Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 12º período de sesiones
Ginebra, 3 a 14 de octubre de 2011
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 15 a) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos*
Swazilandia
* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas A/HRC/WG.6/12/SWZ/1
Asamblea General Distr. general 19 de julio de 2011 Español
Original: inglés
Índice
Párrafos Página
I. Metodología y proceso de consulta... 1–3 3 II. Antecedentes y marco normativo e institucional ... 4–25 3
A. Información sobre el país ... 4–16 3 B. Jurisprudencia nacional ... 17–20 5 C. Instituciones nacionales de derechos humanos... 21 6 D. Alcance de las obligaciones internacionales... 22–23 6
E. Instrumentos regionales... 24–25 6 III. Promoción y protección de los derechos humanos ... 26–83 7
A. Seguridad alimentaria... 26–30 7 B. Acceso a la educación ... 31–40 8
C. Derechos del niño ... 41–46 9
D. Personas con discapacidad... 47–49 10 E. Derechos de la mujer ... 50–55 10
F. Seguridad social para las personas de edad ... 56–59 11 G. Acceso a los servicios de salud... 60–62 12 H. Acceso al agua potable ... 63–66 13 I. Acceso a la tierra ... 67–71 13 J. Derecho a la vida ... 72–74 14 K. Libertad de asociación y derechos de los trabajadores ... 75–77 14 L. Libertad de expresión ... 78–80 15
M. Trata de personas... 81–83 15 IV. Logros, mejores prácticas, retos y limitaciones ... 84–104 16
A. Mejores prácticas y logros... 84–93 16 B. Retos y limitaciones ... 94–104 17
V. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales esenciales... 105–111 19 VI. Fomento de la capacidad y asistencia técnica ... 112 20
I. Metodología y proceso de consulta
1. Swazilandia estableció un Comité Directivo Nacional encargado de coordinar las actividades llevadas a cabo por diversos ministerios con el fin de preparar el informe nacional que se presentaría al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el examen periódico universal. El Comité estuvo integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil, así como de los ministerios cuyo mandato entrañaba ocuparse de cuestiones de derechos humanos.
2. El Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales, que coordinó la labor del Comité, compiló los datos y la información aportados por todos los ministerios, junto con la información resultante de la investigación llevada a cabo por otras partes interesadas, y a partir de ello elaboró un proyecto de informe.
3. Se llevaron a cabo reuniones de consulta nacionales con las partes interesadas a fin de recabar sus observaciones, sugerencias y recomendaciones para la elaboración del informe, en el que se integraron sus aportaciones.
II. Antecedentes y marco normativo e institucional
A. Información sobre el país
4. El Reino de Swazilandia está ubicado en el sudeste de la región del África Meridional. Con una superficie total de 17.364 km2, es el país más pequeño de la región y uno de los dos reinos asentados en ella. No tiene ninguna salida al mar y limita con Mozambique, por el Este, y con la República de Sudáfrica, que la rodea por el Norte, el Oeste y el Sur. El Reino fue antes un protectorado británico —declarado como tal el 7 de agosto de 1903— y obtuvo su independencia el 6 de septiembre de 1968 bajo la dirección del Rey Sobhuza II.
5. Swazilandia es una monarquía y su actual jefe de Estado es Su Majestad el Rey Mswati III, quien ascendió al trono el 25 de abril de 1986.
6. Según el Censo de Población y Vivienda de 2007, la población actual del país es de 1.018.449 habitantes, de los cuales 481.428 son hombres y 537.021 mujeres. En cuanto a las características de la población, esta es muy joven: el 39,6% de sus habitantes son menores de 15 años, el 52% menores de 20 años y menos del 4% tienen 65 o más años. En las zonas rurales residen 793.156 personas y en las urbanas 225.293.
7. La Ley Nº 001/2005 de la Constitución de Swazilandia (la Constitución) entró en vigor el 26 de julio de 2005. Es la ley suprema del país y establece tres poderes para el ejercicio del gobierno: el ejecutivo, el legislativo, integrado por dos cámaras, y el judicial.
8. El poder ejecutivo de Swazilandia recae en Su Majestad el Rey, quien puede ejercer esa autoridad directamente o bien por conducto del Gabinete o de un ministro. El Gabinete está integrado por el Primer Ministro, el Viceprimer Ministro y varios ministros. El Rey nombra al Primer Ministro, de entre los miembros de la Asamblea Legislativa, por recomendación del Consejo Consultivo del Rey (Liqoqo). Los otros miembros del Gabinete son nombrados por el Rey, con el asesoramiento del Primer Ministro, de entre las dos cámaras del Parlamento.
9. El Parlamento de Swazilandia está integrado por dos cámaras: un Senado y una Asamblea Legislativa. El sistema electoral de gobierno de Swazilandia se basa en las
circunscripciones electorales o tinkhundlas. El artículo 79 de la Constitución establece que la tinkhundla es un sistema democrático y participativo centrado en la transferencia de competencias del gobierno central a las zonas de las tinkhundlas (circunscripciones electorales), y en el que la elección o nombramiento para un cargo público se basa en el mérito individual.
10. El artículo 94 1) de la Constitución establece que el Senado estará integrado por 31 miembros como máximo. En la actualidad cuenta con 30 miembros. A fin de garantizar una representación transversal de la sociedad swazi, diez senadores, de los cuales por lo menos la mitad deberán ser mujeres, son elegidos por los miembros de la Asamblea Legislativa.
Veinte senadores, de los cuales por lo menos ocho deberán ser mujeres, son nombrados por el Rey a su discreción, previa consulta con los órganos que estime apropiados.
11. De conformidad con el artículo 95 1) de la Constitución, la Asamblea Legislativa estará integrada por un máximo de 76 miembros. Actualmente cuenta con 66 integrantes, 55 de los cuales fueron elegidos de circunscripciones electorales o tinkhundlas y 10 fueron nombrados por el Rey. El 66º miembro es el Presidente de la Asamblea quien, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución, es elegido de entre personas no pertenecientes a dicha Asamblea.
12. Las últimas elecciones generales se celebraron en septiembre de 2008. Dado que la edad mínima para votar es de 18 años, sobre la base del censo de 2007 tenían derecho a voto en esas elecciones 536.504 personas. Según el informe de la Comisión de elecciones y delimitación de circunscripciones relativo a las elecciones nacionales, se registraron para votar 349.507 personas, lo que constituía el 65% del censo electoral. El número efectivo de votantes fue de 201.339, es decir, el 58% de los que se habían registrado.
