirá las siguientes medidas que ya se han puesto en marcha: el establecimiento de un punto de contacto nacional para los incidentes de antisemitismo; el refuerzo de la colaboración con el Foro contra el

Antisemitismo; el seguimiento periódico de las tendencias antisemitas en la población; una política de tolerancia cero con las expresiones antisemitas de odio; el refuerzo de las actividades de concienciación acerca de los contenidos antisemitas en línea; y la actualización de las medidas de educación pertinentes en las escuelas. Austria es miembro activo de la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto y adoptó su definición de antisemitismo (2018), recomendando su utilización, en particular en la formación y la capacitación del personal judicial y las fuerzas del orden. En otoño de 2020 se presentará la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Antisemitismo y la Promoción de la Cultura Judía, que incluye medidas en la esfera de la seguridad, la justicia, la educación y la coexistencia social.

41. En 2018, se organizó una conferencia de expertos sobre el antigitanismo a fin de combatir la discriminación de los romaníes⁶³, en la que participaron representantes de la sociedad civil romaní. Los resultados están reflejados en la política exterior (más recomendaciones del EPU sobre esta cuestión en 2019) y a nivel nacional (objetivo de la estrategia austríaca para la inclusión de los romaníes).

42. La iniciativa ZUSAMMEN:ÖSTERREICH⁶⁴ es un claro ejemplo de las medidas adoptadas para combatir la discriminación y la intolerancia hacia los migrantes⁶⁵. Desde 2011, “embajadores de la integración” —migrantes bien integrados que son un ejemplo para los niños y los jóvenes— visitan escuelas y asociaciones, y ya han transmitido su mensaje a 60.000 jóvenes. Otras medidas para combatir la discriminación de los migrantes son los proyectos de concienciación destinados a los medios de comunicación⁶⁶.

2. Niños y jóvenes

43. A fin de proteger los derechos de los niños⁶⁷, en 2011 se aprobó una ley constitucional⁶⁸ que garantiza la protección de determinados derechos de los niños y la importancia de su bienestar. De esta manera, los legisladores, las autoridades ejecutivas y, en particular, el Tribunal Constitucional tienen más en cuenta los derechos y el interés superior de los niños. El programa del Gobierno incluye una evaluación general del impacto de la Ley Constitucional Federal sobre los Derechos del Niño. La evaluación del bienestar de los niños en el ámbito del derecho civil se basa en los 12 criterios que en 2013 se incluyeron en el artículo 138 del Código Civil. A fin de seguir armonizando la legislación nacional relativa a la infancia con la Convención sobre los Derechos del Niños y sus Protocolos⁶⁹, la evaluación del impacto de las reglamentaciones —que desde 2013 es obligatoria para toda la legislación propuesta— debe incluir una valoración de las posibles repercusiones previstas en los niños y los jóvenes⁷⁰.

44. La introducción de la prohibición de cubrirse la cabeza con un pañuelo en las escuelas, en 2019, y en las guarderías infantiles, en 2018, es objeto de un amplio debate social. Austria es consciente del delicado equilibrio entre el deber del Estado de respetar la libertad de religión y el derecho de los padres a velar por que sus hijos reciban una educación acorde con su religión y su deber de proteger el desarrollo de los niños y ofrecerles protección contra la discriminación. Se hará un seguimiento detallado de las repercusiones de la prohibición. El Tribunal Constitucional está examinando la constitucionalidad de la prohibición, y se espera que tome una decisión al respecto antes de que acabe 2020.

45. Derecho a la salud. En 2011, se presentó una estrategia sobre la salud de los niños y los jóvenes. Como se indica en el Informe sobre la Salud de los Niños y los Jóvenes en Austria, la salud de estos ha ido mejorando desde 2015. Desde 2019, las leyes regionales para la protección de los menores de edad aplican disposiciones uniformes sobre la adquisición y el consumo de alcohol y tabaco y sobre el toque de queda. La prohibición de vender tabaco y productos conexos a los menores de 18 años y la prohibición de fumar en los bares y los restaurantes entraron en vigor en todo el país.

46. Derecho a un nivel de vida adecuado. En el plan del Gobierno se presta particular atención a la lucha contra la pobreza y la exclusión social de los niños en Austria y se reconoce expresamente que las familias monoparentales corren un mayor riesgo de pobreza. Dado que las oportunidades de los niños dependen en gran medida de la situación económica de sus padres, es importante adoptar medidas generales de lucha contra la

pobreza y la exclusión social. El proceso de elaboración de una estrategia nacional para prevenir la pobreza, que se iniciará en otoño de 2020, se centrará, entre otras cosas, en la lucha contra la pobreza infantil.