13. De conformidad con el artículo 138 de la Constitución, el poder judicial será independiente y estará sometido únicamente a la Constitución. El poder judicial del país está integrado por tribunales de jurisdicción general, a saber, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior y los tribunales de primera instancia; y por tribunales especializados, a saber, el Tribunal Laboral de Apelaciones y el Tribunal Laboral, cuya competencia está restringida a los conflictos del mundo del trabajo. Los magistrados de los tribunales superiores (Tribunal Supremo y Tribunal Superior) y de los tribunales especializados serán nombrados por el Rey por recomendación de la Comisión del Servicio Judicial, que nombrará a los magistrados de los tribunales de primera instancia. Existen, además, tribunales swazis, que administran las leyes y costumbres de esa cultura.
14. El ordenamiento jurídico de Swazilandia es un sistema dual, integrado por el derecho legislado y el derecho romano-holandés (common law) aplicable a Swazilandia desde el 22 de febrero de 1907, por una parte, y los principios del derecho consuetudinario swazi (las leyes y costumbres swazis), por otra. La Ley de los tribunales swazis establece que la jurisdicción de estos tribunales se limita a los casos en que todos los litigantes son swazis y se someten a la jurisdicción de dichos tribunales. En estos tribunales no se contempla el derecho de representación legal, pero las partes que deseen tenerla tienen derecho a solicitar que el caso sea trasladado a los tribunales de jurisdicción general.
15. El capítulo III de la Constitución (la Carta de Derechos) protege y promueve los derechos y libertades fundamentales. Los derechos garantizados por la Constitución se basan en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El disfrute de los derechos previstos en el capítulo III está sujeto al interés público y al respeto de los derechos y libertades de los demás.
16. La Constitución prevé instituciones que proporcionan vías de reparación a las personas cuyos derechos han sido, están siendo, o es probable que sean vulnerados. Estas instituciones son los tribunales de justicia y la Comisión de Derechos Humanos y Administración Pública. Además de lo establecido en la Constitución, hay leyes que facultan a funcionarios públicos, como el Comisionado de Trabajo, y a organismos de derecho público, como la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje, para adoptar medidas correctivas cuando se han infringido derechos.
B. Jurisprudencia nacional
17. Causa civil Nº 4548/2008. Sphasha Dlamini And Others v. The Commissioner of His Majesty’s Correctional Services And Another. Los demandantes en esta causa eran amigos de un preso en espera de juicio al que trataban de visitar en la cárcel. El Departamento de Servicios Penitenciarios les había negado el acceso al detenido argumentando que el artículo 16 6) b) de la Constitución solo permitía el acceso a los familiares cercanos, el representante legal y el médico personal del detenido. El Tribunal Supremo rechazó la interpretación que daba el Comisionado de Su Majestad al artículo 16 6) y dictaminó que las categorías mencionadas en el artículo no constituían categorías exclusivas de personas que tenían derecho a visitar a un detenido sino las que tenían derecho a hacerlo en condiciones normales mínimas.
18. Causa Civil Nº 335/2009. Swaziland National Ex-Miners Workers Association and Another v. The Minister of Education And Others. Los demandantes, una asociación de voluntarios y una persona física, pedían al tribunal una resolución en que ordenara al Gobierno proporcionar enseñanza primaria gratuita a todos los swazis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 6) de la Constitución. El tribunal dictaminó que todo niño swazi que asistiera a la escuela primaria, de cualquier grado que fuese, tenía derecho a recibir enseñanza completamente gratuita y no estaba obligado a hacer ninguna contribución al pago de la matrícula, los libros de texto o cualquier otro gasto para garantizar el acceso a la educación. Además, el tribunal señaló que el Gobierno tenía la obligación constitucional de proporcionar enseñanza gratuita, sin costo alguno, a todos los niños que tuvieran ese derecho. En una causa posterior entre las mismas partes, el Tribunal Supremo dictaminó que la obligación del Gobierno dependía de la disponibilidad de los recursos y que el programa del Gobierno de puesta en práctica progresiva de la enseñanza primaria gratuita era constitucional.
19. Causa de apelación Nº 12/2010. The Attorney-General v. Mary Joyce Doo Aphane.
En esta causa el Tribunal declaró nula la ley (Ley de registro notarial), que prohibía a las mujeres casadas bajo el régimen de bienes comunes registrar bienes en su propio nombre o conjuntamente con el de sus maridos, pues dicha ley infringía el derecho a la igualdad garantizado por el artículo 20 de la Constitución. El Tribunal ordenó al Parlamento promulgar una ley correctiva en el plazo de un año contado a partir de la fecha de dicha orden. En cumplimiento de la orden judicial, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley por el que se modifica la Ley de registro notarial.
20. Causa penal Nº 21/2007. Sikhumbuzo Masinga v. Director of Public Prosecutions And Others. La causa se refería a la constitucionalidad de aplicar a los niños una ley sobre la pena mínima. El Tribunal dictaminó que, en la medida en que se aplicaba a niños que no habían cumplido los 18 años en el momento de la comisión del delito, la ley era incompatible con el derecho del niño a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes consagrado en el artículo 29 2), leído conjuntamente con los artículos 18 2) y 38 e) de la Constitución.
C. Instituciones nacionales de derechos humanos
21. En el artículo 163 de la Constitución se establece la Comisión de Derechos Humanos y Administración Pública, órgano independiente facultado para investigar denuncias sobre supuestas violaciones de los derechos y libertades fundamentales. La Comisión tiene competencia para decidir sobre denuncias de esa índole presentadas contra instituciones privadas y públicas y ordenar que se restituyan los derechos humanos que se han infringido, se adopten medidas correctivas para eliminar las consecuencias de ello o se proporcione reparación. En el desempeño de sus funciones, la Comisión podrá, por su propia iniciativa, investigar y formular conclusiones sobre cualquier cuestión en que una persona o un grupo de personas hayan sufrido o puedan haber sufrido una injusticia. La Comisión fue designada por Su Majestad el Rey Mswati III el 11 de septiembre de 2009.
D. Alcance de las obligaciones internacionales
22. Swazilandia es parte en los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos:
Tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas
a) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial: adhesión, el 7 de mayo de 1969;
b) Convención sobre los Derechos del Niño: ratificación, el 6 de octubre de 1995;
c) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: adhesión, el 25 de abril de 2004;
d) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: adhesión, el 25 de abril de 2004;
e) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
adhesión, el 26 de junio de 2004;
f) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: adhesión, el 26 de junio de 2004.
23. El 25 de septiembre de 2007 Swazilandia firmó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. De conformidad con la Constitución, para la ratificación de los acuerdos internacionales se requiere una resolución aprobada en sesión conjunta del Parlamento por una mayoría de dos tercios, como mínimo. La propuesta de ratificación de la Convención ya fue presentada al Parlamento.
E. Instrumentos regionales
24. Swazilandia es parte en los siguientes instrumentos regionales:
a) Convención de la Organización de la Unidad Africana que regula los aspectos propios de los problemas de los refugiados en África: adhesión, el 16 de enero de 1989;
b) Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: adhesión, el 15 de septiembre de 1995;
c) Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño: firma, el 29 de junio de 1999.
25. Además, Swazilandia ha ratificado ocho de los convenios fundamentales de la OIT.
III. Promoción y protección de los derechos humanos
A. Seguridad alimentaria
26. Swazilandia está firmemente decidida a garantizar que todos los miembros de su población tengan acceso a suficientes alimentos de calidad en todo momento, a fin de que puedan tener una vida sana y productiva. Para ello, ha firmado, entre otros instrumentos, la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la Declaración de Maputo sobre la agricultura y la seguridad alimentaria en África y la Declaración de Sirte sobre los desafíos del desarrollo integrado y sostenible de la agricultura y los recursos hídricos en África. Además, la Estrategia y el Programa de Acción para la reducción de la pobreza, aprobados por el Gobierno en 2008, presentan un marco para tal fin, uno de cuyos pilares es la seguridad alimentaria. Entre 2008 y 2010 aumentaron los recursos financieros asignados por el Gobierno al Ministerio de Agricultura, de alrededor del 5% al 8% del presupuesto nacional.
27. La proporción de la población que goza de seguridad alimentaria varía de año en año, pero, según se estima, oscila entre el 75% y el 80%. Las evaluaciones anuales sobre medios de sustento y vulnerabilidad que lleva a cabo el Comité de evaluación de la vulnerabilidad de Swazilandia indican una tendencia descendente del número de personas que padecen inseguridad alimentaria, que pasó de 345.012 en 2007 a 160.989 en 2010. Las fluctuaciones en la seguridad alimentaria se deben principalmente a la sequía persistente, los cambios en los precios de los productos básicos y el VIH/SIDA.
28. La producción agrícola del producto alimentario básico (el maíz) aumentó cerca del 50% en el mismo período. A pesar de este crecimiento no se han producido excedentes, ya que, debido a la prolongada sequía, los niveles de producción han sido sumamente bajos.
29. Entre las políticas sectoriales que se han formulado para mejorar la seguridad alimentaria familiar y nacional cabe mencionar las siguientes:
a) La Política nacional de seguridad alimentaria, que tiene por objeto elaborar programas y estrategias de seguridad alimentaria a nivel nacional;
b) La Política integral del sector de la agricultura, que se propone racionalizar todas las actividades dirigidas a la promoción de la agricultura en el país;
c) La Política de desarrollo de la ganadería, que propugna garantizar la comercialización del subsector de la ganadería;
d) La Política de riego, que procura asegurar el desarrollo sostenible y la utilización eficiente de los recursos hídricos del país;
e) La Política de ordenación pesquera, que tiene por objeto promover el desarrollo de la industria pesquera de agua dulce, ya que el país no tiene salida al mar;
f) La Política forestal, que se propone promover el uso y el desarrollo sostenibles de los recursos forestales naturales y comerciales.
30. Los programas nacionales destinados a hacer frente a las emergencias de inseguridad alimentaria, atribuibles fundamentalmente a la sequía, han sido impulsados a través del Programa Mundial de Alimentos y el Organismo Nacional de asistencia en casos de desastre. Para enfrentar la inseguridad alimentaria transitoria se ha recurrido a la distribución de canastas de alimentos a fin de garantizar que los hogares vulnerables tengan acceso a productos básicos, como cereales y legumbres.
B. Acceso a la educación
31. El artículo 29 6) de la Constitución establece el derecho de los niños a recibir enseñanza gratuita en las escuelas primarias públicas. En 2002, en un intento por garantizar el acceso de todos los niños a la educación, independientemente de su situación socioeconómica, el Gobierno puso en marcha el Programa de niños huérfanos y vulnerables, con arreglo al cual proporciona becas a dichos niños para que puedan asistir a la escuela.
32. Según el Informe provisional de Swazilandia sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, elaborado por el Ministerio de Planificación Económica y Desarrollo, los fondos para la iniciativa de niños huérfanos y vulnerables aumentaron de 16 millones de emalangeni en 2002 a 123 millones en 2010.
33. Para mejorar aún más el acceso a la enseñanza primaria, el Gobierno introdujo el suministro gratuito de libros de texto, artículos de papelería, cuadernos de ejercicios y mobiliario escolar, así como programas de alimentación y mejoramiento de la infraestructura. Estas medidas dieron lugar a un aumento de la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria, que es la proporción de niños oficialmente en edad de asistir a la escuela primaria y matriculados en ella, con respecto a la población total de esos niños. En el informe de 2008/2009 del Sistema de Información sobre la gestión educativa relativo a las encuestas realizadas se indica que la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria en el año 2000 fue del 79%, y aumentó al 82% en 2004 y al 87% en 2007.
34. En 2009 se alcanzó un hito importante cuando el Gobierno puso en marcha el Programa de enseñanza primaria gratuita en los grados primero y segundo, que hace efectivo el derecho garantizado por el artículo 29 6) de la Constitución y deberá ampliarse cada año a un grado adicional hasta que en 2015 estén cubiertos todos los grados. Sin embargo, su aplicación puede verse afectada por la crisis fiscal que está experimentando actualmente el país a causa de una disminución de los ingresos provenientes de la Unión Aduanera del África Meridional (UAAM).