47. Una de las prioridades para combatir la pobreza juvenil es la adopción de medidas para aumentar el empleo e introducir en el mercado laboral a las personas aptas para trabajar.

48. Desde la entrada en vigor de la Ley de Educación y Formación Obligatorias en 2017, todos los menores de 18 años deben continuar su educación o formación una vez terminada la escolaridad obligatoria. Se ha elaborado un programa de acompañamiento

—“Educación/formación hasta los 18”⁷¹— que incluye un amplio abanico de medidas. El principal objetivo es reducir el número de jóvenes que abandonan prematuramente la educación o la formación y aumentar su nivel de educación, para así disminuir considerablemente el riesgo de desempleo y pobreza. En 2019, el seguimiento académico de la aplicación del programa permitió constatar que este había tenido repercusiones positivas en el número de personas que abandonaban la escuela o la formación prematuramente.

49. En el marco de la garantía de educación y formación, los jóvenes que no consiguen encontrar un puesto de aprendiz tienen la posibilidad de finalizar su aprendizaje.

La garantía de educación y formación (medidas de cualificación y formación gratuitas con vistas al examen de aprendizaje) se introdujo en 2017 para los jóvenes desempleados de entre 19 y 25 años que hubieran acabado la escolaridad obligatoria. En 2015 se empezó a prestar asesoramiento a los aprendices y a los formadores, lo cual contribuye a reducir la tasa de abandono de los aprendices.

50. Para intensificar la lucha contra la violencia contra los niños⁷², se adoptaron varias medidas. En 2016, Austria acogió una conferencia intergubernamental de alto nivel en la que se adoptó la resolución Hacia una infancia sin castigos corporales, que obliga a los Estados a mejorar la recopilación de datos y a fomentar la investigación sobre esta cuestión.

Un estudio sobre la prohibición de los castigos corporales y la violencia psicológica contra los niños (“El derecho a una infancia exenta de violencia, 1977-2014-2019”) demuestra que en Austria se conoce ampliamente la prohibición de la violencia y que las formas graves de violencia son objeto de un gran rechazo. Sin embargo, el estudio también pone de manifiesto que no se da la debida importancia a las formas “menos graves” de violencia ni a la violencia psicológica. La Ley de Protección contra la Violencia de 2019⁷³ permitió mejorar la protección de los niños frente a la violencia, entre otras cosas introduciendo una

“zona de protección móvil” de 100 metros en torno a las víctimas de violencia doméstica;

haciendo obligatorio, a partir de 2021, el asesoramiento sobre la prevención de la violencia para algunas personas que suponen una amenaza⁷⁴; retrasando el inicio del plazo de prescripción para algunas demandas (cuando la víctima haya cumplido 18 años)⁷⁵; mejorando la colaboración entre las autoridades; y haciendo obligatoria la presentación de solicitudes de medidas provisionales para los servicios de bienestar infantil y juvenil.

51. Se ha ampliado la protección de los derechos de los niños en custodia y privados de libertad⁷⁶. Entre las medidas adoptadas para que el sistema penitenciario para los menores funcione en plena conformidad con las normas internacionales⁷⁷, cabe mencionar la Ley de 2015 por la que se modifica la Ley del Tribunal de Menores⁷⁸. También se han emprendido iniciativas para reducir la duración de la prisión preventiva o del encarcelamiento, entre ellas, las conferencias de redes sociales, que tienen por objeto fomentar la implicación de los familiares y amigos de los jóvenes afectados a fin de superar la crisis. Un elemento clave fue la inclusión de los jóvenes adultos en la Ley del Tribunal de Menores, aunque en 2020 se ajustaron las penas en un subámbito para armonizarlas con las del derecho penal para adultos. Además, se estableció el fundamento jurídico para instituir a nivel nacional la asistencia judicial a menores e introducir la obligación de recabar información de los servicios que prestan dicha asistencia sobre las condiciones de vida de los jóvenes y los jóvenes adultos en todas las actuaciones penales.