35. A fin de hacer efectivo este derecho, en 2010 se promulgó la Ley de enseñanza primaria gratuita, cuyo artículo 10 1) obliga a los padres a enviar a sus hijos a la escuela y contempla su enjuiciamiento en caso de infracción.
36. En los grados en los que aún no se ha introducido el Programa, el Ministerio de Educación sigue suministrando gratuitamente libros de texto, cuadernos de ejercicios, artículos de papelería y mobiliario escolar.
37. El Programa ha dado lugar a un aumento significativo de la tasa neta de matriculación. El informe preliminar de la Encuesta de indicadores múltiples de 2010 indicó que la tasa neta de matriculación era del 97%.
38. A fin de eliminar las barreras que impiden el acceso a la enseñanza secundaria, el Gobierno ha aprobado programas como la introducción de un sistema de alquiler de libros, la construcción de nuevas escuelas y aulas y la puesta en marcha de un plan de alimentación escolar. Estas intervenciones han dado lugar a un aumento de la tasa bruta de matriculación. Según el informe de 2009/2010 del Sistema de Información sobre la gestión educativa, la tasa bruta provisional de matriculación en las escuelas secundarias de primer ciclo fue del 75% en 2009. El 78% de los matriculados eran niños y el 72% niñas. En 2010 la tasa bruta provisional de matriculación de ese ciclo fue del 78%, y de entre los matriculados el 81% eran niños y el 75,5% niñas.
39. En las escuelas secundarias de segundo ciclo la tasa bruta provisional de matriculación fue del 34% en 2009. El 36% de estos alumnos eran varones y el 33%
mujeres. En 2010 la tasa bruta provisional de matriculación de ese ciclo se había elevado al 57%; el 58% de los alumnos estaba constituido por varones y el 55% por mujeres.
40. La educación superior es ampliamente accesible a la mayoría de los swazis. El Gobierno otorga becas a estudiantes que asisten a las instituciones locales de educación superior. También se otorgan becas a quienes realicen estudios acordes con las necesidades de desarrollo del país en instituciones internacionales de enseñanza superior.
C. Derechos del niño
41. Según el Censo de Población y Vivienda de 2007, el 47% de la población del país (481.945 personas) está constituido por niños menores de 18 años.
42. La Constitución establece el marco jurídico para la protección de los derechos de los niños. El artículo 29 establece que los niños tienen derecho a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos o por tutores, a tener acceso a la educación, recibir tratamiento médico y ser protegidos de todas las formas de explotación y maltrato, y dispone que queda abolida la condición de ilegitimidad de los hijos nacidos fuera del matrimonio. En 2009 el Gobierno aprobó la Política nacional para la infancia, que tiene por objeto promover, proteger y garantizar los derechos de todos los niños y asegurar su pleno desarrollo y bienestar en el largo plazo, incluido su desarrollo físico y psicosocial.
43. Actualmente el Parlamento tiene ante sí el proyecto de ley de 2011 relativo al bienestar y la protección del niño, que se propone dar efecto a las disposiciones de la Constitución y las obligaciones contraídas por el país con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. De conformidad con el artículo 238 de la Constitución, un acuerdo internacional pasa a ser vinculante para Swazilandia mediante una ley del Parlamento o una resolución aprobada en una sesión conjunta de sus dos Cámaras por al menos dos tercios de sus miembros. La Carta Africana está aún pendiente de ratificación por una sesión conjunta de ambas cámaras.
44. Según la primera Encuesta Demográfica y de Salud de Swazilandia relativa al período 2006/2007, el país tiene una alta prevalencia de VIH y de sida, lo que ha dado lugar a un aumento del número de niños huérfanos y vulnerables. El informe de 2009/2010 del Sistema de Información sobre la gestión educativa revela que hasta un 53% de todos los niños son huérfanos o vulnerables. Hay diversos servicios sociales dirigidos a los grupos de niños más vulnerables del país:
a) El fondo para la educación de los niños huérfanos o vulnerables, con el que se sufraga la matrícula escolar de este grupo de niños desde el cuarto grado hasta la finalización de la escuela secundaria.
b) Subsidios de asistencia a la infancia, que se asignan a los orfanatos de todo el país.
c) Centros de atención en los barrios, en los que se prestan servicios al nivel de la comunidad. A estos centros llegan todos los días niños que reciben atención y apoyo psicosocial, una comida y atención básica de la salud, y realizan actividades educativas y recreativas. En la actualidad hay 48.248 niños menores de 5 años registrados en 1.495 centros en todo el país. Se imparte formación a los cuidadores para mejorar sus habilidades en relación con la atención de las necesidades de los niños.
45. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todos los niños tienen derecho a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento. El Ministerio del Interior se encarga de emitir certificados de nacimiento de los bebés recién nacidos y de los demás
ciudadanos. El proceso de inscripción de los nacimientos se ha ampliado a todos los principales hospitales públicos del país. Desde 2007 el Gobierno, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha venido realizando un programa de inscripción de los nacimientos con miras a mejorar dicha inscripción en todas las comunidades del país.
46. La Encuesta Demográfica y de Salud de 2006/2007 sitúa la tasa de inscripción de los niños menores de 5 años en un 30%. En el proceso de inscripción de los nacimientos se ha visto que la tasa de inscripción ha aumentado. La Encuesta de indicadores múltiples de 2010 indicó que la cifra había aumentado del 30% en 2007 al 49% en 2010.
D. Personas con discapacidad
47. En el Perfil de la discapacidad de 2011, establecido a partir de los datos del censo de 2007, se indica que las personas con discapacidad constituyen el 17% de la población. La prevalencia de la discapacidad aumenta con la edad y es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Los tipos de discapacidad más comunes son los trastornos de la visión, la audición y el habla y las discapacidades físicas, mentales y múltiples. El Gobierno ha llevado a cabo un análisis de la situación de los niños y jóvenes, y está elaborando una política nacional sobre la discapacidad.
48. El Ministerio de Educación ha puesto en marcha en todas las escuelas una política de educación inclusiva a fin de que los alumnos con necesidades especiales puedan acceder a la enseñanza básica. Se están modificando las estructuras de las escuelas para eliminar las barreras evidentes que impiden a los niños con discapacidad acceder a la educación. Los sordos cuentan con escuelas especializadas. Los que tienen deficiencias visuales tienen a su disposición programas como el suministro de libros de texto en Braille y de máquinas para ese idioma. Y para los niños con necesidades especiales se han establecido dos centros de recursos en los que profesores y alumnos disponen de material de enseñanza y aprendizaje.
49. Existe un Fondo de asistencia pública que permite a los beneficiarios costearse, por ejemplo, sillas de ruedas y recibir subvenciones en efectivo para necesidades especiales.
Sin embargo, debido a limitaciones financieras, el Fondo no puede atender adecuadamente las necesidades de los discapacitados.
E. Derechos de la mujer
50. Los artículos 20 y 28 de la Constitución han introducido cambios significativos por lo que se refiere a la no discriminación y los derechos de la mujer. El artículo 20 prohíbe la discriminación por varios motivos, entre ellos el sexo. El artículo 28 es una disposición dedicada específicamente a los derechos y libertades de la mujer.
51. El artículo 94 2) de la Constitución establece que de los 10 senadores elegidos por la Asamblea Legislativa, 5 deben ser mujeres. El artículo 94 3) establece que de los 20 senadores nombrados por Su Majestad el Rey, 8 deben ser mujeres. De conformidad con el artículo 86 1), cuando después de una elección es evidente que las mujeres no constituyen al menos el 30% del total de miembros en el Parlamento, deberá utilizarse un procedimiento especial para elegir a 4 mujeres más, 1 por cada región, a la Asamblea Legislativa.
52. En las elecciones de 2008, en las circunscripciones electorales o tinkhundlas resultaron elegidas a la Asamblea Legislativa 7 mujeres, y el Rey, por su parte, nombró a otras 2. En el Senado, de los 10 candidatos propuestos por la Asamblea Legislativa, 5 son mujeres y de los 20 nombrados por el Rey, 7 son mujeres. Estas cifras indican que el 22%
del total de miembros del Parlamento son mujeres. A pesar de una campaña iniciada por el Gobierno para alentar al electorado a votar por las mujeres, no se alcanzó la meta del 30%.
53. En 2010 el Gobierno aprobó la Política nacional de género cuyo objetivo principal es garantizar a todas las personas la equidad en el acceso a la educación, la capacitación y los servicios de salud, y en el control de los recursos, como la tierra y el crédito para mejorar la calidad de vida.
54. Entre abril de 2008 y marzo de 2009 la organización no gubernamental Grupo de Acción contra el Maltrato en Swazilandia prestó apoyo psicológico a 358 víctimas de maltrato físico y a 219 víctimas de actos de violencia sexual. Durante el período comprendido entre abril de 2009 y abril de 2010 el Grupo proporcionó apoyo psicológico a 257 víctimas de violencia física y a 194 víctimas de violencia sexual. A fin de hacer frente al problema de la violencia doméstica y los delitos sexuales, en 2009 se presentó al Parlamento un proyecto de ley al respecto, que está aún pendiente de aprobación y cuyo objetivo es proteger a todas las personas del daño causado por las agresiones sexuales y los actos de violencia doméstica.
55. Se ha completado un examen de la legislación vigente para verificar el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de los artículos 20 y 28 de la Constitución. A raíz de dicho examen se han elaborado varios proyectos de ley sobre la familia, entre ellos los relativos al matrimonio y a la gestión de los bienes conyugales, proyectos que están en espera de la aprobación del Gabinete antes de ser presentados al Parlamento. En cumplimiento de la orden judicial dictada por el Tribunal Supremo en la causa Aphane, el Gobierno ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley de registro notarial a fin de ajustarla a las disposiciones de la Constitución.
F. Seguridad social para las personas de edad
56. El Departamento de Asistencia Social se encarga de proteger y prestar asistencia social a las personas de edad vulnerables que enfrentan actualmente dificultades debido a la pobreza, el abandono, el maltrato y la mala salud.
57. En abril de 2005 se introdujo el subsidio de vejez. Según el censo de 2007, el 5,5%
de la población (56.385 habitantes) está constituido por personas de 60 o más años. El Departamento de Asistencia Social estima que en el período 2006/07 aproximadamente 49.000 personas de edad se beneficiaron del subsidio de vejez. Se calcula que actualmente reciben este subsidio unas 55.000 personas de edad. En la prestación de asistencia social a los ancianos el Gobierno debe luchar contra los retrasos en el pago de los subsidios de vejez y la desviación de fondos.
58. Los datos resultantes de un estudio realizado en 2010 por HelpAge International, el UNICEF y el Programa Regional sobre hambre y vulnerabilidad indican que los subsidios de vejez han incidido en muchos aspectos de la vida de los beneficiarios, así como en las condiciones de sus hogares.
59. Tanto los propios beneficiarios como los demás miembros de su familia han observado que el subsidio de vejez aporta beneficios considerables. Entre las consecuencias más visibles de la vulnerabilidad de los ancianos destacan el hambre y la inseguridad alimentaria. Con la recepción del subsidio de vejez, no cabe duda de que mejora la situación de los beneficiarios en cuanto a la frecuencia y la calidad de las comidas, la capacidad para comprar alimentos (directa o indirectamente) y las ventajas de las economías de escala que permiten comprar productos en cantidades mayores.
G. Acceso a los servicios de salud
60. El Gobierno tiene la obligación de proporcionar servicios de atención de la salud a toda la población del país, independientemente de su ubicación geográfica o condición socioeconómica. El fin último es mejorar la salud de las personas, proporcionándoles servicios esenciales de salud amplios, integrados, equitativos, de calidad y acordes con sus necesidades.
61. En la prestación de los servicios de salud, el país ha adoptado el criterio de la atención primaria de la salud que expuso en la Política nacional de salud de 2007 y puso en marcha en su Plan estratégico del sector de la salud 2001-2013. Entre las actividades específicas llevadas a cabo para mejorar el acceso a la salud cabe mencionar las siguientes:
62. Servicios gratuitos de atención primaria de la salud en toda la nación. Esta política ha venido aplicándose durante más de 15 años y su ejecución sigue contando con el apoyo del Gobierno:
a) Servicios de atención secundaria y terciaria de la salud muy subsidiados. En todos los hospitales públicos los pacientes pagan menos de 2 dólares por consulta y medicamentos. El Gobierno sigue subvencionando estos servicios en toda la nación, independientemente de los aumentos del precio de los medicamentos.
b) Servicios especializados de atención de la salud para la población desfavorecida, muy subsidiados y con cargo a un Fondo especial para gastos médicos. Por otra parte, los funcionarios y sus familiares directos reciben servicios de salud especializados mediante un plan de seguro médico financiado por el Gobierno.
c) La proporción del presupuesto nacional asignado a la salud ha seguido aumentando con miras a cumplir la meta del 15% pedida en la Declaración de Abuja. Del 6% que se asignaba a este sector hace cuatro años, se ha pasado a un 18% en la actualidad.