52. Por lo que respecta a la mejora de las condiciones de detención⁷⁹, la tasa de ocupación en las prisiones es mucho más baja ahora, entre otras cosas como consecuencia de las medidas sanitarias y de seguridad introducidas en relación con la pandemia de

COVID-19 y del arresto domiciliario con vigilancia electrónica⁸⁰. Si se lleva a la práctica la ampliación prevista del arresto domiciliario con vigilancia electrónica (a 18 o 24 meses), cabría esperar nuevos resultados positivos. El número de reclusos por celda en el sistema penitenciario para menores está limitado a dos, y las condiciones de detención han mejorado⁸¹. Desde 2016, se puede suspender temporalmente el cumplimiento de una condena hasta que la persona haya terminado los estudios o la formación en curso.

53. En los casos de detención de menores refugiados o solicitantes de asilo se aplican normas especiales⁸², y los menores de 14 años no deben ser detenidos mientras estén a la espera de ser expulsados⁸³. En el caso de los menores de entre 14 y 18 años⁸⁴, las autoridades deberán, cuando sea posible, aplicar medidas menos estrictas: orden de residir en determinados lugares, obligación de notificación, depósito de una fianza⁸⁵. La decisiones relativas a la detención previa a la expulsión deben justificarse sobre la base de cada caso particular y solo pueden tomarse cuando se facilite un alojamiento y una asistencia adecuados. Por norma general, los menores de edad en espera de ser expulsados estarán detenidos separados de los adultos.

54. En 2020⁸⁶, se ha ampliado el deber de asistencia procesal a los menores sospechosos, acusados y procesados, también para los jóvenes adultos, mediante: nuevas disposiciones relativas a las evaluaciones de la edad; requisitos especiales para tratar con carácter urgente los procesos penales relativos a menores de edad; la ampliación del deber de instrucción; y la presencia obligatoria de un acompañante durante los interrogatorios.

55. La igualdad de trato de los hijos nacidos fuera del matrimonio por lo que respecta a la obtención de la nacionalidad austríaca⁸⁷ se logró en 2013 con la modificación de la Ley de Ciudadanía⁸⁸ (posibilidad de que los hijos nacidos fuera del matrimonio accedan a la nacionalidad por ascendencia del padre austríaco; en determinados casos, se puede obtener la nacionalidad retroactivamente desde la fecha de nacimiento)⁸⁹. 56. La situación de los niños y los jóvenes también se aborda en otras partes del informe.

3. Mujeres e igualdad

57. La verdadera igualdad de género en todas las esferas de la sociedad está reconocida en la Constitución Federal y, a través de un instrumento centrado en los resultados (teniendo en cuenta el objetivo de conseguir la igualdad de facto entre hombres y mujeres), en todos los ámbitos de actuación⁹⁰. A fin de establecer una estrategia general de igualdad, se puso en marcha un proceso de coordinación con todos los órganos supremos federales.

58. Se han adoptado numerosas medidas para seguir promoviendo la igualdad. Uno de los aspectos principales de las políticas de igualdad de género es la prestación de servicios de asesoramiento a mujeres y niñas en todo el país; en 2019, estos servicios se prestaron en el 88 % del territorio nacional⁹¹. Se presta una atención particular a la educación, a fin de desarrollar las competencias, mejorar las cualificaciones profesionales y dar a conocer a las niñas una mayor diversidad de opciones educativas y profesionales.

59. La igualdad de género en el mercado de trabajo⁹² sigue siendo un reto considerable. La diferencia salarial entre hombres y mujeres (media de la remuneración horaria bruta) pasó del 25,1 % en 2008 al 19,6 % en 2018, mientras que la diferencia media en los ingresos anuales de las mujeres que trabajaban anualmente a tiempo completo fue del 15,2 % en 2018⁹³. Por lo que respecta a los funcionarios federales, la diferencia (ligeramente inferior) entre los ingresos anuales medios de los hombres y de las mujeres que trabajaban a tiempo completo pasó del 13,3 % en 2012 al 10,3 % en 2018. De conformidad con los temas principales del Plan de Acción Nacional para la Igualdad de Género en el Mercado Laboral (2010-2013), entre 2013 y 2019 se tomaron o continuaron numerosas medidas, entre ellas: la eliminación de los obstáculos al empleo a tiempo completo y el fomento de las perspectivas laborales de las mujeres en todas las profesiones; la introducción del sello de calidad Equal Pay para las empresas que crean igualdad de oportunidades (2020, equalitA, sello de calidad para la promoción interna de las mujeres); la introducción de mejoras en el sector de los cuidados a fin de facilitar los empleos a tiempo completo (en particular para las mujeres)⁹⁴; la ampliación a nivel nacional de los servicios de guardería de calidad, en función de las necesidades, prevista en el

programa del Gobierno⁹⁵; la adopción de medidas de información, cualificación y apoyo destinadas específicamente a las mujeres; la prestación de servicios de orientación profesional que tienen en cuenta las cuestiones de género por parte del Servicio Público del Empleo; la prioridad de las cualificaciones en la financiación aportada a las mujeres en el marco de las políticas del mercado laboral; la mayor asignación de fondos del Servicio Público del Empleo a las mujeres; el apoyo del Servicio Público del Empleo a las mujeres migrantes a fin de facilitar su integración en el mercado de trabajo (cursos de alemán, formación profesional (avanzada) y servicios de apoyo y asesoramiento especializados); la continuación de la financiación de proyectos destinados a la integración de las mujeres migrantes en el mercado laboral, por ejemplo la detección de las competencias⁹⁶ de las mujeres⁹⁷; y la creación, por iniciativa del Gobierno, de un foro de trabajo destinado específicamente a las personas con derecho a asilo o a protección subsidiaria (2020).

60. La mejora de la transparencia en materia de ingresos es fundamental para reducir la desigualdad salarial por motivos de género. En 2015, se evaluaron la obligación de notificar el salario mínimo (según los convenios colectivos respectivos) en las ofertas de empleo y la obligación que desde 2011 tienen las empresas de más de 150 empleados de preparar un informe sobre los ingresos. Los resultados de la evaluación se utilizaron como punto de partida para otras medidas, entre ellas, el proyecto “Remuneración justa”, cuyo objetivo era crear conciencia, y el conjunto de herramientas que proporciona instrucciones sobre la elaboración de informes sobre los ingresos⁹⁸. En 2018 se identificaron factores clave y prácticas prometedoras para mejorar la transparencia y la equidad de los salarios.

Desde 2011, se puede calcular el sueldo que cabría esperar obtener en un sector, una región o un puesto determinados, según la experiencia profesional, a través de la calculadora de sueldos en línea. El indicador de salarios del Servicio Público de Empleo ofrece información sobre la retribución de entrada en las distintas profesiones. También se informa activamente a las mujeres de las posibles desventajas de tener un empleo con dedicación parcial a largo plazo o de reincorporarse tardíamente al mercado de trabajo tras una interrupción de la carrera profesional por motivos familiares.

61. Entre 2017 y 2020, con arreglo a los convenios colectivos, se introdujo un salario mínimo bruto de 1.500 euros en casi todo el país, lo que ha mejorado, en particular, los ingresos de las mujeres. Los resultados de un estudio sobre las consecuencias de los impuestos y las tasas en función del género se utilizan para reducir los factores fiscales que disuaden de trabajar (por ejemplo, con desgravaciones fiscales para los ingresos más bajos desde 2018). A fin de garantizar una protección social independiente y justa para las mujeres⁹⁹, el folleto “Las mujeres y las pensiones” informa a las mujeres de las consecuencias del empleo a tiempo parcial y de las bajas para su pensión, así como de la manera de mejorar las pensiones. El proyecto TRAPEZ¹⁰⁰ tiene por objeto mejorar la independencia económica de las mujeres de edad avanzada mediante la investigación, la concienciación y la información. En 2017, se aumentaron las indemnización compensatorias para las personas que habían contribuido a la seguridad social durante al menos 30 años trabajando (como autónomos); esta medida está principalmente dirigida a las mujeres que trabajan a tiempo parcial. Desde 2018, ya no se tienen en cuenta los ingresos de la pareja al calcular las prestaciones de desempleo, lo que contribuye a una seguridad social más independiente, en particular para las mujeres.

62. Numerosas iniciativas para la diversificación de las opciones de carrera y educación en todas las profesiones y en el sistema escolar y de enseñanza superior contribuyen a eliminar los estereotipos de género en la educación y el mercado laboral. En el sector de la educación, se ha aplicado el nuevo principio de enseñanza “Educación e igualdad de género reflexivas”¹⁰¹¹⁰². Otras medidas son: la inclusión de una orientación profesional y una formación para docentes que tengan en cuenta las cuestiones de género; la inclusión de una competencia relativa al género como requisito para los docentes¹⁰³; el establecimiento de una cátedra para la educación en cuestiones de género¹⁰⁴; el establecimiento de un centro federal para la pedagogía y la investigación en materia de género (2016); la formación adicional para grupos específicos en el sector de la educación; el proyecto “La innovación hace grandes a las escuelas”, financiado por el Estado¹⁰⁵, que ofrece oportunidades de reflexión sobre cómo evitar los estereotipos de género para los profesores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM)¹⁰⁶; y la organización de eventos destinados a grupos específicos para debatir conceptos pedagógicos a fin de ampliar el ámbito de