A pesar de las dificultades fiscales que enfrenta el país, se ha mantenido la prioridad del sector de la salud, al que no se han aplicado recortes presupuestarios.
d) En cuanto al acceso a los servicios de salud, la mayoría de la población tiene algún centro sanitario dentro de un radio de 8 km. Las comunidades de difícil acceso cuentan con servicios móviles de atención de la salud. Según el informe de 2010 sobre la Cartografía de los Servicios Disponibles, el número total de establecimientos de salud aumentó de 223 en 2008 a 265 en 2010. Por cada 100.000 personas hay 25 centros. Sin embargo, la topografía sigue dificultando el acceso en algunas zonas.
e) El informe sobre la Cartografía de los Servicios Disponibles indica que el número de médicos que trabajan en el país aumentó de 201 en 2008 a 241 en 2010.
Asimismo, la proporción de médicos por paciente aumentó de 19,7 por 100.000 en 2008 a 23 por 100.000 en 2010, lo que refleja un incremento del 3,3%. La mayor parte del personal de recursos humanos consagrado a la salud son enfermeros, cuyo número aumentó de 1.778 en 2008 a 1.911 en 2010.
f) Para mejorar la calidad de los servicios prestados a la nación, el Gobierno revisó en 2010 el conjunto de servicios esenciales de atención de la salud a fin de ajustarlo mejor a las enfermedades que afectan actualmente a la población.
g) Recientemente el Gobierno puso en marcha un programa de tratamiento médico gratuito para las personas de edad.
H. Acceso al agua potable
63. El artículo 210 de la Constitución establece que los recursos hídricos del país son propiedad del Estado. De conformidad con esta disposición, el Estado debe garantizar que este recurso siga estando disponible para las futuras generaciones de Swazilandia.
64. Más de dos tercios de los hogares tienen acceso a fuentes de agua mejoradas y tres de cada cuatro hogares están a 15 minutos o menos de su lugar de abastecimiento de agua potable. En las zonas urbanas alrededor del 73% de los hogares tienen agua potable corriente en su vivienda o en el patio de esta, mientras que en las zonas rurales el agua corriente directa llega aproximadamente al 23% de los hogares. Para acceder al agua potable, los hogares rurales también cuentan con grifos públicos, aguas superficiales y pozos excavados protegidos.
65. La Encuesta Demográfica y de Salud de 2007 indica que en las zonas urbanas el acceso sostenible a las fuentes de agua mejoradas aumentó ligeramente, del 89% en 1997 al 91,9% en 2007. El último estudio realizado por la Empresa de suministro de agua de Swazilandia revela que en 2009 el acceso al agua potable era del 95%. Por otro lado, la Encuesta Demográfica y de Salud indica que en las zonas rurales ha venido mejorando el acceso sostenible al agua potable, que pasó del 40% en 1997 al 54% en 2007 y al 59% en 2009. Sobre la base de los compromisos actuales, cabe prever que a finales de 2011 este porcentaje aumentará al 61% en las zonas rurales gracias a la instalación de 60 microsistemas (bombas de mano) y la terminación de 5 planes de gran magnitud. Las previsiones indican que para el año 2013, el abastecimiento de agua en las zonas rurales aumentará hasta alcanzar el 79%.
66. El Gobierno se ha propuesto abastecer de agua potable a todos los ciudadanos para el año 2022. Sin embargo, la financiación insuficiente y los patrones de asentamiento, especialmente en las zonas rurales, dificultan el logro de este objetivo.
I. Acceso a la tierra
67. El derecho de acceso a la tierra está protegido por los artículos 19 y 211 de la Constitución. El sistema nacional de tenencia de la tierra está integrado por las tierras de la nación swazi, las tierras con título de propiedad y las tierras de la Corona. Las tierras de la nación swazi pueden además dividirse en tres categorías: las zonas swazis, las tierras en concesión y las fincas que fueron recuperadas mediante compra por el Gobierno después de la independencia.
68. Fuera de las tierras con título de propiedad privada, las demás tierras pertenecen a la nación swazi y son administradas por el Rey en fideicomiso. Los jefes al mando de tierras demarcadas como zonas swazis las administran en nombre del Rey. El alcance de las facultades de administración de los jefes sobre las tierras en concesión y sobre las fincas que fueron recuperadas mediante compra es objeto de un litigio que está pendiente en los tribunales de justicia.
69. El artículo 59 6) de la Constitución establece que, a fin de mejorar el desarrollo económico y la unidad del pueblo swazi, el Estado deberá resolver con prontitud el
"problema de la tierra" y el de las concesiones de tierras. Este artículo forma parte del capítulo V de la Constitución, en el que se definen los Principios rectores de la política del Estado. El artículo 56 1) de la Constitución establece que dichos Principios, aunque no pueden ser invocados ante los tribunales, deberán orientar al Estado en la adopción y puesta en práctica de cualquier decisión de políticas que tenga por objeto el establecimiento de una sociedad justa, libre y democrática. Con este fin, en 2009 el Gobierno elaboró una política de tierras, cuyo propósito es maximizar los beneficios de la tierra para toda la sociedad y
sobre una base sostenible. Antes de su aplicación, la política deberá ser objeto de consultas con las partes interesadas.
70. A las tierras de la nación swazi se accede a través del sistema tradicional del kukhonta. El kukhonta es un tributo de lealtad que se paga a un jefe cuando se solicita la admisión como residente de un territorio bajo la autoridad de este. Antes de que se aprobara la Constitución, solo era posible acceder a las tierras de la nación swazi por conducto de los hombres de las familias que juraban lealtad al jefe de las zonas. Actualmente el artículo 211 permite a las mujeres tener acceso a la tierra en las mismas condiciones que los hombres.