actuación y la libre determinación de las niñas y los niños. Otras iniciativas son las jornadas anuales para niñas (Girls’ Day y Girls’ Day MINI) en la administración pública federal, que ofrecen a las niñas perspectivas de educación y carrera en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Por su parte, los niños pueden hacerse una idea de las carreras profesionales en las instituciones sociales durante la jornada anual que se les dedica (Boys’ Day). Una plataforma en línea¹⁰⁷ ofrece, desde 2015, información sobre las materias de CTIM especialmente para las niñas y las mujeres. También se ofrece a los niños y a las niñas información sobre opciones de carrera atípicas¹⁰⁸.

63. A fin de mejorar la representación de las mujeres en puestos de liderazgo¹⁰⁹, desde 2018 se debe respetar una cuota del 30 % (aplicable tanto a mujeres como a hombres) al nombrar a nuevos miembros de las juntas directivas de grandes empresas y empresas cotizadas en bolsa (representantes de los empleados y de los accionistas). Desde que se introdujo esa cuota, el porcentaje de mujeres en juntas directivas de empresas cotizadas en bolsa que aplican la cuota ha aumentado del 22,4 % al 31,7 %; un tercio de las empresas todavía no han alcanzado la cuota. En virtud de la decisión del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2020, el Gobierno federal austríaco se comprometió (tal como estaba previsto en su plan gubernamental) a elevar al 40 % el porcentaje de mujeres en las juntas directivas de las empresas públicas y las empresas con una participación estatal de más del 50 %.

En 2019, el porcentaje medio de mujeres en la administración pública federal era del 43,3 %. De un total de 54 empresas, la cuota de mujeres superó el 35 % en 35 empresas, alcanzó entre un 25 % y un 35 % en 12 empresas, y fue inferior al 25 % en 7 empresas en 2019. El programa del Gobierno también prevé una evaluación de las medidas encaminadas a aumentar la cuota de mujeres en las empresas cotizadas en bolsa.

64. Desde hace más de 20 años, la proporción de mujeres en la administración pública federal y en puestos de liderazgo va en aumento¹¹⁰. Entre las medidas adoptadas para rectificar la insuficiente representación de las mujeres en la función pública¹¹¹ cabe mencionar la organización de eventos para reclutar a mujeres en la policía; actualmente, la proporción de hombres y mujeres reclutados es prácticamente igual.

65. Refuerzo de la participación de la mujer en la esfera política¹¹². Por primera vez en la historia del país, una mujer ocupó el puesto de canciller entre junio de 2019 y enero de 2020, y, también por primera vez, la mitad de los ministros del país en ese período fueron mujeres; la proporción actual de mujeres en el Gobierno federal es de alrededor del 53 %.

En 2019, se aumentaron en un 3 % las subvenciones a los partidos políticos con una representación femenina de más del 40 % en el Consejo Nacional o el Consejo Federal¹¹³. 66. La prevención de la violencia contra la mujer y la protección de la mujer contra la violencia¹¹⁴ han seguido siendo una prioridad en los últimos años. En 2020, se aumentó el presupuesto de la División de la Mujer en 2 millones de euros¹¹⁵, que se destinan principalmente a medidas para combatir la violencia contra la mujer. Austria ha emprendido numerosas acciones, especialmente para combatir la violencia doméstica¹¹⁶, a fin de garantizar un enjuiciamiento efectivo y crear un sistema integral de apoyo a las víctimas. La ratificación del Convenio de Estambul en 2013 dio lugar, entre otras cosas, al Plan de Acción Nacional para la Protección de las Mujeres contra la Violencia (2014-2016). Salvo unas pocas excepciones, se han aplicado todas sus medidas y, en 2018, se elaboró un informe de aplicación¹¹⁷. La legislación relativa a la violencia sexual, incluido el acoso sexual, se ha ampliado considerablemente¹¹⁸. Se ha tipificado como delito la vulneración del derecho a la libre determinación sexual¹¹⁹ y se ha reforzado la protección contra el acoso sexual¹²⁰¹²¹. El examen del proyecto de ley para tipificar como delito el

“upskirting” —la práctica de fotografiar en secreto las partes íntimas de una persona— está en curso. En otoño de 2019, se establecieron centros de asesoramiento para mujeres afectadas por la violencia sexual en todo el país¹²²; sin embargo, las mujeres particularmente vulnerables siguen enfrentando dificultades para acceder a esos servicios¹²³. Se ha seguido llevando a cabo la campaña informativa sobre las drogas que facilitan la violación en una cita.