71. El acceso a las tierras con título de propiedad es también un problema para las mujeres casadas según el régimen de bienes gananciales establecido en el derecho civil. El problema radica en que estas mujeres están sometidas a la autoridad conyugal del marido, por lo que la mujer, para solicitar un crédito destinado a la compra de tierras, aunque cumpla los requisitos, debe obtener el consentimiento de su marido. Una vez que se apruebe el proyecto de ley de matrimonio, se suprimirá la autoridad conyugal del marido y su corolario, la condición de inferioridad de la mujer. Actualmente, si una mujer está casada en régimen de bienes gananciales, incluso cuando, tras haber logrado al fin el consentimiento de su marido, compra un terreno, no tiene prácticamente ningún control sobre su propiedad ya que no puede registrarla a su nombre sino al de su marido.
J. Derecho a la vida
72. El artículo 15 de la Constitución protege el derecho a la vida. Ahora bien, Swazilandia no es Estado parte en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que mantiene la pena de muerte. Dicha pena no es obligatoria y solo podrá imponerse a adultos condenados por asesinato sin circunstancias atenuantes o por traición. La pena capital solo podrá aplicarse en virtud de una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo.
73. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar el indulto o la conmutación de su pena al Comité de la prerrogativa del indulto. En la práctica, el Comité conmuta la pena por cadena perpetua. La última vez que se ejecutó una pena de muerte fue en 1983. Desde entonces se ha condenado a dicha pena a 45 personas, de las que 42 la vieron conmutada por penas de prisión. Hay dos presos cuya pena de muerte no ha sido conmutada, uno de ellos fue condenado en 1998 y el otro en 2002. Un tercer preso fue condenado a la pena de muerte por el Tribunal Supremo en 2011 y su recurso de apelación contra el fallo condenatorio y la pena impuesta está pendiente. Aunque en su legislación Swazilandia mantiene la pena de muerte, en la práctica es un Estado abolicionista.
74. La Constitución, al igual que la Ley de procedimientos y pruebas en materia penal, autoriza el uso de la fuerza letal. Para que esta sea legal, debe ser razonable, justificada y proporcionada en todas las circunstancias del caso. Se tiene la impresión de que el personal uniformado y los guardas forestales llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales. Esta percepción se ve alimentada por la falta de organismos independientes para investigar los casos en que, aparentemente, se ha cometido una privación arbitraria del derecho a la vida.
K. Libertad de asociación y derechos de los trabajadores
75. La libertad de asociación y los derechos de los trabajadores están protegidos por los artículos 25 y 32 de la Constitución, respectivamente. Un tema polémico en relación con la libertad de asociación es el derecho de los partidos políticos a presentar candidaturas a elecciones. La controversia resulta del hecho de que la Constitución no prohíbe los partidos
políticos pero, al mismo tiempo, establece en su artículo 79 que la elección o el nombramiento para un cargo público se basará en los méritos personales.
76. En la causa de apelación Nº 50/2008 Jan Sithole and Others v. The Prime Minister and Others el Tribunal Supremo dictaminó que la Constitución no permitía que los partidos políticos presentaran candidatos en las elecciones nacionales.
77. El artículo 32 de la Constitución se refiere a los derechos de los trabajadores a constituir libremente sindicatos y a afiliarse a ellos con fines de promoción y protección.
Swazilandia ha ratificado todos los convenios fundamentales de la OIT y los ha introducido en su legislación interna principalmente a través de la Ley de empleo de 1980 y la Ley de relaciones laborales de 2000. Sin embargo, en la 98ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se concluyó que las leyes del país, en particular la Ley de orden público de 1963 y la Ley de represión del terrorismo de 2008, no se ajustaban al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (Convenio Nº 87) ni al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (Convenio Nº 98) de la OIT. El Gobierno, por su parte, pidió a la OIT que le señalara las partes de la Ley de represión del terrorismo en que se infringían dichos convenios. Hasta la fecha la OIT no ha respondido. En octubre de 2010 el país recibió la visita de una misión tripartita de alto nivel que hizo recomendaciones, las cuales se están aplicando a través del diálogo social sostenido con los interlocutores sociales.
L. Libertad de expresión
78. La libertad de expresión, que comprende la libertad de prensa y otros medios de comunicación, está garantizada por el artículo 24 de la Constitución.
79. El Gobierno es propietario de una emisora de radio y del único canal de televisión del país. Son de propiedad privada 1 emisora de radio cristiana, 7 periódicos y 1 revista mensual. La prensa escrita da cobertura a las críticas formuladas por los opositores del Gobierno. Los medios de comunicación son valiosos en la lucha contra la corrupción y en la sensibilización de los ciudadanos sobre las cuestiones de derechos humanos.
80. Swazilandia no tiene leyes que establezcan explícitamente el derecho de los ciudadanos a acceder a la información en poder del Estado.
M. Trata de personas
81. Swazilandia es un país signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de sus protocolos. Para dar efecto a dicha Convención, en 2009 se aprobó la Ley de prevención y prohibición de la trata y el contrabando de personas. La ley tipifica como delito tanto la trata como el contrabando de personas y establece para ambos delitos una pena de una pena de prisión de hasta 18 años.
82. Existe asimismo un Equipo de tareas sobre prevención de la trata y el contrabando de personas, que se formó en marzo de 2010 y tiene el mandato de prevenir la trata de personas mediante actividades de sensibilización del público, protección de las víctimas de la trata e investigación de los patrones de trata en el África Meridional.
83. El Equipo de tareas ha determinado más de veinte casos de trata de personas sobre los que posteriormente informó a la policía y que siguen estando en proceso de investigación.
IV. Logros, mejores prácticas, retos y limitaciones
A. Mejores prácticas y logros
84. En 1999 Su Majestad el Rey Mswati III declaró que el VIH/SIDA constituía un desastre nacional. A raíz de ello se destinó una asignación presupuestaria específica a la respuesta nacional al VIH/SIDA. Mediante una ley del Parlamento se estableció el Consejo nacional de respuesta a la emergencia del VIH/SIDA que brinda apoyo a la red de personas que viven con el VIH. Este apoyo es fundamental para enfrentar los problemas del estigma y la discriminación. La red también ayuda a llevar una vida positiva a las personas a quienes se les ha diagnosticado la infección del VIH.