67. La Ley de Protección contra la Violencia de 2019¹²⁴ ha aportado las siguientes novedades: el endurecimiento del derecho penal sustantivo y la mejora de la protección de las víctimas en el derecho procesal penal (por ejemplo, penas más largas, plazos de prescripción más amplios, e introducción de nuevos derechos de las víctimas y refuerzo de

los derechos existentes); nuevas conferencias en el marco de la Ley de Policía de Seguridad respecto de las personas vulnerables en casos de alto riesgo; una orden de alejamiento de 100 metros respecto de una persona vulnerable (zona de protección móvil); la ampliación del registro de personas que suponen una amenaza (almacenamiento de los datos durante tres años); la introducción, a partir de 2021, de la obligación de recibir asesoramiento en centros de prevención de la violencia para las personas que suponen una amenaza, y de normas relativas a la transmisión de datos a esos centros; y la intensificación de las medidas de sensibilización y formación para las autoridades responsables de la seguridad y las fuerzas del orden. En 2020, se aumentó el presupuesto para los servicios de asesoramiento¹²⁵.

68. Ampliación de los servicios de asistencia y apoyo psicológico a las víctimas¹²⁶. Entre 2017 y 2019, el 100 % de las mujeres afectadas por la violencia recibieron apoyo en centros de protección contra la violencia. En el 88 % de todas las circunscripciones de Austria hay al menos un centro subvencionado de asesoramiento a mujeres, y está previsto que se abran nuevos centros de acogida para mujeres. Desde 2011, todos los hospitales tienen la obligación de establecer grupos de protección de víctimas para las personas afectadas por la violencia doméstica; ello debería ayudar a detectar precozmente los casos de violencia doméstica y a sensibilizar al personal médico y otros profesionales sanitarios.

Se han financiado nuevas medidas de formación y sensibilización¹²⁷ a fin de fomentar la prevención de la violencia y la protección de las víctimas. Estas medidas incluyen talleres sobre la prevención de la violencia en las escuelas y formaciones para los directores de guarderías infantiles; formaciones en el marco de visitas acompañadas, destinadas a sensibilizar acerca de la manera de tratar casos (sospechosos) de violencia doméstica, abuso sexual u otras situaciones problemáticas; talleres sobre la prevención de la violencia para el personal de centros asistenciales y de cuidados; talleres gratuitos y presentaciones de la policía sobre la prevención de las agresiones sexuales o físicas en espacios públicos, en todo el país; el proyecto Delphi —relativo a la prevención de la violencia en el contexto de la transculturalidad y el género—, que pone de relieve formas nuevas y conocidas de violencia, como la degradación por razones de sexo, la violencia racista, los conflictos relativos a la honra de la familia, la violencia en los matrimonios forzados, los modelos de relación que conllevan la represión de las niñas o las jóvenes, y otras formas de violencia en el ámbito digital. A fin de mejorar el apoyo prestado por el sistema de salud en los casos de violencia, se ha financiado un proyecto¹²⁸ sobre la elaboración de normas específicas para los planes de estudio de todas las profesiones del ámbito sanitario y sobre la armonización de las normativas en materia de formación. En 2015 se inició un proyecto piloto¹²⁹ en una región, que incluía medidas para la incorporación de las mujeres afectadas por la violencia al mercado laboral, a fin de fomentar su independencia económica y social. En 2020, estas medidas se incorporaron al funcionamiento normal del Servicio Público de Empleo, y se está preparando su ampliación a otras regiones.

69. Las mujeres afectadas por la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, o en riesgo de sufrir estas situaciones, tienen a su disposición numerosas medidas de apoyo:

la lucha contra la mutilación genital femenina¹³⁰ fue una de las cuestiones tratadas por el equipo de tareas sobre la reforma penal, la mutilación genital se tipificó como delito independiente, se estableció la obligación de notificación de los hospitales y se endurecieron las penas¹³¹. También se presta apoyo a las mujeres y las niñas en varios países de África en el marco de la CAD, mediante medidas para luchar contra la mutilación genital femenina y sobre derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Para combatir los matrimonios forzados, las instituciones estatales y la sociedad civil trabajaron en estrecha cooperación para adoptar medidas de protección de las víctimas. Entre otras cosas, se han establecido alojamientos para emergencias¹³²¹³³, ha entrado en vigor una disposición penal sobre el matrimonio forzado, el plazo de prescripción de la responsabilidad penal empieza ahora cuando la víctima cumple 28 años y existe la posibilidad de anular los matrimonios forzados. El programa del Gobierno también incluye el aumento de la edad para contraer matrimonio a los 18 años y contempla la prohibición de los matrimonios entre primos.

70. Desde hace varios años, se presta especial atención a la integración de las mujeres.

Desde 2017, las personas con derecho al asilo y a protección subsidiaria tienen la obligación, en virtud de la Ley de Integración, de recibir asesoramiento, de participar en

sesiones de orientación y valores, y de tomar clases de alemán. El objetivo principal de estas medidas es prestar apoyo a las mujeres. Desde la inclusión obligatoria de estas medidas en la Ley de Integración de 2017, la proporción de mujeres en los cursos se ha duplicado¹³⁴. En 2019, se destinó un millón de euros a medidas para combatir la violencia contra la mujer en el contexto de la integración y la mutilación genital femenina. Se ha previsto una financiación especial de 2 millones de euros para 2020, a fin de reforzar la libre determinación de las niñas y mujeres procedentes de la migración, fomentar su participación en la sociedad, prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y facilitar información al respecto, y ofrecer apoyo a las personas afectadas por la violencia. Además, deberían reforzarse las estructuras de la sociedad de acogida destinadas a prestar apoyo a los grupos afectados y promover enfoques innovadores para mejorar el sistema existente.

En todo el país se ofrece asesoramiento a mujeres y hombres que proceden de la inmigración sobre la igualdad de género, el matrimonio forzado, la libre elección de la pareja, la no violencia, la libre determinación, la mutilación genital femenina y la conciliación del trabajo y la vida familiar¹³⁵. Desde octubre de 2015, diversas iniciativas se han centrado en la situación específica de las mujeres refugiadas¹³⁶, y se tomado en cuenta la información recibida de organizaciones de mujeres y de refugiados, a fin de mejorar la protección contra la violencia y las perspectivas profesionales y educativas de las mujeres de origen migrante o refugiado¹³⁷.

4. Personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales

71. Por lo que respecta a la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual, un decisión del Tribunal Constitucional de 2019¹³⁸ abrió la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo y a las uniones registradas para las parejas heterosexuales¹³⁹. En 2018, el Tribunal Constitucional¹⁴⁰ dictaminó que las personas con variaciones de las características sexuales (intersexuales) tenían derecho a ser inscritas con sus características sexuales en el registro civil central y en los documentos oficiales. En 2020 se publicaron los primeros documentos oficiales con la categoría “inter”. A raíz de esta decisión del Tribunal Constitucional, se empezaron a reemplazar los términos “masculino”

y “femenino” en los documentos existentes a fin de incluir a las personas intersexuales¹⁴¹. 72. Desde 2013, las parejas del mismo sexo pueden adoptar; desde 2016, la adopción conjunta es posible tanto para las parejas homosexuales como para las heterosexuales.

73. El Consejo Nacional de Austria examinó recientemente la cuestión del registro de los delitos de odio motivados por el género o la orientación sexual y, en julio de 2020, aprobó una resolución por la que se instaba al Ministro del Interior a informar sobre los resultados del proyecto de registro sistemático de los motivos de prejuicio en las denuncias penales (delitos de odio) y sobre las medidas resultantes.

5. Personas con discapacidad

74. A raíz de una recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se preparó una nueva traducción al alemán de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad¹⁴² y, junto con representantes de las personas con discapacidad, se elaboró una versión en lectura fácil¹⁴³.

75. Desde 2014, un grupo de trabajo, que coopera con la organización que representa a las personas con discapacidad, se ha encargado de adaptar las leyes pertinentes a fin de reflejar mejor el concepto de discapacidad definido en el modelo social de la discapacidad de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad¹⁴⁴.