85. La realización de pruebas de detección del VIH y el apoyo psicológico a los infectados son más frecuentes y ahora se ofrecen en otros servicios de atención de la salud, como los de atención prenatal y de lucha contra la tuberculosis. Hasta la fecha, aproximadamente el 40% de la población se ha hecho pruebas de detección del VIH y sabe si es o no seropositiva. Se espera que este porcentaje aumente con la campaña de promoción entre los hogares de las pruebas de detección que ha emprendido el país y se refleje en la encuesta poblacional de medición de la incidencia del VIH. Se ha puesto en marcha el Programa de prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo y sus servicios están disponibles en el 85% de las instalaciones que ofrecen atención prenatal.
Según el informe de 2010 de Swazilandia relativo al período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el VIH/SIDA, el 83% de los hijos de madres seropositivas inscritas en dicho Programa nacieron sin VIH. El país se ha unido al movimiento en pro de la eliminación del sida infantil para 2015. Por otra parte, la circuncisión masculina se ha integrado al conjunto de medidas nacionales de prevención del VIH.
86. En cuanto a la terapia antirretroviral, el Gobierno de Swazilandia proporciona los medicamentos correspondientes a las personas que los necesitan. Cada año se destina a su adquisición una partida del presupuesto, que complementa el presupuesto ordinario del Ministerio de Salud. Según el informe de 2010 de Swazilandia relativo al período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el VIH/SIDA, de las personas que, sobre la base de un recuento de 200 linfocitos CD4, necesitan terapia antirretroviral está recibiendo tratamiento el 75%. En Swazilandia las personas no tienen que someterse a listas de espera. Ahora bien, el país ha adoptado la nuevas Directrices de la OMS sobre la iniciación del tratamiento a partir de un recuento de 350 linfocitos CD4 y se ha propuesto como objetivo proporcionar acceso al tratamiento a todas las personas que vivan con el VIH. A estos efectos, el número de centros de salud públicos y privados que proporcionan tratamiento antirretroviral ha aumentado de 1 en 2005 a 104 en 2010.
87. Según la Encuesta de indicadores múltiples de 2010, el 82% de los nacimientos de los últimos cinco años fueron atendidos por profesionales de la salud, lo que representa un aumento con respecto al 74% alcanzado en 2007 y al 70% alcanzado en 2000, y es superior al promedio de la mayoría de los países africanos.
88. El país ha logrado contener la malaria y hacer retroceder sus efectos. El Gobierno elaboró una estrategia de lucha contra esta enfermedad y se coordinó con los asociados para el desarrollo a fin de que todos la aplicaran en sus actividades y siguieran al Gobierno como líder del equipo. Según el informe anual de 2008 del programa contra la malaria, el 97% de la población de las zonas seleccionadas estuvo protegido mediante la fumigación de interiores con efecto residual. La tasa de muertes asociadas a la malaria fue del 62 por 100.000 en 2001 y mejoró a 5 por 100.000 en 2008. Los casos confirmados por pruebas de laboratorio indican una tendencia descendente, pues pasaron de 670 en 2001 a 73 en 2008.
89. La tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria aumentó del 79,2% en 2000 al 97% en 2010. Esta mejora se debió principalmente a la introducción de la iniciativa en favor de los niños huérfanos y vulnerables y del Programa de enseñanza primaria gratuita, en 2002 y 2009 respectivamente. Según el informe para el período 2008/2009 de la Encuesta de indicadores múltiples, en 2009 se beneficiaron del programa en la escuela primaria un total de 85.530 niños huérfanos y vulnerables. El país está trabajando para lograr la universalización de la enseñanza primaria gratuita a más tardar en 2015.
90. Swazilandia ha logrado progresos importantes en la tarea de incrementar el número de mujeres empleadas en el sector público. En 2006 las mujeres constituían el 47% de los empleados de dicho sector y dos años más tarde la cifra era del 49%, lo que representa un gran potencial para alcanzar en 2015 la meta del 52% establecida en el tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). Sin embargo, el sector privado no está avanzando como se esperaba hacia la consecución de la meta y en 2006/2007 experimentó una tendencia descendente constante que lo situó en el 29% frente al 33% de los años anteriores.
91. El Departamento de Servicios Penitenciarios del Reino cuenta con una escuela que atiende a los niños. En los centros de detención, los niños en conflicto con la ley están separados de los adultos.
92. Todos los niños encarcelados asisten a la escuela, en la que se siguen la política nacional de educación y los planes de estudio vigentes en Swazilandia. En esencia, su formación se ajusta a lo que se enseña en todas las escuelas públicas y los exámenes que toman sus alumnos son los mismos que los del resto del país. Durante el horario escolar los niños llevan uniforme escolar completo y los profesores atuendo formal. En la escuela se imparten clases desde el grado 1 hasta el grado 12 y el Ministerio de Educación proporciona inspectores. La escuela está también registrada como centro de exámenes externos. Los niños que asisten a ella pueden participar en las actividades deportivas realizadas conjuntamente con escuelas de todo el país.
93. Cuando un niño va a terminar su condena, el Departamento de Servicios Penitenciarios del Reino se pone en contacto con las escuelas cercanas a la comunidad de este y les solicita una plaza, a fin de que el niño que está a punto de ser puesto en libertad pueda continuar con su educación. Ahora bien, cuando este termina su período de privación de libertad en medio del año escolar es difícil para el Departamento de Servicios Penitenciarios encontrar plaza en las escuelas oficiales.
B. Retos y limitaciones
94. Durante los últimos diez años, Swazilandia ha experimentado diversas dificultades socioeconómicas que han dado lugar a un crecimiento económico poco satisfactorio, de alrededor de un 2% anual en promedio. Una de las consecuencias del escaso crecimiento económico es el elevado nivel de pobreza registrado en el país. Según el informe para el período 2009/2010 de la Encuesta sobre los ingresos y gastos familiares, el número de personas que viven por debajo del umbral de pobreza es del 63%, lo que constituye una disminución con respecto al 69% del período 2000/2001.
95. Las tasas de mortalidad infantil y en la niñez siguen siendo altas. Según la Oficina Central de Estadísticas, la tasa de mortalidad en la niñez en 1997 fue de 106 muertes por cada 1.000 nacidos vivos y en 2007 de 120 muertes por cada 1.000. En 1997 la tasa de mortalidad infantil fue de 78 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, cifra que aumentó a 85 muertes por cada 1.000 en 2007.