76. En otoño de 2019, el Plan de Acción Nacional para la Discapacidad 2012-2020 se prorrogó hasta 2021. A finales de 2019, el 70,4 % de las medidas previstas se habían aplicado o se estaban aplicando; el 26,4 % de las medidas se habían aplicado parcialmente o estaban en preparación; y el 3,2 % no se habían aplicado¹⁴⁵. La evaluación científica del Plan de Acción Nacional para la Discapacidad está disponible desde junio de 2020 y se tendrá en cuenta en las contribuciones de equipos de expertos al nuevo Plan de Acción Nacional 2022-2030, que deberá aprobar el Gobierno federal. El objetivo es mejorar la coherencia de las leyes y las políticas para asegurar que las personas con discapacidad puedan llevar una vida gratificante¹⁴⁶. A fin de garantizar su independencia, el Comité

Federal para el Seguimiento de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad¹⁴⁷ recibió un presupuesto anual en 2017¹⁴⁸.

77. El Plan de Acción Nacional para la Discapacidad 2012-2021 contiene medidas para combatir los estereotipos y las actitudes negativas hacia las personas con discapacidad¹⁴⁹. El estudio relativo a la representación de las personas con discapacidad en los medios de comunicación austríacos (2015/16) dio lugar a recomendaciones y a la creación de una plataforma de Internet —www.barrierefreiemedien.at— para la representación no discriminatoria en la información.

78. Por lo que respecta a las leyes y las políticas relacionadas con la discapacidad, es de suma importancia prestar una mayor atención a la perspectiva de género, ya que las mujeres con discapacidad se enfrentan a múltiples formas de discriminación debido a su género y su discapacidad y corren el riesgo de ser víctimas de violencia sexual.

79. En 2018¹⁵⁰, se introdujeron profundas reformas en la antigua legislación sobre la tutela, sobre la base de un proceso amplio y participativo, teniendo en cuenta los principios básicos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad¹⁵¹. Con arreglo a la nueva ley, los tribunales solo pueden ordenar la representación en los asuntos jurídicos cuando las personas afectadas no puedan ocuparse personalmente de ellos, ni siquiera con asistencia. La “representación electiva” permite que los adultos que no tengan plenas capacidades de decisión elijan a un representante y decidan que este solo podrá actuar con su autorización (decisión conjunta). Lo importante es que el representado pueda adaptar sus condiciones en la medida de lo posible, según sus deseos¹⁵².

80. Par facilitar el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral¹⁵³, en 2017 se modificó la Ley de Contratación de las Personas con Discapacidad a fin de mejorar su protección frente al desempleo. Las personas con discapacidad tienen pleno acceso a todas las medidas de la Oficina de Asuntos Sociales¹⁵⁴ y a las políticas generales del mercado de trabajo. En 2018, se incrementaron los fondos destinados a las políticas activas a favor de las personas con discapacidad. Junto con las principales partes interesadas, se creó un conjunto de medidas que se están aplicando gradualmente. El apoyo prestado a las empresas que contratan a personas con discapacidad incluye una asistencia integral, un aumento de los subsidios de remuneración y un pago temprano de estos, la reducción de la burocracia por lo que respecta a los subsidios, un mayor apoyo a los aprendices con discapacidad, y medidas de información y sensibilización sobre los beneficios de contratar a personas con discapacidad.

81. Acceso a una educación inclusiva¹⁵⁵. El Plan de Acción Nacional para la Discapacidad 2012-2021 contiene objetivos para el sector de la educación y planes para la creación de un sistema escolar inclusivo. La inclusión de los niños con necesidades educativas especiales está regulada: los alumnos con necesidades educativas especiales tienen acceso a todos los medios que les permitan participar sin restricciones en el sistema educativo y reciben educación en escuelas especiales o en entornos inclusivos en escuelas ordinarias. Los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos; el municipio debe tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar la educación en las escuelas ordinarias. El porcentaje de niños con necesidades educativas especiales que reciben educación en un entorno inclusivo sigue aumentando, y fue de alrededor del 63,1 % en 2018/19. Una de las principales medidas adoptadas recientemente en relación con la educación inclusiva fue la creación de “regiones modelo de inclusión”, como las que se establecieron en Estiria, Carintia y Tirol en 2015; en un principio, el objetivo es establecer estas regiones en todo el territorio para 2020.

82. Desde 2019, las juntas regionales de educación (departamentos de inclusión, diversidad y educación especial) ofrecen un apoyo multiprofesional a los estudiantes para que puedan finalizar con éxito sus estudios, independientemente de su procedencia social, su género, su talento, su origen migrante, su lengua materna o su discapacidad.

Desde 2013¹⁵⁶, la educación inclusiva se ha incluido en todas las formaciones de docentes.

Tanto la Ley de Formación de Docentes como la Ley de Universidades contienen disposiciones explícitas sobre los estudiantes con discapacidad¹⁵⁷.